Archive for 17 noviembre 2012

El ‘narcocura’ de Nazaret

17 noviembre, 2012

Fuente: diario EL PAÍS | Jaime Prats

El padre Vicente era cura de misa en latín y brillantes casullas doradas. En su modesta iglesia del degradado barrio de Nazaret de Valencia oficiaba según el rito de san Pío X, de espaldas a los feligreses, fiel al misal de 1962. Se presentaba como vicario general y superior del convento de los Misioneros Apostólicos de María Inmaculada (MAMI), una orden que, en contra de lo que hacían creer sus miembros, nunca contó con el reconocimiento de la Iglesia católica. Pese a sus excentricidades preconciliares, se labró a principios de la década pasada una reputación de persona entregada a los más necesitados que le valió para recibir subvenciones municipales (más de 600.000 euros entre 2008 y 2010) para el albergue de inmigrantes que gestionaba y que se encontraba junto a la iglesia.

Todo ello fue antes de que Vicente Cristóbal Almalé Palaín —también Cura o Cris en la transcripción de los pinchazos policiales—, de 38 años, fuera detenido en enero de 2011 por su presunta vinculación con una red de narcotráfico integrada por 35 personas que introducía droga en España procedente de Latinoamérica. Actualmente está en libertad bajo fianza, con las cuentas bloqueadas y sin pasaporte. El caso, instruido inicialmente en Torrevieja, acaba de pasar a Madrid una vez que la Audiencia Nacional ha asumido la competencia.

Vicente Almalé, ocupa un lugar clave en la supuesta trama delictiva, según el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Torrevieja en el que se solicita la inhibición en favor de la Audiencia Nacional. Las “vigilancias, seguimientos y escuchas telefónicas” practicadas a los presuntos miembros de la red y plasmadas en el auto describen a una persona que tiene muy poco en común con la imagen de benefactor que Vicente Almalé cultivó desde su iglesia, en el extrarradio de la ciudad.

El escrito traza “la existencia de un grupo delictivo (…) dedicado al tráfico de drogas (cocaína y hachís)”, entre los que se encontraría Almalé. La juez concede al falso sacerdote un lugar destacado entre los miembros que participaron “activamente” en una operación destinada a “comprar una importante cantidad de cocaína e introducirla en España por el puerto de Valencia” y que acabó fracasando. Las fuerzas de seguridad se incautaron de estos 132 kilos de cocaína, así como de otros 115, en el puerto de Tarragona, inicialmente destinados también a Valencia. En ambos casos “era Vicente Cristóbal Almalé Palaín (…) quien iba a utilizar su organización para lograr sacar las mochilas del puerto [de Valencia]”. Las instalaciones portuarias se encuentran junto al barrio de Nazaret, desde donde Almalé se dirigía a sus fieles.

Si el papel del padre Vicente en la banda ya era relevante, aún trató de que lo fuera más. En el mismo mes de julio de 2010 en el que se aprehendieron los alijos, Almalé se desplazó a Colombia para establecer contacto directo con los proveedores de la red y “desvincular del grupo a todos aquellos que pudieran constituirse como intermediarios en las negociaciones abiertas con los que verdaderamente proveerían de supuesta cocaína en Colombia”, relata el auto. La jugada, sin embargo, salió mal y acabó “con la retención o secuestro de Vicente Cristóbal el Cura por grupos paramilitares asentados en Colombia”, que requirieron el pago de un rescate, según las conversaciones intervenidas.

Antiguos conocidos de Almalé no salen de su asombro por su supuesta vinculación con la trama delictiva. En sus mejores tiempos, hasta finales de la década pasada, la iglesia —cerrada desde hace dos años— se llenaba los domingos y el padre Vicente celebraba con normalidad bodas, que no eran más que farsas sin validez eclesial. Sus actividades de atención a inmigrantes sin hogar contaban con el aval del Ayuntamiento de Valencia. Desde las propias dependencias municipales se remitían extranjeros que acudían buscando alojamiento temporal. La iglesia parroquial incluso recibía novicios, fundamentalmente mexicanos, según recuerdan testigos que prefieren mantener el anonimato. La cara amable de todo este tinglado religioso-asistencial era el padre Vicente. Una persona calificada por quienes le conocieron como enérgica, activa y carismática. Junto a él, de vez en cuando se podía ver a Ricardo Subirón, fundador de la orden, sobre quien el arzobispado de Valencia ya en 1983 alertó de que había sido ordenado “de forma irregular” y “estaba relacionado con el Palmar de Troya”, la delirante secta ultraconservadora con sede en Utrera (Sevilla).

La estrella de Vicente Almalé comenzó a declinar en 2007. Una visita al albergue de representantes de la Sindicatura de Greuges (equivalente autonómico al Defensor del Pueblo) alertó de las penosas condiciones de habitabilidad de la residencia. Los focos se comenzaron a centrar en la extraña congregación situada en el extrarradio de la ciudad y en el no menos peculiar sacerdote que la dirigía en Valencia. A partir de entonces trascendió la relación de la orden con el Palmar de Troya o que Almalé dirigía tres empresas relacionadas con la construcción. Que era un amante de los coches de lujo y de las armas automáticas, como demostraban unas imágenes tomadas en un centro de formación de seguridad en Argentina, a donde fue invitado por un amigo. A finales de 2007 anunció a sus próximos que dejaba la orden y se quedó con la gestión del albergue. Tras su detención, el Ayuntamiento rescindió todas las ayudas que prestaba a la residencia de inmigrantes.

El lunes pasado, tres chavales pasaban la tarde a escasos metros de la iglesia, en un coche subido a la acera. “Claro que lo conocimos, fuimos monaguillos”, explicaban sobre el padre Vicente con cara de saber bastante más de lo que contaban. “Cuidaba de todos, pero mejor no preguntes por él, es peligroso”.

Cuerpo

14 noviembre, 2012

Fuente: diario EL PAÍS | Manuel Vicent

Una joven atractiva, mientras se maquilla ante el espejo del cuarto de baño para ir a trabajar, recita una nueva versión del monólogo de Hamlet: ser o no ser, esta es la cuestión, levantarse todos los días a las siete de la mañana y tener que aguantar a un jefe despótico, machista e incompetente, todo por mil y pico euros al mes, o renunciar a esta lucha agotadora y quedarme en la cama para dormir, tal vez soñar, junto a un marido vulgar, a quien con un poco de maña puedo dominar a mi antojo. Este dilema aciago parece haber arraigado en buena parte de la juventud femenina. Frente a aquella generación de mujeres, que en los años sesenta del siglo pasado decidió ser libre y realizó un arduo sacrificio para equipararse a los hombres en igualdad de derechos e imponer su presencia en la primera línea de la sociedad, cada día es más visible una clase nueva de mujer joven, incluso adolescente, que ha elegido utilizar las clásicas armas femeninas, que parecían ya periclitadas, la seducción, la belleza física y el gancho del sexo para buscar amparo a la sombra de su pareja y recuperar el papel de reina del hogar. Puede que la moral de la iglesia católica se haya aliado con la crisis económica para imbuir tenazmente en la mujer la idea que vuelva a casa, críe hijos, se ponga guapa y complazca en todo a su marido. Si una chica acude a diario a machacarse en el gimnasio, si se atiborra de silicona, si camina sobre unas plataformas increíbles, si decora su piel con toda suerte de tatuajes, ¿busca sentirse saludable y fuerte para luchar por sus derechos o, tal vez, solo trata de convertir su cuerpo en un objeto de deseo, en un arma de combate frente a los hombres? Ser o no ser. ¿Qué es mejor, soportar a un jefe tirano que me explota o a un marido mediocre que me llevará a París si le hago un mohín de gatita? Puede que el dilema no sea tan rudo, pero aquellas mujeres que en el siglo pasado lucharon como panteras por su dignidad, sin tiempo para pintarse los labios, tienen ahora unas nietas hermosas, siliconadas, tatuadas con serpientes y mariposas, dispuestas a claudicar en sus derechos, con tal de ganar la otra batalla, el viejo sueño de sentirse adorables y tener al macho de nuevo a sus pies en la alfombra.

