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Franco pop

12 febrero, 2017

Fuente: http://www.ctxt.es

SERGIO DEL MOLINO, 11 DE DICIEMBRE DE 2016

En la Venta de Almadrones, sobre los terrenos donde se libró la batalla de Guadalajara, cambiaron hace tiempo los expositores de cintas de música de gasolinera por conservas de lujo, chocolatinas y vinos y licores. Nada reseñable si no fuera porque el vino destacado no es de Rioja ni Ribera ni Albariño ni de ninguna denominación de origen famosa. Y, si lo es, no se sabe, porque toda la etiqueta la ocupa un retrato de Francisco Franco y el nombre en mayúsculas de FRANCO. La etiqueta del reverso es una bandera de España, y debajo del nombre del vino (Franco, obviamente), el lema España, una, grande y libre, con multitud de signos de exclamación que excuso reproducir.

La Venta de Almadrones, más conocida como el Área 103, es una de las zonas de descanso más concurridas de las carreteras españolas, en plena Alcarria, en el kilómetro 103 de la A-2. A la hora de comer es difícil encontrar sitio. Cientos, tal vez miles, de personas pasan a diario por delante de las estanterías donde el vino Franco se exhibe con patriótico orgullo, y hasta hoy no he visto a nadie escandalizado. A lo sumo, si alguien repara, se hace una foto discretamente, sonriendo. Otros se dan codazos y señalan moviendo la cabeza, como diciendo lo que hay que ver, pero no he visto que nadie ponga el grito en el cielo. Supongo que, si hubiese muchas protestas, colocarían las botellas en un lugar menos visible.

Me resulta curioso que algo así pase tan desapercibido en esta época de ofensa permanente y de campañas de censura en change.org. Esta semana, el dueño de un restaurante me contó que tuvo que cambiar lo que se veía en las pantallas de tele del local porque algunos clientes consideraban que los vídeos musicales que salían en ellos eran pornografía inapropiada para sus hijos pequeños. En la era de la queja continua, sin embargo, nadie considera nocivo para sus hijos la venta al público de un vino que homenajea a un dictador.

Cuatro décadas después, el franquismo sigue cubierto de una capa de folclorismo y cachondeo que impide que se tome conciencia de lo atroz que fue. El propio Franco tiene la culpa, con su figura de malvado de tebeo de Bruguera y su voz de flauta afónica. Era un dictador sin escenografía de terror, incapaz de imponerse, puro esperpento y caricatura de sí mismo. Pero también parte del discurso antifranquista es responsable de esta banalización, al apostar por el humor y la parodia. Sobre todo en el cine, desde La escopeta nacional (1978) a Buen viaje, excelencia (2003), se ha incidido en el lado grotesco y cómico de la dictadura. Incluso los relatos más dramáticos han elegido la caricatura al retratar a los militares franquistas o a los prebostes del régimen.

QUÉ GILIPOLLAS ÉRAMOS. Y QUÉ POCAS DISCULPAS TENÍAMOS

El humor desactiva el miedo, y la burla de la dictadura ha sido un resorte crítico demoledor y necesario para acabar con muchas inercias y tentaciones posfranquistas, pero, a la larga, ha folclorizado tanto a Franco que cuesta verlo como lo que fue: un dictador temible, sangriento, implacable y sádicamente criminal. Pinochet y los milicos argentinos proyectaban una imagen un millón de veces más siniestra.

Yo mismo me tomé a guasa el asunto durante mucho tiempo. En un piso que compartía en Madrid (en una época de disipación y pereza irrepetible), mi compañero y yo decidimos decorar el salón con un cartel que anunciaba los actos de un 20-N en la plaza de Oriente, con los retratos de Franco y José Antonio. Nos parecía una broma estupenda y nos encantaba ver la cara de desconcierto, incomodidad y cabreo de quienes visitaban la casa.

Qué gilipollas éramos. Y qué pocas disculpas teníamos.

En mi novela Lo que a nadie le importa (Random House, 2014) intenté purgar esa frivolidad narrando una parte de la batalla del Ebro y retratando a un Franco aterrador inspirado en monstruos de fantasía, una especie de Sauron que mandaba a sus soldados a ser triturados como carne de cañón. Para entonces, ya estaba convencido de que a Franco le sobra caricatura. Franco nos tiene que dar miedo, porque es terrorífico, porque el relato desapasionado y descriptivo de lo que hizo provoca mil escalofríos.

HASTA EL REY MÁS CRUEL SE APIADA DEL BUFÓN DE VEZ EN CUANDO

No creo que en España persista el franquismo, como sostienen muchos, pero sí hay un problema de asimilación. La caricatura continua produce al final un efecto compasivo. Hasta el rey más cruel se apiada del bufón de vez en cuando, y la burla costumbrista del franquismo hace que miles de personas pasen cada día junto a un expositor de botellas de vino de Franco y se rían, divertidas, como si aquello fuera una broma carpetovetónica, el exabrupto senil de un suegro facha. Algunos, tal vez, se lleven una de recuerdo, para bromear con sus amigos, para regalársela como chiste a su primo de Podemos o como humorada kitsch. Gente que no tolera un vídeo musical porque lo considera pornográfico se reirá de buena gana con un homenaje a un dictador asesino.

