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Ese sol que también es de ellos

28 mayo, 2018

Fuente: http://www.infolibre.es

El Gran Wyoming, 22 de marzo de 2017.

Ya asoma por el este el sol de la primavera que viene a cobrarse el impuesto de esa radiación que nos da la vida, y que los neoliberales recaudan a aquellos que pretenden escapar de este sistema de voracidad casi tan infinita como su crueldad. “Nada es gratis y tampoco la vida”, decía Pablo Guerrero. Se lo cobran a los ingenuos que intentan cierta autonomía en su provisión de energía, por cierto, respetuosa, no destructora del planeta que parasitamos. “Estáis atrapados en la red. Sois súbditos de las grandes corporaciones”, pregonan los servidores del gran capital al que eligen sus correligionarios una y otra vez para que nos pongan en nuestro sitio.

Crecido está el presidente de la nación, que representa a una minoría indómita e irreconciliable y restrictiva con la libertad y los derechos de los demás, tras ese letargo en el que vivieron unos años, aparentemente apartados del poder.

Primero en el ostracismo de la marginalidad cuando eran llamados “nostálgicos” para, más tarde, resurgir entre las cenizas de aquel centro que dinamitaron desde dentro, y formar sin la competencia de los reformistas el partido heredero de los entusiastas del imperio y la dictadura, de los supervivientes, de los hijos y nietos de los que acabaron con el régimen de libertades que impidió, una vez más, la posibilidad de que España entrara en la normalidad, en la modernidad, en la honradez, que acariciara aunque fuera por un instante la libertad. Esa breve República demonizada, criminalizada, que nos puso en el centro del mundo del arte, de la cultura, en la vanguardia de la emancipación de la mujer. Esa República a la que hoy se hace corresponsable del genocidio del Ejército golpista pretendiendo confundir los crímenes de los soldados de uno u otro bando, con las órdenes de exterminio, violación y saqueo dadas desde el mando por los generales de Franco.

Volviendo a esta tierra que nace hoy a la primavera, decía que el presidente y su Gobierno están crecidos porque no ven competencia ya que siempre encuentran quien apuntale sus proyectos, como hacen ahora estos cachorros de la nueva derecha que saldrán a su rescate cuando sea necesario a la voz de “conoce, conoce”, mientras pregonan soflamas a favor de la lucha contra la corrupción en los periodos de transición, para tranquilizar a aquellos votantes que exigen algún gesto que justifique su elección en las urnas.

Esta derecha que se llama a sí misma nueva, tacha de corruptos a aquellos con los que se asocia, pensando que su presencia, no contaminada en lo personal, blanquea la fechorías de sus compañeros en esta aventura hacia la regresión. Dicen luchar contra la corrupción mientras la perpetúan en el poder. A veces, incluso votan contra sus propias propuestas, como en la retirada del impuesto por el uso del sol, que también parecen haberlo privatizado: todo es tramoya.

Eso de la lucha contra la corrupción se convierte en la única razón de existir de esta nueva formación liberal sin entender, y aquí es donde entra la ideología, que es desde la legalidad donde el partido del Gobierno hace más daño a su pueblo. En la destrucción de la sanidad y la educación públicas, en el rescate de las entidades financieras, que se han hundido mientras hacían multimillonarios a sus gestores con la colaboración y el silencio cómplice de los órganos de vigilancia que debían controlar este desmadre, y utilizando el dinero público del rescate para realizar inversiones que enriquecen, exclusivamente, a los miembros de la cúpula de esas instituciones, en lugar de ayudar a reflotar la maltrecha economía doméstica que se hunde en la miseria debido a los salarios de hambre que se están pagando, sin justificación alguna, en los planes llamados de productividad, que no dejan de ser de explotación en la impunidad. Gracias a este recorte en un gasto fundamental como es el de personal, el de los salarios, las empresas incrementan espectacularmente los beneficios y dan lustre a las cifras optimistas que adornan la recuperación de nuestra economía. Los beneficios empresariales se incrementan año tras año, mientras la pobreza crece entre los trabajadores, a los que se les niega la más mínima posibilidad de tener una vida que pueda ser calificada de tal. Y no es una crisis, sino el producto de una “reforma estructural profunda” que el Gobierno dice ahora que se niega a revertir a pesar de que prevé tiempos de bonanza y recuperación. Lo que se quitó en la “coyuntura” del hundimiento pasa, y pasará, a la cuenta de beneficios en el crecimiento.

Los que se apretaron el cinturón estarán también cómodos con la recuperación económica porque con la inanición dejará de oprimirles.

La lucha contra la corrupción no es un fin, es algo elemental y que no puede ser reivindicado como bandera porque en un sistema democrático dicha cuestión está resuelta, no existen categorías de ladrones. No tienen cabida los delincuentes de “casa”, y tampoco “los otros”. Claro que, en un país donde la democracia haya calado entre la ciudadanía, tampoco existe la opinión, que dicen que hay que respetar, que afirma que “todos roban” como argumento para volver a poner al frente de las instituciones al delincuente que, en algunos casos, sólo es presunto, aunque todos sepan que su patrimonio no concuerda con sus ingresos.

En Murcia eligen a Pedro Antonio Sánchez, que está siendo investigado por corrupción, con más del 93% de los votos, descontando los nulos, el 96%. El resto en blanco, ni uno solo en contra.

Mientras, en Madrid, se despedía la labor de Esperanza Aguirre, artífice de la destrucción de los servicios de sanidad y educación que los madrileños nos habíamos dado con nuestro dinero, y que convirtió a la capital del reino en uno de los centros de la corrupción generalizada donde se expoliaba desde las instituciones, al tiempo que sus colaboradores se enriquecían de manera legal, compatibilizando, como en el caso del señor Lamela, negocios inmobiliarios con sus consejerías de Sanidad o Transportes para retirarse, tras diferentes imputaciones, trabajando en el lucrativo mundo de la sanidad privada a la que tanto dio desde su cargo. Lo llaman puertas giratorias, son pagos por servicios.

Dice la expresidenta que pecó “in vigilando”. Hubiera bastado con que desecara la charca para que las ranas cambiaran de ecosistema, pero vivían todos muy felices bajo la tutela de la batracia madre, que siempre encontraba una contestación más o menos educada, más o menos chulesca, más o menos castiza, con la que defender a sus renacuajos, que croaban con fruición hasta que caían en desgracia y daban con sus ancas en la trena. La rana no se transformaba en príncipe sino en sapo hediondo.

La despiden como un ejemplo a seguir. ¡Y lo es! Su ejemplo aniquilará la otra Esperanza, la de los madrileños en un mundo mejor.

Así está el patio. Esa es la regeneración de un partido que no encontró nada que revisar en su último congreso, que fue un baño de felicitaciones y reconocimientos a pesar de los ochocientos “investigados”. No les gusta que les llamemos por su nombre, ni siquiera el de imputados, que es técnico. Recuerdan con sus imposiciones en el léxico a los eufemismos que se usan en las casas de los señoritos cuando reprenden a las empleadas de la casa por responder a una llamada diciendo que el señor está durmiendo. “El señor no duerme, descansa”, reconvienen a la chacha. Estos empleados del hogar a veces olvidan que sus amos no son humanos.

Pues no, no salió un joven, o viejo, para el caso tanto da, que dijera en ese congreso: “¿Qué está pasando aquí?”. “¿Es que no hay nadie honrado en nuestras filas que plante cara a este estado de cosas?”. “Aunque pierda”. No. Parece que no lo hay. Nadie quiere regenerar desde la decencia a costa de aminorar sus posibilidades de ascenso en ese paraíso liberal que garantiza el futuro de los políticos en activo durante generaciones. Esa es la característica distintiva de nuestra derecha. Por eso a los procesados y condenados se les queda esa cara de resentimiento. Parecen sentirse víctimas de un agravio comparativo, se deben decir a sí mismos: “No hacía nada que no estuvieran haciendo los demás”. A sus jefes sólo parece dolerles que aparezcan cuentas corrientes imprevistas. Por lo demás, los investigados disfrutan de la protección del partido –“Hacemos lo que podemos”– y de defensas colegiadas para que nadie realice declaraciones extravagantes que se salgan del guión y comprometan al colectivo.

