Consecuencias inesperadas del caso Cassandra

Fuente: http://www.eldiario.es

La sentencia del Tribunal Supremo que revocó la absolución de Cesar Strawberry debería tener consecuencias procesales inesperadas para los delitos de enaltecimiento y humillación a víctimas del terrorismo.

Al no ser necesaria la intención especifica de cooperar con una banda armada, la Audiencia Nacional carecería de competencia para estos casos

Teniente Kaffee

02/04/2017 – 19:38h

Tuit de Cassandra en el que denunciaba la petición del fiscal
Tuit de Cassandra en el que denunciaba la petición del fiscal

Esta semana, se ha publicado la sentencia sobre un asunto al que ya le dediqué en su día un artículo: el de la usuaria de Twitter llamada Cassandra (@kira_95), juzgada por la Audiencia Nacional por un delito de enaltecimiento del terrorismo, en su modalidad de humillación a las víctimas.

Una vez que el público en general ha tenido acceso al texto íntegro de la sentencia, que todavía no es firme, hay muchas cuestiones que analizar y discutir, al margen de los hechos concretos del caso.

En primer lugar, se ha discutido en instancias políticas sobre la misma existencia del tipo penal de enaltecimiento del terrorismo, que se encuentra en el artículo 578 del Código Penal. En realidad, deberían preguntárselo a los integrantes del bipartidismo vigente en este país desde la Transición. Porque, aunque la redacción actual se introdujo en 2015, gobernando el PP, dicha reforma se limita a elevar las penas e introducir subtipos agravados, como el de difusión por Internet. Pero el núcleo del delito está vigente desde 2000, y sobrevivió a dos legislaturas de gobiernos socialistas sin que se modificara ni una coma.

¿Debe existir un tipo de enaltecimiento del terrorismo? En el momento en que apareció el tipo penal, rotundamente sí. No sólo era un momento en que la banda terrorista ETA estaba en plena actividad, es que el clima social en el que vivían las víctimas de sus crímenes era simplemente irrespirable.

¿Quieren un ejemplo? Salvador Ulayar, alcalde que fue del pueblo de Etxarri-Aranatz por la UCD. El 27 de enero de 1979, un pistolero de la banda lo mató a tiros. ¿Saben cómo reaccionó el consistorio, gobernado por una coalición nacionalista, cuando su asesino salió de prisión a finales de los años noventa? Nombrando al asesino hijo predilecto de la villa. Pero aún hay más. En el mismo lugar donde se segó aquella vida, la corporación municipal decidió colocar una señal inconfundible de su parecer sobre el crimen: un contenedor de basura.

Hoy en día, el terrorismo del Daesh tiene, como una de las columnas que sustentan su estrategia, la propaganda de sus acciones a través de Internet, con técnicas cinematográficas propias de películas palomiteras, al estilo Michael Bay y la factoría Bruckheimer. En muchos de sus vídeos, se recrean en las carnicerías que cometen sobre sus víctimas, como quemarlas vivas o degollarlas. Difundir ese material es completamente nocivo para la sociedad, porque ayuda a estos criminales a conseguir sus fines. Ahí cabe la aplicación de este delito en la actualidad.

La cuestión es, como siempre he defendido en este rincón, que se trata de un tipo penal que hay que manejar con un cuidado exquisito, porque la línea que separa los actos punibles de las simples expresiones de mal gusto es muy delgada. Para evitar cruzarla, el Derecho Penal tiene que ser un escalpelo, no un martillo pilón.

¿Disponemos de una guía los profesionales del Derecho, que nos permita operar con la necesaria precisión? Podría serlo la reciente resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, para proponer una directiva comunitaria de lucha contra el terrorismo que sustituya a la actual Decisión Marco, de 2005. Es tan esclarecedora, que no me puedo resistir a transcribirles algunos párrafos (las negritas son mías):

Considerando nº 10: Los delitos de provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo comprenden, entre otros, la apología y la justificación del terrorismo o la difusión de mensajes o imágenes, ya sea en línea o no, entre ellas las relacionadas con las víctimas del terrorismo, con objeto de obtener apoyo para causas terroristas o de intimidar gravemente a la población. Esta conducta debe tipificarse cuando conlleve el riesgo de que puedan cometerse actos terroristas. En cada caso concreto, al examinar si se ha materializado ese riesgo se deben tener en cuenta las circunstancias específicas del caso, como el autor y el destinatario del mensaje, así como el contexto en el que se haya cometido el acto.

Considerando nº 40: La expresión pública de opiniones radicales, polémicas o controvertidas sobre cuestiones políticas delicadas queda fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva y, en especial, de la definición de provocación pública a la comisión de delitos de terrorismo.

