Posts Tagged ‘administración pública’

Hay palabras que matan

25 mayo, 2017

Fuente: http://www.ccaa.elpais.com

La expresión austeridad genera sentimiento de culpa, sumisión.

JUAN TORRES LÓPEZ

10 NOV 2013 – 00:40 CET

El amor causa a veces tanta desazón que en lugar de producir gozo decimos que mata. San Juan de la Cruz lo definía por eso como un no se qué que mata con no se qué, y santa Teresa sufría por ello como nadie: “Hirióme una flecha, enherbolada de amor”.

A las palabras les ocurre más o menos lo mismo. Aunque no nos demos cuenta, cuando se utiliza cualquiera de ellas no solo se “dice” algo sino que se realiza una acción que puede modificar lo que hay a nuestro alrededor y, por tanto, nuestra conducta. Eso significa que las palabras tienen capacidad performativa o, según Derrida, “el poder de transformar la realidad”.

Cuando se utiliza la expresión austeridad para referirse a las políticas de recortes no es por casualidad. Con ella se genera un sentimiento de culpa que genera sumisión porque interpreta la pérdida de derechos que conllevan como la consecuencia inevitable de nuestro gasto previo excesivo. Además, la inmensa mayoría de las personas consideramos la austeridad como un valor positivo, así que cuando se utiliza esa palabra asociada a una determinada política económica se está consiguiendo que se de por buena con independencia de lo que lleve consigo, de su contenido real.

La evidencia empírica muestra que si la deuda que se quiere combatir con recortes sociales se ha disparado no ha sido por culpa de haber tenido muchos gastos corrientes (concretamente en educación, sanidad, cuidados o pensiones públicas que son las partidas que se recortan) sino porque se pagan intereses leoninos y totalmente injustificados a los bancos privados, y las encuestas nos indican que casi un 80% de la población no desea que se realicen esos recortes. Pero cuando se asocian a la palabra austeridad se aceptan fácilmente porque se considera que esta es lo natural y deseable frente al despilfarro o derroche que cualquier persona decente condena. La palabra, casi por sí sola, transforma la realidad y condiciona nuestra conducta.

Algo parecido ocurre también con la palabra déficit cuando se refiere a la prestación de los servicios públicos. Si nos dicen que la sanidad o las pensiones públicas o una televisión autonómica o un servicio municipal tienen déficit, inmediatamente pensamos en algo negativo y condenable, en que han gastado más de lo debido y que, por tanto, hay que recortarlos o incluso renunciar a ellos.

Pero la realidad es que las actividades o servicios que se financian en el marco de un presupuesto público no pueden tener déficit o superávit en sí mismos. Pueden tenerlos los Presupuestos Generales del Estado, los de una comunidad autónoma o de un Ayuntamiento, pero no sus diferentes partidas o conceptos.

Lo mismo que no tendría sentido ninguno decir que la jefatura del Estado o la policía es deficitaria, tampoco lo tiene decirlo de la justicia, la sanidad, la educación, las pensiones o de una televisión pública. Salvo que queramos performar la realidad para convencer de que la monarquía o la policía o cualquier otro servicio público es muy caro, que gasta en exceso y que, por tanto, es prescindible o que sus recursos deben disminuir.

Sin que apenas nos demos cuenta, usamos palabras que matan porque nos hacen creer lo que no es para hacernos así más obedientes.

Ningún servicio público tiene déficit sino que, en todo caso, tiene financiación insuficiente. Y la tienen porque una parte privilegiada de la sociedad no quiere contribuir a financiarlos como demuestra que solo aplicando las medidas que proponen los técnicos del Ministerio de Hacienda para combatir el fraude fiscal se recaudaría prácticamente la misma cantidad (38.500 millones de euros) que van a suponer los recortes sociales de este año.

Pero es evidente que no tiene el mismo efecto político utilizar una expresión u otra. Si oímos a cada instante que lo público es deficitario se pedirá que se recorte, si se hablase de su escasa financiación, se reclamarían más recursos, obligando a que los de arriba, y no solo los de abajo, se rasquen también el bolsillo.

@juantorreslopez

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Alguien se forrará

30 diciembre, 2015

Fuente: EL PAÍS SEMANAL

Lo de la soberanía tiene gracia, pues los políticos no cesan de explicarnos que nuestra capacidad de decisión es nula

 

He aquí la imagen simulada de una fragata F-110. Significa que de momento solo es un delirio en la cabeza de alguien, como cuando te despiertas y le dices a tu mujer que se te ha ocurrido una idea para un best seller que os va a sacar de la miseria. La fragata, en cambio, nos va a hundir en ella, pues cuesta 800 millones de euros y dicen que necesitamos cinco. Para qué, se preguntarán ustedes. Pues, en palabras de Pedro Argüelles, secretario de Estado de Defensa, “para no perder la capacidad de ser operativamente independientes y, por tanto, un país soberano”. No tenemos ni idea de lo que significa ser “operativamente independientes”, pero lo de la soberanía tiene gracia, pues los políticos no cesan de explicarnos que nuestra capacidad de decisión es nula. Nos pasamos la vida obedeciendo órdenes de Bruselas, de Merkel, de la troika, del FMI, del Ibex 35, etcétera, y resulta que para ser libres necesitamos gastarnos 4.000 millones de euros (más otros 1.000 de mantenimiento) en cinco artefactos que ni siquiera existen todavía. En el Ministerio de Defensa, cuyo responsable viene de vender misiles y bombas de racimo, lo llaman “inversión”. Alguien obtendrá beneficios, de eso no hay duda, pero a usted y a mí nos va a costar un ojo de la cara: el segundo, si tenemos en cuenta que el ministerio de Morenés acumula una deuda de 30.000 millones de euros (ha leído usted bien, 30.000 millones), procedente de “inversiones” anteriores gracias a las que hemos mantenido esa soberanía de la que carecemos. ¿Y si este gasto fuera una orden (otra más) de los fabricantes de armas?

Las nuevas guerras del agua se extienden por toda España

7 noviembre, 2015

Fuente: http://www.elpais.com

Los municipios se rebelan contra los procesos de privatización del suministro.

Los Ayuntamientos buscan en las concesiones nuevas fuentes de ingresos.

