Archive for the ‘opinión’ Category

La república como objetivo

22 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

El pragmatismo de ‘la monarquía va bien y es barata’ no deja de ser un brindis al sol, puesto que no sabemos cuánto de bien iría o lo barata que resultaría una presidencia de la República Española.

Lo de “no soy monárquico, sino juancarlista”, cojea.

Elisa Beni

15/04/2017 – 19:56h

Bandera republicana

El debate sobre la forma que debe adoptar el Estado en España no está cerrado. Nunca lo ha estado. En esta semana de pasión y de pasiones se han dado cita el aniversario de la proclamación de la II República Española y las órdenes cautelares de jueces para hacer retirar la tricolor de plazas y espacios públicos. ¡España, mañana, será republicana!  era el clamor. Y hoy, el mañana se convierte en un horizonte inalcanzable porque nunca se admite el debate abierto, porque se intenta estigmatizar de forma increíble una realidad común en las democracias occidentales y porque una espiral de silencio recorre la opinión pública cuando de este tema se trata.

En primer lugar conviene analizar la represión ideológica que se ejerce sobre aquellos que defienden políticamente el republicanismo. Lo han hecho varios ayuntamientos. Un juez de lo contencioso-administrativo en Cádiz ha obligado al alcalde a quitar la tricolor que se había izado en una plaza con motivo de una exposición sobre la Memoria Histórica. Alegan los del PP -siempre ellos- que colocar esa bandera “vulnera el principio de objetividad y neutralidad de las Administraciones”. ¡Escuchen, esto lo vulnera y no poner las banderas rojas y gualdas de los cuarteles a media asta o presidir las procesiones como ha hecho Cospedal! Eso no. Es la tricolor la que les molesta. Olvida este juez de primera instancia que ya el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolvió sobre esta cuestión (STSJM 16.861/2003) afirmando claramente que “la bandera republicana como manifestación de ideología respeta el orden jurídico existente” y que ordenar retirarla de un lugar donde ha sido puesta por quien defiende ese sistema de organización política vulnera los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16 y 20 de la Constitución Española.

Es, pues, un derecho fundamental reconocido por la Constitución expresar el deseo de que la forma del estado sea una república. Yo voy más allá e incido en que no existen argumentos racionales ni es intelectualmente sostenible que la monarquía sea una forma adecuada de atribuir la jefatura de un estado democrático. Me perdonarán pero no conozco ni a un solo español que crea que un coito productivo de una persona apellidada de una manera determinada sea un método racional para nombrar jefe del Estado. Antaño les contaban aquello del dedo divino, pero hoy no cuela. Todas las defensas que conozco de la monarquía española son pragmáticas: va bien y es barata. Lo cual no deja de ser un brindis al sol, puesto que no sabemos cuánto de bien iría o lo barata que resultaría una presidencia de la República Española similar a la italiana, francesa, portuguesa, griega.. ¡ah, vaya, que todos los países latinos viven bajo la forma de república y tan campantes!

Supongo que los que así se comportan creen que tal defensa es un poco endeble -incluso hoy lo de “no soy monárquico, sino juancarlista”, cojea-  porque hay fuerzas muy poderosas que se concitan para convertir un debate perfectamente lícito y políticamente relevante y conveniente en un tabú. Tengo que confesar que en todos mis años como periodista de opinión sólo en dos ocasiones he sido advertida sobre la necesidad de “ser cuidadosa” y en ambas el tema sujeto a debate era la monarquía, si bien en la figura de su anterior representante.

Lo mío, si quieren, ni siquiera es algo personal. Felipe de Borbón me parece una persona íntegra. Ni siquiera discuto que tenga cualidades con las que podría ser un excelente candidato a revalidarse como presidente de la República tras unas elecciones. Es esa la clave: tras unas elecciones. Ya lo hizo Simeón de Bulgaria, rey exiliado con seis años y posteriormente primer ministro electo de su país. Lo mío es una cuestión de racionalidad y de comunión con los ideales republicanos de Libertad (de expresión, de culto, de sindicación y de todo aquello que no perjudique a los otros), de Igualdad (ante la ley, de voto, por sexo, de oportunidades…) y de Fraternidad (solidaridad, ayuda mutua, familiar…) a los que muchos franceses añaden también el de Laicidad que también comparto.

Y no crean que no entiendo la batalla de los conservadores y de muchos poderes fácticos para evitar que este debate se produzca de forma efectiva. El dinero y el poder quieren pocos movimientos una vez visto que lo que hay les conviene.

No obstante, hay que recordar que en una república algunos de los escándalos que hemos vivido se gestionarían de otra manera. Eso a pesar de que hay que reconocerle a Felipe VI la perspicacia y la habilidad suficientes para comprender que hay actitudes y comportamientos que ya no van a ser fácilmente digeribles por la sociedad española. Su llegada al trono supuso incluso el atemperamiento de las tensiones y presiones que se ejercieron sobre el sistema judicial desde un Palacio de la Zarzuela que no dudó, en una decisión incomprensible, en criticar oficialmente el comportamiento de los jueces.

Que cada 14 de abril se desplieguen banderas tricolores es el menor de los males que puede esperarse en el seno de una sociedad que no es monárquica militante ni mucho menos. Y es que, si lo piensan, no encontrarán muchas posibles defensas de un sistema arcaico, anacrónico y que tanto dolor ha causado en este país. Excepto aquello de que nos es útil como si no fuéramos ya un pueblo capaz de dotarnos de una república útil y, evidentemente, federal.

Compañeros: ¡Salud y República!

El resurgimiento del fascismo en España

19 mayo, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Vicenç Navarro, 3 de diciembre de 2013. 

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas.

Universidad Pompeu Fabra

Uno de los mitos que ha promovido la estructura de poder centrado en el estado español es que la dictadura que existió en España desde 1939 a 1978 fue un régimen autoritario pero no totalitario, distinción desarrollada por el politólogo Juan Linz, que ha tenido una gran influencia en la cultura politológica del mundo académico español, desde el que se ha extendido a los establishments políticos y mediáticos del país. Este autor dividió los regímenes dictatoriales en regímenes totalitarios, que promovían una ideología totalizante que intentaba cambiar la sociedad y a los individuos que vivían en ella, tal como -según Linz- lo hacían los regímenes comunistas, y en regímenes autoritarios, que eran regímenes que utilizaban el poder del estado para defender una estructura de poder mediante medios autoritarios, no democráticos, pero sin intentar cambiar la sociedad, careciendo de una ideología que la cohesionara y que intentara cambiarla. Según Linz, un ejemplo de ello fue el régimen liderado por el General Franco. Ni que decir tiene que los defensores y apologistas del régimen dictatorial español promovieron esta versión de lo que fue aquella dictadura, negando su carácter totalitario, portador y promotor de ideologías totalizantes.

Encuentro esta versión de lo que fue la dictadura profundamente apologética y propagandística, carente de credibilidad científica. Es importante señalar que España es uno de los pocos países en el que se conoce a aquella dictadura con el nombre de dictadura franquista. En la mayoría de países democráticos a esa dictadura, sin embargo, se la conocía y definía como fascista. Cuando, por ejemplo, el Sr. Samaranch fue a Atlanta, EEUU, para preparar los Juegos Olímpicos en aquella ciudad, el The New York Times se refirió a él como “el delegado de deportes del régimen fascista liderado por el General Franco”.

El término franquista, utilizado en España, conlleva la asunción de que aquella dictadura fue un régimen caudillista, es decir un régimen liderado por un caudillo cuyo objetivo era mantener el orden social del país, lo cual hacía utilizando medios autoritarios. En este esquema, desaparecido el dictador, desaparece la dictadura. Ahora bien, el régimen era mucho más que caudillista. La ideología que sostenía aquella dictadura era una ideología totalizante, que se reproducía predominantemente a través del estado y que sobrevivió al dictador y a la dictadura. Esta ideología fue el nacional-catolicismo, promovido por los aparatos ideológicos del estado, que afectaba a la totalidad de la sociedad y a los individuos que vivían en ella, invadiendo incluso las esferas más íntimas de la personalidad de los españoles, que incluían desde el comportamiento sexual, al idioma y cultura mediante los que el individuo debía expresarse. El régimen imponía toda una serie de normas de comportamiento y de pensamiento. En realidad, fue uno de los regímenes con una ideología más totalizante que hayan existido en Europa.

