Archive for the ‘Ley de Memoria Histórica’ Category

La desmemoria histórica del Partido Popular: ni un euro para las víctimas del franquismo

14 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

El PP le dedica a la Ley de Memoria Histórica la ingente cantidad de 0 euros, un dinero que debía utilizarse para financiar exhumaciones en las 2.000 fosas que se calcula que existen en España

María Eugenia R. Palop

06/04/2017 – 21:05h

El director del CIEMEDH considera que un centro académico podrá conseguir la financiación para abrir fosas que se le niega a las asociaciones memorialistas por sus implicaciones políticas. Foto: Óscar Rodríguez (ARMH).
Imagen de archivo de represaliados por el franquismo. Foto: Óscar Rodríguez (ARMH).

Decía Adorno que “dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad”, pero hay verdades que al Partido Popular, simplemente, no le suscitan ni el más mínimo interés. En los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno ha vuelto a invisibilizar a las víctimas silenciadas de la guerra civil y el franquismo, a imponer la acostumbrada amnesia social, y a evitar que se desmonte la mentira institucionalizada en la que llevamos décadas instalados, gracias, entre otras cosas, a políticas como las suyas.

El PP le dedica a la Ley de Memoria Histórica la ingente cantidad de 0 euros, un dinero que debía utilizarse para financiar exhumaciones en las 2.000 fosas que se calcula que existen en España. Ya en 2012, Rajoy eliminó la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, y redujo la dotación presupuestaria para Memoria Histórica de 6,2 millones, a dos millones y medio. Y en el año 2013, el Gobierno eliminó esta dotación sin más, dejando en las cunetas, por enésima vez, a las víctimas del franquismo, que siguen costeando las exhumaciones con sus propios medios, porque, mal que le pese a Rafael Hernando, se acuerdan de sus padres y familiares haya o no haya subvención.

Ahí siguen, impenitentes, andando “con los muertos para arriba y para abajo” para contrarrestar el ostracismo y las vejaciones del Gobierno del Partido Popular y de personas que, como él, no creen ofender ni humillar a nadie, porque no son nadie las 100.000 o 150.000 que aún esperan verdad, memoria, justicia y reparación. “¿Por qué voy a pedir perdón?”, se preguntaba perplejo Hernando, en un ejercicio retórico de cinismo.

No hay duda de que hay quienes han descontado ya el costo humano y social de sus privilegios, en la idea tan atroz, como poco contrastada, de que no existe “progreso” sin olvido. Y aunque también hay quienes prefieren avanzar retrocediendo, como diría Paul Valéry; avanzar sin aplastar “flores inocentes en el camino”, sin generar víctimas y sin olvidarlas, hoy, lamentablemente, está claro que los que gobiernan son los primeros. Por eso el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica ha sido esquelético, y por eso ha acabado instaurando una discriminación en el trato, los derechos y las prestaciones que reciben unas víctimas frente a las otras, sin que exista ninguna razón que lo justifique, más allá de la desmemoria selectiva que en este país se ha practicado sin descanso.

Poco importan aquí los acuerdos internacionales sobre estas materias ratificados por España, entre los que cabe destacar la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Poco importa la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, en particular, la jurisprudencia destinada a la protección del derecho a la vida y a la integridad de las personas. Tampoco importa mucho, según parece, la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, que, desarrollada por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, favorece un catálogo de prestaciones y derechos a toda víctima, sin perjuicio de que quepan regulaciones particulares en atención a unos u otros colectivos. Poco importa, por supuesto, el informe del relator de Naciones Unidas en el que se señalaba que es la ignominia y el olvido lo que se ha incorporado a la normalidad democrática de España.

En fin, esta negativa a investigar la suerte de miles de personas desaparecidas a raíz de la estrategia implementada por el Estado franquista, contraviene, entre otras cosas, el derecho internacional que es jurídicamente vinculante y de obligado cumplimiento en nuestro país. Porque no solo es que el Gobierno se niega a cumplir su obligación de actuar de oficio, sino que tampoco pone todos los medios necesarios para que otros agentes puedan llevar a cabo las investigaciones que las autoridades se niegan a hacer, y ello, sin que haya ninguna norma o principio jurídico que impida a un Estado investigar su pasado.

El PP contradice aquí, incluso, a la normativa que se ha desarrollado en el plano autonómico, y que se ha promulgado, o está por promulgarse, en el País Vasco, Andalucía, Navarra, Aragón, Valencia y Baleares, territorios que han conocido directamente los horrores de la guerra civil, la represión de la dictadura y la violencia política posterior, y en los que están domiciliadas un importante número de sus víctimas. Y lo más sorprendente es que algunas de estas normas han salido adelante con la abstención del mismísimo y esquizofrénico Partido Popular.

