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La culpa es de Rufián

11 febrero, 2019

Fuente: http://www.blogs.publico.es

 

La culpa de todo es de Rufián. Ese tipejo tuitero, este indeseable golpista indepe, que no tiene puta idea de política, que ha arruinado la economía del país, la convivencia entre españoles y el decoro entre parlamentarios.

Hasta que llegó Rufián todo andaba bien. En España no había golpistas, los políticos no tenían actitudes chulescas, ni despóticas, ni decían palabras gruesas. En España nadie mentía.

Además, Rufián tiene la insolencia de clamar esas mentiras a viva voz en el mismísimo Parlamento. Tiene la desfachatez de abrir los brazos en cruz y gritar que este país es una vergüenza.

El diputado de ERC Gabriel Rufian, en el Pleno del Congreso, cuando fue expulsado por la presidenta de la Cámara por la presidenta de la Cámara, Ana Pastor. REUTERS/Susana Vera
El diputado de ERC Gabriel Rufian, en el Pleno del Congreso, cuando fue expulsado por la presidenta de la Cámara por la presidenta de la Cámara, Ana Pastor. REUTERS/Susana Vera

 

 

 

 

 

 

 

 

A la puta calle. Bien hecho, señora Pastor, usted que viene de una familia y un entorno de demócratas ejemplares, sabe bien lo que hay que hacer.

Porque no se pueden permitir estas deslealtades dentro del hemiciclo, no debemos tolerar que insinúe tales calumnias y falsedades en la cara del resto de honrados diputados.

Es inaceptable que Rufián diga, por ejemplo, que en el Parlamento español manda el Ibex.

No se puede permitir que siga acusando al PP de haberse financiado ilegalmente, de haber robado, engañado y chantajeado a todos los españoles durante cuarenta años.

También es falso que el PSOE sea su amiguete de trastadas. Que entre los dos partidos se hayan repartido todos los poderes del estado bajo el amparo de la corona, financiándose ilegalmente, repartiéndose concesiones a dedo, rompiendo ordenadores, quemando pruebas cuando hacía falta, jugando sucio, traficando con jueces y usando puertas giratorias para seguir ostentando el poder en España.

Si le permitimos estas barbaridades, puede acabar diciendo que todos los parlamentarios mienten. Acabará diciendo que el rey es un ladrón, acabará diciendo que el PSOE montó su propio grupo terrorista, que el partido popular está repleto de criminales. Acabará diciendo que partidos tan demócratas como Ciudadanos y Vox son unos fachas. Con lo fácil y respetuoso que sería llamarles ultraderechistas a los fachas.

Acabará diciendo que en este país los banqueros y las grandes empresas que dan esos servicios a los que todos tenemos derecho especulan, malgastan, desvían fondos y arruinan deliberadamente a los españoles con la complicidad de diputados, senadores, caciques, alcaldes y ediles, sin ningún tipo de remordimiento, solo por enriquecerse y comprarse otro chalet y otro yate donde follarse a más putas (cuanto más jóvenes mejor).

Acabará diciendo que las fuerzas de seguridad del estado están repletas de altos mandos que adoran a Franco. Es más, acabará diciendo que Franco puso al rey en el trono, y que los hijos y nietos de sus ministros montaron los partidos que, aún hoy, manejan el cotarro. Acabará hasta cometiendo herejía contra la santa Iglesia Católica española. Este niñato maleducado no puede llamarles franquistas solo porque no condenan el franquismo. Es intolerable. Hay que echarlo a la puta calle. El resto de diputados y senadores tienen derecho a trabajar por España como hasta ahora. Con amor, mucho trabajo, sacrificio y dedicación, con buenas maneras y buenas palabras. Con orgullo y satisfacción.

Así no hay manera de trabajar por España, con un tío tocando los cojones en el escaño de al lado y comportándose como un machista, escupiendo a sus compañeros de hemiciclo, convirtiéndolo todo en un reallity show de mal gusto. Esto no se había visto jamás.

Es un loco, ve fantasmas, está poseído por el demonio, nada de lo que dice es cierto. No se puede permitir que confunda a los españoles hablándoles sobre políticos mafiosos y corruptos. Rufián tiene visiones propias de un demente.

Se le tiene que expulsar de la política porque si sigue así, acabará engañando a esos pobres ciudadanos, incultos, adoctrinados y descerebrados, que se creen todo lo que dice en la tele y en el Twiter. Acabará arrastrando a las gentes en su locura paranoica y maleducada. Y, Esto, sus señorías, no puede ser.

Se sienten, coño, y escuchen con atención:

– Mire usted…¡Los políticos somos buena gente!

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Los enormes costes sociales de las tensiones interterritoriales en España

24 enero, 2019

Fuente: http://www.publico.es

Vicenç Navarro
Autor del libro ‘Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante’. Anagrama, 2015

En Catalunya, el mayor conflicto político existente hoy es entre aquellos partidos políticos que se definen como soberanistas, y que desean la secesión de Catalunya del Estado español, y los unionistas que se oponen a tal secesión, y que defienden la continuidad del Estado español actual, cuya Constitución no permite tal secesión. Dicho conflicto ha creado una enorme tensión dentro de Catalunya entre los independentistas (que se definen como soberanistas, y así son presentados por los mayores medios de información) y los unionistas (que se definen a sí mismos como constitucionalistas). Fuera de Catalunya la tensión es entre el Estado español, gobernado durante todo el periodo democrático por partidos unionistas, y la Generalitat de Catalunya, que es gobernada por una coalición de partidos independentistas hegemonizada por un partido nacionalista (hoy independentista) conservador, el cual ha gobernado Catalunya durante la mayor parte del periodo democrático.

Estos conflictos y tensiones están teniendo unas consecuencias muy negativas para la calidad de vida y el bienestar de las clases populares de Catalunya y del resto de España, las cuales están padeciendo una de las mayores crisis sociales que España (incluyendo Catalunya) haya sufrido en su periodo democrático, y ello como consecuencia de las políticas públicas aprobadas por los partidos unionistas gobernantes en España y por el partido secesionista mayoritario (CDC, más tarde PDeCAT) que ha gobernado en Catalunya durante la mayor parte de los años desde el establecimiento de la democracia. Tales políticas han tenido un claro corte neoliberal, como por ejemplo las reformas del mercado laboral que han generalizado la precariedad entre los trabajadores, los bajos salarios y la desprotección social, y los recortes de los derechos laborales y sociales (con una descenso muy marcado del gasto público social en el que ya era, antes de la Gran Recesión, uno de los Estados de Bienestar de la Unión Europea –UE– menos financiados).

Estas políticas públicas han contribuido en gran medida a aumentar las desigualdades sociales, con un gran incremento de las rentas derivadas de la propiedad y de la gestión de los bienes y servicios privados a costa de un notable descenso de las rentas derivadas del trabajo (predominantemente salarios). Ello ha implicado un gran descenso del bienestar de las clases populares, que constituyen la mayoría de la población. Y aunque esta situación ha tenido lugar en la mayoría de los países europeos y norteamericanos que han aplicado tales políticas públicas neoliberales, creando un gran malestar popular, en España estas políticas han sido aplicadas con mayor dureza, siendo las consecuencias de su aplicación incluso más negativas en nuestro país.

La peculiaridad del caso español: los partidos que han aplicado las políticas públicas neoliberales en España y en Catalunya continúan gobernando

Ha habido, sin embargo, una diferencia entre lo ocurrido en aquellos países y lo que ha ocurrido en España, incluyendo Catalunya. Mientras que en los primeros países los partidos gobernantes que han impuesto tales políticas neoliberales (y digo impuestas porque no estaban anunciadas en sus programas electorales) han visto como su apoyo electoral disminuía marcadamente hasta el punto de ser expulsados del poder por el electorado, no ha sido así ni en España ni en Catalunya, donde los partidos neoliberales gobernantes (en España el PSOE, el PP y de nuevo el PSOE, y en Catalunya Convergència -redefinida como PDECat- en alianza primero con UDC y más tarde con ERC) continúan gobernando. Esta situación es única en Europa. Dos de los gobiernos más duros en la aplicación de sus políticas públicas neoliberales (el español y el catalán) han continuado en manos de los mismos partidos que siguieron aplicando dichas políticas (aun cuando el PSOE parece haberse distanciado algo como resultado de su alianza con Unidos Podemos y sus confluencias). ¿Por qué?

Sin lugar a dudas la causa de tal situación anómala es la tensión nacional a la que me refería al principio del artículo. Ambos bandos (los unionistas y los secesionistas) han estado dirigidos durante muchos años por partidos de derechas de clara vocación neoliberal. Por un lado el PP (apoyado por Ciudadanos, ambos partidos de derechas de clara orientación neoliberal), y por el otro Convergencia (cuyo equipo económico es también neoliberal). Ahora bien, esta realidad queda ocultada por el enorme espacio que ocupa el tema nacional, que absorbe toda la atención mediática. En realidad, las tensiones, interterritoriales, basadas en concepciones nacionalistas opuestas, juegan un papel clave en precisamente ocultar la responsabilidad de tales partidos en generar y reproducir la gran crisis social.

El tema nacional, que absorbe el debate político, oculta la crisis social creada por los dirigentes de ambos lados de la crisis nacional

En España sí que hubo un movimiento de protesta, el 15-M, que tuvo un impacto enorme en la vida política del país, y cuya dimensión política, Podemos (y sus confluencias En Comú Podem y En Marea), a la que se unió IU, ha tenido un mayor impacto en la vida política del país. Su denuncia del Estado era por la nula representatividad de la clase política dominante en aquel Estado. El eslogan “no nos representan” fue inmediatamente adoptado por millones de españoles (incluyendo catalanes), y fue el responsable del enorme éxito del movimiento político-social que generó (hoy Unidos Podemos), el cual ha provocado un cuestionamiento del Estado uninacional, cuestionamiento que ha ido expandiéndose, llegando a afectar el sistema monárquico, eje del Estado uninacional español.

