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La renta básica ante el 8M y la lucha por las pensiones

24 abril, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

Si alguien totalmente ajeno a la realidad del país hubiera paseado por las calles españolas hace unos meses, no habría encontrado ningún indicio de que el 15-M tuvo lugar. Las banderas y sus nacionalismos han tomado los balcones y en los Parlamentos apenas se oye el eco de los Indignados. Estas semanas, en cambio, las manifestaciones de jubilados están devolviendo a las avenidas su condición de espacio ciudadano frente al de mera superficie de consumo; algo que también se observa en el paro de mujeres organizado para el 8 de marzo. ¿Es una mera coincidencia que sean las mujeres y los mayores los que salen a la calle? ¿Son demandas tan alejadas la una de la otra como a priori pudiera parecer?

Albert Rivera afirmaba el otro día que el problema de las pensiones no se reduce a subirlas o bajarlas, que su origen está en las bajas tasas de natalidad. Acierta en señalar que se trata de un problema más profundo, pero no llega al final de la cuestión (¿quién da a luz, cría a los hijos y cuida de los mayores principalmente?). Las manifestaciones que estamos viendo son en última instancia exteriorizaciones de un mismo problema: un sistema económico que separa en compartimentos estancos las esferas productiva y reproductiva de la vida. Así, el modelo se construye en torno a una dicotomía que no existe en realidad, pues todos nos movemos de una esfera a otra constantemente y ambas contribuyen al crecimiento de la riqueza colectiva, a pesar de no recibir el mismo (mal)trato. En principio, todos debemos cuidar y todos queremos realizarnos en nuestra vida profesional, pero este sistema nos obliga a elegir, y cuando las mujeres deciden entrar al espacio productivo pero los hombres no hacen lo propio en el reproductivo, la burbuja estalla. Estos desequilibrios de género entre las esferas reproductiva y productiva también se reflejan en el sistema de pensiones, que contabiliza años de trabajo productivo y deja en desventaja a las personas (casi siempre mujeres) que se han dedicado a cuidar.

Sin los cuidados, la vida en sociedad se vuelve insostenible. No queda otra, hay que cambiar de modelo: la economía no es reductible a los mercados; economía es mantener la vida, sea o no a través de las esferas monetizadas, y necesitamos dotarnos de normas e instrumentos que se ajusten a esta idea elemental. Como la renta básica universal.

La RBU lleva sobre la mesa más de medio siglo y cuenta con numerosas experiencias positivas (entre otros: EE.UU. en los 60, Canadá en los 70, Namibia en 2008 y Kenia y Finlandia en la actualidad). Sin ser ninguna panacea (no es una política económica sino una medida que se inserta en ella), contribuye notablemente a solventar algunos de los problemas más importantes de la actualidad, como la pobreza, una realidad cada vez menos lejana para muchos españoles. En un contexto en el que tener trabajo ya no es sinónimo – si es que alguna vez lo fue – de disfrutar de una calidad de vida digna; las pensiones cada vez son más quiméricas; y el 47% de los trabajos (cualificados y no cualificados) están amenazados por la automatización, de acuerdo con el estudio llevado a cabo por la Universidad de Oxford en 2013 ( aquí), la renta básica constituye una medida tan necesaria como urgente. El planteamiento es sencillo: todo ciudadano por el hecho de serlo, a partir de cierta edad e independientemente de su condición social o de sus otras posibles fuentes de renta, recibe un ingreso del Estado que, como mínimo, se sitúa en el umbral de la pobreza de una sociedad dada, de tal forma que nadie quede por debajo de él. Es decir, se trata de disociar parcialmente la renta del empleo remunerado, no para sustituirlo sino como una garantía mínima de seguridad. Antes de llevarse las manos a la cabeza, conviene pensar en otros servicios públicos cuya universalidad no solo no se pone en cuestión, sino que se considera un valor añadido, como la educación, la sanidad o la justicia. El carácter monetario de la RBU no modifica el fondo.