La manía de identificar a España con el extremismo

12 noviembre, 2012

Fuente: diario EL PAÍS | Soledad Gallego-Díaz

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, tiene la molesta costumbre de presentar continuamente a España como si fuera una de las partes de un enfrentamiento entre dos principios absolutos opuestos entre sí. Pero esa imagen maniquea es falsa porque España no es unánime ni uniforme, como tampoco lo es Cataluña.

Resulta casi insultante esa voluntad de identificar a España con la posición política más extremista, como si no existieran voces que defienden cosas distintas, como si no existieran españoles federalistas igual que existen españoles centralistas, o como si Cataluña y España fueras asuntos de única naturaleza. Como si Andalucía fuera parte de la Castilla de Felipe II y la Comunidad Valenciana una excrecencia de Madrid.

Es Artur Mas quien se empeña en ver una España unánime, igual que ve una Cataluña unánime, donde existen sociedades complejas y múltiples.

La manifestación celebrada en Barcelona es un síntoma importantísimo del estado de ánimo de una parte decisiva de la sociedad catalana. Pero es un síntoma y no sustituye ni se traduce automáticamente en procesos políticos institucionales. Quien da el paso en esa dirección es Mas poniendo a la Generalitat al frente de una estrategia muy complicada que arrastra a su partido y que, si no lo remedia pronto, puede arrollarle.

El presidente necesita urgentemente encontrar estaciones intermedias si no quiere ser responsable de una dinámica insensata, que deje en manos de los más radicales la legitimidad, sin la posibilidad de acordar una paz intermedia que no sea la independencia. Afirmar que si no consigue el pacto fiscal (de imposible encaje en la actual Constitución) “se abre el camino a la libertad de Cataluña” es una metáfora desafortunada, primero porque implica que los catalanes no son libres (lo que puede ser una noticia inesperada para la mayoría de ellos) y segundo porque vincula “libertad” con financiación.

Cuanto más huyan los políticos de las metáforas durante esos días, mejor para todos. De lo que algunos estamos fatigados no es de la relación entre Cataluña y España, por muy tensa que sea, sino de la afición a enmascarar un problema político en un lenguaje metafórico de afectos, en los que es imposible acordar nada porque tan legítimo sería el sentimiento del catalán independentista que quiere un Estado propio como el del español centralista que “siente” que España incluye a Cataluña. Tan legítima sería la falta de afecto de los catalanes por España como la inclinación de los españoles por Cataluña. Con eso no vamos a ningún lado.

De lo que deberíamos intentar hablar es de la financiación que necesita y que debe recibir Cataluña y, por supuesto, de un problema de clara raíz política: el encaje de Cataluña en el Estado español.

Si el encaje vigente no le sirve a una mayoría de catalanes, lo apropiado es que inicien los procedimientos para cambiar el pacto actual. Lo apropiado, salvo en momentos revolucionarios, que no vienen al caso, es abrir esa discusión dentro de la legalidad y de las instituciones, conscientes de que la Constitución fue un proceso pactado y de que en los pactos no se trata solo de obtener la propia satisfacción, sino de admitir la de los otros.

España no es ni debe verse a sí misma como el guardián del tarro de las esencias ni tiene por qué defender la Constitución actual como si fuera una obra propia asediada por enemigos exteriores. Todos acordamos ese pacto, todos metimos las esencias en ese texto, catalanes incluidos.

Como muy bien dijo Jordi Pujol en su discurso en defensa del texto constitucional: “Esta Constitución no debe presentarse como algo pobre o avaro, cuando en realidad está basada en la generosidad de todos”. El método para reformarla pasa por recuperar la Cataluña y la España diversas dentro del respeto al proceso institucional. Y los ciudadanos, catalanes o españoles en su conjunto, deberíamos desconfiar cada vez más de quienes, en todas partes, entorpecen ese camino con populismos y de quienes quieren hacernos creer que existe otra legitimidad que no sea el pacto.

¿Es terrorista todo lo kurdo?

11 noviembre, 2012

Eren Keskin, directora del periódico turco Ozgur Gundem, el lunes pasado, en el inicio del juicio contra 44 periodistas supuestamente ligados a terroristas kurdos. / AFP

Fuente: diario EL PAÍS | Javier Valenzuela

Zeynep Kuray, de 32 años de edad, se está convirtiendo en el símbolo de las muchas dudas de la profesión periodística y los defensores de los derechos humanos sobre el juicio recién abierto en Turquía contra 44 periodistas acusados de vinculación con las actividades terroristas del independentismo kurdo. Kuray tiene la nacionalidad turca, pero es kurda y militante por los derechos de su pueblo, lo que, en principio, no debería ser un delito en el país que gobierna Recep Tayip Erdogan. ¿Cuáles son entonces los cargos concretos por los que, desde el pasado lunes, se sienta en el banquillo de los acusados de un tribunal de Estambul junto con decenas de compañeros? Pues, intento de desprestigio del Estado turco por haber escrito sobre casos de acoso sexual a mujeres en el seno de la compañía aérea de bandera nacional Turkish Airlines.

Huele mal, y por eso la Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela (APSC) ha decidido “apadrinar” a Kuray, una profesional de la agencia de noticias Firat News Agency (ANF) y el diario Birgun, ambos en lengua kurda. En un acto celebrado el lunes en la compostelana Facultad de Ciencias de la Comunicación, Luis Menéndez, presidente de la ASCP, explicó el caso Kuray y denunció la “represión de la libertad de expresión” en Turquía que representa la apertura de este “macro juicio”. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras también están criticando con dureza este proceso.

Kuray fue detenida el pasado 20 de diciembre, en el marco de una amplia redada contra medios de comunicación kurdos. La fiscalía ha construido una heteróclita acusación en la que vincula a todos y cada uno de los 44 periodistas con las actividades del KCK (Unión de Comunidades del Kurdistán), un movimiento kurdo ilegal que sirve de paraguas al PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán conocido internacionalmente por sus actividades guerrilleras y terroristas. De los 44 periodistas juzgados, 36 permanecen encarcelados desde diciembre.

Es éste el mayor juicio contra periodistas de la historia turca. A los procesados se les ha negado el derecho a expresarse en su lengua materna, en otra prueba de las dificultades de la actual Turquía para aceptar su diversidad cultural. La fiscalía pide penas de prisión que van desde los 7 a los 22 años.

Cuando en 2003 llegó al poder como resultado de una indiscutible victoria electoral, Erdogan -líder del AKP, un partido que se pretende islamista moderado, un equivalente a las partidos democristianos europeos- impulsó un esfuerzo por democratizar Turquía tras décadas de gobierno autoritario y secularista de los militares herederos de Ataturk. Con independencia de cuáles fueran o dejaran de ser sus verdaderas convicciones personales y partidistas, Erdogan tenía entonces un poderoso acicate para caminar por esa senda: una posible incorporación a la Unión Europea.

El gobierno del AKP le reconoció a la minoría kurda –unos 13 millones de los 70 millones de habitantes del país- algunos derechos –el uso de la lengua propia, su enseñanza en las escuelas y un canal público de televisión, más bien folclórico-. Pero el rechazo frontal de la Alemania de Merkel y la Francia de Sarkozy a la candidatura europea de Turquía ha ido desincentivando al AKP. Y han ido aumentando las quejas de los sectores laicos democráticos por el autoritarismo creciente del Gobierno islamista.