Su demanda incluye una redefinición de la soberanía, es decir, del ejercicio del poder popular, y exige una democratización del Estado. El derecho a decidir es el derecho de la ciudadanía a escoger sobre cualquier dimensión de lo público que afecte a su bienestar y calidad de vida. De ahí que en esta visión de soberanía, lo social y lo nacional estén intensamente relacionados y sean parte del mismo concepto, tal como muy bien subraya Julio Rodríguez en su excelente libro Mi patria es la gente, de reciente publicación. La nación (vivida a nivel personal como la patria) es la gente. En la liga de patriotismo, el mejor patriota es el que lucha más para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población, de la que la mayoría son las clases populares. Bajo este criterio, los partidos de derechas españoles (que lideran a los unionistas) y catalanes (que lideran a los secesionistas), que se presentan como los “superpatriotas”, fallan estrepitosamente, pues han estado apoyando políticas públicas neoliberales que han dañado enormemente a la gente. Es sorprendente que nunca un periodista haya preguntado al Sr. Rajoy, al Sr. Mas, al Sr. Puigdemont o al Sr. Torra “¿cómo pueden ustedes presentarse como un grandes patriotas cuando está apoyando y aplicando políticas neoliberales, como los recortes, que han dañado a su pueblo?”.

La respuesta que darían tales dirigentes independentistas a tal pregunta es que ellos desean la independencia para precisamente tener más poder para atender a la población. Pero este argumento tiene escasa credibilidad, pues gran parte de sus creencias y posturas son de sensibilidad neoliberal. Es más que dudoso que en una Catalunya gobernada por tal pensamiento la gente viviera mejor, por muchos más recursos que el país tuviera. Estados Unidos, donde el pensamiento neoliberal domina el país, es muy rico y en cambio la mayoría de la gente no tiene ni siquiera derechos tan elementales como tener acceso al sistema sanitario.

¿Qué es soberanía?

Hay, pues, que recuperar una comprensión popular de lo que es la soberanía, es decir, el derecho a decidir a todos los niveles, incluyendo, naturalmente, el nivel de decisión que se desee compartir. El derecho a decidir es el derecho a escoger, y a nivel nacional, incluye, en el caso de Catalunya (o de cualquier otra nación o pueblo), escoger la relación que tiene con el resto de España, elección que debe incluir otras formas, además de la secesión. En realidad, hay poca conciencia de que el independentismo raramente ha sido mayoritario en Catalunya. El presidente Companys (uno de los presidentes de la Generalitat de Catalunya más populares en Catalunya y en España) no era independentistas. Sus banderas no eran ni la estelada (la bandera independentista) ni la borbónica. Eran la senyera (la bandera catalana) y la bandera española republicana.

El independentismo en Catalunya es un producto de masas nuevo generado primordialmente por la enorme hostilidad del Estado central hacia el reconocimiento de la España plurinacional. Fue cuando el Estado central vetó elementos sensibles del Estatuto de Catalunya que el independentismo creció. Esta es la realidad ocultada en los medios españoles. Las tensiones interterritoriales han beneficiado predominantemente a las derechas a ambos lados del Ebro, y son los partidos más ultraderechistas (PP, Ciudadanos y Vox) los que son los más “patriotas”, los más “nacionalistas” y los más “neoliberales”. En este contexto, las condenas propuestas por la fiscalía del Estado incrementarán todavía más, sin lugar a dudas, estas tensiones y el independentismo.

Y un tanto igual ocurre en Catalunya. La más radical en su independentismo es la derecha conservadora, que sin la causa nacional habría desaparecido del espectro político. Se me dirá, con razón, que hay partidos radicales de izquierdas, que no son neoliberales, y que apoyan la independencia, los cuales asumen que tal causa es la mayor amenaza para el Estado borbónico español. No desmerezco la importancia de dicho argumento, pero lo creo equivocado, pues en realidad el independentismo que apoyan ha sido liderado en Catalunya por las derechas catalanas que han sido claramente antiespañolas (léanse los escritos del Sr. Torra, definiendo a los españoles con términos claramente ofensivos, o recuérdense las declaraciones del Sr. Pujol diciendo que los “charnegos” eran intelectualmente inferiores), las cuales han reforzado con su mensaje de que “España nos roba”, actitudes que han generado un sentimiento de apoyo entre las clases populares españolas hacia los partidos nacionalistas más extremos y hacia sus instituciones como la Monarquía.

Soberanía no es lo mismo que independencia

Es más, la monopolización del concepto de soberanía por parte de los independentistas (de manera tal que soberanismo ha pasado a ser homologable a independentismo) ha eliminado las posibilidades de que se discutan y debatan otras formas de soberanía (federal, confederal o lo que fuere), que es lo que el independentismo ha deseado: la eliminación de otras propuestas soberanistas. Y es ahí donde los mal llamados “soberanistas” de En Comú Podem (liderados por la que fue portavoz parlamentaria de tal coalición política) están haciendo gran daño al propio soberanismo. La vía independentista es solo una versión del soberanismo, pues hay otras formas de éste (tales como la defensa de la soberanía popular, la soberanía federal, la soberanía confederal y un largo etcétera) que quedan olvidadas, cuando no ocultadas, en esta monopolización del concepto de soberanismo.

Asumir que el independentismo es la única forma de soberanismo es profundamente erróneo, pues dicho independentismo limita la soberanía a la realización de un referéndum (que además defiende que sea unilateral) binario en el que se escoja sí o no a la independencia, limitando de esta manera la soberanía popular. Por otra parte, acercarse a la corriente independentista (que es lo que están pidiendo los autodefinidos “soberanistas” rebeldes en Catalunya en Comú) es apoyar su visión esencialista de carácter exclusivamente identitario, que antagoniza a las clases populares que se siente españolas, y que son la mayoría de la población en Catalunya y en España. Lo que es necesario es un soberanismo popular, construido a partir de una alianza con otras naciones y pueblos de España, para establecer no solo una cultura sino también un Estado republicano, en el que se pueda ejercer la soberanía dentro de una fraternidad y solidaridad interterritorial. Esta es la vía de las fuerzas derivadas del 15-M, que fueron un vendaval de aire fresco en un ambiente asfixiante y que hoy representan la esperanza de construir otra España, con su diversidad y plurinacionalidad basadas en la solidaridad y la fraternidad.

Los okupas y los rabiosos

11 enero, 2019

Fuente: http://www.eldiario.es

Escribo en defensa del reino

del hombre y su justicia.

Pido la paz y la palabra.

Blas de Otero

Están rabiosos. Uno lo siente en las miradas torvas, en los cuchicheos e incluso en las invectivas fuera de todo límite educacional. Lo peor del desfile militar que oficialmente pretende conmemorar el día de toda una nación no reside en los vuelos rasantes sobre tu cabeza días antes ni en quedarte atrapado en una ratonera de tráfico –todo eso son incomodidades que un madrileño asume bien sea por esto, por la Cabalgata o por el desfile de Orgullo–, lo peor fueron esas miradas que pretendían hacerte sentir fuera de lugar en la que es tu casa. Lo que podría resultar una metáfora –España es amplia, diversa y tan plural como lo somos los españoles– se convierte en este día en una realidad tan ramplona como esas miradas que te reconocen y conocen y que, por tanto, se identifican contrarias a un pensamiento que tu expresas en libertad y pretenden hacerte sentirte mal, fuera de lugar y extranjero en aquel lugar que no sólo es tu patria también, sino que literalmente es tu propio hogar.

Están rabiosos y se envuelven en una bandera que pretenden común para gritarle okupa y golpista a aquel que gobierna con tu aquiescencia y tu apoyo bien sea directo o indirecto. Se ponen la enseña nacional por capa y hacen de su capa un sayo y de su visión de la vida un gálibo por el que no entra ninguna otra posición. Muestran su cara más inconstitucional cuando pretenden quitarle legitimidad a una de las formas constitucionales de llegar al poder en este país y cuando pretenden que no existe respaldo popular tras la formación de un gobierno que se sostiene gracias al voto de 11.574.044 personas cuyos representantes apoyaron la moción de censura que derribó al gobierno de Rajoy. Okupar el poder con el respaldo de once millones y medio de ciudadanos incorrectos, ciudadanos cuyos intereses, problemas y pensamientos no merecen llegar al poder porque no son los adecuados, no son los únicos, no son los verdaderos. Ese es el nivel del debate político en este país.

Están rabiosos y no van a parar en mientes para hacérnoslo saber. Ni siquiera la ciencia afirma que exista una sola solución para un problema dado, pero ellos sí. Machacan e insisten: o su visión de la sociedad o el caos. El caos para ellos y para sus intereses porque el caos social, el caos personal, ya lo han sembrado durante más de una década sin que les haya importado ni lo más mínimo. Están tan rabiosos por la pérdida de ese poder que creen les corresponde por mandato imperativo del orden de las cosas que ya han perdido el sentido del ridículo y de la mesura y nos hablan de hambrunas y de venezuelas como si hubieran olvidado que vivimos en el euro y que la ministra de Economía procede del núcleo de su sistema.

Y cuanto más sube su rabieta por la pérdida del poder –que de eso se trata ni más ni menos– y más garrotazos patrióticos quieren darnos a golpe de roja y gualda y de sacrosanta unidad y de blanqueamiento del dictador siquiera a golpe de inhibirse, más consiguen que persistamos en que esta España que muchos queremos está a años luz de su pacatismo y de su imposición y nos hace más consciente de que existe un camino de solidaridad, libertad, progreso y futuro que no hace caja en euros ni habita en sus mástiles.

Están rabiosos. Son patanes lanzándose al calcañar de un presidente porque, pobre plebeyo usurpador, no ha sabido encontrar su sitio en los salones del poder. No importa que sea incierto. Es la rabia y la espuma y la bilis de aquel que siente usurpado el armiño por el indigno, aunque sea que ellos mismos no pisarán ni en sueños ni esas alfombras ni esas alturas. Sea que ellos mismos sean unos parias de la tierra dejando el rastro del sudor en cada amanecer de lunes. El okupa es el otro porque el paraíso del poder es de los suyos, que les oprimen y les pagan salarios de mierda igual que a los demás, pero que les permiten soñarse dentro de una élite redentora de bienpensantes y bienhacientes. Dóciles con ese poder que se ríe de ellos con la misma fuerza que de los demás mientras se revuelca en otros mundos que ni siquiera pueden imaginar cuando les entregan su vida en las urnas. Porque esos que han sustentado durante años a los ladrones, a los tahures, a los infames son los que van a guardar por nosotros las esencias de este país en el que son ya tan inquilinos como el resto.