Garganta de agua que abastece el municipio de Candeleda (Ávila). / CARLOS ROSILLO

En Candeleda se puede escuchar el rumor del agua que corre por las canalizaciones que se abren en el empedrado de algunas de sus calles. Sin salir de este municipio al sur de Ávila y al pie de la sierra de Gredos, se puede visitar la garganta que abastece de este recurso natural a sus 5.200 habitantes y que en verano es lugar de ocio y baño. Este patrimonio es central en la vida de los candeledanos, que se han alzado en sonoras protestas ante la decisión del Ayuntamiento, gobernado por el PP, de privatizar la gestión integral del servicio de agua, que ahora depende del Consistorio.

“El agua no se vende, se defiende”, se leía en las chapas y las pancartas de los más de 150 ciudadanos congregados en el salón de plenos del Ayuntamiento el pasado 9 de enero mientras sus políticos debatían una moratoria del proceso, que fue rechazada. Algunos vecinos dicen que están siendo víctimas de “la burbuja hídrica”, en referencia al número creciente de municipios que conceden la gestión total del suministro a empresas por largos periodos a cambio de un canon anual e inversiones en infraestructuras.

El crecimiento de esa “burbuja hídrica” ha sido denunciado reiteradamente por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), que calcula que la gestión integral privada (desde la captación al grifo y la depuración) del agua se produce en más de un 50% de municipios en España, de los que un 80% corresponden, aseguran, a empresas pertenecientes a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Grupo Agbar, que tiene por accionistas mayoritarios a Suez Environnement (75,74%) y Caixa Holding (24,26%). “Se acabó el ladrillo y hace falta dinero. Los Ayuntamientos tienen que hacer frente a gastos, inversiones y compromisos sin fondos. La solución que proponen es vender aquello que vale dinero. Los servicios de agua son la última joya”, considera Luis Babiano, gerente de Aeopas. “Las empresas se hacen con un mercado sin competencia local y con un usuario seguro”, añade.

La Fundación Nueva Cultura del Agua, creada por el economista de la Universidad de Zaragoza Pedro Arrojo, calcula que un tercio de la población española recibe el servicio de abastecimiento a través de gestión privada, y un 13% de empresas mixtas (público-privadas). Así se lo explicó Nuria Hernández, miembro de la fundación, a los candeledanos en una charla informativa en diciembre. Hernández rebate los argumentos a favor de la privatización, pero advierte: “Hay ejemplos de mala gestión pública y privada”. Esta organización reclama “más transparencia, participación pública activa, con un regulador que compruebe la calidad del servicio, austeridad y responsabilidad”.

En el municipio abulense de Candeleda, “la gestión del agua da beneficios, no tiene sentido que la privaticen”, alega Pilar de Diego, portavoz de la plataforma contra la especulación urbanística en el pueblo. De Diego cita los datos facilitados por el propio Consistorio al Ministerio de Hacienda: el municipio obtuvo un beneficio por esa gestión de casi 36.000 euros en 2011, más de 44.000 en 2010 y 94.600 en 2009.

El alcalde, José María Monforte, asegura sin embargo que el servicio “es deficitario”: “No se están imputando al agua gastos como el asfalto necesario cuando se abre una calle por avería”, argumenta. El Ayuntamiento no tiene capacidad para gestionar el servicio ni para hacer la inversión necesaria, “unos ocho o nueve millones de euros”. Asegura que la empresa ejercerá una “gestión más eficiente” y hará “una inversión importante en infraestructuras”. El amplio periodo de concesión es para “que pueda recuperarla”, añade.

El pliego de condiciones que ha aprobado dice que la empresa que gane el concurso —de las cinco que se han presentado, tres de ellas con grandes constructoras detrás—, gestionará el agua durante 30 años y deberá invertir 500.000 euros en construir y mejorar infraestructuras hídricas (cantidad lejana a esos millones que hacen falta).

El 75% de la inversión deberá ejecutarse en los dos primeros años y el resto antes del quinto. “¿Qué pasará los otros 25 años?”, se pregunta el exalcalde del PSOE, Miguel Hernández, ahora en la oposición. “Es cierto que el modelo actual es mejorable, pero el Ayuntamiento podría asumir las inversiones”, afirma.

En los corrillos del pueblo, la preocupación es compartida: se perderá el control. Y por mucho tiempo. “El agua es y será siempre pública, las instalaciones serán públicas y el Ayuntamiento vigilará la actuación de la empresa”, contesta el alcalde, que opina que los ciudadanos “están manipulados”. Roque Gistau, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), que agrupa a empresas públicas, privadas y mixtas, dice en su web: “En España, el agua no está privatizada porque es un bien público”. Se queja de que “existe un exceso de operadores” y que hace falta “crear una entidad de gestión mayor”. Una suerte de ente regulador independiente y que funcione en todo el país, que fije reglas claras y comunes. Babiano también echa en falta este tipo de organismo: “En España ni siquiera hay estadísticas públicas sobre el servicio de agua urbano”. A falta de otros mecanismos, la relación entre empresas y Consistorios —la vigilancia, las obligaciones y las penalizaciones— la fija el pliego de condiciones de cada concesión.

Al pie de la sierra de Gredos, el incremento de la factura es uno de los principales temores de los candeledanos. El pliego dice que a partir del tercer año las tarifas pueden subir y, aunque requiera la aprobación del Consistorio, no creen que eso sea impedimento, a pesar de que alcalde asegura que no cree que vaya a subir más de 2% o un 4%,

Sin embargo, los vecinos tienen el caso reciente de Huelva, donde el Ayuntamiento ha aceptado la subida de las tasas (10,3% en 2013) propuesta por empresa mixta Emahsa, Empresa Municipal de Aguas de Huelva, de la que el 49% pertenece a Aquagest, compañía del grupo Agbar. En un comunicado, la empresa lo justifica por la caída del consumo debido a una mayor concienciación ciudadana y el desplome del sector de la construcción, con el descenso de nuevas viviendas y contrataciones de suministros. “La diferencia entre lo público y lo privado es el lucro”, alerta Babiano.

El alcalde de Candeleda defiende que la privatización es una oportunidad para generar empleo en una población en la que 600 personas están en paro. Es el principal argumento que empuja a algunos en el pueblo a apoyar el plan. Los detractores replican que la compañía que asuma la gestión no estará obligada a dar trabajo a los candeledanos.