¿Qué puede ofrecer una renta básica que no se obtenga ya por otras vías? Para empezar, y no es poco, erradicar la dimensión monetaria de la pobreza. Como todos los fenómenos económico-político-sociales, la pobreza es multidimensional, y no solo afecta a la renta sino que se relaciona con las capacidades y el uso de los tiempos; sin embargo, es indudable el efecto positivo (o negativo) que tienen los ingresos (o su ausencia) sobre ella. Con la renta básica esta dimensión desaparece: nadie vive por debajo del umbral de la pobreza. Sin embargo, a pesar de estar concebida únicamente para erradicar la pobreza en términos generales, está lejos de implicar que no tenga efectos específicos. La situación de vulnerabilidad de ciertos colectivos o sectores hace que, en la práctica, la renta básica suponga una transferencia hacia abajo no solo de riqueza sino también de poder: de hombres a mujeres, de ricos a pobres y de unas mujeres a otras. En lo que respecta al primer caso, el hecho de que se asigne de manera individual hace que se democratice la sociedad al tiempo que se democratizan los hogares, algo que, en realidad, debería ser condición sine qua non para conseguir la primera. La dependencia económica del marido que padecen muchas mujeres, más habitual entre las mujeres que hoy son pensionistas o están a punto de serlo, elimina la posibilidad de separarse de él si libremente quisieran hacerlo (ya sea por cuestiones relacionadas con la violencia de género o por simple deseo). En esta línea, la renta básica también mejoraría la situación de vulnerabilidad de los hogares monoparentales, en su mayoría conformados por mujeres con hijos y ancianos a su cargo (datos del informe AROPE).

Además, dota al trabajador de poder de negociación frente al empleador, proporcionándole unos ingresos externos que hagan efectivo el derecho a huelga, por ejemplo. La libertad no se mide tanto por la posibilidad de decir  como por la de decir no, y es esta última la que garantiza la renta básica. Este aumento potencial del poder de negociación se hace especialmente presente en el caso de las mujeres, dada la precariedad laboral y la feminización del sector de los servicios (cuidados) remunerados. En ese sentido, la transferencia también se produce entre mujeres de diferentes clases sociales, ya que muchas de las empleadas en este sector son inmigrantes que cuidan de dependientes y personas mayores. Teniendo en cuenta que la excesiva concentración de riqueza genera poder político, la RBU tiene un efecto igualador y democratizador que fortalece los vínculos de ciudadanía y la cohesión dentro de la comunidad en diferentes direcciones.

Por último, la renta básica revaloriza todo el conjunto de trabajos no monetizados, realizados en su mayoría por mujeres, que contribuyen a la riqueza colectiva y al desarrollo de las sociedades pero que han estado infravalorados socialmente y penalizados económicamente porque no se adaptaban al esquema valor = precio, como refleja la escuálida pensión no contributiva (además de la dependencia que se genera durante todo el camino hasta llegar a las pensiones). De esta manera, esa parte de la sociedad considerada como inactiva pero que en realidad ha participado activamente, no solo contribuiría a esa acumulación de riqueza sino que recibiría la parte correspondiente de la misma, algo que todavía hoy no sucede. El reconocimiento social iría ligado a una retribución económica, y el concepto de trabajo abarcaría mucho más que el empleo remunerado. Así, la RBU reconcilia las dos esferas de la vida, que se reconocen al fin como interdependientes. En consonancia, no solo se dejaría de penalizar a aquellos o aquellas que no trabajan por dedicarse a los cuidados, sino que se posibilitaría que las personas – hombres o mujeres – que desean reducir su jornada laboral para poder conciliar, también puedan hacerlo sin sufrir las consecuencias que ahora padecen.

Desde nuestro punto de vista, no es casualidad que salgan a la calle las mujeres, principales proveedoras de cuidados; y los mayores, principales dependientes de ellos. Porque no estamos ante una simple crisis económica, es todo el modelo lo que ha quebrado. Creemos que la RBU puede contribuir a solucionar diferentes necesidades de todos los grupos sociales, así como a construir un modelo social y productivo más respetuoso con la vida familiar y personal de los individuos. Esta transversalidad hace que pueda actuar como una demanda unificadora de las grandes luchas colectivas, que ya comienzan a salir del letargo.