Reivindicar el derecho y el deber de memoria no es solo poner en el centro un hecho del pasado, sino resignificarlo y asumir las responsabilidades que se derivan del mismo, articular un consenso sobre lo intolerable, y delimitar claramente lo que, de ningún modo, puede volver a suceder. Y en la medida en que esto no se hace, no puede garantizarse nada. La responsabilidad tiene una dimensión temporal que no se agota en el presente; mira hacia al pasado, como ha de mirar hacia el futuro, y trata a todas las víctimas de la misma manera, aunque distinga las diferentes violencias de las que cada una ha sido objeto.

Quienes defendemos una política de la memoria para todas las víctimas, sin exclusión, estamos convencidos de que el examen detenido del pasado es un arma que permite combatir el “revisionismo” y el “negacionismo” con los que se justifican y se niegan todos los días las atrocidades que hemos vivido, y de las que muchas personas tienen todavía recuerdos terriblemente vivos. Y sabemos, además, que lo que las sociedades eligen recordar y olvidar, y el modo en que lo hacen, condiciona totalmente sus opciones de futuro, de manera que sin memoria no puede haber una auténtica cultura democrática, ni puede hablarse, en puridad, de un sistema político legítimo.

Dice la Comisión de Derechos Humanos de UN en sus Principios para la protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, que “el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe al Estado”. Pues bien, es este el deber que el Gobierno no cumple y este es el rico patrimonio que nos usurpa descaradamente cada vez que privatiza el uso de nuestra memoria y nos impide recordar.

Apoya un periodismo que no olvida.

También puedes llamarnos al 91 368 88 62

Mariano Rajoy vuelve a ignorar la ley de memoria histórica en su legislatura de “consenso”

11 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Los presupuestos de 2017 consolidan el ninguneo del Gobierno del PP a la exhumación de represaliados y la atención a víctimas del franquismo: la partida presupuestaria es cero.

Su socio principal, Ciudadanos, era partidario de las exhumaciones y el cambio de calles “sin campañas exageradas”.

Al llegar a Moncloa Rajoy quitó la Oficina de Víctimas, luego bajó a la mitad el presupuesto para exhumaciones, y un año después lo eliminó.

Raquel Ejerique

04/04/2017 – 21:17h

Trabajos en una fosa común
Trabajos en una fosa común

Rajoy ha dejado clara su postura ante la ley de memoria histórica desde que llegó a la Moncloa: desactivarla reduciendo primero su presupuesto y luego eliminándolo. En las cuentas de este 2017 incide en la misma línea, de modo que su anunciada legislatura de “consenso” ante la necesidad de acuerdos parlamentarios se estrena con cambios de posición en temas como educación o violencia de género, pero no van a alcanzar a las víctimas del franquismo, tal y como se puede comprobar en la decisión de negar la dotación presupuestaria en el primer año de su nueva legislatura. Es el cuarto año consecutivo que lo hace.

Su socio principal en las cuentas para este año, Ciudadanos, tampoco tenía como prioridad a los represaliados, aunque en su programa sí hablaba de facilitar exhumaciones (sin especificar si las debía financiar el Estado) y modificar los callejeros aunque advirtiendo de que “sin campañas exageradas”. Todo ello, sin dañar la “reconciliación entre españoles”, tomando parte por la hipótesis del PP de que la reparación de las víctimas puede ser peligrosa. Según el resultado final en los presupuestos 2017, la Memoria Histórica seguirá aparcada y no se ha tratado en las negociaciones entre ambos partidos.

Tras llegar a Moncloa en 2011, Rajoy tomó varias medidas que dejaban sin efecto la ley de Zapatero de 2007 y cualquier iniciativa de reparación. Primero, en marzo de 2012, suprimió la Oficina  de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, un organismo creado por el gobierno socialista que se encargaba de atender a los familiares y facilitaba información y procedimientos para las exhumaciones: se calcula que en España quedan 2.000 fosas sin abrir donde yacen sin nombre ni sepultura unos 100.000 españoles.

El Gobierno del PP la integró en una subsecretaría de Justicia que se encarga de indultos, condecoraciones y títulos nobiliarios. Su cuarto cometido es poner “medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. De momento no las hay.

Evolución del presupuesto a Memoria Histórica

pres.mem.histó

Su segunda medida fue recortar a menos de la mitad el presupuesto para la ley de Memoria Histórica, de 6,2 millones (en 2011) a 2,5 millones (en 2012). Con ese dinero se subvencionaban básicamente exhumaciones, a través de una Comisión Interministerial que dependía del Ministerio de Presidencia y que Rajoy borró de los presupuestos.

