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La república como objetivo

22 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

El pragmatismo de ‘la monarquía va bien y es barata’ no deja de ser un brindis al sol, puesto que no sabemos cuánto de bien iría o lo barata que resultaría una presidencia de la República Española.

Lo de “no soy monárquico, sino juancarlista”, cojea.

Elisa Beni

15/04/2017 – 19:56h

Bandera republicana

El debate sobre la forma que debe adoptar el Estado en España no está cerrado. Nunca lo ha estado. En esta semana de pasión y de pasiones se han dado cita el aniversario de la proclamación de la II República Española y las órdenes cautelares de jueces para hacer retirar la tricolor de plazas y espacios públicos. ¡España, mañana, será republicana!  era el clamor. Y hoy, el mañana se convierte en un horizonte inalcanzable porque nunca se admite el debate abierto, porque se intenta estigmatizar de forma increíble una realidad común en las democracias occidentales y porque una espiral de silencio recorre la opinión pública cuando de este tema se trata.

En primer lugar conviene analizar la represión ideológica que se ejerce sobre aquellos que defienden políticamente el republicanismo. Lo han hecho varios ayuntamientos. Un juez de lo contencioso-administrativo en Cádiz ha obligado al alcalde a quitar la tricolor que se había izado en una plaza con motivo de una exposición sobre la Memoria Histórica. Alegan los del PP -siempre ellos- que colocar esa bandera “vulnera el principio de objetividad y neutralidad de las Administraciones”. ¡Escuchen, esto lo vulnera y no poner las banderas rojas y gualdas de los cuarteles a media asta o presidir las procesiones como ha hecho Cospedal! Eso no. Es la tricolor la que les molesta. Olvida este juez de primera instancia que ya el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolvió sobre esta cuestión (STSJM 16.861/2003) afirmando claramente que “la bandera republicana como manifestación de ideología respeta el orden jurídico existente” y que ordenar retirarla de un lugar donde ha sido puesta por quien defiende ese sistema de organización política vulnera los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16 y 20 de la Constitución Española.

Es, pues, un derecho fundamental reconocido por la Constitución expresar el deseo de que la forma del estado sea una república. Yo voy más allá e incido en que no existen argumentos racionales ni es intelectualmente sostenible que la monarquía sea una forma adecuada de atribuir la jefatura de un estado democrático. Me perdonarán pero no conozco ni a un solo español que crea que un coito productivo de una persona apellidada de una manera determinada sea un método racional para nombrar jefe del Estado. Antaño les contaban aquello del dedo divino, pero hoy no cuela. Todas las defensas que conozco de la monarquía española son pragmáticas: va bien y es barata. Lo cual no deja de ser un brindis al sol, puesto que no sabemos cuánto de bien iría o lo barata que resultaría una presidencia de la República Española similar a la italiana, francesa, portuguesa, griega.. ¡ah, vaya, que todos los países latinos viven bajo la forma de república y tan campantes!

Supongo que los que así se comportan creen que tal defensa es un poco endeble -incluso hoy lo de “no soy monárquico, sino juancarlista”, cojea-  porque hay fuerzas muy poderosas que se concitan para convertir un debate perfectamente lícito y políticamente relevante y conveniente en un tabú. Tengo que confesar que en todos mis años como periodista de opinión sólo en dos ocasiones he sido advertida sobre la necesidad de “ser cuidadosa” y en ambas el tema sujeto a debate era la monarquía, si bien en la figura de su anterior representante.

Lo mío, si quieren, ni siquiera es algo personal. Felipe de Borbón me parece una persona íntegra. Ni siquiera discuto que tenga cualidades con las que podría ser un excelente candidato a revalidarse como presidente de la República tras unas elecciones. Es esa la clave: tras unas elecciones. Ya lo hizo Simeón de Bulgaria, rey exiliado con seis años y posteriormente primer ministro electo de su país. Lo mío es una cuestión de racionalidad y de comunión con los ideales republicanos de Libertad (de expresión, de culto, de sindicación y de todo aquello que no perjudique a los otros), de Igualdad (ante la ley, de voto, por sexo, de oportunidades…) y de Fraternidad (solidaridad, ayuda mutua, familiar…) a los que muchos franceses añaden también el de Laicidad que también comparto.

Y no crean que no entiendo la batalla de los conservadores y de muchos poderes fácticos para evitar que este debate se produzca de forma efectiva. El dinero y el poder quieren pocos movimientos una vez visto que lo que hay les conviene.

No obstante, hay que recordar que en una república algunos de los escándalos que hemos vivido se gestionarían de otra manera. Eso a pesar de que hay que reconocerle a Felipe VI la perspicacia y la habilidad suficientes para comprender que hay actitudes y comportamientos que ya no van a ser fácilmente digeribles por la sociedad española. Su llegada al trono supuso incluso el atemperamiento de las tensiones y presiones que se ejercieron sobre el sistema judicial desde un Palacio de la Zarzuela que no dudó, en una decisión incomprensible, en criticar oficialmente el comportamiento de los jueces.

Que cada 14 de abril se desplieguen banderas tricolores es el menor de los males que puede esperarse en el seno de una sociedad que no es monárquica militante ni mucho menos. Y es que, si lo piensan, no encontrarán muchas posibles defensas de un sistema arcaico, anacrónico y que tanto dolor ha causado en este país. Excepto aquello de que nos es útil como si no fuéramos ya un pueblo capaz de dotarnos de una república útil y, evidentemente, federal.

Compañeros: ¡Salud y República!

¿Qué hacemos con los llamados paraísos fiscales?

17 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Describe mucho mejor el fenómeno guarida fiscal, escondrijo en el que se refugian una o varias personas buscadas por realizar actividades delictivas, que el de paraíso.

La evasión fiscal es un delito gravísimo: provocar pobreza, dañar la salud, empobrecer el capital humano… son delitos de lesa humanidad.

– Juan Gimeno

07/04/2017 – 19:09h

El PP rechaza penalizar en la nueva Ley de Contratos a empresas vinculadas a paraísos fiscales
Jornada en el Congreso contra los Paraísos fiscales

El lunes 3 de abril, siguiendo la iniciativa del Foro Social Mundial, se celebró el día mundial contra los paraísos fiscales. La plataforma por la Justicia Fiscal[1]  celebró en el Congreso de los Diputados un encuentro con representantes de los grupos parlamentarios en el que planteamos la reflexión sobre la pregunta que da título a este artículo.

En estos tiempos de neolenguaje y posverdad, cada vez más orwelianos, un primer apunte ha de referirse al propio término de Paraísos Fiscales. Porque el lenguaje no es neutral y elegir una forma de denominar algo es ya una opción respecto al mensaje que se quiere enviar.

¿Qué es un “paraíso”? Una definición es la de “lugar en que llegan las almas de los justos y donde gozan de felicidad completa”. Es difícil conseguir algo más atractivo. Solo llegan los mejores y obtienes la felicidad absoluta. Pero resulta difícil aceptar que quienes utilizan los llamados paraísos fiscales sean precisamente los “justos”. Y no nos resignamos a que se presenten esos territorios como lugares deseables.

Tampoco es neutral la definición de paraíso fiscal que encontramos en el diccionario de la RAE: “País o territorio donde la ausencia o parvedad de impuestos y controles financieros aplicables a los extranjeros residentes constituye un eficaz incentivo para atraer capitales del exterior”. Simplemente, una feliz herramienta de política económica. Visto así, por ejemplo, la bomba atómica se definirá como eficaz incentivo para finalizar una guerra.

En inglés se utiliza la expresión Tax Haven (refugio o guarida). Quizás alguien tradujo confundiendo Haven con Heaven (cielo) y nos ha quedado esa perversión.

Sin duda, describe mucho mejor el fenómeno la expresión Guarida (fiscal), escondrijo en el que se refugian una o varias personas buscadas por realizar actividades delictivas (que conllevan habitualmente la defraudación fiscal).

Porque las guaridas fiscales son, en realidad, guaridas de delincuentes: sin ningún sentido económico real, ocultan y sirven de puente para el blanqueo de capitales de actividades como la corrupción, el crimen organizado, las mafias, el terrorismo, el tráfico de armas, el tráfico de drogas… En general, todo tipo de actividades contrarias a los derechos humanos y al bien común.

Como, es cierto, todas los delitos descritos eluden impuestos y blanquean en las guaridas, el adjetivo “fiscal” es apropiado. Pero parece como si se utilizara para suavizar el delito. Si habláramos de guaridas de terroristas, de mafiosos y traficantes, las opiniones públicas pedirían indignadas una acción dura contra ellas. Pero lo de fiscal suena a delito menor, más suave.

No es fácil de entender esta (falta de) conciencia ciudadana. La evasión y el fraude fiscal disminuyen gravemente la recaudación pública, dificultando obtener los ingresos necesarios para financiar la inversión en servicios públicos y sociales esenciales. Además, agrava la injusticia del sistema y vicia la competencia leal al favorecer a las grandes empresas.

¿No somos conscientes de que los recursos públicos son la garantía de los derechos ciudadanos, de derechos humanos básicos? Sin ellos, sufre la educación, la salud, la seguridad, la productividad, la libertad y la propia democracia.

¿No somos conscientes de que la inversión en derechos sociales reduce gastos? Está demostrado que la pobreza incrementa los riesgos de enfermedades y de abandono escolar; que la menor inversión en salud acaba provocando mayor gasto curativo; que la elevada desigualdad reduce el crecimiento y genera inestabilidad social.

Provocar pobreza, dañar la salud, empobrecer el capital humano… son delitos de lesa humanidad: acto inhumano que cause intencionalmente grandes sufrimientos o atente gravemente contra la integridad física o la salud mental o física cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

La evasión fiscal es un delito gravísimo

Las guaridas han existido siempre. La impunidad es lo que les permite sobrevivir y crecer. La globalización financiera ha multiplicado los importes y la opacidad, con muchas entidades financieras actuando como inductores y facilitadores de tales prácticas delictivas.