El nacionalismo españolista era un nacionalismo extremo, de carácter racista (el día nacional se llamaba el día de la raza), sumamente excluyente, que estaba basado en una visión imperial del Reino de España y con una concepción radial del estado, centrado en Madrid, la capital del Reino. España era la única nación del país y la más antigua de Europa y tenía una misión civilizadora. Otras concepciones de España eran reprimidas y eliminadas, definiéndoselas como anti España. Este nacionalismo españolista estaba intrínsecamente ligado al catolicismo clerical jerárquico español, que era parte del Estado español. No es que la Iglesia apoyara la dictadura; la Iglesia fue un componente claro de la dictadura, hecho que la jerarquía católica todavía hoy niega a pesar de la enorme evidencia de lo contrario. Los sacerdotes estaban pagados por el Estado y el dictador nombraba a sus obispos. La hipocresía de la Iglesia, negando esta realidad, alcanzaba niveles hiperbólicos.

Los aparatos apologéticos del Estado –incluso ahora, los existentes en la llamada época democrática- negaron las características de aquel estado, siendo la máxima expresión de este aparato el Diccionario Biográfico Español  promovido por nada menos que la Real Academia de la Historia, que une a su ausencia de rigor científico una desvergüenza antidemocrática. Un gran número de sus capítulos solo pueden definirse como meros panfletos ultraderechistas que en muchos países democráticos estarían prohibidos o serían ampliamente rechazados.

Aunque estos volúmenes alcanzan niveles extremos de reproducción de esa visión nacional-católica españolista, el hecho es que esa ideología impregna a grandes sectores de la sociedad española. Cuarenta años de dictadura, seguidos de treinta y cinco años de una democracia enormemente limitada y supervisada por la Monarquía y por el Ejército, han imposibilitado el cambio profundo de esta ideología, que la derecha española (que, en el abanico de opciones políticas europeo, encaja en la ultraderecha) y personalidades de la socialdemocracia española como José Bono y compañía (entre otros) sostienen.

Declaraciones recientes de dirigentes españolistas reproducen esta ideología. Ejemplos: El Sr. Aznar sostiene que “España es la nación más antigua de Europa”, el cardenal Rouco que “cuestionar la unidad de España es inmoral”, el Sr. Bono que “la grandeza de España se basa en su unidad” y un largo etcétera. En estas declaraciones, la unidad implica una visión excluyente de España que no admite otro tipo de Estado plurinacional que no sea el actual mononacional.

Esta visión está alcanzando un nivel asfixiante con las medidas represivas que el actual gobierno del PP está imponiendo como la de multar con 30.000 euros a lo que un policía –la mayoría de mentalidad de derechas- defina como un insulto a España, medida altamente represiva que recuerda a la dictadura. Es el reavivamiento del fascismo que nunca nos dejó.

Una última observación. Este sistema totalizante se reproduce también a través de los medios. Existe hoy una dictadura mediática –sí, una dictadura mediática- que no permite la diversidad ideológica que debería estar presente en una democracia. Un ejemplo de ello es que este artículo no sería aceptado para su publicación en ninguno de los cinco rotativos más importantes de España. De ahí que tenga que pedirle al lector que, independientemente de su acuerdo o desacuerdo con su contenido, lo distribuya ampliamente, por mera coherencia con su sensibilidad democrática.

Carme Chacón y la hipocresía española

18 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

No trataron bien a Carme Chacón. La prensa tampoco, en particular la conservadora, como es habitual siendo mujer y de izquierdas. Pero España reedita con ella esa pasión por llorar y ensalzar a los muertos, en particular cuando peor se ha portado con ellos.

Constatemos un hecho: Chacón no estaba en las primeras filas de la política ahora, la habían apartado.

Rosa María Artal

11/04/2017 – 20:56h

Carme Chacón y Susana Díaz, favoritas para liderar el PSOE, según un sondeo
La exministra de Defensa Carme Chacón. EFE

A Carme Chacón le hubiera gustado saber cuánto la querían. Sobre todo mucha gente anónima que supo apreciarla. Su valentía y su empeño merecían conocer que su entrega obtuvo resultados. Fueron tantas las zancadillas que sufrió que, al menos, debió quedarle ese reconocimiento. Porque han vuelto a hacerlo. Hay una querencia en España por la parafernalia de la muerte que unida a la hipocresía, o viceversa, resulta escandalosa. Constatemos un hecho: Chacón no estaba en las primeras filas de la política ahora, la habían apartado.

Comparto la valoración que sitúa a Carme Chacón como una política capaz, honesta, luchadora, feminista, de convicciones socialistas reales, y con un deseo sincero de renovar y reconstruir el PSOE. Desde la moderación. “ Chacón fue una política coherente y comprometida con sus ideales, pero no una revolucionaria“, escribe Ignacio Escolar en un artículo que aporta muchas claves. De los cambios que impulsó, de su pensamiento y de su enorme discreción. Laica ejerciente, contraria a dar el indulto al banquero Alfredo Sáenz, partidaria de investigar el fiasco de Bankia. Tropezó con el “desahucio exprés” que le salió por la culata al terminar siendo aplicado a los impagos de hipotecas que no formaba parte del diseño. Esto demuestra, por cierto, que no hay ley inocente en manos culpables.

Pues bien, no la dejaron seguir. 25 de Mayo de 2011. Las plazas de España llenas de 15M, dejando claro el “No nos representan” del hartazgo máximo. Chacón prepara incluso su equipo renovador. Y la echan atrás. Aparece, llorosa, para retirar su candidatura a las primarias por el bien del partido y de Zapatero. La intrahistoria la cuenta también el director de eldiario.es: “Una serie de barones, con Patxi López a la cabeza, amenazaron con tumbar a Zapatero si no apoyaba la designación de Alfredro Pérez Rubalcaba como candidato sin primarias”. Chacón era consciente de lo que ocurría en España, el aparato no.

Y la historia se repite en el Congreso de Sevilla de 2012 cuando Carme Chacón lo vuelve a intentar. Hasta Madrid llegaban los ecos de las presiones y zancadillas. Perdió por 22 votos en jornada maratoniana de intercambio de apoyos y favores. “La vencieron los dueños del partido, una alianza de la vieja guardia: Felipe, Guerra, Bono, Chaves… Tras perder, guardó silencio y dejó liderar a Rubalcaba”, sigue escribiendo Ignacio Escolar. Alguno más hubo, los de siempre en realidad. Tenían el PSOE, perdían apoyo electoral. “ Venció el cambio tranquilo y la experiencia“, explicaron en prensa. Poco después renunció a su acta de diputada y pasó a la actividad privada. Su carrera política declinó.

Una amiga que me sirve de barómetro popular sentencia que los compañeros que lloran a Chacón lamentan su muerte aunque la hubieran apartado de su vocación. Faltaría más. Pero lo que cuentan son los hechos. Y producen bastante impacto algunos rostros compungidos. Otros han demostrado que realmente la valoraban y querían, mucho más de lo que probablemente ella pensaba.

Sin duda el PSOE hubiera sido distinto dirigido por Carme Chacón, que pudo ser también la primera presidenta de España. Pero es lo más rancio del aparato quien lleva las riendas en defensa de “valores tradicionales”. Del PSOE, dicen. Jesús Cintora cuenta en su nuevo libro cómo Rubalcaba intentó impedir que Pedro Sánchez formara gobierno: “Si Rajoy no da el paso, no des el paso tú”. Basado en lo que, a su entender suponía, “la peligrosa compañía de Podemos y de los nacionalistas”. No hay problema en darle el gobierno a Rajoy, no constituye ningún peligro. Para ellos.

La senda emprendida por el PSOE es un puro dislate, con el golpe interno para echar al secretario general elegido en primarias, y cuanto ha sucedido después actuando como si nada hubiera ocurrido. Susana Díaz encarna esta tosca etapa de aparato y conservadurismo, por más que Chacón la apoyara frente a sus dos competidores.

No trataron bien a Carme Chacón. La prensa tampoco, en particular la conservadora, como es habitual siendo mujer y de izquierdas. Pero España reedita con ella esa pasión por llorar y ensalzar a los muertos, en particular cuando peor se ha portado con ellos.

El domingo de Ramos –como lo llamaba la portavocía mediática del PP en RTVE en estos tiempos de santerío redivivo–,  El País publicaba otra de sus encuestas de Metrocospia. Esta vez para concluir que los españoles optan por Adolfo Suárez como el presidente que querrían tener. Paradójico. Desde dentro, la derecha hoy recogida en el PP le dinamitó el partido. El PSOE de Felipe González le presentó una moción de censura y una cuestión de confianza. Le hicieron la vida imposible y sufrió por ello. Mucho.

