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Con la mofa hemos topado

2 marzo, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

El artículo 16 de la Constitución Española versa sobre la protección de la creencia y práctica religiosa. Por una parte, consagra el derecho a la libertad religiosa y de culto, y por otra el derecho de todo individuo a no ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, desarrollándose estos derechos a través del artículo 2 de la Ley Orgánica 7/1980 en el que se reconoce el derecho de toda persona a no ser objeto de coacción en alguno de estos derechos y supuestos siguientes y que pueden categorizarse como de libertad de creencia, de práctica y reunión religiosa:

Libertad de creencia:

-Profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna.

-Cambiar de confesión o abandonarla.

-Manifestar libremente sus propias creencias religiosas, o su ausencia.

-Abstenerse de declarar sobre ellas, si se es compelido a ello.

Libertad de práctica:

-Practicar los actos de culto religioso.

-Recibir la asistencia religiosa consecuente con su propia confesión.

-Conmemorar las festividades religiosas.

-Celebrar sus ritos.

-Recibir sepultura digna sin discriminación por motivos religiosos.

-No verse obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa. contraria a sus convicciones personales.

Libertad de reunión religiosa

-Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos.

-Asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas de conformidad con el ordenamiento jurídico general.

 En el ámbito estrictamente penal los artículos 522 a 526 del Código Penal se encuentran tipificados el conjunto de  delitos denominados “contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos”, que tienen por objeto sancionar unos muy concretos ataques contra estos derechos consagrados en el artículo 16 de la Constitución y  artículo 2 de la LO 7/1980 que lo desarrolla, y en concreto:

-Ejecutar actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados.

-Impedir a un miembro de una confesión religiosa practicar los actos propios de las creencias que profese o asistir a los mismos.

-Impedir, interrumpir o perturbar los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas.

-Violar los sepulcros, profanar un cadáver o alterar o dañar las urnas funerarias, lápidas o nichos.

-Hacer públicamente escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una confesión religiosa o vejar públicamente a quien los profesan.

Este último supuesto, el tipificado en el artículo 525 del Código Penal por el que ha sido condenado el joven de Jaén como autor de un delito contra los sentimientos religiosos por subir a Instagram un fotomontaje del Cristo de la Amargura en el que substituía su propio rostro en lugar de la representación Jesús de Nazaret que la cofradía que pasea esta imagen en Semana Santa bajo el nombre de El Despojado, siendo condenado al pago de una multa de 480 euros, ha sido dictada en el mismo acto de vista, celebrado el 7 de febrero de 2017 dado que el propio acusado, que estaba al menos formalmente asesorado por un abogado colegiado, ha aceptado las pretensión de las acusaciones (la misma cofradía de la Hermandad de la Amargura de El Despojado y el Ministerio Fiscal), reconocido su culpabilidad y aceptado la condena en lo que técnicamente se denomina “condena en conformidad”.

La misteriosa conformidad del acusado

No me puedo permitir ni me gusta valorar el trabajo de los compañeros de profesión, mucho menos cuando únicamente tengo conocimiento de los casos por lo que leo en los medios, así que no lo voy a hacer y me limitaré a decir lo que yo hubiese hecho en el supuesto de haber llevado la defensa de ese muchacho: no pactar la conformidad de mi cliente, no aceptar la condena y no permitir que le quede unos antecedentes penales en su haber, el estigma social de quienes tienen una concepción muy limitada del ejercicio de la libertad de expresión, y una mezcla de rechazo y compresión para quienes entendemos que bajo ningún concepto debería haberse sometido a la condena.

En este último apartado debo decir que estoy en el 0,01% en el rechazo de su acción de aceptar la condena, no de su persona, pues albergo un 99,99% de comprensión por el desconcierto que habrá sufrido, pues verse imputado en un proceso penal no es de gusto de nadie y es un terreno en el que los sometidos a la Justicia penal deben dejarse llevar de un modo u otro por los consejos del letrado o letrada que le defiende.

También creo que no es justo afilar el cuchillo para criticar al Juez que le ha condenado, pues éste se ha visto obligado por ley a hacerlo y no ha tenido ocasión de entrar a conocer y substanciar el asunto concreto dado que las acusaciones y defensas entraron en su Sala con el pan ya cocinado: unos acusaban y el otro, el juzgado, aceptaba la autoría, culpabilidad y condena. El Tribunal Supremo ya indicó en su Sentencia de la Sala 2ª de 9 Julio de 1978 que “la conformidad crea por mandato legal un estado de hecho y de derecho vinculante para las partes intervinientes y para el propio tribunal”. Ahí poca cosa puede hacer el Juez más que controlar que el acuerdo respete formalmente la ley, y que por poner un ejemplo, no se condene a nadie con mayor castigo o medida que la prevista en la ley.

