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Un historiador logra que ocho ayuntamientos homenajeen a sus vecinos deportados a campos nazis

6 octubre, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

“Nunca creí que pudiéramos transformar el mundo, pero creo que todos los días se pueden cambiar las cosas”. La frase, verbalizada por la resistente antinazi, periodista y escritora francesa Françoise Giraud, resume el espíritu con el que se levanta, cada mañana, Víctor Peñalver Guirao. Con solo 25 años, este historiador murciano se conjuró para lograr que la Región de Murcia dejara de ser una de las comunidades autónomas más desmemoriadas de España.

Sin ningún tipo de ayuda ni apoyo institucional, comenzó a visitar ayuntamientos y grupos políticos municipales de las poblaciones cercanas a su localidad natal, Cehegín. Dos años después, su discreto y, a la vez, constante trabajo ha dado sus frutos: ocho consistorios, incluido el de la capital murciana, han aprobado mociones de reconocimiento y homenaje a sus vecinos deportados a campos de concentración nazis. Tres de ellos ya han inaugurado, además, monumentos con la misma finalidad y el resto tiene previsto erigirlos en los meses venideros.

Peñalver comenzó a ser conocido en Murcia por su trabajo sobre algunos centros de detención del franquismo y por su investigación sobre la utilización de prisioneros republicanos y la muerte de algunos de ellos, durante la construcción del embalse del Cenajo.

Ese último trabajo sirvió, además para que el ayuntamiento de Moratalla y el Grupo Socialista en el Congreso pidieran a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que retirara la placa que recordaba la inauguración del pantano, presidida por Franco, y colocara otra recordando el papel que jugaron los prisioneros republicanos. La CHS terminó cediendo, pero solo a medias. Quitaron la placa franquista sustituyéndola por otra que no mencionaba a los prisioneros esclavos.

Junto a esos trabajos, sus mayores esfuerzos se han centrado en reivindicar la figura de los españoles y españolas que pasaron por los campos de la muerte de Hitler: “Todo empezó en 2015 –nos dice–. Al cumplirse 70 años de la liberación de los campos de concentración aparecieron nuevos libros y se habló bastante sobre el tema. Sin embargo había un desconocimiento general entre la población porque este asunto ha sido y sigue siendo ocultado intencionadamente en los programas educativos”.

El joven historiador asegura que la Historia oficial “ha construido una sociedad que cree que los judíos fueron las únicas víctimas en esos campos; desconoce que también hubo más de 9.300 compatriotas nuestros, de los que 5.500 murieron allí”. Por ello, decidió que debía intentar “sacar del olvido a estos hombres y mujeres para que se reconociera su papel en la defensa de las libertades, primero en España y después en Europa”, afirma.

Primera parada, su pueblo

Lo primero que hizo fue reunir información sobre los vecinos, nacidos en municipios murcianos, que habían pasado por Mauthausen y por otros campos de concentración nazis. Después, se dedicó a redactar instancias y a presentarlas en los correspondientes ayuntamientos: “Empecé en mi pueblo, Cehegín, y en el de los municipios más cercanos de la Comarca del Noroeste de Murcia”.

Asegura que comenzó por esta zona “por puro pragmatismo”. En una sola mañana, prosigue, “podía visitar hasta cinco ayuntamientos para dar registro de entrada a los datos que había obtenido y a estas instancias en las que pedía la construcción de un lugar de memoria, ya fuera placa o monolito, en el que se incluyeran los nombres de sus vecinos deportados”.

Peñalver se encontró con reacciones de lo más diversas entre los políticos: “Primero, siempre, eran de sorpresa ante el hecho de que hubiese víctimas del genocidio nazi allí, en sus pueblos. Después hubo colaboración en unos casos y pasividad en muchos otros. De hecho hay ayuntamientos que tienen mi solicitud desde 2015 y, pese a insistirles mucho, todavía no tengo respuesta. Por eso, a veces, ante el silencio de los gobiernos municipales, decidía ponerme en contacto con partidos de la oposición, principalmente Izquierda Unida, para que llevaran mi solicitud a pleno y se votara”.

El historiador valora que, cuando ha logrado que sean llevadas a pleno, sus iniciativas siempre han sido aprobadas: “Hemos conseguido ocho pequeñas grandes victorias. Ocho mociones aprobadas en otros tantos municipios. Y casi siempre ha sido por unanimidad. Precisamente, la única excepción fue en mi pueblo”, dice.

Peñalver recuerda que “ en el debate la portavoz del PP en Cehegín dedicó su primer turno a hablar del paro, juventud, vivienda… Su segunda intervención la utilizó para pedir un reconocimiento a los caídos de la División Azul y para criticar mi labor como historiador. ¿Por qué aprovechó el debate sobre los deportados cehegineros para pedir un reconocimiento a sus verdugos, a los franquistas, a la División azul, a los aliados de Hitler? Yo creo que situaciones como esta demuestran que el relato franquista de la Historia no solo se mantiene, sino que es defendido por un gran número de personas”.

El superviviente del campo nazi de Mauthausen Juan Aznar interviene por videoconferencia en uno de los actos organizados / Foto cortesía familia Aznar
El superviviente del campo nazi de Mauthausen Juan Aznar interviene por videoconferencia en uno de los actos organizados / Foto cortesía familia Aznar

Cada acto es un premio

En el caso de la ciudad de Murcia y de Caravaca de la Cruz, el homenaje pudo ser disfrutado por los dos últimos deportados murcianos de Mauthausen que quedan con vida y que son naturales de estas dos localidades. Se trata de Francisco Griéguez y de Juan Aznar. “Confieso que su mera existencia fue otro de los motivos que me empujaron a seguir adelante con este trabajo. Tras más de setenta años de silencio y olvido, de los cuales cuarenta pertenecen al periodo democrático, teníamos la posibilidad de honrar y homenajear a dos personajes históricos y que ellos pudieran verlo y disfrutarlo en vida junto a sus familiares”, apunta.

Y así fue, en el acto de Caravaca de la Cruz, Juan Aznar pudo incluso intervenir a través de una videoconferencia realizada desde la localidad francesa en la que reside. “Escucharle, después de todo lo que sufrió en Mauthausen, hablar sin un ápice de rencor… con humildad y bondad; fue muy emocionante. Jamás pensé, cuando empecé con esto que se organizaría un acto así: una sala llena, multitud de vecinos, familiares de un deportado y un superviviente agradeciéndonos todo el cariño mostrado. Conocer a Juan ha sido el mejor momento que me ha brindado esta profesión”.