El año siguiente, en 2013, Rajoy inició la senda del cero. Cero euros para las víctimas, una decisión que le han afeado organismos internacionales como la ONU, que criticó en un duro informe que fueran los familiares quienes costean la recuperación de los cuerpos o los forenses y voluntarios en sus ratos libres sin remuneración. Pese a la reprimenda y a que España está en la senda opuesta de países como Chile, Italia, Alemania o Argentina, el Gobierno ha mantenido su postura hasta hoy.

Es más, el presidente se ha jactado en público de haber desactivado la ley quitándole el presupuesto [vídeo abajo]. Preguntado en un acto por qué no la había derogado, aclaraba que había hecho otra cosa que significaba en términos pragmáticos lo mismo: “Bueno, la dotación presupuestaria ha sido cero. La media es cero y fue cero todos los años”. Es decir, hay una ley pero no se puede cumplir porque el Gobierno la ha vaciado presupuestariamente.

En cuestión de dinero lo ha dejado claro, pero también con otras actuaciones que no requieren un desembolso. Por ejemplo, dilatar más de un año el cumplimiento de la sentencia que obliga al Gobierno a exhumar dos cuerpos del Valle de los Caídos o boicotear la querella argentina que investiga los crímenes del franquismo.

Apoya un periodismo que no olvida.

También puedes llamarnos al 91 368 88 62

El día que Extremadura se levantó

24 abril, 2017

Fuente: http://www.ctxt.es

El 25 de marzo de 1936, más de 60.000 campesinos ocuparon 3.000 fincas de grandes terratenientes. La acción pacífica fue legalizada por la República.

La venganza llegó rápido: la matanza de la plaza de toros de BadajozMª ÁNGELES FERNÁNDEZ / J. MARCOS


<p>Foto de David Seymour (Chim) tomada en la primavera de 1936, en Extremadura.</p>

Foto de David Seymour (Chim) tomada en la primavera de 1936, en Extremadura.

ARMHEX

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES) | 24 DE MARZO DE 2017

CTXT necesita 300 suscripciones mensuales para ser sostenible y cada vez más independiente. Puedes ayudarnos aquí

—————————————————————————————————–

Eran las cinco de la mañana, el alba aún quedaba lejos, cuando miles de campesinos, azada en mano, se concentraron de manera sigilosa en centenares de pueblos de Extremadura. Corría el mes de marzo de 1936 y la reforma agraria durante siglos negada se materializó en una exitosa ocupación de tierras. Entre 60.000 y 80.000 personas, según las fuentes de la época, decidieron que ya era hora de voltear la realidad de Extremadura y poner la tierra en manos de quien la trabajaba, rompiendo así una gestión del territorio mediante latifundios dedicados al pasto que arrancó en el siglo XIII, con la mal llamada Reconquista.

Aquel 25 de marzo de 1936 es la “fecha identitaria del pueblo extremeño”, para el escritor Víctor Chamorro. Aquel 25 de marzo de 1936 marcó un antes y un después no sólo en la historia de la región, sino también de España, aunque poco o nada se sabe de lo acontecido.

“Cuando los eruditos de la historia anden buscando el hecho que señaló el gran hito de la historia de España, algún dedo caerá, ciertamente, sobre nuestra Extremadura, la región en la cual se ha verificado la primera ocupación de tierras de forma multitudinaria”, publicó el periódico Claridad, vivo entre 1935 y 1939. No ha sido así, la guerra civil y sus inicios especialmente cruentos en Badajoz, la represión franquista, la larga dictadura y el pacto de la transición han silenciado un acontecimiento clave. De hecho, ni con el surgimiento de las autonomías con sus símbolos, estandartes y fiestas se ha recuperado la memoria de este momento y proceso. Ni tan siquiera como dato aparece en los libros de texto.

“1º: A las cinco de la madrugada del día 25 del actual, los campesinos de cada localidad se concentrarán sigilosa y rápidamente en diversos puntos de las afueras del pueblo; procurando todos ir provistos de azada y demás instrumentos propios para efectuar un deslinde. 2º: Efectuada la concentración, con el mismo sigilo y la misma actividad, emprenderán la marcha hacia las afueras de las fincas que deben ser incautadas. 3º: Ya en ellas se trazarán las lindes convenientes (…) 5º: Seguidamente, regresarán al pueblo y, una vez reunidos todos los grupos, se dirigirán ordenadamente al Ayuntamiento (…) 6º: (…) para hacer constar que la Clase Obrera acaba de tomar posesión de tales y cuales fincas en nombre de todos los vecinos del pueblo (…) 7º: (…) al siguiente día y en los sucesivos irán a las fincas incautadas todos los campesinos o una parte de ellos, a continuar la operación de deslinde y a comenzar la del cultivo adecuado…”.

