Posts Tagged ‘justicia’

La mejor lección contra la xenofobia

12 octubre, 2014

Fuente: diario EL PAÍS

Decenas de inmigrantes donan alimentos para una campaña de recogida de comida solo para catalanes organizada por PxC

JESSICA MOUZO QUINTÁNS Barcelona 12 JUN 2014 – 20:05 CET492

Ojiplático, con unas lonchas de jamón en la mano y escasa capacidad de reacción, se quedó el secretario general de Plataforma por Catalunya (PxC), Robert Hernando, el pasado sábado en Igualada cuando decenas de inmigrantes se acercaron a la carpa de recogida de alimentos que había puesto el partido, polémico por su discurso xenófobo, para repartir comida entre “la buena gente de casa”, es decir, exclusivamente para catalanes. A golpe de paquetes de pasta, arroz y otros productos no perecederos, los inmigrantes colaboraron con la compaña de donación de alimentos como protesta contra la iniciativa racista.

La Fundación Atlas de Igualada, que puso en marcha la contraofensiva pacífica colgó ayer un video en Youtube bajo el título Jo també sóc d’Igualada. Canvia El Xip! (Yo también soy de Igualada. ¡Cambia el chip!) en el que da cuenta de la iniciativa simbólica en la que participaron decenas de mujeres musulmanas y familias latinoamericanas, entre otros. En menos de 24 horas, el vídeo ya ha alcanzado las 10.000 visitas. “Trabajamos en proyectos de convivencia entre culturas. ¿Qué quiere decir ser de casa? Para nosotros todos son de casa”, explica Silvia Romeu, presidenta de Atlas. La Fundación reconoce que se ha sentido abrumados por los apoyos recibidos en las redes sociales. “Lo hicimos en plan inocente pero se ha disparado. Era como seguirle el juego y jugar más. Queríamos que fuese un acto cívico y pacífico de protesta”, concluye Romeu.

Por su parte, Hernando ha defendido su iniciativa y ha negado las acusaciones de racismo que han recibido. “Nosotros podemos ayudar a quien queramos. Lo que hicieron fue un intento de boicot en toda regla, pero ni 50.000 personas de ultraizquierda ni 30.000 musulmanas van a impedir que nosotros dejemos de hacer estas campañas porque creemos en ellas”, argumentó el secretario general de PxC. El político ha asegurado que han denunciado a Atlas ante los Mossos d’Esquadra por “insultos y amenazas” durante la campaña.

La entidad humanitaria ha criticado también que PxC haya ofrecido jamón a los donantes, entre ellos musulmanes, cuando el cerdo es un alimento prohibido por sus creencias religiosas. “Damos jamón como incentivo para la gente que aporta alimentos. En ningún caso es para ahuyentar a los musulmanes, sino porque es un producto de la tierra”, ha justificado Hernando.

La polémica siguió tras la jornada de recogida de alimentos cuando Hernando colgó en twitter la imagen de una mujer musulmana junto a los lotes de comida de PxC bajo el texto: “Musulmana pillada con la mano en la caja de la carpa solidaria d #PxC en Igualada. Sin comentarios.. #PrimerElsDeCasa”. Romeu ha denunciado la manipulación de la imagen porque “la señora no está cogiendo comida, sino que participaba en nuestra iniciativa y estaba donando alimentos”. El secretario general de PxC tampoco ha podido confirmar sus propias palabras.“Yo no sé lo que estaba haciendo esa mujer. A mí me pasaron las fotos, yo no lo vi”, ha argumentado.

Resumiendo

29 septiembre, 2014

Fuente: diario EL PAÍS

ELVIRA LINDO 14 ABR 2010

Por primera vez en mucho tiempo, el New York Times le ha dedicado un editorial a España. Por primera vez en mucho tiempo, el asunto a tratar no han sido los toros, la tomatina o el jamón de bellota. Simultáneamente, hemos encabezado secciones internacionales de periódicos argentinos, chilenos, ingleses o franceses. Si queríamos que nuestro país ocupara un lugar notable en la prensa del mundo con un tema que no fuera folclórico lo hemos conseguido. Lástima que el resultado sea para recibir el pésame más que la enhorabuena. A estas alturas, extranjeros de aquí y de allá observan atónitos una noticia que para ellos se resume de la siguiente manera: dos organizaciones franquistas llevan a los tribunales al juez que ha querido fijar las responsabilidades de la represión y dar honrosa sepultura a los muertos que aún permanecen enterrados en fosas comunes.

Los españoles llevamos siguiendo los pormenores de este caso más de un año, conocemos (aunque sea por encima) las razones por las que, al margen del asunto de la memoria histórica, hay quien está deseando que Garzón abandone la Audiencia Nacional; pero para alguien que no se revuelque a diario en la charca de nuestra actualidad no sólo resulta inconcebible que un juez de tan dilatado prestigio sea apartado de su carrera de por vida, hay más. Este desgraciado asunto ha sembrado la idea de que en 30 años de democracia los españoles hemos sido incapaces de lidiar con el pasado, que la Transición fue una bajada de pantalones, que la Guerra Civil es un tema tabú y que hay una parte de la derecha que sigue siendo franquista. No sé si estarán de acuerdo con este balance aquellos que hicieron posible la Transición, pero finalmente esto es lo que a ojos de los demás ha quedado. Sea como sea, hay que darle las gracias a la justicia española por permitirnos hacer el más grande de los ridículos.

Gallardón indultó a siete cargos públicos o funcionarios por delitos de corrupción

19 agosto, 2014

Fuente: http://www.elpais.com

LA PROMESA INCUMPLIDA DEL MINISTRO

El ministro dijo ayer que nunca lo ha hecho, pero hay varios casos que lo desmienten.

El titular de justicia alega ahora que se refería solo al enriquecimiento de políticos.