Ahora se enfadan al tener un contratiempo en la votación de una reforma porque no comprenden las normas elementales de la democracia, según las cuales para gobernar por decreto, como a ellos les gusta, sin contar con nadie, yendo contra los demás, hace falta mayoría absoluta. Al carecer de ella, les repugna la posibilidad de que les lleven la contraria aunque sea de forma testimonial, por estrategia, como hace Ciudadanos, y exigen a sus rivales, a los que consideran y sienten como enemigos, que se sumen a sus despropósitos porque aquí, desde siempre, han mandado ellos, sus padres y sus abuelos.

Apelan a la responsabilidad para gobernar España y seguir, como siguen, con el expolio de lo público. Trabajando para las corporaciones a las que pertenecen sus predecesores y a las que pertenecerán ellos cuando terminen con esta misión histórica de portar la antorcha del privilegio que nunca debió salir de sus manos y hoy, en demasiadas ocasiones, se ven obligados a compartir con advenedizos de centro izquierda en las mesas de los consejos de administración.

Llega la estación de la vida y se sienten seguros en sus horizontes de progreso en lo personal, con la colaboración de unos y la abstención de otros, mientras los ciudadanos testigos de este aquelarre aniquilador, paganos de la fiesta, tienen que volver, como hace nuestra admirada Raquel Martos, a Antonio Machado para esperar, como el Olmo hendido por el rayo, otro milagro de la primavera.

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Por si alguien tenía dudas

4 mayo, 2018

Fuente: http://www.infolibre.es

Publicada 28/03/2017 a las 06:00. Actualizada 10/04/2017 a las 16:42  
Me quedé perplejo al escuchar las declaraciones del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, cuando en el transcurso de una entrevista con Pepa Bueno en la cadena SER afirmó que la cuestión de la corrupción es endémica al sistema y que ocurre en todos los países de nuestro entorno, en democracias más consolidadas que la nuestra. No le falta razón al sostener que un mundo sin delincuencia es imposible y para eso, claro, están las instituciones que se encargan de castigar los quebrantos de la ley como son los estamentos que él mismo preside.

Por alguna razón que desconozco, este señor no está al tanto de lo que está ocurriendo en este país. Ni siquiera sabe que el partido que le propuso –en su día fue director general de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, y él fue una apuesta de Ruiz-Gallardón que suscribió Rajoy– está metido en una trama de corrupción colectiva que opera como una banda y trabaja en comandita. Ese partido se ha configurado, tal y como han declarado en diferentes ocasiones desde el banquillo de los acusados algunos de sus colaboradores, así como varios fiscales a lo largo de las innumerables investigaciones de las que se ha hecho acreedor, como una organización pergeñada para delinquir.

Nada atenúa ni consuela en este estado de cosas que haya otros países donde también existan señores que se dedican a  la política para forrarse, en unos casos de forma legal, al amparo de las leyes que ellos mismos promulgan, y en otros quebrantando la ley, robando, cobrando comisiones o terminando su carrera profesional presidiendo grandes empresas en cargos para los que no están en absoluto cualificados como reconocen cuando les sientan delante de un juez.

Si no fuera porque todos sabemos que la justicia es igual para todos y que en nuestro país está garantizada la separación de poderes, dicho sea con todo el respeto para aquellos que al leer estas afirmaciones sufran un ataque de risa o ganas de tirarse por el balcón, si no fuera por la fe que los ciudadanos profesamos en estos dos principios consustanciales al Sistema Democrático, cualquiera diría al escucharle que es un estómago agradecido o que forma parte de esa causa general que está hundiendo este país y minando la esencia del Sistema. Su manera de echar balones fuera sobrecoge, acongoja y deprime. Es como si en el Titanic anunciaran por megafonía que los pocos recursos de que dispone el pasaje para salvar la vida estuvieran averiados, pinchados, fuera de servicio.

Desde luego hay que agradecerle que no se corte nada a la hora de dar la cara y, claro está, sería insólito que apareciera en la radio cuestionando decisiones de sus compañeros, así como criticando a los políticos que le han llevado hasta donde está, pero comprobar que este estado de cosas que a muchos nos conduce a la desesperación a él le parece de lo más normal tal vez explique por qué hemos llegado hasta aquí y qué va a ocurrir con toda esta basura que hoy se encuentra en los juzgados.

Ni siquiera fue capaz de dar una respuesta balsámica a la desazón que crea en la ciudadanía que una sentencia afirme que tanto el señor Rato como el señor Blesa, responsables de aquella entidad de ahorro que tuvimos que rescatar para que se la queden otros, tuvieron durante el juicio una conducta “intachable y cabal” que les permite evitar el ingreso en prisión. Los magistrados de la Audiencia Nacional consideran que no existe riesgo de repetición del delito y ahí tienen toda la razón, pero no debemos achacar esa posibilidad al hecho de que forme parte de un propósito de la enmienda, nunca mostrado durante el proceso donde no se manifestó arrepentimiento por parte de ninguno de los dos, sino a la circunstancia de que, hundida la entidad, entre otras cosas gracias a sus gestiones, y despachados de la misma por los presuntos delitos de los que se les acusa, no pueden seguir haciendo lo que hacían. Ya no tienen la llave de la caja, es cierto, y por tanto les resulta más difícil meter la mano. Pero es por lo que ya hicieron por lo que han sido condenados. Su potencial delictivo queda flotando en el éter y sólo desde un criterio subjetivo de extraña interpretación puede deducirse que se han corregido a pesar de que, como digo, ellos declaran que lo hecho, bien hecho está.

No sé si es necesario recordar que el señor Blesa fue nombrado presidente de Caja Madrid porque en su día estudió las oposiciones a inspector de Hacienda con José María Aznar. Así funcionan las cosas en este cortijo del sur de Europa.

También Lesmes fue nombrado a dedo y luego ratificado por el voto de sus compañeros que, como él, accedieron a su puesto gracias a un dedo o a propuesta de los partidos, que es como se dice en lenguaje fino.

Se da la circunstancia de que aquel partido que tiene mayoría en las altas instancias de la judicatura, así como en el Consejo General del Poder Judicial, pues eso, no es que tenga influencia, es que, en fin, que somos humanos y, en tanto tales, no podemos sustraernos a lo que se deriva de tal condición y tendemos a entender para qué se nos pone donde se nos pone.

Normal le parece el relevo de los fiscales que se encuentran investigando a altos cargos del PP y afirma así, por lo sencillo, que en España se persigue la corrupción con mayor eficacia que en otros países y la prueba está en todo lo que sale en la prensa. Claro, en otros sitios se mete la mierda debajo de las alfombras y por eso no sale a la luz lo que se choricea. O sea, aquí se persigue y por ahí no, se tiende a mirar para otro lado. Es posible, pero habría que aplicar, también en este caso, la presunción de inocencia y a lo mejor es que se roba menos, entre otras cosas, por lo contrario, porque tanto la Justicia como la sociedad son más intransigentes con la corrupción y los corruptos y, en cualquier caso, no tenemos constancia de que en esos países del extranjero la popularidad de los corruptos crezca en paralelo a sus perspectivas electorales una vez que se sabe que son unos sinvergüenzas de tomo y lomo, como demuestra el hecho de que se nieguen a declarar cuando se encuentran delante del juez: “Créalo o no, señor Lesmes, estos señores nos deben una explicación, y después de reclamar su derecho a un juicio justo con todas las garantías, tienen que aclarar a esa sociedad que les ha mantenido al frente de sus diferentes responsabilidades qué es lo que ha ocurrido aunque esto sea pernicioso para sus estrategias de defensa”. Nada tendrían que pergeñar si de verdad fueran inocentes, y no se me ocurre un mejor lugar para demostrar la inocencia que la sede judicial. Ese silencio convierte al presunto en “completamente presunto”. Claro que, si los compañeros del señor Lesmes dan por bueno que a alguien le toque la lotería una y otra vez como justificación de un patrimonio inexplicable, método que utilizan los traficantes de droga para blanquear el dinero, entonces es normal que muchas cosas no puedan explicarse o, como diría el señor Rajoy, presidente del partido ese que dicen que se organiza para delinquir y también presidente del Gobierno: “No se podrá demostrar que no es inocente”.

