Campamento Dignidad, el corazón de la renta básica

Fuente: http://www.periodismohumano.com

Desde hace dos años, un colectivo social que nació en Mérida lucha por lograr la renta básica universal para toda la ciudadanía.

¿Es factible poner en marcha esta medida? Viajamos hasta el epicentro del movimiento

“Esta es nuestra oficina en la calle”. 12 del mediodía. Mes de agosto. Mérida. El sol se hace fuerte y pesa sobre las cabezas y los cuerpos invitando al refresco. Pero su ‘despacho’ –una mesa de camping con hojas informativas y de recogida de firmas, algún que otro bolígrafo y un pequeño cartel- no cierra. La lucha por la renta básica no tiene descanso ni sabe de horarios. En la puerta de una sede del Servicio Extremeño de Empleo (Sexpe), en Mérida, el Campamento Dignidad ha parapetado su resistencia, su presencia, su visibilidad.

“Llevamos en lucha constante desde hace dos años”, recuerda Manuel Cañada, uno de los miembros del Campamento. El nacimiento de este colectivo social convirtió esta esquina cualquiera en su sede, en su punto de encuentro y también el epicentro desde el que crecer. “Es nuestra casa, aquí comenzó todo el movimiento en Extremadura. Estuvimos 81 días acampados y es nuestra referencia”, confirma Ramón Carbonell, del colectivo.

Hacía frío aquellos primeros días de febrero de 2013, cuando sacaron las tiendas de campaña para confirmar que lo suyo iba en serio. Las cifras del paro, la falta de oportunidades, la desaparición de las ayudas… les llevó a exigir lo que consideran un derecho humano. Las inclemencias del tiempo no impidieron que cuajara una lucha social que se ha convertido en un referente en toda la región y también en el país, la de la renta básica.

Tres meses después del inicio de la acampada, concretamente el 23 de mayo de 2013, el Gobierno de Extremadura aprobó la “renta básica extremeña de inserción”. Alrededor de 22.000 personas la han solicitado desde entonces, se han tramitado unos 9.000 expedientes pero apenas 3.500 han sido aprobados. Casi dos de cada tres peticiones, uno de los proyectos estrellas del Gobierno de José Antonio Monago, están en el limbo burocrático. La aprobación de la ley no aflojó sus protestas. Más bien al contrario. “Nuestra reivindicación no es lo que se aprobó”, explica Petri Parejo, que cobra 399 euros tras casi un año de espera.

Con carácter universal

La propuesta inicial estaba escalonada en tres fases: primero que llegara a los parados sin cobertura, posteriormente a los que reciben distintos subsidios por debajo de 600 euros y finalmente que fuera universal. “En Extremadura han hecho una renta de inserción más. No hemos conseguido lo que queríamos, pero hemos logrado desbordar sus previsiones”, explica Cañada entre el entusiasmo y el malestar.

La renta básica tiene el matiz de universal por definición: “Es un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva”, explican en la web de la Red Renta Básica de Cataluña, uno de los primeros colectivos surgidos en el país sobre este asunto.

Entonces, ¿se puede definir la ley aprobada en Extremadura como una renta básica real? “Toma un huevo en una mano y una castaña en la otra: ¿se parecen? Creo que en nada. Lo que en el estatuto de Extremadura y en el de Andalucía se llama renta básica es un subsidio condicionado a determinadas situaciones”, responde el doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona y experto en la materia Daniel Raventós.

De Iniciativa Legislativa Popular a Podemos

La constante presencia en la calle del colectivo extemeño, que en un primer momento se identificó como Plataforma por la Renta Básica, ha vuelto a instaurar el debate sobre esta medida a lo largo y ancho del Estado español. Por ahora y tras ser admitida a trámite, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por el Movimiento Contra el Paro y la Precariedad-Por una Renta Básica Ya, trata de recoger las 500.000 firmas necesarias para llevar el tema al Congreso de los Diputados. El plazo finaliza en diciembre. “La renta básica es un eficaz instrumento de erradicación de la pobreza. Es una buena herramienta para luchar contra la precariedad laboral y conseguir la igualdad entre personas”, recoge una nota de prensa de esta ILP.

La propuesta que está sobre la mesa determina la cuantía de acuerdo con el umbral de pobreza, fijado en 645,33 euros mensuales, por el último Eurostat. ¿Cuáles son entonces los cálculos? “Groso modo, y sin quitar a los menores de edad de la ecuación, 47 millones de habitantes por 645 euros al mes es igual a 364.000 millones de euros al año”, apuntan desde la ILP. Y matizan: “De los gastos del Estado habría que descontar todas las prestaciones existentes por debajo de los 645 euros y calcular el ahorro en sanidad (menos enfermedades por una dieta y estilo de vida más saludable), seguridad (menor delincuencia), y educación (lo que puedan desarrollar los estudiantes), entre otros”.