Están rabiosos y prefieren una sociedad hostil en la que el poder lo ostenten los que se arrogan ese derecho desde siempre. Dispuestos a emprenderla contra un mínimo salario de dignidad porque creen que nunca será el que a ellos se les adjudique o porque, incluso siendo el suyo, sienten que estarán más cerca de la fuente de la abundancia si renuncian a reivindicarlo como injusto.

Están tan rabiosos que sus líderes no tienen límites y están dispuestos a rugir su rabia incluso con el riesgo cierto de hacer el ridículo. Iremos a pasar hambre, dicen. Si esta España que reclamamos también nuestra tiene su límite entre el crecimiento y la hambruna en unos cientos de euros de salario digno ¡poco país y poca patria y poca justicia nos han construido!

Están rabiosos y lo sabemos. Lo sabe cada una de las personas que votó por sacarles del poder y también aquellas que fueron reticentes o que no dieron el paso. Están rabiosos, pero con su rabia sólo logran encender más nuestra ansía de justicia y de libertad. Las cosas han cambiado. Están rabiosos y van perdiendo.

La insensibilidad moral de la Iglesia católica

25 diciembre, 2018

Fuente: http://www.publico.es

Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.

Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

No existe plena conciencia en España del enorme conservadurismo de las máximas autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica en nuestro país, resultado de su histórica alianza con las fuerzas ultraconservadoras que han dominado al Estado español en los últimos setenta y cinco años. Y quisiera aclarar que cuando hablo de la  jerarquía española, incluyo también a  la catalana y a la vasca que, aún siendo más sensibles hacia el carácter plurinacional del Estado español, continúan siendo insensibles hacia el bienestar social de las clases populares, limitando su acción a la labor asistencial de carácter caritativo, la cual, sin desmerecer su valor para sectores muy vulnerables de la población, no afecta al bienestar general de la mayoría de la población, seriamente afectada por las políticas públicas de austeridad del gasto público del Estado español (tanto el central como las CCAA). Los recortes de gasto público social  que caracterizan a estas políticas públicas de austeridad contribuyen  en gran medida al deterioro de la calidad de vida de la población. La falta de crítica de la Iglesia Católica hacia estas políticas públicas promovidas ahora por los gobiernos conservadores que están debilitando enormemente las transferencias (como las pensiones) y los servicios públicos (como sanidad, educación y servicios sociales del Estado del Bienestar) es sorprendente en una institución –como la Iglesia Católica- que se presenta como promotora de la moral individual y colectiva de una sociedad. El énfasis en la caridad, en ausencia de una preocupación por la justicia y la equidad, suena a una incoherencia próxima al escapismo y cercana al oportunismo.

Su aparente preocupación por los síntomas –la pobreza-  con deliberado olvido de sus causas –la injusticia y explotación social- es una muestra de una moral oportunista, afín a las estructuras de poder responsables de la pobreza. Hoy el deterioro del bienestar de la población se está generando mediante unas intervenciones públicas que sistemáticamente apoyan a unos sectores y clases sociales a costa de otros. La evidencia de ello es abrumadora.

De ahí que, comparando el silencio ensordecedor de las autoridades eclesiásticas frente a estas políticas públicas con la protesta activa y contundente frente a las políticas que facilitan el aborto y permiten la homosexualidad, parezca lógico concluir que la jerarquía eclesiástica tiene una gran preocupación (que alcanza niveles casi de obsesión) por los derechos de los que no han nacido todavía (en su lucha, por ejemplo, contra el aborto) y en cambio muestra una desatención hacia los derechos de los que ya han nacido.

Comparando con la Iglesia Protestante Anglicana

Este ultraconservadurismo se pone en evidencia claramente cuando se compara también su comportamiento con el de la Iglesia Protestante Anglicana en Gran Bretaña frente a una situación semejante a la de España . El Sr. Rajoy de Gran Bretaña se llama Sr. David Cameron, presidente del PP británico que se llama Partido Conservador. Como en España, el Partido Conservador ha sido históricamente muy cercano a la Iglesia Anglicana hasta el punto de que solía llamársele el Partido Conservador con Sotana. Pero esta relación se ha ido debilitando y, aunque es el partido más próximo a esta Iglesia, el hecho es que últimamente ha habido bastantes enfrentamientos sobre temas de política económica y social.

Así, el gobierno presidido por David Cameron ha estado, como también el gobierno Rajoy, debilitando el Servicio Nacional de Salud (National Health Service, NHS) a base de recortes de gasto público sanitario, que están destruyendo el servicio. 25.145 empleados han sido despedidos; se ha reducido el 6% de todas las camas hospitalarias; el tiempo de espera promedio ha alcanzado la mayor cifra conocida; la satisfacción del usuario con estos servicios ha decaído, bajando de un 70% en 2010 a un 60% en 2012; la privatización de la sanidad ha sido favorecida por estos recortes, que están afectando a la calidad de los servicios sanitarios públicos; 12 hospitales públicos han sido privatizados; y así un largo etcétera, políticas, todas ellas, que están siendo aplicadas aquí en España por el Partido Popular, el partido más próximo a la Iglesia Católica (junto con CiU, cuyo gobierno está llevando a cabo políticas también semejantes en Catalunya).

Pues bien, en Gran Bretaña las autoridades máximas de la Iglesia Anglicana han denunciado pública y extensamente estas políticas. Un ejemplo es el simposio convocado por el Arzobispo de York para analizar los valores morales que guiaban el desarrollo de estas políticas. El documento preparado por el Arzobispo John Sentamu (Health and Well-Being, and the NHS) debería ser lectura obligatoria para todas las autoridades de la jerarquía católica española, para todos los creyentes católicos y para todos los votantes del PP (y de CiU). Sería deseable que algún católico progresista lo tradujera. El documento incluye comentarios como los siguientes:

“Deberíamos favorecer aquellas políticas que alientan el sentido de hermandad de los que viven en nuestro país. (…) Estas políticas de recortes van en contra de estos valores (…) afectan a la dignidad de las personas.(…) No  podemos apoyar políticas que separan, no unen, a personas, y muy en especial en momentos de gran vulnerabilidad, como en la enfermedad.(…) La compasión necesita ir asociada con el sentido de dignidad, derechos y equidad.(…) La  moral nos exige construir una sociedad bajo estos principios.(…) Es nuestra obligación defender los principios de Bevan (el Ministro de Salud del gobierno laborista británico que estableció el NHS) que dan el derecho a cada ciudadano de tener acceso a los servicios sanitarios.(…) No podemos apoyar o estar callados frente a una situación como la actual en la que este derecho está siendo afectado en la práctica por las políticas de recortes. (…) No podemos aceptar por razones morales que la atención sanitaria dependa de la capacidad de pago del paciente. (…) El NHS debería estar financiado progresivamente, de manera que contribuyan con impuestos más acentuados los que más tienen. (…) Debemos apoyar a un sistema público en el que tanto los pacientes como los que trabajan en él sean respetados y queridos por el sistema. Un hospital no puede ser un supermercado. (…) Necesitamos expresar nuestro profundo desacuerdo con aquellos políticos que no respetan la justicia social que guía la financiación y provisión de servicios del NHS, de manera que los recursos se financien según el nivel de renta e ingresos de la ciudadanía, y que se distribuyan según la necesidad de los pacientes. Necesitamos hablar claro a favor de la equidad”.

Nada semejante a este documento ha sido firmado por ningún obispo español, en respuesta a la crisis actual. Aquí toda crítica de la Iglesia al gobierno  ha sido sobre temas relacionados con el sexo (aborto, homosexualidad) y sobre los ingresos a la Iglesia por parte del Estado, y nada, repito, nada, sobre justicia social. Y es ahí donde sería deseable que hubiera un movimiento en las bases de la Iglesia Católica española (incluyendo la catalana y la vasca) para exigir un cambio en sus dirigentes. Es de una enorme importancia para que la situación actual pueda cambiar. Así pasó en Gran Bretaña y así podría (y debería) ocurrir en nuestro país.

Respuesta de un militar democrático al desafío franquista

28 noviembre, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

Hace algunos días un grupo numeroso de militares en la reserva, de los tres ejércitos,  emitió un manifiesto en defensa y desagravio del general Francisco Franco. Es evidente que su objetivo es presionar al gobierno para que los restos del dictador no sean retirados del Valle de los caídos. Su segundo objetivo, y no menor, es amedrentar a la sociedad española, estableciendo de algún modo una línea roja que no se debe cruzar.

Los ciudadanos de mi edad, más de setenta años, hemos vivido muchas veces situaciones como esta. Situaciones que desgraciadamente han tenido efectos perversos para el desarrollo de una sociedad plenamente democrática e igualitaria.

Las Fuerzas Armadas, o al menos sus miembros con más poder e influencia, a veces los galones no lo son todo, se han considerado con el derecho y el deber de señalar líneas rojas a la sociedad: línea roja a la República; línea roja a los partidos marxistas; línea roja a la separación Iglesia Católica, Estado; línea roja a todo lo que conduzca a una igualdad económica entre los ciudadanos; línea roja a un proceso de memoria histórica y de determinación de responsabilidades por los crímenes perpetrados durante el golpe de estado de 1936, la guerra civil, y la dictadura de cuarenta años; y línea roja a uno de los objetivos más irrenunciables de un Estado, tener una política exterior soberana, sin estar en la estela obligada por el Imperio.

Es inútil, y por tanto no tiene sentido alguno, entrar en controversia con los firmantes del manifiesto, sobre cuál fue la historia de España durante los 40 años de poder absoluto franquista. Cualquier europeo con formación escolar obligatoria lo sabe:

Golpe de Estado de los ejércitos españoles contra la legítima y legal II República Española.

Eliminación física inmediata de todas las personas que se opusiesen o no colaborasen con el golpe de estado, empezando, entre otros por sus compañeros de armas leales a la República.

Régimen político fascista-católico, similar a los de Hitler y Musolini durante 40 años.
Imposición de un sucesor obligatorio del régimen, el rey Juan Carlos I.