En estos casos en que concurre una conformidad la persona titular de un Juzgado Penal está atada respecto el fondo del asunto, y ahí hubiese sido maravilloso que de un modo u otro hubiese lanzado un guiño al letrado de la defensa para que no aceptase la condena y entrase a juicio “a pelearlo”, que mi experiencia cosas veredes amigo sancho que farán fablar las piedras… En cambio, sí debo indicar que el juez o jueza que llevó la instrucción del caso sí pudo, con independencia que lo hubiese solicitado o no la defensa del investigado, haber dictado un Auto de Sobreseimiento Libre por no existir la comisión del delito. No me cansaré de decir que todo el proceso penal, en sus distintas fases, tienen una importancia única, y es en esa fase inicial donde este tipo de acusaciones no prosperan, pues la casuística que llega a los Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales es escasísima.

En este ejercicio de tratar de explicar desde la lejanía de quien no ha llevado el caso de primera mano y reconociendo el riesgo de presuponer el papel del resto de intervinientes en el proceso, si debo indicar que me resulta tan descorazonador como esperado que Fiscalía pretendiese la condena del joven. Las motivaciones de Fiscalía para cada caso concreto son muy difíciles de adivinar, y en este caso desconozco cuales han sido y quienes han sido las fuentes de las motivaciones que han conducido a pedir formalmente la condena del muchacho. En cualquier caso no me resulta especialmente chocante que determinadas personas que representan el Ministerio Fiscal tengan una tendencia a una interpretación conservadora de la norma y la lengua castellana, pues en estos casos hay más de vocabulario que de jurídico, como veréis más adelante.

Ningún desengaño me llevo en la actuación de la acusación particular llevada a cabo por la cofradía de la Hermandad de la Amargura de El Despojado, quienes tienen el derecho a pretender penalmente lo que quieran, arriesgándose a que no sean aceptadas sus pretensiones e incluso llegar a ser  condenados con costas cuando su pretensión sea temeraria, pero en esta ocasión me temo que les ha sonado la flauta de encontrarse con un instructor que no ha archivado un caso que no debió prosperar más allá de la fase de instrucción, un Ministerio Fiscal que también sostiene acusación contra el criterio técnico generalizado, y una defensa que permite el allanamiento del cliente ante las acusaciones. Las personas que acusan de modo particular por una ofensa como la tratada en este artículo tienen todo el derecho a sentirse ofendidísimos por la acción del muchacho, pero también están en edad adulta para entender que la Justicia Penal no está pensada para atender este tipo de indignaciones, sean particulares o colectivas.

La mofa no es escarnio

Valoración técnica del delito de escarnio religioso tipificado en el artículo 525 del Código Penal: la mofa no es escarnio. Las conductas de escarnio relacionadas con la libertad religiosa o de culto sancionan las conductas en que de un modo público, por medio de palabra, escrito o por medio de cualquier documento, se realice escarnio, burla, desprecio relacionadas con la libertad religiosa tanto cuando el objeto del escarnio se dirija al contenido de una concreta confesión, como si va dirigida a las personas que la profesen o practiquen, como si se dirigen a quienes no profesen religión o creencia alguna.

Ahora bien, no todo acto de escarnio, burla o desprecio a un icono religioso es constitutivo de delito, y para ello recomiendo la lectura de la sentencia absolutoria dictada en el caso del Cristo cocinado de Javier Krahe por el Juzgado Penal nº8 de Madrid, sentencia 235/2012 de 8 de junio que viene a ser la más reciente e importante sobre esta materia, pues viene a recordar los criterios jurisprudenciales por los que se puede exigir la condena penal en virtud del artículo 525 del Código Penal. Dicha sentencia fue absolutoria al considerar que las conductas de Javier Krahe y de la responsable de emisión “Sobre la Cristofagia” constituyeron el legítimo ejercicio y difusión de una expresión artística que, con un componente burlesco, hizo una crítica del fenómeno religioso en nuestra sociedad.  A continuación les facilito unos extractos:

Definición de escarnio: Se define escarnio, también por la RAE, como “Burla tenaz que se hace con el propósito de afrentar”. La definición hace por tanto referencia a una burla, pero no a cualquiera, sino sólo a aquella que se cualifica como “tenaz”; incluye además la definición lo que nosotros llamaríamos un elemento subjetivo, señalando que la acción ha de tener un propósito: el de afrentar, es decir, “causar afrenta, ofender, humillar, denostar”. Por tanto, la mera burla que no causa objetivamente afrenta, no se puede castigar penalmente.