El señor Lesmes afirma en la entrevista que los jueces están dotados de los medios necesarios para cumplir con sus objetivos. Es curioso que los jueces crean lo contrario, y a pesar de que insiste en que se está avanzando en esta lucha contra el latrocinio desde las instituciones, la verdad es que la medida más efectiva que se ha tomado en este sentido ha sido acotar los tiempos de instrucción para que los grandes delitos no puedan ser juzgados.

Apela también este señor al consenso para la reforma de la Constitución, lo cual está muy bien, pero se ve que no conoce a sus compañeros de ideología: no están por consensuar absolutamente nada. Tal vez recuerde cómo bloquearon todas las renovaciones de las instituciones judiciales cuando se encontraban en la oposición, sabedores de la importancia que tiene copar con jueces afines a su causa el Tribunal Supremo, que él preside, el Consejo General del Poder Judicial, que también preside, así como el Tribunal Constitucional. Todo está en manos de los llamados conservadores.

Es una pena, ya que estamos en ello, que tampoco estuviera al tanto de las declaraciones del sustituido Manuel López Bernal, responsable de la Fiscalía de Murcia, que tenía los días contados después de que citara a declarar al presidente de dicha comunidad, en las que denunciaba presiones y robos en el domicilio de un compañero con sustracción de pruebas, porque también es mala suerte que el único en España que no se entere de lo que está pasando sea, precisamente, el que tiene la potestad de dar amparo y evitar que tales fechorías que dañan la credibilidad en la Justicia ocurran. Propone que los fiscales denuncien tales cosas cuando de lo que se quejan es, precisamente, de que no sólo no se hace nada a nivel judicial, sino que la propia Policía tampoco investiga lo que ha ocurrido en el domicilio donde se sustrajeron por dos veces los ordenadores que contenían documentos claves en la investigación.

Sólo le faltó al presidente del CGPJ, que se encarga de evitar estas cosas, afirmar que eso lo lleva su marido, argumento que da un resultado óptimo no sólo entre los miembros de la Casa Real, sino también entre ministras del PP que tienen capacidad, por lo visto, para administrar los destinos del Estado, pero son unas ineptas a la hora de controlar la economía doméstica y la entrada de coches de lujo en sus garajes. Nada parece sorprenderles a estas señoras: dan mala fama a la mujer.

Para concluir, debería aplicarse el señor Lesmes ese espíritu de consenso que reclama para la política a la hora de nombrar cargos, ya que se quejan, tanto desde el Tribunal Supremo que preside, y que en alguna ocasión le han echado para atrás un dedazo de los suyos, como en el CGPJ, donde ya se nombra a los colegas sin debate alguno. “Porque lo digo yo” se ha convertido en el nuevo método que impone este señor, según cuentan la prensa y miembros de dicho consejo, que no son partidarios de esta novedad. Al menos, y ya que se sabe qué va a votar cada uno, debería hacer el paripé, protocolo esencial en el intento de dar credibilidad a las instituciones, que es de lo que iba la entrevista.

Cuando terminó su intervención radiofónica seguro que fueron muchos los españoles que se dijeron: “Esto lo explica todo”.

Atado y bien atado, a por el botín.

En un país multicolor

29 marzo, 2018

Fuente: http://www.infolibre.es

El Gran Wyoming

Publicada 14/03/2017 a las 06:00Actualizada 13/03/2017 a las 21:41  
La lista de la España que sufre no para de crecer. A la Iglesia perseguida víctima desde las catacumbas a nuestros días, hay que sumar a Hazte Oír, perseguida como los judíos por los nazis disfrazados de demócratas, y también a Esperanza Aguirre, que se declara “la principal víctima de la corrupción”.

España está siendo despiadada con la mayor víctima de la corrupción, que no es la educación, tampoco la sanidad pública, apaleadas en cada nuevo presupuesto por los receptores y distribuidores de comisiones que luego se sitúan en los altos puestos de la administración de las empresas. Tampoco los ciudadanos que padecen los recortes derivados de estos chanchullos son los principales perjudicados. La principal víctima de este latrocinio orquestado en comandita, hacemos lo que podemos.com, es la que durante años tuvo el cetro de la derecha madrileña en sus manos: Caperucita Heidi Madrastra de Blancanieves Sacamantecas Antoñita la Fantástica Aguirre. Todos esos nombres, correspondientes a sus diferentes personalidades, adornan a esta mujer poliédrica. Aunque a lo mejor es sólo que tiene mucho morro y también personal que le ríe las gracias porque, desde luego, gracia hace la señora. Aunque sea puta gracia.

Aquellos que ella había colocado a su derecha e izquierda para que la salvaguardaran de todo mal, e hicieran por España lo que ella no podía abarcar, aprovechaban que despertaba con la salida del sol para arremangarse y subirse a los andamios de la construcción de los hospitales que garantizaban la salud de sus conciudadanos para, desde las cloacas de las diferentes administraciones, cavar un túnel por el que saquear las arcas de la Comunidad madrileña sin que ella pudiera sospechar, ni remotamente, que tal cosa pudiera estar sucediendo. La mano dura que tenía para con los más necesitados se convertía en guante de seda con los chorizos que minaban su credibilidad y restaban valor espiritual a su piadosa obra social.

Atrás quedan los tiempos en los que junto a su consejero Lamela, que ahora trabaja en uno de los emporios beneficiarios de aquellas maniobras sanitarias, dieron por buena una denuncia anónima que acusaba a un equipo de médicos de haber asesinado a doscientas personas en el hospital de referencia de su Comunidad, el Severo Ochoa. No les cupo la duda, no les extrañó la figura de la denuncia anónima, tampoco al juez que mantuvo durante años el secreto de la investigación de tamaña superchería, que sólo tenía como misión demostrar la necesidad de que los nuevos hospitales estuvieran en manos privadas, para que los medios afines a la causa, que cobran un pastón de nuestros impuestos a través de la propaganda institucional, y también a tocateja con venta de acciones, se despacharan por esa boquita y anunciaran que aquello era un centro de exterminio como los de los nazis. Sí, así lo decían. De esa forma tan extravagante y excesiva se gestó lo que llamaban colaboración público-privada, que incluyó una no menos perversa colaboración político-judicial, y fructificó en la aparición de hospitales por doquier que se venden como propios cuando no lo son.

Salieron a la luz innumerables chanchullos que señalaban a sus principales colaboradores. Tuvo en sus manos Esperanza, “la víctima”, toda la información necesaria, no sólo para detectar el cachondeo delincuente que escandalizaba a la sociedad madrileña, sino también para haber puesto orden en aquel sindiós choricero en el que estaba sumergida, pero entró en una de esas ausencias puntuales en las que rechazaba las pruebas que le aportaban los llamados cuerpos de seguridad del Estado. Según ella, cuando llegaban aquellos informes en los que se denunciaba que se robaba a manos llenas, ella sometía al denunciado a un careo, y como éste negaba los hechos, pues ella se lo creía todo. Ella es mucho de aplicar la máxima jurídica de in dubio pro reo, aunque más bien es de la escuela de Uno de los nuestros. Ya saben. Ni siquiera se mosqueó cuando la prensa publicó que el señor Granados se estaba haciendo un casoplón y este negó tal cosa afirmando que su mujer era decoradora y que estaba asesorando a la auténtica propietaria del inmueble. El señor Granados y su esposa terminaron viviendo en aquella casa que “no era suya”. Cuando los periodistas llamaban al telefonillo preguntando por él, desde dentro respondían que allí no vivía. Como en las películas de risa.