Gallardón: “Mientras sea ministro no daré indultos por corrupción”.

VERA GUTIÉRREZ CALVO Madrid 13 MAR 2014 – 22:07 CET603

Corrupción: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. Corromper: “Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera”. Apoyado en estas dos definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó el miércoles —y reiteró hoy jueves— que no ha concedido ningún indulto en casos de corrupción, y que no lo hará nunca. En realidad, su ministerio ha concedido en estos dos años media docena de indultos a cargos públicos o funcionarios municipales condenados por delitos de malversación de fondos o prevaricación urbanística. Pero Gallardón sostiene que eso no es estrictamente “corrupción”, porque los condenados no se llevaron el dinero a su bolsillo.

“Este Gobierno no ha concedido un solo indulto en casos de corrupción. Es más, mientras yo sea ministro de Justicia, no lo va a hacer”, dijo el ministro a última hora del miércoles, durante una conferencia ante estudiantes de Derecho de la escuela superior Esade, en Barcelona. Hoy, a media mañana, varios partidos de la oposición (PSOE, IU, ERC, UPyD, Compromís) y la asociación Jueces para la Democracia lo habían tachado ya de mentiroso, señalando que Justicia sí ha concedido indultos en casos de corrupción.

El propio ministerio, a través de un portavoz oficial, admitió más tarde que, entre los 691 indultos concedidos en 2012 y 2013, hubo diez en casos catalogados como “delitos contra la administración pública”; de ellos, siete están relacionados con malversación o prevaricación (el resto son delitos de otro tipo pero vinculados con el trabajo público). Aun así, Gallardón sostuvo que él no había mentido, porque la malversación y la prevaricación no siempre implican, dijo, corrupción.

“La corrupción no es un delito jurídico que esté como tal delimitado en el Código Penal”, afirmó el ministro. “Lo que me preguntaron ayer [en la conferencia en Barcelona] es si los políticos que se llevan el dinero a su bolsillo habían sido o iban a ser indultados. Y la respuesta es que no: ni lo han sido ni lo van a ser”, añadió. Esa respuesta de Gallardón el miércoles se entendió como un anuncio de que no indultará al exministro y expresidente de Baleares Jaume Matas, condenado a prisión por tráfico de influencias.

De los siete indultos concedidos por malversación o prevaricación en estos dos años, el más claro es el de Josep María Servitje, miembro de Uniò Democràtica y ex número dos del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, que evitó la cárcel tras ser condenado —en el llamado caso Treball— a cuatro años y medio de prisión por prevaricación y malversación en la adjudicación de informes a varias empresas. Hay también tres ediles y un exalcalde del PP de un municipio malagueño indultados tras ser condenados por conceder licencias de obra sin proyecto arquitectónico. Y otros dos casos de malversación menor (ver cuadro). Además, el Gobierno indultó a un cargo de la subdelegación del Gobierno en Cáceres que había estafado a inmigrantes cobrándoles dinero por falsos permisos de residencia (este último caso no está incluido en los diez catalogados como “delitos contra la administración pública” por el ministerio).

El portavoz de Justicia del PSOE, Julio Villarrubia, acusó a Gallardón de faltar a la verdad porque ha concedido, dijo, “bastantes” indultos en casos de corrupción, y abogó por una reforma legal que los prohíba en esos casos. Gaspar Llamazares, de IU, y Joan Tardà, de ERC, afirmaron directamente que “el ministro miente”. Y Rosa Díez, de UPyD, registró esta pregunta parlamentaria al Gobierno: “¿No considera el Gobierno el delito de malversación como un delito asociado a la corrupción?”. También la asociación Jueces para la Democracia emitió un comunicado en el que arremete contra el ministro por no decir “la verdad” y reclama una reforma de la ley de indulto.

Informes inútiles, licencias ilegales

V. G. C.

El Gobierno del PP concedió 501 indultos en 2012 (rechazó 6.995) y 190 en 2013 (rechazó 6.776). De ese total de 691 indultos concedidos, diez son de “delitos contra la administración pública”. Tres de estos, sin embargo, no tienen que ver con corrupción: son por desobediencia, denuncia falsa y omisión del deber de perseguir delitos. Estos son los otros siete:
‘Caso Treball’.Josep Maria Servitje, de Uniò Democràtica y ex número dos de Trabajo en la Generalitat de Cataluña, fue indultado en marzo de 2012 y evitó así entrar en la cárcel. Había sido condenado a cuatro años y medio por prevaricación y malversación. Según el tribunal, él y el resto de condenados habían pagado años atrás 7,6 millones de pesetas (46.158 euros) a varias empresas a cambio de la elaboración de varios informes sin ninguna utilidad, con el objetivo de que el empresario beneficiado “pudiera disponer del dinero obtenido en beneficio propio o de terceros”. Ese empresario también era militante de Uniò, de modo que en el caso sobrevoló desde el principio la sospecha de que detrás pudiera haber una vía de financiación irregular del partido (no determinada por el tribunal).
Exalcalde del PP. Tomás Gómez Arrabal, exalcalde del PP de Abdalajís (municipio malagueño de 2.700 habitantes), y otros tres ediles de ese partido fueron indultados en julio de 2012. Habían sido condenados a prisión por delitos continuados de prevaricación urbanística cometidos entre los años 2001 y 2004, cuando concedieron licencias de obra ilegales (sin proyecto arquitectónico) a locales comerciales. Los grupos municipales de PP, PSOE e IU pidieron el indulto por entender que no había habido intencionalidad ni lucro.
Apropiación de bienes embargados. El Gobierno indultó el pasado septiembre a una funcionaria y miembro de la dirección del PSOE en un barrio de Sevilla. Había sido condenada a tres años de prisión por malversación de bienes públicos, al sustraer un coche procedente de un embargo y del que era depositaria.
Malversación impropia. Otra funcionaria, esta del Ayuntamiento de Alicante, fue indultada de la pena impuesta por expedir un informe de servicios sociales a una persona con la que tenía una relación.
Venta de permisos falsos a inmigrantes. En mayo de 2012 el Gobierno rebajó la pena mediante un indulto a Constancio Alvarado, exsecretario de la subdelegación del Gobierno en Cáceres, condenado en 2010 por vender permisos falsos a inmigrantes (las cantidades pagadas por estos a cambio de los papeles llegaban a los 3.000 euros). El ministerio rebajó la pena de prisión de dos años y seis meses a dos años, lo cual impide el ingreso en la cárcel cuando no hay antecedentes. Este indulto no está incluido en los diez catalogados por el ministerio como “delitos contra la administración pública”, porque pertenece al ámbito de los delitos de falsedad.