Ésta era la hoja de ruta de la ocupación, recogida en el libro La primavera del Frente Popular, del historiador Francisco Espinosa. Firmada en Badajoz el día 20 de marzo de 1936, alcanzaba nueve puntos en los que se instaba, entre otras cosas, a no causar daños en las fincas –a las incautadas porque ya son de los campesinos y al resto, porque lo serán algún día– y a oír con respeto a la autoridad.

Así, de manera sigilosa y ordenada, bajo la dirección de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, se tomaron 3.000 fincas en 280 pueblos de las provincias de Cáceres y Badajoz, las más grandes del país. Esta vez hubo victoria, triunfo, puños en alto y vivas a la República. Las derrotas anteriores habían sido abono para mejorar la acción.

Portada de la revista francesa Regards con foto de David Seymour (Chim). / ARMHEX

Portada de la revista francesa Regards con foto de David Seymour (Chim). / ARMHEX

Siglos de medievo

“Desde que Extremadura surge con este nombre, en el siglo XIII, hasta el siglo XX se perpetúa una Edad Media, un sistema de agricultura patriarcal, de dedicación de la tierra más a las hierbas que al grano, porque aquí se alimentan todas las ovejas de la Mesta de España, y los agricultores apenas tenían surcos y tenían que marcharse. Hasta el año 1936 en Extremadura se instala el medievo”. Así resume Chamorro siete siglos. Aunque se debe incluir algún matiz en el relato: las desamortizaciones que supusieron la expropiación de los terrenos comunales que existían.

Esta semilla de desigualdad, retratada por novelas como Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes, originó la huelga general campesina o de la siega de junio de 1934, que se saldó con 10.000 detenidos en Extremadura, según algunas fuentes, y 600 personas trasladadas a cárceles de fuera de la región. “De este precedente de derrota van a aprender mucho los jornaleros a la hora de plantear la siguiente lucha”, apunta Manuel Cañada, activista social y una de las personas que con sus textos ha colocado la fecha en la agenda pública extremeña.

Aquel año, 1936, arrancó con un importante crecimiento del desempleo agrario, que coincidió además con una crisis económica y con un largo periodo de lluvias que impedía realizar las labores y, por tanto, acceder a un jornal, como recuerda el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX), José Manuel Corbacho. A la dura situación y a las lecciones aprendidas hay que añadir la frustración por la lentitud en la aplicación de la Reforma Agraria, aprobada en 1932. Intensos ingredientes para el espeso caldo de cultivo de siglos de desigualdad e injusticia.

Entrada la primavera, en tiempo de floración y de inicio de la siembra, la tierra cambió de manos en Extremadura. Y el Instituto de la Reforma Agraria sólo pudo legalizar las ocupaciones. Los servicios provinciales del Instituto notificaron que se habían asentado yunteros y jornaleros en unas 70.000 hectáreas de la provincia de Cáceres y en unas 120.000 de Badajoz.

La guerra civil, la venganza

Poco duró el revolcón histórico y estructural. En julio de ese año se inició la guerra civil, siendo Extremadura una de las primeras comunidades controladas y desangradas por las tropas franquistas. El 14 y 15 de agosto fueron asesinadas y después calcinadas miles de personas en la plaza de toros de Badajoz. “Es la venganza de los señoritos, de los grandes terratenientes”, sentencia Cañada, quien habla de investigaciones que confirman que muchos protagonistas del 25 de marzo fueron fusilados. La descripción es unánime.

Reportaje de la revista francesa Regards con foto de David Seymour (Chim). / ARMHEX

Reportaje de la revista francesa Regards con foto de David Seymour (Chim). / ARMHEX

“Buena parte de aquellos campesinos que participaron en las pacíficas ocupaciones de fincas de marzo del 1936 y en el proceso fueron asesinados o encarcelados por la represión franquista como castigo a su osadía, dado que existió una relación causa-efecto entre la participación activa en estas ocupaciones primaverales y la posterior represión fascista del verano”, apunta, por ejemplo, el presidente de la ARMHEX. La historiadora Candela Chaves ha documentado que Badajoz es la segunda provincia más afectada por la represión franquista.

Mientras aún olía a quemado en la capital pacense, se produjo “la recuperación de las fincas por sus antiguos propietarios, poniendo de nuevo en marcha la antigua organización de los cortijos de forma mucho más dura y humillante para los trabajadores vencidos”, se recoge en el libro Extremadura saqueada, publicado por Ruedo Ibérico en 1978.