Tampoco se enteró de que los terrenos donde se hizo la estación del AVE de Guadalajara, la estación más ruinosa de todas, eran de la tía de su marido. Fueron recalificados y allí se construyeron un montón de casas. Cuestión que niega siempre. Tampoco sabe nada de las cuantiosas subvenciones que le llueven desde la UE en forma de millones de euros, y que recibe su negocio familiar, negocio del que desaparece su firma cuando la cosa sale a la luz.

No sabe nada de aquella historia que la llevó a la Presidencia por primera vez, cuando desaparecieron a la hora de votar dos diputados del PSOE, Tamayo y Sáez, en una maniobra en la que estuvo involucrado el secretario general del PP madrileño, Ricardo Romero de Tejada, que terminó de consejero en Caja Madrid con el colega Blesa. Los echan, salen en la prensa cesados y luego les dan un cargazo. Porque sabemos que estos señores del PP son gente honrada a los que ampara la presunción de inocencia, pero cualquiera diría que actúan como una organización mafiosa pagando servicios que compran el silencio. Total que se hizo presidenta, en la segunda vuelta, por la cara, cuando había perdido las elecciones. Y sin sospechar nada de nada, sin enterarse de nada. ¿Para qué preguntar? Además cuando lo hace se limita a escuchar la versión de los suyos, que le decían, ingenua ella, que eran inocentes. Si es que estas cosas le pasan por buena.

Tampoco se enteró de las reiteradas denuncias de las actuaciones del señor Correa, en lo que más tarde se convertiría en el caso Gürtel, por parte de un colaborador íntimo de este, José Luis Peñas, concejal de Majadahonda y militante del Partido Popular, que aburrido de que la señora no le recibiera denunció los hechos a la Policía. Mucho más tarde, doña Esperanza sacó a la luz la cuestión que según Rajoy no existía, él lo enmarcaba en un contubernio formado por jueces, policías y guardias civiles, para hundir la reputación intachable del Partido Popular. Despistada como siempre y sin miedo al ridículo, proclama de manera sorprendente durante una intervención en la Asamblea madrileña, causando la hilaridad del personal, que ella era la descubridora de la Gürtel, cuando ya se habían escrito toneladas de folios sobre la cuestión. Es posible que se acercara a la SGAE para que quedara constancia de su descubrimiento y, desconocemos si, de paso, aprovechando el viaje, intentó patentar también la penicilina y la vacuna de la polio.

Dentro de ese despiste que raya en la incapacidad absoluta y le impide aceptar responsabilidad política alguna, afirma constantemente, como si fuera una monomanía, que ha dimitido de sus cargos políticos por su responsabilidad in vigilando. Quienquiera que le enseñara el término se ha ganado el cielo, lo suelta cada vez que ve un micrófono. Mientras, sigue siendo líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Pero ella cree que ha dimitido de sus cargos políticos. A lo que se debe referir, cosa que a los que no somos de su partido nos importa un pimiento, es a que dejó su cargo de presidenta del PP madrileño tres meses antes de que prescribiera, cuando había anunciado que no se iba a presentar de nuevo.

A los ciudadanos lo que les preocupa es lo que atañe a lo público, lo que les afecta a ellos. Las decisiones que tome dentro del partido nos traen sin cuidado, como si se borra del Círculo de Lectores o del club de golf. Es más, es allí, en el PP, donde debería afianzarse porque sin duda estará entre iguales. Génova debe ser el único lugar del planeta donde la gente no ha oído hablar de corrupción ni de financiación ilegal.

En fin, todo puede esperarse de alguien que tira una moto de la policía al arrancar el coche y no para a mirar que ha pasado: ¡qué poderío!, que recorre la Gran Vía de Madrid perseguida por la policía con las luces a toda castaña, que llega a la puerta de su casa y maniobrando para entrar al garaje le da al coche de la policía que tiene detrás, y se mete en casa tan pancha, como si nada.

Ella es la que también pregona que nadie debería estar más de ocho años en la política.

Eso, que como no se entera, pues un día podría verse en los juzgados sin saber por qué. Del mismo modo que no entiende la responsabilidad que asume alguien cuando nombra a una persona para que administre lo público y trinca para su bolsillo. Le defiende una y otra vez de acusaciones que luego se muestran ciertas para, más tarde, lavarse las manos cuando llueven los marrones. A ella le valía, por ejemplo, que Ignacio González presentara una escritura de propiedad de la famosa vivienda de Estepona firmada un par de días antes de presentarse ante el juez, cuando había amenazado con llevar ante los tribunales a aquel que osara afirmar que la casa era suya. Le vale todo y luego se queja.

¡Qué cabecita loca!

Lo dicho, una víctima de la corrupción.

¿Y los demás? Los que pagamos la fiesta, ¿qué somos?

Más farsa

14 noviembre, 2017

Fuente: http://www.infolibre.es

El Gran Wyoming, 19 de octubre de 2016.

En el mundo del hampa, los profesionales del hurto distribuyen los roles y en cada “golpe” siempre hay uno al que le toca “comerse el marrón”. La cosa va por turno rotatorio, de forma que si les pilla la pasma uno reconoce los hechos y se declara culpable librando de culpa a sus compañeros. Es mejor que pague uno a que paguen todos.

Ahora asistimos a un capítulo más de la farsa en la que han convertido la política profesional, donde los enemigos de lo público y amigos de los negocios se forran con lo ajeno o sustrayendo dineros de los sobrecostes que se pagan a las empresas adjudicatarias según un plan previamente convenido. El truco es tan sencillo como presentar una oferta que el estamento público de turno no pueda rechazar y luego incumplir el contrato, saltarse el presupuesto. Se incrementan los costes por los imprevistos surgidos sobre la marcha y el adjudicador, sea Ayuntamiento, Comunidad Autónoma o el Estado, paga sin rechistar. Todo es legal. Basta con inhibir los controles y aceptar pulpo como animal de compañía. Como los adjudicadores cobran ese famoso 3% del presupuesto, se convierten en rehenes de las empresas adjudicatarias a las que trasvasan sin rechistar los dineros. No sale de su bolsillo, no hay problema.

Un paréntesis. Nos acabamos de enterar de que el Banco de España tenía conocimiento de la crisis de Bankia y que uno de los inspectores se puso muy pesado adelantando lo que iba a ocurrir con el famoso tema del rescate bancario que casi le jode el partido de fútbol de la Eurocopa a Rajoy, mandando un correo detrás de otro, porque nadie parecía querer darse cuenta del perjuicio que iba a tener la salida a bolsa de la entidad para las arcas públicas. José Antonio Casaus, que era el coordinador de la inspección de esa salida a bolsa, concluía: “Se acabará malvendiendo el banco cotizado y el Frob tendrá que hacerse cargo del banco no cotizado [BFA], por el otro, con un coste para el contribuyente de en torno a 15.000 millones, frente a la opción de coste cero para el contribuyente que supondría que el grupo fuera comprado hoy por una entidad potente y solvente”. Se equivocó el inspector, al final el coste para el contribuyente fue de 22.000 millones. Alguien debió decidir que entre 15.000 millones y coste cero, la primera opción era la buena.

Según sostenía ese inspector en otro correo, la opción de vender el banco a una entidad solvente extranjera era la buena, pero entonces los políticos que estaban al frente de Bankia perderían el control de la gallina de los huevos de oro y por eso no querían ni plantear la cuestión. Él lo explica bastante bien: “Es posible otra cosa, es que los políticos que gestionan Bankia no quieran explorar esa vía para no perder sus poltronas ni su herramienta de financiación”. En fin, como vemos, daba una opinión del por qué iban a consentir la hecatombe que se avecinaba. Se trataba de una opinión, sí, pero de una persona de la máxima solvencia encargada de estudiar los pros y los contras de la operación. Según su criterio nos iban a llevar a la ruina con tal de seguir chupando del bote y mantener sus privilegios. Una opinión. El problema es que acertó y se produjo lo que predecía cumpliendo con el trabajo que le encomendaban. Tuvimos que pagar esa cantidad que nos colaron con engaño. Nos vendieron el pago como un crédito que no nos iba a costar un duro, para comunicar después que de crédito nada, que teníamos una deuda derivada de todas estas irresponsabilidades cometidas por personas próximas al poder político y que tienen nombres y apellidos. ¿Se irán de rositas? Se admiten apuestas.