Distinción de escarnio y mofa: Prosigue esta sentencia distinguiendo lo que es la burla tenaz con la provocación o mera sátira o crítica social: “La creación artística, y el Sr. Krahe es un creador reconocido, tiene en ocasiones una dosis de provocación. La sátira y el recurso a lo irreverente han sido en no pocas ocasiones un recurso artístico para hacer crítica social, mostrando la oposición del creador a determinados modelos. Esta sátira se ha dirigido en especial a las distintas manifestaciones del poder. La religión, especialmente por cuanto se refiere a la mayoritaria en España, la Iglesia como institución, han estado asociadas en la historia al poder y han sido por tanto también objeto de crítica legítima. No son infrecuentes en distintos ámbitos de la expresión, referencias críticas a símbolos o creencias religiosas. Si esto es así en la actualidad, lo fue especialmente en la época en la que el cortometraje en cuestión se elaboró.”. “El tipo incluye además un elemento subjetivo, puesto que quiere que el sujeto activo actúe “para ofender”. Es decir, se quiere que la conducta de los acusados se hubiera realizado con la intención directa de ofender un sentimiento religioso colectivo.”.

(Antes de que alguien me lo diga en los comentarios a este artículo, que “el enjuiciado no es un artista, él no es un artista reconocido como Javier Krahe”, debo decirles que el arte no entiende mucho de ISO, y que cualquiera puede ser un artista en un momento dado).

En esta misma sentencia se narran supuestos similares ya tratados por los Tribunales y por los que no ha estimado la existencia del delito por no existir por parte del enjuiciado una verdadera intención de ofender a un sentimiento religioso colectivo:

-STS nº 668/93 de 25 de marzo (..)  que enjuició la emisión en un programa de televisión dedicado a la información musical, de un video grabado por un grupo, en el que aparecía la figura de un crucificado con la cabeza de un carnero. Se enjuició a la presentadora del programa y el TS casó la confirmó el sentido absolutorio de la sentencia argumentando que faltaba en su conducta la intención de ofender. Así: “el elemento intencional de la procesada no fue el antijurídico exigido en el precepto penal que se cita como infringido, cual es el ánimo de ofender los sentimientos religiosos de los cristianos, por lo que aun cuando hipotéticamente se admite la concurrencia del elemento objetivo o el soporte material de la ofensa, al no poder deducirse de los hechos que ha concurrido el elemento psicológico o la intención de ofender, al menos por parte de la procesada, en cuanto que la proyección del vídeo se hallaba enmarcada en la actuación de un grupo musical que intervenía en un programa realizado con la finalidad que se dice en la sentencia recurrida como era la de dar a conocer las tendencias musicales de vanguardia, ha de concluirse en el sentido de que los hechos narrados como probados en la sentencia dictada por el Tribunal a quo no pueden estimarse constitutivos del delito por el que la procesada fue acusada como se entendió, acertadamente, por el Tribunal de instancia, por lo que no procede la solicitud de casación de la misma y sí, en cambio, la desestimación del motivo” .

-Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla número 553/04 de 7 de junio absolvió al acusado que exhibió una imagen de la Virgen María junto a los genitales de un varón. Se concluyó que efectivamente se hizo escarnio de la Virgen pero que faltaba en el acusado la especifica intención de ofender. Así: “El proceder utilizado para realizar esa crítica nos parece tan burdo como simplista y carente de cualquier virtud intelectual apreciable, pero ni la fotografía ni el texto cuestiona directa o indirectamente ningún dogma, creencia, rito o ceremonia de la religión católica, sólo utiliza una conocida imagen para escandalizar y provocar una polémica que difícilmente conseguiría con el uso de una imagen no religiosa o, incluso, con poca devoción en la ciudad, cuestión que, al parecer, es lo que pretende resaltar el autor sin darse cuenta que las numerosas faltas de ortografía que contiene el texto bastaría para escandalizar a cualquier lector sin necesidad de ningún añadido más”.

-Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid número 367/05 de 21 de octubre “absolvió también al acusado que había exhibido en época de Semana Santa y en el recorrido de la procesión, una pancarta con la imagen de la Virgen María y de Jesús con la leyenda “Adúltera con su bastardo”. En este caso se concluyó que la conducta “no estaba dirigida a lesionar los sentimientos religiosos ajenos, sino a su deseo de expresar y exteriorizar opiniones discrepantes”.

 -Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid número 251/11 de 9 de junio, “archivó la querella presentada contra un intérprete que en una actuación humorística parodió al Papa y a la curia, puso en duda ciertos dogmas de la religión Católica y repartió preservativos. La Sala argumentó que “los hechos que aparecen en el visionado, y en los que se pretende fundar dicho comportamiento delictivo, lo que ponen de relieve es un posicionamiento laico y, si se quiere, anticlerical del conferenciante sin que ello constituya realmente escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de la religión católica, ni vejación de quienes los profesan o practican, y tampoco apreciamos un dolo de ofender los sentimientos religiosos de tal confesión”.

Por último, no es sobrero recordar que el cristianismo dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y que ante ese argumento es teleológicamente imposible sostener una condena de quien pretende suplantar o imitar a Jesús de Nazaret, emisario divino hecho hombre según los cristianos.

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“Esto van Carrero, el rey, la Virgen y un etarra por el Valle de los Caídos…”

12 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

La derecha ultramontana ha recogido el guante de la “guerra cultural”, y se ha lanzado al contraataque. No van a dejar pasar ni una.