El historiador afirma que también le resulta muy gratificante ver a los descendientes de los homenajeados asistir a estos actos, aunque no puede evitar un cierto sentimiento de vergüenza. “Siento la necesidad de pedirles perdón; como ciudadano de un país democrático resulta hiriente que estos héroes hayan sido apartados de nuestra historia. Francia los acogió y les homenajeó; y, sin embargo, en España no encontraron ni un tímido gesto de cariño”, sostiene.

Mirando ya hacia el futuro, Peñalver piensa centrarse en recuperar la historia de las cárceles, centros de detención y campos de concentración franquistas que funcionaron en Murcia durante la dictadura y, nuevamente, en los deportados a campos nazis. Afirma que llevará estas propuestas a más ayuntamientos de la Región e incluso de fuera de ella.

“Ya he empezado en la provincia de Almería con el gobierno municipal de Carboneras. También voy a permanecer vigilante para que las localidades que aprobaron la moción, la cumplan íntegramente. Por otro lado, todo indica que la Asamblea Regional de Murcia aprobará igualmente un reconocimiento público a todos los deportados de la Comunidad. Parece que, poco a poco, conseguiremos que se ponga a nuestros deportados en el lugar que se merecen”, concluye.

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Están entre nosotros

22 septiembre, 2017

Fuente: http://www.infolibre.es

Publicada 27/09/2016 a las 06:00

Actualizada 26/09/2016 a las 21:12  
En una reunión de corresponsales extranjeros se hablaba del auge de la extrema derecha en Europa y de su expansión demagógica favorecida por la tentación xenófoba que late en el subsuelo, exacerbada con discursos populistas de miedo a la pérdida de la identidad cultural y secuestro de los puestos de trabajo por los llegados de fuera. Se maravillaban estos periodistas por la ausencia de esos movimientos en España. Ignoran que aquí no han resurgido porque siempre han estado, habitamos con ellos. En las instituciones. Nunca se fueron.

Cuando los aliados liberaron Europa del fascismo y el nazismo, hicieron una excepción con España porque sabían que Franco sería un colaborador indispensable, en un lugar de la máxima importancia estratégica, en la lucha contra el comunismo que llevó a cabo aquella Guerra Fría que ya se pergeñaba por parte del bloque occidental durante la Segunda Guerra Mundial. Franco también sabía que de su aproximación a las democracias occidentales dependía su supervivencia en el poder cuando la guerra ya estaba perdida y, desde la capitulación de Alemania, una vez desaparecido ese loco primo de “zumosol” que fue Hitler (quien, dicho sea de paso, siempre le despreció), se mantuvo en un perfil bajo, de disimulo, mostrando hacia el exterior su cara más inofensiva, siempre intentando cautivar a quien pudiera incluirle en las organizaciones internacionales que iban a regir el mundo.

Como dijo Aznar de Gadafi, Franco quedó como un extravagant friend, fuera de la ONU y del Plan Marshall, y ese aislamiento le permitió vivir su realidad dictatorial con total autonomía.

En Yalta, los líderes de las tres principales potencias aliadas: Churchill, Roosevelt y Stalin, acordaron que al finalizar la guerra los países liberados de Europa decidirían libremente, con elecciones democráticas, su propio destino. Como España no fue liberada, los compromisos de este tratado no le afectaron. La cosa quedó en que Franco siguiera calladito en su rincón si dar guerra. Lo que pasara aquí dentro sería un problema de los españoles. Nos abandonaron a nuestra suerte. Mala, por cierto.

No sería hasta quince años más tarde cuando se formalizarían las relaciones de cooperación entre España y EEUU con el acuerdo para la implantación de bases militares americanas en nuestro territorio, que le valió la entrada en la ONU al comprar con ese pacto todas las reticencias que un régimen dictatorial suponía para que España fuera incluida como miembro de esa organización. La visita, unos años después, de Eisenhower a España legitimó la dictadura como el régimen político que nos gobernaría hasta la muerte de Franco en 1975.

Tras su muerte, la Transición constituyó un periodo de reforma que se encargó de que los altos cargos de las diferentes instituciones que gobernaron este país durante 35 años, tanto de la política, como de la Policía, el Ejército y la Justicia, tuvieran cabida en la democracia. Muchos de estos funcionarios que ostentaban puestos de responsabilidad durante la dictadura se reciclaron en diferentes partidos ya en la democracia, sobre todo en Alianza Popular, formada por siete ministros de Franco, con Fraga a la cabeza, y otros más moderados en UCD (Unión de Centro Democrático), partido presidido por Adolfo Suárez, que había sido ministro secretario general del Movimiento, la cartera con mayor carga política de aquellos gobiernos de Franco, y que aglutinando infinidad de formaciones de diferentes tendencias de la derecha y el centro, supo representar como nadie la metamorfosis del cambio entre sistemas. Él pasó de la dictadura a la democracia. Ganó las dos primeras elecciones generales, demostración empírica de que la sociología que había creado el franquismo apostaba por una moderna continuidad, no quería cambio. Querían esto sin perder lo otro.

Esa amalgama de fuerzas que se integró a la perfección en la democracia continuó su aventura, salvo exabruptos nostálgicos irredentos, bajo un manto de armonía y disimulo que aparentó terminar con aquella España de los vencedores que exigieron una rendición incondicional para llevar adelante una paz a sangre y fuego. Del mismo modo que en la Alemania de la posguerra todo el mundo afirmaba que nadie sabía lo que estaba pasando en su país durante los años del nazismo, aquí no quedó ni un solo español adicto al régimen. Como san Pedro, todos negaron tres veces antes de que cantara el gallo que daba el pistoletazo de salida para las elecciones. Corrían tiempos nuevos. España se convirtió en el único país del mundo que carecía de una derecha política. El espectro iba desde la extrema izquierda al centro. Hasta ahí. Más allá sólo quedaba la caverna que festejaba los aniversarios pertinentes en el Valle de los Caídos, monumento faraónico que Franco construyó para que la posteridad no olvidara su Santa Cruzada, y del que los portadores de la llama de la España verdadera hicieron su reducto festivo, su particular “fachódromo”.

Nunca más se supo de los millones de españoles que abarrotaban la Plaza de Oriente de Madrid durante las apariciones públicas del dictador, ni de los que formaban la infinita cola para darle el último adiós al sátrapa de El Ferrol. Con Franco murieron, por lo visto, aquellos millones de españoles.

Así corrió el tiempo entre la euforia del derribo de los Pirineos, que era nuestro particular muro de Berlín, y la alegría de la incorporación a Europa, hasta que José María Aznar abrió la caja de los truenos y recuperó para esa España el orgullo de ser de derechas, que aquí es tanto como ser de aquello. Como decía Fraga, también con orgullo: “Nunca debemos olvidar de dónde venimos”. Ser de derechas en España es recuperar el mundo de los vencedores que no se dejan quitar un busto, un monumento a uno de los suyos, y tampoco desenterrar a los vencidos, a los asesinados en las cunetas, en las tapias de los cementerios y en los bosques para llevarlos junto a los suyos o darles sepultura como dios manda. Como a perros los mataron, como perros deben seguir. Y la Iglesia callada, como entonces.

