La sombra del franquismo en la Transición española

Fuente: http://www.rafaelnarbona.es

El general Franco murió en la cama, pero España no era un país resignado a la dictadura, sino una de las naciones de Europa con más agitación social y estudiantil. Conviene recordar que en 1976 hubo 1.438 días de huelga por cada 1.000 trabajadores, cuando la media en la Comunidad Europea era de 390 días. En los sectores industriales, la cifra se disparó hasta los 2.085 días, lo cual significó que se perdieran 150 millones de horas de trabajo. El Tribunal de Orden Público trabajó sin descanso entre 1970 y 1975, abriendo 12.000 procesos. Esa tendencia represiva aún está presente en el primer gobierno de la Monarquía, cuando el Consejo de Ministros presidido por Arias Navarro aprueba la militarización de todos los empleados de Correos, Telégrafos, Telefónica, Ferrocarriles, agua, gas y electricidad. A pesar de la medida, prosiguen las movilizaciones y los sectores más aperturistas del régimen se muestran partidarios de avanzar hacia la democracia. Juan Carlos I nombra Presidente de Gobierno a Adolfo Suárez, que asumirá el compromiso de cambiar y modernizar España.

La Transición reconoció la libertad de expresión e información, legalizó los partidos políticos –incluido el PCE-, implantó el sufragio universal y garantizó los derechos fundamentales de una sociedad democrática. Negar o minimizar esos logros es una insensatez. Desgraciadamente, los militares y policías implicados en asesinatos y torturas se beneficiaron de una amnistía sin fundamento jurídico, pues los crímenes contra la humanidad nunca prescriben y no se puede invocar la soberanía de un país para exonerar a los responsables. También se beneficiaron de la amnistía los presos de ETA. La mayoría volvieron a las armas, situándose otra vez fuera de la ley. Era previsible, pero en cambio resulta inaceptable que conocidos torturadores como Manuel Ballesteros, alto cargo de la Brigada Político Social, retomaran su carrera de funcionarios públicos. Ballesteros había participado personalmente en numerosos interrogatorios, incluido el del dirigente comunista Antonio Palomares, sometiéndole repetidas veces al “tostadero” (un somier metálico conectado a la electricidad que causaba dolorosas descargas). Palomares, futuro diputado de las Cortes valencianas, no delató a sus compañeros, pero pagó un alto precio: tres vértebras soldadas, el diafragma deformado, graves alteraciones respiratorias y dos centímetros menos. Corría el año 1968. Otros detenidos que pasaron por las manos de Ballesteros relatan simulacros de ejecución, descargas eléctricas, costillas fracturadas, dedos rotos, vejaciones sexuales, asfixia inducida con una bolsa de plástico. En 1982, José Barrionuevo, Ministro del Interior del gobierno de Felipe González, le nombró Jefe de Operaciones Especiales y le situó al frente de la guerra sucia contra el terrorismo. En 1985, la Audiencia de Bilbao le acusó de organizar el ametrallamiento del bar “Hendaya”, donde murieron dos personas y otras diez resultaron gravemente heridas. Aunque la Audiencia de Bilbao condenó a Ballesteros, el Tribunal Supremo le absolvió. Cuando fallece en 2008, el ABC y El País le elogian por su papel en la lucha antiterrorista.

No es el único caso. Roberto Conesa Escudero, jefe de la Brigada Político Social, colaboró activamente con Rodolfo Martín Villa durante su período como Ministro de la Gobernación. El historial de Conesa es sobrecogedor. En 1939, se infiltra en el Socorro Rojo Internacional, consiguiendo la detención de varias jóvenes, la mitad de ellas militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas. Se trata de las “Trece Rosas”, un grupo de muchachas con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años, que serán fusiladas el 5 de agosto de 1939 en una tapia del Cementerio de la Almudena de Madrid, después de ser torturadas y condenadas en un juicio sumarísimo, sin ninguna clase de garantía legal. Conesa también participa en la detención de Heriberto Quiñones, responsable de la organización clandestina del PCE. Fusilado el 2 de octubre de 1942, Quiñones no puede sostenerse en pie, pues le han roto la columna vertebral durante los interrogatorios. Atado a una silla, muere gritando “¡Viva la Internacional Comunista!”. A principios de los 50, Conesa se marcha a la República Dominicana para instruir a los “escuadrones de la muerte” de Rafael Leónidas Trujillo, un sátrapa sin escrúpulos que en 1937 organizó el exterminio de 30.000 inmigrantes negros de origen haitiano y liquidó a más de 20.000 opositores durante sus treinta años de gobierno. Cuando un atentado acaba con la vida del dictador en 1961, Conesa regresa a España y recupera su cargo de policía. En 1977, consigue la liberación de Emilio Villaescusa, presidente del Consejo de Justicia Militar, y de Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado, ambos secuestrados por los GRAPO. La prensa empieza a llamarle “superagente” y “supercomisario” y se le concede la Medalla de oro al Mérito policial.

Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”, es el discípulo más aventajado de Conesa. Destinado a la Brigada Central de Información, el ala más dura de la represión en los primeros años de la Transición, se hace famoso por su brutalidad en los interrogatorios. En 1977, Rodolfo Martín Villa le concede la Medalla de plata al Mérito Policial, organizándole una cena de homenaje. La condecoración le deja a un escalón de Conesa, su maestro y mentor. No es el único torturador franquista que sube en el escalafón policial con la democracia. Los tres agentes que en 1969 asesinaron al estudiante de derecho Enrique Ruano recibieron numerosas condecoraciones después de 1975. Francisco Luis Colino, Jesús Simón Cristóbal y Celso Galván torturaron hasta la muerte a Ruano por su pertenencia al Frente de Liberación Popular. Después arrojaron el cadáver por una ventana, alegando que se había suicidado. El diario ABC publicó un falso diario del estudiante, que mostraba signos de desequilibrio mental y supuestas tendencias suicidas. Años más tarde, Torcuato Luca de Tena admitiría públicamente que Manuel Fraga, Ministro de Información y Turismo, le coaccionó para que participara en el complot. El padre de Ruano habló con Fraga por teléfono, pidiéndole explicaciones. El ministro le recordó que tenía otra hija y que debería preocuparse por su bienestar. Durante el gobierno de Felipe González, Celso Galván llegaría a ser escolta de la Casa Real, Jesús Simón Cristóbal se convertiría en comisario de Torrejón de Ardoz y Francisco Luis Colino ocuparía un importante cargo en la Delegación del Gobierno de Madrid. Nunca manifestaron el menor signo de arrepentimiento o pesar por su crimen. En 2005, Juan Antonio Gil Rubiales fue nombrado Jefe del Cuerpo Nacional de Policía en Santa Cruz de Tenerife. En 2008, se le enterró con honores y se le concedió la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo.

Durante los años de la Transición, la impunidad policial es la nota dominante, lo cual contribuye a exacerbar el clima de violencia. El 3 de junio de 1979, el guardia civil José Martínez Salas mató de un disparo a la ecologista venezolana Gladys del Estal, mientras protestaba en Tudela (Navarra) contra la Central Nuclear de Lemóniz y el Polígono de tiro de Bárdenas. Según algunos testigos, el agente disparó a sangre fría. En cambio, la justicia consideró que el disparo fue accidental. El agente fue condenado a dieciocho meses por imprudencia, pero sólo cumplió una mínima parte de la condena. Algo parecido ocurrió con el comisario José Matute, que en 1975 torturó hasta la muerte a Antonio González, militante del Partido de Unificación Marxista de Canarias, y que casi acabó con la vida de Manuel Trujillo Ascanio, afiliado a la Liga Comunista Revolucionaria. Matute  se benefició de la Amnistía de 1977 y en 1983 participó en los registros masivos del Barrio del Pilar, buscando al comando de ETA que había secuestrado a Diego Prado y Colón de Carvajal. Esta clase de tragedias se repetían con una frecuencia escalofriante. En 1978, el anarquista Agustín Rueda fue apaleado hasta la muerte por un grupo de funcionarios de la Cárcel de Carabanchel. El director y los médicos ocultaron los hechos, pero el caso salió a la luz y fueron juzgados. Ninguno de los inculpados permaneció más de ocho meses en prisión.

El 3 de marzo de 1976 se produjo uno de los acontecimientos más trágicos de la Transición. La Policía Armada disparó contra los obreros en huelga que se habían refugiado en una iglesia de Vitoria-Gasteiz. No era una protesta política, sino laboral. Murieron seis trabajadores, uno de ellos con 17 años (Francisco Aznar Clemente) y otro con 19 (Romualdo Barroso Chaparro). Nunca se juzgó a los autores materiales ni a los que autorizaron abrir fuego: Manuel Fraga Iribarne, Rodolfo Martín Villa y el general Campano, director de la Guardia Civil. El 6 de junio de 2011 el PP, el PSOE y UPyD impidieron con sus votos en el Parlamento vasco que se reconociera a los trabajadores asesinados como “víctimas del terrorismo”. A los pocos días de la tragedia, Lluis Llach compuso una hermosa canción, “Campanades a mort”, que rendía un homenaje a los caídos.