Isaac Rosa

06/04/2017 – 21:27h

El PSOE considera "urgente" sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos
EFE

El chiste bomba. El chiste definitivo, el combo que te garantiza cárcel, multa y linchamiento mediático. Un chiste donde mezcles monarquía, Iglesia católica y ETA, con un par de toques de franquismo disfrazados de humillación a las víctimas (Carrero) y ofensa a los creyentes (el Valle de los Caídos). Lo salteas con gracia y consigues un chiste que reúne en una sola frase lo más top del Código Penal: el artículo 510 (odio), el 525 (ofensa a sentimientos religiosos), el 578 (enaltecimiento del terrorismo) y el 491 (injurias a la corona). “Esto van Carrero, el rey, la Virgen y un etarra por el Valle de los Caídos, cuando de pronto…”. A ver quién se atreve a terminar el chiste.

Se acumulan las denuncias o condenas por bromear con esos mismos ingredientes: Cassandra y Carrero, El Intermedio con el Valle de los Caídos, el cartel del carnaval gallego, el “santísimo coño insumiso“, el rapero y sus rimas sobre el rey, y hasta la bandera republicana denunciada en Cádiz… Si ampliamos a los últimos años, la hemeroteca está llena de actuaciones judiciales y/o linchamientos mediáticos por bromear con los cuatro pilares de la derecha hispánica: monarquía, iglesia, franquismo y ETA.

Casi siempre bromas, porque hemos asumido que el humor es la única coartada para decir ciertas cosas. “Sólo era una broma”, repetimos. ¿Y si hubiera sido en serio? ¿Sólo en broma puedo decir que el Valle de los Caídos, cruz incluida, me parece “una mierda”?

Hay quien piensa que no deberíamos gastar tinta y saliva, que son casos aislados, anecdóticos; que detrás solo hay cuatro zumbados ultras; y siempre quedan en nada. Pero no es cierto. A menudo la denuncia viene de la Guardia Civil ( apatrullando  las redes), la Fiscalía o el propio Gobierno. Y las consecuencias: multas, cárcel, linchamiento, y cada vez más miedo y autocensura.

De anecdótico, nada: lo que vemos es un contraataque en toda regla, la ofensiva de la derecha más ultramontana, que se lanza a por raperos, humoristas, títeres o protestas festivas, para que quede claro que no van a pasar ni una. Que están en pie de guerra y no les importa ni el “efecto Streisand” (rebautizado como “efecto Carrero”). Que no cederán un milímetro de terreno. Que pretenden ampliar sus dominios.

¿Queríais “guerras culturales”? Pues ahí las tenéis: la derecha cavernícola lanzada en tromba. En los tribunales, con jueces afines y leyes a medida. En los medios, ganando espacio (con un conquistador-evangelizador en la tele pública). Y una y otra vez marcando agenda, consiguiendo que aceptemos su marco de discusión y caigamos en sus trampas.

Estaba la izquierda tan ufana cambiando el traje de los reyes magos, rebautizando calles y pidiendo sacar la misa de TVE, y ¿qué esperaba? ¿Que la derecha se iba a quedar mirando? No. Se han lanzado al ataque. Al contraataque. Saben bien (lo saben mejor que la izquierda) que la batalla de los símbolos puede ser la primera escaramuza para posteriores batallas más materiales. Que uno empieza quitando la misa de la tele, y acaba derogando el concordato; y el que llama mierda al hiperprotegido Valle de los Caídos puede luego sacar la piqueta.

Por eso la primera trinchera está ahí, en lo cultural, en lo simbólico. Y para que Iglesia, monarquía, herencia franquista y nacionalismo españolista estén a salvo, no se puede consentir ni una broma.

¿Puedo odiar al ministro del Interior sin que me detenga?

30 junio, 2015

Fuente: http://www.eldiario.es

La libertad de expresión, amenazada por un ministro integrista que ve por todas partes “incitación al odio”.
Isaac Rosa, 25/06/2015 – 23:19 h.
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Foto: EFE
¿Puedo, en uso de mi libertad de expresión, odiar al ministro del Interior, compartir ese odio con los demás, incluso incitaros a que también vosotros lo odiéis? ¿Me sirve esa libertad para desacreditar o menospreciar a Fernández Díaz? ¿Puedo hacer un chiste humillante sobre el ministro? ¿Y puedo tuitearlo? Veamos si podemos usar nuestra libertad de expresión sin que el ministro nos acuse de todo aquello que acusa a Zapata y a otros: incitación al odio, descrédito, menosprecio, humillación, tal como están recogidos en el Código Penal.

En principio, el ministro no es una víctima. Ni del terrorismo, ni del antisemitismo. Si lo fuese del franquismo, tendríamos barra libre para humillarlo, pero no es el caso. Salvada esta primera línea roja, no pensemos que ya podemos mofarnos de él alegremente, no.