El debate y la movilización social en Candeleda es el reflejo de lo que sucede en otros municipios. Cada vez más. Muchos de esos grupos —quizá el más conocido es la plataforma que luchó contra la privatización del Canal de Isabel II en Madrid, suspendida de momento— se ha agrupado en la Red de Agua Pública. Pilar Esquinas, abogada y una de sus coordinadoras, cree que “la movilización ciudadana rápida es fundamental” para frenar la “mercantilización del agua”. La plataforma por el agua como servicio público de La Laguna del Duero, en Valladolid, organiza charlas informativas. También se movilizan los vecinos de Puerto de Santa María, Córdoba, Barcelona y Madrid… La movilización debe trasladarse también, dice Esquinas, a los organismos internacionales y los tribunales. Cree que “un derecho humano” como el acceso al agua y el saneamiento puede estar en peligro: “En los Países Bajos, la gestión pública está protegida por su Constitución”.

En Candeleda han reunido más de 3.000 firmas —pero el alcalde responde que la mitad son de personas que no están empadronadas— y Obdulia Monteagudo, de 70 años, y Bernardo Álvarez, de 78, son dos de las personas que las han recogido. Pasean por la garganta y reconocen que el servicio es mejorable, pero rechazan que la gestión del agua que corre entre las piedras deje de ser pública.

La revolución de la risa

4 septiembre, 2015

Fuente: EL PAÍS SEMANAL

Salió a la superficie una realidad oculta: la mayoría no aceptaba la suspensión de las conciencias

14 AGO 2015 – 17:48

Lo mejor en los pueblos es su cosecha de humor y, ya puestos, de amor. Entrelazados, humor y amor, hacen posible una segunda vida, una historia de la risa frente a la historia amordazada por los que tienen el afán de dominar.

Cierto que hay muchas clases de humor, incluso el malhumor que se presenta como humor, como la risa estúpida del que se mofa del débil al que está pisando el cuello. Para mí, esa risa estremecedora, que cuenta hoy con mucha peña en lo que llaman “redes sociales”, debería figurar en el género del terror.

Por el contrario, lo más admirable es el humor que surge desde la adversidad, una chispa que toca la penumbra, y que hace volar el pensamiento, como ese niño de una viñeta de Castelao a quien la madre dice enfadada: “¿Por qué no quieres ir nunca más a la escuela?”. Y él responde: “Porque siempre me preguntan lo que no sé”.

En esta clave de humor sutil, que germina en lo frágil como una arquitectura de la inteligencia, hay un relato judío, de la tradición yidis, que trata del Gobierno y la relación con la gente común. En este caso, el poder es un poder fuerte, el poder del zar. Cuenta que el emperador ruso se levantó un día malhumorado y ordenó imponer un nuevo impuesto a los judíos. Envió a un consejero a algunos de los poblados o shtetls habitados por hebreos para observar la reacción. El informador volvió con datos muy preocupantes: la gente estaba muy indignada, lo consideraba un abuso. El zar decidió entonces duplicar el impuesto. El consejero volvió a los poblados y regresó con un informe sorprendente. La gente hacía chistes todo el tiempo y se reían del zar insaciable y de los abusos de los mandamases.

El zar, después de pensarlo, reaccionó preocupado: “Si están haciendo chistes, dejemos las cosas como están. No se les va a poder sacar ni un rublo más”.

Estos días, con los datos que vamos conociendo de la llamada Operación Púnica y la ristra interminable de grandes chorizadas, me volvió a la cabeza esta historia que había conocido por un texto de Leonardo Moledo titulado El rey Lear y el humor judío. Creo que en España hemos llegado a la preocupante fase histórica de contar chistes y reírse sin parar.

Con los casos de Gürtel, Malaya, Palma Arena, Nóos, ERE, Palau, preferentes, tarjetas black, Rato, etcétera, etcétera, nos habíamos situado en la etapa del escándalo y la indignación. El shock de la crisis se volvía estupor ante el descarado vuelo de las rapiñas, en un paisaje social de recortes y empobrecimiento. Asistimos al esperpento del auto de fe al juez Garzón, para regocijo de corruptos y carcamales. Te quedabas perplejo al ver que algunos cargos políticos imputados en expolios del patrimonio público eran jaleados a la puerta del juzgado. Pero era un espejismo: la mayoría de la gente estaba realmente harta. Al límite. Los discursos se llenaron de promesas de regeneración y transparencia. Pero solo hubo reacción verdadera cuando la gente hizo explotar las encuestas y los estudios de opinión.

Salió a la superficie una realidad oculta: la mayoría social no era indiferente, no aceptaba la suspensión de las conciencias. La mayoría podía valorar positivamente la Transición, pero no que se utilizase como tapadera del conformismo.

Lo que está ocurriendo con la Operación Púnica puede marcar una nueva etapa de la lucha contra la corrupción en España en dos sentidos. Por una parte, ya no es verosímil el discurso oficialista de los “casos aislados”, las “ovejas negras” o las “manzanas podridas”. Desde la propia justicia, el juez instructor y la Fiscalía Anticorrupción, se habla explícitamente de “trama organizada” y de “organización criminal” por delitos de blanqueo, contra la Hacienda pública, falsedad documental y tráfico de influencias.

Por otro lado, se está produciendo la recuperación por parte de la gente de un bien público fundamental que no figura en los cargos contra los corruptos y que es la apropiación del humor.

Sí, los corruptos también nos habían robado el humor.

Hay esa conversación de dos de los implicados en la Púnica, un político y un empresario, que debería figurar a partir de ahora en los manuales de historia contemporánea. Es una especie de sketch que tiene la condición de paradigma.

–¿Qué tal?

–Bien, bueno…, bien.

–Tocándote los huevos y ya está.

–Tocándome los cojones, que para eso me hice diputado.

(…)

–Esto es una putada. Acostumbrado a no trabajar, coño, es una putada.

–Como dice Bony… que repite este, a chupársela a este. ¿Que no repite porque ponen a otro?, pues, ¿a quién hay que chupársela? Pues a otro. Vamos a por él. Si es siempre lo mismo.