 ¿A qué esperamos para unirnos?

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Que los robots coticen y ayuden a pagar las pensiones y una renta básica universal

21 abril, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

Las plataformas de pensionistas que el  pasado 22 de febrero, jueves, sorprendieron a Gobierno, oposición y sindicatos al tomar las calles de 86 ciudades españolas van a volver a ellas el próximo sábado, 17 de marzo. Los jubilados no estarán esta vez solos. Han convocado sus nuevas movilizaciones para un sábado para que puedan acompañarlos sus hijos, sus nietos y todo aquel que, activo o no activo, con empleo o sin empleo, esté preocupado por el presente y por el futuro de nuestro sistema público de pensiones.

Tras la gigantesca movilización feminista del pasado jueves 8, el Gobierno apenas ha reaccionado por ahora con un gesto mínimo: un lazo morado en la chaqueta del presidente, Mariano Rajoy, gesto que fue tachado de oportunista y cínico entre la oposición y que ha sido polémico incluso dentro de las filas del PP. Tras las movilizaciones de pensionistas de hace casi un mes, y la exhibición de fuerza delgrey power, el Ejecutivo sólo ha reaccionado por ahora con una ocurrencia del ministro de la caja de caudales, Cristóbal Montoro, que habló de manera inconcreta de bajarles el IRPF a algunos pensionistas de edad “muy avanzada”.

Este miércoles, en el pleno monográfico sobre las pensiones que celebrará el Congreso de los Diputados, tendrán Rajoy, el Gobierno y el PP una nueva oportunidad para afrontar el problema con algo más que una ocurrencia. ¿Cederán a la presión de la calle y de la oposición parlamentaria y cambiarán su propia ley para que la revalorización anual de las pensiones sea superior al 0,25% que fija la norma, paupérrima subida que ha sido uno de los detonantes de las protestas? ¿Irán incluso más allá, y admitirán que algunas pensiones se paguen desde los Presupuestos Generales del Estado, vía impuestos?

Sea ahora, sea un poco más adelante, en el PP previsiblemente se reaccionará con mayor convicción cuando vean que la marea de la calle les inunda los graneros de votos y deja alguno de ellos muy deteriorado. Puede estar empezando a pasar. Un dato: en el Barómetro del CIS de enero de 2017, el 34,6% de los encuestados de 65 años o más decían directamente que votarían al PP. Un año después, en el Barómetro del CIS de enero de 2018 -cuando los pensionistas ya sabían que la recuperación económica tan cacareada por el Gobierno les ha dado este año una subida de la pensión del 0,25%; es decir, 1,5 euros más al mes a muchos de ellos-, ese porcentaje ha bajado al 28,8%. Casi seis puntos porcentuales de caída en doce meses y ello pese a que cuando se hizo el campo del Barómetro de enero pasado aún no habían empezado las grandes movilizaciones de los pensionistas.

Reacciones rápidas y medidas a corto plazo aparte, la reflexión sobre el futuro de las pensiones ocupa cada vez más tiempo en instituciones públicas, partidos, sindicatos y think tanks. Entre las ideas que ahora se barajan, una que ya comenzó a debatirse hace un par de años: que los robots que están sustituyendo a personas en algunos empleos coticen a la Seguridad Social o que al menos aporten vía impuestos al erario cantidades significativas que permitan completar las políticas sociales, entre ellas el sostenimiento y mejora del sistema público de pensiones. Se sumó a ella hasta Bill Gates, el fundador de Microsoft, una de las grandes compañías aceleradoras de los procesos de automatización. “S i una persona hace un trabajo valorado en 50.000 dólares en una fábrica, esa cantidad es sometida a impuestos sobre la renta, impuestos de la Seguridad Social y todas esas cosas. Si un robot viene para hacer el mismo trabajo, pensarías que habría que ponerle un impuesto del mismo nivel “, comentó Gates.