Con el actual Código Penal en la mano, deberíamos tener especial cuidado con que no parezca que al meternos con Fernández Díaz difundimos “informaciones injuriosas” o provocamos “a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones” por “motivos racistas, antisemitas y otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía”. Solo faltó que añadieran la coletilla: “y cualesquiera otros motivos”, pues ahí ya cabe casi todo.

Es decir, que en el caso del ministro, ya deberíamos andar con pies de plomo si nuestro chiste, tuit o artículo se refiere por ejemplo a su mítica conversión al catolicismo más integrista durante una visita a Sodoma-Las Vegas. Cuidadito con que parezca que lo menospreciamos por su condición de miembro del Opus Dei, de misa diaria, rezo del rosario y pertenencia a grupos ultracatólicos.

Pero si además tardamos unos días en meternos con el ministro, cuidado que entrará en vigor la nueva redacción del Código Penal, que achica aun más los límites de la libertad de expresión. A partir del 1 de julio las conductas punibles serán tantas, y sobre todo tan interpretables, que la libertad de expresión se va a convertir en una pequeña nota al pie del Código Penal. De verdad, léete la nueva y extensísima redacción del artículo 510, y verás cómo corres a revisar tus tuits antiguos y borrar como loco. Porque con ese texto en la mano, un ministro talibán podría lanzarse a una cruzada implacable si le apetece.

Y esa es parte del problema: que tenemos un ministro talibán. Un integrista, si prefieren. Y quizás estoy pisando ya la difusa línea roja, pero me arriesgo. ¿De qué otra forma llamamos a un ministro que ha dicho que vive la política “como un magnífico campo para el apostolado y la santificación”? A un tipo así, que sale cada mañana de misión, lo colocas al frente de la policía y le pones en la mano un Código Penal con una manga tan ancha, y en dos días deja Twitter reducido a una sucesión de fotos de gatitos y comentarios al último Master Chef.

Antes de la ‘leyes mordaza’, ya estaba penado ofender, discriminar o incitar al odio contra víctimas y otros colectivos. Pero en casos de poca monta la interpretación de los jueces solía primar la libertad de expresión. Hasta que llegó el ministro apóstol y empezó a ver “incitaciones al odio” por todas partes: una pitada al himno, un chiste, burlas por el accidente de un avión, tuits de mal gusto, amenazas indefinidas. Y llegaron las detenciones de tuiteros: el community manager superenrrollado de la Policía se transmutó en agente que se presenta en casa de un chaval bocazas (menores de edad a veces) y lo detiene. Un chaval, o un músico, en redadas fantasmales como esa ‘Operación Araña’.

Si ya está pasando con el actual Código Penal, esperen a ver lo que es capaz de hacer con el nuevo texto un ministro apóstol, con una fiscalía a su servicio, y con asociaciones tan integristas como él dispuestas a poner la denuncia. Yo, por si acaso, declaro aquí que el señor ministro es una bellísima persona, al que deseo lo mejor. Amén.

Jueces para la Democracia pide abrir el debate para un referéndum sobre monarquía o república

28 octubre, 2014

Fuente: http://www.elplural.com

A. MOYA | 20/06/2014

La asociación Jueces para la Democracia reclama el inicio de un debate que culmine en un referéndum para resolver democráticamente la forma de gobierno: monarquía parlamentaria o república. Esta ha sido una de las conclusiones alcanzadas por JpD en su 29 Congreso que se acaba de celebrar en Oviedo y en el que también se pide la elección de los jueces por los jueces o una ley que declare con carácter general la nulidad de todas las cláusulas suelo, con carácter retroactivo y con devolución de las cantidades a los consumidores.

En este Congreso, celebrado los días 18 y 19 de este mes, “se ha analizado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impulsa el ministro Gallardón y se ha elegido el nuevo Secretariado de la organización. En dicho congreso se ha aprobado por amplia mayoría la gestión del Secretariado saliente. Y ha sido reelegido Joaquim Bosch como portavoz de Jueces para la Democracia, por un segundo mandato de dos años”, explica la asociación en un comunicado.

Ataque a la independencia judicial.
“Jueces para la Democracia ha analizado muy críticamente la reforma de la estructura judicial que propone el Gobierno, por entender que supone un ataque a la independencia judicial y que incorpora instrumentos de control por parte del poder político, especialmente en procedimientos vinculados a la corrupción”. Según JpD, “esta reforma resulta contraria a la división de poderes”.

Jueces elegidos por jueces.
Asimismo, se ha acordado reclamar una reforma “para que no sean los políticos quienes nombren a los magistrados vocales del Consejo General del Poder Judicial, sino que estos sean elegidos por los propios jueces”.

Desprestigio y descrédito.
Dicho acuerdo está motivado especialmente “por el creciente desprestigio de la máxima institución judicial, ante los continuos repartos de cuotas entre las fuerzas políticas y el descrédito que ello está provocando a los ojos de la ciudadanía”.