Falló el control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, otra vez; falló la empresa Deloitte, encargada de la auditoría de las cuentas de Bankia, que no vio nada raro, bueno, falseó las cuentas (ese mismo año Deloitte cobró 3,75 millones de euros por otros trabajos realizados para la entidad, lo que le ha supuesto una multa de 12 millones de euros impuesta por el ministerio de Economía porque al auditar y cobrar de la misma empresa por otros conceptos, entiende De Guindos que se pierde la independencia); y también falló el Banco de España a pesar de que los técnicos alertaban reiteradamente del desastre que se produciría con la dichosa salida a bolsa. Parecía que lo hacían aposta. Y uno se pregunta desde la ignorancia en la macroeconomía: Si un órgano creado para evitar estos desmanes es capaz de consentir, una vez detectado, un desastre de 22.000 millones de euros denunciado por los funcionarios a los que se les encarga la inspección, ¿para qué valen esos órganos de control?, ¿para controlar o para evitar que alguien controle?

Fernández Ordóñez, a la sazón gobernador del Banco de España, y que debería explicar qué paso allí, dimitió porque, según él, Rajoy en una charla le impidió comparecer en el Congreso para que los ciudadanos se enteraran de lo que había ocurrido. Sin embargo tuvo que ir al Senado porque su comparecencia en esa cámara ya estaba prevista, pero allí, que tenía su ansiada oportunidad para explicarse, se negó a declarar ¿? Sólo se trataba de 22.000 millones de euros. Alegó que estaría encantado de explicarlo todo pero que el Gobierno no era partidario y le parecía una irresponsabilidad “no hacer lo que pide el ejecutivo”. El Gobierno al que alude era el presidido por Rajoy aunque todo el lío, que muchos llaman estafa, se produjo durante el de José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, que de nuevo los intereses de España primaron sobre los de los ciudadanos que son los que luego pagarían el descalabro. El Ejecutivo manda y yo callo. A lo mejor era más lo que tenía que ocultar que lo que podía explicar. Visto lo visto, su gestión fue, cuando menos, nefasta y, desde luego, si es cierta la tozudez del inspector Casaus alertando del desastre, inexplicable. No es de extrañar que calle.

Se queja mucho el personal republicano de los gastos que supone la monarquía, pero España sale mucho más cara todavía, será por eso que los catalanes que miran mucho las pesetas se quieren largar. Es un tópico de comediante, ya saben.

Cambiando de tema, pero volviendo al de los que “se comen el marrón”, lo que llama la gente fina “cabeza de turco”, el espectáculo de la Audiencia Nacional que vivimos estos días resulta espeluznante. Ahora toca el turno de la Justicia para que creamos que al final, como les gusta decir a los que quieren evitar a toda costa que la Justicia cumpla el papel que le corresponde en el Estado de Derecho, “el que la hace la paga”. En el proceso del caso Gürtel que está copando las páginas de los diarios, hay dos que la pagan todo el rato: Correa y Bárcenas. Se están “comiendo el marrón”. Los dos que pasaron por la prisión y que ya tienen su reputación hundida.

Nos anunciaron que Correa había llegado a un pacto con la Fiscalía y la verdad, a pesar de que a los diarios les ha encantado su declaración, a mí me ha pasado como a los señores de la gestora del PSOE, que me parece que no hay nada nuevo, sólo que a mí me parece eso porque siempre he sido muy mal pensado y les miraba como presuntos, pero los de la gestora lo dicen para no renunciar a llevar a esta banda de políticos al gobierno de la nación, o sea, que lo de confirmar en sede judicial los tejemanejes trileros para trincar pasta no es óbice para entregarles el control de los dineros públicos. 

Tira de la manta Correa pero lo justo para taparse él con el beneficio pactado y no destapar a nadie, y, así, afirma que la sede de Génova era su casa, que no salía de allí porque organizaba los actos electorales con denuedo, pero que no conocía al director de campaña del PP que se llamaba Mariano Rajoy que, a su vez, afirma “tener la sensación” de no conocer a Correa, y a mí me da la sensación de que se ríen de nosotros otra vez y que el ministerio fiscal, que empezó muy fuerte, se está desinflando y no quiere que comparezcan, aunque sea para defenderse de las acusaciones, los responsables de las empresas que dice Correa que soltaban la mosca en un claro acto de soborno, un delito.

Dicen el Ministerio Fiscal y el juez que las acusaciones son imprecisas, pero no piden al reo que precise un poco más, como han hecho en otros momentos de la declaración, porque entonces tendrían que precisar ellos también las razones por las que no conceden a las empresas mentadas el derecho a lavar su imagen en sede judicial. A lo mejor no le creen en eso, pero sí le creen cuando dice que no conocía a Rajoy y que con Aznar tampoco tenía trato, que se miraban y sonreían, pero que no había nada más. A ver si está callando porque es un caballero y no quiere desvelar una relación más íntima. En fin, que se pasaba allí la vida, que tenía pase VIP, plaza de garaje, que manejaba un cifrón del partido, pero que se había colado, que, en el fondo, era un desconocido para todo el mundo. Como decía Lorca en esa soleá de Cádiz: Muerto se quedó en la calle / con un puñal en el pecho. / No lo conocía nadie.

Da la impresión de que estos señores del PP están aprendiendo mucho de cómo manejarse en los juzgados. Al principio mucho bombo, mucha mascletá para que los diarios tengan carnaza con la que entretenerse y los tertulianos larguen por esas boquitas, pero luego a ir desinflando el suflé, no sea que se atragante.

Si Mariano, el director de la campaña, tiene la sensación de no conocer a Correa, el encargado de los actos de campaña, sensación por sensación, la mía es de que me toman por gilipollas y de tanto ejercer ese papel me estoy volviendo cada vez más.

Por eso escribo estas cosas, para rehabilitarme y decirle a los socialistas que no les den el Gobierno a esta chusma que no respeta lo elemental. Que no nos obliguen a vivir con esta gente cuyo código moral les permite intentar detener el juicio con maniobras torticeras, y al día siguiente vender que gracias a su respeto por las instituciones se están llevando a cabo las sesiones del juicio.

No merecemos este maltrato.

Gánense el voto que les da de comer. No pisoteen de esa manera a su pueblo, ¡carajo!

Anatomía patológica

27 enero, 2017

Fuente: EL PAÍS SEMANAL

El huevo, que debía albergar el Instituto de Medicina Legal de un Campus de la Justicia, ha devenido objeto de análisis forense

JUAN JOSÉ MILLÁS27 MAR 2016 – 00:00 CETAnatomía patológica

SAMUEL SÁNCHEZ

La corrupción legal, en tiempos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, puso un huevo ahí, en medio del campo, y ahí sigue, como una protuberancia extraterrestre. Cualquier día se abre y aparecen unos hombrecillos dispuestos a invadirnos, como si no estuviéramos suficientemente colonizados por nosotros mismos. El huevo, que pretendía albergar el Instituto de Medicina Legal de un supuesto Campus de la Justicia, ha devenido, paradojas de la vida, objeto de análisis forense. Si se le hiciera una biopsia, como el tumor que es, quedaríamos espantados ante la malignidad de las células que lo componen. Observen el raquitismo de la vegetación que lo rodea, incapaz de crecer a su sombra porque come de todo. Él solo se tragó en su día 22 millones de euros, a los que sería preciso añadir los 105 que se invirtieron en el resto del complejo. Un dineral con el que usted y yo habríamos cubierto cientos de necesidades, habríamos tapado miles de agujeros.

Los pasajeros que van o vienen del Aero­puerto de Barajas lo ven inevitablemente desde la ventanilla del taxi, con sol o lluvia, frío o calor. Los días de niebla, parece un coágulo en medio de un paisaje enfermo o difunto, cubierto por el sudario de la bruma. Miles de ojos se posan cada día en su cáscara. Sería un buen sitio para colocar publicidad, pero quién se atreve a acercarse a él. ¡Vaya usted a saber lo que contagia! Quienes lo perpetraron, abandonándolo, tras pagar las facturas, a su suerte, circulan con libertad, sin que hasta la fecha hayan sido citados por el juez. Pero no se le ocurra a usted robar una bicicleta.

elpaissemanal@elpais.es

La huella de la corrupción en España

2 agosto, 2016

Fuente: EL PAÍS SEMANAL

Los españoles desconfían de las instituciones. Pero ¿es España un país corrupto?