Por el contrario, la situación regional ha obligado a Erdogan a mirar menos hacia el Oeste y más hacia el Este. Turquía apareció muy pronto como un posible modelo de democracia con gobierno islamista moderado para la Primavera Árabe, y, sin la menor pausa, la brutal represión en Siria de las protestas juveniles le colocó en la primera línea de combate. Los choques violentos entre fuerzas de seguridad turcas y guerrillas del PKK –alentadas ahora por el régimen de El Asad, que se venga así del apoyo de Erdogan a las protestas sirias- van aumentando. Los últimos 14 meses han sido los más violentos desde que Abudlá Öcalan, líder del PKK, fuera capturado y encarcelado en 1999.

El International Crisis Group, un observatorio basado en Bruselas, calcula que estos enfrentamientos ya han provocado la muerte de 708 personas desde junio de 2011: 405 militantes del PKK, 209 soldados y policías turcos y 84 civiles. Ambos bandos, según el International Crisis Group, están empeorando la situación. Las autoridades turcas, afirma, deberían reformar leyes opresivas contra los kurdos y terminar con los excesos de sus fuerzas de seguridad. Por su parte, el PKK debería renunciar a cualquier tipo de acción terrorista y comprometerse con objetivos realistas.

Es en este contexto donde se enmarca la dura y fulminante represión de los periodistas kurdos y el juicio de Estambul. Las autoridades turcas afirman que los encausados y los medios de comunicación para los que trabajan son compañeros de viaje, si no militantes más o menos encubiertos, del terrorismo del PKK. Idris Naim Sahin, ministro del Interior, ha comparado a estos periodistas con los combatientes del PKK, asegura que “no hay diferencias” entre las “balas” disparadas en el sudeste kurdo y los “artículos” escritos en Ankara.

Diversos tabúes limitan seriamente la libertad de prensa en Turquía. Unos son heredados de muchas décadas de autoritarismo militar laico: la figura del propio Ataturk, el Ejército, el genocidio armenio… Otros van siendo impuestos por los actuales gobernantes: el Corán, el profeta Mahoma, la blasfemia… Y junto a ellos, por supuesto, está la cuestión kurda.

Los iniciales intentos de apertura de Erdogan en relación a los kurdos nunca fueron muy populares entre sus compatriotas. El país forjado por Ataturk a partir de los escombros del imperio otomano tuvo desde su comienzo, y por definición, un elemento primordial de nacionalismo turco. Así que ni los militares ni el grueso de la población comprendieron muy bien los gestos de Erdogan hacia “esos montañeses”.

Esa apertura ya murió. Ahora hay más de 100 periodistas encarcelados en Turquía, más que en Irán o China, y la mayoría son kurdos. Un total de 44 se sientan desde el lunes en el banquillo de los acusados. ¿Están todos y cada uno vinculados a actividades susceptibles de ser consideradas terroristas? A la hora de probar esta acusación, a las autoridades turcas no les ayudan, desde luego, hechos como que el presunto delito de Özlem Agus, reportero de Tigris News Agency, sea haber sacado a la luz los abusos sexuales de menores en la prisión de Ponzati. O el de Zeynep Kuray, haber informado sobre acoso a trabajadoras de Turkish Airlines.

Hay fotos que muestran a Kuray en el momento de ser detenida en diciembre. Hace el signo de la victoria y sonríe. Preguntada por esto último, responde: “Sonreír es una prerrogativa ideológica”.

Todos creían que era una espía…

9 noviembre, 2012

Fuente: diario EL PAÍS | Natalia Junquera

Lo nunca visto. El caso más portentoso de reformación humana mediante la voluntad. La artista sin brazos, ni los tiene ni los necesita. Es tiradora al blanco. Toca piano, violín, acordeón y xilófono. Es profesora de caligrafía. Es una excelente mecanógrafa. Juega al billar y a cartas. Conduce un automóvil con la ayuda de sus pies. Hace caricaturas de uno del público. Hace toda clase de labores propias de su sexo: corta, enhebra una aguja, cose…”. Así se anunciaba en 1933 la actuación en un teatro de Lleida de Regina García López, La Asturianita. Una mujer excéntrica con una vida de película, a la que republicanos y franquistas encarcelaron por el mismo delito: espiar para el bando contrario.

Regina García, segunda de ocho hermanos, había nacido en 1898 en Valtravieso, una aldea asturiana de 25 casas y 63 habitantes. Un accidente en el aserradero de su padre cuando tenía nueve años le arrancó los dos brazos. Un asturiano que se había hecho rico en Argentina se ofreció a pagar su educación en el Colegio del Asilo, donde iban los hijos de las mejores familias de Luarca. Más tarde, propuso a sus padres adoptarla y llevársela a Buenos Aires, pero estos no aceptaron. Incluso contrató a un especialista alemán para que le implantara unos brazos mecánicos. El experimento no funcionó.

Cuando Regina cumplió los 15 años le dijeron que tenía que dejar sitio a otra niña en el colegio. Para entonces, había decidido que quería ser maestra. “La gente le decía ‘¿pero cómo vas a ser maestra sin brazos? ¡Olvídate! Duerme, come, reza”, relata su hijo Marcelino, de 86 años. “Poco después intentó suicidarse tirándose desde un acantilado”. Aquel día vio, en el camino de regreso a casa, a unos titiriteros con monos que cogían cosas con las patas. “Mi madre pensó: ‘Si ellos lo hacen, yo también’. Y empezó a ensayar haciendo garabatos con los pies. Pensaron que estaba chiflada”. Fue la primera vez que la dieron por loca. La primera de muchas. Pero Regina iba a recorrer el mundo y a hacerse rica con aquella locura.

Debutó en el Teatro Jovellanos de Gijón, actuando para la infanta María Teresa de Borbón en 1917, y durante los años siguientes visitó 42 países de gira (Turquía, Egipto, Brasil, Argentina, Venezuela, EE UU…) con su espectáculo, siempre en teatros. Nunca quiso actuar en circos. En 1933, según recoge María Teresa Bertelloni, su nuera, en la biografía Regina García López, La Asturianita, fue recibida por el presidente Roosevelt en la Casa Blanca, adonde llegó, como era costumbre en sus actuaciones, conduciendo ella misma con los pies. El presidente estadounidense le tendió instintivamente la mano y La Asturianita le ofreció el pie.

En una de sus actuaciones, en Avilés, Regina conoció al que sería su marido, entonces, un admirador. Se casaron en 1922 y tuvieron tres hijos: María, Marcelino y Juan, este último nacido en mitad de una gira, en un barco de bandera alemana en aguas de las Azores. En 1928 se separaron. “Mi madre tenía una personalidad arrolladora. Era un cerebro y los hombres en aquella época querían ser tutores de las mujeres”, explica Marcelino. “Lo mismo que le atrajo de ella fue lo que les separó. Tengo la impresión de que mi padre se sentía desbordado por ella”.

El 27 de marzo de 1936, antes de comenzar una actuación en un teatro de Luarca, Regina quiso hablar de sí misma: “Los niños huían de mí… Obtuve las primeras revelaciones de la compasión, que hiere, que humilla. Las gentes derramaban sobre mí sus miradas piadosas. ‘¡Pobre manquina!’, decían. ‘¡Y para los suyos, qué carga!’. Esto amargaba mi espíritu. Con la voluntad hecha acción, aprendí, trabajé, gané, gasté, soñé, amé y realicé, porque dentro de mi cuerpo mutilado está el alma de una mujer de cuerpo entero…”. Y a continuación, presentó su gran proyecto, Selección, con el que pretendía recaudar fondos en sus giras para pagar los estudios a chavales de aldea sin medios pero con aptitudes.