No actuar decididamente contra las guaridas fiscales supone un grave delito de complicidad con los que se dice combatir.

Es cierto que diferentes actores internacionales (G7, G20, OCDE, UE) están, dicen, tomando medidas para obligar a un mayor control sobre la utilización de las guaridas fiscales por parte de grandes empresas y fortunas para eludir o evadir impuestos. Pero… con retraso, timidez y sin afectar a territorios afectos a su propia soberanía.

En todo caso, la cooperación internacional es imprescindible.

No es cierto que no se pueda hacer nada. Hay muchas propuestas perfectamente viables. Estas son algunas de ellas:

  • — Revisar la definición de paraísos fiscales y elaborar un nuevo listado efectivo de territorios. Aunque no tengan ámbito nacional.
  • — Puesta en marcha de un régimen fiscal multilateral que evite la competencia de estímulos fiscales entre Estados y que aborde la transparencia fiscal internacional, el intercambio automático de información y la lucha contra el fraude. Al menos dentro de la UE.
  • — Implantar el Impuesto a las transacciones financieras que penalice los flujos especulativos, especialmente los que se negocian desde estos refugios opacos.
  • — Obligar a las empresas y corporaciones a publicar sus inversiones, beneficios e impuestos pagados país por país.
  • — Registro público obligatorio de titulares reales y últimos de las empresas.
  • — Prohibición de sociedades ficticias y acciones al portador.
  • — Colaboración obligada de las grandes entidades de Banca Privada (titulares que operan en guaridas fiscales).
  • — Ligar acuerdos de libre comercio con convenios de intercambio de información.
  • — Penalizaciones a las empresas con fondos o filiales en esos territorios:
    • — en la obtención de contratos y concursos
    • — en beneficios fiscales
    • — en los movimientos con guaridas fiscales

Cabe destacar en esta dirección el movimiento por los Municipios libres de paraísos fiscales.

  • — Reforzar y priorizar la inspección.
  • — Proteger a los denunciantes y filtradores.
  • — Penas mayores que las actuales, y sin reducciones, a quienes utilicen las guaridas fiscales.
  • — Exigencia de responsabilidades a asesores e intermediarios financieros.
  • — Plazo ampliado para prescripción de delitos.
  • — …

Es imprescindible apuntar hacia la completa erradicación de las guaridas fiscales… a medio plazo. A corto plazo es imperativo acometer medidas que penalicen y desincentiven la utilización de estos territorios. Medidas enmarcadas en la lucha contra la evasión y el fraude, que son las lacras que es preciso extirpar.

No es un objetivo imposible. Depende de la voluntad política y de la capacidad de presión.

El castigo social y electoral ha de ser la medida más eficaz para conseguir superar la tibieza de las políticas aplicadas. Por ello, es necesario educar y sensibilizar a la ciudadanía en la gravedad de los delitos fiscales así como en la gravedad de los comportamientos cómplices, aunque solo sea por omisión.

Erradicar las guaridas fiscales es un primer paso. Y es responsabilidad colectiva: de los líderes políticos y los gobiernos, de los medios de comunicación y de los educadores, de los votantes y ciudadanos…

También de todas las organizaciones sociales que trabajamos por un mundo mejor y más justo.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor

[1] La plataforma por la Justicia Fiscal, es una alianza de organizaciones ciudadanas, sindicatos, movimientos sociales, ONG y otros actores de la sociedad civil, movilizadas para corregir las desigualdades del sistema impositivo y exigir medidas reales contra el perjuicio social de la evasión y la elusión fiscal y acabar con los llamados Paraísos Fiscales.

Sobre la revolución en Venezuela

16 mayo, 2017

Fuente: http://www.blogs.publico.es

América Latina ha vivido importantes revoluciones sociales y políticas en las últimas décadas, y entre ellas se ha encontrado la más sonada: la de Venezuela. Aunque los procesos en Ecuador y Bolivia han sido interesantes, a mi juicio el proceso venezolano ha tenido mucha más importancia cuantitativa y cualitativa. En pocos años, el Gobierno de Chávez consiguió aprovechar la crisis política que atravesaba el país para darle la vuelta a la grave situación de desigualdad y pobreza que asolaba a la mayor parte de la población. La Revolución Bolivariana consiguió sacar de la pobreza a millones de personas que, por primera vez en la historia, podían alimentarse tres veces al día precisamente en un país donde el 1% más rico había dispuesto hasta entonces de la mayor parte de la riqueza y de la tierra así como de la totalidad del poder político, económico y social. El proceso venezolano, con Chávez a la cabeza, fue siempre muy singular tanto en sus aspectos culturales como en las innovaciones acometidas, y por ello resultó siempre extraño de entender para la izquierda occidental; víctima, claro está, del eurocentrismo y sus patrones culturales.

Sin embargo, la realidad es que Chávez logró convertirse en una referencia para millones de pobres que empezaban a vivir de nuevo gracias a la revolución bolivariana. Todo esto fue facilitado por la ayuda cubana en forma de misiones, por la construcción de tejido social autoorganizado en los barrios más populares y, claro está, por la propiedad pública del sector petrolero que proporcionaba los ingresos necesarios para acometer las reformas sociales.

Naturalmente tocar la propiedad privada de los grandes medios de producción, hasta entonces en escasas manos y con altos niveles de corrupción, supuso la inmediata reacción de la derecha oligárquica. Una derecha que no opera tampoco al estilo democrático-europeo sino que está acostumbrada a dominar militarmente. Una derecha educada, por decirlo así, al calor de los innumerables golpes de Estado que durante décadas frenaron o neutralizaron las revoluciones sociales en América Latina. Golpes siempre auspiciados o financiados por los servicios de inteligencia estadounidenses, como es el caso paradigmático de Chile en 1973. Una derecha, en suma, que no iba a dejar que le arrebataran el poder y los privilegios fácilmente.

En la mejor tradición, Marx ya había anticipado que las democracias burguesas son meras ilusiones y que cuando los socialistas –o cualquier movimiento enfrentado al poder económico- ganan las mayorías parlamentarias entonces es de esperar una reacción militar. De eso en España sabemos suficiente tras el episodio de 1936. La diferencia notable en el caso de Venezuela con esa advertencia del gran clásico fue que Chávez tenía a su lado el ejército, leal por ello a la nueva constitución venezolana. Aun así, en el año 2002 hubo un intento de golpe de estado que llegó a secuestrar al presidente y a recibir importantes apoyos internacionales, entre ellos el de José María Aznar (entonces presidente de España). Afortunadamente, la gente salió a la calle en multitudes y pudo revertir el Golpe. Y Chávez siguió ganando elecciones hasta su muerte, incluyendo un revocatorio en 2004 (un mecanismo para expulsar al Presidente; un mecanismo de la tradición republicana radical que no existe ni por asomo en las democracias occidentales, entre ellas la nuestra).

La derecha, torpe en su fragmentación pero dolida por los éxitos incuestionables del proceso bolivariano, ha intentado boicotear continuamente la revolución. Y lo ha hecho cada vez de forma más inteligente, asesorada por los conglomerados empresariales europeos y americanos, entre ellos una gran red empresarial española de la que el ciudadano Juan Carlos de Borbón fue representante máximo. Baste decir que los grandes empresarios de distribución se han coordinado en no pocas ocasiones para provocar episodios de escasez que enfurecieran a las masas. Al mismo tiempo, en una paradoja bastante común en la historia el proceso bolivariano iba constituyendo nuevas clases sociales que venían de la desposesión más absoluta pero que ahora se acostumbraban a cierto tipo de consumo; y estas clases fueron alejándose progresivamente del proceso bolivariano. El Gobierno, tras más de trece años, enfrentaba importantes problemas para seguir gobernando. A eso habría que unir la crisis financiera internacional y, particularmente, la caída en los precios del petróleo (principal fuente de ingresos que sostiene las políticas sociales). Finalmente, por añadir algunos elementos más, la corrupción y la ineficiencia del sector público ahondaban las grietas de la Revolución.

Al proceso revolucionario se le pueden, y se le deben, hacer muchas críticas. Pero yo sólo admito las críticas desde la izquierda, es decir, desde la lealtad a la revolución y con objeto de consolidarla y no derrumbarla. Me parece necesario plantear que el mayor error de la revolución ha sido no aprovechar los ingresos petroleros para industrializar y diversificar la estructura productiva, habiendo sido más ambiciosos frente a los grandes capitales y la oligarquía venezolana. Así lo han planteado muchos partidos aliados del PSUV, partido de Gobierno, y personalidades referenciadas claramente al chavismo.Es cierto que el clima de agresión permanente a los procesos latinoamericanos se ha acentuado. El Golpe de Estado en Honduras en 2009 fue el precursor de una nueva etapa de maniobras imperialistas en América Latina. Le siguieron los ataques sistemáticos a los gobiernos del ALBA y también del MERCOSUR, que concluyeron con la derrota del kirchsnerismo en Argentina y el golpe de Estado silencioso de 2016 en Brasil. Ecuador se juega este domingo la continuidad del proceso encabezado por Rafael Correa y Bolivia se mantiene a duras penas en un escenario de cada vez mayor abandono. Sin lugar a dudas, Venezuela es la pieza más importante a cobrarse por la oligarquía latinoamericana (que, insistimos, se apoya en la red empresarial y de comunicación también de Occidente; partidarios de una América Latina oligárquica y facilitadora de la extracción de rentas hacia Europa y América del Norte). De ahí la sobreactuación de los poderes políticos europeos, entre ellos de PP, PSOE y CS, en relación a la justa y razonable detención y encarcelamiento del golpista Leopoldo López.