Hemos sabido recientemente, por casualidad, que Suárez no quiso convocar un referéndum sobre la monarquía porque iba a perderlo. Se lo dijo a la periodista Victoria Prego que calló durante décadas. No se puede decir que, justa o injustamente, nadie le agradeciera el favor a Suárez. Ahora lo tenemos en los altares. Si existe alguna parte de lógica en el hecho será que les parece peor lo que vino después.

Esa exacerbación española de la muerte huele a procesión, incienso y rito, a humo. A hipocresía suma. Es ese sentimentalismo con dolor placentero, de escenario, butaca y kleenex. Y de igual modo enmascara la verdad. En la política que posterga a los ciudadanos y ejerce, con cara de póker, el todo vale para el fin último. En los medios y sectores que juegan la misma partida. Carme Chacón era del sector limpio de la política que también existe y su camino no fue de rosas.

Un consejo: la próxima vez que quieran a alguien como la querían a ella, demuéstrenselo en vida. Y déjenle volar libre.

¿Qué hacemos con los llamados paraísos fiscales?

17 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Describe mucho mejor el fenómeno guarida fiscal, escondrijo en el que se refugian una o varias personas buscadas por realizar actividades delictivas, que el de paraíso.

La evasión fiscal es un delito gravísimo: provocar pobreza, dañar la salud, empobrecer el capital humano… son delitos de lesa humanidad.

– Juan Gimeno

07/04/2017 – 19:09h

El PP rechaza penalizar en la nueva Ley de Contratos a empresas vinculadas a paraísos fiscales
Jornada en el Congreso contra los Paraísos fiscales

El lunes 3 de abril, siguiendo la iniciativa del Foro Social Mundial, se celebró el día mundial contra los paraísos fiscales. La plataforma por la Justicia Fiscal[1]  celebró en el Congreso de los Diputados un encuentro con representantes de los grupos parlamentarios en el que planteamos la reflexión sobre la pregunta que da título a este artículo.

En estos tiempos de neolenguaje y posverdad, cada vez más orwelianos, un primer apunte ha de referirse al propio término de Paraísos Fiscales. Porque el lenguaje no es neutral y elegir una forma de denominar algo es ya una opción respecto al mensaje que se quiere enviar.

¿Qué es un “paraíso”? Una definición es la de “lugar en que llegan las almas de los justos y donde gozan de felicidad completa”. Es difícil conseguir algo más atractivo. Solo llegan los mejores y obtienes la felicidad absoluta. Pero resulta difícil aceptar que quienes utilizan los llamados paraísos fiscales sean precisamente los “justos”. Y no nos resignamos a que se presenten esos territorios como lugares deseables.

Tampoco es neutral la definición de paraíso fiscal que encontramos en el diccionario de la RAE: “País o territorio donde la ausencia o parvedad de impuestos y controles financieros aplicables a los extranjeros residentes constituye un eficaz incentivo para atraer capitales del exterior”. Simplemente, una feliz herramienta de política económica. Visto así, por ejemplo, la bomba atómica se definirá como eficaz incentivo para finalizar una guerra.

En inglés se utiliza la expresión Tax Haven (refugio o guarida). Quizás alguien tradujo confundiendo Haven con Heaven (cielo) y nos ha quedado esa perversión.

Sin duda, describe mucho mejor el fenómeno la expresión Guarida (fiscal), escondrijo en el que se refugian una o varias personas buscadas por realizar actividades delictivas (que conllevan habitualmente la defraudación fiscal).

Porque las guaridas fiscales son, en realidad, guaridas de delincuentes: sin ningún sentido económico real, ocultan y sirven de puente para el blanqueo de capitales de actividades como la corrupción, el crimen organizado, las mafias, el terrorismo, el tráfico de armas, el tráfico de drogas… En general, todo tipo de actividades contrarias a los derechos humanos y al bien común.

Como, es cierto, todas los delitos descritos eluden impuestos y blanquean en las guaridas, el adjetivo “fiscal” es apropiado. Pero parece como si se utilizara para suavizar el delito. Si habláramos de guaridas de terroristas, de mafiosos y traficantes, las opiniones públicas pedirían indignadas una acción dura contra ellas. Pero lo de fiscal suena a delito menor, más suave.

No es fácil de entender esta (falta de) conciencia ciudadana. La evasión y el fraude fiscal disminuyen gravemente la recaudación pública, dificultando obtener los ingresos necesarios para financiar la inversión en servicios públicos y sociales esenciales. Además, agrava la injusticia del sistema y vicia la competencia leal al favorecer a las grandes empresas.

¿No somos conscientes de que los recursos públicos son la garantía de los derechos ciudadanos, de derechos humanos básicos? Sin ellos, sufre la educación, la salud, la seguridad, la productividad, la libertad y la propia democracia.

¿No somos conscientes de que la inversión en derechos sociales reduce gastos? Está demostrado que la pobreza incrementa los riesgos de enfermedades y de abandono escolar; que la menor inversión en salud acaba provocando mayor gasto curativo; que la elevada desigualdad reduce el crecimiento y genera inestabilidad social.

Provocar pobreza, dañar la salud, empobrecer el capital humano… son delitos de lesa humanidad: acto inhumano que cause intencionalmente grandes sufrimientos o atente gravemente contra la integridad física o la salud mental o física cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

La evasión fiscal es un delito gravísimo

Las guaridas han existido siempre. La impunidad es lo que les permite sobrevivir y crecer. La globalización financiera ha multiplicado los importes y la opacidad, con muchas entidades financieras actuando como inductores y facilitadores de tales prácticas delictivas.

No actuar decididamente contra las guaridas fiscales supone un grave delito de complicidad con los que se dice combatir.

Es cierto que diferentes actores internacionales (G7, G20, OCDE, UE) están, dicen, tomando medidas para obligar a un mayor control sobre la utilización de las guaridas fiscales por parte de grandes empresas y fortunas para eludir o evadir impuestos. Pero… con retraso, timidez y sin afectar a territorios afectos a su propia soberanía.

En todo caso, la cooperación internacional es imprescindible.

No es cierto que no se pueda hacer nada. Hay muchas propuestas perfectamente viables. Estas son algunas de ellas:

  • — Revisar la definición de paraísos fiscales y elaborar un nuevo listado efectivo de territorios. Aunque no tengan ámbito nacional.
  • — Puesta en marcha de un régimen fiscal multilateral que evite la competencia de estímulos fiscales entre Estados y que aborde la transparencia fiscal internacional, el intercambio automático de información y la lucha contra el fraude. Al menos dentro de la UE.
  • — Implantar el Impuesto a las transacciones financieras que penalice los flujos especulativos, especialmente los que se negocian desde estos refugios opacos.
  • — Obligar a las empresas y corporaciones a publicar sus inversiones, beneficios e impuestos pagados país por país.
  • — Registro público obligatorio de titulares reales y últimos de las empresas.
  • — Prohibición de sociedades ficticias y acciones al portador.
  • — Colaboración obligada de las grandes entidades de Banca Privada (titulares que operan en guaridas fiscales).
  • — Ligar acuerdos de libre comercio con convenios de intercambio de información.
  • — Penalizaciones a las empresas con fondos o filiales en esos territorios:
    • — en la obtención de contratos y concursos
    • — en beneficios fiscales
    • — en los movimientos con guaridas fiscales

Cabe destacar en esta dirección el movimiento por los Municipios libres de paraísos fiscales.

  • — Reforzar y priorizar la inspección.
  • — Proteger a los denunciantes y filtradores.
  • — Penas mayores que las actuales, y sin reducciones, a quienes utilicen las guaridas fiscales.
  • — Exigencia de responsabilidades a asesores e intermediarios financieros.
  • — Plazo ampliado para prescripción de delitos.
  • — …

Es imprescindible apuntar hacia la completa erradicación de las guaridas fiscales… a medio plazo. A corto plazo es imperativo acometer medidas que penalicen y desincentiven la utilización de estos territorios. Medidas enmarcadas en la lucha contra la evasión y el fraude, que son las lacras que es preciso extirpar.

No es un objetivo imposible. Depende de la voluntad política y de la capacidad de presión.

El castigo social y electoral ha de ser la medida más eficaz para conseguir superar la tibieza de las políticas aplicadas. Por ello, es necesario educar y sensibilizar a la ciudadanía en la gravedad de los delitos fiscales así como en la gravedad de los comportamientos cómplices, aunque solo sea por omisión.