Recibió muchas críticas por aquel proyecto, como recoge Luis González Fernández en Regina, el coraje de una mujer (Madu ediciones). El semanario La Democracia arremetió contra ella por pretender educar a los niños “sin Dios”. La Voz de Asturias la elogiaba: “Es excepcionalmente culta y siente inclinación fervorosa hacia la enseñanza (…) No veáis en ella el número de varietés, ved en ella a Regina García, altruista, filántropo, apóstol”.

La Asturianita pintando un cuadro

Es verdad que Regina era muy culta. Hablaba cinco idiomas: portugués, francés, inglés, alemán e italiano. Por eso el encargado de información del Ministerio de la Guerra, Ángel Pedrero, le propone trasladarse a Francia para espiar para la República. Regina se niega. Había llegado a Madrid poco antes de que estallara la Guerra Civil con un contrato en La Zarzuela para recaudar fondos para los niños de Luarca. Y en abril de 1937 es encarcelada en la prisión de Ventas, acusada de espiar para los franquistas.

Al caer Madrid en manos del bando nacional, el 1 de abril de 1939, Regina sale de la cárcel. Pero por poco tiempo. Para celebrar su libertad, decide ir al cine. Llevaba un vestido-capa que disimulaba su defecto y al terminar la película fue la única que no hizo el saludo fascista. “¡Brazo en alto!”, le gritó un falangista. “Yo no levanto el brazo ni aunque me lo pida el mismísimo Franco”, contestó. “Pues queda usted detenida”. El episodio lo cuenta ella misma en su diario y lo recuerda bien Marcelino: “Mi madre no se callaba nunca. Protestaba sin medir las consecuencias. Era muy temperamental”. Regina terminó mostrando al falangista que no tenía brazos y explicó que acababa de salir de la cárcel, donde la habían metido los republicanos. La dejaron marchar, pero ella vería varias veces a aquel falangista espiándola. Poco después, el Régimen le pide que colabore como soplona. Regina también se niega esta vez y es encarcelada de nuevo, ahora por los franquistas. La prisión de Ventas es ahora un penal abarrotado en el que ingresan cada día entre 80 y 100 reclusas, según recoge González Fernández en su libro. Durante su estancia será trasladada varias veces al psiquiátrico. Ella misma explica en su diario que tenía alucinaciones. “Voy perdiendo la noción de todo y los ruidos en mi imaginación son completamente distintos a lo que deben ser…”. El 5 de agosto de 1939, Regina oye llamar a 13 compañeras que serán fusiladas esa madrugada y pasarían a la historia como Las 13 rosas.

El 3 de marzo de 1942 se celebra su juicio. “Llevábamos seis años sin ver a mi madre y casi no llegamos ese día porque a mi tío le parecía un capricho gastar el dinero en que viajáramos a Madrid para el juicio”, recuerda Marcelino, que entonces tenía 16 años. El que no estuvo fue su marido.

El juicio dura ocho horas. Tres agentes franquistas la acusan de crear “una vasta organización internacional calificada por ella como Selección, de corte masón”. Falange dice que es “bastante peligrosa”. La policía militar de Madrid la considera, sin embargo, “afecta al glorioso movimiento nacional y políticamente de toda confianza, habiendo estado presa con los rojos la mayor parte de la guerra y adquiriendo su libertad el mismo día de la liberación de Madrid”. La Guardia Civil de Luarca advertía: “Muy propagandista del comunismo. Es peligrosísima para la causa ya que por su cultura se desenvuelve con mayor facilidad”. Y en el informe de Sanidad Militar se lee: “Habla en tono autoritario. Aunque perfectamente lúcida, sus contestaciones se desvían enseguida del tema principal a asuntos accesorios de que ella quiere hablar. Niega las sospechas que pesan sobre ella como espía internacional y dice que es víctima de una intriga. Los médicos que suscriben opinan que padece una parafrenia sistemática”. El fiscal pidió para ella la pena de muerte por “prestar servicios como confidente a las órdenes del subnegociado de servicios especiales del Estado Mayor Rojo”. Finalmente, fue absuelta por loca, pero enviada a un psiquiátrico.

Un año después, Regina seguía recluida en la sala de dementes de un hospital. Y allí murió el 19 de mayo de 1942. Su abogado llegó un día tarde: el 20 de mayo de 1942 pidió que le dieran la libertad total.

Los franquistas se incautaron de todos sus bienes. Marcelino cree que su madre no murió de tifus, como le dijeron, sino que fue envenenada. “En su diario había dejado escrito que temía por su vida”, explica. “No estaba loca, pero no era una mujer corriente. Yo la admiraba muchísimo, como si no fuera mi madre. Me parecía infalible”.

Regina García tenía 44 años el día que murió. Le había dado tiempo a recorrer el mundo, a enamorarse, a ser madre, a demostrarle a todos que podía hacer mucho más que comer, dormir y rezar.

Peajes a ninguna parte

8 noviembre, 2012

Fuente: diario EL PAÍS

Cristina Galindo | Madrid

Iban a ser la solución para desatascar las vías de acceso a Madrid. Pero se han convertido en uno de los negocios más ruinosos del sector. Las autopistas de peaje de entrada a la capital, las radiales, llevan menos de una década en funcionamiento y parecen casi nuevas. La escasez de tráfico, muy inferior al previsto, y el desorbitado sobrecoste de las expropiaciones de terrenos para construir estas vías han llevado a muchas concesionarias a la ruina. La primera en caer ha sido Accesos de Madrid, propietaria de la R-3 (Madrid-Arganda) y la R-5 (Madrid-Navalcarnero), que el 7 de septiembre presentó el preconcurso de acreedores, el paso previo a la suspensión de pagos.

Concesionarias de peajes. Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia / EL PAÍS

Con una deuda bancaria de 660 millones de euros y 430 millones pendientes de pago por expropiaciones, los accionistas de la concesionaria (Abertis, Sacyr, Bankia y ACS) han tirado la toalla. El preconcurso es una figura que les proporciona tres meses para negociar con las entidades financieras para intentar evitar el concurso. “Estas autopistas se concibieron como una alternativa a la ampliación de las autovías gratuitas, pero después estas fueron ampliadas con más carriles y los atascos se redujeron”, argumenta José Antonio López Casas, director general de Accesos de Madrid.

Sin tanto atasco, la empresa afirma que le resulta muy difícil competir con las vías de uso gratuito. Este factor, la caída del tráfico por la crisis —este año se están viendo desplomes del 20% y el precio de los carburantes tiene que ver—, el sobrecoste por las expropiaciones y los gastos financieros han sido un golpe imposible de esquivar. El viernes pasado también solicitaron concurso de acreedores por motivos similares las dos sociedades que gestionan la R-4 (Madrid-Ocaña), con una deuda de 575 millones, cuyos accionistas son Cintra, Sacyr y Caja Castilla-La Mancha. La AP-41 (Madrid-Toledo) no es una radial, pero también ha suspendido pagos. Otras seis vías de pago, entre ellas la cuarta radial, la R-2, están al borde de la quiebra.

La idea de unas autopistas que descongestionaran el acceso a Madrid (en principio, gratuitas) se empezó a fraguar en la primera mitad de los noventa, con el socialista Josep Borrell como ministro de Obras Públicas, pero el proyecto de la R-3 y la R-5 fue diseñado y ejecutado con José María Aznar en el poder. El contrato de estas autopistas, la alternativa de pago a las autovías de Valencia y Extremadura, salió a concurso en 1999. Rafael Arias-Salgado, entonces titular de Fomento, afirmó que absorberían “al menos un 30%” de los vehículos que accedían a la capital. En 20 años, las empresas rentabilizarían la inversión, mientras los madrileños ahorrarían millones de pesetas en tiempo y gasolina. Además, las adjudicatarias debían hacerse cargo de la construcción y financiación de un tramo de la M-50, el tercer anillo de circunvalación de Madrid, que sería de uso gratuito. Para el Gobierno del PP, todo eran ventajas.