En este contexto, complejo pero nítido, es en el que debemos valorar los recientes acontecimientos. El Gobierno de Venezuela está tomando decisiones, a mi juicio, demasiado precipitadas y poco meditadas frente a esta creciente agresión. En diciembre llegó a suprimir la validez de los billetes de 100 bolívares en una medida improvisada que provocó colas, desabastecimiento y mucha frustración entre la población. 72 horas más tarde tuvo que rectificar. Pero es un ejemplo, reciente, del grado de falta de estrategia que está manteniendo el Gobierno. El último acontecimiento, en relación a la suspensión de las atribuciones de la Asamblea, puede leerse en la misma clave. Ha sido una acción legal y constitucional y desde luego en ningún caso un Golpe de Estado como repiten los voceros de la derecha oligárquica, pero al mismo tiempo ha sido un error que ha dado facilidades a esa misma oligarquía. De ahí que yo dijera, ayer mismo, que me parecía una mala noticia y que lo que había que hacer era llamar al diálogo y a la calma (especialmente porque, por primera vez en décadas, la derecha ganó las elecciones parlamentarias y puso en aprietos a la revolución bolivariana). La fiscal general, de trayectoria chavista, así como cuatro exministros de Chávez han dicho exactamente lo mismo que yo había planteado; naturalmente de forma independiente. Y su opinión parece haber influido en el Gobierno de Venezuela, pues el presidente Maduro ya ha pedido al tribunal que rectifique esa decisión y ha llamado de nuevo al diálogo. Ojalá la situación se reconduzca y podamos salvaguardar la revolución de la oligarquía latinoamericana, europea y americana.

Quisiera añadir una cosa más, dirigido especialmente a la militancia de izquierdas en Europa. Ante cualquier proceso de estas características conviene estar absolutamente informado, combatiendo la desinformación que los principales medios de comunicación lanzan de forma interesada acerca de lo que sucede en Venezuela. Pero nuestra crítica ha de darse, y a mi juicio siempre fundamentada, rigurosa y leal. Muchos de los que llevamos años defendiendo a Venezuela públicamente, mientras la izquierda progresista calla o se suma al “sentido común” de la oligarquía, tenemos también la necesidad moral y política de subrayar los errores del proceso bolivariano. No se puede corregir lo que no se ve. Además, puede que uno quede regular cuando defiende incondicionalmente algunas medidas que los propios artífices acaban rectificando.

Al fin y al cabo, el socialismo no se construye desde la fe, sino desde el pensamiento y la acción crítica. Incluso aunque Venezuela fuera la nueva URSS, cosa que no hace falta ni discutir, la fe ciega en cualquier proceso es el mejor arma para la oligarquía que pretende destruirlos, y al mismo tiempo también la peor ayuda para construir aquí una izquierda socialista seria. Los que quieran rezar al mesías están en su derecho, pero algunos no creemos ni en dioses, ni en reyes ni en tribunos, y mucho menos en supremos salvadores.

La desmemoria histórica del Partido Popular: ni un euro para las víctimas del franquismo

14 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

El PP le dedica a la Ley de Memoria Histórica la ingente cantidad de 0 euros, un dinero que debía utilizarse para financiar exhumaciones en las 2.000 fosas que se calcula que existen en España

María Eugenia R. Palop

06/04/2017 – 21:05h

El director del CIEMEDH considera que un centro académico podrá conseguir la financiación para abrir fosas que se le niega a las asociaciones memorialistas por sus implicaciones políticas. Foto: Óscar Rodríguez (ARMH).
Imagen de archivo de represaliados por el franquismo. Foto: Óscar Rodríguez (ARMH).

Decía Adorno que “dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad”, pero hay verdades que al Partido Popular, simplemente, no le suscitan ni el más mínimo interés. En los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno ha vuelto a invisibilizar a las víctimas silenciadas de la guerra civil y el franquismo, a imponer la acostumbrada amnesia social, y a evitar que se desmonte la mentira institucionalizada en la que llevamos décadas instalados, gracias, entre otras cosas, a políticas como las suyas.

El PP le dedica a la Ley de Memoria Histórica la ingente cantidad de 0 euros, un dinero que debía utilizarse para financiar exhumaciones en las 2.000 fosas que se calcula que existen en España. Ya en 2012, Rajoy eliminó la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, y redujo la dotación presupuestaria para Memoria Histórica de 6,2 millones, a dos millones y medio. Y en el año 2013, el Gobierno eliminó esta dotación sin más, dejando en las cunetas, por enésima vez, a las víctimas del franquismo, que siguen costeando las exhumaciones con sus propios medios, porque, mal que le pese a Rafael Hernando, se acuerdan de sus padres y familiares haya o no haya subvención.

Ahí siguen, impenitentes, andando “con los muertos para arriba y para abajo” para contrarrestar el ostracismo y las vejaciones del Gobierno del Partido Popular y de personas que, como él, no creen ofender ni humillar a nadie, porque no son nadie las 100.000 o 150.000 que aún esperan verdad, memoria, justicia y reparación. “¿Por qué voy a pedir perdón?”, se preguntaba perplejo Hernando, en un ejercicio retórico de cinismo.

No hay duda de que hay quienes han descontado ya el costo humano y social de sus privilegios, en la idea tan atroz, como poco contrastada, de que no existe “progreso” sin olvido. Y aunque también hay quienes prefieren avanzar retrocediendo, como diría Paul Valéry; avanzar sin aplastar “flores inocentes en el camino”, sin generar víctimas y sin olvidarlas, hoy, lamentablemente, está claro que los que gobiernan son los primeros. Por eso el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica ha sido esquelético, y por eso ha acabado instaurando una discriminación en el trato, los derechos y las prestaciones que reciben unas víctimas frente a las otras, sin que exista ninguna razón que lo justifique, más allá de la desmemoria selectiva que en este país se ha practicado sin descanso.

Poco importan aquí los acuerdos internacionales sobre estas materias ratificados por España, entre los que cabe destacar la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Poco importa la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, en particular, la jurisprudencia destinada a la protección del derecho a la vida y a la integridad de las personas. Tampoco importa mucho, según parece, la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, que, desarrollada por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, favorece un catálogo de prestaciones y derechos a toda víctima, sin perjuicio de que quepan regulaciones particulares en atención a unos u otros colectivos. Poco importa, por supuesto, el informe del relator de Naciones Unidas en el que se señalaba que es la ignominia y el olvido lo que se ha incorporado a la normalidad democrática de España.

En fin, esta negativa a investigar la suerte de miles de personas desaparecidas a raíz de la estrategia implementada por el Estado franquista, contraviene, entre otras cosas, el derecho internacional que es jurídicamente vinculante y de obligado cumplimiento en nuestro país. Porque no solo es que el Gobierno se niega a cumplir su obligación de actuar de oficio, sino que tampoco pone todos los medios necesarios para que otros agentes puedan llevar a cabo las investigaciones que las autoridades se niegan a hacer, y ello, sin que haya ninguna norma o principio jurídico que impida a un Estado investigar su pasado.

El PP contradice aquí, incluso, a la normativa que se ha desarrollado en el plano autonómico, y que se ha promulgado, o está por promulgarse, en el País Vasco, Andalucía, Navarra, Aragón, Valencia y Baleares, territorios que han conocido directamente los horrores de la guerra civil, la represión de la dictadura y la violencia política posterior, y en los que están domiciliadas un importante número de sus víctimas. Y lo más sorprendente es que algunas de estas normas han salido adelante con la abstención del mismísimo y esquizofrénico Partido Popular.

Reivindicar el derecho y el deber de memoria no es solo poner en el centro un hecho del pasado, sino resignificarlo y asumir las responsabilidades que se derivan del mismo, articular un consenso sobre lo intolerable, y delimitar claramente lo que, de ningún modo, puede volver a suceder. Y en la medida en que esto no se hace, no puede garantizarse nada. La responsabilidad tiene una dimensión temporal que no se agota en el presente; mira hacia al pasado, como ha de mirar hacia el futuro, y trata a todas las víctimas de la misma manera, aunque distinga las diferentes violencias de las que cada una ha sido objeto.

Quienes defendemos una política de la memoria para todas las víctimas, sin exclusión, estamos convencidos de que el examen detenido del pasado es un arma que permite combatir el “revisionismo” y el “negacionismo” con los que se justifican y se niegan todos los días las atrocidades que hemos vivido, y de las que muchas personas tienen todavía recuerdos terriblemente vivos. Y sabemos, además, que lo que las sociedades eligen recordar y olvidar, y el modo en que lo hacen, condiciona totalmente sus opciones de futuro, de manera que sin memoria no puede haber una auténtica cultura democrática, ni puede hablarse, en puridad, de un sistema político legítimo.

Dice la Comisión de Derechos Humanos de UN en sus Principios para la protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, que “el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe al Estado”. Pues bien, es este el deber que el Gobierno no cumple y este es el rico patrimonio que nos usurpa descaradamente cada vez que privatiza el uso de nuestra memoria y nos impide recordar.

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Carrero Blanco y el franquismo sociológico

1 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

En casos como los de Cassandra o Strawberry es donde más claramente se refleja lo que es el problema más grave: pretenden que asumamos una línea de continuidad entre dictadura y democracia y, sobre esa base, que aceptemos a Carrero Blanco como víctima del terrorismo.

Gonzalo Boye Tuset02/04/2017 – 18:48h

Las cada vez más abundantes condenas por delitos de enaltecimiento y/o menosprecio a las víctimas del terrorismo, junto con ser auténticas aberraciones jurídicas, lo que realmente reflejan es una serie de problemas de mucho mayor calado que, sin duda, no se solucionarán por la vía del desahogo en redes sociales ni a través de diversos y bienintencionados artículos de opinión (el mío incluido); lo que se necesita es, primero, identificar los problemas y, después, buscar soluciones claras y consistentes que impidan que esta forma de actuar se transforme en la antesala de un sistema represivo irreversible.

Partiré por los problemas, tratando de resumirlos en aquellos que parecen más evidentes.

En primer lugar, tenemos una legislación creada en un momento histórico diferente y que muchos justificaron por razones de seguridad, tal cual en USA se justificaron los recortes de libertades y las bestialidades cometidas en lo que Bush denominó “la guerra contra el terror”. Este tipo de legislaciones, que muchos aplauden cuando a ellos no se las aplican, son las tierras de las que provienen los lodos actuales.