El cazador de osos

9 julio, 2014

Fuente: EL PAÍS SEMANAL

La pena es no poder colocar sobre la chimenea, debidamente disecadas, las cabezas de todos esos preferentistas que fueron cayendo uno a uno bajo sus certeros disparos publicitarios

JUAN JOSÉ MILLÁS 23 MAR 2014 – 00:00 CET

Excelente imagen de Blesa tras declarar por el caso de las preferentes. No se pierdan cómo mira a los estafados que protestan tras el cordón policial mientras él se introduce en el Mercedes. Parece la mirada del cazador de osos que, con un fusil de mira telescópica, abate sin riesgo alguno a un mamífero siete veces más grande que él. Y quizá más listo. Ya se ha cobrado la pieza. La pena es no poder colocar sobre la chimenea, debidamente disecadas, las cabezas de todos esos preferentistas que fueron cayendo uno a uno bajo sus certeros disparos publicitarios. Sorprendería verle tan tranquilo, incluso tan pagado de sí mismo, de no saber que durante su mandato concedió, a diestro y siniestro, favores que ahora se está cobrando con intereses. Su proximidad al poder actúa como un escudo mágico. Vean, si no, la celeridad con la que han echado a patadas del sistema a Elpidio Silva, el juez que se atrevió a meterle en la cárcel por causas de sentido común. Se trata de una costumbre muy arraigada entre nosotros. Manda huevos, por ejemplo, que el único condenado por el caso Gürtel sea, de momento, el juez que se atrevió a destaparlo. Así estamos. A Miguel Blesa, según hemos sabido por algunos de los correos que se han hecho públicos, le pedían favores los socialistas y los populares, pero comían en su mano los sindicalistas, le presionaba el hijo de Aznar… Tacita a tacita se fue construyendo una armadura para los malos tiempos. Y funciona. Cuando él dice que los correos corporativos son privados, la justicia dice que son privados. Aunque afecten a lo púbico. En fin, qué mierda.

¿Y ahora para quién espían?

5 julio, 2014

Fuente: EL PAÍS SEMANAL

JAVIER MARÍAS 12 MAY 2013 – 00:00 CET

Dije hace una semana que no hay nada como el aluvión de tropelías e infamias para que muchas pasen inadvertidas, y que esa es la técnica que está empleando el Gobierno de Rajoy. Supongo que son tantos sus asalariados dedicados a ejecutar órdenes inicuas que ni siquiera la prensa crítica –cada vez más escasa– da abasto para señalarlas, denunciarlas o combatirlas. Y así, en medio del desbarajuste, y ante la alarma que provocan las medidas económicas que llevan a la gente a la pobreza y permiten que se la saquee, hay un buen puñado de infamias de las que la mayoría ni se entera, aunque aparezcan en el periódico (en TVE ya no aparece nada que deje en mal lugar a este Gobierno, la censura ha regresado).

En mi larga novela Tu rostro mañana incluí, en boca de un personaje, la joven Pérez Nuix, una situación que se correspondía con la realidad, que era cierta. Esa joven le explicaba al narrador, Jacobo Deza, que entre la caída del Muro de Berlín (1989) y los atentados de las Torres Gemelas (2001), los servicios secretos británicos, el MI5 (para el interior) y el MI6 (para el exterior), se habían encontrado más ociosos y desocupados que de costumbre. De tal modo que decidieron ofrecer sus agentes a empresas y compañías privadas del país, entre ellas, según contó The Independent en su día, British Telecom, Allied Domecq y Cadbury Schweppes. La coartada para tan alucinante resolución era que se servía tanto a la patria protegiendo y favoreciendo a las grandes corporaciones nacionales (espiando para ellas) como velando por la seguridad de los ciudadanos y resguardándolos de ataques terroristas o bélicos. El entonces Director General del MI5, Sir Stephen Lander, se apresuró a negar tajantemente la noticia (“Eso sería ilegal”, dijo), lo cual, como suele ocurrir con las declaraciones de los políticos, no hizo sino confirmarla. Empresarios y financieros invitados por él al seminario en que había hecho su insólito ofrecimiento reconocieron bajo anonimato que Lander, en efecto, les había prometido beneficiarlos en sus negocios con información privilegiada sobre compañías e individuos, “si ellos se lo pedían”. Se trataba, en definitiva, de comercializar los servicios de los espías británicos y conseguir lucrativos contratos que equivalían a privatizar parcialmente la agencia. Los agentes ya no trabajaban exclusivamente para el Estado, o para la Corona, sino que tenían repartidas sus fidelidades. Había llegado el momento en el que sería difícil saber al servicio de quién estaban.