Daniel Raventós, que lleva años trabajando en el tema, tiene claro que la creación de una renta básica es totalmente factible con otra política económica y con un importante cambio fiscal; incluso ha presentado cálculos para Cataluña. Y aclara: “Que todo el mundo reciba la renta básica no quiere decir que todo el mundo gane. Los ricos pierden en las propuestas de financiación políticamente interesantes. En el proyecto de financiación que realizamos algunos miembros de la Red Renta Básica para Cataluña en el año 2010, el 60 por ciento de la población con menos renta se beneficiaba con la renta básica, un 15 por ciento quedaba aproximadamente igual, y el 15 por ciento más rico perdía”.

Podemos, la plataforma política que ha revolucionado el bipartidismo imperante de los últimos años, lleva el tema en su programa lo que ha generalizado el debate al respecto. Un asunto que aparece esporádicamente en la agenda política y mediática (ha sido abordado en los parlamentos autonómicos de Andalucía y Cataluña y también en el Congreso hace unos años) y ha tomado un nuevo impulso en los últimos meses. Que “La renta básica no reemplaza al Estado de bienestar, sino que trata de adaptarlo a la nueva realidad socio-económica”, recoge el ‘Documento final del programa colaborativo’ de Podemos. La medida podría costar, según los cálculos de la organización, unos 145.000 millones de euros al año.

El asunto no es exclusivo de España. En Suiza está previsto un referendo sobre una renta mínima mensual de unos 2.000 euros para toda la ciudadanía, tenga o no empleo. Y en Alaska, una de las zonas con menos desigualdad de Estados Unidos, también existe una medida similar para todas las familias.

Camino inverso

Subsidios similares al extremeño existen en todas las comunidades autónomas. Pero la trayectoria avanza en sentido inverso a la universalidad. “Al final es un mecanismo para controlar y dividir a los pobres de solemnidad y al resto de la gente. Pero desde 2007 hay muchos nuevos pobres y ese mecanismo de rentas mínimas de inserción que hasta ahora funcionaba está saltando por los aires, porque ha cambiado la relación entre los viejos y los nuevos pobres”, analiza Cañada, que fue secretario general de Izquierda Unida en Extremadura. Ese camino inverso parece que se ha acentuado en los últimos días. El Gobierno de José Antonio Monago está tramitando un nuevo decreto que, de momento, ha paralizado la tramitación de nuevos expedientes.

La oficina de Mérida está en plena vorágine. “Tenemos que buscar alianzas con los iguales. Queremos que se vea la renta básica como una cuestión de derechos humanos”, explican a la puerta del Sexpe. Las movilizaciones, las acciones, las protestas y las reclamaciones se suceden. La renta básica fue su reivindicación inicial, ampliada ahora al reparto de alimentos, los comedores escolares o la lucha contra los desahucios. Incluso fueron el germen, junto con el SAT de Andalucía y el Frente Cívico, de las Marchas por la Dignidad que llegaron a Madrid desde diferentes puntos del país el pasado 22 de marzo.

El proceso parece largo pero se vislumbran algunos resultados, empezando por el empoderamiento. “De parados a asesores”, resume Jesús, que llegó al Campamento Dignidad pidiendo ayuda para frenar su desahucio y ha negociado ya con varias entidades financieras para impedir los de otras personas. “Tienes que apropiarte de las leyes”, afirma con una sonrisa. Desde el Campamento aseguran, incluso, que los servicios sociales les envían a personas para que ellos les asesoren. Aunque la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mérida, Ana Blanco, lo niega e incluso considera que lo que hacen es “malinformar”, pues “dijeron a la gente que podían solicitar la renta básica todos los miembros de la familia y el sistema se colapsó”, apunta en conversación telefónica.

Campamento Dignidad es uno de los mayores movimientos ciudadanos en Extremadura, una región relegada a los últimos lugares cuando se habla de estadísticas de riqueza o de ingresos. Y es que, la ciudadanía extremeña cuenta con una renta per cápita de 16.700 euros, lejos de los 22.700 euros de media estatal; y un 34 por ciento de la población residente está en riesgo de pobreza, el porcentaje más alto de todo el país.

Han surgido réplicas en otras localidades extremeñas y el movimiento se ha extendido. Por el camino, repleto de obstáculos, se suceden varios juicios pendientes por escraches, por interrumpir una emisión de la televisión regional, por ocupaciones,  dificultades para encontrar empleo por su exposición pública. Tampoco faltan las anécdotas, como la de quien llegó con el carné del Partido Popular en la mano y hoy es una de las personas más activas. Campamento Dignidad sigue a pie de calle, su oficina está abierta, hace ya casi dos años que no dejan su esquina.

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