Todo esto, y más que no se detalla para no aburrir, es el legado de Franco.

Los militares franquistas, alejados por instinto de cualquier sociedad democrática, se permiten ahora amenazar a la ciudadanía, poner una línea roja al Estado, y ofrecernos en bandeja de acero y pólvora su perniciosa receta: apología del fascismo, elogio al dictador, y honor calderoniano, “Detrás de mí, Dios”.

Y Dios solo existe en las conciencias de sus fieles, pero no en la sociedad civil. Esta se rige por otros principios: Respeto a la soberanía del pueblo, respeto a la ley, respeto a los valores democráticos y respeto a los derechos humanos.

Señores militares franquistas, ¡Bájense del caballo, lean por las noches, y respeten a los ciudadanos! No den ejemplo, no nos hace falta.

Fake news que aparecen en el discurso unionista e independentista

24 noviembre, 2018

http://www.publico.es

Vicenç Navarro
Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra.

A raíz del conflicto entre el estado borbónico español por un lado y el gobierno independentista catalán por el otro, han aparecido en los discursos de los nacionalistas de los dos polos – el españolista y el catalanista – toda una serie de aseveraciones que distorsionan claramente la realidad que nos rodea. Es necesario y urgente, por lo tanto, que se muestren tales aseveraciones como mera propaganda política que se promueven para defender sus intereses puramente partidistas (la movilización de sus bases) a costa del bien común, que sale perjudicado por el aumento de tales tensiones. En este artículo citaré varias de estas aseveraciones realizadas por cada bando (el unionista y el secesionista) que – tal como intentan las fake news – confunden y desfiguran lo que, en realidad, está ocurriendo en este país.

I. FAKE NEWS DEL ESTABLISHMENT UNIONISTA ESPAÑOL

  1. No hay presos políticos en España (?!)

Un argumento bastante extendido entre dirigentes del bando unionista (así como partes del aparato del Estado central y columnistas y articulistas afines a tal bando) es que no se puede hablar de presos políticos en España, ya que los dirigentes secesionistas que están en la cárcel o en el exilio no pueden considerarse como tal. Es más, incluso dirigentes de izquierdas que padecieron prisión en los calabozos de la dictadura franquista han señalado que tales personas “no son prisioneros políticos”, pues las condiciones a las que están sujetos en nada se parecen a las que ellos o ellas vivieron. De ahí su conclusión de que no sean presos políticos.

Pero no puede concluirse, ni por la desemejanza en las condiciones carcelarias (ahora y durante la dictadura) ni por el contexto político en el que se realizaron las detenciones ahora y las que ocurrieron durante la dictadura, que los secesionistas presos no sean presos políticos. Es cierto que llevan razón aquellos que critican los actos en la prisión Modelo de Barcelona – donde se encarceló a la mayoría de resistentes antifranquistas – que realizaron los gobernantes secesionistas de la Generalitat de Catalunya para intentar establecer un paralelismo entre las detenciones y los encarcelamientos de entonces y los de ahora. En realidad, cualquier persona que haya padecido la represión del régimen fascista puede distinguir claramente que hay una diferencia entre la situación de entonces y la de ahora. Pero ello no niega que tanto los detenidos como los exiliados independentistas estén donde están por razones políticas, como consecuencia de una falta de sensibilidad y cultura democrática del Estado español, que intenta resolver un tema político mediante medidas represivas y punitivas de carácter policial y judicial, medidas que han sido de una torpeza inmensa, a todas luces extremas, pues los secesionistas las han utilizado astutamente para movilizar a sus bases y desacreditar internacionalmente al Estado español, lo cual han conseguido con bastante éxito (ver mi artículo “El porqué de la pobre imagen que el Estado español proyecta al exterior”, Público, 22 de junio de 2018). Día tras día aparecen noticias del ridículo que está haciendo el Estado español y su judicatura, cuando tribunales europeos están señalando (y denunciando) el carácter político de la judicatura española. Solo esta semana hemos visto como en Bélgica un juez ha desestimado la sentencia de la Audiencia Nacional, ratificada por el Tribunal Supremo, contra el cantante Josep Miquel Arenas por “enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas”, concretamente a tres años y medio de cárcel en España, por las canciones insultantes hacia el Jefe del Estado español. Viví durante mi largo exilio en Suecia y Reino Unido (dos monarquías) y en Estados Unidos (una república), y no concibo que instituciones jurídicas homologables en aquellos países a las que han realizado tal sentencia se hubieran comportado como en España, de una forma tan represiva, claramente en contra de la libertad de expresión. Estuve trabajando en la Casa Blanca (en el grupo encargado de elaborar la reforma sanitaria de aquel país en la administración Clinton) durante el período del escándalo Lewinsky, que generó (con razón) una enorme avalancha de insultos hacia el presidente Clinton. Ni una persona en EEUU fue amonestada por tal comportamiento. Y en las monarquías sueca y británica los reyes recibían insultos sin que nadie fuera llevado a los tribunales. “Spain is different”, sin embargo. Aquí se los sanciona, y ello se debe a razones políticas, reproduciendo una cultura política heredera del régimen anterior de nula sensibilidad democrática.

Un tanto igual sucede con la acusación de rebelión a los dirigentes independentistas que hicieron los actos de desobediencia civil del 1 de octubre, acusándolos nada menos de rebelión violenta, acusación considerada sin mérito por tribunales alemanes homologables a los españoles. Tal acusación de rebelión responde a una cultura represiva de carácter político, imbuida del nacionalismo españolista, intolerante hacia una visión plurinacional de España. Es una sentencia claramente política, hecha por cuerpos e instituciones judiciales enormemente politizados. Está claro que la opinión más extendida en Europa es que estas decisiones judiciales en España tienen una motivación política y, por lo tanto, sus víctimas son presos políticos.

  1. La desobediencia a la ley es un indicador de un comportamiento antidemocrático (?!)

Una constante en portavoces del establishment español es la acusación de que la desobediencia a la ley es un indicativo de un comportamiento contrario a la democracia. Esta confusión, asimilando ley y democracia, deriva de una visión profundamente conservadora a favor del statu quo. Pero la ley no es intrínsecamente análoga a democracia. Una ley puede dificultar el desarrollo democrático de un país. Por ejemplo, la ley que regula los procedimientos del sistema electoral español permite que un partido, con una minoría de votos notable, controle el Senado. El carácter sesgado de la ley española (que queda también reflejado en la ley electoral catalana) permite que una minoría tenga poder sobre una mayoría, y ello ocurre constantemente en el sistema representativo español (y catalán).

De ahí que desobedecer la ley no sea equivalente a ser antidemocrático. En realidad, la desobediencia civil ha sido una constante en el mejoramiento del sistema democrático. El hecho, además, de que tal desobediencia se quiera castigar con medidas represivas de tipo policial y judicial es, como indiqué en el párrafo anterior, característico de sistemas con una escasa cultura democrática. Dicha desobediencia debe tener una respuesta política y, si se da el caso, incluso administrativa (como las inhabilitaciones), pero no debe recurrirse a una respuesta policial, judicial o militar.

II. FAKE NEWS DEL ESTABLISHMENT INDEPENDENTISTA

Habiendo mostrado las falsedades que se reproducen en el discurso unionista dominante, paso a mostrar las falsedades en el discurso secesionista.

  1. Hay un mandato popular para que Catalunya se separe de España (?!)

La proclamación de la independencia no puede basarse en la existencia de un mandato popular, como constantemente acentúan líderes independentistas. Ni las elecciones (que les dieron una mayoría en el Parlament – 70 de 135 escaños – que no se corresponde con una mayoría electoral – 47,51% de votos independentistas, frente al 52,05% de votos no independentistas –, debido a una falta de proporcionalidad en el sistema parlamentario catalán) ni las encuestas muestran que la mayoría de la población catalana desee la independencia. Todo lo contrario, la evidencia apunta que la mayoría de la población catalana no desea la secesión. Este es el punto débil de su legitimación y justificación: no hay un mandato popular para la secesión. La declaración de independencia aprobada en el Parlament, que considera establecida la República Catalana, es profundamente antidemocrática, pues no refleja la voluntad de la mayoría.

Según datos del barómetro del CEO de junio de 2017, en Catalunya, en general, las personas con un nivel de renta familiar superior a 1.800 euros quieren la independencia, mientras que no la quieren los que pertenecen a tramos de renta inferior. Por lo tanto, los datos muestran que son precisamente las clases populares en general y la clase trabajadora en particular las que están más en desacuerdo con la secesión. Los datos están ahí para todo el que quiera verlos. Es el punto más flaco del procés. Su proceso hacia la independencia es profundamente antidemocrático, y están utilizando todos los medios – incluyendo medidas antidemocráticas como el abusivo control de los medios de comunicación públicos de la Generalitat – para alcanzar sus objetivos.

  1. El “referéndum” del 1 de octubre avala el mandato de secesión (?!)

Tal argumento parece desconocer lo que se requiere para que un referéndum sea considerado un referéndum. Una de las condiciones para que pueda hablarse de referéndum es que exista una pluralidad de opciones con plena capacidad de decisión y debate de alternativas, es decir, que se muestren todas las alternativas y que puedan ser debatidas. Debería estar claro que las condiciones en las que se realizó dicho referéndum – con control, utilización y masiva instrumentalización de los medios públicos por parte de la Generalitat – no garantizaron el debate y su credibilidad. Se confundió agitación con debate. Ahora bien, el hecho de que no pueda definirse como referéndum, no excluye que podría considerarse como un acto de protesta en contra en Estado central, como muchos participantes  hicieron, siendo en este sentido un acto efectivo de denuncia de su nula vocación democrática. Ello no justifica, sin embargo, que se considere como un mandato popular para declarar la independencia. Incluso considerando como válidas las cifras dadas por la Generalitat, nos encontramos que solo un 38% del censo electoral votó a favor de la independencia en el día 1 de octubre. No puede tomarse este bajo porcentaje como muestra de un mandato popular. Es más, un número elevado de votantes votó para mostrar su oposición y desacuerdo con el gobierno Rajoy, situación que fue incluso más acentuada por la tarde de aquel día, cuando hubo gente, como yo, que salimos a la calle para votar como protesta frente a la brutalidad policial, que se había mostrado en las noticias del mediodía.