Saca pecho Fernández Díaz, ese ministro que tiene una policía política a su servicio, como en los buenos tiempos, para difamar y buscar averías a sus rivales, que luego airean los medios de comunicación afines a los que pagan bien con la propaganda institucional, da la cara el ministro, decía, con motivo de la solicitud de traslado de los restos del general Mola por parte del Ayuntamiento de Pamplona que quiere que se los lleven a otro sitio, y suelta por esa boquita: “Algunos pretenden ganar la guerra cuarenta años después…”.

Entiende el señor ministro que son vencidos los que tal cosa pretenden. Y de sus palabras también se desprende que él se sitúa en el bando de los vencedores, aquellos que acabaron con la democracia y el orden constitucional a tiros tras fracasar el golpe de Estado de 1936.

Triste que tengamos un ministro todavía, ochenta años después, que reivindique aquellas salvajadas en lugar de encargarse, en cumplimiento de la ley que representa, debo entender que muy a su pesar, de limpiar de nuestro suelo, que no de nuestra memoria, esos monumentos y reliquias que dan gloria al fascismo. Alegan que eliminar los restos de aquella tiranía es atentar contra la Historia. Nunca han tenido vergüenza cuando se trata de salir en defensa de aquel fascismo al que dicen no haber servido ni representar. Les mueve una cuestión científica, intelectual. Los criminales, dicen, deben tener su espacio en nuestras ciudades, como lo tienen los huesos encontrados en Atapuerca. Forman parte de nuestra historia. Eso sí, cuando se denuncian atropellos, violaciones o crímenes, nos salimos del campo de la historia para pasar a remover el pasado, dividir a los españoles y pretender ganar una guerra que perdieron los demócratas.

También sale, cómo no, Esperanza Aguirre a echar gasolina en la trifulca que montan los legionarios intentando evitar que le quiten la calle a Millán Astray, fundador de la Legión, para sustituirla por otra llamada Avenida de la Inteligencia. Ella siempre se mueve por nobles ideales. Alega la defensora de esta causa, también la representación de su partido en el Ayuntamiento de Madrid, que Millán Astray no debe perder su calle porque hizo mucha obra social. Y pone algunos ejemplos. Yo le voy a recordar que Hitler hizo mucha más obra social que Millán Astray, para que le dé una vuelta al tema. A lo mejor habría que sustituir el nombre del general español por el del genocida alemán, si de obra social se trata. Hay que recordarle que no le quitan el nombre de la calle por haber fundado la Legión, ni por las virtudes que pudo tener, sino por su colaboración con el régimen franquista.

Les molesta que desaparezcan los vestigios de aquella España, tienen motivos, no los dicen. Nos toman por idiotas.

La sorpresa de los observadores internacionales ante la falta del resurgimiento de estos movimientos xenófobos, populistas, de extrema derecha, no debería ser tal. Como los marcianos, esa gente está entre nosotros. Por todas partes. Siempre estuvieron, nunca nos dejaron. Así nos luce el pelo.

Si los quieres ver, sólo tienes que quitar el nombre de una calle a un artífice de la dictadura. Aparecen como las moscas en torno a la miel, o a cualquier otra sustancia pestilente que, a usted, querido lector, le sugiera esta cuestión.

Qué hartura de fascismo. Ochenta años después.

Las ofensas a las víctimas del franquismo se multarán con 10.000 euros en Aragón

4 septiembre, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Durante varios meses se fueron conociendo detalles de la futura Ley de Memoria Democrática que estaba pergeñando el Gobierno de Aragón (PSOE – CHA). Píldoras que barruntaban que esta iría más lejos que la nacional de Memoria Histórica. Y ahora se confirma. El Consejo de Gobierno aprobó este martes el Proyecto de Ley y la norma definitiva recibirá el visto bueno de las Cortes autonómicas con los primeros pasos del próximo curso político

La principal novedad de este avance casi definitivo se refiere al régimen sancionador. Se sabía ya que habría castigos pecuniarios para quienes ofendieran la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil o la dictadura, así como a las administraciones que no retiraran la simbología franquista. Con el proyecto de ley aprobado se ha conocido la cuantía: en ambos casos, serán consideradas graves y, por tanto, conllevarán una multa de entre 2.001 y 10.000 euros.

El apartado de las ofensas se concreta de este modo en el proyecto de ley:

Utilizar o emitir expresiones ofensivas, vejatorias o atentatorias contra la dignidad de las victimas de la Guerra Civil o la Dictadura franquista en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas o en plataformas digitales, cuando estas categorias de conductas no puedan ser tipificadas como delito de incitación al odio.

No serán, sin embargo, las sanciones más altas: se establece un escalón superior –el de las muy graves– que va de 10.001 a 150.000 euros. Dentro de esta catalogación está el traslado de restos humanos correspondientes a enterramientos clandestinos o fosas sin la autorización pertinente; realizar excavaciones con el ánimo de exhumar sin permiso; remover el terreno o construir sobre el mismo, sin autorización, donde haya certeza de la existencia de restos de víctimas; destruir fosas, y destruir o alterar bienes integrados en la Ruta de Memoria Democrática de Aragón que hayan sido declarados bien de interés cultural.

Además, las entidades locales que no eliminen la simbología franquista de sus edificios o espacios públicos, o que cometan algunas de las faltas anteriormente tipificadas perderán el derecho “a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas durante dos, tres o cinco años, en caso de infracciones leves, graves o muy graves, respectivamente”.

Más lejos que la Ley de Memoria Histórica

La futura ley abarca algunos aspectos no contemplados en la Ley de Memoria Histórica. Lo hace, entre otras razones, impelida “por la asfixia económica a la que el Gobierno de Rajoy somete a esta norma estatal”, como apuntó el consejero de Presidencia del Ejecutivo autonómico, Vicente Guillén (PSOE).

Se desmarca, por ejemplo, de la ley nacional, en que los bebés robados y los familiares directos de las víctimas también serán considerados víctimas del franquismo. Difiere, de igual modo, en lo referido al periodo: esta normativa abarca desde la proclamación de la Segunda República (14 de abril de 1931) hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

El objetivo, señaló Guillén, es “implementar políticas públicas en materia de memoria democrática, que hagan de la memoria un elemento de sensibilización y de educación para mejorar la convivencia y la calidad de nuestra democracia a través del fomento de los valores que le son propios”. Recordó, de igual modo, que los principios de verdad, justicia y reparación sobre los que se asienta esta ley “no son un asunto político partidista, sino que afectan a todos”.