Erradicar las guaridas fiscales es un primer paso. Y es responsabilidad colectiva: de los líderes políticos y los gobiernos, de los medios de comunicación y de los educadores, de los votantes y ciudadanos…

También de todas las organizaciones sociales que trabajamos por un mundo mejor y más justo.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor

[1] La plataforma por la Justicia Fiscal, es una alianza de organizaciones ciudadanas, sindicatos, movimientos sociales, ONG y otros actores de la sociedad civil, movilizadas para corregir las desigualdades del sistema impositivo y exigir medidas reales contra el perjuicio social de la evasión y la elusión fiscal y acabar con los llamados Paraísos Fiscales.

Sobre la revolución en Venezuela

16 mayo, 2017

Fuente: http://www.blogs.publico.es

América Latina ha vivido importantes revoluciones sociales y políticas en las últimas décadas, y entre ellas se ha encontrado la más sonada: la de Venezuela. Aunque los procesos en Ecuador y Bolivia han sido interesantes, a mi juicio el proceso venezolano ha tenido mucha más importancia cuantitativa y cualitativa. En pocos años, el Gobierno de Chávez consiguió aprovechar la crisis política que atravesaba el país para darle la vuelta a la grave situación de desigualdad y pobreza que asolaba a la mayor parte de la población. La Revolución Bolivariana consiguió sacar de la pobreza a millones de personas que, por primera vez en la historia, podían alimentarse tres veces al día precisamente en un país donde el 1% más rico había dispuesto hasta entonces de la mayor parte de la riqueza y de la tierra así como de la totalidad del poder político, económico y social. El proceso venezolano, con Chávez a la cabeza, fue siempre muy singular tanto en sus aspectos culturales como en las innovaciones acometidas, y por ello resultó siempre extraño de entender para la izquierda occidental; víctima, claro está, del eurocentrismo y sus patrones culturales.

Sin embargo, la realidad es que Chávez logró convertirse en una referencia para millones de pobres que empezaban a vivir de nuevo gracias a la revolución bolivariana. Todo esto fue facilitado por la ayuda cubana en forma de misiones, por la construcción de tejido social autoorganizado en los barrios más populares y, claro está, por la propiedad pública del sector petrolero que proporcionaba los ingresos necesarios para acometer las reformas sociales.

Naturalmente tocar la propiedad privada de los grandes medios de producción, hasta entonces en escasas manos y con altos niveles de corrupción, supuso la inmediata reacción de la derecha oligárquica. Una derecha que no opera tampoco al estilo democrático-europeo sino que está acostumbrada a dominar militarmente. Una derecha educada, por decirlo así, al calor de los innumerables golpes de Estado que durante décadas frenaron o neutralizaron las revoluciones sociales en América Latina. Golpes siempre auspiciados o financiados por los servicios de inteligencia estadounidenses, como es el caso paradigmático de Chile en 1973. Una derecha, en suma, que no iba a dejar que le arrebataran el poder y los privilegios fácilmente.

En la mejor tradición, Marx ya había anticipado que las democracias burguesas son meras ilusiones y que cuando los socialistas –o cualquier movimiento enfrentado al poder económico- ganan las mayorías parlamentarias entonces es de esperar una reacción militar. De eso en España sabemos suficiente tras el episodio de 1936. La diferencia notable en el caso de Venezuela con esa advertencia del gran clásico fue que Chávez tenía a su lado el ejército, leal por ello a la nueva constitución venezolana. Aun así, en el año 2002 hubo un intento de golpe de estado que llegó a secuestrar al presidente y a recibir importantes apoyos internacionales, entre ellos el de José María Aznar (entonces presidente de España). Afortunadamente, la gente salió a la calle en multitudes y pudo revertir el Golpe. Y Chávez siguió ganando elecciones hasta su muerte, incluyendo un revocatorio en 2004 (un mecanismo para expulsar al Presidente; un mecanismo de la tradición republicana radical que no existe ni por asomo en las democracias occidentales, entre ellas la nuestra).

La derecha, torpe en su fragmentación pero dolida por los éxitos incuestionables del proceso bolivariano, ha intentado boicotear continuamente la revolución. Y lo ha hecho cada vez de forma más inteligente, asesorada por los conglomerados empresariales europeos y americanos, entre ellos una gran red empresarial española de la que el ciudadano Juan Carlos de Borbón fue representante máximo. Baste decir que los grandes empresarios de distribución se han coordinado en no pocas ocasiones para provocar episodios de escasez que enfurecieran a las masas. Al mismo tiempo, en una paradoja bastante común en la historia el proceso bolivariano iba constituyendo nuevas clases sociales que venían de la desposesión más absoluta pero que ahora se acostumbraban a cierto tipo de consumo; y estas clases fueron alejándose progresivamente del proceso bolivariano. El Gobierno, tras más de trece años, enfrentaba importantes problemas para seguir gobernando. A eso habría que unir la crisis financiera internacional y, particularmente, la caída en los precios del petróleo (principal fuente de ingresos que sostiene las políticas sociales). Finalmente, por añadir algunos elementos más, la corrupción y la ineficiencia del sector público ahondaban las grietas de la Revolución.

Al proceso revolucionario se le pueden, y se le deben, hacer muchas críticas. Pero yo sólo admito las críticas desde la izquierda, es decir, desde la lealtad a la revolución y con objeto de consolidarla y no derrumbarla. Me parece necesario plantear que el mayor error de la revolución ha sido no aprovechar los ingresos petroleros para industrializar y diversificar la estructura productiva, habiendo sido más ambiciosos frente a los grandes capitales y la oligarquía venezolana. Así lo han planteado muchos partidos aliados del PSUV, partido de Gobierno, y personalidades referenciadas claramente al chavismo.Es cierto que el clima de agresión permanente a los procesos latinoamericanos se ha acentuado. El Golpe de Estado en Honduras en 2009 fue el precursor de una nueva etapa de maniobras imperialistas en América Latina. Le siguieron los ataques sistemáticos a los gobiernos del ALBA y también del MERCOSUR, que concluyeron con la derrota del kirchsnerismo en Argentina y el golpe de Estado silencioso de 2016 en Brasil. Ecuador se juega este domingo la continuidad del proceso encabezado por Rafael Correa y Bolivia se mantiene a duras penas en un escenario de cada vez mayor abandono. Sin lugar a dudas, Venezuela es la pieza más importante a cobrarse por la oligarquía latinoamericana (que, insistimos, se apoya en la red empresarial y de comunicación también de Occidente; partidarios de una América Latina oligárquica y facilitadora de la extracción de rentas hacia Europa y América del Norte). De ahí la sobreactuación de los poderes políticos europeos, entre ellos de PP, PSOE y CS, en relación a la justa y razonable detención y encarcelamiento del golpista Leopoldo López.

En este contexto, complejo pero nítido, es en el que debemos valorar los recientes acontecimientos. El Gobierno de Venezuela está tomando decisiones, a mi juicio, demasiado precipitadas y poco meditadas frente a esta creciente agresión. En diciembre llegó a suprimir la validez de los billetes de 100 bolívares en una medida improvisada que provocó colas, desabastecimiento y mucha frustración entre la población. 72 horas más tarde tuvo que rectificar. Pero es un ejemplo, reciente, del grado de falta de estrategia que está manteniendo el Gobierno. El último acontecimiento, en relación a la suspensión de las atribuciones de la Asamblea, puede leerse en la misma clave. Ha sido una acción legal y constitucional y desde luego en ningún caso un Golpe de Estado como repiten los voceros de la derecha oligárquica, pero al mismo tiempo ha sido un error que ha dado facilidades a esa misma oligarquía. De ahí que yo dijera, ayer mismo, que me parecía una mala noticia y que lo que había que hacer era llamar al diálogo y a la calma (especialmente porque, por primera vez en décadas, la derecha ganó las elecciones parlamentarias y puso en aprietos a la revolución bolivariana). La fiscal general, de trayectoria chavista, así como cuatro exministros de Chávez han dicho exactamente lo mismo que yo había planteado; naturalmente de forma independiente. Y su opinión parece haber influido en el Gobierno de Venezuela, pues el presidente Maduro ya ha pedido al tribunal que rectifique esa decisión y ha llamado de nuevo al diálogo. Ojalá la situación se reconduzca y podamos salvaguardar la revolución de la oligarquía latinoamericana, europea y americana.