Recuperar la confianza colectiva.
“Por otro lado – continúan- el Congreso de Jueces para la Democracia ha expresado su preocupación por la situación de crisis institucional. Por ello, se valora la necesidad de recuperación de la confianza colectiva en el modelo de convivencia, lo cual implica la renovación del pacto que llevó a la Constitución de 1978”.

Referéndum sobre la forma de gobierno.
En este ámbito, JpD reclama “la apertura de un espacio de debate que posibilite alcanzar un nuevo pacto colectivo, legitimado por la adhesión mayoritaria de los ciudadanos. Dicho proceso, que debería culminar con un referéndum, tendría que resolver democráticamente también el debate generado sobre la forma de gobierno, monarquía parlamentaria o república”.

Reforma del Código Penal, regresión histórica.
En otro orden de cosas, Jueces para la Democracia acordó criticar la reforma del Código Penal, al considerar que supone una regresión histórica, pues supone la apuesta por perspectiva jurídica de carácter autoritario; JpD considera que dicha reforma da la espalda a las libertades y a los derechos constitucionales con la falsa promesa de un incremento de la seguridad.

Nulidad de las clausulas suelo.
Además, Jueces para la Democracia ha aprobado solicitar “una ley que declare con carácter general la nulidad de todas las cláusulas suelo, con carácter retroactivo y con devolución de las cantidades a los consumidores, ante el carácter abusivo en este ámbito de la actuación de las entidades bancarias”.

Soy tu padre

29 enero, 2014

Fuente: http://www.eldiario.es

Javier Gallego 

03/12/2013 – 07:22h

Es extraño pero la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana en el Consejo de Ministros, me hizo darme cuenta de que tengo una edad. Casi 40 ya. No soy ningún niño, así que me resulta muy molesto que este gobierno me trate como si lo fuera y como si él fuera mi padre. De pronto, me asqueó la sensación de sentir que unos adultos a los que tengo en muy baja estima intelectual, tuvieran la desfachatez de tratarme con la condescendencia con la que algunos mayores tratan a los pequeños. Y con alivio y mala leche pensé: “Yo ya tengo padre y no tiene la cara de ninguno de estos”.

Perdonen la brusquedad pero me he dejado la paciencia entre las páginas del BOE. Ya basta, hombre, ya basta. Quiénes son estos señoritingos para limitar mis libertades como ciudadano recogidas en la Constitución y protegidas por las leyes. Que tienen mayoría absoluta, dicen. La mayoría absoluta es solo una herramienta, no un arma ni una coartada. Además, que no les ha votado ni el 30% del censo electoral. Relativicen. No son más que unos políticos que pasaban por aquí. Y no son ustedes señores del cortijo, solo son el administrador. Recuérdenlo, que se les olvida lo más obvio.

Recuerden también que no estamos en ninguna dictadura (se supone, aunque ya lo voy dudando), así que dejen de tutelarme como si no fuera capaz de regir mis propios actos. Conozco las leyes, mis derechos, los límites, mi responsabilidad. Sé que hay leyes, Código Penal y multas que se han demostrado eficaces para que en España no haya habido grandes algaradas en las calles a pesar de las miles de manifestaciones. No necesitamos ninguna nueva ley de Seguridad Ciudadana, excepto para protegernos de gobiernos autoritarios como el suyo y de banquerzuelos, financieritos y politicuchos. Para eso sí hace falta una ley de seguridad.

Pero no necesito ninguna ley que me proteja de ciudadanos cívicos como yo. Dejen de protegernos de nosotros mismos. No necesitamos que un gobierno cuide de nuestra seguridad en la calle poniéndonos multas como un padre castiga a su hijo cuando llega a casa tarde. Para eso tenemos a los jueces, para eso ya tuve a unos padres que me educaron bien. Dejen de insultarles. Dejen de insultarme tratándome como si fuera un delincuente. 

Ya sé que esta ley solo quiere protegerles a ustedes y a sus perros de presa, pero lo único que van a conseguir es que la gente tranquila perdamos los nervios y las formas. Hasta Alfonso XIII lo comprendió como recoge Josep Pla en “El advenimiento de la República”: “Podría resistir pero la fuerza material no puede emplearse cuando no se tiene la fuerza moral”. Tratan ustedes de imponer por la fuerza lo que no pueden conseguir con razones y cuando se actúa con violencia y sin razón, se cosechan tempestades.

Solo el miedo que una dictadura infunde nos podría provocar la parálisis. Pero ustedes no dan miedo porque son minúsculos, ridículos, patéticos y somos cada vez más los que estamos hartos de que ustedes actúen como un padre autoritario que legisla a golpes y actúa impunemente sin dar nunca explicaciones. Estamos hartos de que crean que somos unos críos que no nos damos cuenta de que Papá Estado maltrata a la Justicia y le mete mano a la Hacienda pública para proteger a infantas, fortunas y demás ladrones privilegiados. Ya no pueden decirnos que “cuando seamos padres, comeremos huevos” porque ya somos padres o podríamos serlo. Y estamos hasta los huevos. 