Derogación de la Ley de Amnistía de 1977

En el proyecto de ley se apunta que el Gobierno de Aragón, a través de su Parlamento, solicitará a las Cortes generales “la derogación total o parcial de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, en aquellos términos que den amparo a la impunidad de los crímenes cometidos durante el periodo definido en esta Ley como Memoria Democrática de Aragón”.

Se solicitará también al Ejecutivo estatal que tipifique como delito cualquier manifestación que atente contra la dignidad de las víctimas y que se ratifique la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”.

De Marhuendas y Rajoys: la irresponsabilidad franquista de la derecha española

28 junio, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

“No des mi nombre, te lo ruego”; “por favor, no me menciones porque temo que puedan tomar represalias con mi hija”; “te cuento lo que quieras, pero no me cites… la situación aquí está muy tensa”. Después de 27 años ejerciendo esta agridulce profesión y de haber pateado unas cuantas naciones sometidas por tiranías o arrasadas por las guerras, jamás pensé que tendría que escuchar este tipo de cosas en mi propio país. Pues sí; es aquí, en una localidad murciana llamada Fuente Álamo donde parece imperar la ley del miedo y del silencio.

Desde hace cuatro años, La Falange y el PP lideran a un amplio grupo de nostálgicos franquistas con el objetivo de evitar que el colegio de público deje de llamarse “José Antonio”. Su campaña ha logrado amedrentar, pero no doblegar, a los profesores y padres de alumnos que, a través del Consejo Escolar, han pedido que el centro educativo deje de estar consagrado a un líder antidemocrático: el fundador del partido fascista español que tanto protagonismo tuvo en la sublevación franquista y en la posterior dictadura que secuestró nuestras libertades durante cuarenta largos años.

El pasado sábado por la noche, el alcalde de la localidad seguía haciendo frente a las amenazas e insultos vertidos por los ultras. En las casas cercanas, profesores y padres de alumnos leían atónitos los panfletos distribuidos por La Falange en los que se exigía el mantenimiento del nombre porque, entre otras cosas, Primo de Rivera “amó a España y a los españoles” y “dirigió a la juventud española para intentar salvar la patria”. A esas horas, quienes en Fuente Álamo trataban de escapar de la inquietud y el silencio encendiendo sus televisores se encontraban en La Sexta a Eduardo Inda comparando a Franco con Napoleón y a Francisco Marhuenda defendiendo con arrojo la dictadura antes de afirmar, sin siquiera sonrojarse, que en su “puta vida” ha sido franquista.

Algunos creen que los Marhuindas son una especie de dúo cómico inofensivo que nos ameniza algunas noches aburridas; se equivocan. Uno por convicción y el otro porque encaja en el personaje que él mismo se ha creado dotan de argumentos (falaces, pero argumentos) a falangistas, viejos franquistas y a sus nuevos cachorros de Hogar Social y de otras organizaciones neofascistas. No son los únicos irresponsables que juegan a esto. Nuestras ondas, webs, kioscos y librerías están repletas de revisionistas que, tras alardear de demócratas, blanquean la dictadura, justifican sus crímenes y defienden con razonamientos infantiles, pero eficaces, el mantenimiento de sus símbolos.

Este nuevo Movimiento solo ha podido alcanzar tamaña magnitud porque detrás de él se encuentra, nada menos, que el partido que tiene la responsabilidad de gobierno. Marhuenda no hablaría como habla si no contara con el aplauso de su amo, Mariano Rajoy.

España está pagando y va a seguir pagando esta gravísima irresponsabilidad de los conservadores españoles. Una buena parte de la derecha política, periodística, intelectual, eclesiástica y empresarial no ha querido desvincularse del fascismo. Nuestra derecha es una mancha de totalitarismo en Europa y algún día debería seguir, de una vez, el ejemplo del centro derecha francés o de la CDU alemana de Ángela Merkel que son abiertamente antifascistas. Nadie en la derecha sensata germana se plantearía hoy justificar la llegada de Hitler al poder por la violencia política que se vivía en el país o por la amenaza de un contagio soviético en los movimientos obreros; nadie blanquearía el nazismo porque los Aliados cometieron atrocidades terribles al bombardear Dresde o Hamburgo; nadie compararía al Führer con Napoleón o con Alejandro Magno para justificar la existencia de monumentos en su honor…

No. España no es Alemania y eso se debe, en buena medida, a que el PP no es esa CDU antifascista. Nuestro presidente del Gobierno fue un nostálgico franquista más que escondió, poco a poco, su camisa azul en lo más profundo de su armario. En los años 80 aún escribía artículos en la prensa reafirmando la superioridad física e intelectual de “los hijos de la buena estirpe” y autorizaba, como secretario general del PP gallego, la distribución de cartas alabando la figura del dictador.

Ese es el líder político que se ha declarado, orgullosamente, insumiso a una ley aprobada democráticamente como es la Ley de Memoria Histórica. Él y otros como él son los que han propiciado que aprendices, como Rafael Hernando o Pablo Casado, hagan méritos para ascender en el partido a base de humillar a las víctimas del franquismo y a sus familiares en los platós de televisión.

La derecha verdaderamente democrática, que la hay, debería de una vez por todas romper los hilos que la siguen atando a la dictadura. Sin duda perderán unos cuantos miles de votos, pero España necesita un Partido Popular que deje de peregrinar al Valle de los Caídos y se dedique a hacer pedagogía para evitar casos como el de Fuente Álamo. Allí es su grupo municipal, el popular, el primero en defender, con uñas y dientes, el que sus hijos estudien en un colegio llamado “José Antonio”.

Al igual que en Salamanca es su alcalde popular el que retrasa hasta el infinito la retirada de su Plaza Mayor, ordenada por un juez, del medallón dedicado al dictador. Al igual que en Alicante son sus concejales populares los que han logrado que se repongan los nombres de las calles franquistas. Al igual que en Madrid es su grupo político el que se opone a la retirada total de los vestigios de la dictadura. Al igual que en Alberche y Guadiana del Caudillo son sus alcaldes los que son premiados por la Fundación Francisco Franco. Al igual que en Baralla, Aljubé, Mora, Alella, Melilla, Navalmoral de la Mata, Vitoria, Callosa de Segura, Oviedo…

Son los Marhuendas y los Rajoys los que permiten, toleran y alientan esta complicidad intelectual con la dictadura. Son ellos los que llevan años creando el caldo de cultivo en el que sobrevive y, poco a poco, resurge el monstruo del totalitarismo. Son ellos,  los Marhuendas y los Rajoys los que provocan que España esté repleta de Fuente Álamos.

Nueve preguntas y respuestas sobre el futuro de Franco en el Valle de los Caídos

17 junio, 2017

Fuente: http://www.publico.es

El Congreso ha aprobado este jueves una Proposición No de Ley que insta al Gobierno de Mariano Rajoy a exhumar los restos del dictador del Valle de Cuelgamuros.