Quisiera añadir una cosa más, dirigido especialmente a la militancia de izquierdas en Europa. Ante cualquier proceso de estas características conviene estar absolutamente informado, combatiendo la desinformación que los principales medios de comunicación lanzan de forma interesada acerca de lo que sucede en Venezuela. Pero nuestra crítica ha de darse, y a mi juicio siempre fundamentada, rigurosa y leal. Muchos de los que llevamos años defendiendo a Venezuela públicamente, mientras la izquierda progresista calla o se suma al “sentido común” de la oligarquía, tenemos también la necesidad moral y política de subrayar los errores del proceso bolivariano. No se puede corregir lo que no se ve. Además, puede que uno quede regular cuando defiende incondicionalmente algunas medidas que los propios artífices acaban rectificando.

Al fin y al cabo, el socialismo no se construye desde la fe, sino desde el pensamiento y la acción crítica. Incluso aunque Venezuela fuera la nueva URSS, cosa que no hace falta ni discutir, la fe ciega en cualquier proceso es el mejor arma para la oligarquía que pretende destruirlos, y al mismo tiempo también la peor ayuda para construir aquí una izquierda socialista seria. Los que quieran rezar al mesías están en su derecho, pero algunos no creemos ni en dioses, ni en reyes ni en tribunos, y mucho menos en supremos salvadores.

Cuando eres feminista y no lo sabes

13 mayo, 2017

Fuente: http://www.ctxt.es

ANITA BOTWIN

MALAGÓN
5 DE ABRIL DE 2017

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RAE: feminismo.

Del fr. féminisme, y este del lat. femĭna ‘mujer’ e -isme ‘-ismo’.

1. m. Ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres.

Yo no soy feminista, soy femenina. Este es un mantra que se repiten miles de mujeres, pero lo cierto es que una feminista puede ser femenina y una femenina no ser feminista. No existe relación alguna entre ambas cuestiones. Es más, si decides depilarte, por poner un ejemplo, tienes todo el derecho a llamarte feminista. Que nadie te diga lo contrario. Puedes pintarte los labios y ser feminista, puedes llevar escote y ser feminista, puedes llevar bragas de encaje y ser feminista. Como también puedes hacer todo lo contrario y seguir siéndolo. Básicamente porque el feminismo no es un dogma, sino un movimiento que busca la igualdad entre hombres y mujeres.

Decirse femenina excluyendo el feminismo es una manera de tirar balones fuera para no reconocer que vivimos en una sociedad patriarcal en el que las mujeres tenemos menos privilegios. Reconocerse feminista es quitarse un velo y pasar a otro estado que supone dolor. Puede compararse a cuando una se divorcia o enviuda o pierde algo de su vida que le había acompañado por mucho tiempo. Ponerse las gafas moradas requiere de cierta valentía y preocupaciones nuevas. Y no estamos para más lío, que bastante tenemos ya. La cuestión es que vivir con ese velo eternamente tampoco te hará más feliz, sólo te hará vivir en una ignorancia que le viene muy bien al sistema en el que vivimos.

SER FEMINISTA POR DEFINICIÓN ES BUSCAR LA IGUALDAD ENTRE AMBOS SEXOS. SI CREES QUE MERECES EL DERECHO AL VOTO, ERES FEMINISTA

“Yo no soy feminista, soy igualitaria”. Eso es como decir no hace frío ni calor, estamos a cero grados. Ser feminista por definición es buscar la igualdad entre ambos sexos. Si crees que mereces el derecho al voto, eres feminista. Emily Wilding Davison no se tiró bajo un caballo para reivindicar que era igualitaria o femenina; la sufragista pedía el derecho a voto de las mujeres y lo pagó muriendo atropellada por el caballo del rey Jorge, al que intentaba poner una pancarta para obtener el sufragio femenino.

Si Clara Campoamor no hubiera dado un golpe sobre la mesa, cuando tenía todo y a todos en su contra, ya que preferían que la mujer no votara con tal de no perder la República, tú seguirías zurciendo los gayumbos de tu adorado marido sin tener ni voz ni voto. Estas mujeres no tenían miedo a llamarse feministas porque tenían claro cuál era el objetivo a pesar de estar solas, repudiadas y apartadas por la sociedad.

¿Por qué las mujeres han llegado a rechazar la palabra “feminismo”? Caitlin Moran cuenta en su mordaz obra Cómo ser mujer que quien no estuviera al tanto de los objetivos del feminismo, e intentara averiguarlo por las conversaciones que lo rodeaban, “creería que era una combinación espectacularmente poco atractiva de misandria, amargura e hipocresía, partidaria de la ropa fea, del malhumor y, seamos realistas, de que no hubiera sexo”. Sin embargo, el hecho de que sea una palabra infrautilizada y denigrada lo hace aún más molón, más provocador, más como la cresta de los punkis de los 70. Ahora todo el mundo quiere una, desde Miley Cyrus hasta Neymar.

Sucede algo similar con la idea “ser de izquierdas”. Se ha criminalizado esta ideología, y se ha asociado a ciertos regímenes que poco han tenido que ver finalmente con las ideas que promulgaban. Mientras tanto, la derecha campa a sus anchas, en nuestro país y en el nuevo desorden mundial. La izquierda no vende y es como ser de un equipo perdedor desde antes de que comience el partido. Sucede algo parecido con el feminismo. No son ideologías ganadoras porque no nos las hemos creído, porque no hemos levantado su bandera sin miedo, porque los mass media nos dejan a un lado o nos persiguen como si fuéramos delincuentes. Pues os diré algo, ser feminista mola, está de moda y empieza a ser un concepto ganador. Además, ya no nos queman en las hogueras y, lo quieras o no, eso es un punto a favor para empezar a serlo.

EL MIEDO A LLAMARSE FEMINISTA ES ALGO PARECIDO AL MIEDO QUE TIENE EL TRABAJADOR POBRE A ACEPTAR SU SITUACIÓN DE DESIGUALDAD

El miedo a llamarse feminista es algo parecido al miedo que tiene el trabajador pobre a aceptar su situación de desigualdad. El trabajador no tiene conciencia de clase, porque le han enseñado a pelearse con su compañero para obtener un puesto mejor para sobrevivir. Es una de las estrategias que tienen los de arriba para seguir siendo los de arriba, mientras los de abajo se pelean entre ellos.

“Yo no soy feminista, no tengo nada en contra de los hombres”. Tranquila, puedes ser feminista y no odiar a los hombres; de hecho, ser feminista nada tiene que ver con odiar a los hombres. Ser antirracista no es odiar a los blancos, sino defender las ideas de igualdad de derechos entre razas.

Si llegados a este punto aún tienes dudas sobre si eres feminista, imagino que no te importará que ingresen el salario en la cuenta de tu marido, ya que, total, la igualdad entre sexos te importa más bien poco. Si aun así tienes dudas, me gustaría conocer qué aspecto de la liberación de la mujer no va con vosotras.

Por suerte, nos encontramos en un momento álgido del movimiento feminista a nivel mundial, tomando cada vez más fuerza; de ahí que también se generen resistencias y suframos ataques, como puede leerse en este texto que escribimos Andrea Momoitio y yo. Sin embargo, es el momento de no tener miedo, de unirse en bloque mujeres y hombres feministas contra el patriarcado.

Si crees que las mujeres debemos tener los mismos derechos que los hombres y luchar por ellos, ¡enhorabuena!: eres feminista. No lo digo yo, lo dice la RAE.

AUTOR

  • Anita Botwin

    Gracias a miles de años de machismo, sé hacer pucheros de Estrella Michelin. No me dan la Estrella porque los premios son cosa de hombres. Y yo soy mujer, de izquierdas y del Atleti. Abierta a nuevas minorías. Teclear como forma de vida.

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“Esto van Carrero, el rey, la Virgen y un etarra por el Valle de los Caídos…”

12 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

La derecha ultramontana ha recogido el guante de la “guerra cultural”, y se ha lanzado al contraataque. No van a dejar pasar ni una.

Isaac Rosa

06/04/2017 – 21:27h

El PSOE considera "urgente" sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos
EFE

El chiste bomba. El chiste definitivo, el combo que te garantiza cárcel, multa y linchamiento mediático. Un chiste donde mezcles monarquía, Iglesia católica y ETA, con un par de toques de franquismo disfrazados de humillación a las víctimas (Carrero) y ofensa a los creyentes (el Valle de los Caídos). Lo salteas con gracia y consigues un chiste que reúne en una sola frase lo más top del Código Penal: el artículo 510 (odio), el 525 (ofensa a sentimientos religiosos), el 578 (enaltecimiento del terrorismo) y el 491 (injurias a la corona). “Esto van Carrero, el rey, la Virgen y un etarra por el Valle de los Caídos, cuando de pronto…”. A ver quién se atreve a terminar el chiste.