En segundo lugar tenemos una jurisdicción, la de la Audiencia Nacional, que no se justifica ni ahora ni nunca, pero que por iguales razones se ha tendido a respaldar atribuyéndole una suerte de especialización que, realmente, no es tal como está quedando en evidencia en la actualidad. La verdad es que se trata de un Tribunal especial y no especializado porque la especialización implica un trabajo previo y constante de formación en aquellas áreas sobre las que tiene competencia, requisito no cumplido por muchos de los que allí ejercen la función jurisdiccional.

En tercer lugar, en casos como los de Cassandra o Strawberry –por poner solo algunos ejemplos– es donde más claramente se refleja lo que, a mi juicio, es el problema más grave: pretenden que asumamos una línea de continuidad entre dictadura y democracia y, sobre esa base, que aceptemos a Carrero Blanco como víctima del terrorismo. Tal planteamiento no solo es una reescritura de la historia sino la negación de la necesaria ruptura que ha de existir entre dictadura y democracia, matar a un tirano no puede ser considerado un acto terrorista, lo cometa quien lo cometa.

Las soluciones, como siempre, parecen más difíciles que la concreción de los problemas, en todo caso para cada mal siempre hay un remedio.

Ante el enjambre legislativo creado ad hoc para luchar contra ETA, lo que corresponde es un trabajo de derogación de muchas de esas normas, de la adaptación de otras a un sistema y cultura democrática y, sobre todo, a la asunción de un marco jurídico-penal de largo recorrido que sepa colocar al Derecho Penal donde le corresponde como última ratio del poder punitivo del Estado. Es inaceptable que en nuestro Código Penal existan, al menos, 7 tipos penales que repriman aquello que no es más, pero tampoco menos, que libertad de expresión.

Desmontar este andamiaje legal no es técnicamente sencillo, pero es muy difícil llevar a la práctica porque se requiere de un consenso político que permita la aprobación de una Ley Orgánica mediante la cual se pueda reformar, por vía de derogación y/o reubicación sistemática, aquellas normas que a un conjunto amplio de la ciudadanía nos resultan odiosas y que, en términos generales, no son más que normas carentes de espíritu democrático que se están usando para reprimirnos.

En cuanto a la Audiencia Nacional, no me cabe duda de que es un órgano sin sentido constitucional y que debería dejar de existir, no hay razones técnicas que obliguen a mantenerlo en el organigrama jurisdiccional y basta una mirada a nuestro entorno para comprender que un Tribunal de estas características no es necesario ni para luchar contra el terrorismo, ni contra la corrupción ni contra el crimen organizado.

Lo que realmente se necesita para luchar contra aquellas formas más graves y complejas de la criminalidad es justamente lo que ya tenemos: fiscales especializados y jueces independientes allí donde los delitos son cometidos. No resulta lógico ni natural, desde una perspectiva constitucional, la existencia de un órgano supuestamente especializado que ha servido y sirve como correa de transmisión de una visión pre-democrática del Estado.

La Audiencia Nacional lleva años, desde el fin de la actividad terrorista de ETA, intentando atraer competencias llegando hasta extremos tan absurdos como investigar a bandas de ladrones de casas, con el único propósito de justificar su propia existencia; sin embargo, y a través de las aberraciones jurídicas que estamos viendo en materia de libertad de expresión, queda en evidencia que la pervivencia de este órgano jurisdiccional es dañina para nuestra democracia y, en muchos caso, un autentico impedimento para romper definitivamente con la dictadura y adentrarnos en el proceso de construcción de una auténtica democracia.

En cuanto al tercero de los problemas, la línea de continuidad entre dictadura y democracia, el problema es mucho más complejo porque refleja la perpetuación del franquismo sociológico al que están adscritos muchos de aquellos que han dictado las normas que se usan para reprimirnos y han creado y mantienen un órgano jurisdiccional como la Audiencia Nacional y, especialmente, muchos de los que están dictando las resoluciones que tan aberrantes nos parecen y con las cuales se construye y refuerza ese relato continuista.

Considerar a Carrero Blanco como una víctima del terrorismo no es más que un síntoma de ese franquismo sociológico del que hablo porque a muchos nos resulta evidente que “por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”, como decía Cervantes por boca de Don Quijote y que “cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes” como se establecía en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 porque si los derechos humanos no son protegidos por un régimen de Derecho los ciudadanos se ven compelidos al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, tal cual reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Carrero Blanco fue parte importante de una atroz dictadura y un auténtico represor que no merece la protección que el Derecho Penal le da a las víctimas del terrorismo. Que su asesinato lo haya cometido ETA no le convierte, automáticamente, en víctima del terrorismo porque el contexto siempre ha sido y es relevante. La actividad de ETA, y de cualquier grupo armado, durante una dictadura no puede ni debe ser evaluada con los mismos parámetros que la que se cometa en democracia, la diferencia no se le escapaba a San Agustín pero sí, interesadamente, a los de misa diaria o semanal. No ignorar quién fue Carrero Blanco y cuál fue su “obra” es imprescindible a la hora de enjuiciar dichos, que no hechos, como son las expresiones contenidas en diversos tuits.

En cualquier caso, mientras no superemos esa concepción continuista de nuestra historia reciente, relegando el franquismo sociológico a la marginalidad, dará lo mismo las reformas legales que emprendamos tanto para reformar el Código Penal como para suprimir la Audiencia Nacional. El problema no son, únicamente, las normas, sino el uso y la interpretación que de ellas se hace por parte de aquellos que, sociológicamente, siguen siendo franquistas.

Así gasta la Iglesia el dinero público recaudado por el IRPF libre de control fiscal

17 abril, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Parte de los 250 millones que recibe a través de la casilla de la X va a sueldos de curas y obispos, rehabilitar parroquias o pagar universidades privadas católicas

Jesús Bastante11/01/2017 – 20:45h

La vicepresidenta del Gobierno junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez
La vicepresidenta del Gobierno junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez / EFE

El Congreso exigirá al Tribunal de Cuentas la fiscalización del dinero que la Iglesia recibe a través del IRPF después de que el tribunal haya rechazado hacerlo con los votos de los representantes del PP. Han sido 251 millones en el último ejercicio, y cuyo reparto se decide, de manera unilateral, por los responsables de la Conferencia Episcopal. Lo que se sabe del reparto del IRPF es muy poco.

En la última Memoria Justificativa de Actividades presentada por la Conferencia Episcopal (CEE), el órgano de gobierno de la Iglesia española, se relata a grandes rasgos a qué destina ese dinero público, aunque dejando muchas lagunas y sin ninguna precisión. Estos millones que recibe a través de la Declaración de la Renta son una mínima parte de todos los que recibe procedentes de fondos públicos.

Salarios de curas

¿A qué se dedica el dinero del IRPF? Siempre según dicha memoria, a trece apartados, aunque el 81% de los recursos (199,7 millones de euros) se envían directamente a las diócesis “para la realización de sus actividades pastorales”. ¿Qué significa eso? Durante años, nada se ha explicado sobre esto, más allá de suponer que el grueso de esa cantidad iba a pagar el salario de los curas y obispos en nuestro país, ya que  las diócesis con más parroquias y sacerdotes son las que más dinero reciben. Lo cual supondría que, en la práctica, el Estado financia el sueldo del clero católico y su jerarquía.

¿Y cuánto cobra un cura en España? El sueldo medio de uno de los 19.000 sacerdotes españoles está en torno a los 900 euros al mes, en catorce mensualidades, mientras que el de un obispo asciende a unos 1.250 euros al mes. A ello hay que sumar los gastos comunes de las casas parroquiales o sedes episcopales –asumidas por la comunidad o la diócesis correspondiente– y lo recaudado como donativos o por el cobro de los “servicios pastorales” (bodas, comuniones, funerales, bautizos, etc..), que no se registran y, por lo tanto, no están sujetos a investigación alguna.

Para la CEE, en el reparto se tienen en cuenta “la extensión de la diócesis, el número de habitantes, el número de parroquias, el número de sacerdotes, seminarios y pastoral vocacional”. Lo que también deja claro la memoria es que, una vez hecho el reparto, cada diócesis “lo integra dentro de su reparto, atendiendo a las normas propias de organización económica”, sin más explicación.

Madrid es la diócesis más beneficiada, con más de 14 millones de euros, seguida por Valencia (8,7), Toledo (5,4) o Santiago de Compostela (5,2), mientas que el Arzobispado Castrense, con 129.000 euros, es el que menos recibe, aunque hay que añadir que, en este caso, el sueldo de sus sacerdotes es asumido por Defensa (los capellanes castrenses son personal militar a sueldo del Estado). Ibiza, Jaca, Menorca reciben menos de un millón de euros.

Seguridad Social, Cáritas, Universidades

El 19% restante de los recursos del IRPF (casi 52 millones), siempre según la Conferencia, se emplea en una docena de actividades. La más significativa es el “importe de las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social por el conjunto de sacerdotes diocesanos”, que alcanzó los 16 millones de euros. Los sacerdotes españoles cotizan por el Salario Mínimo Interprofesional.

Aunque Cáritas y sus proyectos reciben otro tipo de financiación, tanto por la casilla de “otros fines” como por la financiación de sus actividades sociales y caritativas, una parte mínima del IRPF de la Iglesia católica, en concreto seis millones, también se dedica a “aportaciones extraordinarias” a las Cáritas diocesanas, en un gesto de la CEE durante la crisis que se ha mantenido.

También se incluiría en el IRPF una parte para la comunicación, en cuyo conglomerado está la televisión 13TV . Como dijo el responsable de las finanzas de la Conferencia:  “Con ese dinero las diócesis atienden todas las obligaciones de la Iglesia(…)  y algunas acciones pastorales estratégicas, desde una beatificación…, televisión o cualquier otro”. No especificó más. 