Luego llega mamá Cospedal, con el pelo tan tirante como una institutriz alemana para que le agarre bien la peineta, y como si fuera la madre de España nos dice: “No vamos a consentir que este país quede en manos de los que protestan y no proponen nada”. Pero esta señora quién es para consentir o dejar de consentirnos. Si ni siquiera está en el gobierno. Si no somos sus hijos. Si España no es suya. Señora, háblenos con respeto que tenemos ya una edad.

Ahora solo nos falta que aparezca Rajoy con máscara de Darth Vader y la voz de Constantino Romero diciendo: “Yo soy tu padre”. Pues no, señor, usted no es mi padre. Yo no soy ningún hijo de… este gobierno.

De tartazos, petroleros y princesas

7 enero, 2014

http://www.elperiodico.com

 

DOMINGO, 17 DE NOVIEMBRE DEL 2013

Érase una vez un país donde alquitranar con chapapote 2.000 kilómetros de costa sale gratis, pero lanzar una tarta a un político en el cargo puede costar nueve años de cárcel. Érase una vez una Fiscalía General del Estado capaz de adivinar el futuro -y ver en la bola de cristal que la infanta Cristina no cometió delito alguno en el caso Nóos incluso antes de que testifique o lleguen los informes periciales-, pero que también pide duras condenas de cárcel por un tartazo. Érase una vez un ordenamiento jurídico demencial y anquilosado, donde un desastre medioambiental tan grave como el del Prestige se dirime en un pequeño juzgado de un pueblecito de A Coruña, en Corcubión, mientras que embadurnar de merengue a un político es materia de la Audiencia Nacional, el tribunal más excepcional y con más medios de España.

Hace unos lunes comenzaba un juicio que, como país, debería avergonzarnos. Se sentaban en el banquillo cuatro de los miembros del peligroso comando tartalari, cuatro acusados a los que la presidenta de Navarra pide en total 27 años de cárcel por los tartazos que recibió en Toulouse en el 2011. Yolanda Barcina exige la máxima pena posible por el delito de atentado contra la autoridad; se acoge al artículo 552 del Código Penal que agrava las condenas cuando la agresión a «la autoridad» (casposo concepto jurídico) es con «armas u otro medio peligroso». ¿Es una tarta un arma peligrosa? Parece que sí. En su declaración, Barcina argumentó que le dolió mucho «por la especial dureza del merengue francés».

Duro o blando, el merengue es muy usado para estas cosas en Francia. Allí, como en otros países, lanzar una tarta como protesta es algo relativamente habitual. Nicolas Sarkozy, Bill Gates, Jacques Delors Rupert Murdoch, entre otros, lo han sufrido. Es discutible este método. Pasa igual con otros actos de desobediencia civil, donde quien protesta asume que incumple la ley y que recibirá un castigo. Lo que no es tan discutible es la pena. En Francia, o en Reino Unido, los tartazos acaban en multas o en pocas semanas de arresto. No con años de condena.

En su momento, la justicia francesa investigó el merengazo a Barcina y decidió que no había delito alguno. La justicia española abrió después el caso porque había una española afectada. Que los tartazos en Francia lleguen a la Audiencia Nacional es casi un homenaje surrealista a lo que fue esta broma clásica del cine mudo: un elemento de sadismo cómico; de humillación y de risa (por no llorar). La misma España que pone trabas a la jurisdicción universal de crímenes contra la humanidad se ampara en ella para juzgar este asunto menor como si fuese terrorismo. Es la guinda del pastel, el colmo de este cuento: de un sistema judicial desproporcionado, anticuado, elitista e injusto.

El fin de la doctrina Parot

19 diciembre, 2013

Fuente: http://www.republica.com

JOSÉ LUIS MANZANARES

Siempre he mantenido que la doctrina Parot sobre el cumplimiento de las penas tenía los pies de barro. Así lo escribí –en solitario o poco menos- desde el primer momento. Me remito a mis artículos en varias publicaciones especializadas y en este mismo diario. Quiero decir que no me ha sorprendido el rechazo definitivo por la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo confirmando la sentencia de primera instancia. El Derecho Penal no admite atajos que fuercen la interpretación de las leyes en contra del reo, y eso explica suficientemente la suerte corrida por este pretendido bálsamo de Fierabrás.

Nosotros, víctimas del terrorismo etarra, estuvimos combatiendo esa plaga durante muchos años con una legislación excesivamente benévola que, dicho sea de paso, todavía sigue siéndolo aunque no tanto. Un día empezaron a salir de la cárcel, tras cumplir sólo quince o dieciocho años, los asesinos en serie y entonces, precisamente entonces, acuñamos la doctrina Parot para poner coto al lamentable espectáculo. Una construcción doctrinal bien intencionada pero que, jurídicamente muy pobre, modificaba la jurisprudencia constante desde 1870 con la confesada finalidad de que los asesinos múltiples –y los autores de otros delitos especialmente graves como efecto colateral- recibieran el castigo que la entonces legislación vigente impedía.