La idea ha vuelto al primer plano del debate tras un estudio reciente sobre el impacto de la automatización en el empleo. Se titula ‘Will robots really steal our jobs’  (¿Realmente robarán los robots nuestros empleos?), lo ha hecho la consultora PwC y analiza la situación en 29 países. Las conclusiones, para el nuestro, son bastante inquietantes: en 2030, la automatización mediante robots de muchas tareas hará que el 34% de los empleos actuales estén entonces en peligro, pues se podrán hacer con máquinas inteligentes. Los empleados con menor formación y los sectores de transporte, logística e industria –y en menor medida los de alimentación y distribución- son los que mayor riesgo corren. El estudio de PwC confirma en gran medida lo que apuntaba otro de la OCDE que en 2016 situaba a España como el tercer país de entre los 21 de la organización analizados, tras Alemania y Austria, al que más afectaría la sustitución de empleados por máquinas con inteligencia artificial.

En octubre de 2016, poco después del estudio de la OCDE, Pepe Álvarez, recién llegado entonces a la secretaría general de UGT, planteó en un acto sindical en Asturias que las empresas compensaran a la Seguridad Social, mediante una cotización o alguna otra medida similar, por la pérdida de empleos que se producía con los avances tecnológicos en las cadenas de producción. “Que los robots paguen a la Seguridad Social por los trabajadores que no están en las empresas”, resumió Álvarez.

El asunto no era nuevo. Por aquel entonces, en el Parlamento Europeo ya se trabajaba en una iniciativa similar, impulsada por los grupos de izquierda. Un texto aprobado en la comisión parlamentaria señalaba que “considerando que el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial puede dar lugar a que los robots asuman gran parte del trabajo que ahora realizan los seres humanos sin que puedan reemplazarse por completo los empleos perdidos” debería “estudiarse la posibilidad de someter a impuesto el trabajo ejecutado por robots o exigir un gravamen por el uso y mantenimiento de cada robot” para financiar el reciclaje profesional de las personas que perdieran su puesto de trabajo. En el pleno del Europarlamento, ya en febrero de 2017, los grupos de derecha rebajaron el texto. Se instaba a la UE a que legislara sobre robots y automatización, pero se eliminaban las referencias al impacto de la robotización en el mercado laboral y a los posibles impuestos para compensarlo.

Ahora, tras el informe de PwC, Pepe Álvarez, el líder de UGT, insiste, y con más convicción. “Mantengo lo que dije. El debate está abierto, hemos de reflexionar sobre ello. Al PSOE no lo he convencido, a algunos dirigentes de Podemos sí”.

Su idea no la comparte su homólogo en Comisiones Obreras, Unai Sordo: “Nosotros más bien pensamos que si la robotización se implanta en las empresas es para mejorar la productividad, y que lo que hay que gravar es el beneficio empresarial con un funcionamiento mucho más activo del impuesto de sociedades”. El líder de Comisiones considera que “no hay que desincentivar la inversión tecnológica porque es necesaria para mejorar el tejido productivo español”. “Nuestra forma de buscar ‘la cotización de los robots’ es hacer que más empresas paguen realmente los impuestos que tienen”, concluye Sordo.

En CEOE tampoco están a favor de que los robots paguen impuestos. Consideran que hay que afrontar antes otras cuestiones derivadas del cambio tecnológico que en su opinión están afectando más que la automatización a la caja de la Seguridad Social: “La llamada ‘economía colaborativa’, que en ocasiones no es colaborativa, crea competencia desleal y no aporta cotizaciones sociales o cotiza muy poco”, en palabras de un dirigente de la patronal.

En sus conclusiones, el informe de PwC llega incluso a relacionar el auge de los robots y de la inteligencia artificial con los ingresos públicos y con un reparto también social de la riqueza generada. Propone que “además de invertir en educación, capacitación e infraestructura” se invierta “en redes de seguridad social más fuertes para aquellos que no son capaces de adaptarse fácilmente a la automatización”.

