Crueldades admitidas

Fuente: EL PAÍS SEMANAL

Los bancos, durante decenios, no sólo permitieron el demencial endeudamiento de los ciudadanos, sino que lo fomentaron

Tuve una pesadilla, y aunque no soporto la aparición de sueños en las novelas ni en las películas, como esto no es ni lo uno ni lo otro, ahí va resumido: era de noche y estaba en la fría ciudad de Soria, en la que pasé muchos veranos de mi infancia y en la que luego, durante doce años, tuve alquilado un piso muy querido, que dejé hace tres por causa de un Ayuntamiento desaprensivo. Me iba a ese piso para dormir allí, pero me daba cuenta de que ya no tenía llave y de que ya no existía, convertido ahora en una pizzería o algo por el estilo. Pensaba en irme entonces al de mi niñez, pero aún hacía más tiempo que no disponía de él. Un hotel, en ese caso, pero estaban todos llenos, y además yo vestía inadecuadamente (me abstendré de dar detalles).

La respuesta a la pregunta “¿Dónde iré?” fue la inmediata salida de esa ciudad y la tentativa de entrar en otras casas en las que he vivido. Una de Barcelona en la que me recibió una mujer, una de Venecia en la que me acogió otra, una de Oxford en la que pasé dos años, otra de Wellesley, un par de pisos que tuve alquilados en Madrid hace siglos. Ninguno existía ya, pasaron a ser pasado. Los lugares a los que uno se encaminó centenares de veces después de una jornada, que uno ocupaba con relativa tranquilidad, de los que poseía llaves, “de pronto” ya no estaban a mi disposición, habían ­desaparecido. Si entrecomillo “de pronto” es con motivo: en el sueño no había lento transcurso del tiempo, como lo hay en la vida; estaba todo comprimido, superpuesto, todos mis “hogares” eran uno y el mismo, y en ninguno tenía cabida. Me obligué a despertar, me daba cuenta de que soñaba pero no lograba salirme de la sensación de pérdida y caducidad, de ver clausurados los sitios que en otras épocas eran accesibles y hasta cierto punto eran “míos” (en realidad ninguno lo era, de ninguno había sido yo propietario, sólo inquilino o invitado).

Centenares de millares de pisos están desocupados, se deterioran, entran ladrones a llevarse hasta los grifos.

Cuando, ya levantado, conseguí sacudirme el malestar y el desamparo, no pude por menos de pensar en los millares de personas para las que ese mal sueño es una verdad permanente. De todas las injusticias y desafueros, de todas las crueldades cometidas en este largo periodo, bajo los Gobiernos de Rajoy y de Zapatero, quizá la mayor sean los desahucios. Hay cosas en las que la legalidad debería ser secundaria, o en las que su estricta y ciega aplicación no compensa, porque las ­consecuencias son desproporcionadas. Hace ya mucho escribí aquí que los españoles estaban muy confundidos al considerar poco menos que un “derecho” tener una vivienda en propiedad. Me escandalicé de que gente con empleos precarios suscribiera hipotecas a treinta, cuarenta y aun cincuenta años. Expuse mi perplejidad ante la aversión de mis compatriotas a alquilar, con el argumento falaz y absurdo de que así tira uno el dinero. ¿Cómo va uno a tirarlo por hacer uso de algo? Sería como decir que lo tira por comprarse un coche que no va a durar toda la vida (y gastar en gasolina), o por comer, o por pagar la ropa que indefectiblemente se desgastará y habrá que desechar algún día. Pero lo cierto es que los bancos, durante decenios, no sólo permitieron el demencial endeudamiento de los ciudadanos, sino que lo alentaron y fomentaron. Y, cuando demasiados individuos no pudieron hacer frente a las abusivas hipotecas, se iniciaron los desahucios, que aún prosiguen. Las circunstancias de las personas no han importado: a los bancos y a los Gobiernos les ha dado lo mismo echar de su hogar a una anciana que sólo aspirara a morir en él que a una familia con niños pequeños. “Están en su derecho”, y lo ejercen. Pero ¿para qué?

La mayoría de los pisos de los que sus medio-dueños han sido expulsados no sirven de nada. Los bancos y las inmobiliarias han sido incapaces de revenderlos ni de hacer negocio, y si han podido los han malvendido. Centenares de millares de ellos están desocupados, empantanados, se deterioran, entran ladrones a llevarse hasta los grifos o se convierten en botín de okupas, a menudo devastadores. El daño infligido a las personas desalojadas –que tenían voluntad de cumplir, que llevaban tiempo habitándolos, que los cuidaban, que simplemente no podían satisfacer los plazos por haber perdido su empleo, y que habrían continuado con ellos a cambio de un alquiler modesto– es desmesurado respecto al beneficio obtenido –si lo hay– por los acreedores. Es, por lo tanto, un daño gratuito e innecesario, un daño sin resarcimiento, y a ese tipo de daño se le ha dado siempre el nombre de crueldad, no tiene otro. No es comparable con el del casero que echa a un vecino por no abonarle el alquiler: gracias a su medida puede encontrar otro inquilino que sí le pague, y no lo condene a perder dinero. Pero la gran mayoría de los pisos de desahuciados se subastan a precios irrisorios, o se pudren abandonados, y los bancos los ven como un lastre y apenas sacan ganancia. No hay nada que justifique –ni siquiera explique– el inmenso perjuicio causado a los expulsados. Ellos sí que se ven de repente sin llaves, ellos sí que pierden su hogar, y se quedan a la intemperie.

elpaissemanal@elpais.es

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