La redención de penas por el trabajo, con un día de abono de prisión por cada dos jornadas laborales, era un beneficio que, entendido como un derecho a partir de la conducta carcelaria y al margen de todo pronóstico de resocialización, no desapareció hasta la promulgación del Código Penal de 1995. Bien entendido, además, que la ya mencionada irretroactividad de las leyes penales en contra del reo no permitía privar de su disfrute a quienes habían delinquido con anterioridad, incluso si sus condenas fuesen posteriores. Cualquier jurista o persona interesada en la materia sabía que en un día más o menos lejano se produciría la increíble excarcelación de, por ejemplo, la terrorista Inés Prieto, cumpliendo sólo quince o veinte años de los 3.828 que sumaban las penas de sus numerosos crímenes por separado. Nada se hizo, sin embargo. Ni introdujimos en el Código la prisión perpetua permanente como habían hecho los países de nuestro entorno donde el terrorismo no existía o era incomparablemente menor que en España -¡hasta ahí podíamos llegar!-, ni siquiera se nos ocurrió prescindir de la redención de penas por el trabajo.

La doctrina Parot sería el remedio milagroso contra la irretroactividad penal. Aplicando la redención de penas por el trabajo, no sobre la pena global resultante, sino sobre cada una de las correspondientes a cada delito se volatiliza en la práctica. Lo malo es que tal doctrina choca con el fin resocializador de la pena conforme al art. 25.2 de la Constitución y, lo que ahora más interesa desde la perspectiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, infringe el principio de legalidad penal en su más estricto sentido a la vez que atenta contra los derechos fundamentales de toda persona a la libertad y la seguridad (arts. 7 y 5 del Convenio de Roma).

No hay que buscar en Estrasburgo a los culpables de las escandalosas excarcelaciones que la doctrina Parot trató de evitar en el último momento. Las críticas deben dirigirse exclusivamente contra quienes las previeron pero aceptaron por negligencia o cálculo político. No vale esperar a que los problemas se pudran para buscar finalmente su solución vistiendo con ropajes jurídicos el viejo dicho de que el fin justifica los medios. Por lo demás, recuérdese lo de “al ladrón, al ladrón”. Resulta obsceno observar cómo hay quien señala con el dedo a Estrasburgo para desviar la atención de su propia e intransferible responsabilidad.

El PP se opone a que el enaltecimiento del franquismo sea considerado delito

17 diciembre, 2013

Fuente: http://www.eldiario.es

Los populares se oponen en el Congreso a la aprobación de una reforma penal que plantee la existencia de estos delitos por primera vez en democracia

Gonzalo Cortizo 10/10/2013 – 16:18h

La alcaldesa de Quijorna (Madrid) pide "disculpas" a quienes se hayan sentido "heridos" por el mercadillo profranquista

Imagen del mercadillo celebrado en el ayuntamiento de Quijorna

El grupo popular no quiere que el nuevo Código Penal contemple el enaltecimiento del franquismo como delito. El partido que sustenta al Gobierno así lo ha manifestado con su voto en contra a una enmienda transaccionada por PSOE, Izquierda Plural, CiU, UPyD y UPN en la que se solicitaba que acontecimientos como los registrados en el Ayuntamiento madrileño de Quijorna fuesen constitutivos de delito con el nuevo Código Penal.

En la propuesta de votación impulsada por el resto de grupos se pedía “incorporar al Código Penal la tipificación de las conductas que impliquen la apología o enaltecimiento del franquismo”. El PP ha dicho no a esa propuesta.

Se trata de la primera ocasión en la que el PP se ve en la obligación de votar si quiere que el enaltecimiento de la dictadura sea considerado delito. La propuesta ha recibido 130 votos a favor, 183 en contra y 8 abstenciones.

La votación se produce tras acontecimientos polémicos como los sucedidos en Quijorna. En ese municipio madrileño, el Ayuntamiento promovió un mercadillo en el que se vendían símbolos nazis y franquistas. Con posterioridad a la celebración de ese mercadillo, altos cargos del Gobierno municipal de Quijorna participaron en un acto profascista, donde varios de los asistentes lucían indumentaria de la Falange.

No mucho antes, el alcalde popular en el Ayuntamiento de Beade (Ourense) saltó a los medios de comunicación tras confesar su ideología franquista. El PP de aquella comunidad salvó la cuestión sin expedientes y afirmando que se había tratado de una broma. A día de hoy, el regidor mantiene en su despacho varios retratos de Franco. Beade fue esta semana objeto de un ataque con un artefacto explosivo activado de madrugada cuando nadie se encontraba en las dependencias municipales. Tras ese suceso, el alcalde insistió en afirmar que su ideología franquista no se la cambiaban ni con bombas.