Sin cambios

El resto, hasta hoy, es sabido: la falta de oportunidades obligó a emigrar a un 40% de la población en tan sólo 15 años, la renta per cápita es la más baja del país (16.166 euros, un 30,6% inferior a la media nacional), mientras las cifras de paro son las más elevadas de España (más de un 28%).

Y el silencio y el desconocimiento de esta reciente historia es lacerante: “Extremadura fue un foco de atención de los tratadistas de los fenómenos revolucionarios y de la antropología y sociología del campo. Y, sin embargo, con la llegada de la democracia todo esto pasó al olvido”, apunta Víctor Chamorro, quien lleva 50 años novelando sobre la región, de manera incluso “tóxica”, dice. Ahora, la recién creada Asociación 25 de marzo está trabajando para generar un debate sobre la importancia del empoderamiento de la ciudadanía, de la identidad y, por qué no, de la redistribución de la tierra. “Esta es una región periférica en lo económico, social, cultural y político. El 25 de marzo es un elemento constituyente de la identidad del pueblo extremeño, y tiene una capacidad de transformación social enorme”, añade Cañada, quien fuera coordinador de Izquierda Unida en la región.

Foto de David Seymour (Chim) tomada en la primavera de 1936, en Extremadura. / ARMHEX

Foto de David Seymour (Chim) tomada en la primavera de 1936, en Extremadura. / ARMHEX

Han pasado 81 años de aquellas fechas en la que los ojos del mundo, a través de muchos corresponsales, estaban en Extremadura. Y las explotaciones sigue en las mismas pocas manos: la región sufre la “distribución más injusta de las tierras” de todo el Estado, afirma el estudio Estructura de la propiedad de la tierra en España. Concentración y acaparamiento, elaborado por la ONG Mundubat y la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, publicado en diciembre de 2015.

Este informe dedica un especial interés a las situaciones de Galicia, por su estructura minifundista, y de Extremadura, por todo lo contrario. Los datos analizados demuestran que la media del tamaño de las explotaciones es de casi 41 hectáreas, un 83% más elevado que la media estatal. O recogen, por ejemplo, que 163 grandes fincas (de más de mil hectáreas) poseen cuatro veces más tierra que las 28.752 pequeñas fincas. Hay más: el 30% de la tierra sigue en manos del 1,38% de los productores.

“Debemos destacar que algunas de estas grandes propiedades están en manos de latifundistas en el más clásico sentido de la palabra: personas físicas, de grandes familias o empresarios de alto nivel, absentistas en cuanto que su residencia habitual, por supuesto, no está en Extremadura y que tienen esas fincas como valores suntuarios y no como fuentes de renta o empleo”, recoge el documento.

Nuevos dueños

En el pequeño aeropuerto de Talavera la Real (Badajoz), aterrizó en abril del año pasado Mohamed bin Rashid Al Maktum. El primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y jeque de Dubái visitaba la tercera gran finca que ha comprado en la provincia Badajoz. El hecho no es aislado. “Ahora estamos viendo cómo los terratenientes extremeños se asocian a terratenientes extranjeros cuyas fortunas vienen del petróleo y que compran enormes extensiones de tierra extremeña”, afirma Chamorro.

En febrero de 2015, el jeque Mansour Al Nahyan, dueño del club de fútbol Manchester City y hermano del emir de Abu Dhabi, invirtió en otra parcela pacense. Este jeque controla el fondo de inversión IPIC, dueño de la petrolera española Cepsa y también de parte de la eléctrica portuguesa EDP, entre otras compañías, como explican en su web. Los anteriores dueños, la familia Mora-Figueroa Domecq, son una de las mayores fortunas de España y también de las mayores beneficiarias de la Política Agraria Común (PAC). Pero esto daría para otro reportaje.

AUTOR

  • Mª Ángeles Fernández

  • J. Marcos

Franco pop

12 febrero, 2017

Fuente: http://www.ctxt.es

SERGIO DEL MOLINO, 11 DE DICIEMBRE DE 2016

En la Venta de Almadrones, sobre los terrenos donde se libró la batalla de Guadalajara, cambiaron hace tiempo los expositores de cintas de música de gasolinera por conservas de lujo, chocolatinas y vinos y licores. Nada reseñable si no fuera porque el vino destacado no es de Rioja ni Ribera ni Albariño ni de ninguna denominación de origen famosa. Y, si lo es, no se sabe, porque toda la etiqueta la ocupa un retrato de Francisco Franco y el nombre en mayúsculas de FRANCO. La etiqueta del reverso es una bandera de España, y debajo del nombre del vino (Franco, obviamente), el lema España, una, grande y libre, con multitud de signos de exclamación que excuso reproducir.