A los pocos meses, un consorcio integrado por siete empresas ganó el contrato: FCC, Zafir, Acesa, Caja Madrid, la Empresa Nacional de Autopistas, Inversiones e Infraestructuras y OHL. Las obras debían acabar en 24 meses y tendrían un coste de 727 millones. Los problemas con las expropiaciones y los cambios en el trazado retrasaron la inauguración a 2004. El coste final se incrementó un 12%.

Era solo la punta del iceberg. El tráfico ha resultado ser un 25% del previsto. La concesionaria calculó en 2004 que las dos radiales absorberían 70.000 de los 200.000 coches que circulan a diario por las autovías de Valencia y Extremadura. Ahora la media en cada una de esas radiales ronda los 10.000 vehículos. Mientras, la aplicación de la Ley del Suelo de 1998, que permitía valorar los terrenos en función de sus expectativas, disparaba el coste de las expropiaciones. “Calculamos que las expropiaciones nos costarían 40 millones y han sido 640”, asegura el director general de Accesos de Madrid, que ha pagado hasta ahora 210 millones.

Para Rafael Simancas, portavoz del PSOE en la Comisión de Fomento del Congreso, la mala gestión y planificación son los causantes de este ruinoso negocio: “Las constructoras tuvieron que realizar a cambio de las radiales un tramo de la M-50; para cuadrar las cuentas Francisco Álvarez-Cascos [sucesor de Arias-Salgado] pronosticó unos tráficos y unos resultados de explotación demasiado optimistas; tampoco previó los efectos de la Ley del Suelo, y el tráfico fue mucho menor porque las carreteras gratuitas se fueron mejorando”. Las cuentas de Accesos de Madrid arrojaron en 2010, último ejercicio disponible en el registro mercantil, unas pérdidas de explotación de 4,42 millones, frente a los 3,76 millones del año anterior.

Fomento ha tenido que salir al rescate de las autopistas en apuros. Fuentes del departamento que dirige Ana Pastor aseguran que se están articulando medidas coyunturales, como la ampliación de 2012 a 2021 de la compensación por la caída del tráfico —un sistema en el que el Estado adelanta el dinero— y los 250 millones en préstamos participativos (con aval del Estado) presupuestados para este año. A largo plazo, Fomento asegura que “se está trabajando en soluciones estructurales que proporcionen un horizonte sostenible al sector”. Según López Casas, su concesionaria tiene pendiente de cobro 80 millones como compensación y créditos participativos.

El PSOE advierte de que se necesita una solución inmediata, mientras la patronal, ASETA, ve una salida clara: que el conductor pague de forma directa por el uso de toda la red de alta capacidad para “redistribuir más racionalmente los tráficos” e “incrementar los ingresos del Estado”.

La lista de perdedores por la crisis de la R-3 y la R-5 es larga: accionistas, acreedores (además de Bankia, el Santander, BBVA, el Sabadell, Caixabank e ING)… pero los ciudadanos también pueden acaban pagando el pato. Si al final la empresa entra en liquidación, alguien tendrá que tapar el agujero y el Estado es el principal candidato. Si la Administración tuviera que rescatar la R-3 y la R-5, López Casas calcula que tendría que asumir como máximo 670 millones, que computarían como déficit público. Eso, más el sobrecoste de las expropiaciones. Del resto deberían hacerse cargo los acreedores.

México: una injusticia a medida del indígena

7 noviembre, 2012

Fuente: diario EL PAÍS

Luis Prados | Atla

La historia de José Ramón Aniceto Gómez, de 65 años, y Pascual Agustín Cruz, de 49, líderes de la comunidad indígena nahua de Atla, en la sierra norte del Estado de Puebla (centro de México), sería un episodio más del surrealismo mexicano si no fuera un drama, otro más en la larga historia de la indefensión y aislamiento de los pueblos originarios de este país y de la facilidad del sistema judicial para fabricar culpables.

José Ramón y Pascual llevan dos años y siete meses encerrados en el penal de media seguridad del municipio de Huauchinango acusados del robo con violencia de un vehículo en un confuso incidente en octubre de 2009, que en realidad esconde el enfrentamiento entre las autoridades indígenas y el cacique local por el acceso al agua potable y probablemente oculta animadversiones ancestrales entre los vecinos. Los dos campesinos, que fueron condenados a seis años, 10 meses y 20 días de prisión por un delito calificado de grave, han sido acogidos como presos de conciencia por Amnistía Internacional —los únicos con ese estatus en todo México actualmente— y su caso ha sido llevado ante la Corte Suprema por los abogados del Centro de Derechos Humanos PRODH, quienes han presentado un recurso directo de amparo —el último recurso— y cuyo fallo esperan para el mes próximo.

El penal de Huauchinango, una costrosa construcción de hormigón y metal de verde roñoso, ofrece un aspecto más pobre que tétrico. El locutorio es una pequeña habitación sin asientos ni para los reos ni para los visitantes. Una mohosa tela metálica separa a unos y otros. “Nos sentimos muy encorralados aquí”, dice José Ramón. “Hay momentos en los que estoy muy preocupado, siento el dolor de mi familia y me pregunto cómo estoy aquí si no debo nada. Otras veces siento bonito, y me siento orgulloso”.

Pascual Agustín y José Ramón Aniceto, líderes indígenas. / PEP COMPANYS

José Ramón y Pascual han mejorado mucho su español en el último año, en la medida “en que se han ido apropiando de su caso”, como dice su abogado del PRODH, Andrés Díaz Fernández, pero aún no comprenden muchas palabras. “Siempre nos miraron mal en el juzgado por eso. No había intérprete de náhuatl. Podíamos hablar en español pero solo entendíamos parte de lo que nos preguntaban”, recuerdan.

Su vida en la cárcel transcurre con monótona tranquilidad. Les levantan a las seis de la mañana, cosen balones de fútbol, hacen un poco de ejercicio y son encerrados en sus celdas a las seis y media de la tarde. El trato, aseguran, es bueno y reciben atención médica, pero es inevitable la añoranza de tiempos mejores cuando cultivaban maíz y frijoles en sus parcelas de media hectárea, o José Ramón tocaba el violín.

Imagen del penal de Huauchinango. / PEP COMPANYS

El subdirector de la prisión, Glen Alvarado González, afirma que no hay hacinamiento porque actualmente son unos 400 reclusos y caben 500. “Tenemos homicidas, violadores y ladrones pero no delincuencia organizada y el promedio de tiempo que pasan aquí es de 10 a 15 años”, dice el licenciado, que no disimula su convencimiento de que los dos líderes nahuas están allí fuera de lugar. “Pese a encontrase cautivos, se les da un tratamiento especial”, añade.

El conflicto por el agua potable en Atla, un pueblo de unos 2.000 habitantes, viene de antiguo, desde que hace más de 35 años, el cacique local, Guillermo Hernández, se apropió del agua y llegó a imponer cuotas por una toma de hasta 5.000 pesos (unos 300 euros), una cantidad desorbitada para unos campesinos que subsisten a duras penas. El enfrentamiento entre partidarios y contrarios al cacique se resolvió durante años a base de pedradas, contaminación de manantiales, amenazas de muerte y asesinatos de miembros del grupo opositor.

En 2008 las cosas empezaron a cambiar. José Ramón y Pascual fueron elegidos, respectivamente, presidente auxiliar y juez menor de paz de la comunidad y emprendieron un proyecto para que todos los vecinos tuvieran acceso gratuito al agua. La iniciativa resultó intolerable para la facción del cacique y el 22 de octubre de 2009 el hijo de uno de ellos lanzó su vehículo contra los dos líderes nahuas y otros jornaleros cuando volvían de trabajar. El agresor, al verse descubierto por un policía —hoy también preso— abandonó el coche y un mes después los denunció por su supuesto robo.