  1. Los dirigentes independentistas representan a toda la población catalana (?!)

La posición de los independentistas, que estaban ganando la batalla ideológica a nivel internacional, fue debilitada cuando se supo de la ideología que alimentaba el secesionismo del Sr. Torra, elegido presidente, pasando a ser el dirigente del movimiento independentista. El hecho de que definiera a los catalanes no catalanoparlantes (la mayoría de la clase trabajadora) como ciudadanos de segunda categoría tuvo un impacto internacional muy denigrante para este país. Su etnicismo (casi racista) identificó al  independentismo como un movimiento de ultraderecha xenófobo. Haber acusado al presidente Montilla de no ser merecedor de tal cargo al ser inmigrante y no suficiente catalán, fue un indicador de un pensamiento xenófobo que ha alarmado a la opinión internacional. Hay que subrayar que tal etnicismo, que ya se presentó en su día en el pujolismo, está asustando a gran parte de la opinión internacional, creando a la vez unas enormes tensiones dentro de Catalunya. Sin embargo, debe subrayarse también que este etnicismo, aunque característico de sectores dirigentes de la derecha catalana nacionalista, no es representativo de grandes sectores del independentismo republicano.

  1. El procés estimulará las posibilidades de cambio en España (?!)

Esta aseveración, utilizada frecuentemente por secesionistas, tiene poca evidencia que la avale. En realidad, el procés ha dañado considerablemente las posibilidades de cambio en España, pues al presentarla como “incambiable” ha ayudado a facilitar el distanciamiento de los españoles en contra de ellos, dificultando enormemente la posibilidad de cambio en España. En realidad, no hay evidencia de que tal movimiento represente una amenaza al régimen de 1978. Todo lo contrario, lo está reforzando, pues al polarizar la situación, presentándola como un conflicto entre la España opresora (que roba a los catalanes) y la Catalunya victimizada, refuerza el apoyo popular de los españoles al Estado central, que se presenta como el defensor de la unidad de España, impidiendo que cristalice una resistencia popular frente al estado monárquico a lo largo del territorio español, canalizando el sentir popular hacia la monarquía, presentándola como garante de tal unidad.

 Está claro que la monarquía y el gobierno Rajoy, al perder su apoyo popular, consecuencia del impacto negativo de sus políticas neoliberales impuestas a la población y de la amplia percepción de su corrupción, estuvieron utilizando el conflicto con los independentistas para recuperar tal apoyo. Lo mismo está ocurriendo, por cierto, en el bando secesionista. La conversión de Convergència – la derecha catalana – al independentismo es un claro ejemplo de oportunismo político para esconder su profunda corrupción y su complicidad en la implementación de aquellas políticas neoliberales.

  1. Soberanismo e independentismo es lo mismo (?!)

En realidad, el gran error del independentismo es el de identificar el derecho a decidir única y exclusivamente con la independencia. Ello anula la posibilidad de conseguir la soberanía que representa el derecho a decidir, pues la mayoría de catalanes es soberanista pero no secesionista. El derecho a decidir es el derecho a escoger entre varias alternativas. Hoy el uso del soberanismo por parte de los independentistas está dañando el secesionismo pues la monopolización de su uso lleva a una excesiva identificación entre soberanismo e independentismo. Tal monopolización, dando siempre protagonismo al independentismo, dificulta la defensa del derecho a decidir y de la democracia. Esta monopolización aparece también en la defensa de los presos y exiliados que se utiliza para promover siempre el independentismo, bajo la fachada de defender la democracia.

Una persona puede ser soberanista y, sin embargo, no independentista. Soberanía quiere decir que la población decide. Y puede decidir compartir con España elementos importantes de tal soberanía, lo cual puede también ocurrir sin afectar negativamente al bienestar de las poblaciones que viven en el sistema político que reúna varias soberanías. La evidencia de que el Estado español está excesivamente centralizado es abrumadora (ver mi último artículo “Las consecuencias negativas de la excesiva centralización del Estado español”, Público, 30.08.18). De ahí que no solo deba descentralizarse, sino también redefinirse y cambiar su soberanía uninacional por una plurinacionalidad con distintas soberanías, que no quiere decir, como dicen los jacobinos, que se diluya la solidaridad entre las distintas poblaciones soberanas. El discurso y tensiones actuales están dificultando y obstaculizando el desarrollo de estas posibilidades. Y que ello ocurra se debe a intereses meramente partidistas de los dirigentes nacionalistas españoles y catalanes.

  1. Solo hay dos soluciones: la unión o la secesión (?!)

Esta ha sido hasta ahora la postura de los dirigentes de ambos bandos, lo cual favorece la movilización de sus bases. Su enorme dominio de los medios de comunicación favorece tal polarización, acusando de ambigüedad a los que se oponen a esta. No hay, sin embargo, ninguna ambigüedad. Hoy la postura más valiente, necesaria y más sensible a las necesidades de la gente normal y corriente es la de, en primer lugar, denunciar al Estado monárquico central, heredero del sistema dictatorial anterior, que aun siendo distinto a él, ha mantenido una cultura y unos comportamientos que exigen su denuncia. Oponerse al comportamiento antidemocrático del Estado español en su relación con los independentistas es una exigencia de cualquier persona o formación política democrática.

Pero por mera coherencia democrática debe también denunciarse el comportamiento antidemocrático del independentismo catalanista, pues no tiene un mandato de la población que vive y trabaja en Catalunya para establecer un Estado independiente. Tal denuncia debe ir acompañada con una clara denuncia de la complicidad del partido de derechas que ha gobernado Catalunya durante la mayor parte del periodo democrático (primero con el apoyo de Unió Democràtica y después con el de ERC y la CUP) con el Estado español en el desarrollo de políticas que han dañado la calidad de vida y el bienestar de la mayoría de las clases populares, partido que, por cierto, no es menos corrupto que el PP en España. Hacer esta denuncia no es, como los independentistas subrayan, “equivalencia” en cuanto al comportamiento de los dos bloques. Cualquier crítica es ocultada respondiendo que es injusto atacar a las víctimas a la vez que a los victimarios. Este argumento – fake news – sirve para ocultar cualquier crítica. Y no puede tolerarse, pues, en contra de de lo que supone tal acusación, su victimismo les favorece desde el punto de vista partidista, además de olvidar que su comportamiento está victimizando a las clases populares, pues su atención sobre el tema nacional es una ocultación de su responsabilidad por haber creado la enorme crisis social en Catalunya, donde la mayoría de jóvenes ya no vivirá mejor que sus padres. Así de claro.

La epidemia de la ‘titulitis’

19 noviembre, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

Pertenezco a una generación a la que nos lobotomizaron el cerebro con la idea de que el estudiante válido era el que iba a la universidad. Como otros muchos adolescentes, me lo creí. La experiencia que da la vida ha demostrado que es falso.

Esta clasificación prelaboral a la que éramos sometidos -y que asumíamos con naturalidad- no era una cuestión de capacidades. En el fondo existía un fuerte poso de clasismo. Si nuestros padres querían que fuéramos a la universidad porque ellos no habían podido hacerlo, nosotros les devolvimos el esfuerzo convirtiéndonos en unos caprichosos elitistas que miraban por encima del hombro a quienes no habían entrado en una facultad.

Recuerdo que -ya licenciados y en los primeros años en el mundo del trabajo- existía una indignación muy extendida por el hecho de que hubiera colegas de nuestra edad que curraran en la industria con sueldos más altos que nuestras nóminas universitarias. Para entonces yo ya me había desengañado de la ideología de la ‘titulitis’ universitaria y no comprendía este desdén con trabajadores que, si tenían mejores condiciones laborales que nosotros, era en parte porque nosotros -formados, cultos e inteligentes como nos creíamos- éramos capaces de comer toda la mierda del mundo sin rechistar a los jefes. En las fábricas hacían huelgas.

Esta sociedad de castas de formación académica no tiene sentido. Una persona que hace la comida a niños en un colegio, que levanta una casa o construye una tubería de saneamiento es mucho más importante que los abogados, economistas o especialistas en marketing dedicados a la industria del humo. Y periodistas licenciados ni les cuento: mi titulación universitaria -y sospecho que algunas más- no tiene demasiado mérito. Periodismo se podía aprobar fumando porros y jugando al mus en la cafetería. Hay muchos más bullshit jobs de gente formada en universidades que de los que han pasado por cualquier centro de Formación Profesional o de los que se han formado con la propia experiencia de su trabajo diario.

Esta ideología de la ‘titulitis’ ha sido hegemónica en la clase política. Los más viejos del lugar recordarán que al ministro Corcuera se le criticó más por ser electricista que por intentar entrar en las casas de la gente con una patada en la puerta.

Y los políticos de ahora no son una excepción.

Los políticos han engordado currículums hasta el punto de que la ciencia ha descubierto una falla espacio-temporal que te lleva directamente de Aravaca a Harvard. Y no contentos con ello les han regalado títulos de forma ilegal, les han dejado fusilar la Wikipedia y lo que está por ver. Esa publicidad política sobre la cultura del esfuerzo y la meritocracia es una patraña. En España unos se esfuerzan mientras otros viven de lujo gracias a ese esfuerzo. En eso que se llaman profesiones liberales vale tanto la calidad de tu trabajo como la calidad de tu capacidad para moverte en los despachos. Y en la política esto es todavía más evidente porque todos los días gente mediocre certifica que es mediocre, en directo en la tele y de forma voluntaria.

Si algo bueno puede salir de todo este follón de los másteres y doctorados es que ojalá esa epidemia de la ‘titulitis’ se desmorone.

Federalismo republicano frente a los monstruos

17 noviembre, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es,

Mientras polémicas intrascendentes sacuden día tras día nuestra actualidad política, otra serie de procesos están desarrollándose en nuestro país sin que reciban la atención debida. Entiéndase bien: no es que el trabajo de fin de máster de Casado sea un tema insignificante, pues es síntoma de la corrupción desaforada en algunas universidades, del clientelismo político de toda la vida y del tipo de educación clasista que lleva años imponiéndose en España, sino que no permite ver la panorámica completa. Por decirlo de otra manera, los chanchullos y mentiras académicas de los líderes políticos no dejan de ser meros árboles, podridos, de un bosque mucho más grande y cuya propia existencia está severamente comprometida.

