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La desmemoria histórica del Partido Popular: ni un euro para las víctimas del franquismo

14 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

El PP le dedica a la Ley de Memoria Histórica la ingente cantidad de 0 euros, un dinero que debía utilizarse para financiar exhumaciones en las 2.000 fosas que se calcula que existen en España

María Eugenia R. Palop

06/04/2017 – 21:05h

El director del CIEMEDH considera que un centro académico podrá conseguir la financiación para abrir fosas que se le niega a las asociaciones memorialistas por sus implicaciones políticas. Foto: Óscar Rodríguez (ARMH).
Imagen de archivo de represaliados por el franquismo. Foto: Óscar Rodríguez (ARMH).

Decía Adorno que “dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad”, pero hay verdades que al Partido Popular, simplemente, no le suscitan ni el más mínimo interés. En los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno ha vuelto a invisibilizar a las víctimas silenciadas de la guerra civil y el franquismo, a imponer la acostumbrada amnesia social, y a evitar que se desmonte la mentira institucionalizada en la que llevamos décadas instalados, gracias, entre otras cosas, a políticas como las suyas.

El PP le dedica a la Ley de Memoria Histórica la ingente cantidad de 0 euros, un dinero que debía utilizarse para financiar exhumaciones en las 2.000 fosas que se calcula que existen en España. Ya en 2012, Rajoy eliminó la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, y redujo la dotación presupuestaria para Memoria Histórica de 6,2 millones, a dos millones y medio. Y en el año 2013, el Gobierno eliminó esta dotación sin más, dejando en las cunetas, por enésima vez, a las víctimas del franquismo, que siguen costeando las exhumaciones con sus propios medios, porque, mal que le pese a Rafael Hernando, se acuerdan de sus padres y familiares haya o no haya subvención.

Ahí siguen, impenitentes, andando “con los muertos para arriba y para abajo” para contrarrestar el ostracismo y las vejaciones del Gobierno del Partido Popular y de personas que, como él, no creen ofender ni humillar a nadie, porque no son nadie las 100.000 o 150.000 que aún esperan verdad, memoria, justicia y reparación. “¿Por qué voy a pedir perdón?”, se preguntaba perplejo Hernando, en un ejercicio retórico de cinismo.

No hay duda de que hay quienes han descontado ya el costo humano y social de sus privilegios, en la idea tan atroz, como poco contrastada, de que no existe “progreso” sin olvido. Y aunque también hay quienes prefieren avanzar retrocediendo, como diría Paul Valéry; avanzar sin aplastar “flores inocentes en el camino”, sin generar víctimas y sin olvidarlas, hoy, lamentablemente, está claro que los que gobiernan son los primeros. Por eso el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica ha sido esquelético, y por eso ha acabado instaurando una discriminación en el trato, los derechos y las prestaciones que reciben unas víctimas frente a las otras, sin que exista ninguna razón que lo justifique, más allá de la desmemoria selectiva que en este país se ha practicado sin descanso.

Poco importan aquí los acuerdos internacionales sobre estas materias ratificados por España, entre los que cabe destacar la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Poco importa la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, en particular, la jurisprudencia destinada a la protección del derecho a la vida y a la integridad de las personas. Tampoco importa mucho, según parece, la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, que, desarrollada por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, favorece un catálogo de prestaciones y derechos a toda víctima, sin perjuicio de que quepan regulaciones particulares en atención a unos u otros colectivos. Poco importa, por supuesto, el informe del relator de Naciones Unidas en el que se señalaba que es la ignominia y el olvido lo que se ha incorporado a la normalidad democrática de España.

En fin, esta negativa a investigar la suerte de miles de personas desaparecidas a raíz de la estrategia implementada por el Estado franquista, contraviene, entre otras cosas, el derecho internacional que es jurídicamente vinculante y de obligado cumplimiento en nuestro país. Porque no solo es que el Gobierno se niega a cumplir su obligación de actuar de oficio, sino que tampoco pone todos los medios necesarios para que otros agentes puedan llevar a cabo las investigaciones que las autoridades se niegan a hacer, y ello, sin que haya ninguna norma o principio jurídico que impida a un Estado investigar su pasado.