Mujeres indígenas de la comunidad indígena nahua de Atla. / PEP COMPANYS

Ahí empezó el calvario judicial para estos dos hombres a pesar de que el vehículo nunca desapareció sino que fue guardado en el corralón municipal, ninguno de los dos acusados sabe conducir y los testigos en su contra, dos vecinos de Atla, se desdijeron posteriormente de sus declaraciones.

Atla, que en náhuatl significa “lugar donde hay agua”, forma parte del archipiélago cultural donde viven los más de 12 millones de indígenas mexicanos (el 11% de la población) sometidos a un intenso proceso de transformación, entre la asimilación y la segregación. Está a unos 50 kilómetros de Huauchinango o a más de hora y media de sinuosa carretera, en parte sin asfaltar, que asciende sin fin por una línea quebrada de montañas y valles de un intenso verde tamizado por una neblina azul. Perros, gallinas y pavos corretean por sus calles, el maíz crece en pequeñas terrazas, algunos niños juegan vestidos con el uniforme de colegio mientras otros cortan leña descalzos y un par de oxidadas antenas parabólicas atestiguan el éxito de alguno de sus hijos emigrados.

Salustia Aparicio, de 35 años, la mujer de Pascual y madre de seis hijos, explica en un deficiente castellano, plagado de silencios, que aunque su familia tiene agua, la mitad del pueblo no y que los precios siguen por las nubes. Bajar a Huauchinango le lleva tomar tres autobuses y unas cuatro horas de ida y otras tantas de vuelta. Su rostro expresa una profunda tristeza, resignada ante una injusticia y un abandono que se hunde en el tiempo. Si el recurso ante la Corte Suprema no prospera, José Ramón y Pascual no volverán en siete años. Como dijo el intelectual y cronista Carlos Monsiváis, “si Kafka hubiera sido mexicano, sería un escritor costumbrista”.

Los cascotes del imperio

6 noviembre, 2012

Fuente: diario EL PAÍS | M. Ceberio, I. Cembrero, M. González

Amar Binauda, antiguo pescador de la zona, frente a la isla del Rey Francisco, en el archipiélago de las Chafarinas. / Uly Martín

Hubo un tiempo fausto, hace ya casi un siglo, en el que en el peñón de Alhucemas los comercios eran numerosos y, cuando se abrían las puertas de la plazafuerte, los rifeños entraban para vender gallinas, huevos, frutas y verduras, cebada y carbón. En otro peñón, el de Vélez de la Gomera, había nada menos que cinco tiendas y tabernas, incluida una zapatería.

En todas las diminutas plazas de soberanía españolas a lo largo de la costa norte de Marruecos había empleados de Correos, aduaneros, maestros y fareros entre una población que, en Alhucemas y Vélez, superó los 400 habitantes, incluidos los presidiarios. En la isla de Isabel II de las Chafarinas, el más grande de los minúsculos archipiélagos españoles, rebasó los setecientos vecinos. Allí hubo hasta un casino y un pequeño hospital militar.

Posesiones españolas en el norte de África.

Amar Binauda solía vender pescado a los soldados cuando era joven. Amarraba su barca en la isla Isabel II y ofrecía su mercancía a los militares españoles. Disponía incluso de una casa de pescador allí. Su padre, antes que él, también tuvo negocios con la guarnición: era su carnicero. Pero eso fue hace mucho tiempo. Cuando las tropas de las islas aún se relacionaban con los pobladores de la costa más próxima: el embarcadero marroquí de cabo de Agua. Binauda tiene ahora 74 años y no habla nunca con los españoles. “Cada uno está en su sitio”, dice. “Con lo del Sáhara todo cambió. No hay relación”, añade refiriéndose a la toma de control por Marruecos de esa colonia española en 1975.

A lo largo del siglo XX, los enclaves perdieron utilidad militar y habitantes. 1970 fue el último año en que se dio a conocer el censo de población, ya casi todos militares a las órdenes de la Comandancia General de Melilla que ni siquiera podían llevar con ellos a sus familias. Aun así hace todavía cuarenta años el turista curioso podía recorrer esas plazas situadas en parajes de gran belleza. “El servicio postal de viajeros y mercancías lo asegura un vapor de la Compañía Transmediterránea que hace un viaje semanal desde Melilla (…)”, señalaba un opúsculo editado por la comandancia hace medio siglo.

“El viaje era barato, lento —duraba una semana— y en los barcos apenas había pasajeros”, recuerda un turista ahora octogenario que hace casi medio siglo se hinchó a leer libros durante la travesía. “En cada escala daba de sobra tiempo a bajarse y a dar una vuelta por el islote”, recuerda. Hoy en día las plazas de soberanía están vetadas a los civiles, excepto Chafarinas a los biólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a los funcionarios de la Red de Parques Nacionales a la que pertenece. En las islas anidan más de dos mil parejas reproductoras de la gaviota de pico rojo, la segunda colonia mundial de estas aves, y en sus aguas nadan 9 de los 11 invertebrados marinos considerados en peligro de extinción.

Hasta hace una década seguía habiendo algún contacto entre los dos peñones y su vecindario marroquí. El suboficial enfermero destinado en Vélez se daba, por ejemplo, de vez en cuando una vuelta por el cercano pueblo de pescadores y hacía algunas curas. Alí, 30 años más joven que Beniauda, también recuerda que cuando era pequeño los soldados del peñón de Alhucemas se acercaban a la playa de Sfiha a jugar al fútbol con la gente del pueblo y a bañarse.

Los otros dos islotes, isla de Tierra e isla de Mar, están, en cambio, literalmente pegados a la playa. Los escasos metros que separan la arena del peñasco más cercano, isla de Tierra, se pueden recorrer caminando. Apenas cubre. “Antes siempre íbamos allí a bañarnos o a coger mejillones o coquinas”, recuerda Alí. “Hay una parte muy resguardada del viento. Llevábamos allí a las ovejas en lancha y las dejábamos todo el invierno. Nadie nos ponía problemas”. La soberanía española de la isla no se hacía explícita en ninguna parte. Pero en 2002 todo cambió.

El conflicto del islote de Perejil dio al traste con esos hábitos. El enfermero ya no bajó al pueblo y los regulares españoles colocaron alambres en la isla de Tierra para impedir el acceso de los veraneantes. Perejil, del que los marroquíes se adueñaron el 11 de julio de 2002 y fueron desalojados por los boinas verdes españoles seis días después, no es una plaza de soberanía. Es una extraña tierra de nadie, según el acuerdo alcanzado hace diez años.

Desde hace una década los peñones han sido intermitentemente motivo de fricción entre Rabat y Madrid. La más grave se produjo, en junio de 2010, cuando el rey Mohamed VI pasaba unos días de descanso en un yate anclado en la bahía de Alhucemas. Se molestó por el vaivén de los helicópteros que desde Melilla abastecen a la guarnición del peñón a través del espacio aéreo marroquí. Pidió que se suspendieran los vuelos durante su estancia y Defensa accedió. Pero tardó en hacerlo, lo que suscitó la ira real.

En mayo pasado, los islotes volvieron a convertirse en un quebradero de cabeza para el Gobierno. Los inmigrantes habían descubierto una nueva vía de acceso a España. Llegaron las primeras cuatro pateras a Chafarinas que sacaron de su letargo a la guarnición allí destinada. A finales de agosto, los inmigrantes alcanzaron, probablemente a nado, la isla de Tierra de Alhucemas.

La alarma se disparó en el Gobierno español, que quería impedir que esta nueva vía se convirtiera en un coladero. Solo se podía hacer con la cooperación del país vecino. Dejar a los subsaharianos en el islote o enviarles a todos a Melilla o a la Península, como exigían, hubiese sido “una declaración de que el territorio español estaba abierto”, se justificó el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo.