Las víctimas de la represión policial casi siempre fueron jóvenes con conciencia política y social. Javier Verdejo, estudiante de biología en la Universidad de Granada y militante de la Joven Guardia Roja, rama juvenil del Partido del Trabajo de España (PTE), sólo tenía 19 años, cuando murió tiroteado en la madrugada del 13 al 14 de agosto de 1976. Su delito consistió en realizar una pintada en los muros del Balneario de San Miguel de Almería. Su propósito era escribir “Pan, Trabajo y Libertad”, pero sólo pudo pintar “Pan, T”. Unos compañeros vigilaban y le avisaron de la aparición de la Guardia Civil. Todos huyeron, dispersándose en distintas direcciones. Javier corrió hacia la playa e intentó esconderse en una caseta, pero un agente acabó con su vida. La versión oficial afirmó que había sido un desgraciado accidente. El guardia “tropezó y su arma, un Z-62, se le disparó”. Sin embargo, los compañeros de Javier aseguraron que el tiro se efectuó de frente y a cuatro o cinco metros de distancia. El padre de Javier, Guillermo Verdejo Vivas, había ejercido de alcalde de Almería durante la dictadura franquista y declinó realizar una denuncia. El entierro de Javier Verdejo convocó a 2.000 personas que trasladaron el féretro a hombros durante cuatro kilómetros. Más tarde, se concentraron en la Plaza de San Pedro, exigiendo justicia. Rafael Alberti le dedicó un poema: “Pintad con mano segura, la Libertad en la luz, no en una prisión oscura”. Juan de Loxa escribió con rabia e impotencia: “Pan y Trabajo, siempre se escapa el tiro pa los de abajo, que mala pata no les saliera el tiro por la culata”. Otros artistas manifestaron su solidaridad con canciones y acuarelas.

En esa época, morir en una manifestación era una posibilidad nada remota. Arturo Ruiz era un estudiante de 19 años que perdió la vida el 23 de enero de 1977, cuando un ultraderechista argentino, que militaba en la Triple A, le pegó un tiro en un callejón de la Gran Vía. Al día siguiente, María Luz Nájera, de 21 años y estudiante de Ciencias Políticas y Sociología, murió a consecuencia de las heridas provocadas por un bote de humo que impactó en su cabeza a corta distancia, de acuerdo con las conclusiones de la autopsia. El 24 de enero de 1977 un comando ultraderechista asaltó el despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras, situado en el número 55 de la calle Atocha, y asesinó a sangre fría a cinco personas. Otras cuatro, quedaron gravemente malheridas. Suárez consideró una prioridad detener a los asesinos, que ni siquiera habían huido de Madrid, confiados en que el gobierno miraría hacia otro lado. Se identificó a los autores materiales y a sus cómplices. Condenados por la Audiencia Nacional a penas que sumaban 464 años de cárcel, siempre se consideró que los planificadores de la masacre se libraron de la justicia. Jaime Sartorius, abogado de la acusación particular, declaró años más tarde: “Faltan las cabezas pensantes. No nos dejaron investigar. Para nosotros, las investigaciones apuntaban hacia los servicios secretos, pero sólo apuntaban. Con esto no quiero decir nada”. Los crímenes no cesaron. Manuel José García Caparros, un joven malagueño y militante de Comisiones Obreras, murió de un disparo de la Policía Armada el 4 de diciembre de 1977, mientras intentaba izar una bandera andaluza en la Diputación Provincial de Málaga. El 16  de noviembre de 1995 el Ayuntamiento de Málaga le dedicó una calle y en 2013 se le nombró Hijo Predilecto de la Provincia a título póstumo. En cambio, Javier Verdejo nunca ha recibido un homenaje o un desagravio.