El Valle de los Caídos, en el interior de cuya basílica descansan los restos de más de 33.400 víctimas de la Guerra Civil. EFE

El Valle de los Caídos, en el interior de cuya basílica descansan los restos de más de 33.400 víctimas de la Guerra Civil. EFE

En este artículo intentamos resolverte todas las dudas que puedes tener sobre qué hay que hacer para sacar al dictador del Valle de los Caídos y qué es lo que se ha hecho hasta ahora.

1. ¿Cuándo se sacará a Franco del Valle de los Caídos?

No se sabe. La Proposición No de Ley (PNL) aprobada por el Congreso no tiene carácter vinculante y, por tanto, tampoco establece una fecha concreta para su ejecución. El Gobierno no tiene por qué  atender al contenido de la misma. Además, es descatable que cada año el Congreso suele aprobar más de 1.000 PNL al año.

2. ¿Puede sacar el Gobierno a Franco del Valle?

No. El Estado no puede exhumar unilateralmente a Franco del Valle de los Caídos. El lugar donde está enterrada Franco no es un lugar público, sino que se rige por la normativa de la Iglesia Católica. Así lo recoge el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica. Por tanto, la competencia en este tema es de la Iglesia católica y de la familia del difunto dictador.

3. ¿Qué puede hacer el Gobierno para sacar a Franco?

El Gobierno puede resignificar el espacio del Valle de los Caídos, que se asemeje a un Centro de Interpretación de la Guerra Civil y honrar a la memoria de las víctimas por igual. Es decir, el Gobierno puede hacer lo que quiera con el espacio, pero no con lo que hay dentro de la basílica.

No obstante, el Gobierno sí que puede emplazar a la Comunidad Benedictina que gestiona la Iglesia del Valle de los Caídos a abrir una negociación e incluso tomar medidas de presión para que se permita la exhumación de los restos del dictador ya que esta comunidad recibe dinero público. Por poder, el Estado puede hasta tratar de convencer a los Franco para que soliciten el traslado el panteón familiar.

4. ¿Por qué está Franco en el Valle de los Caídos?

La lista de motivos puede ser interminable. Nos limitamos a señalar que fue decisión del rey Juan Carlos I y del Gobierno de la época entregar los restos de Francisco Franco a la protección de la Comunidad Benedictina en el Valle de los Caídos. En multitud de ocasiones se ha señalado que ni Franco ni su familia querían que sus restos terminaran allí.

También es destacable que en 40 años de democracia ninguno de los diferentes gobiernos democráticos ha tenido a bien buscar la fórmula de sacar a un dictador genocida de un lugar público que le rinde homenaje.

5. ¿Implica un cambio en el resto del Valle de los Caídos?

La PNL aprobada hoy en el Congreso incluye un total de 16 medidas entre las que se encuentra “redefinir” el Valle de los Caídos “para que deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional católica y reconvertirlo en un espacio para la reconciliación de la memoria colectiva democrática y de dignificación de las víctimas de la Guerra civil y de la dictadura”. Sin embargo, el Gobierno no tiene por qué aplicar estos cambios.

6. ¿Qué pasa con Primo de Rivera?

La PNL pide al Ejecutivo que saque a Primo de Rivera del lugar preeminente donde está enterrado, pero añade que sus restos pueden permanecer junto al resto de víctimas que están en el Valle de los Caídos ya que fue “una víctima más de la Guerra Civil”, según el PSOE. El problema en este punto es el mismo que con Franco. La potestad es de la Comunidad Benedictina.

7. ¿Por qué el PSOE dice digo donde dijo Diego?

Llama la atención mucho que el PSOE incluya entre las propuestas de su PNL que se someta a estudio si se debe declarar la nulidad de las condenas y que a la vez rechace la enmienda de Unidos Podemos de anular los juicios del franquismo.

Asimismo, esta petición del PSOE contrasta con la actitud de los socialistas cuando estaban en el Gobierno. En el año 2010, con los votos de PP y PSOE, el Pleno del Congreso rechazó una moción de ERC en la que reclamaba al Gobierno de Zapatero que impulsase las reformas legales necesarias para se pudiera solicitar la revisión de las sentencias políticas dictadas durante el franquismo, ya que fueron declaradas ilegítimas por la conocida como Ley de Memoria Histórica de 2007. La iniciativa sólo recibió el apoyo de los nacionalistas y las minorías de izquierda.

8. ¿Cambiará la Ley de Memoria Histórica? 

Salvo sorpresa mayúscula, la Ley de Memoria Histórica continuará igual que la aprobó el Congreso en el año 2007 ya que, como se ha señalado, el Gobierno no tiene obligación ninguna de acatar la petición del Congreso de los Diputados.

Asimismo, cabe destacar que Mariano Rajoy lleva cinco años consecutivos sin dotar de un euro la Ley de Memoria por lo que en la práctica ha sido derogada en muchos aspectos.

9. ¿Hay algo de oportunismo en la petición del PSOE?

En opinión del que firma este artículo, sí. No deja de ser curioso que el PSOE vuelva a retomar la batalla por la Memoria Histórica cuando las encuestas parecían darle la espalda y, sobre todo, cuando más necesitaba distanciarse del Partido Popular y postularse como un partido de izquierdas. Tampoco es casual que esta medida coincida en el tiempo con la aprobación en Andalucía de una Ley de Memoria Histórica en un momento en el que Susana Díaz también necesita proyectar al exterior una imagen más izquierdista para paliar esas críticas que la acerca ideológicamente al PP.

El señor Francisco Franco, el pucherazo del 36 y la democracia acomplejada

13 junio, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Nuestros políticos democráticos han tardado 41 años en decidir que Franco, el sátrapa genocida, no puede estar enterrado con los honores de un faraón y que las víctimas merecen salir de las cunetas.

El PP acusa al PSOE de romper el “pacto constitucional” por querer sacar a Franco del Valle de los Caídos.

Carlos Hernández

09/05/2017 – 21:16h

El Parlamento exigirá al Gobierno que saque del Valle de los Caídos los restos mortales del dictador. Igualmente decidirá que se establezca el 11 de noviembre como día de homenaje a las víctimas del franquismo y planteará, entre otras medidas, la necesidad de que la Administración colabore en la localización y exhumación de las fosas en que yacen más de 100.000 hombres y mujeres asesinados por la dictadura. Si fuéramos vírgenes e ingenuos y no tuviéramos memoria, hoy estaríamos celebrando por todo lo alto las decisiones debatidas este martes por el Congreso de los Diputados, para reactivar la Ley de Memoria Histórica, que a pesar de las diferencias que existen entre los grupos de izquierda todo apunta que se aprobarán este jueves.