Un millar de políticos con causas judiciales pendientes. Juzgados desbordados. Un 95% de ciudadanos convencidos de que el sistema favorece la impunidad. Retrato de una de las peores lacras del país

Albert Gadea, exdirector gerente de Planificación del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet

Poco antes de que el alcalde fuera detenido, me metieron en un despacho y me pusieron delante un informe. Era el mismo que yo había redactado, pero sin los párrafos en los que desaprobaba expresamente la operación urbanística. El alcalde les daba las órdenes por teléfono: ‘Que no se levante hasta que haya firmado’. Ante mi negativa, el secretario del Ayuntamiento me agarró de la muñeca, me colocó el bolígrafo en la mano y trató de obligarme a firmar.

Todo el mundo callaba”. Lo cuenta Maite Carol, 42 años, economista y entonces interventora municipal en Santa Coloma de Gramenet. Los guardias civiles que tenían pinchados los teléfonos del alcalde registraron este airado comentario: “No ha firmado, la puta esa ha salido llorando, hay que echarla”. Es lo que hizo el alcalde.

El caso Pretoria, destapado hace seis años, es una muestra reveladora de corrupción multipartidista, un ejemplo de cómo la codicia reú­ne, incluso, a políticos de ideologías contrapuestas en el saqueo de las arcas públicas. En los fraudes urbanísticos del área metropolitana de Barcelona se dieron cita los prohombres de Convergència: Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, figuras clave en los Gobiernos de Pujol; el diputado autonómico socialista Luis Andrés García, Luigi, y dirigentes menos notorios del PP. Según la Fiscalía, “formaban un entramado dirigido a manipular las adjudicaciones públicas de varias operaciones urbanísticas” a cambio de “cuantiosas comisiones que ocultaban a través de sociedades interpuestas”.

La investigación puso también de relieve que en los ámbitos empresariales inmobiliarios estaba asumido que, para obtener la adjudicación de proyectos en una serie de municipios, “había que contar con la autorización mediata de Luis Andrés García”. Dice la Fiscalía que el diputado del PSC mantenía una relación tan intensa y estrecha con su correligionario el alcalde de Santa Coloma de Gramenet y vicepresidente de la Diputación de Barcelona, Bartolomé Muñoz, que “de facto, era él quien dirigía y tomaba muchas de las decisiones urbanísticas”, luego refrendadas por la alcaldía.

La acusación juzga evidente que el alcalde de Santa Coloma cobró dos millones de euros en comisiones por una operación que impidió a su municipio ingresar 14 millones de euros. La pluralidad política de sus integrantes permitía a la trama operar en Ayuntamientos de signo ideológico diferente. ¿Es posible que las direcciones de los partidos ignoraran estos comportamientos “asumidos” por el empresariado?

Este es el testimonio de Itziar González, arquitecta y urbanista que ejerció de concejal independiente en el distrito barcelonés de Ciutat Vella entre 2007 y 2010. “Detecté la existencia de una red de corrupción en los servicios técnicos y jurídicos que actuaba en complicidad con agentes privados del sector turístico. Recibí todo tipo de presiones. Me dejaban cartas con amenazas de muerte en el buzón y una vez entraron en mi casa. Revolvieron todo en busca de informes relacionados con mi trabajo, inspeccionaron mi ordenador y se llevaron algún material. Pero, sobre todo, fue un aviso. Querían decirme que si yo seguía obstaculizando su proyecto, ellos estaban dispuestos a ir más lejos”. Algunas de estas experiencias denunciadas en el documental Corrupción, el organismo nocivo, producido por Pandora Box TV, resultan extrapolables al conjunto de España. Entre los ciudadanos más conscientes del fenómeno y entre los profesionales que lo combaten ha ido ganando cuerpo la idea de que si el problema no ha pasado a mayores y adoptado un cariz manifiestamente violento, mafioso, en nuestro país es porque la Judicatura y los Cuerpos de Seguridad del Estado se han mostrado altamente impermeables a la penetración de las tramas corruptas.

Hay un millar largo de políticos con causas abiertas por corrupción pese a que contamos con la asombrosa cifra de 17.621 cargos públicos aforados que no pueden ser juzgados por los tribunales ordinarios y disponen de un privilegiado blindaje que, a menudo, les libra de las pesquisas judiciales. De los 2.173 casos que en abril de 2013 estaban clasificados como “complejos” por el Consejo General del Poder Judicial, 1.661 están relacionados con casos de corrupción o de delitos económicos. Los jueces no dan abasto. Llevan años reclamando sin resultado más medios y refuerzos. “El último juzgado de la Audiencia Nacional se creó hace 20 años. Tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes cuando en la UE cuentan con 21. La falta de medios es deliberada”, asegura un antiguo fiscal que abandonó su carrera, desalentado, por la politización de las altas instancias judiciales. No es una opinión aislada, como no lo es el temor a que la reducción a 18 meses del plazo de instrucción, aprobada recientemente, acarree la impunidad de los delincuentes de cuello blanco implicados en casos graves y complejos que, por lo general, requieren el envío de comisiones rogatorias a otros países.
El Eurobarómetro de 2013 mostró que los españoles son los europeos que más corrupción perciben en su esfera política. El 84% de ellos cree que los partidos son corruptos y el 72% dice lo mismo de sus políticos. Es un récord que deja muy por detrás a Italia. Más aún: según la encuesta de Metroscopia de enero de 2013, el 95% de los preguntados cree que el sistema favorece la impunidad de los corruptos. En la España de nuestros días se cruzan apuestas del tipo: “¿Pagará realmente la cúpula del PP por el caso Gürtel?”; “¿llegará a ingresar la infanta en la cárcel?”. Por cambiantes que pueden llegar a ser los juicios morales y los estados de opinión en estos asuntos altamente expuestos a la efervescencia mediática, estamos ante un problema mayor que devora el crédito de partidos e instituciones y ataca los cimientos mismos de la democracia. Y es que, de un tiempo a esta parte, la mirada de la opinión pública busca y no halla en el firmamento de las élites colectivos intachables, libres de toda sospecha. No lo están los políticos profesionales, pero tampoco las organizaciones empresariales, que tienen a parte de sus antiguos dirigentes procesados, los altos directivos financieros, las organizaciones sindicales…
¿España es un país corrupto? El largo rosario de escándalos que como minas de efecto retardado han ido estallando en los últimos años ha desenterrado el viejo estigma del país condenado fatalmente a repetir sus desvergüenzas y a renovar el género literario de la picaresca que inventó, con propiedad, en su Siglo de Oro. Repasar esta faceta de la historia española es un ejercicio tan desconcertante como equívoco en la medida en que puede hacernos creer que nos contemplamos en el mismo espejo del pasado y que este es un problema que forma parte del ADN nacional.

EL PRECIO DE LA HONESTIDAD

La huella de la corrupción en España

Camino de Santiago, a la altura de Burgos, un hombre de mediana edad que viaja con su hija de siete años hace un alto en el camino y entabla conversación con una peregrina checa. Hablan de sus castigados pies y del peso de sus mochilas. Nuestro hombre, inspector de cursos de formación para parados, le confiesa que él carga desde hace meses con un abrumador dilema moral. Le dice: “La duda me carcome las entrañas porque me juego el puesto de trabajo. Es como si en la mochila transportara dos agotadores informes: en uno, autorizo con mi firma los pagos de los últimos cursos de formación; en el otro, los deniego por fraude de ley y denuncio las prácticas sistemáticas de desvío del dinero público. Estoy solo en este asunto, ¿qué haría usted?”. “Evitaría cometer actos que tuviera que ocultar a las siguientes generaciones”, responde la peregrina con la mirada puesta en la niña. “Esas palabras terminaron por decidirme. Regresé a Barcelona y me negué a firmar las autorizaciones de pago de los cursos, pese a las presiones de mis jefes del Servei d’Ocupació. Perdí mi empleo, pero me quedé con la conciencia tranquila. Según mis cálculos, el fraude masivo en los cursos de formación, financiados en su mayor parte por la UE, ascienden en España a unos 500 millones de euros”, asegura Carlos Martínez Viña.