Bajo el epígrafe “Ayudas a distintos centros de formación”, la Iglesia dota 5,99 millones de euros, que se reparten a distintas facultades eclesiásticas, la Universidad Pontificia de Salamanca (propiedad de la Conferencia) y distintos colegios en Roma y Jerusalén.

Las “Campañas de Financiación de la Iglesia” superaron los 4,6 millones de euros, entre la campaña de la Asignación Tributaria (3,6) y el Día de la Iglesia Diocesana (1,02). La “Rehabilitación y construcción de templos” se lleva 4,58 millones de euros de la “X” de la Iglesia, mientras que “el funcionamiento de la estructura de la Conferencia Episcopal” suma otros 2,6 millones de euros.

El dinero de la Renta también se dedica, aunque en menor medida, a financiar “actividades pastorales en el extranjero” (1,27 millones de euros), y la Conferencia de Religiosos (Confer) apenas recibe un millón de euros, siempre según esta memoria.

Los últimos epígrafes se dedican a un mínimo fondo para “Insularidad”, que cobran las diócesis de Canarias, Tenerife, Mallorca, Menorca, Ibiza, Málaga (por Melilla) y Cádiz (por Ceuta), de medio millón de euros, y la “Aportación a instituciones de la Santa Sede, que no alcanza el medio millón de euros. Después del reparto, los obispos obtuvieron un superávit de 4,8 millones de euros, que se aplicaron al denominado “Fondo de Estabilización del Sistema”.

Otras vías de financiación

Los 251 millones recaudados por la Iglesia vía IRPF no son, ni mucho menos, todo el dinero que la institución recibe anualmente de fondos públicos. Un informe de la organización Europa Laica hizo una estimación que elevó esa cantidad hasta los 11.000 millones de euros en distintos conceptos, que van desde los conciertos a los colegios católicos a la financiación de centros sanitarios, sociales o militares gestionados por la Iglesia.

Ese cálculo incluye las exenciones fiscales como en el caso del IBI valoradas en 3.000 millones al año, 4.600 millones para pagar a los 16.000 profesores de Religión y los conciertos con los centros religiosos, 3.200 millones para dispensarios y centros para transeúntes, como hospitales y centros de salud dirigidos por órdenes religiosas, y otros 500 millones para la conservación del patrimonio artístico propiedad de la Iglesia, entre otros.

El IRPF es el 23% de lo que recauda

El dinero del IRPF solo supone el 23,5% del presupuesto de las diócesis españolas, según se afirma en la memoria, que coloca a las “aportaciones directas y voluntarias de los fieles” como su principal fuente de financiación, en torno a un 37% (unos 350 millones de euros que, recordemos, no se declaran al considerarse donativos). Otro 21% (240 millones) se engloba bajo el término “Otros ingresos corrientes”, que no se estipula, como tampoco el 11% (unos 110 millones de euros) que sale de “Ingresos por patrimonio y otras actividades”, otro 6% llamado “Ingresos extraordinarios” (que suele tratarse de herencias) y un 2% de “Necesidades de financiación” (tampoco explicitadas).

Tiempo de derecha, tiempo de gasto militar

10 abril, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Cospedal, la ministra que tan sobradas muestras ha dado, en diferido, de su capacidad intelectual, es la gran gestora de ese desorbitado aumento del presupuesto de Defensa, un 32% sobre 2016.

Echen un vistazo al dinero que se dedica en verdad a educación, sanidad, cultura, ciencia, a la dependencia o la pobreza infantil y vean cuánto de sociales son los presupuestos del PP.

Rosa María Artal04/04/2017 – 20:58h

María Dolores de Cospedal pasa revista a las tropas como ministra de Defensa. /
María Dolores de Cospedal pasa revista a las tropas como ministra de Defensa.

Imaginen a un padre de familia, abogado de formación, toledano, 51 años, sentado en el salón de su casa ante esta reflexión: “¿Y si alguien quisiera ponerle a mi hija un burka, qué haría? Enviarle a las Fuerzas Armadas”. ¿Como escudo humano y blindado para que no se le acercaran los hombres que colocan burkas por la calle a las mujeres con las que se cruzan? ¿Quiénes son esos hombres? Musulmanes, una comunidad de unos 1.200 millones de personas distribuidas por numerosos países del mundo. Pues así piensa Agustín Conde, el actual secretario de Estado de Defensa nombrado por la ministra Cospedal. Con esa mentalidad dispone de capacidad para, en efecto, hacer uso de aquello a lo que le impelen sus creencias. Y el Gobierno del que forma parte acaba de dotar a su Ministerio con un 32% más de presupuesto.

Conde es uno de los numerosos prototipos de la derecha más extrema que gobierna España por medio del PP. Sus exponentes son múltiples. Mariano Rajoy los ha situado en ministerios clave: Interior, defensa, justicia, empleo, educación y sanidad en algunos momentos, y bastantes perlas sueltas en otros puestos. Nos detendremos hoy solo en Defensa, premiada con un plus en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

A Agustín Conde lo encontramos ya en 2005, durante una intervención en el Senado, cuando se mostró partidario de que las parejas homosexuales no adoptaran hijos. Sin el menor rubor, ni base que es mucho peor, expuso los graves problemas que, en su opinión, aquejaban a esas criaturas que conviven con gays. Aseguró que sufren un enorme riesgo de ser violados por sus progenitores, cuantificado en el 29%, mientras en el caso de los heterosexuales el porcentaje se reduce al 0,6 %. Siempre en su línea, acusó –en un tuit, vaya por dios– a Yolanda Álvarez, entonces corresponsal de TVE en Oriente Medio, de ser “activista de Hamás”. Sin cortarse. Álvarez fue devuelta a Madrid. Añádanle unas puertas giratorias, una empresa energética no declarada o la defensa jurídica del Banco de Santander en casos de hipotecas impagadas.

Alférez de Fragata del Cuerpo General de la Armada en la Reserva Voluntaria, Conde declaró que ser secretario de Estado era “el cénit de su carrera profesional”. Y que María Dolores de Cospedal es quizás la persona por la que siente mayor admiración y respeto intelectual. “Como político”, concepto que incluso incluye a mujeres.

Cospedal, la ministra que tan sobradas muestras ha dado, en diferido, de su capacidad intelectual, es la gran gestora de ese desorbitado aumento del presupuesto de Defensa, un 32% sobre 2016. Es cierto que se ha visto obligada a aflorar, por mandato del Tribunal Constitucional, una herencia de su predecesor, Pedro Morenés, que utilizaba créditos extraordinarios aprobados por Real Decreto para comprar armamento. El programa que él aprobó asciende, por cierto, a 30.000 millones de euros de los que restan por pagar 20.000 millones. Aun así el presupuesto real aumenta y en algunas partidas de forma desorbitada, hasta un 442%.

Cospedal es la ministra idónea para los nuevos tiempos. Ha nombrado además un nuevo jefe del Estado Mayor del Aire que, según declara, “procura tener a Dios presente en todas sus decisiones”. Ha destinado precisamente a Morenés, exministro y vinculado a empresas de armamento, como embajador en Washington aunque no pertenece a la carrera diplomática. La misma ciudad donde reside Donald Trump. La también secretaria general del PP es la persona que definió perfectamente su ideología al declarar: “Lo primero que necesita un país es seguridad. Si no tenemos garantizada nuestra defensa y nuestra seguridad, da igual tener garantizado el subsidio de desempleo, la sanidad pública o la mejor educación“.

Lo mismo practica la actual administración estadounidense. El ya mayor presupuesto militar del mundo va a experimentar  un aumento del 10%, 54.000 millones de dólares que el magnate llegado a presidente detraerá de partidas sociales. Trump quiere “volver a ganar guerras”, dice. Trump quiere potenciar la muy lucrativa industria de la guerra. De hecho Trump pidió al PP aumentar también el gasto en defensa, y el PP lo hace. Por cumplir con el ultraconservador mandatario y, como él, por vocación.

Algo cambió cuando los Ministerios de la Guerra pasaron a llamarse Ministerios de Defensa: los eufemismos de la neolengua. Y de la propaganda y siembra de miedo que prende en los ciudadanos más indefensos mental o emocionalmente. Hasta hacerles temer más un hipotético atentado que la precariedad que mata todos los días. Los daños que ocasiona la pobreza y la injusticia son infinitamente superiores a los que causa la acción terrorista de los fanáticos. E incalculables los efectos nocivos de la demagogia. Pero la jugada actual es ésta. Algo huele inmensamente a podrido cuando se confirma la reunión para propiciar un canal secreto de contacto entre Trump y Putin y es el fundador de Blackwater quien la dirige. La empresa de mercenarios, contratada profusamente por George W. Bush, y que fue condenada por asesinato deliberado de civiles en Irak en 2007. ¿De qué seguridad y para quiénes hablan?

Conviene, pues, contrarrestar con información la propaganda de las portavocías mediáticas del PP cuando destacan un aumento del gasto social en estos presupuestos. Al margen de que sería una inversión, no un gasto. La mayor partida se la llevan las pensiones. Por el compromiso ineludible que se contrae al  pagar impuestos durante la vida laboral para disponer de un retiro. Al margen de las trampas –muy propias del personal que nos ocupa– para enmascarar que los presupuestos bajan, haciendo parecer que suben, la distribución de los fondos responde a la filosofía genuina de esta derecha.

Echen un vistazo al dinero que se dedica en verdad a educación, sanidad, cultura, ciencia, a la dependencia o la pobreza infantil y vean cuánto de sociales son los presupuestos del PP. Pagar los intereses de la Deuda Pública, incrementada a nivel de récord por Rajoy, se lleva más del 9% de los presupuestos: 32.447,7 millones. Es uno de las principales apartados y verán que no se destaca en los medios. Para la Hucha de las Pensiones (que el PP ha dejado en telarañas) van a emitir Deuda Pública. A devolver con intereses, ya saben. La pirámide fatal del endeudamiento. Y eso que Rajoy “nos ha sacado de la indigencia”.