Si lo fuéramos, no daríamos importancia a la fecha en que se ha producido este debate: mayo de 2017. Sí; nuestros políticos democráticos han tardado 41 años en decidir que Franco, el sátrapa genocida, no puede estar enterrado con los honores de un faraón; han tenido que pasar cuatro décadas para darse cuenta de que las víctimas merecen salir de las cunetas en que siguen enterradas como si fueran perros.

Si lo fuéramos, no analizaríamos el porqué de la negativa del Partido Popular a apoyar esta iniciativa. No nos preguntaríamos las razones por las que su portavoz en el debate parlamentario buscó mil y una excusas, hasta llegar a Stalin y a Venezuela, para oponerse a la propuesta. No nos rechinarían los dientes al escuchar a Alicia Sánchez Camacho eludir la palabra dictador y preferir referirse a él como “el señor Francisco Franco”. No nos indignaría comprobar cómo la formación política que nos gobierna se niega a liberarse de sus vínculos con el franquismo. No nos avergonzaríamos de que, con su voto y su discurso, el partido con más apoyo popular en España reafirme su distancia con la derecha europea representada por Angela Merkel y se sitúe a un paso de las tesis revisionistas del Frente Nacional o de Alianza por Alemania. Apenas hay diferencias entre quienes cuestionan la existencia de las cámaras de gas y los que niegan el carácter totalitario y criminal del régimen franquista. El discurso del PP suena igual que el de historiadores condenados por su infame blanqueo del nazismo como David Irving.

Si lo fuéramos, no recordaríamos que este tipo de decisiones suelen quedarse en un llamativo titular y una bonita fotografía. Por poner solo un ejemplo de esos fuegos artificiales que tanto gustan a nuestros políticos: hace ya dos años que el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad reconocer y homenajear a los 9.300 españoles y españolas que fueron deportados a campos de concentración nazis. 24 meses después no se ha cumplido este mandato; el Gobierno se ha declarado insumiso y la oposición no ha ejercido su papel de recordarle, diariamente, su repugnante incumplimiento.

Si lo fuéramos, preferiríamos olvidar que Felipe González tuvo 15 años para desmantelar los vestigios de la dictadura y no quiso hacerlo. Tres mayorías absolutas consecutivas en las que no se atrevió a sacar al dictador de su mausoleo ni a dar un entierro digno, entre otros, a sus compañeros socialistas que habían muerto por defender la democracia republicana frente al eje Franco-Hitler-Mussolini. El gran Felipe estaba en otras cosas, sin duda importantes, y no le pareció relevante que como país, realizáramos una revisión histórica rigurosa que habría acabado, de una vez por todas, con la historiografía franquista que aún contamina los libros de texto que estudian nuestros hijos.

Si lo fuéramos, ignoraríamos que Zapatero permitió a la parte más conservadora de su partido descafeinar su Ley de Memoria Histórica y olvidaríamos que tuvo siete años para llevar a cabo las iniciativas que ahora plantea desde la oposición. Si lo fuéramos, no nos vendría a la cabeza la casi lasciva satisfacción que emanaba Mariano Rajoy al explicar orgulloso que su Gobierno había asesinado y enterrado la Ley en otra cuneta, al dotarla de un presupuesto anual de cero euros.

Para nuestra suerte o nuestra desgracia no somos vírgenes, ingenuos ni desmemoriados. Vemos cada día el letal fruto de la cobardía y los complejos con que los políticos demócratas han abordado este tema durante los últimos cuarenta años. Esa es la razón por la que hoy vivimos un auge del revisionismo franquista. El negacionismo de nuestro Holocausto viaja a través de Internet, contamina ondas de radio y televisión y alcanza las portadas de los periódicos de papel. Basta con que unos supuestos historiadores se quiten momentáneamente sus camisas azules y escriban un libro repleto de falsedades y medias verdades para que el producto consiga calar en la sociedad.

Así ocurrió recientemente con 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular en el que Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa legitiman el golpe de Estado franquista demostrando un supuesto pucherazo electoral de la izquierda en las elecciones de febrero del 36. Sin cuestionarse mínimamente el sesgo que ya habían demostrado los autores en obras anteriores, ni contrastar sus conclusiones con otros historiadores de, estos sí, reconocido rigor y prestigio, numerosos medios dieron por buenas sus tesis y las reprodujeron como si de verdades absolutas se tratara. Dos meses después, tras analizar detalladamente la obra, el catedrático de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona José Luis Martín Ramos la ha desmontado punto por punto en Público. Lamentablemente, su estudio no llegará a las portadas y los espacios que, por mala fe o por pura ignorancia de los periodistas de turno, copó el sesgado relato de Villa y Tardío.

No será la última vez que ocurran cosas similares. La democracia acomplejada ha permitido que varias generaciones de españoles crecieran en la ignorancia, cuando no en la tergiversación franquista, de nuestra historia reciente. Nuestros políticos socialistas, centristas y comunistas han tolerado que uno de los lugares turísticos de la capital del Reino sea la tumba de un criminal que secuestró nuestras libertades durante 40 años. Nuestro régimen de libertades no ha querido evitar que se siga equiparando a víctimas y a verdugos.

El terreno está abonado, pues, para que el revisionismo franquista siga creciendo hasta el infinito y más allá. Lo hará si no arrancamos de cuajo sus raíces. Podríamos pensar que la iniciativa debatida este martes en el Congreso de los Diputados es un paso decisivo para realizar esa poda sanadora con unas tijeras de democracia, cultura y verdad. Podríamos pensarlo… si fuéramos vírgenes e ingenuos y no tuviéramos memoria.

Franco pop

12 febrero, 2017

Fuente: http://www.ctxt.es

SERGIO DEL MOLINO, 11 DE DICIEMBRE DE 2016

En la Venta de Almadrones, sobre los terrenos donde se libró la batalla de Guadalajara, cambiaron hace tiempo los expositores de cintas de música de gasolinera por conservas de lujo, chocolatinas y vinos y licores. Nada reseñable si no fuera porque el vino destacado no es de Rioja ni Ribera ni Albariño ni de ninguna denominación de origen famosa. Y, si lo es, no se sabe, porque toda la etiqueta la ocupa un retrato de Francisco Franco y el nombre en mayúsculas de FRANCO. La etiqueta del reverso es una bandera de España, y debajo del nombre del vino (Franco, obviamente), el lema España, una, grande y libre, con multitud de signos de exclamación que excuso reproducir.