Partamos de un punto básico: para relacionarnos entre nosotros los seres humanos levantamos instituciones que nos facilitan la vida. Nos dotamos de reglas comunes que evitan que tengamos que empezar siempre desde cero. Imagínense que cada vez que tuviéramos un pleito contra alguien tuviéramos que iniciar un largo debate sobre qué es la justicia y cómo y quién la aplica… la vida sería insufrible y caótica. Si las instituciones están bien diseñadas pueden ser muy duraderas e incluso pueden rebasar en tiempo la vida de cualquier ser mortal. Esa es la razón por la que a veces nuestro pensamiento nos traiciona y nos hace creer que esas instituciones siempre estarán ahí en el futuro: que valores como la igualdad, la libertad o la justicia siempre se definirán e interpretarán de la misma forma. Sin embargo, la historia ha demostrado sin cesar que las instituciones están permanentemente mutando, y que a veces lo hacen más radicalmente a través de reformas parciales e incluso por revoluciones.

Pues bien, el pilar central de nuestras instituciones políticas actuales, la Constitución, de la que nos dotamos como sociedad en 1978 en el marco de la Transición a la democracia desde la dictadura, está manifiestamente desbordada y en no pocos aspectos superada por los acontecimientos. Está en crisis, y hay una enorme batalla política para redefinir esas instituciones o incluso crear unas nuevas. Esto no sería un gran problema si no significara al mismo tiempo que lo que está en crisis es el proyecto de país que cristalizó en aquella Constitución y que hoy es incapaz de contentar y satisfacer a una gran parte de la sociedad, especialmente a las periferias sociales golpeadas por la última crisis económica. Y, parafraseando la conocida sentencia gramsciana, mientras aquella no termina de morir tampoco ninguna otra comienza a nacer. O, dicho de otra forma, a un proyecto de país herido y malogrado sólo cabe oponerle otro proyecto de país, que sea realista y hegemónico.

Una alianza republicana

La luz entra a través de las grietas, y en ocasiones sus rayos son señales difíciles de percibir. Esto es lo que, creo, sucede con el nuevo Gobierno. Se ha querido ver en la llegada al poder de Pedro Sánchez una muestra de habilidad táctica, una contingencia inesperada o incluso una fatalidad debida a errores individuales en la derecha española. Me temo que es más complejo. Aunque sea ocioso señalarlo, si Pedro Sánchez es presidente es porque un conjunto heterogéneo de organizaciones políticas hemos querido que así sea. Y no lo hemos querido en abstracto o por afinidad programática, sino como resultado de un contexto determinado: lo que nos ha unido es la repulsa a una forma de entender la democracia, el país y a unos contenidos concretos sobre cómo debe funcionar España. En efecto, el Gobierno del PP se había caracterizado, durante los últimos siete años por su creciente autoritarismo, un sistemático recorte de los servicios públicos, la complicidad con la corrupción que carcomía al Estado por dentro y en una visión reaccionaria de lo que es y ha de ser España. Todos estos elementos, unidos, generaron un polo de oposición que, en una circunstancia particular y probablemente inesperada en su forma, ha permitido iniciar un proceso de cambio.

Por eso es tan importante identificar bien cuál es el sostén político y parlamentario de Pedro Sánchez. Se trata de una alianza republicana, no explicitada como tal, que ha convergido en un momento puntual como reacción a la deriva derechista y reaccionaria que carcomía al país. Ni más, pero tampoco menos. En este experimento se han depositado esperanzas que, sin ser revolucionarias, tampoco son fáciles de satisfacer. Entre otras cosas porque da la sensación de que no todos en el PSOE han entendido bien qué está sucediendo en España.

Piénsese que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la oportunidad de abrir canales y reflexiones para repensar nuestro modelo de país. Pero lo que necesitamos es, en última instancia, asumir que hay una etapa que se ha agotado definitivamente. Cuarenta años después de la aprobación de la Constitución Española de 1978, nuestro país se ha transformado económica, social, tecnológica y políticamente hasta el punto de que en numerosos aspectos esta constitución ha sido desbordada y debe actualizarse. La reflexión sobre ese modelo de país es la que debe hilar explícitamente el debate político en este momento, sin hurtar la palabra a la población.

Republicanismo federal

Para mí, un proyecto de país alternativo al que se desvanece es la República Federal. La República como proyecto dotado de contenido, valores y principios que puede permitir satisfacer las necesidades básicas de las familias trabajadoras, en un diseño institucional de libertad positiva y de Estado Social fuerte. Y el federalismo como forma concreta que puede resolver un problema específico de identidades que está ahogando las energías políticas y sociales de España.

Obsérvese, sin embargo, que cualquier alternativa enfrenta y enfrentará resistencias. Ya sea para contraponerse al republicanismo catalán o al español, en los últimos años las fuerzas conservadoras y reaccionarias de España se han levantado de sus aposentos para censurar cualquier atisbo de cambio. Esto es especialmente notorio en relación a la casa Real y a la cuestión territorial. Téngase en cuenta que uno de los elementos más conservadores presente en nuestra Constitución actual es precisamente el referido al de la unidad de España. Como es conocido, tanto el artículo 2 como sobre todo el artículo 8, que atribuye a las Fuerzas Armadas la garantía de la unidad de España, son residuos del franquismo y de una concepción de país extraordinariamente estrecha, convirtiendo a los militares en fuerza deliberante en lugar de institución supeditada al poder civil. Y es que el problema es que por el devenir histórico de nuestro país, dominado casi siempre por las derechas, España ha sido identificada preferentemente con la idea de un país homogéneo, centralista y uniformizador. Desde el siglo XIX la derecha española, desde Cánovas hasta el franquismo, pasando por Primo de Rivera, han señalado, perseguido y asesinado todo sujeto que discrepara mínimamente de esa visión, ya fueran aquellos elementos republicanos, independentistas, comunistas, masones o federalistas. La «España de verdad» siempre ha querido deshacerse de la «anti-España».

Nuestro gran reto es, precisamente, recordar que hay otra idea de España que habla de un país diverso, plurinacional y de justicia social. Una noción que ancla en el siglo XIX, en la confluencia del republicanismo federal de matriz liberal y el movimiento obrero emancipador. Esa es, precisamente, la España republicana que ha sido expresión de las mejores mentes de nuestra historia.

Y no por casualidad la vuelta de estos monstruos se materializan especialmente en dos instituciones singulares: la Casa Real y el Poder Judicial.

En los últimos meses hemos conocido más información sobre la Casa Real y sus sucios tejemanejes financieros. No se trata de una noticia nueva, pues existían indicios de estos hechos desde hace muchos años. Ahora lo que tenemos son pruebas, a modo de declaraciones por parte de actores principales, de que esos hechos pueden ser verdad. Se trata de hechos que afectan muy gravemente a la Hacienda Pública, a la Seguridad y soberanía del país y a la imagen y decencia de España, y que han podido tener lugar gracias a una arquitectura institucional que blinda los actos de una familia concreta, la Borbón, y al silencio cómplice de muchas instituciones del Estado que han maniobrado para proteger, en distinto grado, la monarquía. Probablemente bajo la falsa creencia de que defender la monarquía es defender al país.

Quizás el PSOE es de esta extravagante opinión y por eso está prefiriendo mantener la posición de defensa a ultranza de la Casa Real. Con sus votos ha impedido incluso que se pueda debatir en el parlamento sobre la necesidad o no de iniciar una comisión de investigación sobre los hechos conocidos de los borbones (cuentas en paraísos fiscales, intermediaciones comerciales con dictaduras, tratos de favor a familiares en tramas corruptas, etc.). Desaprovechando la oportunidad de abrir un debate sobre el modelo de país, considera aún necesario proteger una de las instituciones más corruptas del país.

En todo caso, no es casualidad que durante años el actual rey de España haya guardado silencio respecto a todos los problemas sociales que asolan a nuestro país, y sin embargo decidiera exponerse hace un año con un discurso reaccionario y autoritario sobre la cuestión territorial. En realidad, la propia existencia de la Casa Real Borbón está vinculada a un modelo de país donde la unidad de España es entendida de una forma totalizante y homogeneizadora. Esto lo saben muy bien en Cataluña.

No hace falta entrar en un intenso debate historiográfico sobre qué es España, cuándo surgió y cómo está compuesta para darse cuenta de que lo que tenemos actualmente en Cataluña es un conjunto social, voluble pero significativo, que aspira a la independencia de Cataluña frente al resto del país. Lo que es relevante es entender que se trata de un conflicto político, vinculado a los relatos culturales, que no puede esconderse ni abordarse con herramientas que no sean eminentemente políticas. Es del todo punto inconcebible creer que puede moldearse a gusto la opinión y la creencia a base de actuaciones policiales y judiciales. Estamos destinados, aunque le pese a la derecha reaccionaria de este país, a sentarnos a dialogar y a repensar el modelo territorial.

De ahí que el Poder Judicial español haya iniciado una especie de cruzada contra el independentismo. En particular, el Tribunal Supremo (esa institución compuesta abrumadoramente por varones) está en cabeza de esta reacción. Su presidente, Carlos Lesmes, anunció hace unos días, no por casualidad junto al rey Borbón, que «si la Constitución es golpeada no puede renunciar a defenderse». El lenguaje bélico o el hecho de que siempre esas defensas hercúleas se refieran a la unidad de España y no al sistemático incumplimiento de la obligación de garantizar los derechos sociales nos hace percibir bien el sesgo político del asunto. Defender España incluso a costa de los españoles. Probablemente Lesmes se vea como un cruzado más, o directamente como el elegido: aquel que se ve en la obligación de chantajear al Gobierno de España para que los españoles paguemos los excesos judiciales de otro cruzado destacado, el juez Llarena.