Como no hay cosa peligrosa y mala que el Gobierno del PP no imite, sobre todo si proviene de la Inglaterra de Thatcher que nunca se ha ido, el pasado 16 de abril se publicó la noticia, a la que casi nadie ha hecho caso, de que nuestros espías, los del Centro Nacional de Inteligencia o CNI, podrán estar en nómina de empresas no sólo españolas, sino también extranjeras (!). Aquí se prescinde hasta de la coartada del patriotismo. Según el nuevo Estatuto del Personal del CNI, habrá agentes en activo que, “por necesidades del Centro”, y previa autorización de su director, mantendrán relaciones “retribuidas o no” con “organismos, entidades o empresas del sector público o privado, nacionales o extranjeros”. Así, podrán estar en la nómina de éstos, mientras que el CNI les complementará el sueldo, garantizándoles que no pierden dinero, y pagará sus cotizaciones sociales. A eso hay que añadir que el código disciplinario de nuestra agencia de espionaje castiga la pertenencia de sus miembros a partidos o a sindicatos, pero ya no les prohíbe, desde ahora, formar parte de asociaciones “que impongan un sometimiento disciplinario o cualquier imperativo de conducta que interfiera en su deber de disciplina y reserva”. De modo que “en teoría”, concluía la información de Miguel González, “se podrá ser espía y a la vez pertenecer a una secta. O al Opus Dei”.

El resultado patente de estas modificaciones demenciales es que ya no sabremos nunca para quién trabajan nuestros espías, y no podremos confiar en ellos ni prestarles la menor colaboración, llegado el caso. Siempre se daba por descontado que los Cuerpos de Seguridad y las Fuerzas Armadas estaban exclusivamente al servicio del país, del Estado, bajo cualquier Gobierno. Esta privatización parcial o comercialización indisimulada nos deja a ciegas, en cambio, y llenos de sospecha y recelo. ¿Cómo sabré yo a quién obedece y beneficia y para quién actúa de veras un espía al que el CNI paga sus cotizaciones sociales pero que tal vez –y es secreto– está en nómina de una empresa pública rusa, saudí, china o venezolana? ¿O de una multinacional, por ejemplo la tristemente famosa Halliburton que tanto ganó con la Guerra de Irak y en la que tanta mano tenía el ex-Vicepresidente Cheney, que desató esa guerra? ¿O indirectamente de un Gobierno extranjero, mediante tapadera? ¿O de una secta, en efecto? ¿O incluso de un grupo mafioso, o de los narcos internacionales? A partir de ahora todo es posible. Lo cual significa que el CNI se convierte en un ente aún más oscuro, y que ningún español sensato y honrado puede fiarse de él ni prestarse a ayudarlo. ¿Se imaginan lo que sería tener dudas sobre a quiénes sirven nuestros soldados o policías? Pues eso es lo que ya tenemos, con nuestros servicios secretos. Se lo debemos al actual Gobierno, que parece andar siempre en busca de desmanes, para cometerlos.

elpaissemanal@elpais.es

Voracidad y lloriqueo

24 junio, 2014

Fuente: EL PAÍS SEMANAL

Si Hacienda recauda sin respiro, hay un momento en que al ciudadano común no le salen las cuentas

Muchos jóvenes lo ignoran y muchos que no lo son lo recuerdan difusamente: durante el franquismo no había declaración de la renta, y así bastantes creían que no pagaban impuestos. Claro está que los había: los indirectos eran legión, numerosas empresas eran estatales (Telefónica, Tabacalera, Renfe, etc), y lo normal era la apropiación directa e indebida. El sistema era corrupto desde su nacimiento, y por él se regían desde la Jefatura del Estado (ya saben cuántas cosas se “regalaban” a Franco y a su mujer, incluidos pazos gallegos y multitud de collares) hasta la última alcaldía (con excepciones). Por eso, una vez en democracia, costó gran esfuerzo que la población asumiera que debía pagar una cantidad proporcional de sus ganancias para el mantenimiento de la nación. Hubo que hacer campañas publicitarias (“Hacienda somos todos”, la más famosa) para inculcarle a la gente una idea que la mayoría de los países europeos tenía asimilada e interiorizada desde hacía décadas. No fue fácil, y el convencimiento de que era necesario y conveniente contribuir jamás fue completo. Ha habido capas de la sociedad a las que eso ha reventado siempre: individuos insolidarios y predispuestos a la trampa. Pero a medida que se vieron resultados (una sanidad pública ejemplar, una educación universal y digna), el grueso de los ciudadanos se avino, aunque nunca pueda haber entusiasmo a la hora de rascarse el bolsillo. Fue frecuente consolarse pensando: “Si me toca apoquinar tanto, también es porque me ha ido bien este año”. Que los españoles se acostumbraran y lo aceptaran (en la medida en que se logró eso), resultó en todo caso tarea ímproba.

Desde que gobierna el actual Gobierno, si no antes, toda esa paciente labor se ha tirado por la borda. Por un lado, se ha dejado de percibir a la Agencia Tributaria como a un organismo justo, equitativo y honrado. En ella se han producido destituciones turbias y escándalos. Ha aplicado una cómoda amnistía fiscal a los grandes defraudadores, y ha flotado la sensación de que se los premiaba por faltar a sus obligaciones. Ha llevado a cabo arbitrariedades inadmisibles: por poner un solo ejemplo, muchos artistas y toreros cobraban a través de sociedades, lo cual les traía beneficios fiscales; es posible que esto fuera injusto, pero era legal hasta hace cuatro días. De pronto, Hacienda decide que ya no y convierte su decisión en retroactiva, e impone monstruosas multas por algo que en su momento estaba enteramente permitido. Por recurrir a los símiles futbolísticos que tantos entienden, es como si mañana se decidiera que los tiros a los postes son gol, y en función de ese cambio se alteraran los resultados y títulos de las tres últimas temporadas: como el Madrid estrelló cuatro balones en el travesaño en tal y cual encuentro, sumó tres puntos aquí y allá en vez de ninguno, luego fue campeón de Liga en 2013 y no lo fue el Barcelona. Para cualquiera salta a la vista que eso no puede hacerse. Y sin embargo es lo que la Hacienda de Montoro viene haciendo con la chulería y el autoritarismo consustanciales a este sujeto.