La Venta de Almadrones, más conocida como el Área 103, es una de las zonas de descanso más concurridas de las carreteras españolas, en plena Alcarria, en el kilómetro 103 de la A-2. A la hora de comer es difícil encontrar sitio. Cientos, tal vez miles, de personas pasan a diario por delante de las estanterías donde el vino Franco se exhibe con patriótico orgullo, y hasta hoy no he visto a nadie escandalizado. A lo sumo, si alguien repara, se hace una foto discretamente, sonriendo. Otros se dan codazos y señalan moviendo la cabeza, como diciendo lo que hay que ver, pero no he visto que nadie ponga el grito en el cielo. Supongo que, si hubiese muchas protestas, colocarían las botellas en un lugar menos visible.

Me resulta curioso que algo así pase tan desapercibido en esta época de ofensa permanente y de campañas de censura en change.org. Esta semana, el dueño de un restaurante me contó que tuvo que cambiar lo que se veía en las pantallas de tele del local porque algunos clientes consideraban que los vídeos musicales que salían en ellos eran pornografía inapropiada para sus hijos pequeños. En la era de la queja continua, sin embargo, nadie considera nocivo para sus hijos la venta al público de un vino que homenajea a un dictador.

Cuatro décadas después, el franquismo sigue cubierto de una capa de folclorismo y cachondeo que impide que se tome conciencia de lo atroz que fue. El propio Franco tiene la culpa, con su figura de malvado de tebeo de Bruguera y su voz de flauta afónica. Era un dictador sin escenografía de terror, incapaz de imponerse, puro esperpento y caricatura de sí mismo. Pero también parte del discurso antifranquista es responsable de esta banalización, al apostar por el humor y la parodia. Sobre todo en el cine, desde La escopeta nacional (1978) a Buen viaje, excelencia (2003), se ha incidido en el lado grotesco y cómico de la dictadura. Incluso los relatos más dramáticos han elegido la caricatura al retratar a los militares franquistas o a los prebostes del régimen.

QUÉ GILIPOLLAS ÉRAMOS. Y QUÉ POCAS DISCULPAS TENÍAMOS

El humor desactiva el miedo, y la burla de la dictadura ha sido un resorte crítico demoledor y necesario para acabar con muchas inercias y tentaciones posfranquistas, pero, a la larga, ha folclorizado tanto a Franco que cuesta verlo como lo que fue: un dictador temible, sangriento, implacable y sádicamente criminal. Pinochet y los milicos argentinos proyectaban una imagen un millón de veces más siniestra.

Yo mismo me tomé a guasa el asunto durante mucho tiempo. En un piso que compartía en Madrid (en una época de disipación y pereza irrepetible), mi compañero y yo decidimos decorar el salón con un cartel que anunciaba los actos de un 20-N en la plaza de Oriente, con los retratos de Franco y José Antonio. Nos parecía una broma estupenda y nos encantaba ver la cara de desconcierto, incomodidad y cabreo de quienes visitaban la casa.

Qué gilipollas éramos. Y qué pocas disculpas teníamos.

En mi novela Lo que a nadie le importa (Random House, 2014) intenté purgar esa frivolidad narrando una parte de la batalla del Ebro y retratando a un Franco aterrador inspirado en monstruos de fantasía, una especie de Sauron que mandaba a sus soldados a ser triturados como carne de cañón. Para entonces, ya estaba convencido de que a Franco le sobra caricatura. Franco nos tiene que dar miedo, porque es terrorífico, porque el relato desapasionado y descriptivo de lo que hizo provoca mil escalofríos.

HASTA EL REY MÁS CRUEL SE APIADA DEL BUFÓN DE VEZ EN CUANDO

No creo que en España persista el franquismo, como sostienen muchos, pero sí hay un problema de asimilación. La caricatura continua produce al final un efecto compasivo. Hasta el rey más cruel se apiada del bufón de vez en cuando, y la burla costumbrista del franquismo hace que miles de personas pasen cada día junto a un expositor de botellas de vino de Franco y se rían, divertidas, como si aquello fuera una broma carpetovetónica, el exabrupto senil de un suegro facha. Algunos, tal vez, se lleven una de recuerdo, para bromear con sus amigos, para regalársela como chiste a su primo de Podemos o como humorada kitsch. Gente que no tolera un vídeo musical porque lo considera pornográfico se reirá de buena gana con un homenaje a un dictador asesino.

Y yo, que le encuentro la gracia a casi todo, no le veo la guasa a esto por ningún lado.

AUTOR

Sergio del Molino. Juntaletras. Autor de La España vacía, Lo que a nadie le importa y La hora violeta, premio El Ojo Crítico 2013.

Memoria Prehistórica

26 abril, 2015

Fuente: http://www.arinoconsultores.blogspot.com.es

Un 28 de diciembre de 2007, festividad de los Santos Inocentes y día proclive a las bromas, entró en vigencia la “Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. Una vez leída ésta sentí un acusado malestar y cierta indignación a causa de la cobardía de aquellos que la redactaron. El titulo de la Ley ya es en si un eufemismo cobarde.”…medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia”, cuando en realidad se trata de asesinatos en masa, encarcelamientos esclavistas, exilios de por vida y represión generalizada. “Se reconocen y amplían derechos…” ¿Esos derechos no están ya ampliamente reconocidos en la Constitución del 78 (Arts.10, 14, 18, 24)? Digamos mejor que se dotan los medios jurídicos y materiales necesarios para que esos derechos fundamentales puedan ser ejercidos sin cortapisas.

En su exposición de motivos se dice que “…se hace una proclamación general del carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal producidas, por motivos inequívocamente políticos o ideológicos, durante la Guerra Civil, así como las que, por las mismas razones, tuvieron lugar en la Dictadura posterior”. Se proclama la injusticia de las condenas pero no se anulan los procesos, se condenan los asesinatos pero no se ajusticia a sus responsables. Un placebo para las víctimas y una reiteración de la impunidad generalizada para los autores de los crímenes obligada por la ley de amnistía de 1977, una ley pre-constitucional que es el origen de la impunidad de los criminales a costa de la ausencia de la justicia a la que las victimas tienen derecho.

Tuvieron que pasar casi 30 años desde la redacción de la Constitución para que se abriese el camino hacia la verdad de lo sucedido, 30 años para que se vislumbrase la posibilidad de hacer justicia, 30 años para que las victimas rozaran la esperanza de una mínima reparación. Los archivos documentales se abrían al publico, se creaba el Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil, se reconocía la labor de las asociaciones memorialistas, se establecían medidas para la localización de fosas comunes y para la exhumación de los restos, se decide sobre el futuro del Valle de los Caídos, se dispone la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, así como la retirada de subvenciones o ayudas públicas a organizaciones relacionadas con el franquismo… Pero no se condena el franquismo, no se da carácter institucional a la condena explicita del golpe de Estado, ni de la invasión de España por un ejercito sublevado, ni a la asociación de éste con potencias extranjeras gobernadas desde el fascismo y el nacionalsocialismo. Hoy ya han pasado seis años desde la entrada en vigor de la Ley y esta sigue sin cumplirse tanto por activa como por pasiva.