Ya ven. Se lo pasaban bomba. Tenemos que empezar a reírnos todos. No va a ser siempre lo mismo.

elpaissemanal@elpais.es

Gobernación

26 agosto, 2015

Fuente: EL PAÍS SEMANAL

Se suben los impuestos. En cambio se amnistía a los grandes defraudadores

El ‘caso Gürtel’, por el que al cabo de cinco años todavía no se ha condenado a nadie. El caso Bárcenas, individuo que trabajó para el PP durante un par de decenios y al que nadie de ese partido parece haber conocido nunca; sigue sin saberse de dónde sacó los cuarenta y tantos millones que guardaba en Suiza, de los cuales nada ha devuelto. Donaciones en negro, contabilidad B. Los dirigentes madrileños Ignacio y Botella, jamás votados por nadie. Sus predecesores, Aguirre y Gallardón, se comprometieron para cuatro años, pero de lo dicho no me acuerdo. Millones gastados en las tres candidaturas olímpicas de Madrid; tres veces, tres ridículos, tres fracasos. Concesiones y coba sin fin al turbio magnate Adelson para que instalara sus casinos en la región; aún quiso más facilidades y más adulación y se marchó: otro fracaso (para los políticos, no para la población). Las autopistas de peaje de la zona no las utiliza nadie, sus pérdidas las sufragaremos ahora los contribuyentes, un fracaso más. La faraónica Ciudad de la Justicia, abandonada a medio hacer, más millones para nada. El aeropuerto de Castellón, y el de Ciudad Real, sin un solo avión; el primero ofrece, en cambio, una monumental cabeza de su creador, Carlos Fabra. Este ex-Presidente de Dipu­tación (largo tiempo) tiene juicios pendientes y en alguno ya ha sido condenado; levemente, faltaría más. Más millones a la basura de la TV Valenciana, suprimida ahora; más de TeleMadrid, tan mala y sumisa que ya no le quedan espectadores. TVE cada día más parcial e incompetente, sus telediarios un permanente y tendencioso desastre. Palacios de las Artes que se caen a pedazos o que carecen de función: apenas si se utilizan y costaron un dineral. Millares de urbanizaciones vacías, interrumpidas a medio construir; sólo entran los cacos para llevarse grifos, picaportes, lo que quede por allí. Campos de golf inútiles por los que se talaron bosques o se recalificaron terrenos, hasta en parajes de permanente frío invernal. El Algarrobico sigue en pie. Prórroga de setenta y cinco años a las edificaciones playeras declaradas ilegales por los tribunales, ninguna se demolerá. Todo el suelo es edificable, sin excepción, desde 1996. Podrán erigirse casas y hoteles a sólo veinte metros de la orilla del mar. Al responsable de esta medida se lo premia poniéndolo de cabeza de lista para las próximas elecciones europeas. Se planea una Ley de Seguridad Ciudadana que hasta los jueces ven inconstitucional. Se suben las tasas judiciales, de tal manera que sólo los adinerados podrán presentar recursos. Se suben las tasas universitarias, los más pobres tendrán difícil acceder a una educación superior. Se recortan las becas. Más del 50% de los jóvenes no ha tenido empleo ni lo va a tener (ya no serán jóvenes para cuando la situación mejore). Decenas de miles de ellos se ven obligados a emigrar. También se van los científicos e investigadores, tras habérseles recortado brutalmente los presupuestos. El CSIC está al borde de la ruina, a punto de echar el cierre. El teatro y el cine se mueren, en vista de lo cual se les aumenta el IVA hasta el 21%. Se suben los impuestos, después de prometer que se los iba a bajar. En cambio se amnistía a los grandes defraudadores. A los bancos se los salva con una riada de millones procedentes de los bolsillos de los españoles, a los que esos bancos, sin embargo, no conceden un crédito así los aspen; se les entrega el dinero de todos sin ponerles ni una condición. La gente estafada por las preferentes de esos mismos bancos jamás va a recuperar sus ahorros. Esos bancos se dedican a desahuciar, por incumplimiento, a centenares de miles de familias. Más o menos las mismas que tienen en el paro a todos sus miembros. España es el segundo país europeo con mayor porcentaje de desempleados, un 26%. También es el segundo en pobreza infantil. Las cinco regiones europeas con mayor tasa de paro son españolas; todas (luego vienen dos macedonias). Se han averiado cinco veces los aviones que transportan a la familia real. Siguen cerrando comercios. Siguen arruinándose librerías, apenas si se combate la piratería. La sanidad pública se deteriora; listas de espera más largas, menos camas, menos médicos, los medicamentos se han de “copagar”, es decir, pagar dos veces o tres. Ana Botella se baja el sueldo, mil y pico euros al año, se le queda en unos 100.000 pelados, deberíamos aprender. Aguirre estaciona en el carril bus, se asusta porque van a multarla los guardias, escapa en su coche derribando la moto de uno de ellos; tampoco a ella le alcanzaba su sueldo. Aumentan los accidentes de tráfico, ya no se reparan las carreteras ni nadie gasta en el taller. Se proyecta una Ley del Aborto que lo impedirá hasta en los casos de malformaciones graves del feto. Sin embargo, se recortan las ayudas a los “dependientes” y se renuncia a la justicia universal, así que se deja sueltos a narcotraficantes apresados en el mar: total, no se dirigían a España. Las pensiones de los jubilados pierden poder adquisitivo. Se pretende reinstaurar la cadena perpetua, y eso que, con menos delitos que en la mayoría de países europeos, nuestras cárceles están mucho más llenas. La Iglesia continúa sin pagar el IBI, y todavía se le permite registrar a su nombre la propiedad de lo que nunca fue de nadie; consecuentemente, no cesa de apropiarse de inmuebles, algo vedado a cualquier otra institución o particular. Descubrimos que en España hay diez mil políticos aforados –diez mil–, mientras que en Alemania no hay ni uno. Aunque los jueces hayan dictado condena, aquí el Gobierno otorga centenares de indultos al año, sin argumentar por qué. El Presidente del Gobierno y su prensa pregonan nuestra plena recuperación, económica y moral.

elpaissemanal@elpais.es

Dos alcaldes del PP tejieron una trama de venta de ropa destinada a pobres

20 agosto, 2015

Fuente: http://www.elpais.com

Los políticos de Moraleja de Enmedio y Serranillos del Valle presionaron a otros regidores para instalar contenedores

Olga Fernández y Grancisco Granados, en 2011. / AYUNTAMIENTO DE SERRANILLOS

Carlos Alberto Estrada, entonces regidor de Moraleja de Enmedio (PP) y presidente de la Mancomunidad del Suroeste imputado ahora en la trama Púnica, y Olga Fernández, exalcaldesa de Serranillos del Valle (2003-2011) y portavoz del PP en ese Ayuntamiento, tejieron una red para beneficiar a una empresa de recogida de ropa destinada a personas necesitadas. Ambos presionaron a alcaldes de la Mancomunidad para lograr contratos ventajosos. La mayor parte de la ropa era vendida a terceras personas. La actuación de ambos exalcaldes está recogida en el sumario de la trama Púnica.