Todo lo que está ocurriendo en las múltiples causas contra los independentistas es un despropósito sin pies ni cabeza. Las altas instancias del Poder Judicial se han emancipado de toda templanza y no solo han mostrado su verdadera cara, sino que han decidido intervenir activamente en política con sus planteamientos reaccionarios. A las extravagantes resoluciones contra dirigentes políticos y sociales del independentismo, que pronto harán un año en prisión provisional sin juicio ni garantías reales, se suman los ataques a la ministra de Justicia, las exigencias al poder ejecutivo (la separación de poderes parece sólo tener un sentido) y las levas que han montado entre los jueces y abogados para alimentar este clima reaccionario. Las contradicciones del modelo de país han hecho despertar al monstruo, y lo que hasta hace un tiempo era políticamente incorrecto (como admitir a trámite una denuncia por el anacrónico delito de injurias a los sentimientos religiosos o meter en prisión a cantantes y tuiteros por sus comentarios en redes sociales) ahora es una práctica habitual entre algunos jueces que parecen sacados de la noche más oscura de la dictadura.

No se puede dejar de observar que todos estos fenómenos no hacen sino comprometer aún más a las instituciones del sistema político del 78. Aunque muy probablemente estos actores, como los borbones, los jueces y los grandes empresarios de la metrópoli se vean a sí mismos como salvadores de la patria, en realidad lo que están haciendo es acelerar el desgaste del modelo que defienden. Por una sencilla razón ya apuntada: es insostenible mantener este modelo por la vía policial o judicial, con palos, multas y prisión.

Yo estoy convencido de que más temprano que tarde viviremos en una República Federal, y que ese será precisamente el punto de encuentro entre quienes aspiran legítimamente a la independencia de sus territorios y quienes defendemos una España de las familias trabajadoras de toda condición e identidad. No obstante, ciertamente nada de esto está escrito de antemano. La crisis del régimen político no se ha cerrado, ni podrá hacerse sin elevar alternativos proyectos de país que sean consistentes en términos sociales e históricos. El modelo que aquí describo podría serlo. Pero ello requiere de una izquierda capaz de entender cuáles son los retos reales y que tenga también el valor suficiente para abordarlos.

De momento, el PSOE está bloqueado; pero soplar y sorber se antoja una tarea imposible y, por lo demás, bastante frustrante. Tarde o temprano el PSOE tendrá que elegir entre reacción y alternativa. Y sabe ya Pedro Sánchez que la reacción ni olvida ni perdona, y en este clima no es menor, por ejemplo, que Albert Rivera le llame «presidente interino». El mensaje debe ser claro: si el PSOE quiere seguir teniendo opciones de llegar en el futuro al Gobierno tendrá que seguir entendiéndose con la alianza republicana que aspira a construir nuevas instituciones. La fragilidad de este Gobierno no es sólo una cuestión numérica, sino de proyecto político.

Por su parte, la izquierda tendrá que comprender que sólo con un proyecto de país como bandera, que aspire a ser hegemónico, podrá hacer frente a las nuevas formas que tomarán los monstruos reaccionarios en nuestro país. En efecto, la extrema derecha en España se vehicula siempre a través no sólo de la xenofobia y el racismo sino particularmente del modelo territorial, de la disyuntiva entre la «España» y la «Anti-España». Esa es la verdadera batalla en la que no valen medias tintas ni juegos tácticos, sino voluntad, determinación y mucha organización.

Quizás convenga añadir, para terminar esta reflexión, que un modelo alternativo de país, una República Federal, sólo puede ganarse el favor de las clases populares y las familias trabajadoras si es capaz de ofrecerse como solución de los problemas cotidianos, materiales o no, de ellas mismas. República es y ha de ser sinónimo de esperanza.

Un nuevo eje autoritario requiere un frente progresista internacional

15 noviembre, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

Se está llevando a cabo una lucha global que traerá consecuencias importantísimas. Está en juego nada menos que el futuro del planeta, a nivel económico, social y medioambiental.

En un momento de enorme desigualdad de riqueza y de ingresos, cuando el 1% de la población posee más riqueza que el 99% restante, estamos siendo testigos del ascenso de un nuevo eje autoritario.

Si bien estos regímenes tienen algunas diferencias, comparten ciertas similitudes claves: son hostiles hacia las normas democráticas, se enfrentan a la prensa independiente, son intolerantes con las minorías étnicas y religiosas, y creen que el gobierno debería beneficiar sus propios intereses económicos. Estos líderes también están profundamente conectados a una red de oligarcas multimillonarios que ven el mundo como su juguete económico.

Los que creemos en la democracia, los que creemos que un gobierno debe rendirle cuentas a su pueblo, tenemos que comprender la magnitud de este desafío si de verdad queremos enfrentarnos a él.

A estas alturas, tiene que quedar claro que Donald Trump y el movimiento de derechas que lo respalda no es un fenómeno único de los Estados Unidos. En todo el mundo, en Europa, en Rusia, en Oriente Medio, en Asia y en otros sitios estamos viendo movimientos liderados por demagogos que explotan los miedos, los prejuicios y los reclamos de la gente para llegar al poder y aferrarse a él.

Esta tendencia desde luego no comenzó con Trump, pero no cabe duda de que los líderes autoritarios del mundo se han inspirado en el hecho de que el líder de la democracia más antigua y más poderosa parece encantado de destruir normas democráticas.

Hace tres años, quién hubiera imaginado que Estados Unidos se plantaría neutral ante un conflicto entre Canadá, nuestro vecino democrático y segundo socio comercial, y Arabia Saudí, una monarquía y estado clientelar que trata a sus mujeres como ciudadanas de tercera clase? También es difícil de imaginar que el gobierno de Netanyahu de Israel hubiera aprobado la reciente “ley de Nación Estado”, que básicamente denomina como ciudadanos de segunda clase a los residentes de Israel no judíos, si Benjamin Netanyahu no supiera que tiene el respaldo de Trump.

Todo esto no es exactamente un secreto. Mientras Estados Unidos continúa alejándose cada vez más de sus aliados democráticos de toda la vida, el embajador de Estados Unidos en Alemania hace poco dejó en claro el apoyo del gobierno de Trump a los partidos de extrema derecha de Europa.

Además de la hostilidad de Trump hacia las instituciones democráticas, tenemos un presidente multimillonario que, de una forma sin precedentes, ha integrado descaradamente sus propios intereses económicos y los de sus socios a las políticas de gobierno.

Putin sostiene a Jimbelung, el koala protagonista de la cumbre del G20 en Australia / FOTO: Bestimages
Putin sostiene a Jimbelung, el koala protagonista de la cumbre del G20 en Australia / FOTO: Bestimages

Otros estados autoritarios están mucho más adelantados en este proceso cleptocrático. En Rusia, es imposible saber dónde acaban las decisiones de gobierno y dónde comienzan los intereses de Vladimir Putin y su círculo de oligarcas. Ellos operan como una unidad. De igual forma, en Arabia Saudí no existe un debate sobre la separación de intereses porque los recursos naturales del país, valorados en miles de billones de dólares, le pertenecen a la familia real saudita. En Hungría, el líder autoritario de extrema derecha, Viktor Orbán, es un aliado declarado de Putin. En China, el pequeño círculo liderado por Xi Jinping ha acumulado cada vez más poder, por un lado con una política interna que ataca las libertades políticas, y por otro con una política exterior que promueve una versión autoritaria del capitalismo.

Debemos comprender que estos autoritarios son parte de un frente común. Están en contacto entre ellos, comparten estrategias y, en algunos casos de movimientos de derecha europeos y estadounidenses, incluso comparten inversores. Por ejemplo, la familia Mercer, que financia a la tristemente famosa Cambridge Analytica, ha apoyado a Trump y a Breitbart News, que opera en Europa, Estados Unidos e Israel, para avanzar con la misma agenda anti-inmigrantes y anti-musulmana. El megadonante republicano Sheldon Adelson aporta generosamente a causas de derecha tanto en Estados Unidos como en Israel, promoviendo una agenda compartida de intolerancia y conservadurismo en ambos países.

Sin embargo, la verdad es que para oponernos de forma efectiva al autoritarismo de derecha, no podemos simplemente volver al fallido status quo de las últimas décadas. Hoy en Estados Unidos, y en muchos otros países del mundo, las personas trabajan cada vez más horas por sueldos estancados, y les preocupa que sus hijos tengan una calidad de vida peor que la ellos.

Nuestro deber es luchar por un futuro en el que las nuevas tecnologías y la innovación trabajen para beneficiar a todo el mundo, no solo a unos pocos. No es aceptable que el 1% de la población mundial posea la mitad de las riquezas del planeta, mientras el 70% de la población en edad trabajadora solo tiene el 2,7% de la riqueza global.

Los gobiernos del mundo deben unirse para acabar con la ridiculez de los ricos y las corporaciones multinacionales que acumulan casi 18 billones de euros en cuentas en paraísos fiscales para evitar pagar impuestos justos y luego les exigen a sus respectivos gobiernos que impongan una agenda de austeridad a las familias trabajadoras.

No es aceptable que la industria de los combustibles fósiles siga teniendo enormes ingresos mientras las emisiones de carbón destruyen el planeta en el que vivirán nuestros hijos y nietos.

No es aceptable que un puñado de gigantes corporaciones de medios de comunicación multinacionales, propiedad de pequeño grupo de multimillonarios, en gran parte controle el flujo de información del planeta.

No es aceptable que las políticas comerciales que benefician a las multinacionales y perjudican a la clase trabajadora de todo el mundo sean escritas en secreto. No es aceptable que, ya lejos de la Guerra Fría, los países del mundo gasten más de un billón de euros al año en armas de destrucción masiva, mientras millones de niños mueren de enfermedades fácilmente tratables.

Para poder luchar de forma efectiva contra el ascenso de este eje autoritario internacional, necesitamos un movimiento progresista internacional que se movilice tras la visión de una prosperidad compartida, de seguridad y dignidad para todos, que combata la gran desigualdad en el mundo, no sólo económica sino de poder político.

Este movimiento debe estar dispuesto a pensar de forma creativa y audaz sobre el mundo que queremos lograr. Mientras el eje autoritario está derribando el orden global posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya que lo ven como una limitación a su acceso al poder y a la riqueza, no es suficiente que nosotros simplemente defendamos el orden que existe actualmente.