El PP contradice aquí, incluso, a la normativa que se ha desarrollado en el plano autonómico, y que se ha promulgado, o está por promulgarse, en el País Vasco, Andalucía, Navarra, Aragón, Valencia y Baleares, territorios que han conocido directamente los horrores de la guerra civil, la represión de la dictadura y la violencia política posterior, y en los que están domiciliadas un importante número de sus víctimas. Y lo más sorprendente es que algunas de estas normas han salido adelante con la abstención del mismísimo y esquizofrénico Partido Popular.

Reivindicar el derecho y el deber de memoria no es solo poner en el centro un hecho del pasado, sino resignificarlo y asumir las responsabilidades que se derivan del mismo, articular un consenso sobre lo intolerable, y delimitar claramente lo que, de ningún modo, puede volver a suceder. Y en la medida en que esto no se hace, no puede garantizarse nada. La responsabilidad tiene una dimensión temporal que no se agota en el presente; mira hacia al pasado, como ha de mirar hacia el futuro, y trata a todas las víctimas de la misma manera, aunque distinga las diferentes violencias de las que cada una ha sido objeto.

Quienes defendemos una política de la memoria para todas las víctimas, sin exclusión, estamos convencidos de que el examen detenido del pasado es un arma que permite combatir el “revisionismo” y el “negacionismo” con los que se justifican y se niegan todos los días las atrocidades que hemos vivido, y de las que muchas personas tienen todavía recuerdos terriblemente vivos. Y sabemos, además, que lo que las sociedades eligen recordar y olvidar, y el modo en que lo hacen, condiciona totalmente sus opciones de futuro, de manera que sin memoria no puede haber una auténtica cultura democrática, ni puede hablarse, en puridad, de un sistema político legítimo.

Dice la Comisión de Derechos Humanos de UN en sus Principios para la protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, que “el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe al Estado”. Pues bien, es este el deber que el Gobierno no cumple y este es el rico patrimonio que nos usurpa descaradamente cada vez que privatiza el uso de nuestra memoria y nos impide recordar.

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Mariano Rajoy vuelve a ignorar la ley de memoria histórica en su legislatura de “consenso”

11 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Los presupuestos de 2017 consolidan el ninguneo del Gobierno del PP a la exhumación de represaliados y la atención a víctimas del franquismo: la partida presupuestaria es cero.

Su socio principal, Ciudadanos, era partidario de las exhumaciones y el cambio de calles “sin campañas exageradas”.

Al llegar a Moncloa Rajoy quitó la Oficina de Víctimas, luego bajó a la mitad el presupuesto para exhumaciones, y un año después lo eliminó.

Raquel Ejerique

04/04/2017 – 21:17h

Trabajos en una fosa común
Trabajos en una fosa común

Rajoy ha dejado clara su postura ante la ley de memoria histórica desde que llegó a la Moncloa: desactivarla reduciendo primero su presupuesto y luego eliminándolo. En las cuentas de este 2017 incide en la misma línea, de modo que su anunciada legislatura de “consenso” ante la necesidad de acuerdos parlamentarios se estrena con cambios de posición en temas como educación o violencia de género, pero no van a alcanzar a las víctimas del franquismo, tal y como se puede comprobar en la decisión de negar la dotación presupuestaria en el primer año de su nueva legislatura. Es el cuarto año consecutivo que lo hace.

Su socio principal en las cuentas para este año, Ciudadanos, tampoco tenía como prioridad a los represaliados, aunque en su programa sí hablaba de facilitar exhumaciones (sin especificar si las debía financiar el Estado) y modificar los callejeros aunque advirtiendo de que “sin campañas exageradas”. Todo ello, sin dañar la “reconciliación entre españoles”, tomando parte por la hipótesis del PP de que la reparación de las víctimas puede ser peligrosa. Según el resultado final en los presupuestos 2017, la Memoria Histórica seguirá aparcada y no se ha tratado en las negociaciones entre ambos partidos.