350 euros por tonelada de ropa

Son muchas las empresas que instalan contenedores de ropa usada en las calles —a ojos de los ciudadanos con carácter benéfico— con el fin de vender las prendas a tiendas de segunda mano y la de peor estado para usos industrial tras clasificarse en su planta logística. En el caso de Oasis esta planta está en Moraleja de Enmedio y cuando cerró el acuerdo con la ciudad de Ávila explicó que el 90% iría a parar a tiendas.

Con la crisis los municipios se han llenado de contenedores no siempre con permiso municipal. “A veces llaman al engaño con símbolos de solidaridad cuando sus objetivos son perfectamente lucrativos”, explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en un informe de 2013. Además, afirman, están perjudicando a ONG y empresas de reciclaje, “al tiempo que supone un fraude a las expectativas de los ciudadanos”.

. La tonelada de ropa se compra a 350 euros. La OCU analizó 16 contenedores en Madrid y de ellos 14 eran piratas.

Todo empezó el 14 de diciembre de 2011, meses después de que Olga Fernández perdiese las elecciones tras descubrirse la compra de bolsos, vajillas y objetos de decoración con la tarjeta del Ayuntamiento. Ese día sucedieron dos cosas: fue fundada la empresa Oasis Recuperaciones, dedicada al negocio de la ropa usada, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Suroeste, Carlos Alberto Estrada, firmó un acuerdo con ella. Esta coincidencia ha sorprendido al juez Eloy Velasco, que lleva la trama Púnica.

El acuerdo entre Oasis, fundada por un amigo de Estrada y un ciudadano marroquí, y la Mancomunidad buscaba la instalación de contenedores de ropa usada en los 10 municipios que engloba el organismo. El negocio consistía en pagar un canon anual a los Ayuntamientos (entre 1.500 y 7.000 euros) y entregar a una ONG una pequeña parte de la ropa dejada por los vecinos en los contenedores. En Valdemoro, por ejemplo, donde Oasis tenía 25 contenedores, pagaba 6.000 euros y entregaba una tonelada de ropa. La concesión le fue otorgada a pesar de que otra empresa ofreció pagar un canon de 45.000 euros.

UPyD de Valdemoro abrió en 2012 el debate: “El acopio de estas prendas ha sido de 136.897 kilos, y la empresa mercantil (con ánimo de lucro) tiene un compromiso (ni siquiera una obligación) de realizar una aportación de solo 1.000 kilos anuales a una ONG”. El partido aconsejaba “donar a entidades con fines solidarios”.

Estrada argumentó ante el juez que cuando se firmó el acuerdo con Oasis, el mismo día de la constitución de la empresa, esta ya había solicitado depositar contenedores en su pueblo. “¿Y le parece suficiente experiencia para proponerla a la Mancomunidad?”, le responde enfadado el magistrado. El alcalde se escuda en que hasta la fecha habían tenido “empresas furtivas que no pagaban al Ayuntamiento”, lo que convertía en “ventajoso” llegar a un acuerdo con Oasis.

Estrada se sorprende de casi todo delante del juez. Ni sabía que Oasis no contaba con permiso de gestor productos no peligrosos, ni que contrató a sus empleados meses después de tener actividad. Aunque el exregidor reconoce que de su Ayuntamiento salió un informe que certificaba ante la Mancomunidad la experiencia fantasma de Oasis.

El exalcalde, imputado en otra causa por falsedad documental,asegura que los 10 municipios no tenían que atenerse al convenio con Oasis: “La Mancomunidad no obligaba a nada. Griñón y Serranillos [con Fernández ya en la oposición] mantuvieron sus contratos”. Y continúa: “Sé que Oasis está prestando sus servicios en Casarrubuelos [implicado en Púnica], Navalcarnero, Sevilla la Nueva…”.

Concursos amañados

“¿Por qué no lo sacó a concurso [en Moraleja]?”, prosiguió el juez. “Porque tengo la fórmula de la concesión administrativa con el concurso o la de solicitud de ocupación de la vía con el pago de un canon”, respondió Estrada. En otros lugares la instalación de contenedores sí salió a concurso. El arquitecto técnico de Valdemoro declaró en el juzgado que se hinchaban las puntuaciones de Oasis.

El 21 de octubre de 2014 Olga Fernández, que recuerda a EL PAÍS que es empleada desde 2013 y no socia, pidió auxilio a Francisco Granados, cabecilla de Púnica y exsecretario general del PP en Madrid (2004-2011), según consta en las escuchas policiales:

Granados: ¿Qué te pasa en mi pueblo?

Fernández: ¿Te cuento por teléfono? ¡Estoy acojonada!

G.: Sí, sí, dime, dime.

F.: Pues escucha, ehhh. ¿Tú te acuerdas que yo empecé a trabajar en una empresa? Bueno…

G: Sí.

F.: Vale, pues esa empresa ha participado en un concurso que ha organizado Valdemoro.

G.: Um, Um.

F.: Ya participamos en otro. Fenomenal, me ayudaron un montón, tal, hemos estado ahí, bueno con un contrato de un año. Pero llegó un secretario y le parece que no se puede prorrogar y sacan un concurso […].

Granados se compromete, según las escuchas, con Fernández a llamar al alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP), también implicado en Púnica. “Ni se lo pregunté ni sé de qué va. Fue la típica contestación amable para quitarme de en medio”, relató luego Granados al juez. “No le llamó, pero comió a continuación con él”, apostilló la fiscal.

Al día siguiente de esta conversación, Estrada, que había hablado con David Marjaliza —el otro jefe de Púnica— para presionar al alcalde de Valdemoro, llamó de nuevo a este para quedar y “transmitirle un mensaje”. La cita no se celebró porque ambos fueron detenidos.