Debemos examinar honestamente cómo ese orden ha fracasado en cumplir muchas de sus promesas y cómo los autoritarios han explotado hábilmente esos fracasos para construir más apoyo para sus intereses. Debemos aprovechar la oportunidad para reconceptualizar un orden realmente progresista basado en la solidaridad, un orden que reconozca que cada persona del planeta es parte de la humanidad, que todos queremos que nuestros hijos crezcan sanos, que tengan educación, un trabajo decente, que beban agua limpia, respiren aire limpio y vivan en paz.

Nuestro deber es acercarnos a aquellos en cada rincón del mundo que comparten estos valores y que están luchando por un mundo mejor.

En una era de rebosante riqueza y tecnología, tenemos el potencial de generar una vida decente para todos. Nuestro deber es construir una humanidad común y hacer todo lo que podamos para oponernos a las fuerzas, ya sean de gobiernos o de corporaciones, que intentan dividirnos y ponernos unos contra otros. Sabemos que estas fuerzas trabajan unidas, sin fronteras. Nosotros debemos hacer lo mismo.

Le pedimos a Yanis Varoufakis que comente el artículo Bernie Sanders. Aquí está la respuesta:

Bernie Sanders tiene toda la razón. Los inversores hace tiempo que han formado una “hermandad” internacional para garantizarse rescates internacionales cuando sus pirámides de cartón se derrumban.

Hace poco, fanáticos de la derecha xenófoba también formaron su propia Internacional Nacionalista, llevando a que los pueblos orgullosos luchen entre sí y así ellos puedan controlar las riquezas y el poder político.

Ya es hora de que los demócratas de todo el mundo formen una Internacional Progresista, que luche por los intereses de la mayoría de cada continente, de cada país. Sanders también tiene razón cuando dice que la solución no es volver alstatus quo cuyo fracaso estrepitoso dio lugar al ascenso de la Internacional Nacionalista.

Nuestra Internacional Progresista debe llevar adelante una visión de prosperidad compartida y ecológica que podemos lograr gracias a la ingenio humano, siempre que la democracia le dé la oportunidad de desarrollarse.

Para eso, debemos hacer más por unirnos. Debemos formar un consejo común que escriba el borrador del New Deal Internacional, un nuevo acuerdo de Bretton Woods progresista.

Traducido por Lucía Balducci

¿Es el rey Juan Carlos un delincuente?

9 noviembre, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

Después de habernos pimplado las copas de vino de la cata con la que culmina la visita a las bodegas Cvne en Haro (La Rioja), procedimos a echar un vistazo a los hitos enmarcados que colgaban de las paredes. Entre ellos, destaca una carta firmada a mano por el rey Juan Carlos -en 2004, cuando no era emérito- en la que con mucha cortesía viene a pedir a la bodega que invite a una ronda (o eso es lo que parece, un ‘simpa’ al estilo regio, aunque puede que el vino fuera costeado por los Presupuestos Generales del Estado, nunca se sabe).

En la misiva -que las bodegas Cvne exponen con orgullo- Juan Carlos de Borbón se dirige al vicepresidente de la empresa, Víctor Urrutia, en los siguientes términos: “Abusando de vuestra amabilidad y siempre que ello fuera posible le agradecería dijese al Presidente que además de lo que pedí en diciembre de 2002 sobre el embotellado en mágnum, si se podrían embotellar algunas doble mágnum, ya que ello me daría oportunidad de poder obsequiar a familiares y amigos y, de esta manera, hacerles partícipes de tan buen Rioja”.

Es probable que el rey emérito haya abusado de la amabilidad de mucha gente pero no es menos cierto que muchos de quienes fueron abusados por su amabilidad lo hicieron con honra, como miembros dignos de la Corte, como la treintena de empresarios mallorquines que le regalaron un yate por el que pagaron 18 millones de euros. O como la familia Urrutia de las bodegas Cvne que publicita con satisfacción las comandas de su majestad.

Los Urrutia, como los Bergareche y los Ybarra, son familias de Neguri ricas y poderosas, vinculadas a Vocento, el grupo de comunicación más monárquico del país, editor del ruinoso Abc y el exitoso El Correo, entre otros. En sus páginas se han escrito algunas de las más excelsas hagiografrías sobre el rey Juan Carlos.

Es una historia poco conocida. A finales de 2015 -cuando, por cierto, los Urrutia se estaban largando de Vocento tras años de peleas intestinas en su consejo de administración, así que no tienen protagonismo en esta historia- el escritor Martín Olmos fue despedido de El Correo por escribir un artículo titulado ‘El rey golfo’. No era un artículo sobre Felipe, ya entonces rey de España, ni sobre Juan Carlos, ni siquiera sobre su padre don Juan. Martín Olmos escribía sobre… ¡Alfonso XIII! Relataba, con su socarronería y humor característicos, viejas historias del borbón que eran suficientemente conocidas a poco que se tuviera acceso a una biblioteca pública.

“Alfonso XIII fue rey borbón, fumador y putero que hacía trampas en las apuestas de los galgos y tenía halitosis y el barman Emile del Hotel París de Montecarlo le puso su nombre a un cóctel hecho con ginebra y dubonet”, arranca el umbraliano relato que deja algunos pasajes desternillantes: “Cuando se proclamó la República en 1931, el rey quemó su colección de fotos de chavalas en cueros, dejó a la familia en la cama, recibiendo pedradas y guardada por veinticinco alabarderos (…) y puso rumbo a Marsella, donde llegó a las tres de la mañana y se quejó de que estuviesen cerradas las casas de putas”.

El texto no tiene pretensiones revolucionarias antimonárquicas. Es un texto culto, guasón y literario sobre un monarca que reinó hace casi 100 años. Es un artículo divertido que a alguien en las altas esferas de Vocento -en la Corte del rey- no le hizo ni puñetera gracia. Martín Olmos fue llamado a despachos y, de un día para otro, El Correo fulminó su colaboración de 15 años y de más de 200 artículos. El Correo se lo ventiló poco después de que el escritor fuera galardonado con el Premio Euskadi de Literatura por  el libro ‘Escrito en Negro’ que precisamente recogía una selección de los artículos publicados por el propio periódico.

Como siempre ocurre en estos casos, hubo tensiones internas en la redacción y, como casi siempre, se impuso la Corte. Vocento perdió a uno de sus mejores escritores y ganó puntos Travel en la Casa Real.

El autor tira de ironía -la mejor forma de exorcizar los disgustos- para recordar aquel atropello en la breve biografía que aparece en la solapa de su último libro: “Martín Olmos (Bilbao, 1966) obtuvo con su primer libro, Escrito en negro (Pepitas, 2014) el Premio Café Bretón-Bodegas Olarra, el Rodolfo Walsh de la Semana Negra de Gijón y el Premio Euskadi de Literatura y cuando se iba a comprar un piano para poner encima los galardones y lucirlos, quizá pretenciosamente, ante las visitas, le pusieron de patitas en la calle del periódico donde publicaba por escribir un artículo, de actualidad rigurosa, sobre el rey Alfonso XIII. Martin Olmos disfrutó escasamente día y medio de una importancia que no tenía y de cierto aire de autor maldito y rápidamente regresó a la irrelevancia. La circunstancia, no obstante, adorna su biografía a falta de otros imponderables”.

Misión de la Corte: salvar al rey Juan Carlos

Juan Carlos siempre fue defendido con entusiasmo hasta que -tras el caderazo con Corinna- la Corte consideró que la monarquía sólo podría ser salvada si el rey se sacrificaba y abdicaba en favor de su hijo. La Gran Recesión y la crisis política en España habían resquebrajado el discurso unívoco de exaltación sobre la figura del rey Juan Carlos. Algunas de las informaciones sobre la fortuna del rey que sólo se publicaban en medios extranjeros o en libros semiclandestinos empezaron a tener eco en la opinión pública española. El relato único se había roto y se empezaba a hablar de los negocios sucios de la monarquía con Urdangarin a la cabeza.

Los años dorados del rey Juan Carlos han pasado a mejor vida -ya no lo invitan ni al superaniversario de la Constitución- pero eso no quiere decir que la Corte que lo mimó y protegió haya dejado de hacerlo. La última misión imposible encomendada a la Corte ha sido salvar al rey Juan Carlos de las investigaciones sobre diversos trapicheos destapados en una conversación de Corinna Zu-Wittgenstein con el siniestro comisario Villarejo: el cobro de presuntas comisiones ilegales por el AVE a La Meca, una supuesta fortuna escondida en Suiza, propiedades en Marruecos, amnistías fiscales.

El juez Diego de Egea ha archivado la pieza que investigaba el contenido de esas grabaciones. Lo ha hecho después de que se lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción por la escasa relevancia penal de las acusaciones que afectan a Juan Carlos y porque, en el momento al que atañen los hechos, el rey emérito era inviolable. “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, reza la Constitución. Sobre esta cuestión hay diferencias de interpretación jurídica. ¿Es el rey inviolable para todos sus actos o sólo para aquellos que ejerce como jefe de Estado? La inmensa mayoría de la Corte interpreta que Juan Carlos está libre de ser investigado.

Cerrada, por el momento, la vía judicial existía la vía paralela de la investigación política en el Congreso de los Diputados. El rey puede estar protegido de la actuación de la justicia pero no del derecho al conocimiento que pueden ejercer nuestros representantes políticos. Pero esa puerta también se ha cerrado esta semana. La Corte del rey -PP, PSOE y Ciudadanos en la mesa del Congreso de los Diputados-  rechazó el martes debatir la creación de una comisión de investigaciónsobre las actividades sospechosas de Juan Carlos.

La Corte no quiere levantar las alfombras porque allí no sólo está el rey sino todos los que le ayudaron, encubrieron o miraron para otro lado y, en último término, está en juego el relato oficial sobre el papel de la monarquía en España en los últimos 40 años.  “Un embajador español acompañó a Corinna en una reunión oficial como enviada de Juan Carlos I a Arabia Saudí”, revelaba eldiario.es esta semana. Hay muchos intereses en juego.

La Corte protege al rey emérito gracias a la inviolabilidad en los tribunales y al blindaje en el Congreso pero, paradójicamente, al bloquear las investigaciones, esa misma Corte extiende la sospecha sobre el monarca y legitima la pregunta que nos viene a los plebeyos a la cabeza: ¿es el rey Juan Carlos un delincuente?