Tras llegar a Moncloa en 2011, Rajoy tomó varias medidas que dejaban sin efecto la ley de Zapatero de 2007 y cualquier iniciativa de reparación. Primero, en marzo de 2012, suprimió la Oficina  de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, un organismo creado por el gobierno socialista que se encargaba de atender a los familiares y facilitaba información y procedimientos para las exhumaciones: se calcula que en España quedan 2.000 fosas sin abrir donde yacen sin nombre ni sepultura unos 100.000 españoles.

El Gobierno del PP la integró en una subsecretaría de Justicia que se encarga de indultos, condecoraciones y títulos nobiliarios. Su cuarto cometido es poner “medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. De momento no las hay.

Evolución del presupuesto a Memoria Histórica

pres.mem.histó

Su segunda medida fue recortar a menos de la mitad el presupuesto para la ley de Memoria Histórica, de 6,2 millones (en 2011) a 2,5 millones (en 2012). Con ese dinero se subvencionaban básicamente exhumaciones, a través de una Comisión Interministerial que dependía del Ministerio de Presidencia y que Rajoy borró de los presupuestos.

El año siguiente, en 2013, Rajoy inició la senda del cero. Cero euros para las víctimas, una decisión que le han afeado organismos internacionales como la ONU, que criticó en un duro informe que fueran los familiares quienes costean la recuperación de los cuerpos o los forenses y voluntarios en sus ratos libres sin remuneración. Pese a la reprimenda y a que España está en la senda opuesta de países como Chile, Italia, Alemania o Argentina, el Gobierno ha mantenido su postura hasta hoy.

Es más, el presidente se ha jactado en público de haber desactivado la ley quitándole el presupuesto [vídeo abajo]. Preguntado en un acto por qué no la había derogado, aclaraba que había hecho otra cosa que significaba en términos pragmáticos lo mismo: “Bueno, la dotación presupuestaria ha sido cero. La media es cero y fue cero todos los años”. Es decir, hay una ley pero no se puede cumplir porque el Gobierno la ha vaciado presupuestariamente.

En cuestión de dinero lo ha dejado claro, pero también con otras actuaciones que no requieren un desembolso. Por ejemplo, dilatar más de un año el cumplimiento de la sentencia que obliga al Gobierno a exhumar dos cuerpos del Valle de los Caídos o boicotear la querella argentina que investiga los crímenes del franquismo.

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Memoria Prehistórica

26 abril, 2015

Fuente: http://www.arinoconsultores.blogspot.com.es

Un 28 de diciembre de 2007, festividad de los Santos Inocentes y día proclive a las bromas, entró en vigencia la “Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. Una vez leída ésta sentí un acusado malestar y cierta indignación a causa de la cobardía de aquellos que la redactaron. El titulo de la Ley ya es en si un eufemismo cobarde.”…medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia”, cuando en realidad se trata de asesinatos en masa, encarcelamientos esclavistas, exilios de por vida y represión generalizada. “Se reconocen y amplían derechos…” ¿Esos derechos no están ya ampliamente reconocidos en la Constitución del 78 (Arts.10, 14, 18, 24)? Digamos mejor que se dotan los medios jurídicos y materiales necesarios para que esos derechos fundamentales puedan ser ejercidos sin cortapisas.

En su exposición de motivos se dice que “…se hace una proclamación general del carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal producidas, por motivos inequívocamente políticos o ideológicos, durante la Guerra Civil, así como las que, por las mismas razones, tuvieron lugar en la Dictadura posterior”. Se proclama la injusticia de las condenas pero no se anulan los procesos, se condenan los asesinatos pero no se ajusticia a sus responsables. Un placebo para las víctimas y una reiteración de la impunidad generalizada para los autores de los crímenes obligada por la ley de amnistía de 1977, una ley pre-constitucional que es el origen de la impunidad de los criminales a costa de la ausencia de la justicia a la que las victimas tienen derecho.