En fin, tendrá que ser el Tribunal Supremo el que dilucide si la sentencia de la Audiencia Nacional sigue estos criterios que Europa nos impone, o si seguimos a nuestro aire, y esperamos a que algún tribunal internacional nos pegue un revolcón que nos deje con las vergüenzas al aire, como ya sucedió con el asunto de la llamada “doctrina Parot”.

Y esta es otra cuestión que me saca de mis casillas. En principio, dada la entidad de la pena de prisión solicitada, el caso de Cassandra y otros similares deberían haber ido a un juzgado de lo penal, en el que hubiera cabido recurso de apelación contra la sentencia. Sin embargo, la elevada pena de inhabilitación que contempla el 579 bis nos aboca necesariamente a un juicio de audiencia, ante tribunal colegiado de tres magistrados, y sin más recurso que el de casación.

La diferencia entre la apelación y la casación es que la primera permite que el tribunal que conoce el recurso vuelva a examinar los hechos, al considerarse una segunda instancia plena, cosa que no sucede cuando es el Supremo el que interviene. Por esta razón, a España ya le han obligado hace años a crear una sala de apelaciones contra las sentencias dictadas por tribunales colegiados, ya que lo contrario vulnera los derechos humanos.

Está previsto en la ley desde 2003, tanto para la Audiencia Nacional (que tendrá su propia sala de apelaciones), como para los Tribunales Superiores de Justicia, que conocerán de las apelaciones contra sentencias dictadas por audiencias provinciales. Sin embargo, no busquen tal órgano judicial en su palacio de justicia más cercano: no existe. Nunca se ha presupuestado dinero para ello, ni se han creado las plazas, ni se han designado magistrados que las ocupen. Parece ser que en breve se va a dotar de medios para ello. Que las sentencias de Gürtel y otras tramas corruptas estén a punto de salir debe de ser pura casualidad, como apuntaba certeramente Elisa Beni hace poco.

Por ir terminando, al hilo de este juicio se ha llegado a plantear, una vez más, la necesidad de la subsistencia de un tribunal como la Audiencia Nacional, a la vista de que la actividad de ETA prácticamente ha desaparecido. Sin ir más lejos, la citada Elisa Beni planteó la cuestión ayer mismo en este diario.

En realidad, al margen de que hay otras salas en la AN, como la de lo contencioso, o la de lo social, que son indispensables para el funcionamiento de sus respectivos organigramas judiciales, hay que examinar detalladamente el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial antes de sacar conclusiones apresuradas.

Las competencias en materia penal que contempla dicho artículo, como los delitos cometidos por bandas organizadas, incluyendo los de tráfico de drogas y los fraudes que afecten a varias provincias, o los delitos cometidos en el extranjero, sólo pueden ser afrontados por un órgano de jurisdicción nacional. En realidad, en dicho artículo no se habla por ningún lado de competencias en materia de terrorismo. ¿Y de dónde viene tal atribución a la Audiencia Nacional? De la Disposición Transitoria de la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que al margen de las competencias que ya tiene, le encarga, literalmente, de:

“[…] delitos cometidos por personas integradas en bandas armadas o relacionadas con elementos terroristas o rebeldes cuando la comisión del delito contribuya a su actividad, y por quienes de cualquier modo cooperen o colaboren con la actuación de aquellos grupos o individuos.”

¿Ven ustedes a Cassandra incluida en alguna de esas categorías? Ni de broma, con perdón de la expresión. Sin embargo, hasta hace bien poco, podía considerarse que la actitud de los que enaltecen el terrorismo o humillan a las víctimas del mismo, de alguna manera, entra en el cajón de sastre que supone ese “de cualquier modo cooperen o colaboren”, pues no se requiere pertenencia a la banda. Así se vio, exclusivamente en términos de competencia, por ejemplo, con la sentencia que ratificó la condena a Mikel Otegi por el asesinato de dos ertzainas en 1997, época en la que aún no estaba integrado en ETA.

Todo eso valía hasta la sentencia Strawberry, claro está. Ese día, el Tribunal Supremo dejó bien claro, negro sobre blanco, y para pasmo de muchos, yo mismo incluido, que no es precisa una intención de colaborar con los fines de una banda terrorista para incurrir en el delito de enaltecimiento/humillación del 578.

Ese pronunciamiento jurisprudencial, en mi humilde opinión, tiene un doble filo mucho más afilado que el de condenar a un rapero que había sido previamente absuelto. Si nos atenemos a la lógica interna de esa sentencia, y sobre todo, si hay alguna que lo confirma en el futuro, la Audiencia Nacional dejará de conocer procedimientos en materia de delitos de enaltecimiento y humillación a través de redes sociales. Recuerden, sus competencias se extienden a miembros de organizaciones terroristas o quienes cooperen de alguna manera con ellos, y el Supremo acaba de decir que no hace falta ninguna intención de cooperar en Twitter. Uno es dueño de sus silencios, pero esclavo de sus palabras.

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