Cuando las leyes son abusivas, los ciudadanos empiezan a no sentirse obligados por ellas. Cuando el 62% de la factura de la luz son impuestos; cuando ésta y el agua y el gas están gravados con un IVA del 21%, amén de otras tasas; cuando el Estado cobra si usted coge el metro o un autobús o un taxi; si regala unas flores; si va a hacer la compra; si se toma una cerveza o cena en un restaurante; en suma, cobra de cada transacción que efectuamos, por pequeña que sea. Si además le estamos adelantando dinero –prestándoselo– continuamente mediante el IRPF y los pagos fraccionados; si en junio podemos llegar a entregarle el 53% de nuestros ingresos (si nos ha ido muy bien, claro); si cuando alguien muere, el dinero y las propiedades que deja –y por los que el difunto tributó ya en vida– se los embolsa en alta proporción el Estado (por qué eso es así es algo que jamás entenderé, por mucho que esté establecido); si Hacienda recauda sin respiro y por doquier y por todo concepto, hay un momento en que al ciudadano común no le salen las cuentas. ¿Cómo es que ese mismo Estado devorador lloriquea y se queja de su indigencia? ¿Cómo es que se permite despedir o jubilar a médicos, empobrecer y encarecer la sanidad, subir las tasas universitarias y las judiciales, reducir las becas o su cuantía, abandonar las carreteras al deterioro, reducir las pensiones, fomentar el desempleo, inyectar miles de millones a los bancos que no conceden créditos y ahogan a los comercios, albergar a incontables corruptos y hacer la vista gorda con ellos cuando no protegerlos, gastar sumas demenciales en autopistas que nadie utiliza y aeropuertos sin aviones, en montar “embajadas” superfluas y dejar “palacios” inacabados, de la Justicia o de las Artes, sin que ningún político responda por semejantes despilfarros?

Siempre vi con malos ojos a los defraudadores, incluso a quienes hacían chapuzas sin IVA. Ya no: cada vez los entiendo más, y lo lamento. Cada vez entiendo más que, ante unas leyes abusivas e injustas, ante un organismo saqueador y arbitrario, los individuos se defiendan y, a poco que puedan, no cumplan. Entre las mil cosas graves que ha traído este Gobierno, no será la menor haber conseguido que la gente se sienta justificada al consumar un engaño. Con lo que costó convencerla de que había que contribuir, y en particular a las arcas de Hacienda.

Gallardón niega haber indultado a corruptos: la realidad dice que han sido siete

8 junio, 2014

Fuente: http://www.eldiario.es

“Este Gobierno no ha concedido ni un solo indulto por asuntos de corrupción”, ha asegurado el ministro.

“Este Gobierno ha indultado a miembros de su propio partido en casos de prevaricación urbanística y a otros cargos condenados por delitos contra la administración pública”, dice Jueces para la Democracia

La oposición llama "mentiroso" a Gallardón y recuerda que el PP ha indultado, como poco, a una decena de corruptos

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en el Congreso / EP

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha mentido al asegurar que el Gobierno del que forma parte “no ha concedido ni un solo indulto por asuntos de corrupción”. El Consejo de Ministros ha concedido el perdón gubernamental al menos a siete personas condenadas por este tipo de delitos en lo que va de legislatura.

La primera aprobación de esta medida de gracia para condenados por corrupción se conoció en marzo de 2012 y favoreció a un exdirigente de la Generalitat y a un empresario, ambos militantes de Unió. En 2009 la Audiencia de Barcelona condenó a cuatro años y medio de cárcel a Josep Maria Servitje, exnúmero dos del Departamento de Trabajo del Gobierno catalán; y a dos años y tres meses a Víctor Manuel Lorenzo Acuña. El Gobierno de Mariano Rajoy redujo sus penas de cárcel a multas de 3.650 euros.

La siguiente tanda se produjo en julio de ese mismo año y sus benefactores fueron miembros del Partido Popular: el Consejo de Ministros concedió el indulto parcial al exalcalde de la localidad malagueña de Valle de de Abdalajís y tres concejales condenados por delitos continuados de prevaricación urbanística cometidos entre 2001 y 2004. La reducción del castigo eximió al regidor de cumplir una pena de prisión.

Otro caso fue la rebaja de la pena en 2012 por parte del Gobierno a Constancio Alvarado, exsecretario de la subdelegación del Gobierno en Cáceres, condenado en 2010 por vender permisos falsos a inmigrantes.

La asociación Jueces para la Democracia ha denunciado que “resulta evidente que el ministro no está diciendo la verdad”: “Este Gobierno ha indultado a miembros de su propio partido en casos de prevaricación urbanística y a otros cargos condenados por delitos contra la Administración pública”, ha destacado. Este colectivo profesional asegura que se lleva a cabo un “inadecuado” uso de la medida de gracia y ha pedido que se reforme la legislación que regula los indultos, una medida propuesta por la Izquierda Plural en el Congreso y a la que el PP se opuso esta misma semana.

“Los datos objetivos sobre concesión de indultos indican con claridad que el mayor porcentaje se produce en los delitos vinculados a la corrupción o en supuestos de personas que tienen conexión con el poder político- señala Jueces para la Democracia en un comunicado-. Con ello se provoca la sensación de que el poder se perdona a sí mismo, a pesar de contar con el criterio desfavorable a estas medidas de gracia de los tribunales sentenciadores”.

Gallardón, que se ha comprometido a no indultar a ningún condenado por corrupción en el futuro, ha matizado sus declaraciones tras las críticas recibidas y ha apuntado que se refiere a aquel político “que se lleve dinero a su bolsillo”. El ministro se ha defendido aduciendo que la corrupción no es un concepto jurídico que figure en el Código Penal.