La Venta de Almadrones, más conocida como el Área 103, es una de las zonas de descanso más concurridas de las carreteras españolas, en plena Alcarria, en el kilómetro 103 de la A-2. A la hora de comer es difícil encontrar sitio. Cientos, tal vez miles, de personas pasan a diario por delante de las estanterías donde el vino Franco se exhibe con patriótico orgullo, y hasta hoy no he visto a nadie escandalizado. A lo sumo, si alguien repara, se hace una foto discretamente, sonriendo. Otros se dan codazos y señalan moviendo la cabeza, como diciendo lo que hay que ver, pero no he visto que nadie ponga el grito en el cielo. Supongo que, si hubiese muchas protestas, colocarían las botellas en un lugar menos visible.

Me resulta curioso que algo así pase tan desapercibido en esta época de ofensa permanente y de campañas de censura en change.org. Esta semana, el dueño de un restaurante me contó que tuvo que cambiar lo que se veía en las pantallas de tele del local porque algunos clientes consideraban que los vídeos musicales que salían en ellos eran pornografía inapropiada para sus hijos pequeños. En la era de la queja continua, sin embargo, nadie considera nocivo para sus hijos la venta al público de un vino que homenajea a un dictador.

Cuatro décadas después, el franquismo sigue cubierto de una capa de folclorismo y cachondeo que impide que se tome conciencia de lo atroz que fue. El propio Franco tiene la culpa, con su figura de malvado de tebeo de Bruguera y su voz de flauta afónica. Era un dictador sin escenografía de terror, incapaz de imponerse, puro esperpento y caricatura de sí mismo. Pero también parte del discurso antifranquista es responsable de esta banalización, al apostar por el humor y la parodia. Sobre todo en el cine, desde La escopeta nacional (1978) a Buen viaje, excelencia (2003), se ha incidido en el lado grotesco y cómico de la dictadura. Incluso los relatos más dramáticos han elegido la caricatura al retratar a los militares franquistas o a los prebostes del régimen.

QUÉ GILIPOLLAS ÉRAMOS. Y QUÉ POCAS DISCULPAS TENÍAMOS

El humor desactiva el miedo, y la burla de la dictadura ha sido un resorte crítico demoledor y necesario para acabar con muchas inercias y tentaciones posfranquistas, pero, a la larga, ha folclorizado tanto a Franco que cuesta verlo como lo que fue: un dictador temible, sangriento, implacable y sádicamente criminal. Pinochet y los milicos argentinos proyectaban una imagen un millón de veces más siniestra.

Yo mismo me tomé a guasa el asunto durante mucho tiempo. En un piso que compartía en Madrid (en una época de disipación y pereza irrepetible), mi compañero y yo decidimos decorar el salón con un cartel que anunciaba los actos de un 20-N en la plaza de Oriente, con los retratos de Franco y José Antonio. Nos parecía una broma estupenda y nos encantaba ver la cara de desconcierto, incomodidad y cabreo de quienes visitaban la casa.

Qué gilipollas éramos. Y qué pocas disculpas teníamos.

En mi novela Lo que a nadie le importa (Random House, 2014) intenté purgar esa frivolidad narrando una parte de la batalla del Ebro y retratando a un Franco aterrador inspirado en monstruos de fantasía, una especie de Sauron que mandaba a sus soldados a ser triturados como carne de cañón. Para entonces, ya estaba convencido de que a Franco le sobra caricatura. Franco nos tiene que dar miedo, porque es terrorífico, porque el relato desapasionado y descriptivo de lo que hizo provoca mil escalofríos.

HASTA EL REY MÁS CRUEL SE APIADA DEL BUFÓN DE VEZ EN CUANDO

No creo que en España persista el franquismo, como sostienen muchos, pero sí hay un problema de asimilación. La caricatura continua produce al final un efecto compasivo. Hasta el rey más cruel se apiada del bufón de vez en cuando, y la burla costumbrista del franquismo hace que miles de personas pasen cada día junto a un expositor de botellas de vino de Franco y se rían, divertidas, como si aquello fuera una broma carpetovetónica, el exabrupto senil de un suegro facha. Algunos, tal vez, se lleven una de recuerdo, para bromear con sus amigos, para regalársela como chiste a su primo de Podemos o como humorada kitsch. Gente que no tolera un vídeo musical porque lo considera pornográfico se reirá de buena gana con un homenaje a un dictador asesino.

Y yo, que le encuentro la gracia a casi todo, no le veo la guasa a esto por ningún lado.