Unos presupuestos absolutamente ideologizados, de derecha aguda y extrema. Para completar el dibujo van cero euros para la aplicación de la Ley de Memoria histórica, y un aumento de 43.000 en el presupuesto directo de la Casa del Rey, que la pobre llevaba algunos años congelada.

Y los presupuestos saldrán adelante con la colaboración de políticos tan conservadores y mercantilistas como el PP. Y  Rajoy seguirá mandado con ese equipo dotado de singular mesura, razón y capacidad intelectual. Y la corte mediática les hará la ola.

Cada vez son más los excluidos de su mundo, sin embargo. En ese limbo que no se quiere ver hay amplios sectores en los que abunda el suicidio, la droga y la muerte temprana, como contaba la economista Ann Pettifor sucede en Estados Unidos. Ocurre en lugares mucho más cercanos y va a más. Esta vez muchos votaron a Trump y similares. ¿A quién buscarán después? ¿Qué harán después?

Un año de paraísos fiscales en el punto de mira

7 abril, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Después de un año de que comenzara la publicación de los Papeles de Panamá, la UE todavía tiene pendiente publicar una lista de paraísos tras rechazar su primera propuesta el Parlamento Europeo.

La OCDE defiende que se han logrado “significativos éxitos” pero reconoce “deficiencias en la arquitectura de la transparencia internacional”.

“Nosotros no hemos encontrado más endurecimiento en las normas”, dice el presidente de la filial española de uno de los principales bancos andorranos.

Antonio M. Vélez02/04/2017 – 18:34.

Más allanamientos en Panamá por vínculos de Mossack Fonseca con "Lava Jato"
Oficinas de Mossack Fonseca. EFE

Este lunes pasado se cumplió un año del estallido del escándalo de Los Papeles de Panamá, la mayor filtración de documentos de la historia, con origen en el bufete de abogados Mossack Fonseca. Un terremoto que reveló las artimañas fiscales de un extenso listado de multimillonarios y de dirigentes políticos de todo el mundo (o personas de su entorno) y que en España acabó con la carrera política del exministro de Industria José Manuel Soria. A propósito de este aniversario, el Foro Social Mundial ha declarado este 3 de abril Día Mundial Contra los Paraísos Fiscales.

Un año después, hemos conocido  la reciente detención por su presunta implicación en el caso Lava Jato, el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil, de los dos fundadores de Mossack Fonseca.

Sabemos también que el despacho que durante décadas ayudó a crear miles de sociedades offshore llegó a convertirse  en sede del Registro Mercantil de Niue, un atolón del Pacífico ubicado a 10.000 kilómetros del bufete que utilizaron defraudadores españoles como el actor Imanol Arias.

Y también sabemos que en España el  Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Ministerio de Economía, ha realizado catorce informes de inteligencia financiera sobre 209 sociedades que se encontraban en la base de datos del afamado despacho panameño.

¿Pero se han producido avances en la lucha contra la evasión en los territorios offshore en este último año?

El balance del Foro global sobre la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es positivo. Este órgano, que desde este año preside la española María José Garde, defiende en su informe de progreso de 2016 que aunque persisten “deficiencias en la arquitectura de la transparencia internacional”, se han logrado “significativos éxitos”.

Su tesis es que “aunque la filtración subrayaba los continuos problemas de la evasión fiscal internacional, también mostraba la efectividad de las medidas que la comunidad internacional impulsa para abordar estos problemas. Los documentos mostraban que el número de compañías con ventajas fiscales creadas por el bufete en cuestión llevaba disminuyendo varios años y que el número de nuevas empresas con acciones al portador [que no permiten conocer quiénes son sus verdaderos propietarios] había caído prácticamente a cero en 2015”.

“Aunque las filtraciones ocupan titulares en todo el mundo y subrayan los problemas derivados de la opacidad de las entidades jurídicas, la realidad es que se han realizado enormes progresos en la lucha contra este problema durante los últimos años y se continúan realizando”, resume el informe.

Unos días después del escándalo panameño, la Comisión Europea proponía una medida recomendada por la OCDE que ya estaba vigente en España, el desglose de información país por país con los pagos de renta e impuestos de empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales. Una medida reputacional y de control que no deja de ser un avance. Pero la UE ha sido incapaz de consensuar una lista de paraísos fiscales que había prometido para este año, incluso antes del caso de Los Papeles de Panamá.

En enero pasado, el Parlamento Europeo obligó a la Comisión Europea a rehacer una relación provisional de “países de riesgo” relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo compuesta por Corea del Norte, Irán, Afganistán, Bosnia Herzegovina, Irak, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen. Se quedaban fuera territorios como Islas Bermudas, Islas Caimán o Panamá, por no hablar de los cuatro países miembro de la UE a los que la ONG Oxfam situaba en diciembre pasado en la lista de paraísos “más agresivos” del mundo: Holanda, Irlanda, Luxemburgo y Chipre.

Más conciencia, las mismas medidas

Tras Los Papeles de Panamá, llegarían Los Papeles de la Castellana, una investigación publicada por eldiario.es en junio pasado; Bahamas Leaks (en septiembre) y Football Leaks (a finales de 2016). Filtraciones masivas que quizás han aumentado la conciencia ciudadana sobre las consecuencias de la existencia de los paraísos, pero que no han propiciado la adopción de una normativa más estricta, coinciden los expertos consultados.

“Nosotros no hemos encontrado más endurecimiento en las normas, que ya eran bastante exigentes”, dice a eldiario.es el presidente de la filial española de uno de los principales bancos andorranos, que pide el anonimato.

Este directivo asegura que la normativa vigente ya “es durísima, tanto en España como en Estados Unidos”, y recuerda que, tras la llegada de Donald Trump al poder, todo apunta a una “relajación” de la normativa bancaria, después de que el nuevo presidente estadounidense firmase en febrero una orden ejecutiva para derogar parte de la ley Dodd-Frank, que fue promulgada en 2010 tras la crisis financiera que arrancó en 2008.

“Mi conclusión es que no hay una verdadera voluntad política ni de la Comisión Europea, ni del G20, ni de la OCDE, de acabar con la utilización de los paraísos fiscales: dan vueltas a la tortilla con medidas que son positivas, pero que no van al fondo de la cuestión”, dice José María Peláez, inspector de Hacienda.

Este experto en fiscalidad internacional aventura que no se adoptan medidas más contundentes (fundamentalmente, en materia de intercambio de información) “porque si se pusiera sobre la mesa todo lo que hay, muchos mandatarios se verían retratados”.

Unas semanas después de estallar el escándalo, el Parlamento Europeo anunció la creación de una Comisión de Investigación cuya efectividad muchos discuten (“Se crean comisiones de investigación para no investigar nada”, decía hace un mes el eurodiputado de Podemos Miguel Urban) que comenzó sus trabajos en septiembre y que debería tener redactadas sus conclusiones en junio.

Su puesta en marcha ha encontrado notables trabas de la propia Comisión Europea. Cabe recordar que la esposa del comisario español Miguel Arias Cañete apareció en Los Papeles de Panamá; y la excomisaria Neelie Kroes, en Bahamas Leaks.

El inspector José María Peláez, que hace un mes participó en los trabajos de esa comisión, relativiza la importancia de la entrada en vigor del nuevo estándar de intercambio de información fiscal de la OCDE.

En teoría, a partir de este año, con los nuevos convenios que suscriban los países, los datos fiscales se intercambiarán de forma automática. Pero su pronóstico es que “van a intercambiar información los países que no tienen ningún problema en hacerlo: los miembros de la OCDE. Los que son auténticos paraísos fiscales no van a firmar y no afrontarán “ninguna consecuencia”. “Mi conclusión es que los paraísos fiscales van a seguir existiendo y se van a seguir utilizando”.

Miguel Urban, de Podemos, considera que se ha avanzado “muy poco” en esta materia y cree que los criterios de la lista que está elaborando Bruselas “son laxos”: “Hay muchas formas diferentes para que un país salga de ese listado llegando, por ejemplo, a acuerdos unilaterales con otros países”.

En su opinión, que no exista ese listado ni se implanten mecanismos más firmes se explica porque, “para empezar, a la propia institución europea y a los gobiernos parece que les preocupan más los nombres que la existencia de la evasión y el robo a gran escala. Además, también se necesitaría la unanimidad del Consejo, y en este caso Luxemburgo se niega tajantemente; y aún es más difícil teniendo a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea”.

“El deterioro de los medios de comunicación es uno de los elementos que más ha contribuido a la corrupción del país”

4 abril, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Entrevista a Gregorio Morán.

Gregorio Morán, una de las voces más singulares y polémicas de la prensa española, visita el Congreso de Periodismo Digital de Huesca para hablar sobre El deterioro del periodismo.

“La invención del tertuliano ha sido más importante que la del periodismo digital”.

“El periodismo grandilocuente, del que se hablaba al principio de la Transición, se acabó radicalmente”.

Óscar Senar, Huesca. 9 de marzo de 2017.

Gregorio Morán, en una foto de archivo.
Gregorio Morán, en una foto de archivo. CPD

Desde 1988, Gregorio Morán (Oviedo, 1947) firma semanalmente sus Sabatinas intempestivas en La Vanguardia. A pesar de llevar tanto tiempo colaborando con esta centenaria cabecera, y ya de vuelta si no de todo, de mucho, reconoce que “no he visto en mi vida al Conde de Godó, ni si quiera hemos hablado por teléfono”. Este veterano periodista, autor de Adolfo Suárez. Historia de una ambición (1979), biografía del por entonces recién reelegido presidente del Gobierno, vio como en 2014 su libro El cura y los mandarines, un análisis de la cultura española entre 1962 y 1996, casi se queda en un cajón por el veto de la editorial Planeta a un capítulo considerado polémico. Morán, agudo observador de las entretelas hispánicas, asiste al Congreso de Periodismo Digital de Huesca para impartir la conferencia El deterioro de los medios de comunicación.

¿Cómo de mal está el periodismo?