“El gobierno de España es el más perfecto que pudieron imaginar los antiguos legisladores, pero la corrupción de los tiempos ha ido llenándole de abusos. Desde el pobre hasta el rico, todo el mundo consume y devora la hacienda del rey; los unos, a pequeños bocados; la nobleza, a boca llena; y en cuanto a los grandes, en cantidades fabulosas”, dejó escrito el que fuera embajador de Venecia en Madrid durante los años 1681-1682, Giovanni Cornaro.

En su obra El laberinto español, el hispanista inglés Gerald Brenan nos describe un cuadro de situación correspondiente a 1840 que puede resultarnos igualmente familiar. “No eran solo los empleos del Estado los que caían dentro de la influencia de los partidos. Los principales intereses industriales de España, sobre todo bancos y ferrocarriles, estaban muy estrechamente ligados a la política; de los políticos dependía el que se considerasen favorablemente sus intereses, mientras que los políticos a su vez dependían de ellos en lo que concierne a puestos en consejos de administración y cargos lucrativos para los miembros de sus familias”.

Que los ricos han burlado casi todos sus impuestos en España a lo largo de la historia es un apunte repetido por los cronistas de época. En 1902, el ministro de Agricultura declaró en el Senado que el fraude fiscal por la propiedad se situaba entre el 50% y el 80% porque las grandes haciendas no pagaban nada. Un tercio de los impuestos cobrados se lo quedaban los agentes encargados de recaudarlos. Así que, en efecto, España tiene amplios antecedentes de corrupción política. “Todo está podrido en España menos el corazón de la gente pobre”, dejó escrito el historiador británico Napier.

Una fugaz mirada retrospectiva al franquismo nos devuelve al predominio absoluto de las viejas clases dominantes asociadas a las oligarquías financieras e industriales que suplían la debilidad estructural del capitalismo español con las ventajas que les ofrecía el paraguas del régimen. El “enemigo público número uno” era el robagallinas, primero, y atracador, después, Eleuterio Sánchez, El Lute, en un tiempo en el que los maleantes de cuello blanco, con y sin crucifijo, campaban por sus fueros. La democracia no supo atajar estas sucias prácticas y la infección silenciosa de la corrupción ha hecho metástasis en el sistema hasta el punto de que no hay partido de derechas o de izquierdas, nacionalista o no nacionalista, a salvo de la gangrena. Más que en la ideología, la diferencia en el grado y la extensión hay que buscarla en el mayor o menor control del ámbito institucional ejercido por cada sigla y en las probabilidades de impunidad.

ANTOLOGÍA DE GRANDES ESCÁNDALOS

Caso Naseiro, la senda del tesorero. La trama corrupta en torno al tesorero del Partido Popular Rosendo Naseiro quedó impune en los noventa a pesar de las evidencias. El juez apreció irregularidades en la investigación.

Filesa, financiación ilegal del psoe. El Tribunal Supremo condenó a ocho responsables de crear un conglomerado de empresas que recaudó fondos ilegales para las campañas del PSOE en las elecciones generales y europeas de 1989

Juan Guerra, se disparan las alarmas. El procesamiento por tráfico de influencias de Juan Guerra (derecha), hermano del vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, sacudió la vida pública de los ochenta.

Mario Conde, el ángel caído. El Banco de España intervino Banesto, presidido entonces por Mario Conde, el 28 de diciembre de 1993. El proceso terminó con penas de cárcel para los principales responsables de gestionar la entidad bancaria.

Marbella, el estigma interminable. Caso Malaya. Caso Marbella. Caso Camisetas. Caso Atlético. Un rosario de causas e implicados, como el empresario José María del Nido y los exalcaldes Julián Muñoz y Jesús Gil (de izquierda a derecha).

Gürtel, el bigotes y compañía. El caso lleva el nombre del cabecilla de la trama, Francisco Correa, traducido al alemán. Correa creó un entramado y aprovechó sus relaciones con el PP para enriquecerse.

Caso Palau, el rastro de convergència. El desvío de fondos del Palau de la Música, presidido por Félix Millet, acechó a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Caso Nóos, Urdangarin y familia. El juicio por el caso Nóos, que arrancó el pasado 11 de enero, encausa a 18 imputados en la trama con la que Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres lograron casi seis millones de euros de dinero público

ERE y fraude, desfalco en Andalucía. El mayor caso de corrupción en Andalucía desveló una red de fraudes con las subvenciones al desempleo. Arriba, el principal acusado, Francisco Javier Guerrero, exdirector de Trabajo de la Junta.

Caso Bárcenas, la caja B del PP. Luis Bárcenas encabeza la causa derivada del caso Gürtel sobre la existencia de una caja B en el PP controlada por los extesoreros Álvaro Lapuerta y el mismo Bárcenas.

 

Al socorrido argumento de que la joven y frágil democracia española necesitaba reforzar financieramente a sus partidos políticos para contrarrestar la débil afiliación y la proverbial inhibición de la sociedad en la cosa pública, heredada del franquismo, se le sumó, particularmente en los periodos de bonanza económica, la teoría exculpatoria de que un poco de corrupción viene bien al sistema porque permite engrasar sus estructuras. Ungidos por la legitimidad del voto, los partidos juzgaron pecado venial procurarse una financiación paralela a la legal, y sin que se conozca fecha ni lugar suscribieron implícitamente un pacto de silencio cómplice que ha seguido vigente hasta nuestros días, excepción hecha del accidental calentón enseguida sofocado: “Tienen un problema y se llama 3%”, que el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, lanzó a CiU. Por mucho que siete no sea lo mismo que setenta, la corrupción ata a unos y otros en el secreto y el temor compartidos a quedar en evidencia ante la opinión pública.

Aunque la casuística es muy variada, lo que empezó como una manera de recaudar dinero para las campañas electorales –en el caso Filesa, uno de los primeros escándalos del PSOE, no se detectó lucro personal–, fue derivando en un sistema en el que la búsqueda del beneficio individual desempeña un papel determinante. Eso ha quedado de manifiesto en los sumarios abiertos por la trama Gürtel, la actuación de Luis Bárcenas y el fraude de los ERE en Andalucía. La captación de “empresas amigas” dispuestas a hacer generosas “donaciones” a cambio de recalificaciones de suelo, adjudicación de contratos públicos o subvenciones viene ahora de la mano de turbios personajes que practican el maridaje entre negocio y política.

El procesamiento por tráfico de influencias de Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, fue una hoguera que activó algunas alarmas a finales de los ochenta, pero el aldabonazo más notorio de que la corrupción había alcanzado el tuétano político vino con este mensaje confidencial: “Estoy en la política para forrarme”, que el dirigente del PP y presidente de la Diputación de Valencia Vicente Sanz transmitió en una conversación telefónica registrada por la policía. Las investigaciones pusieron al descubierto una trama corrupta organizada en torno al tesorero del PP Rosendo Naseiro, que quedó impune porque, aunque las evidencias eran abrumadoras, el juez apreció irregularidades formales en la investigación.