Tuvieron que pasar casi 30 años desde la redacción de la Constitución para que se abriese el camino hacia la verdad de lo sucedido, 30 años para que se vislumbrase la posibilidad de hacer justicia, 30 años para que las victimas rozaran la esperanza de una mínima reparación. Los archivos documentales se abrían al publico, se creaba el Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil, se reconocía la labor de las asociaciones memorialistas, se establecían medidas para la localización de fosas comunes y para la exhumación de los restos, se decide sobre el futuro del Valle de los Caídos, se dispone la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, así como la retirada de subvenciones o ayudas públicas a organizaciones relacionadas con el franquismo… Pero no se condena el franquismo, no se da carácter institucional a la condena explicita del golpe de Estado, ni de la invasión de España por un ejercito sublevado, ni a la asociación de éste con potencias extranjeras gobernadas desde el fascismo y el nacionalsocialismo. Hoy ya han pasado seis años desde la entrada en vigor de la Ley y esta sigue sin cumplirse tanto por activa como por pasiva.

Con la llegada al gobierno en 2011 del Partido Popular la dotación presupuestaría para la Ley, aprobada por aproximadamente seis millones de euros, un 0,0006 % del PIB, sufrió un recorte para 2012 del 59,7 %, la cantidad total quedó en 2,5 millones de euros. En 2013 la dotación dejó de existir. Un golpe económico que pone fin a las subvenciones que recibían las asociaciones de víctimas del franquismo para localizar las fosas comunes y cunetas donde fueron arrojados sus familiares. La crisis económica es la excusa perfecta para eliminar las subvenciones sin apenas coste político, pero el motivo, no obstante, no es económico sino ideológico. La búsqueda y exhumación de los más de 80.000 cadáveres que quedan en las cunetas de España pasan desde 2012 a ser costeadas con los ahorros de los familiares. Un golpe económico que además impide el funcionamiento de los organismos oficiales creados para la aplicación de la Ley. Rajoy cierra la Oficina de Víctimas como prometió en el 2008 estando en la oposición: “Ni un solo euro para recuperar el pasado”. Lydia Vicente, perteneciente a la ONG Rights Watch Internacional Spain, declaraba a la prensa española: “si quitas la oficina de Atención a las Víctimas y se acaban las subvenciones ¿qué queda de esa Ley de Memoria Histórica cuando además no hay acceso a la Justicia”. Para la jurista internacional “esto es indicativo de la postura del Estado español en cuanto a las víctimas del franquismo. No hay justicia ni reparación, ni siquiera el mínimo acompañamiento para responder a sus dudas. Se evidencia que en España las víctimas del franquismo importan muy poco, que el Gobierno no está dispuesto a atenderlas como establece el derecho internacional.”

En relación con la legislación española el incumplimiento de la Ley por parte del Partido Popular es claro, ya que según ésta: La Administración General del Estado elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones para sufragar gastos derivados de las actividades de localización e identificación de víctimas.

En relación con la retirada de símbolos franquistas que la Ley contempla de forma expresa y general, en el mes de noviembre de 2008, el Ministerio de Cultura interviene y deja la puerta abierta al incumplimiento de lo obligado por la Ley. Se aprueba en Consejo de Ministros una Orden del Ministerio de Cultura (CUL/3190/2008) en la que se establecen excepciones, todas ellas de carácter subjetivo:

2.º Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior aquellos símbolos que se encuentren en un bien calificado como Bien de Interés Cultural siempre que se den los siguientes supuestos:
· Significado histórico: Sólo se conservarán aquellos símbolos con significado histórico y arquitectónico y que estuvieran previstos en el proyecto original de construcción del inmueble, siempre y cuando estén incluidos en la propia declaración de Bien de Interés Cultural.
· Valor artístico o artístico-religioso: Se conservarán aquellos símbolos con alto valor artístico o artístico-religioso y que formen parte del Bien de Interés Cultural y así haya sido reconocido en su declaración.
· Criterios técnicos: Que el símbolo constituya un elemento fundamental de la estructura del inmueble cuya retirada pudiera poner en peligro la estabilidad del mismo o cualquier otro aspecto relativo a su adecuada conservación.