Estamos mal, otra cosa es cuánto. Lo virtual, que parecía una salida libertaria, se ha convertido en un recurso donde un montón de descerebrados pueden escribir las cosas más tontas del mundo. El deterioro de los medios de comunicación ha sido progresivo… Las esperanzas que había en cuanto a lo que supuso la libertad de prensa y todo lo que esto llevaba parejo se fueron al demonio. Esto se acabó. Nuestra decadencia es otro producto de la ingenuidad de la Transición, cuando pensábamos que los medios de comunicación estaban, precisamente, para comunicar, pero el problema ha sido el qué se comunica. En este momento hay que analizar, y es lo que voy a hacerlo en el Congreso de Periodismo Digital con cierto descaro, la importancia del papel, que todavía es fundamental, porque sigue siendo lo más importante para las clases altas y la gente que toma decisiones. En el otro extremo están las televisiones, que solo están para adocenar a la gente. Los informativos españoles salen muy mal parados incluso si se comparan con los italianos, que no son precisamente un modelo de escrupulosidad. Y en cuanto al periodismo virtual, lo importante es el titular. Es algo que me recuerda a Francisco Fernández Ordoñez, un buen tipo, un político profesional en un mundo de amateurs. Cuando era ministro, lo único que les pedía a los periodistas que le entrevistaban, si estos le ofrecían revisar el texto, era conocer el titular antes de que se publicara. Le daba igual lo demás, tenía muy claro que lo que queda es el titular. Era un adelantado.

Ahora los periodistas digitales son esclavos del titular, en busca de la mayor cantidad de clics.

Y no solo del titular… Hay un problema de estilo. Es muy difícil que en un diario digital te termines un artículo. Primero, y perdón por la expresión, porque están escritos como el culo. Son como las notas de agencia de hace años, pero entonces había en los periódicos un corrector de teletipos para arreglarlas. Al ritmo que vamos, va a ser necesario que vuelva esta figura para poder entender lo que pone en muchos artículos. Pero más allá de esto, hay otros problemas. Tenemos la peor prensa de Europa, sin discusión. Sin ir más lejos, en Portugal se hacen unos periódicos y unas revistas que merecen mucho la pena; aquí, en cuanto a revistas, apenas quedan los restos del naufragio.

Usted, con las presiones de aquel momento, pudo publicar una biografía de Suárez en 1979. Hace dos años, con la misma editorial, le tumbaron la edición de El cura y los mandarines. ¿Qué había cambiado?

Han cambiado los intereses de las empresas y también la sociedad. A la gente le interesa un comino todo, se enchufan a los aparatos y listo. Ha habido un deterioro notable. Solo hay que ver que los quioscos están llamados a morir, como está ocurriendo con los de Barcelona. Los domingos tengo que andar un kilómetro y medio hasta que encuentro dónde comprar los periódicos… Entre el Franquismo y la Transición, sumadas, hubo un proceso de castración social evidente, y esto es lo que ahora estamos pagando. El Franquismo fue un fenómeno único en Europa occidental: lo corrompió todo y dejó una sociedad con el miedo en el cuerpo, que aún se mantiene, aunque las nuevas generaciones lo van perdiendo, como se ve en fenómenos como Podemos (otra cosa es que funcione o no). Son reacciones ante una sociedad que acepta todo, capaz de comprar las motos más increíbles. ¡Si hasta hemos tenido hipotecas falsas! Estamos en el país más corrupto de Europa. Incluso en Rumanía ha habido un levantamiento masivo contra la corrupción. ¿Por qué eso no es posible aquí? En España, como explicaré en mi ponencia, tuvimos unos años interesantes, desde la muerte de Franco, en 1975 hasta las elecciones de 1977. Pero luego llegó el PSOE, y entonces la foto quedó fija, ya no se movió nadie.

Otro signo del deterioro: mentir sale cada vez más barato.

¡Y encima se enfadan si se lo dices! Aquí tenemos un fenómeno hispánico único: el tertuliano. La invención del tertuliano, en España, ha sido más importante que la del periodismo digital. El periodismo, salvo en la radio, nunca vivió de la lengua; con los tertulianos, en cambio, decir una buena cantidad de tonterías sirve para ganarse la vida. Sería digno de analizar cómo se montan los sistemas de tertulianos, cómo se buscan equilibrios para que parezca que hay pluralidad… Pero a la gente le gustan. ¿Por qué? Porque te evitan leer y te enteras de “noticias” acojonantes. Y si les acusas de mentir, como si fuera un juego de niños, dicen que es verdad y punto. Es una desvergüenza. Yo apenas veo la televisión: un par de informativos, y a los 10 minutos me cabreo y los apago. El deterioro de los medios de comunicación en España es uno de los elementos que más ha contribuido a la corrupción del país, tanto o más que los tribunales.

En este contexto, ¿puede un periodista asumir el precio de llegar al fondo de un asunto?

No tiene ninguna posibilidad, ni siquiera de iniciar las investigaciones… A menos que la operación que esté investigando tenga interés para la empresa en la que está. Y hay que hacer aquí una apreciación importante: en España las empresas periodísticas están en quiebra. ¿Cómo ha reducido el grupo Prisa su deuda a la mitad? Pues eso habría que explicarlo, pero no será usted quien lo haga, y si lo hace, le dirán que se lo guarde en un cajón. El periodismo grandilocuente, del que se hablaba al principio de la Transición, se acabó radicalmente, por lo menos mientras no cambie el estatus… Pero no hay que olvidar que este país está gobernado por el partido más corrupto de España, que no solo gana las elecciones, sino que asciende. Es un fenómeno netamente español. Y solo hay que ver que en Italia, si vas a un quiosco, encontrarás 12 o 15 periódicos, y aquí solo tenemos sota, caballo y rey.

¿Tiene el periodista la obligación de contarlo todo? En España se dejan de publicar muchas cosas.

Ocurre en todas partes. Las informaciones, antes de publicarse, pasan por muchos tamices. En lo que sí me gustaría insistir es en una invención de 1981 que para los periodistas españoles es una auténtica espada de Damocles. Hablo de la Ley de Defensa del Honor, que permite que los mafiosos aparezcan en los periódicos por sus siglas en lugar de con sus nombres completos, algo que no pasa en ningún otro lugar del mundo. Esta ley la inventó Leopodo Calvo Sotelo para que los periodistas fuéramos castrados frente al proceso de los militares del 23-F, y desde entonces ha permanecido sin que apenas se cuestione. Y a estas cosas se han unido ahora tonterías como lo de pixelar a los niños o el uso indiscriminado del “presunto”… El mundo de la prensa tiene unos abogados más corruptos que decentes, no me da rubor decirlo, pero los mafiosos tienen unos abogados cumplidores, que a la mínima amenazan con meterte un puro.

Entonces… ¿Queda espacio para la esperanza?

A mí me quedan dos meses para cumplir los 70 años… La esperanza es un estado inherente a los jóvenes.

Al menos 70 muros fronterizos separan más que nunca a los países en todo el mundo

2 abril, 2017

Fuente: http://www.elperiodico.com

La construcción en auge de vallas en las fronteras se disparó tras el 11-S y con la irrupción de las primaveras árabes.

Los expertos cuestionan la eficacia de las barreras contra los migrantes y las vinculan al incremento de muertes en las áreas fronterizas.

Al menos 70 muros fronterizos separan más que nunca a los países en todo el mundo

AFP / AHMAD GHARABLI

Guardias egipcios (derecha) observan desde una torre de vigilancia cómo sus homólogos israelís supervisan la construcción de una valla fronteriza entre Israel y Egipto, cerca de Eliat, el 15 de febrero del 2012.

 

Martí BenachMARTÍ BENACH BARCELONA

VIERNES, 24 DE FEBRERO DEL 2017 – 22:43 CET

  • Al menos 70 muros fronterizos separan más que nunca a los países en todo el mundo

    EFE / FRANCISCO G. GUERRERO

    Policías españoles tratan de disuadir a inmigrantes encaramados a la valla de Melilla, fronteriza con Marruecos, el 22 de octubre del 2014.

  • Al menos 70 muros fronterizos separan más que nunca a los países en todo el mundo

    AP / JASPER JUINEN

    Un trabajador repara la barrera de alambradas de Melilla, tras un intento de inmigrantes africanos por superarla desde Marruecos, el 5 de octubre del 2005.

  • Al menos 70 muros fronterizos separan más que nunca a los países en todo el mundo

    AFP / RYAD KRAMDI

    Zghala, una mujer del Sáhara Occidental, mira hacia la valla en el área de Al-Mahbes, mientras acompaña a su hijo de 14 años para mostrarle el muro que separa Marruecos de la zona controlada por el Polisario, el 3 de febrero del 2017.

  • Al menos 70 muros fronterizos separan más que nunca a los países en todo el mundo

    AFP / PATRICK HERTZOG

    Un coche traspasa el muro de arena en la frontera entre Marruecos y Mauritania, en el Sáhara Occidental, en una etapa del rali París-Dakar, el 8 de enero del 2001.

  • Al menos 70 muros fronterizos separan más que nunca a los países en todo el mundo

    AFP / DIMITAR DILKOFF

    Tramo de alambrada de espino cerca del punto fronterizo de Kapitan Andreevo, entre Bulgaria y Turquía, el 11 de febrero del 2011.

  • Al menos 70 muros fronterizos separan más que nunca a los países en todo el mundo

    REUTERS / STOYAN NENOV

    El primer ministro húngaro, Viktor Orbán (centro, con chaqueta negra) y su homólogo búlgaro, Boiko Borisov (derecha) inspeccionan la valla de alambradas construida en la frontera con Turquía, cerca de Lesovo (Bulgaria), el 14 de septiembre del 2016.

  • Al menos 70 muros fronterizos separan más que nunca a los países en todo el mundo

    AP / ZOLTAN GERGELY KELEMEN

    Policías húngaros vigilan a refugiados tras una valla temporal en la frontera con Serbia, cerca de Morahalom, el 22 de febrero del 2016.