Con la llegada al gobierno en 2011 del Partido Popular la dotación presupuestaría para la Ley, aprobada por aproximadamente seis millones de euros, un 0,0006 % del PIB, sufrió un recorte para 2012 del 59,7 %, la cantidad total quedó en 2,5 millones de euros. En 2013 la dotación dejó de existir. Un golpe económico que pone fin a las subvenciones que recibían las asociaciones de víctimas del franquismo para localizar las fosas comunes y cunetas donde fueron arrojados sus familiares. La crisis económica es la excusa perfecta para eliminar las subvenciones sin apenas coste político, pero el motivo, no obstante, no es económico sino ideológico. La búsqueda y exhumación de los más de 80.000 cadáveres que quedan en las cunetas de España pasan desde 2012 a ser costeadas con los ahorros de los familiares. Un golpe económico que además impide el funcionamiento de los organismos oficiales creados para la aplicación de la Ley. Rajoy cierra la Oficina de Víctimas como prometió en el 2008 estando en la oposición: “Ni un solo euro para recuperar el pasado”. Lydia Vicente, perteneciente a la ONG Rights Watch Internacional Spain, declaraba a la prensa española: “si quitas la oficina de Atención a las Víctimas y se acaban las subvenciones ¿qué queda de esa Ley de Memoria Histórica cuando además no hay acceso a la Justicia”. Para la jurista internacional “esto es indicativo de la postura del Estado español en cuanto a las víctimas del franquismo. No hay justicia ni reparación, ni siquiera el mínimo acompañamiento para responder a sus dudas. Se evidencia que en España las víctimas del franquismo importan muy poco, que el Gobierno no está dispuesto a atenderlas como establece el derecho internacional.”

En relación con la legislación española el incumplimiento de la Ley por parte del Partido Popular es claro, ya que según ésta: La Administración General del Estado elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones para sufragar gastos derivados de las actividades de localización e identificación de víctimas.

En relación con la retirada de símbolos franquistas que la Ley contempla de forma expresa y general, en el mes de noviembre de 2008, el Ministerio de Cultura interviene y deja la puerta abierta al incumplimiento de lo obligado por la Ley. Se aprueba en Consejo de Ministros una Orden del Ministerio de Cultura (CUL/3190/2008) en la que se establecen excepciones, todas ellas de carácter subjetivo:

2.º Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior aquellos símbolos que se encuentren en un bien calificado como Bien de Interés Cultural siempre que se den los siguientes supuestos:
· Significado histórico: Sólo se conservarán aquellos símbolos con significado histórico y arquitectónico y que estuvieran previstos en el proyecto original de construcción del inmueble, siempre y cuando estén incluidos en la propia declaración de Bien de Interés Cultural.
· Valor artístico o artístico-religioso: Se conservarán aquellos símbolos con alto valor artístico o artístico-religioso y que formen parte del Bien de Interés Cultural y así haya sido reconocido en su declaración.
· Criterios técnicos: Que el símbolo constituya un elemento fundamental de la estructura del inmueble cuya retirada pudiera poner en peligro la estabilidad del mismo o cualquier otro aspecto relativo a su adecuada conservación.

¿Cómo se puede caer en la desfachatez de considerar un símbolo franquista como bien de interés cultural o artístico o religioso? ¿Cómo puede una comisión de expertos llegar a estas conclusiones, más aun si cabe si tenemos en cuenta que el franquismo instauró la contra-cultura en España, prohibiendo todo aquellos que no cumplía con los rígidos postulados del nacionalcatolicismo? Asociar franquismo y cultura es desde todos los puntos de vista una simple fantasía.

Parece claro que el Gobierno incumple la Ley y permite que otras administraciones públicas también lo hagan. Vergüenza debería darle al Partido Popular que tengan que venir la ONU a instarle al cumplimiento de la legislación vigente, a decirle que está violando los derechos humanos, pero no les da ninguna, en el fondo todos son franquistas, pertenecientes a un partido politico fundado por ministros franquistas y defensores a ultranza de una monarquía establecida por una Ley franquista.

Oiremos alguna vez a algún miembro destacado del Partido Popular afirmar que Franco fue un general golpista y traidor que se alzó en armas contra el estado español democrática y legalmente constituido, provocando una guerra entre españoles que causó centenares de miles de muertos. Que fue un dictador implacable que ejerció una represión extrema en España durante 40 años. No creo que estas declaraciones salgan nunca de la boca de un militante del Partido Popular, aún sabiendo que son la expresión de una realidad que nadie pone en duda salvo ellos mismos. No obstante las deberíamos oír algún día, pero no a nivel particular, deberíamos escucharlas en el Congreso formando parte de un texto institucional, aprobado por la totalidad de los diputados y con obligación de ser incluido en su totalidad en todos los libros de texto y enciclopedias. Deberíamos oírlo y deberíamos leerlo en los libros de historia contemporánea, esta es la verdad que la Ley de la Memoria Histórica contempla y la que las victimas reclaman y deberíamos hacerlo antes de que se convierta en un texto prehistórico.

Absolutamente desamparadas por el Estado, las asociaciones memorialistas siguen día a día con su trabajo, haciendo posible la recuperación de restos humanos y la dignificación de las víctimas, luchando para que los símbolos franquistas desaparezcan, exponiendo públicamente la verdad de lo que sucedió, pidiendo justicia y reparación. Toda la geografía española está plagada de estas asociaciones, la falta de medios o subvenciones no les parará hasta que consigan el último de sus objetivos. Las aportaciones voluntarias de victimas y simpatizantes son su única fuente de ingresos.

Únicamente la Junta de Andalucía ha iniciado recientemente políticas activas de apoyo a la LMH, por supuesto con la crítica negativa y unánime del Partido Popular, una crítica aberrante cuando lo que hace la Junta es simple y llanamente cumplir la Ley: “Las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore. Lo previsto en el párrafo anterior podrá aplicarse respecto de las entidades que, constituidas antes de 1 de junio de 2004, incluyan el desarrollo de tales actividades entre sus fines”.

Nada de lo anterior sustituye a la cuestión de la impunidad de los crímenes franquistas desde la perspectiva de los Derechos Humanos, esa es otra historia, su negacionismo no puede prevalecer y por tanto conviene sacarla a la palestra en cada ocasión que se presente, al menos hoy dejando este enlace, en el que el Equipo Nizkor efectúa un esmerado análisis junto con un plan de acción detallado para acabar con esa impunidad que solo beneficia a los franquistas y a sus colaboradores al mismo tiempo que supone un agravio sin medida para las victimas.

Benito Sacaluga