PwC lleva incluso el debate más allá, al recoger también en sus conclusiones una idea “más radical” que “ha ganado fuerza en Silicon Valley y en otras partes del mundo en los últimos años como una manera potencial de mantener los ingresos de aquellos que salen perdiendo en la automatización”. La idea de crear con parte de los beneficios extra generados por la robotización “una renta básica universal”. ¿Por generosidad, por altruismo, por justicia social? No solo. Porque -dice el informe- “el consumo es importante para mantener la economía en marcha”.

Finlandia demuestra que una renta básica para todos puede funcionar

25 noviembre, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

En un pequeño pueblo rural de Finlandia, un hombre recibe dinero gratis. Casi 560 euros entran en su cuenta corriente cada mes, sin ningún tipo de ataduras. Puede usar el dinero como quiera. ¿Quién es el benefactor? El Gobierno finlandés. Parece el preludio a una película de suspense, o a lo mejor a un reality de televisión. Aunque la historia de Juha Järvinen es más interesante. Es básicamente un ratón de laboratorio en un experimento que puede definir el futuro de Occidente.

Järvinen fue elegido la Navidad pasada por el Estado para formar parte junto a otros 2.000 desempleados en un ensayo de la renta básica universal. Puede que hayas oído hablar de la renta básica universal, o la política que se basa, literalmente, en dar dinero a la gente a cambio de nada. Es una idea que emociona tanto a gente abiertamente de izquierdas –John McDonell y Bernie Sanders– como a la élite económica de Silicon Valley –Mark Zuckerberg y Elon Musk–. Y en el largo período que ha transcurrido tras la crisis financiera, esta es una de las pocas alternativas que no dejan un sabor a refrito pasado de fecha.

Aun así, casi nadie sabe cómo sería. A raíz de todo el alboroto generado por esta propuesta, Finlandia será el primer país europeo en realizar un ensayo. No es la versión purista de la renta básica universal que daría un sueldo mensual a todos, incluyendo a los millonarios. Finlandia tampoco publicará resultados hasta que el periodo de prueba de dos años finalice en 2018. Mientras tanto, dependemos de los testimonios de los participantes como Järvinen. Así que vuelo a Helsinki y conduzco cinco horas para encontrarme con él.

Pregúntale a Järvinen que ha significado para él recibir dinero gratis cada mes y te conducirá a su taller. Ahí encontrarás equipos de producción cinematográfica, una pizarra con planes para una versión de Airbnb para artistas, y un pequeño cuarto en el que hace tambores Batá que vende por hasta 900 euros. Todo esto mientras que ayuda a criar seis niños. Todos esos euros gratis le han llevado a trabajar más duro que nunca.

Nada de esto habría sido posible sin la renta básica universal. Hasta este año, Järvinen vivía de su paga de desempleo. La oficina de empleo de Finlandia siempre estaba estudiando su caso, siempre entre solicitudes de empleo y talleres de formación. Las ideas brotan de Järvinen con la misma facilidad que el agua de un grifo, pero nunca podía desarrollar sus ideas por miedo a suscitar restricciones burocráticas.

Prestaciones sociales clásicas que imponen barreras

En un caso muy debatido el año pasado, un finés llamado Christian fue pillado tallando y vendiendo púas para guitarra. Era más un pasatiempo que un negocio, le sacaba poco más de 2.000 euros al año. Pero la suma no fue lo que enfureció a las autoridades, sino el tiempo que había dedicado a realizar cada púa, que podría haber empleado en la carrera de obstáculos oficial para encontrar trabajo.

Este era también el caso de Järvinen, hasta este año. Al igual que muchos británicos que sobreviven de las prestaciones sociales, él estaba atrapado en un sistema “humillante” que le daba poco menos que para alimentarse, al mismo tiempo que le negaba cualquier esperanza de satisfacción.

Entonces, ¿a qué se debe su cambio? Al dinero de la renta básica universal está claro que no. En Finlandia, 560 euros es menos de un  quinto del sueldo medio en el sector privado. “Tienes que ser un mago para sobrevivir con ese dinero”, dice Järvinen. Una y otra vez, se describe como “pobre”, sin rodeos.