Y yo, que le encuentro la gracia a casi todo, no le veo la guasa a esto por ningún lado.

AUTOR

Sergio del Molino. Juntaletras. Autor de La España vacía, Lo que a nadie le importa y La hora violeta, premio El Ojo Crítico 2013.

Memoria Prehistórica

26 abril, 2015

Fuente: http://www.arinoconsultores.blogspot.com.es

Un 28 de diciembre de 2007, festividad de los Santos Inocentes y día proclive a las bromas, entró en vigencia la “Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. Una vez leída ésta sentí un acusado malestar y cierta indignación a causa de la cobardía de aquellos que la redactaron. El titulo de la Ley ya es en si un eufemismo cobarde.”…medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia”, cuando en realidad se trata de asesinatos en masa, encarcelamientos esclavistas, exilios de por vida y represión generalizada. “Se reconocen y amplían derechos…” ¿Esos derechos no están ya ampliamente reconocidos en la Constitución del 78 (Arts.10, 14, 18, 24)? Digamos mejor que se dotan los medios jurídicos y materiales necesarios para que esos derechos fundamentales puedan ser ejercidos sin cortapisas.

En su exposición de motivos se dice que “…se hace una proclamación general del carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal producidas, por motivos inequívocamente políticos o ideológicos, durante la Guerra Civil, así como las que, por las mismas razones, tuvieron lugar en la Dictadura posterior”. Se proclama la injusticia de las condenas pero no se anulan los procesos, se condenan los asesinatos pero no se ajusticia a sus responsables. Un placebo para las víctimas y una reiteración de la impunidad generalizada para los autores de los crímenes obligada por la ley de amnistía de 1977, una ley pre-constitucional que es el origen de la impunidad de los criminales a costa de la ausencia de la justicia a la que las victimas tienen derecho.

Tuvieron que pasar casi 30 años desde la redacción de la Constitución para que se abriese el camino hacia la verdad de lo sucedido, 30 años para que se vislumbrase la posibilidad de hacer justicia, 30 años para que las victimas rozaran la esperanza de una mínima reparación. Los archivos documentales se abrían al publico, se creaba el Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil, se reconocía la labor de las asociaciones memorialistas, se establecían medidas para la localización de fosas comunes y para la exhumación de los restos, se decide sobre el futuro del Valle de los Caídos, se dispone la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, así como la retirada de subvenciones o ayudas públicas a organizaciones relacionadas con el franquismo… Pero no se condena el franquismo, no se da carácter institucional a la condena explicita del golpe de Estado, ni de la invasión de España por un ejercito sublevado, ni a la asociación de éste con potencias extranjeras gobernadas desde el fascismo y el nacionalsocialismo. Hoy ya han pasado seis años desde la entrada en vigor de la Ley y esta sigue sin cumplirse tanto por activa como por pasiva.

Con la llegada al gobierno en 2011 del Partido Popular la dotación presupuestaría para la Ley, aprobada por aproximadamente seis millones de euros, un 0,0006 % del PIB, sufrió un recorte para 2012 del 59,7 %, la cantidad total quedó en 2,5 millones de euros. En 2013 la dotación dejó de existir. Un golpe económico que pone fin a las subvenciones que recibían las asociaciones de víctimas del franquismo para localizar las fosas comunes y cunetas donde fueron arrojados sus familiares. La crisis económica es la excusa perfecta para eliminar las subvenciones sin apenas coste político, pero el motivo, no obstante, no es económico sino ideológico. La búsqueda y exhumación de los más de 80.000 cadáveres que quedan en las cunetas de España pasan desde 2012 a ser costeadas con los ahorros de los familiares. Un golpe económico que además impide el funcionamiento de los organismos oficiales creados para la aplicación de la Ley. Rajoy cierra la Oficina de Víctimas como prometió en el 2008 estando en la oposición: “Ni un solo euro para recuperar el pasado”. Lydia Vicente, perteneciente a la ONG Rights Watch Internacional Spain, declaraba a la prensa española: “si quitas la oficina de Atención a las Víctimas y se acaban las subvenciones ¿qué queda de esa Ley de Memoria Histórica cuando además no hay acceso a la Justicia”. Para la jurista internacional “esto es indicativo de la postura del Estado español en cuanto a las víctimas del franquismo. No hay justicia ni reparación, ni siquiera el mínimo acompañamiento para responder a sus dudas. Se evidencia que en España las víctimas del franquismo importan muy poco, que el Gobierno no está dispuesto a atenderlas como establece el derecho internacional.”