La baraja rota

25 abril, 2014

Fuente: EL PAÍS SEMANAL

Yo ya no sé si, entre el grueso de la población, muchos se acuerdan de cómo nos regimos, ni de por qué. Cuando se decide convivir en comunidad y en paz, se produce, tácitamente o no, lo que suele conocerse como “contrato o pacto social”. No es cuestión de remontarse aquí a Hobbes ni a Locke ni a Rousseau, menos aún a los sofistas griegos. Se trata de ver y recordar a qué hemos renunciado voluntariamente cada uno, y a cambio de qué. Los ciudadanos deponen parte de su libertad de acción individual; abjuran de la ley del más fuerte, que nos llevaría a miniguerras constantes y particulares, o incluso colectivas; se abstienen de la acumulación indiscriminada de bienes basada en el mero poder de adquirirlos y en el abuso de éste; evitan el monopolio y el oligopolio; se dotan de leyes que ponen límites a las ansias de riqueza de unos pocos que empobrecen al conjunto y ahondan las desigualdades. Se comprometen a una serie de deberes, a refrenarse, a no avasallar, a respetar a las minorías y a los más desafortunados. Se desprenden de buena parte de sus ganancias legítimas y la entregan, en forma de impuestos, al Estado, representado transitoriamente por cada Gobierno elegido (hablamos, claro está, de regímenes democráticos). Por supuesto, dejan de lado su afán de venganza y depositan en los jueces la tarea de impartir justicia, de castigar los crímenes y delitos del tipo que sean: los asesinatos y las violaciones, pero también las estafas, el latrocinio, la malversación del dinero público e incluso el despilfarro injustificado.

A cambio de todo esto, a cambio de organizarse delegando en el Estado –es decir, en el Gobierno de turno–, éste se compromete a otorgar a los ciudadanos una serie de libertades y derechos, protección y justicia. Más concretamente, en nuestros tiempos y sociedades, educación y sanidad públicas, Ejército y policía públicos, jueces imparciales e independientes del poder político, libertad de opinión, de expresión y de prensa, libertad religiosa (también para ser ateo). Nuestro Estado acuerda no ser totalitario ni despótico, no intervenir en todos los órdenes y aspectos ni regularlos todos, no inmiscuirse en la vida privada de las personas ni en sus decisiones; pero también –es un equilibrio delicado– poner barreras a la capacidad de dominación de los más ricos y fuertes, impedir que el poder efectivo se concentre en unas pocas manos, o que quien posee un imperio mediático sea también Primer Ministro, como ha sucedido durante años con Berlusconi en Italia. Son sólo unos pocos ejemplos.

Lo cierto es que nuestro actual Gobierno del PP y de Rajoy, en sólo dos años, ha hecho trizas el contrato social. Si se privatizan la sanidad y la educación (con escaso disimulo), y resulta que el dinero destinado por la población a eso no va a parar a eso, sino que ésta debe pagar dos o tres veces sus tratamientos y medicinas, así como abonar unas tasas universitarias prohibitivas; si se tiende a privatizar el Ejército y la policía, y nos van a poder detener vigilantes de empresas privadas que no obedecerán al Gobierno, sino a sus jefes; si el Estado obliga a dar a luz a una criatura con malformaciones tan graves que la condenarán a una existencia de sufrimiento y de costosísima asistencia médica permanente, pero al mismo tiempo se desentiende de esa criatura en cuanto haya nacido (la “ayuda a los dependientes” se acabó con la llegada de Rajoy y Montoro); es decir, va a “proteger” al feto pero no al niño ni al adulto en que aquél se convertirá con el tiempo; si las carreteras están abandonadas; si se suben los impuestos sin cesar, directos e indirectos, y los salarios se congelan o bajan; si los bancos rescatados con el dinero de todos niegan los créditos a las pequeñas y medianas empresas; si además la Fiscalía Anticorrupción debería cambiar de una vez su nombre y llamarse Procorrupción, y los fiscales y jueces obedecen cada día más a los gobernantes, y no hay casi corrupto ni ladrón político castigado; si se nos coarta el derecho a la protesta y la crítica y se nos multa demencialmente por ejercerlo …

Llega un momento en el que no queda razón alguna para que los ciudadanos sigamos cumpliendo nuestra parte del pacto o contrato. Si el Estado es “adelgazado” –esto es, privatizado–, ¿por qué he de pagarle un sueldo al Presidente del Gobierno, y de ahí para abajo? ¿Por qué he de obedecer a unos vigilantes privados con los que yo no he firmado acuerdo? ¿Por qué unos soldados mercenarios habrían de acatar órdenes del Rey, máximo jefe del Ejército? ¿Por qué he de pagar impuestos a quien ha incumplido su parte del trato y no me proporciona, a cambio de ellos, ni sanidad ni educación ni investigación ni cultura ni seguridad directa ni carreteras en buen estado ni justicia justa, que son el motivo por el que se los he entregado? ¿Por qué este Gobierno delega o vende sus competencias al sector privado y a la vez me pone mil trabas para crear una empresa? ¿Por qué me prohíbe cada vez más cosas, si es “liberal”, según proclama? ¿Por qué me aumenta los impuestos a voluntad, si desiste de sus obligaciones? ¿Por qué cercena mis derechos e incrementa mis deberes, si tiene como política hacer continua dejación de sus funciones? ¿Por qué pretende ser “Estado” si lo que quiere es cargárselo? Hemos llegado a un punto en el que la “desobediencia civil” (otro viejo concepto que demasiados ignoran, quizá habrá que hablar de él otro día) está justificada. Si este Gobierno ha roto el contrato social, y la baraja, los ciudadanos no tenemos por qué respetarlo, ni que intentar seguir jugando.

elpaissemanal@elpais.es

Jueces para la Democracia pide al PP que deje de descalificar a la jueza que falló a favor de los escraches

23 abril, 2014

Fuente: http://www.infolibre.es

  • La asociación judicial ha publicado un comunicado en el que denuncia las “numerosas descalificaciones” que está “lanzando” el PP contra la jueza Isabel Valldecabres
  • “Las resoluciones judiciales pueden ser criticadas, pero en este caso no han sido desvirtuadas a través de argumentos jurídicos, sino que se ha procedido a la descalificación personalizada de una magistrada”, afirma el colectivo

 Actualizada 06/02/2014 a las 20:33  RELACIONADOS

La asociación judicial Jueces para la Democracia ha publicado este jueves un comunicado en el que denuncia las “numerosas descalificaciones” que está “lanzando” el PP contra la jueza Isabel Valldecabres, una de los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid que ha elaborado la sentencia que considera que el escrache acaecido en abril de 2013 contra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no fue constitutivo de delito.