Se acumulan las denuncias o condenas por bromear con esos mismos ingredientes: Cassandra y Carrero, El Intermedio con el Valle de los Caídos, el cartel del carnaval gallego, el “santísimo coño insumiso“, el rapero y sus rimas sobre el rey, y hasta la bandera republicana denunciada en Cádiz… Si ampliamos a los últimos años, la hemeroteca está llena de actuaciones judiciales y/o linchamientos mediáticos por bromear con los cuatro pilares de la derecha hispánica: monarquía, iglesia, franquismo y ETA.

Casi siempre bromas, porque hemos asumido que el humor es la única coartada para decir ciertas cosas. “Sólo era una broma”, repetimos. ¿Y si hubiera sido en serio? ¿Sólo en broma puedo decir que el Valle de los Caídos, cruz incluida, me parece “una mierda”?

Hay quien piensa que no deberíamos gastar tinta y saliva, que son casos aislados, anecdóticos; que detrás solo hay cuatro zumbados ultras; y siempre quedan en nada. Pero no es cierto. A menudo la denuncia viene de la Guardia Civil ( apatrullando  las redes), la Fiscalía o el propio Gobierno. Y las consecuencias: multas, cárcel, linchamiento, y cada vez más miedo y autocensura.

De anecdótico, nada: lo que vemos es un contraataque en toda regla, la ofensiva de la derecha más ultramontana, que se lanza a por raperos, humoristas, títeres o protestas festivas, para que quede claro que no van a pasar ni una. Que están en pie de guerra y no les importa ni el “efecto Streisand” (rebautizado como “efecto Carrero”). Que no cederán un milímetro de terreno. Que pretenden ampliar sus dominios.

¿Queríais “guerras culturales”? Pues ahí las tenéis: la derecha cavernícola lanzada en tromba. En los tribunales, con jueces afines y leyes a medida. En los medios, ganando espacio (con un conquistador-evangelizador en la tele pública). Y una y otra vez marcando agenda, consiguiendo que aceptemos su marco de discusión y caigamos en sus trampas.

Estaba la izquierda tan ufana cambiando el traje de los reyes magos, rebautizando calles y pidiendo sacar la misa de TVE, y ¿qué esperaba? ¿Que la derecha se iba a quedar mirando? No. Se han lanzado al ataque. Al contraataque. Saben bien (lo saben mejor que la izquierda) que la batalla de los símbolos puede ser la primera escaramuza para posteriores batallas más materiales. Que uno empieza quitando la misa de la tele, y acaba derogando el concordato; y el que llama mierda al hiperprotegido Valle de los Caídos puede luego sacar la piqueta.

Por eso la primera trinchera está ahí, en lo cultural, en lo simbólico. Y para que Iglesia, monarquía, herencia franquista y nacionalismo españolista estén a salvo, no se puede consentir ni una broma.

Cospedal, Trump y el mundo normal de Buenafuente

8 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

En las filas de la patológica obsesión de Trump por aumentar las dotaciones y el presupuesto militar ya se han cuadrado sin rechistar –siniestros, esperpénticos- Cospedal y Morenés

Ruth Toledano, 26 de marzo de 2017.

María Dolores Cospedal y James Mattis, secretario de Defensa de Donald Trump. Foto: EFE
María Dolores Cospedal y James Mattis, secretario de Defensa de Donald Trump. Foto: EFE

Dice el humorista y presentador Andreu Buenafuente: “Si el mundo fuera normal, la mayoría sería de izquierdas, sin acritud. Buscarían la justicia social, oportunidades para todos, salud, educación”. Pues sí, eso es ser de izquierdas, ni más ni menos. “Pero el mundo”, añade, “nunca fue normal”. Tan poco normal es este mundo que, por el contrario, ataca a quienes tienen esas justas aspiraciones. De hecho, una mayoría de derechas ha inventado para esas personas un término de intención ofensiva: buenista. Como deja claro la escritora Elvira Lindo en un reciente artículo, lo que esa derecha gusta de ridiculizar es a quienes quieren un mundo que combata la xenofobia, la guerra, la destrucción del medio ambiente, la codicia, el exterminio de especies y de sus individuos, la desigualdad económica, la exclusión social…

“Ay, estos buenistas que no comprenden que la única vía es el ataque militar”, dice Lindo, y pareciera que transcribe a esa Cospedal que ha ido a hacer un mal negocio a Washington. Malo porque es el negocio de la guerra: la ministra de los ejércitos se ha comprometido a doblar en siete años el gasto español en Defensa, hasta alcanzar el 2% del PIB, el mayor presupuesto militar desde que el jefe era el Caudillo. Y malo también porque es el negocio de Trump: James Mattis, su secretario de Defensa, amenazó con “rebajar el apoyo” de Estados Unidos si “no se respalda el sistema de defensa común”, y ella le dijo sí, bwana. Sin más; sin arte ni para la guerra. Nombrándole embajador, el PP había enviado de avanzadilla a Morenés, ex ministro de Defensa, que seguro que también llama buenistas a quienes repudian el que siempre ha sido su negocio: el de las armas, incluidas las bombas de racimo que arrasan poblaciones y matan a civiles, incluidas las minas antipersona que arrancan brazos y piernas a los niños más pobres. Estos buenistas…

En las filas de la patológica obsesión de Trump por aumentar las dotaciones y el presupuesto militar ya se han cuadrado sin rechistar –siniestros, esperpénticos- Cospedal y Morenés (a quien Unidos Podemos  ha solicitado que comparezca en el Congreso para dar cuenta de sus trabajitos). Para algo que debiera honrarnos, que es el hecho de ser el tercer Estado europeo, tras Luxemburgo y Bélgica, que menos recursos destina a la paranoia defensiva, nos sumamos a la carrera armamentística del matón Trump: este Gobierno es un chiste de un humor tan negro que ya lo quisieran  Cassandra o Zapata para sí. A Trump no le tiembla el pulso del botón rojo para  recortar en programas que alimentan en escuelas a 40 millones de niños de países pobres (consiguiendo, por ejemplo, escolarizar al 100% de los niños de algunas zonas de Etiopía) y desviar esos fondos a Defensa. A Trump no le tiembla el pulso del botón rojo para  recortar las partidas presupuestarias destinadas al arte, la cultura y los medios públicos como radio y televisión, y desviar esos fondos a Defensa. Ese es el perfil del monstruo.

Y los nuestros no solo se arriman al monstruo sino que ratifican su monstruosidad. A quienes hayan llegado leyendo hasta aquí me veo en la obligación de advertirles de que las palabras con las que la ministra defendió al salir del Pentágono el aumento del presupuesto bélico español pueden herir la sensibilidad, a poquita que se tenga: “Si no tenemos garantizada nuestra defensa y nuestra seguridad da igual tener garantizado el subsidio de desempleo o la sanidad pública o la mejor educación porque lo primero que necesita un país es seguridad”. No, no han leído mal: es Mariadolores a saco, Mariadolores a lo loco, Mariadolores a la diferida y a la simulada, Mariadolores trabajando para seguir saqueando el país, Mariadolores la filósofa castrense, la política comprometida con esos Estados Unidos que bombardean civiles en Mosul.

Por supuesto, si el mundo fuera normal se escandalizaría con las palabras de Cospedal. Considerar que una discutible, si no falaz, seguridad -que además conlleva un elevadísimo gasto público y no se caracteriza precisamente por la transparencia en sus ya de por sí repugnantes transacciones- es prioritaria frente a la educación, la sanidad o el desempleo, da cuenta de la catadura política y moral de esta ministra y del modelo de sociedad que defienden ella y los suyos: el PP, Morenés, el amigo americano Trump y Mattis, brazo armado del amigo americano. Si el mundo fuera normal consideraría que una sociedad que cubre derechos básicos como la educación, la sanidad y el empleo necesita menos armas porque sabe también defenderse con la fuerza del conocimiento, la energía de la salud y el vigor del trabajo. Estos buenistas…

España necesita esos 14.000 millones en gasto militar que Cospedal, encomendándose al diablo, ha comprometido con Trump. Pero a Mariadolores la españolista las necesidades de España le dan igual. Como le da igual alistar a nuestro país en las peores, más chusqueras y más peligrosas filas del mundo. La derecha es así. La derecha, que saquea las arcas públicas desde la más escandalosa corrupción, no quiere, sin embargo, ser gorrona en la OTAN. Qué honesta es la derecha. Qué mundo propone tan distinto a ese otro de paz y justicia social, de oportunidades para todos, de salud y educación, que Buenfuente llama, simplemente, “normal”. Estos izquierdistas… Estos buenistas…

Consecuencias inesperadas del caso Cassandra

3 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

La sentencia del Tribunal Supremo que revocó la absolución de Cesar Strawberry debería tener consecuencias procesales inesperadas para los delitos de enaltecimiento y humillación a víctimas del terrorismo.