En relación con la legislación española el incumplimiento de la Ley por parte del Partido Popular es claro, ya que según ésta: La Administración General del Estado elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones para sufragar gastos derivados de las actividades de localización e identificación de víctimas.

En relación con la retirada de símbolos franquistas que la Ley contempla de forma expresa y general, en el mes de noviembre de 2008, el Ministerio de Cultura interviene y deja la puerta abierta al incumplimiento de lo obligado por la Ley. Se aprueba en Consejo de Ministros una Orden del Ministerio de Cultura (CUL/3190/2008) en la que se establecen excepciones, todas ellas de carácter subjetivo:

2.º Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior aquellos símbolos que se encuentren en un bien calificado como Bien de Interés Cultural siempre que se den los siguientes supuestos:
· Significado histórico: Sólo se conservarán aquellos símbolos con significado histórico y arquitectónico y que estuvieran previstos en el proyecto original de construcción del inmueble, siempre y cuando estén incluidos en la propia declaración de Bien de Interés Cultural.
· Valor artístico o artístico-religioso: Se conservarán aquellos símbolos con alto valor artístico o artístico-religioso y que formen parte del Bien de Interés Cultural y así haya sido reconocido en su declaración.
· Criterios técnicos: Que el símbolo constituya un elemento fundamental de la estructura del inmueble cuya retirada pudiera poner en peligro la estabilidad del mismo o cualquier otro aspecto relativo a su adecuada conservación.

¿Cómo se puede caer en la desfachatez de considerar un símbolo franquista como bien de interés cultural o artístico o religioso? ¿Cómo puede una comisión de expertos llegar a estas conclusiones, más aun si cabe si tenemos en cuenta que el franquismo instauró la contra-cultura en España, prohibiendo todo aquellos que no cumplía con los rígidos postulados del nacionalcatolicismo? Asociar franquismo y cultura es desde todos los puntos de vista una simple fantasía.

Parece claro que el Gobierno incumple la Ley y permite que otras administraciones públicas también lo hagan. Vergüenza debería darle al Partido Popular que tengan que venir la ONU a instarle al cumplimiento de la legislación vigente, a decirle que está violando los derechos humanos, pero no les da ninguna, en el fondo todos son franquistas, pertenecientes a un partido politico fundado por ministros franquistas y defensores a ultranza de una monarquía establecida por una Ley franquista.

Oiremos alguna vez a algún miembro destacado del Partido Popular afirmar que Franco fue un general golpista y traidor que se alzó en armas contra el estado español democrática y legalmente constituido, provocando una guerra entre españoles que causó centenares de miles de muertos. Que fue un dictador implacable que ejerció una represión extrema en España durante 40 años. No creo que estas declaraciones salgan nunca de la boca de un militante del Partido Popular, aún sabiendo que son la expresión de una realidad que nadie pone en duda salvo ellos mismos. No obstante las deberíamos oír algún día, pero no a nivel particular, deberíamos escucharlas en el Congreso formando parte de un texto institucional, aprobado por la totalidad de los diputados y con obligación de ser incluido en su totalidad en todos los libros de texto y enciclopedias. Deberíamos oírlo y deberíamos leerlo en los libros de historia contemporánea, esta es la verdad que la Ley de la Memoria Histórica contempla y la que las victimas reclaman y deberíamos hacerlo antes de que se convierta en un texto prehistórico.

Absolutamente desamparadas por el Estado, las asociaciones memorialistas siguen día a día con su trabajo, haciendo posible la recuperación de restos humanos y la dignificación de las víctimas, luchando para que los símbolos franquistas desaparezcan, exponiendo públicamente la verdad de lo que sucedió, pidiendo justicia y reparación. Toda la geografía española está plagada de estas asociaciones, la falta de medios o subvenciones no les parará hasta que consigan el último de sus objetivos. Las aportaciones voluntarias de victimas y simpatizantes son su única fuente de ingresos.

Únicamente la Junta de Andalucía ha iniciado recientemente políticas activas de apoyo a la LMH, por supuesto con la crítica negativa y unánime del Partido Popular, una crítica aberrante cuando lo que hace la Junta es simple y llanamente cumplir la Ley: “Las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore. Lo previsto en el párrafo anterior podrá aplicarse respecto de las entidades que, constituidas antes de 1 de junio de 2004, incluyan el desarrollo de tales actividades entre sus fines”.

Nada de lo anterior sustituye a la cuestión de la impunidad de los crímenes franquistas desde la perspectiva de los Derechos Humanos, esa es otra historia, su negacionismo no puede prevalecer y por tanto conviene sacarla a la palestra en cada ocasión que se presente, al menos hoy dejando este enlace, en el que el Equipo Nizkor efectúa un esmerado análisis junto con un plan de acción detallado para acabar con esa impunidad que solo beneficia a los franquistas y a sus colaboradores al mismo tiempo que supone un agravio sin medida para las victimas.

Benito Sacaluga