Desde que se conoció la sentencia, el pasado martes, diferentes dirigentes conservadores han mostrado su disconformidad con la decisión. Igualmente, el partido ha difundido en su cuenta de Twitter un mensaje acompañado de un vídeo, en el cual se recogen declaraciones de Valldecabres –quien fue asesora de la ministra de Igualdad socialista Bibiana Aído– en las cuales relata la campaña de presión de grupos provida contra Aído a raíz de la aprobación de la Ley del Aborto en 2010. Esperanza Aguirre, por su parte, ha publicado un tuit en el que expresa su deseo de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, “deje bien claro que este tipo de autos y sentencias no se pueden producir”.

“Resulta una falta de respeto a la independencia judicial que se ataque a una magistrada de forma personalizada. Las resoluciones judiciales pueden ser criticadas, pero en este caso no han sido desvirtuadas a través de argumentos jurídicos, sino que se ha procedido a la descalificación personalizada de una magistrada“, denuncia Jueces para la Democracia, que considera “inadmisible que el partido del Gobierno no sea capaz de respetar las instituciones básicas de nuestro país, ni tampoco el sistema de separación de poderes propio de un Estado de Derecho”.

Pero la asociación judicial ha ido más allá al aseverar que “con estas posturas los dirigentes del PP se sitúan al margen de la Constitución”. “Tampoco resulta aceptable que determinados dirigentes políticos solo admitan las resoluciones judiciales si les benefician, pero no cuando se sienten perjudicados”, declara Jueces para la Democracia en su nota, en referencia a declaraciones como la realizada por el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Carlos Floriano, que aseguró no entender “que se ejerza esa violencia verbal que algunos dicen que no es”.

Por ello, el colectivo ha pedido “respeto a las resoluciones judiciales y a las instituciones básicas de nuestro Estado de Derecho”, y ha recordado que diferentes resoluciones judiciales han sentenciado que “los escraches pacíficos no constituyen delito alguno y que forman parte de la libertad de expresión y del derecho de manifestación”. “No pueden constituir infracción penal”, remacha el comunicado, “si ni existe violencia ni amenazas ni injurias, por lo que se trata de una forma de protesta enmarcada en el legítimo derecho de crítica, como ha ocurrido en este caso”.

“Me culpan de ser negra, mujer y extranjera”

30 marzo, 2014
Fuente: diario EL PAÍS
 
CÉCILE KYENGE. MINISTRA ITALIANA DE INTEGRACIÓN
 

“Me culpan de ser negra, mujer y extranjera”

La ministra italiana, víctima de constantes ataques racistas, confiesa que nunca pensó que viviría momentos tan duros en su lucha por evitar la “invisibilidad” de los inmigrantes

Cécile Kyenge, en su despacho del Ministerio de Integración y Cooperación Internacional en Roma, en octubre de 2013. / TONY GENTILE (REUTERS)

Italia tiene un problema. Un problema feo. Tal vez el más feo de los problemas. Su ministra de Integración, Cécile Kyenge, una mujer de 49 años, madre de dos hijas, oftalmóloga de profesión, es acosada e insultada desde hace ocho meses con una violencia feroz, en la calle, en el Parlamento, en la prensa y en la televisión. Pero no por sus ideas políticas de centroizquierda. Ni siquiera por intentar que los hijos de los inmigrantes nacidos en Italia tengan derecho a la nacionalidad —el ius soli— o por exigir la abolición de una ley —la Bossi-Fini, aprobada por Silvio Berlusconi con sus socios xenófobos de la Liga Norte— que convierte automáticamente en delincuentes a los inmigrantes irregulares. No. Los responsables de la Liga Norte, bajo la mirada pasiva de buena parte de la política y de la sociedad italiana, comparan a la ministra Kyenge con un orangután, le lanzan plátanos o diseñan un plan de acoso sistemático simplemente porque es negra.

Pregunta. ¿Qué siente cuando escucha tantos y tan graves ataques racistas contra usted?

Respuesta. Está claro que hieren, pero la grandeza de cada uno de nosotros está en saber mirar por encima, de ver el futuro. Estoy convencida de que todos estos ataques no pretenden solo destruir a la persona, sino que quieren comprometer, poner en riesgo, el futuro de Italia, la sociedad del futuro. Si tengo claro que mi objetivo es el de la diversidad, entonces es posible superar todos estos momentos tan duros. Porque está claro que han sido siete u ocho meses muy difíciles, que han llegado a influir también sobre mi vida privada, pero jamás los ataques me han afectado tanto como para pensar en abandonar mis objetivos…

P. ¿Nunca? ¿No lo ha llegado a pensar? ¿Ni ante la reacción tibia de quienes tendrían que defenderla?

R. No, no vale la pena abandonar. Yo desde pequeña no me he distraído nunca del objetivo. Quería convertirme en médico e hice todo lo que tenía que hacer, incluyendo marcharme del país donde nací [la República Democrática del Congo], hasta que lo logré. En todas las decisiones que he tomado en la vida, por difíciles que fueran, tenía presente un objetivo, poniendo en el centro el respeto a los demás. Por eso, todo lo que ha pasado desde el momento de mi nombramiento —insultos, provocaciones— lo tomo como un intento de desviar la atención. Quieren distraerme del objetivo principal, que es hacer entender a la sociedad italiana que la diversidad es una riqueza, que no debemos tener miedo del otro. Los intolerantes quieren hacernos creer otra cosa, quieren confundirnos, pero debemos tener la fuerza de no permitir que nos confundan.