¿Cómo se puede caer en la desfachatez de considerar un símbolo franquista como bien de interés cultural o artístico o religioso? ¿Cómo puede una comisión de expertos llegar a estas conclusiones, más aun si cabe si tenemos en cuenta que el franquismo instauró la contra-cultura en España, prohibiendo todo aquellos que no cumplía con los rígidos postulados del nacionalcatolicismo? Asociar franquismo y cultura es desde todos los puntos de vista una simple fantasía.

Parece claro que el Gobierno incumple la Ley y permite que otras administraciones públicas también lo hagan. Vergüenza debería darle al Partido Popular que tengan que venir la ONU a instarle al cumplimiento de la legislación vigente, a decirle que está violando los derechos humanos, pero no les da ninguna, en el fondo todos son franquistas, pertenecientes a un partido politico fundado por ministros franquistas y defensores a ultranza de una monarquía establecida por una Ley franquista.

Oiremos alguna vez a algún miembro destacado del Partido Popular afirmar que Franco fue un general golpista y traidor que se alzó en armas contra el estado español democrática y legalmente constituido, provocando una guerra entre españoles que causó centenares de miles de muertos. Que fue un dictador implacable que ejerció una represión extrema en España durante 40 años. No creo que estas declaraciones salgan nunca de la boca de un militante del Partido Popular, aún sabiendo que son la expresión de una realidad que nadie pone en duda salvo ellos mismos. No obstante las deberíamos oír algún día, pero no a nivel particular, deberíamos escucharlas en el Congreso formando parte de un texto institucional, aprobado por la totalidad de los diputados y con obligación de ser incluido en su totalidad en todos los libros de texto y enciclopedias. Deberíamos oírlo y deberíamos leerlo en los libros de historia contemporánea, esta es la verdad que la Ley de la Memoria Histórica contempla y la que las victimas reclaman y deberíamos hacerlo antes de que se convierta en un texto prehistórico.

Absolutamente desamparadas por el Estado, las asociaciones memorialistas siguen día a día con su trabajo, haciendo posible la recuperación de restos humanos y la dignificación de las víctimas, luchando para que los símbolos franquistas desaparezcan, exponiendo públicamente la verdad de lo que sucedió, pidiendo justicia y reparación. Toda la geografía española está plagada de estas asociaciones, la falta de medios o subvenciones no les parará hasta que consigan el último de sus objetivos. Las aportaciones voluntarias de victimas y simpatizantes son su única fuente de ingresos.

Únicamente la Junta de Andalucía ha iniciado recientemente políticas activas de apoyo a la LMH, por supuesto con la crítica negativa y unánime del Partido Popular, una crítica aberrante cuando lo que hace la Junta es simple y llanamente cumplir la Ley: “Las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore. Lo previsto en el párrafo anterior podrá aplicarse respecto de las entidades que, constituidas antes de 1 de junio de 2004, incluyan el desarrollo de tales actividades entre sus fines”.

Nada de lo anterior sustituye a la cuestión de la impunidad de los crímenes franquistas desde la perspectiva de los Derechos Humanos, esa es otra historia, su negacionismo no puede prevalecer y por tanto conviene sacarla a la palestra en cada ocasión que se presente, al menos hoy dejando este enlace, en el que el Equipo Nizkor efectúa un esmerado análisis junto con un plan de acción detallado para acabar con esa impunidad que solo beneficia a los franquistas y a sus colaboradores al mismo tiempo que supone un agravio sin medida para las victimas.

Benito Sacaluga