Al no ser necesaria la intención especifica de cooperar con una banda armada, la Audiencia Nacional carecería de competencia para estos casos

Teniente Kaffee

02/04/2017 – 19:38h

Tuit de Cassandra en el que denunciaba la petición del fiscal
Tuit de Cassandra en el que denunciaba la petición del fiscal

Esta semana, se ha publicado la sentencia sobre un asunto al que ya le dediqué en su día un artículo: el de la usuaria de Twitter llamada Cassandra (@kira_95), juzgada por la Audiencia Nacional por un delito de enaltecimiento del terrorismo, en su modalidad de humillación a las víctimas.

Una vez que el público en general ha tenido acceso al texto íntegro de la sentencia, que todavía no es firme, hay muchas cuestiones que analizar y discutir, al margen de los hechos concretos del caso.

En primer lugar, se ha discutido en instancias políticas sobre la misma existencia del tipo penal de enaltecimiento del terrorismo, que se encuentra en el artículo 578 del Código Penal. En realidad, deberían preguntárselo a los integrantes del bipartidismo vigente en este país desde la Transición. Porque, aunque la redacción actual se introdujo en 2015, gobernando el PP, dicha reforma se limita a elevar las penas e introducir subtipos agravados, como el de difusión por Internet. Pero el núcleo del delito está vigente desde 2000, y sobrevivió a dos legislaturas de gobiernos socialistas sin que se modificara ni una coma.

¿Debe existir un tipo de enaltecimiento del terrorismo? En el momento en que apareció el tipo penal, rotundamente sí. No sólo era un momento en que la banda terrorista ETA estaba en plena actividad, es que el clima social en el que vivían las víctimas de sus crímenes era simplemente irrespirable.

¿Quieren un ejemplo? Salvador Ulayar, alcalde que fue del pueblo de Etxarri-Aranatz por la UCD. El 27 de enero de 1979, un pistolero de la banda lo mató a tiros. ¿Saben cómo reaccionó el consistorio, gobernado por una coalición nacionalista, cuando su asesino salió de prisión a finales de los años noventa? Nombrando al asesino hijo predilecto de la villa. Pero aún hay más. En el mismo lugar donde se segó aquella vida, la corporación municipal decidió colocar una señal inconfundible de su parecer sobre el crimen: un contenedor de basura.

Hoy en día, el terrorismo del Daesh tiene, como una de las columnas que sustentan su estrategia, la propaganda de sus acciones a través de Internet, con técnicas cinematográficas propias de películas palomiteras, al estilo Michael Bay y la factoría Bruckheimer. En muchos de sus vídeos, se recrean en las carnicerías que cometen sobre sus víctimas, como quemarlas vivas o degollarlas. Difundir ese material es completamente nocivo para la sociedad, porque ayuda a estos criminales a conseguir sus fines. Ahí cabe la aplicación de este delito en la actualidad.

La cuestión es, como siempre he defendido en este rincón, que se trata de un tipo penal que hay que manejar con un cuidado exquisito, porque la línea que separa los actos punibles de las simples expresiones de mal gusto es muy delgada. Para evitar cruzarla, el Derecho Penal tiene que ser un escalpelo, no un martillo pilón.

¿Disponemos de una guía los profesionales del Derecho, que nos permita operar con la necesaria precisión? Podría serlo la reciente resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, para proponer una directiva comunitaria de lucha contra el terrorismo que sustituya a la actual Decisión Marco, de 2005. Es tan esclarecedora, que no me puedo resistir a transcribirles algunos párrafos (las negritas son mías):

Considerando nº 10: Los delitos de provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo comprenden, entre otros, la apología y la justificación del terrorismo o la difusión de mensajes o imágenes, ya sea en línea o no, entre ellas las relacionadas con las víctimas del terrorismo, con objeto de obtener apoyo para causas terroristas o de intimidar gravemente a la población. Esta conducta debe tipificarse cuando conlleve el riesgo de que puedan cometerse actos terroristas. En cada caso concreto, al examinar si se ha materializado ese riesgo se deben tener en cuenta las circunstancias específicas del caso, como el autor y el destinatario del mensaje, así como el contexto en el que se haya cometido el acto.

Considerando nº 40: La expresión pública de opiniones radicales, polémicas o controvertidas sobre cuestiones políticas delicadas queda fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva y, en especial, de la definición de provocación pública a la comisión de delitos de terrorismo.

En fin, tendrá que ser el Tribunal Supremo el que dilucide si la sentencia de la Audiencia Nacional sigue estos criterios que Europa nos impone, o si seguimos a nuestro aire, y esperamos a que algún tribunal internacional nos pegue un revolcón que nos deje con las vergüenzas al aire, como ya sucedió con el asunto de la llamada “doctrina Parot”.

Y esta es otra cuestión que me saca de mis casillas. En principio, dada la entidad de la pena de prisión solicitada, el caso de Cassandra y otros similares deberían haber ido a un juzgado de lo penal, en el que hubiera cabido recurso de apelación contra la sentencia. Sin embargo, la elevada pena de inhabilitación que contempla el 579 bis nos aboca necesariamente a un juicio de audiencia, ante tribunal colegiado de tres magistrados, y sin más recurso que el de casación.

La diferencia entre la apelación y la casación es que la primera permite que el tribunal que conoce el recurso vuelva a examinar los hechos, al considerarse una segunda instancia plena, cosa que no sucede cuando es el Supremo el que interviene. Por esta razón, a España ya le han obligado hace años a crear una sala de apelaciones contra las sentencias dictadas por tribunales colegiados, ya que lo contrario vulnera los derechos humanos.

Está previsto en la ley desde 2003, tanto para la Audiencia Nacional (que tendrá su propia sala de apelaciones), como para los Tribunales Superiores de Justicia, que conocerán de las apelaciones contra sentencias dictadas por audiencias provinciales. Sin embargo, no busquen tal órgano judicial en su palacio de justicia más cercano: no existe. Nunca se ha presupuestado dinero para ello, ni se han creado las plazas, ni se han designado magistrados que las ocupen. Parece ser que en breve se va a dotar de medios para ello. Que las sentencias de Gürtel y otras tramas corruptas estén a punto de salir debe de ser pura casualidad, como apuntaba certeramente Elisa Beni hace poco.

Por ir terminando, al hilo de este juicio se ha llegado a plantear, una vez más, la necesidad de la subsistencia de un tribunal como la Audiencia Nacional, a la vista de que la actividad de ETA prácticamente ha desaparecido. Sin ir más lejos, la citada Elisa Beni planteó la cuestión ayer mismo en este diario.

En realidad, al margen de que hay otras salas en la AN, como la de lo contencioso, o la de lo social, que son indispensables para el funcionamiento de sus respectivos organigramas judiciales, hay que examinar detalladamente el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial antes de sacar conclusiones apresuradas.

Las competencias en materia penal que contempla dicho artículo, como los delitos cometidos por bandas organizadas, incluyendo los de tráfico de drogas y los fraudes que afecten a varias provincias, o los delitos cometidos en el extranjero, sólo pueden ser afrontados por un órgano de jurisdicción nacional. En realidad, en dicho artículo no se habla por ningún lado de competencias en materia de terrorismo. ¿Y de dónde viene tal atribución a la Audiencia Nacional? De la Disposición Transitoria de la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que al margen de las competencias que ya tiene, le encarga, literalmente, de:

“[…] delitos cometidos por personas integradas en bandas armadas o relacionadas con elementos terroristas o rebeldes cuando la comisión del delito contribuya a su actividad, y por quienes de cualquier modo cooperen o colaboren con la actuación de aquellos grupos o individuos.”