Qué tonto fui

12 mayo, 2015

Fuente: EL PAÍS SEMANAL

JAVIER MARÍAS 17 FEB 2013 – 00:06 CET
tonto
SONIA PULIDO

Escribo esto el día en que Mariano Rajoy se ha pronunciado por primera vez sobre las “cuentas de Bárcenas” a las que ha tenido acceso este periódico. Les ha negado todo crédito y veracidad, pese a que los grafólogos han dictaminado que la letra de esos estadillos se corresponde sin duda con la del exgerente y extesorero del PP durante dos decenios. Bien, sería posible entonces que Bárcenas, a lo largo de los tres años –creo– transcurridos desde que se vio involucrado en el caso Gürtel y empezó a ser molestado por la justicia, se hubiera dedicado a confeccionar esas partidas de ingresos y gastos, pacientemente, en su casa, con el fin de protegerse o de arrastrar en su caída –un acto de despecho– al partido que primero lo defendió, lo mantuvo en su puesto pese a los indicios, le sufragó los gastos de abogados, y bastante más tarde lo defenestró y lo abandonó a su suerte. Cualquiera podría anotar que nos ha entregado a ustedes o a mí tales o cuales sumas en dinero negro, y esas anotaciones no constituirían ninguna prueba de que eso hubiera ocurrido en efecto. Algo tan detallado como las cuentas que hemos visto requiere dosis de imaginación considerables, es cierto, pero tiempo no le habría faltado a Bárcenas para desarrollar la suya. Contabilidad creativa, más que nunca. Todo puede darse. Nadie del PP, sin embargo, ha apuntado esta explicación hasta ahora: “Reconocemos que la letra es de nuestro ex-tesorero, pero lo consignado por él es una invención, una falsificación, una fábula, algo ficticio”. Tal vez la ha impedido la admisión, por parte de unos pocos miembros del partido, de que algunas cantidades reseñadas se ajustaban a préstamos o donaciones recibidos por ellos, con muy nobles y comprensibles fines.

Me pregunto cuántos de esos once millones de votantes están arrepentidos de haber pres­­tado su voto al PP”
Al cabo de catorce meses desde las últimas elecciones generales, en las que el PP obtuvo casi once millones de votos, más del 44% de los sufragios y en consecuencia una mayoría absolutísima que le ha permitido hacer cuanto se le ha antojado sin que lo alterara ninguna voz discrepante (una situación de “despotismo legalizado”), uno se pregunta cómo se sentirán esos ciudadanos que le dieron carta libre. No me es fácil ponerme en su lugar, ya que jamás he votado a ese partido ni –dicho sea de paso– voté nunca al PSOE hasta 2004, cuando hasta Belcebú me parecía preferible a los Gobiernos de Aznar tras su Guerra de Irak y sus mentiras sobre el 11-M. Pero me da que estas sospechas de corrupción generalizada serán lo de menos para la mayoría. Habrá quienes digan: “Vaya novedad, ¿y qué esperaban? La sociedad entera no le hace ascos a un dinero extra, con excepciones. En todos los partidos habrá prácticas parecidas, como en tantas empresas, fábricas, comercios. Y aquí le parece ético a todo el mundo robar música, películas, libros, desde sus ordenadores”. Habrá otros, más cínicos o fanáticos, que encontrarán “necesarios” los sobresueldos porque los habrían cobrado los suyos, mientras que los juzgarían vil codicia si los hubieran percibido otros. Y también los habrá escandalizados y asqueados, como lo estuvieron numerosos votantes socialistas ante la corrupción del PSOE en los años noventa. Sea como sea, quién sabe cuántos de aquellos once millones deben de estar pensando: “Qué tonto fui”, cada mañana. Pero no por Bárcenas y sus aparentes revelaciones.

Son las personas que en catorce meses han visto cómo el Gobierno del PP ha incumplido todas y cada una de sus promesas electorales: cómo ha hecho una reforma laboral que deja los puestos de trabajo en precario, se pueden perder cualquier día sin apenas coste para el empresario; cómo eso ha añadido, sólo en 2012, más de medio millón de parados nuevos; cómo han bajado los salarios y la capacidad adquisitiva de la población en pleno; cómo se han subido a lo bestia el IVA y el IRPF que se había jurado dejar intactos; cómo las pensiones se han visto mermadas, los “dependientes” abandonados, la sanidad privatizada y encarecida, las medicinas bipagadas; la cultura despreciada y hostigada, la educación empeorada y con las tasas por las nubes; cómo, en cambio, a la Iglesia no se le ha rebañado un euro mientras sus jerarcas callan ante la penuria de tantas familias; cómo, tras el abusivo incremento del IVA, cada vez hay más gente desesperada que no lo aplica, y así se extienden la economía sumergida y el dinero negro; cómo el Gobierno se ha ganado la enemistad de médicos, sanitarios, jueces, profesores, comerciantes, gente de orden en principio. De esos once millones, muchos votaron sin duda al PP con la encomienda de que nos aliviara la crisis, y se la encuentran ahora agravada y afectándolos a ellos directamente, en sus carnes; descubren que están aún peor que con Zapatero. Ven que se desmantela a toda prisa el llamado Estado de bienestar, con el pretexto de la coyuntura económica. Que los ciudadanos quedan desprotegidos y que sus impuestos se emplean en rescatar a la banca que aun así se niega a conceder créditos a particulares, empresas y tiendas, asfixiándolos. Ven que el consumo baja y baja, y que al Gobierno, extrañamente, le trae sin cuidado. Ven que sus altos cargos y asesores no se aplican las rebajas, mientras los jóvenes emigran. Me pregunto cuántos de esos once millones están totalmente arrepentidos de haber pres­­tado su voto a quienes se lo prestaron, tras creer en sus promesas falsas. Cuántos no se levantan ya cada mañana diciéndose amargamente: “Qué tonto fui, pero qué tonto”.

elpaissemanal@elpais.es

Héroes

26 diciembre, 2014

Fuente: diario EL PAÍS

Carlos Cano entró hace dos días en prisión para cumplir tres años por participar de un piquete informativo durante cuya actuación no hubo heridos, no hubo destrozos.