AUTOR

Sergio del Molino. Juntaletras. Autor de La España vacía, Lo que a nadie le importa y La hora violeta, premio El Ojo Crítico 2013.

Memoria Prehistórica

26 abril, 2015

Fuente: http://www.arinoconsultores.blogspot.com.es

Un 28 de diciembre de 2007, festividad de los Santos Inocentes y día proclive a las bromas, entró en vigencia la “Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. Una vez leída ésta sentí un acusado malestar y cierta indignación a causa de la cobardía de aquellos que la redactaron. El titulo de la Ley ya es en si un eufemismo cobarde.”…medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia”, cuando en realidad se trata de asesinatos en masa, encarcelamientos esclavistas, exilios de por vida y represión generalizada. “Se reconocen y amplían derechos…” ¿Esos derechos no están ya ampliamente reconocidos en la Constitución del 78 (Arts.10, 14, 18, 24)? Digamos mejor que se dotan los medios jurídicos y materiales necesarios para que esos derechos fundamentales puedan ser ejercidos sin cortapisas.

En su exposición de motivos se dice que “…se hace una proclamación general del carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal producidas, por motivos inequívocamente políticos o ideológicos, durante la Guerra Civil, así como las que, por las mismas razones, tuvieron lugar en la Dictadura posterior”. Se proclama la injusticia de las condenas pero no se anulan los procesos, se condenan los asesinatos pero no se ajusticia a sus responsables. Un placebo para las víctimas y una reiteración de la impunidad generalizada para los autores de los crímenes obligada por la ley de amnistía de 1977, una ley pre-constitucional que es el origen de la impunidad de los criminales a costa de la ausencia de la justicia a la que las victimas tienen derecho.

Tuvieron que pasar casi 30 años desde la redacción de la Constitución para que se abriese el camino hacia la verdad de lo sucedido, 30 años para que se vislumbrase la posibilidad de hacer justicia, 30 años para que las victimas rozaran la esperanza de una mínima reparación. Los archivos documentales se abrían al publico, se creaba el Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil, se reconocía la labor de las asociaciones memorialistas, se establecían medidas para la localización de fosas comunes y para la exhumación de los restos, se decide sobre el futuro del Valle de los Caídos, se dispone la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, así como la retirada de subvenciones o ayudas públicas a organizaciones relacionadas con el franquismo… Pero no se condena el franquismo, no se da carácter institucional a la condena explicita del golpe de Estado, ni de la invasión de España por un ejercito sublevado, ni a la asociación de éste con potencias extranjeras gobernadas desde el fascismo y el nacionalsocialismo. Hoy ya han pasado seis años desde la entrada en vigor de la Ley y esta sigue sin cumplirse tanto por activa como por pasiva.

Con la llegada al gobierno en 2011 del Partido Popular la dotación presupuestaría para la Ley, aprobada por aproximadamente seis millones de euros, un 0,0006 % del PIB, sufrió un recorte para 2012 del 59,7 %, la cantidad total quedó en 2,5 millones de euros. En 2013 la dotación dejó de existir. Un golpe económico que pone fin a las subvenciones que recibían las asociaciones de víctimas del franquismo para localizar las fosas comunes y cunetas donde fueron arrojados sus familiares. La crisis económica es la excusa perfecta para eliminar las subvenciones sin apenas coste político, pero el motivo, no obstante, no es económico sino ideológico. La búsqueda y exhumación de los más de 80.000 cadáveres que quedan en las cunetas de España pasan desde 2012 a ser costeadas con los ahorros de los familiares. Un golpe económico que además impide el funcionamiento de los organismos oficiales creados para la aplicación de la Ley. Rajoy cierra la Oficina de Víctimas como prometió en el 2008 estando en la oposición: “Ni un solo euro para recuperar el pasado”. Lydia Vicente, perteneciente a la ONG Rights Watch Internacional Spain, declaraba a la prensa española: “si quitas la oficina de Atención a las Víctimas y se acaban las subvenciones ¿qué queda de esa Ley de Memoria Histórica cuando además no hay acceso a la Justicia”. Para la jurista internacional “esto es indicativo de la postura del Estado español en cuanto a las víctimas del franquismo. No hay justicia ni reparación, ni siquiera el mínimo acompañamiento para responder a sus dudas. Se evidencia que en España las víctimas del franquismo importan muy poco, que el Gobierno no está dispuesto a atenderlas como establece el derecho internacional.”

En relación con la legislación española el incumplimiento de la Ley por parte del Partido Popular es claro, ya que según ésta: La Administración General del Estado elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones para sufragar gastos derivados de las actividades de localización e identificación de víctimas.