P. Usted decidió salir de Congo para buscar un futuro mejor y pensó que en Italia podía encontrarlo. ¿Se parece esta Italia que insulta a una ministra por ser negra, esta Europa donde crecen los populismos, a aquella de sus sueños?

R. Está claro que estoy viviendo momentos tan duros como jamás habría podido soñar. Pero no por eso puedo decir que Italia es racista, porque ninguno nace racista. Por eso es tan importante que atajemos todos esos factores externos de intolerancia que hacen apartarse a las personas de la vía de la convivencia y las hacen tomar la de la xenofobia. Tenemos que conseguir una Italia y una Europa mejor, y ese es precisamente el objetivo que estamos llevando adelante con la Declaración de Roma, la que hemos suscrito con otros 17 países para llegar a un pacto 2014-2020 contra la xenofobia, contra el racismo, por la multiculturalidad, para poner la diversidad al centro de todo.

P. Cuando trabajaba como médico, ¿también sufrió los comportamientos racistas?

R. Sí, al principio sí. Pero el rechazo se fue desvaneciendo a medida que la gente iba conociendo mi forma de relacionarme con ellos, mi profesionalidad. Mi ausencia de miedo. Esto es importante. No hay que tener ni prejuicios ni miedo.

P. ¿Tampoco ante las descalificaciones de la Liga Norte? La culpan de traer todos los males a Italia…

R. ¡Me culpan de tantas cosas! Pero, lejos de hacerme sentir débil, refuerzan mi identidad. Yo he elegido Italia para vivir, pero mi identidad es múltiple y me siento cómoda así. Me echan la culpa de ser negra, de ser mujer y de ser extranjera. Incluso de una cuarta cosa: de haber estudiado. ¡Y esta [exclama sonriendo] sí que es una culpa terrible! Porque según el estereotipo, debería estar en casa fregando y haciendo hijos. Que no lo haga les parece imperdonable.

P. Su prioridad es el derecho a la ciudadanía italiana de los hijos de los inmigrantes y la suspensión del delito de clandestinidad, pero una parte del Gobierno de coalición se opone. ¿Ha logrado algún paso adelante? ¿Cree que lo conseguirá?

R. Para mí la primera satisfacción es que no se ha tratado solo de una discusión política. Nunca como en estos ocho meses se ha hablado de esto en todos los sitios. Tanto en los bares como en el Parlamento se ha discutido sobre ciudadanía. Esa toma de conciencia por parte de todos nos llevará a entender que no es un tema que preocupa a la ministra, sino a toda la sociedad. Tenemos un millón de niños en Italia que todavía tienen problemas de integración, que se sienten discriminados desde la escuela. Y si nosotros queremos hacer un regalo a nuestros hijos, el mejor de todos es ayudarlos a crecer haciéndoles entender que todos somos iguales, que el único futuro posible es el de la igualdad de oportunidades. No es un regalo solo para los hijos de los inmigrantes.

P. ¿Cómo vivió la tragedia de Lampedusa, en la que perdieron la vida cientos de inmigrantes africanos?

R. Lo primero que pensé fue que sobre aquella barca podía haber estado yo. Podíamos haber estado cualquiera de nosotros. De hecho, una persona crece si logra ponerse de verdad en las dificultades, en la tragedia del otro. Si logramos vivirlo así, cambiará el modo en que construimos las leyes. Por eso le decía que hay que mirar a la política de la inmigración no como un favor, sino como una necesidad. Si me pongo en el lugar del otro y luego hago una ley contra los inmigrantes, es como si hiciese una ley contra mí mismo. Esta idea mía, puesta del revés, me acompaña también en los momentos difíciles, cuando me insultan y me atacan. Si esto me lo hacen a mí, se lo pueden hacer a cualquiera. Por eso, si queremos combatir el racismo o cualquier otro tipo de marginación, no hay más remedio que ponerse en el lugar de la persona que sufre. En la piel del otro.

P. Se habla mucho de la inmigración que llega de África, pero muy cerca de aquí, en Prato, junto a Florencia, hay cientos de chinos que viven prácticamente en la esclavitud, trabajando y viviendo en naves industriales por sueldos de miseria…

R. No solo sucede en Prato y no solo con los chinos. Lo fundamental del asunto es que tenemos que ser capaces de dar la oportunidad a esas personas de denunciar sus condiciones de esclavitud. Tenemos que informarles de cuáles son sus derechos. Darle la posibilidad de conocer la lengua, de hablarla, de poder denunciar. Por eso hay que invertir en la mediación cultural. Esto solo se puede conseguir si las personas tienen un estado jurídico bien definido. Una persona que vive en la invisibilidad es una persona que cae en las manos de la criminalidad organizada. Por eso le digo que no se trata solo de Prato. Son muchos otros los lugares bajo un común denominador: son invisibles… Por eso, si una persona no tiene permiso de residencia, la estamos arrojando al pozo de la invisibilidad. Hay que darles posibilidades incluso de volver a su país de origen —una opción que muchos están pidiendo— o de ofrecerle una ruta de integración distinta, pero jamás arrojarlos a la ilegalidad. Hacer salir a la gente de la invisibilidad es además un instrumento potentísimo contra la criminalidad organizada. Hay que salvar a las personas débiles de las manos de quienes las están explotando.


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