Para evitarlo el Gobierno se saltó la Ley de Extranjería, según numerosas ONG de Derechos Humanos empezando por Amnistía Internacional y el Comité Español de Ayuda al Refugiado. La ley obliga a incoar procedimientos de expulsión individuales con todo tipo de garantías incluida la asistencia de un letrado. Si los subsaharianos hubiesen entrado en Melilla o en la Península se les habría aplicado, pero no en los peñones donde “la soberanía española es menos protectora”, ironiza un diplomático. Aun así el PSOE respaldó al Gobierno.

Los peñones son España, pero una España algo particular. Alborán pertenece administrativamente a Almería, pero los otros siete islotes (archipiélagos de Alhucemas y Chafarinas y el peñón de Vélez) tienen “un indefinido estatuto interno”, según el catedrático Alejandro del Valle. “Están complemente fuera de la organización territorial del Estado” porque no forman parte de ninguna provincia, subraya en un artículo publicado por el Real Instituto Elcano.

“Se trata de territorios que no figuran explícitamente como “españoles en ningún texto relevante”, prosigue el catedrático. “Este vacío regulador provoca incertidumbre en muchos ámbitos: el reconocimiento y delimitación de espacios marinos y de aguas jurisdiccionales o de seguridad, la jurisdicción interna española aplicable…”. Estas “posiciones avanzadas, verdaderas atalayas de la patria”, como las describía la Comandancia de Melilla, son pues vulnerables y el mantenimiento allí de una presencia militar es costoso, sobre todo en tiempos de crisis.

Cuando el primer grupo de subsaharianos se asentó, en agosto, en isla de Tierra, periódicos como As Sabah, de Casablanca, divisaron “nubarrones en las relaciones entre Madrid y Rabat”. Mohamed VI quiso evitarlo y dio su visto bueno a la readmisión en Marruecos de 72 náufragos del islote. Era la segunda vez, desde que se firmó el acuerdo de readmisión hispano-marroquí de 1992, que Rabat aceptaba que le fuera devuelto un contingente de subsaharianos al que expulsó de inmediato a Argelia a través de una frontera teóricamente cerrada desde hace 18 años.

La vida es tediosa en las guarniciones. En 2005 se suspendieron las visitas tras un incidente que acabó en sedición

Con la inmigración, “los islotes marroquíes ocupados se convierten en un problema para España”, titulaba el diario Akhbar al Youm de Casablanca. No lo han sido esta vez porque Marruecos ha echado una mano en los peñones, como lo viene haciendo en Melilla en cuyos alrededores tiene desplegado al Ejército para secundar a la Gendarmería y a las fuerzas auxiliares (antidisturbios).

Pero las autoridades de Marruecos podrían cansarse o querer, en alguna ocasión, desviar la atención de sus problemas internos —el país entra paulatinamente en crisis económica— dejando que surja un conflicto en las plazas de soberanía. Peñones e islotes no pueden ser defendidos sin su colaboración. Es imposible erigir vallas, como en Ceuta y Melilla, y destacar a cientos de guardias civiles para rechazar a los que intenten saltárselas.

“El valor estratégico de los peñones y las Chafarinas es igual a cero”. Un general, que tuvo bajo su mando las llamadas “plazas menores” (en contraposición a las “mayores”, Ceuta y Melilla) se muestra contundente a la hora de valorar el interés militar del rosario de islotes y peñascos que conserva España en el norte de Marruecos. Las minúsculas posesiones no albergan ningún relé ni radar ni sistema de guerra electrónica útil para el despliegue de las Fuerzas Armadas españolas o la vigilancia del norte de África, más allá de los equipos necesarios para asegurar la comunicación con sus guarniciones. En la época de los satélites y los radares aerotransportados no hace falta sentarse en las barbas del vecino para espiarlo.

Eso no quiere decir que los mandos militares sean partidarios de poner fin a una presencia que, en algún caso, se remonta a 500 años, tantos como la españolidad de Melilla. “España no se entrega a trozos”, contesta airado el citado general. Otro, que fue jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, alega que “los peñones son el punto por donde puede saltar la carrera que destroce la media”. En otras palabras, según su razonamiento, “si España los entregase, Marruecos pediría luego Ceuta y Melilla y, si también se las diéramos, reclamaría Canarias”. Por eso, es raro encontrar a un militar que no aplauda la recuperación de Perejil, en 2002, a pesar de que la mayoría de los españoles ignorasen la existencia de este islote y la frase del entonces ministro de Defensa Federico Trillo (“al alba, con fuerte viento grueso de Levante”) suene más ridícula que épica. Ni un paso atrás, por tanto. Las “plazas menores” son la primera línea de defensa.

Y eso a pesar de que ellas mismas son indefendibles. En cada una de las tres guarniciones —islas Chafarinas, peñón de Alhucemas y peñón de Vélez de la Gomera— hay una sección de infantería (entre 25 y 30 militares) a las órdenes de un teniente. Además, cuentan con un equipo de la Compañía de Mar con alguna zódiac para apoyar la llegada de embarcaciones (solo las Chafarinas tienen muelle). Carecen de artillería y los mandos militares prefieren guardar silencio cuando se les pregunta si disponen de algún misil portátil.

Su mayor vulnerabilidad radica en la proximidad de la costa de Marruecos, a la que está unido por un istmo el peñón de Vélez de la Gomera, y en la lejanía de Melilla, de cuya comandancia dependen. Pero esta última carece de medios de transporte para reforzar las guarniciones en caso de emergencia. La Armada retiró hace años el patrullero que destacó en Melilla a raíz de la crisis de Perejil. Un remolcador se desplaza a la zona cada dos meses para trasportar el material pesado o peligroso, como el combustible. Lo mismo sucede con el helicóptero Chinook que cada cuatro o cinco semanas acude desde la base de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) en Colmenar Viejo (Madrid) para relevar a las tres guarniciones. Se estima que en cada relevo se mueven en torno a ocho toneladas.

Las FAMET tienen un helicóptero Cougar basado permanentemente en Melilla, pero es más pequeño que el Chinook y su misión es realizar evacuaciones médicas y llevar suministros urgentes. Además, para llegar hasta las “plazas menores” la aeronave tiene que sobrevolar suelo marroquí.

No sorprende, por tanto, que el Ejército intente que las tres guarniciones sean lo más autónomas posibles. Disponen de plantas desalinizadoras, grupos electrógenos y una planta fotovoltaica en Chafarinas, así como un botiquín atendido por un enfermero.

La vida es tediosa en las “plazas menores”. Hasta 2005 había visitas regulares de familiares de los mandos e incluso algún campamento de verano. Ese año hubo un verdadero motín en Chafarinas. Hasta 11 soldados fueron encausados por sedición después de que el teniente les castigara por la desaparición del GPS de un visitante. Para cortar de raíz el problema, el comandante general de Melilla ordenó suspender todas las visitas. Ahora solo excepcionalmente consigue un civil permiso para acercarse a zonas que en algún caso, como las Chafarinas, son auténticos paraísos naturales.

El peñón de Vélez de la Gomera, por ejemplo, está junto a una pequeña cala de piedra y un pueblo minúsculo al que solo se puede llegar por mar o por una pista de tierra de 20 kilómetros desde la carretera. Junto a la pequeña playa, por la que pasean gallinas y ovejas, hay algunas barcas de pescadores. A la izquierda se alza el peñón español, de 87 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto. Vélez fue una isla, pero está unido a tierra desde 1930, por lo que tiene una frontera terrestre con Marruecos.