En relación con la retirada de símbolos franquistas que la Ley contempla de forma expresa y general, en el mes de noviembre de 2008, el Ministerio de Cultura interviene y deja la puerta abierta al incumplimiento de lo obligado por la Ley. Se aprueba en Consejo de Ministros una Orden del Ministerio de Cultura (CUL/3190/2008) en la que se establecen excepciones, todas ellas de carácter subjetivo:

2.º Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior aquellos símbolos que se encuentren en un bien calificado como Bien de Interés Cultural siempre que se den los siguientes supuestos:
· Significado histórico: Sólo se conservarán aquellos símbolos con significado histórico y arquitectónico y que estuvieran previstos en el proyecto original de construcción del inmueble, siempre y cuando estén incluidos en la propia declaración de Bien de Interés Cultural.
· Valor artístico o artístico-religioso: Se conservarán aquellos símbolos con alto valor artístico o artístico-religioso y que formen parte del Bien de Interés Cultural y así haya sido reconocido en su declaración.
· Criterios técnicos: Que el símbolo constituya un elemento fundamental de la estructura del inmueble cuya retirada pudiera poner en peligro la estabilidad del mismo o cualquier otro aspecto relativo a su adecuada conservación.

¿Cómo se puede caer en la desfachatez de considerar un símbolo franquista como bien de interés cultural o artístico o religioso? ¿Cómo puede una comisión de expertos llegar a estas conclusiones, más aun si cabe si tenemos en cuenta que el franquismo instauró la contra-cultura en España, prohibiendo todo aquellos que no cumplía con los rígidos postulados del nacionalcatolicismo? Asociar franquismo y cultura es desde todos los puntos de vista una simple fantasía.

Parece claro que el Gobierno incumple la Ley y permite que otras administraciones públicas también lo hagan. Vergüenza debería darle al Partido Popular que tengan que venir la ONU a instarle al cumplimiento de la legislación vigente, a decirle que está violando los derechos humanos, pero no les da ninguna, en el fondo todos son franquistas, pertenecientes a un partido politico fundado por ministros franquistas y defensores a ultranza de una monarquía establecida por una Ley franquista.

Oiremos alguna vez a algún miembro destacado del Partido Popular afirmar que Franco fue un general golpista y traidor que se alzó en armas contra el estado español democrática y legalmente constituido, provocando una guerra entre españoles que causó centenares de miles de muertos. Que fue un dictador implacable que ejerció una represión extrema en España durante 40 años. No creo que estas declaraciones salgan nunca de la boca de un militante del Partido Popular, aún sabiendo que son la expresión de una realidad que nadie pone en duda salvo ellos mismos. No obstante las deberíamos oír algún día, pero no a nivel particular, deberíamos escucharlas en el Congreso formando parte de un texto institucional, aprobado por la totalidad de los diputados y con obligación de ser incluido en su totalidad en todos los libros de texto y enciclopedias. Deberíamos oírlo y deberíamos leerlo en los libros de historia contemporánea, esta es la verdad que la Ley de la Memoria Histórica contempla y la que las victimas reclaman y deberíamos hacerlo antes de que se convierta en un texto prehistórico.

Absolutamente desamparadas por el Estado, las asociaciones memorialistas siguen día a día con su trabajo, haciendo posible la recuperación de restos humanos y la dignificación de las víctimas, luchando para que los símbolos franquistas desaparezcan, exponiendo públicamente la verdad de lo que sucedió, pidiendo justicia y reparación. Toda la geografía española está plagada de estas asociaciones, la falta de medios o subvenciones no les parará hasta que consigan el último de sus objetivos. Las aportaciones voluntarias de victimas y simpatizantes son su única fuente de ingresos.

Únicamente la Junta de Andalucía ha iniciado recientemente políticas activas de apoyo a la LMH, por supuesto con la crítica negativa y unánime del Partido Popular, una crítica aberrante cuando lo que hace la Junta es simple y llanamente cumplir la Ley: “Las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore. Lo previsto en el párrafo anterior podrá aplicarse respecto de las entidades que, constituidas antes de 1 de junio de 2004, incluyan el desarrollo de tales actividades entre sus fines”.

Nada de lo anterior sustituye a la cuestión de la impunidad de los crímenes franquistas desde la perspectiva de los Derechos Humanos, esa es otra historia, su negacionismo no puede prevalecer y por tanto conviene sacarla a la palestra en cada ocasión que se presente, al menos hoy dejando este enlace, en el que el Equipo Nizkor efectúa un esmerado análisis junto con un plan de acción detallado para acabar con esa impunidad que solo beneficia a los franquistas y a sus colaboradores al mismo tiempo que supone un agravio sin medida para las victimas.

Benito Sacaluga