Su liberación vino con la falta de condiciones ligadas al dinero. Si así desean, los finlandeses pueden meter el dinero en el banco y no hacer nada más. Pero al menos en el caso de Järvinen, la suma le ha quitado el miedo a la profunda miseria, dándole la libertad necesaria para hacer trabajos que para él son relevantes.

Suena simple. Es simple. Pero para los visitantes a la Gran Bretaña de la Austeridad, con su amplio abanico de escándalos relacionados con los subsidios sociales, desde el crédito universal a Concentrix o Atos, suena casi a fantasía.

Los parados no son vagos que no quieren trabajar

Este ensayo ha sido introducido por un gobierno de centroderecha que está llevando a cabo su propia versión de las políticas de austeridad, con grandes recortes a las prestaciones sociales y a las escuelas. Aún así, por mucho que intente imaginar a Theresa May o a Philip Hammond permitiendo el más mínimo cambio a los pobres sin cuestionarlo de manera alguna, no puedo imaginarlo.

Visito a la equivalente finlandesa del británico Ian Duncan Smith, la ministra de Asuntos Sociales, Pirkko Mattila. Recientemente alejada del partido populista Verdaderos Finlandeses, no tiene tendencias hippies a simple vista –ni siquiera unas varillas de incienso–. Aún así se muestra verdaderamente perpleja de que pueda haber resistencia política alguna a darle dinero a gente pobre para que se quede sentada en casa. “Personalmente, creo que los ciudadanos finlandeses quieren trabajar de verdad”, dice Mattila.

Esto demuestra cómo de moralmente corruptas se han vuelto las políticas de subsidios sociales en el Reino Unido en comparación con muchas otras partes de Europa. Se puede culpar a la austeridad del Partido Conservador, a los programas de trabajo a cambio de beneficios sociales del Nuevo Partido Laborista de Tony Blair, a los intentos thatcheristas de mandarnos a paseo, pero lo cierto es que hemos acabado con un sistema atravesado por dos creencias tóxicas.

Falsas creencias sobre la pobreza

En primer lugar, que la pobreza es el producto del fracaso moral personal. Para el ministro de Hacienda durante el mandato de David Cameron, George Osborne, era una cuestión de vagos contra luchadores. Para Iain Duncan Smith, la pobreza era la fruta podrida de las familias disfuncionales, la adicción o la deuda. Ninguno de ellos, ni los miembros de sus partidos, pueden admitir los que sus homólogos finlandeses sí hacen: que la pobreza no es más que la falta de dinero.

De ahí surge la segunda creencia falsa británica: la idea de que el sistema de ayudas sociales no es una red de seguridad para todos, sino un sistema de clasificación desmoralizado y falto de recursos para los vagos y los inútiles de los estratos más bajos de la sociedad.

Tratar a los pobres como a criminales en ciernes coloca al sistema de bienestar social como adjunto al sistema de justicia criminal. Significa declarar a gente moribunda como apta para el trabajo. Deja a las personas con minusvalía con temor a la próxima evaluación de su capacidad funcional; y a gente desempleada, castigada sin razón alguna.

Y todo esto es prácticamente inútil. La burocracia y los costes se trasladan a todas partes, desde la sanidad pública a la administración local y de ahí a las oficinas de atención al ciudadano. El gobierno no ha conseguido, basado en sus propias evaluaciones, en destinar una pequeña fracción de sus recortes a reformar las prestaciones por discapacidad. Piensa en todas las vidas que se han visto hechas pedazos, arruinadas. Y no se ha ahorrado casi ni un céntimo.

Si esta fuese la filosofía de los finlandeses, nunca habrían llevado a cabo este experimento, y Järvinen no estaría ahora soñando con decenas de proyectos.

Vete a Finlandia a buscar respuestas en relación a la renta básica universal, por supuesto. Pero ve preparado para volver con aún más preguntas de por qué Gran Bretaña maltrata a sus pobres.

Traducido por Marina Leiva