JUAN JOSÉ MILLÁS 18 JUL 2014 – 00:00

Hace poco, un hijo de Gallardón se libró del test de alcoholemia refugiándose, tras una aparatosa huida, en la casa de su padre. Peor fue el caso de Esperanza Aguirre, que se dio a la fuga derribando una moto de la policía cuando los agentes intentaban multarla. No paró hasta llegar a su domicilio, pese a los requerimientos de un coche patrulla desde el que, en paralelo al suyo, le daban órdenes de detenerse. Ya en casa, y frente a los requerimientos de los municipales, envió a sus escoltas-funcionarios públicos —a sueldo del contribuyente—, que salvaron también a la expresidenta de la Comunidad de Madrid de someterse, como es preceptivo, al test de alcoholemia. Usted y yo habríamos soplado, nos habrían analizado la saliva, habríamos dormido en el calabozo, y estaríamos ahora pendientes de un juicio por desobediencia a la autoridad, intento de agresión a la policía y desórdenes públicos, entre otros. Total, cuatro o cinco años de cárcel. Privilegios de clase, como el de la delincuencia organizada que, si se empeña, consigue una amnistía fiscal por la que regulariza lo defraudado a menor costo que si lo hubiera declarado en tiempo y forma.

He aquí, sin embargo, que Carlos Cano, un licenciado en Medicina de 25 años, entró hace dos días en prisión para cumplir tres años por participar en un piquete informativo durante cuya actuación no hubo heridos, no hubo destrozos, no hubo vandalismo ni evasión de capitales ni cohecho ni malversación de caudales públicos. No hubo nada, en fin, aunque esa nada le va a destrozar la vida. Es un caso, pero los hay a docenas. Estos jóvenes, perseguidos con saña en un país donde el presidente del Gobierno envía mensajes de apoyo a un delincuente, son los héroes de un tiempo por venir.

Barberá obliga a pagar por exhumar una víctima del franquismo

28 noviembre, 2014

Fuente: diario EL PAÍS

La alcaldesa de Valencia carga los costes a los familiares que perdieron una subvención por los retrasos del Ayuntamiento.

ADOLF BELTRAN Valencia 2 JUL 2014 – 14:30 CET210

De “anacronismo en el ámbito de los derechos humanos” ha calificado Matías Alonso, portavoz del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, el hecho de que el Ayuntamiento de Valencia, que preside Rita Barberá, del PP, permita, por fin, después de cinco años de retrasos, que sean exhumados de una fosa común del cementerio civil de la ciudad los restos de Téofilo Alcorisa, víctima de la represión franquista, pero ordene a la vez que los familiares se hagan cargo de los costes. Ocurre que la familia tuvo que devolver una subvención de 50.000 euros lograda para ello en 2009 en aplicación de la Ley de Memoria Histórica precisamente debido a la dilación del caso.

Alcorisa, padre de un guerrillero del maquis, fue detenido por la Guardia Civil en 1947 en Santa Cruz de Moya y su familia no supo hasta 60 años después que había sido trasladado a Valencia, donde murió durante su detención, supuestamente al ahorcarse con los cordones de sus zapatos. Localizado su cuerpo en un fosa del cementerio, su exhumación se ha convertido en un largo pulso con el Ayuntamiento que preside Rita Barberá, de la que solo logró la oposición arrancar un acuerdo para permitirla después de que el bufete del exjuez Baltasar Garzón se hiciera cargo hace solo unos meses del caso ante los tribunales.

Pese a que como ha señalado Alonso este miérocles, en una conferencia de prensa junto al secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, José Luis Ábalos, debería tratarse de “un empeño meramente humanitario”, las condiciones que la junta de gobierno que preside Barberá impone para la exhumación pueden llevar los costes a unos 45.000 euros, de los que la familia no dispone, como ha explicado la hija del fallecido Pilar Alcorisa, que ha asistido al acto junto a su marido, Luis Romero.

La familia logró una ayuda de 50.000 euros en la época del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que tuvo que devolver por las dilaciones en la resolución del caso. Ahora no podría volverla a solicitar porque el Gobierno de Mariano Rajoy ha acabado hasta con la oficina que las concedía. Podría plantearse una iniciativa de mecenazgo ciudadano para recoger el dinero, pero tanto Alonso como Ábalos lo han descartado. “Estamos hablando de un tema muy especial”, ha indicado Alonso, que ha recordado que el grupo de desapariciones forzosas de la ONU está siguiendo lo que ocurre con esta complicada exhumación. “No es solo un tema administrativo”, ha añadido Ábalos, que ha presentado iniciativas sobre el caso en el Congreso, donde es diputado. “sino de un asunto político, de un claro ejercicio de obstrucción por parte de Rita Barberá”.

El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica ha preparado alegaciones ante el Ayuntamiento de Valencia y se dispone a volver a movilizar a entidades e instituciones, mientras la familia planteará en el juzgado, a través de Garzón, la situación creada. “Con la misma documentación, otros alcaldes del PP han resuelto casos parecidos rápidamente”, ha comentado Alonso, que ha citado a los alcaldes de Paterna, Segorbe o Borriol. El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica ha resuelto 18 exhumaciones similares en la Comunidad Valenciana. “El único caso que sigue abierto es este”, ha señalado su portavoz.

La concejal delegada de Cementerios del Ayuntamiento de Valencia, Lourdes Bernal, ha salido al paso de la denuncia sobre los problemas para exhumar el cuerpo de Teófilo Alcorisa,muerto en un cuartel de la Guardia Civil en Valencia ocho años después del final de la Guerra Civil, tras ser detenido sin más epxlicaciones en 1947 en su aldea de Santa Cruz de Moya. Según Bernal, el Ayuntamiento tramita el caso “siguiendo los cauces reglamentarios”.

En un comunicado en respuesta a las afirmaciones del coordinador del Grupo por la Recuperación de la Memoria Histórica, Matías Alonso, Bernal ha insistido en que en el pleno municipal del mes de febrero se aprobó la exhumación de los restos de Teófilo Alcorisa, por lo que no se está “torturando” a la familia como pretende hacer ver “este señor”.

“Por parte de la Delegación de Cementerios se le ha facilitado toda la información habida y por haber, con total transparencia, y se les ha tratado con el mimo y la exquisitez que caracterizan al personal del servicio. Por tanto, pedimos que deje de verter una opinión política en el asunto y sea realista porque le importa más obtener rédito electoral que apoyar a la familia en esta circunstancia tan delicada”, ha asegurado la concejal.

Según Bernal, se han llevado a cabo “todas las comunicaciones y publicaciones pertinentes” y “se está a la espera” de que se presente el proyecto modificado por parte de los representantes de la familia Alcorisa, ya que “a fecha de hoy todavía no han presentado la modificación”.