Los soldados de Vélez, según la gente del pueblo, tampoco se relacionan con los marroquíes. Como en Chafarinas, y como en Alhucemas, cada uno se queda en su sitio. Fue en este lugar donde, el pasado 29 de agosto, siete activistas marroquíes colocaron cuatro banderas de su país. Las imágenes de lo ocurrido, en las que se podía ver a los militares españoles en pantalón corto y a alguno en chanclas, reflejaban que los militares no tienen mucho que hacer en ese peñón.

“A pesar de que no hay mucha actividad, antes eran destinos que no estaban mal”, recuerda Miguel Ángel Alonso. Él hizo la mili en el peñón en 1984 y pasó allí tres meses. “En esa época éramos en la isla entre 80 y 100 personas. Nos llamaban los de la piedra. Casi todo lo hacíamos por la mañana y después tratábamos de hacer ejercicio por la tarde. Se vivía bien. Había alguno que hacía tonterías, pero sabíamos que no podíamos cruzar a Marruecos, y todos los suministros llegaban de fuera”.

Cada guarnición procede de una unidad del Ejército en Melilla, que suministra los efectivos. Los militares destacados en Chafarinas pertenecen al Tercio Gran Capitán de la Legión; los del peñón de Alhucemas al Regimiento Mixto de Artillería número 32, y los de Vélez de la Gomera al Regimiento de Regulares número 52. Durante el tiempo que están en los peñones o las islas perciben una prima equivalente a la que cobran cuando están de maniobras, pero inferior a la de sus compañeros enviados a Líbano o Afganistán.

¿Es caro mantener las plazas menores de soberanía? Los mandos militares se encogen de hombros. “Es el chocolate del loro. Lo realmente caro es mantener Melilla, que tampoco tiene ningún interés estratégico, al contrario que Ceuta”, responden. Los militares destinados en Melilla cobran más que en la Península, pero su situación no es distinta de la de los médicos, maestros o cualquier otro funcionario.

“Ni se nos pasa por la cabeza”, contesta un miembro del Gobierno cuando se le pregunta por la posibilidad de ceder a Marruecos los peñones y las islas. ¿Y si desaparecieran del mapa como si nunca hubieran existido? “Eso sería otra cosa”. Nadie los echaría de menos.

Rouco Varela, esa voz ‘brillante’ de la iglesia católica

5 noviembre, 2012

Fuente: diario EL PAÍS

José Antonio Hernández | Madrid

El PSOE ha pedido formalmente a la Conferencia Episcopal que se sume a la movilización social contra el decreto del Gobierno del PP que excluye de la cobertura sanitaria pública a los inmigrantes sin papeles a partir del 1 de septiembre. José Martínez Olmos, portavoz socialista de Sanidad en el Congreso de los Diputados, contactó el pasado 14 de agosto a través de un correo electrónico con la Conferencia Episcopal, con acuse de recibo, para pedir una entrevista con su presidente, Antonio María Rouco Varela, y abordar en ese encuentro la situación que se va a generar cuando entre en vigor el decreto. Olmos proponía a la Iglesia católica aunar voluntades para evitar que se aparte de la sanidad pública a los inmigrantes irregulares.

“Aún no he obtenido respuesta”, señaló el socialista, que fue secretario general del Ministerio de Sanidad en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Olmos envió ayer un nuevo mensaje a Rouco insistiendo en la necesidad de ese encuentro para “informar a la Conferencia Episcopal sobre las consecuencias de esa decisión [del Gobierno]. “Puede condicionar un empeoramiento de la salud de personas con enfermedades crónicas graves y, en algunos casos, se puede comprometer seriamente la vida de determinados pacientes con cáncer e insuficiencia renal que requiera diálisis”, subraya la misiva dirigida a la máxima autoridad de la Iglesia católica en España.

A partir del 1 de septiembre, los inmigrantes irregulares —unos 150.000— dejarán de tener derecho a tarjeta sanitaria, y por tanto no podrán ser atendidos en ambulatorios u hospitales (aunque sí en urgencias). De esa exclusión solo se salvan los menores y mujeres embarazadas, que conservan el derecho a utilizar toda la red sanitaria pública. Se vuelve así a la norma que regía hasta el año 2000, cuando el entonces Gobierno del PP amplió el derecho a la asistencia sanitaria a todos los inmigrantes empadronados, tuvieran residencia legal o no.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha dicho cuánto ahorrará con esa medida, pero según cálculos aproximados de este periódico —teniendo en cuenta el gasto medio por paciente que maneja Sanidad— el ahorro sería de entre 100 y 200 millones.

La decisión de excluir a ese colectivo de la red sanitaria pública ha provocado el rechazo de parte de la ciudadanía y la profesión médica, hasta el punto de que cinco gobiernos autónomos —Andalucía, Cataluña, Asturias, Canarias y País Vasco— y más de mil médicos han anunciado que no la aplicarán. Una campaña de “objeción de conciencia” que el PSOE apoya. También una treintena de organizaciones católicas —entre ellas, Cáritas— , el principal grupo de acción caritativa católica en España— han criticado duramente el decreto del Gobierno.

“Excluir [de la atención sanitaria] por razones administrativas a personas de otra nacionalidad es una medida xenófoba y muy injusta, pues afecta a un derecho universal definido por la ONU y asumido por España. Es injusto e inhumano”, razona el socialista Martínez Olmos. Y advierte: “Este decreto también es una medida ineficaz desde el punto de vista sanitario. Que haya personas no cubiertas por las acciones preventivas y asistenciales de la sanidad hace que enfermedades prevenibles aparezcan por esa falta de cobertura y que algunas de ellas, las infecciosas o las mentales, perjudiquen al resto de la comunidad en la que estos inmigrantes conviven”. El PSOE señala también que si solo se deja a los sin papeles el recurso de acudir a urgencias, este servicio se saturará y eso conllevará “un mayor coste económico”.

Olmos recuerda que su partido ha planteado una alternativa para ahorrar 7.000 millones de euros en la Sanidad, entre otras medidas subiendo los impuestos del tabaco y del alcohol. E insiste en que “los inmigrantes usan menos la sanidad que los españoles”. No parece muy confiado en la respuesta de Rouco a su propuesta: “Es llamativo el silencio de la Iglesia ante cuestiones sociales importantes, como el problema de los miles de desahuciados, de las familias que tienen todos sus miembros en paro, la paralización de la Ley de Dependencia, el rescate a la banca y la amnistía fiscal a delincuentes. Y ahora, la exclusión sanitaria de inmigrantes. Solo reacciona si se le pide pagar el IBI o para cuestionar la asignatura Educación por la ciudadanía, la ley del aborto o el matrimonio homosexual”, lamenta el dirigente socialista.

El ‘milagro’ alemán

4 noviembre, 2012

Los empresarios quieren reformas y el ministro Guindos quiere repetir el milagro alemánde hace diez años, que significó para el ciudadano la posibilidad de trabajar en tres empleos diferentes para conseguir 1.000 euros. Así bajaron el paro en unos dos millones de personas.

Aquí ese milagro a todas luces se convertiría en la mano de obra barata europea —desde Lisboa hasta Atenas— para poder competir con las economías emergentes, entre ellas China.

España no es Alemania, ni en servicios, ni en prestaciones y mucho menos en sueldos; y la forma de emprender un negocio y las dificultades con las que se enfrenta un empresario ni por asomo se pueden comparar.

Yo no quiero ese milagro para mis hijas, antes las animo a irse fuera del país a buscarse las lentejas. Yo me conformo con la autarquía, prescindiendo de exigencias y presiones externas que no entienden de razones ni moral y vivir con austeridad, que no significa en absoluto vivir en la miseria. Otra cosa son los intereses que nuestros gobernantes tengan con la banca, la troika o quien sea, prescindiendo de la voluntad e intereses del ciudadano.

Pero cuando los pueblos miran con recelo a sus democracias y las ven como un enemigo a quien abatir, lo que viene detrás no será bueno para la mayoría.— Jerónimo da Silva Matz.