  • Al menos 70 muros fronterizos separan más que nunca a los países en todo el mundo

    DARKO VOJINOVIK

    Un policía húngaro patrullando sobre la valla fronteriza con Serbia.

  • Al menos 70 muros fronterizos separan más que nunca a los países en todo el mundo

    REUTERS / DAVID BALOGH

    Internos de la prisión de alta seguridad de Csillag se disponen a completar la valla fronteriza entre Hungría y Serbia, cerca de la localidad húngara de Roszke, el 11 de septiembre del 2015.

  • Al menos 70 muros fronterizos separan más que nunca a los países en todo el mundo

    AP / AHN YOUNG-JOON

    Soldados surcoreanos patrullan por la valla de alambradas en el norte de Seúl, cerca de la zona desmilitarizada de Panmunjom (Corea del Sur), el 12 de enero del 2003.

  • Al menos 70 muros fronterizos separan más que nunca a los países en todo el mundo

    AP / AMAN SHARMA

    Soldados indios vigilan el lado paquistaní desde la valla en un lugar indeterminado de la frontera entre India y Pakistán, en el estado indio de Punyab, el 3 de enero del 2002.

  • Al menos 70 muros fronterizos separan más que nunca a los países en todo el mundo

    EFE / JAIPAL SINGH

    Militares indios patrullan en la valla de Chenab, cerca de la frontera entre India y Pakistán, a 60 kilómetros de Cachemira, el 26 de septiembre del 2016.

  • Al menos 70 muros fronterizos separan más que nunca a los países en todo el mundo

    RICARDO MIR DE FRANCIA

    Un coche de la Patrulla Fronteriza de EEUU peina la valla de casi cinco metros que separa buena de los dos Nogales, el estadounidense y el mexicano.

  • Al menos 70 muros fronterizos separan más que nunca a los países en todo el mundo

    AFP / JIM WATSON

    Vehículos de la Patrulla Fronteriza con cámaras en la frontera entre EEUU y México, cerca de Lukeville (Arizona), el 16 de febrero del 2017.

  • Al menos 70 muros fronterizos separan más que nunca a los países en todo el mundo

    AFP / FREDERIC J BROWN

    Una mujer y una niña pasan por delante de una barbería en Nogales, en el estado de Sonora (México), vistos a través de la valla fronteriza desde Nogales (Arizona), el 12 de octubre del 2016.

  • Al menos 70 muros fronterizos separan más que nunca a los países en todo el mundo

    AP / MOHAMMED AZBA

    Niños palestinos de camino a la escuela, junto al muro construido por Israel cerca de Qalqilya (Cisjordania), el 22 de septiembre del 2003.

  • Al menos 70 muros fronterizos separan más que nunca a los países en todo el mundo

    AFP / AHMAD GHARABLI

    Guardias egipcios (derecha) observan desde una torre de vigilancia cómo sus homólogos israelís supervisan la construcción de una valla fronteriza entre Israel y Egipto, cerca de Eliat, el 15 de febrero del 2012.

  • Al menos 70 muros fronterizos separan más que nunca a los países en todo el mundo

    AFP / EITAN ABRAMOVICH

    Una familia palestina camina frente a un policía de fronteras israelí, junto al muro que divide en dos la localidad cisjordana de Abu Dis, el 9 de febrero del 2004.

  • Al menos 70 muros fronterizos separan más que nunca a los países en todo el mundo

    AP / ARIEL SCHALIT

    Un palestino trepa por un bloque de cemento mientras otros caminan junto a la barrera israelí que separa la población cisjordana de Abu Dis, en las afueras de Jerusalén, el 19 de julio del 2004.

  • Al menos 70 muros fronterizos separan más que nunca a los países en todo el mundo

    AFP / YURI CORTEZ

    El sol se pone tras la alambrada en un área evacuada por el Ejército israelí en Beit Hanun, en la franja de Gaza, el 5 de agosto del 2004.

  • Al menos 70 muros fronterizos separan más que nunca a los países en todo el mundo

    REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA

    Un grupo de palestinos gesticulan a soldados israelís de guardia cerca de la valla entre Israel y la franja de Gaza, el 23 de noviembre del 2012.

El proyecto de Donald Trump de sellar por completo la frontera de EEUU con México choca por su flagrante hostilidad, pero en el fondo no es nada original. En 1989, tras la caída del Muro de Berlín, había 16 muros o vallas fronterizas en otros tantos países del mundo. Un cuarto de siglo después, se han multiplicado por cuatro. Según la investigadora Élisabeth Vallet, profesora de geopolítica de la Universidad de Quebec en Montreal (Canadá), el mundo contaba en el 2015 con 65 muros fronterizos (completados o en construcción). La cifra aumentó hasta el pasado octubre al menos a 70, más que en ningún otro periodo de la historia moderna.

Un mundo cada vez con más muros

Mapamundo de los muros y vallas en las fronteras

EL PERIÓDICO

La preocupación por la seguridad y el intento de frenar la inmigración irregular han expandido estas vallas, cuya construcción, constatan los expertos, se disparó tras los atentados terroristas del 11-S, en el 2001, y con la irrupción de las primaveras árabes. En un mundo cada vez más interconectado, lo cierto es que en pleno siglo XXI las fronteras físicas separan más que nunca a las personas y los países.

Vehículos de la Patrulla Fronteriza con cámaras en la frontera entre EEUU y México, cerca de Lukeville (Arizona), el 16 de febrero del 2017.

AFP / JIM WATSON

Vehículos de la Patrulla Fronteriza con cámaras en la frontera entre EEUU y México, cerca de Lukeville (Arizona), el 16 de febrero del 2017.

Según Reece Jones, experto de la Universidad de Hawái (EEUU) y autor de ‘Violent Borders’ (‘Fronteras Violentas’), varias razones explican este paradójico incremento. La primera es que tras el 11-S “el estigma que solía asociarse a la construcción de muros fue eliminado, y en vez de una práctica autoritaria, como simbolizaba el Muro de Berlín, levantar muros se convirtió en una cuestión clave entre las actividades de los estados para proteger a la población de la amenaza percibida del terrorismo”, explica. El pretexto terrorista, igual que la lucha contra el narcotráfico, se ha utilizado a menudo para justificar los muros fronterizos, pero como recuerda Jones, “casi siempre se han construido donde los pobres intentan cruzar las fronteras en busca de mejores oportunidades de trabajo”.

Frenar los flujos migratorios de los países del Sur e impedir el paso a los refugiados e inmigrantes ya es pues el primer objetivo de estos modernos muros, alzados con enormes bloques de cemento, alambradas y zanjas, cuya extensión supone un “retroceso vinculado a la globalización y a la desindustrialización de las sociedades occidentales, y a la creciente desigualdad económica en el resto del mundo”, afirma Vallet.

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AFP / PATRICK HERTZOG

Un coche traspasa el muro de arena en la frontera entre Marruecos y Mauritania, en el Sáhara Occidental, en una etapa del rali París-Dakar, el 8 de enero del 2001.

EFICACIA EN ENTREDICHO

Pese a las proclamas políticas, los expertos cuestionan la eficacia de estas barreras, a las que atribuyen un valor más simbólico que real. En el informe ‘Fear and Fences’ (‘Miedo y Vallas’, 2015) sobre su desarrollo en Europa, Amnistía Internacional ya concluía que “en vez de impedir la entrada de personas, estas vallas solo han redirigido los flujos hacia otras rutas terrestres o marítimas más peligrosas”. Vallet, autora de ‘Borders, Fences and Walls: State of Insecurity?’ (‘Fronteras, Vallas y Muros: ¿Estado de Inseguridad?’), asegura que no funcionan: “Desplazan los flujos, pero no disuaden. En EEUU, los traficantes las sortean cavando túneles o utilizando drones. Tampoco evitan el terrorismo: la mayor parte del terrorismo europeo, por ejemplo, tiene su origen en Europa”.

Jones considera que los muros “son efectivos para impedir el tránsito en una ubicación específica, como ha pasado en la frontera EEUU-México, pero no evitan que la crucen en su conjunto”. En su lugar, canalizan a los inmigrantes hacia accesos menos vigilados, otras rutas “a menudo más peligrosas, ya sea en remotos y desolados paisajes en EEUU o arduas travesías oceánicas hacia Europa o Australia”.

Pese a las docenas de muros erigidos en los últimos 30 años, el número de aspirantes a traspasarlos no solo no ha disminuido, sino que ha crecido. Jones vincula con estos muros el aumento de muertes en la frontera. “El 2016 marcó el récord de muertos en las fronteras, 7.200 en todo el mundo, debido al incremento de la seguridad fronteriza”, denuncia.

Policías húngaros vigilan a refugiados tras una valla temporal en la frontera con Serbia, cerca de Morahalom, el 22 de febrero del 2016.

AP / ZOLTAN GERGELY KELEMEN

Policías húngaros vigilan a refugiados tras una valla temporal en la frontera con Serbia, cerca de Morahalom, el 22 de febrero del 2016.

UN NEGOCIO MUY LUCRATIVO

La construcción de vallas fronterizas, sufragada por los gobiernos, a la vez que un dispendio para el erario público, constituye un formidable negocio para las empresas de seguridad. Según los expertos, vallar 800 metros con alambradas y cámaras puede costar entre un millón y 10 millones de dólares. En EEUU, el muro cuesta entre 700.000 euros y 4,6 millones de euros por kilómetro. Equipado con la tecnología necesaria (cámaras térmicas, sensores, etc.), el coste aumenta a 15 millones. Solo el mantenimiento del muro actual para los próximos 20 años se estima en 6.137 millones de euros. Y la ‘adición’ de Trump costará entre 5.600 y 37.500 millones de euros, según cálculos del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

“Existe una floreciente industria de la seguridad fronteriza que está prosperando mucho con la construcción de muros y armando a las fuerzas de seguridad en las fronteras”, asegura Reece Jones, que cita como ejemplo a Magal Security, una firma israelí que podría participar en el muro de Trump y cuyas acciones en bolsa han subido un 50% desde la elección del magnate republicano.