El 8 de julio de 1978 los antidisturbios dispararon a bocajarro contra el estudiante Germán Rodríguez en Pamplona, causándole la muerte. El disparo le perforó la frente. No se juzgó a los responsables. Podría citar los nombres de otras víctimas, pero creo que la tragedia de Yolanda González simboliza el sufrimiento de toda una generación de jóvenes que lucharon por la libertad y el fin de la dictadura. Yolanda González nació en Bilbao el 18 de enero de 1961. Hija de una familia obrera, militó brevemente en la Liga Comunista Revolucionaria. En octubre de 1979 participó en la fundación del Partido Socialista de los Trabajadores. Se trasladó a Madrid, buscando un porvenir. Se matriculó en el Centro Profesional de Vallecas y consiguió trabajo como empleada de hogar. Delegada de la Coordinadora Estudiantil de Madrid, adquirió en seguida el reconocimiento de sus compañeros de lucha política, que apreciaron su capacidad de liderazgo. Secuestrada por Emilio Hellín e Ignacio Abad, apareció con tres disparos en la cabeza en una cuneta cerca de San Martín de Valdeiglesias. Los asesinos pertenecían a Fuerza Nueva. Ambos fueron detenidos quince días más tarde. Hellín declaró que la orden había partido de Martínez Lorca, ex guardia civil, jefe de seguridad de Fuerza Nueva y estrecho colaborador de Blas Piñar. El atentado fue reivindicado por el “Grupo 41″ del Batallón Vasco. Algo más tarde, se descubrió la implicación de Juan José Hellín, hermano de Emilio y miembro de la Guardia Civil, y del policía nacional Juan Rodas Crespo. Emilio Hellín relató que antes de matar a Yolanda, le dijo al oído: “Aquí se acabó el paseo, roja de mierda”. Después de golpearla salvajemente, la obligó a bajar del coche y le disparó dos tiros en la cabeza. Ignacio Abad le propinó un tercer tiro de gracia. Yolanda acababa de cumplir 19 años. El entonces diputado Juan Barranco declaró: “Este asunto se achaca en su superficie a elementos de la extrema derecha, pero va más allá y se relaciona con instituciones del Estado”. Siempre se sospechó que detrás del crimen se encontraba la Brigada Especial Operativa, dirigida por el comisario Manuel Ballesteros.

No quiero dejar de mencionar el caso Almería. El 10 de mayo de 1981 aparecieron los cuerpos calcinados de tres jóvenes en un barranco de la carretera de Gérgal. La Guardia Civil aseguró en un primer momento que se trataba de tres militantes de ETA, pero en realidad eran tres trabajadores (Juan Mañas Morales, Luis Montero García y Luis Manuel Cobo Mier) que habían sido confundidos con los miembros de un comando. El teniente coronel Carlos Castillo Quero ordenó el traslado de los detenidos a un cuartel abandonado en Casafuerte (Almería), donde once agentes participaron en una sesión de torturas que finalizó con la muerte de los tres jóvenes. Después de descubrir el error, intentaron borrar las pruebas, introduciendo los cadáveres en el Ford Fiesta en el que viajaban y arrojándolo por un barranco, no sin antes quemarlo y tirotearlo. Pese a la versión oficial de Juan José Rosón, Ministro del Interior, según el cual el coche de las jóvenes se había precipitado al vacío durante un intento de fuga, sale a la luz toda la verdad, pero sólo se procesa y condena a tres agentes, incluido el teniente coronel Quero, que en 1987 ya disfruta del tercer grado y en 1992 queda en libertad condicional. La familia de Juan Mañas ha solicitado inútilmente a diferentes organismos que los tres jóvenes torturados y asesinados sean reconocidos como víctimas del terrorismo.

En esos años, los atentados de ETA y los GRAPO no fueron menos deleznables y desestabilizadores. La sombra del franquismo se mezcló con la retórica revolucionaria de la extrema izquierda para boicotear el proceso democrático, alegando que la reforma era innecesaria o insuficiente. Lo que hoy se llama “régimen del 78” no constituyó la realización histórica de una utopía, pero abrió paso a una época de derechos y libertades, con algunas zonas grises impropias de un sistema democrático (régimen de incomunicación, ficheros FIES, corrupción política, abusos policiales). Hasta el cese de la actividad criminal de ETA el 20 de octubre de 2011, la sociedad española convivió con el tiro en la nuca y el coche bomba. El 23-F y los crímenes del GAL son el reflejo deformado de un pistolerismo disfrazado de gesta revolucionaria. Desde un punto de vista ético, no hay argumentos para absolver a los asesinos de José María Lacalle o Fernando Múgica, ni para justificar a los verdugos de Lasa y Zabala, enterrados en cal viva después de ser brutalmente torturados en el cuartel de Intxaurrondo. Sólo cuando logremos construir un relato objetivo de unas décadas particularmente convulsas, podremos afirmar que hemos honrado a las víctimas del odio y la intransigencia. Esconder, justificar o negar los hechos, no ayuda a mejorar la convivencia de un país que aún no ha superado las heridas de la guerra civil.

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