¿Ven ustedes a Cassandra incluida en alguna de esas categorías? Ni de broma, con perdón de la expresión. Sin embargo, hasta hace bien poco, podía considerarse que la actitud de los que enaltecen el terrorismo o humillan a las víctimas del mismo, de alguna manera, entra en el cajón de sastre que supone ese “de cualquier modo cooperen o colaboren”, pues no se requiere pertenencia a la banda. Así se vio, exclusivamente en términos de competencia, por ejemplo, con la sentencia que ratificó la condena a Mikel Otegi por el asesinato de dos ertzainas en 1997, época en la que aún no estaba integrado en ETA.

Todo eso valía hasta la sentencia Strawberry, claro está. Ese día, el Tribunal Supremo dejó bien claro, negro sobre blanco, y para pasmo de muchos, yo mismo incluido, que no es precisa una intención de colaborar con los fines de una banda terrorista para incurrir en el delito de enaltecimiento/humillación del 578.

Ese pronunciamiento jurisprudencial, en mi humilde opinión, tiene un doble filo mucho más afilado que el de condenar a un rapero que había sido previamente absuelto. Si nos atenemos a la lógica interna de esa sentencia, y sobre todo, si hay alguna que lo confirma en el futuro, la Audiencia Nacional dejará de conocer procedimientos en materia de delitos de enaltecimiento y humillación a través de redes sociales. Recuerden, sus competencias se extienden a miembros de organizaciones terroristas o quienes cooperen de alguna manera con ellos, y el Supremo acaba de decir que no hace falta ninguna intención de cooperar en Twitter. Uno es dueño de sus silencios, pero esclavo de sus palabras.

Carrero Blanco y el franquismo sociológico

1 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

En casos como los de Cassandra o Strawberry es donde más claramente se refleja lo que es el problema más grave: pretenden que asumamos una línea de continuidad entre dictadura y democracia y, sobre esa base, que aceptemos a Carrero Blanco como víctima del terrorismo.

Gonzalo Boye Tuset02/04/2017 – 18:48h

Las cada vez más abundantes condenas por delitos de enaltecimiento y/o menosprecio a las víctimas del terrorismo, junto con ser auténticas aberraciones jurídicas, lo que realmente reflejan es una serie de problemas de mucho mayor calado que, sin duda, no se solucionarán por la vía del desahogo en redes sociales ni a través de diversos y bienintencionados artículos de opinión (el mío incluido); lo que se necesita es, primero, identificar los problemas y, después, buscar soluciones claras y consistentes que impidan que esta forma de actuar se transforme en la antesala de un sistema represivo irreversible.

Partiré por los problemas, tratando de resumirlos en aquellos que parecen más evidentes.

En primer lugar, tenemos una legislación creada en un momento histórico diferente y que muchos justificaron por razones de seguridad, tal cual en USA se justificaron los recortes de libertades y las bestialidades cometidas en lo que Bush denominó “la guerra contra el terror”. Este tipo de legislaciones, que muchos aplauden cuando a ellos no se las aplican, son las tierras de las que provienen los lodos actuales.

En segundo lugar tenemos una jurisdicción, la de la Audiencia Nacional, que no se justifica ni ahora ni nunca, pero que por iguales razones se ha tendido a respaldar atribuyéndole una suerte de especialización que, realmente, no es tal como está quedando en evidencia en la actualidad. La verdad es que se trata de un Tribunal especial y no especializado porque la especialización implica un trabajo previo y constante de formación en aquellas áreas sobre las que tiene competencia, requisito no cumplido por muchos de los que allí ejercen la función jurisdiccional.

En tercer lugar, en casos como los de Cassandra o Strawberry –por poner solo algunos ejemplos– es donde más claramente se refleja lo que, a mi juicio, es el problema más grave: pretenden que asumamos una línea de continuidad entre dictadura y democracia y, sobre esa base, que aceptemos a Carrero Blanco como víctima del terrorismo. Tal planteamiento no solo es una reescritura de la historia sino la negación de la necesaria ruptura que ha de existir entre dictadura y democracia, matar a un tirano no puede ser considerado un acto terrorista, lo cometa quien lo cometa.

Las soluciones, como siempre, parecen más difíciles que la concreción de los problemas, en todo caso para cada mal siempre hay un remedio.

Ante el enjambre legislativo creado ad hoc para luchar contra ETA, lo que corresponde es un trabajo de derogación de muchas de esas normas, de la adaptación de otras a un sistema y cultura democrática y, sobre todo, a la asunción de un marco jurídico-penal de largo recorrido que sepa colocar al Derecho Penal donde le corresponde como última ratio del poder punitivo del Estado. Es inaceptable que en nuestro Código Penal existan, al menos, 7 tipos penales que repriman aquello que no es más, pero tampoco menos, que libertad de expresión.

Desmontar este andamiaje legal no es técnicamente sencillo, pero es muy difícil llevar a la práctica porque se requiere de un consenso político que permita la aprobación de una Ley Orgánica mediante la cual se pueda reformar, por vía de derogación y/o reubicación sistemática, aquellas normas que a un conjunto amplio de la ciudadanía nos resultan odiosas y que, en términos generales, no son más que normas carentes de espíritu democrático que se están usando para reprimirnos.

En cuanto a la Audiencia Nacional, no me cabe duda de que es un órgano sin sentido constitucional y que debería dejar de existir, no hay razones técnicas que obliguen a mantenerlo en el organigrama jurisdiccional y basta una mirada a nuestro entorno para comprender que un Tribunal de estas características no es necesario ni para luchar contra el terrorismo, ni contra la corrupción ni contra el crimen organizado.

Lo que realmente se necesita para luchar contra aquellas formas más graves y complejas de la criminalidad es justamente lo que ya tenemos: fiscales especializados y jueces independientes allí donde los delitos son cometidos. No resulta lógico ni natural, desde una perspectiva constitucional, la existencia de un órgano supuestamente especializado que ha servido y sirve como correa de transmisión de una visión pre-democrática del Estado.

La Audiencia Nacional lleva años, desde el fin de la actividad terrorista de ETA, intentando atraer competencias llegando hasta extremos tan absurdos como investigar a bandas de ladrones de casas, con el único propósito de justificar su propia existencia; sin embargo, y a través de las aberraciones jurídicas que estamos viendo en materia de libertad de expresión, queda en evidencia que la pervivencia de este órgano jurisdiccional es dañina para nuestra democracia y, en muchos caso, un autentico impedimento para romper definitivamente con la dictadura y adentrarnos en el proceso de construcción de una auténtica democracia.

En cuanto al tercero de los problemas, la línea de continuidad entre dictadura y democracia, el problema es mucho más complejo porque refleja la perpetuación del franquismo sociológico al que están adscritos muchos de aquellos que han dictado las normas que se usan para reprimirnos y han creado y mantienen un órgano jurisdiccional como la Audiencia Nacional y, especialmente, muchos de los que están dictando las resoluciones que tan aberrantes nos parecen y con las cuales se construye y refuerza ese relato continuista.

Considerar a Carrero Blanco como una víctima del terrorismo no es más que un síntoma de ese franquismo sociológico del que hablo porque a muchos nos resulta evidente que “por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”, como decía Cervantes por boca de Don Quijote y que “cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes” como se establecía en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 porque si los derechos humanos no son protegidos por un régimen de Derecho los ciudadanos se ven compelidos al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, tal cual reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Carrero Blanco fue parte importante de una atroz dictadura y un auténtico represor que no merece la protección que el Derecho Penal le da a las víctimas del terrorismo. Que su asesinato lo haya cometido ETA no le convierte, automáticamente, en víctima del terrorismo porque el contexto siempre ha sido y es relevante. La actividad de ETA, y de cualquier grupo armado, durante una dictadura no puede ni debe ser evaluada con los mismos parámetros que la que se cometa en democracia, la diferencia no se le escapaba a San Agustín pero sí, interesadamente, a los de misa diaria o semanal. No ignorar quién fue Carrero Blanco y cuál fue su “obra” es imprescindible a la hora de enjuiciar dichos, que no hechos, como son las expresiones contenidas en diversos tuits.

En cualquier caso, mientras no superemos esa concepción continuista de nuestra historia reciente, relegando el franquismo sociológico a la marginalidad, dará lo mismo las reformas legales que emprendamos tanto para reformar el Código Penal como para suprimir la Audiencia Nacional. El problema no son, únicamente, las normas, sino el uso y la interpretación que de ellas se hace por parte de aquellos que, sociológicamente, siguen siendo franquistas.