Lourdes Bernal ha añadido por último que exige a Matías Alonso que “respete” a los familiares de las personas que se encuentran en la misma línea de exhumación y que “siga los cauces marcados por la ley, respetando también el trabajo de los funcionarios y, cómo no, a sus representados”.

Esclavizados y transparentes

26 noviembre, 2014

Fuente: EL PAÍS SEMANAL

Pese a las enormes e innegables ventajas de las nuevas tecnologías, se trata de instrumentos de dominio y control. Desde hace poco empiezo a recibir comentarios envidiosos por no haberme entregado a ellas.

JAVIER MARÍAS 7 JUL 2013 – 00:00 CET

Si desde hace una década o más mis amistades me insistían con fervor exagerado en que utilizara ordenador e email y móvil y cuantas maravillas electrónicas vinieron luego; si, al ver que no había forma de convencerme, me miraban con una mezcla de horror y conmiseración, como si al excluirme de su mundo feliz me hubiera convertido en un primate; si dudaban entre reírme la gracia o considerarme paranoico cuando yo aseguraba que todos esos inventos, pese a sus enormes e innegables ventajas, me parecían sobre todo instrumentos de dominio y control; si así eran las cosas, desde hace poco empiezo a recibir comentarios envidiosos del tipo: “Qué astuto fuiste al no entregarte en cuerpo y alma a las nuevas tecnologías. No sabes de la que te has salvado. Por culpa de ellas vivimos en un permanente infierno, sin descanso”. Muchas personas –al menos las que aún trabajan– se levantan de la cama y se encuentran con 20 o 40 mails nuevos en su correo. Eso después de haberse quedado la noche anterior hasta tarde contestando los más posibles de la jornada previa. Jamás tienen ya la sensación de haberse despejado el terreno, de haber cumplido con sus tareas y poderse dedicar un rato a leer, dar un paseo, ver una película o –lo que es más increíble– trabajar en lo que de hecho trabajan, para lo cual no les queda apenas tiempo. A mí mismo –sin email ni móvil ni nada– me ocurre a veces: se supone que escribo novelas, y que a algunos individuos les conviene que lo siga haciendo: a mis agentes, a mis editores varios, a los libreros, a los distribuidores. Pues bien, a menudo he de luchar contra los propios interesados y contra mucha más gente para encontrar “huecos” en los que dedicarme a lo que me dedico. Me lleva tanto tiempo despejarme el campo de asuntos aledaños a mi oficio que hay días en que, cuando por fin me siento ante la máquina para meterme en mi absurdo mundo ficticio, estoy agotado y se me han hecho las seis de la tarde. Estoy seguro de que si además tuviera correo electrónico, nunca volvería a escribir una novela. Nada grave para el conjunto de la población, por otra parte.

Pero cada vez hay más “arrepentidos”. Un periodista inglés me dijo hace poco que se había instalado un dispositivo que le impedía acceder a su email cinco horas diarias. Él mismo calificó de “patético” haber debido recurrir a la autoprohibición, como esos ludópatas que, en un momento de sobriedad, piden a los casinos que les denieguen la entrada. Hay gente que tiene los programas Freedom y SelfControl –explícitos nombres– para limitarse la navegación por Internet. El novelista Franzen extrajo la tarjeta inalámbrica de su ordenador y cortó el cable Ethernet para convertir aquél en una mera máquina de escribir sin acceso a la Red. Un exdirector de medios en Twitter, experto tecnológico, ha resuelto usar un viejo móvil Nokia sólo para hacer llamadas, se deshizo de su iPhone, toma notas con bolígrafo y cuaderno y lee libros en papel nada más. Otros sujetos “a la vanguardia de la tecnología están poniendo todo su empeño en hacerla retroceder unos pasos”, informa Nick Bilton, al menos en lo que respecta a sus vidas: desconectan el móvil al salir de casa, el wifi por las noches y los fines de semana, asimismo leen en papel en vez de píxeles en una pantalla.

Añadan a todo esto las recientes “revelaciones” hechas por el digno y sensato Edward Snowden, al cual persigue ahora la Administración de Obama por denunciar los abusos de dicha Administración y de la del Reino Unido en el espionaje masivo de las comunicaciones de los ciudadanos del mundo entero. He escrito esa palabra entre comillas porque hacía falta ser muy ingenuo para creer que cuanto se lanza a Internet no estaría sujeto, antes o después, al escrutinio de nuestros Gobiernos cada vez más totalitarios. Al contrario, se lo hemos puesto en bandeja. Si siguiéramos utilizando papel, sobre y sellos, como hasta hace nada, no digo que no pudieran inspeccionar nuestras misivas, pero les costaría muchísimo más tiempo y esfuerzo. Hoy mismo leo que, según Snowden, el Reino Unido pinchó más de 200 cables de fibra óptica, y que cada uno de ellos traslada en un día la información equivalente a 192 veces el contenido de todos los libros de la Biblioteca Británica. “Estamos empezando a dominar Internet”, decía con ufanía el autor de un documento ahora filtrado. Lo que más me inquieta es “empezando”, porque significa que lograrán ir mucho más lejos. Los investigados son, en su inmensa mayoría, “ciudadanos sobre los que no pesa sospecha alguna”. Y no se debe olvidar que, si el Estado puede conocer y almacenar nuestras comunicaciones, eso estará también al alcance de cualquier otra organización preparada.

Ustedes verán. Pero si nuestros Gobiernos nos tratan como a delincuentes, si han decidido saberlo todo sobre nosotros, lo público y lo privado y lo íntimo, si ya no podemos tener secretos de ninguna índole, habremos de actuar como delincuentes. Ya saben que la Mafia siciliana se comunica sólo mediante los piccini, papelitos escritos a mano que un recadero lleva del remitente al destinatario: la única manera de que nadie intercepte el mensaje, en principio al menos. Nos obligarán a seguir su ejemplo. Si nos ven como a criminales, nos tocará esquivar a nuestros gobernantes e intentar defendernos. Para cualquier cosa que no queramos que nadie sepa, habrá que volver al siglo XIX. Un gran engorro, desde luego. Pero, puestas así las cosas, yo no me asomaría a Internet, jamás, para nada que alguien pudiera volver en mi contra.