En aquel tiempo, todavía cabía confiar en la capacidad de rectificación de las formaciones políticas, pero la realidad vino enseguida a demostrar que los propósitos de enmienda enunciados no podrían detener la infestación. Tampoco el hundimiento en las arenas movedizas de la corrupción del último Gobierno de Felipe González en 1996 supuso el esperado punto de inflexión general. Los partidos siguieron con sus hábitos de negar la mayor y blindar a los suyos frente a la justicia. No hubo escarmiento suficiente ni vacuna porque el pulpo de la corrupción había encontrado también abrigo en las organizaciones territoriales autonómicas y municipales y podía mover sus tentáculos con relativa impunidad. La colonización política de las administraciones e instituciones públicas permitía soslayar o desmontar los controles, mientras el electorado, entretenido en el juego del “tú más”, se mostraba bien dispuesto a seguir votando a los corruptos abrigados con las siglas en las candidaturas de listas cerradas. El tiempo medio que los jueces tardan en dictar sentencia en los macroprocesos es de 10 años. La justicia lentísima del tarde, mal y nunca parecía entonces una amenaza lejana, improbable y en última instancia, siempre cabía confiar, con fundamento probado, en el indulto gubernamental. Entre 2000 y 2012 ha habido 132 indultos a políticos condenados por casos de corrupción.

Desde los años noventa, nuestro país ha ofrecido un vertiginoso carrusel de escándalos de corrupción y una interminable galería de personajes, Jordi Pujol, Ruiz Mateos, Luis Roldán, Jesús Gil, Javier de la Rosa, Gabriel Urralburu, Mario Conde, Carlos Fabra, Francisco Correa, Jaume Matas, Iñaki Urdangarin, Félix Millet, Francisco Granados, Francisco Javier Guerrero, Luis Bárcenas…, en los que el rostro curtido de la sinvergonzonería aparece adobado en soberbia y maquillado con fingida indignación. España es un país en el que los delincuentes salen por la televisión a denunciar con desenvoltura que son objeto de una persecución intolerable y a amenazar a quienes los señalan. En ocasiones, aporta noticias ante las que hay que restregarse los ojos: “Luis Bárcenas sale de prisión con un permiso para esquiar en Baqueira”, “Mensaje de Rajoy a Bárcenas: ‘Aguanta, Luis’, ‘sé fuerte”.

Muchos juristas siguen viendo en la actitud de jueces y fiscales restos de la antigua servidumbre debida a las clases acomodadas en el franquismo. “En España, los tribunales siempre han sido demasiado fuertes con los débiles y demasiado débiles con los fuertes”, indica un antiguo fiscal que recita de corrido casos en los que potentados de la banca y de la gran empresa como Emilio Botín o César Alierta quedaron libres de condena gracias a las modificaciones de los criterios procesales aplicados hasta ese momento o a la habilidosa utilización de los plazos y los recursos. “El voto del ciudadano corriente vale tanto en las urnas como el de un gran financiero, pero a partir de ahí los poderosos ejercen regularmente su influencia en los estamentos de poder”, afirma el fiscal.

En el escaparate de la opinión pública apenas figuran los grupos de intereses que practican la corrupción legalizada o la “captura del Estado”, pese a que existen numerosas huellas de su actividad, desde luego en la política urbanística pero también en los sectores bancario, energético, sanitario y de las telecomunicaciones. “Estos grupos son capaces de comprar regulaciones e incluso leyes a cambio de financiar generosamente al partido en el Gobierno”, asegura Manuel Villoria, cofundador de Transparencia Internacional España. El caso ITV en el que está implicado Oriol Pujol Ferrusola sería una prueba de cómo se puede sobornar a un político y conseguir que su grupo parlamentario apruebe en bloque una regulación objetivamente lesiva para el ciudadano y la libre competencia. Manuel Villoria echa en falta en las leyes aprobadas recientemente una adecuada regulación de los lobbies.

La politización de las altas instancias judiciales –“ese magistrado del Constitucional ha sido desleal. Le pusimos nosotros y, sin embargo, ha votado contra nuestra posición en lo referente al Estatuto catalán”, se indignaba un alto dirigente socialista– ha instalado la sombra de la sospecha en la cúpula de la Judicatura y la Fiscalía. ¿La actitud de la Fiscalía en el caso de la infanta Cristina se corresponde escrupulosamente con lo reglamentario? “No hay corrupción judicial en España más allá de unos pocos casos aislados. Los tribunales son verdaderamente independientes, y los fiscales, profesionales y poderosos. Le aseguro que el poder político no frena al fiscal y que cuando el procedimiento se pone en marcha no lo para nadie. Lo que sí tenemos es una justicia muy lenta, que casi es lo peor que se puede decir”, sostiene Alejandro Luzón, el fiscal que ha investigado muchos de los grandes escándalos. “Nuestras debilidades legislativas y administrativas son graves, pero esos fallos están identificados y se resuelven con prevención, transparencia, incompatibilidades en los cargos públicos y educación ciudadana. Hay motivos para ser optimistas porque se ha avanzado mucho en la lucha contra la corrupción. Descontada la corrupción política vinculada a los partidos, no somos, en absoluto, un país corrupto”, subraya Luzón.

El alcance de la corrupción en España queda sujeto a discusión, pero a tenor de las encuestas y estudios no puede decirse que la sociedad española sea corrupta. “Lo que tenemos es, sobre todo, alta corrupción: la sensación de que las empresas deben pagar a los políticos o a sus partidos para obtener contratos o beneficios públicos. Es una corrupción tan intensa como poco extensa”, indica Víctor Lapuente, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford e investigador del Instituto de Calidad de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). “Aquí no hay riesgo de que la policía te pare y te pida dinero o que tengas que sobornar para recibir asistencia médica. De hecho, la corrupción entre nuestros funcionarios es de las más bajas del mundo. Lo nuestro es un serio problema de corrupción política a causa de los graves defectos institucionales y de los nombramientos de libre designación para los puestos de funcionarios”, abunda Manuel Villoria.

La sociedad española no tiene más inclinación por la corrupción que cualquier otra, pero ha sido moldeada en el doble rasero que se procuran las élites, en el nada ejemplarizante comportamiento de los partidos políticos, la institución juzgada más corrupta en las encuestas, y en la atmósfera de relativa impunidad reinante en estas décadas. ¿Cabe indignarse desde la esfera política del impago del IVA en la factura del fontanero si los políticos practican la mordida a las empresas y la contabilidad B? El atavismo de la pobre legitimación del Estado y de la secular desconfianza española en las instituciones contribuye también a explicar la mayor condescendencia general respecto a la economía sumergida y la permisividad ante el impago de impuestos.

Lo curioso del caso español es que esa permisividad convive en un mismo bagaje cultural con el rechazo beligerante y masivo a la corrupción política. Como se ha visto en los casos de Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, esa doble moral alcanza también a figuras políticas de partidos emergentes y permite predicar contra la corrupción al tiempo que se intenta estafar a Hacienda o se disfruta de un beca indebida; todo con naturalidad, sin autocrítica ni mayor penalización social. Y, sin embargo, el estudio llevado a cabo por los profesores Prieto, Sanzo y Suárez en 2006 ya mostró que los votantes de los dos principales partidos rechazaban de forma rotunda los fraudes para acceder de forma ilegal a las prestaciones públicas.

“No se debe olvidar el idealismo de los españoles en lo tocante a las cuestiones políticas, así como su aguda susceptibilidad respecto a la injusticia. No hay pueblo que sea más severo que el español en sus juicios sobre estas cuestiones. El favoritismo y la aceptación de comisiones resultan a sus ojos un verdadero desfalco. Los españoles en conjunto no son justos ni imparciales, pero son honestos. Por mi parte, tiendo a pensar que si en Inglaterra estuviéramos expuestos a tal número de tentaciones de deshonestidad como se está en España, no saldríamos tan bien parados como ellos”. Lo escribió Gerald Brenan en 1962.

elpaissemanal@elpais.es

Populismo

15 junio, 2016

Fuente: http://www.infolibre.es

El Gran Wyoming . Publicada 16/03/2016 a las 06:00. Actualizada 16/03/2016 a las 09:34  

Este fin de semana he asistido a un coloquio en un congreso sobre periodismo digital que se organiza en Huesca y que celebró su XVII edición. Yo no soy periodista, pero asistía como invitado en la sesión de clausura para hablar del programa que hacemos, El Intermedio, y de paso, celebrar un encuentro con Ignacio Escolar. Allí charlamos un poco de todo porque, ya se sabe, una cosa lleva a la otra.

Este congreso es obra de un visionario que se llama Fernando García Mongay, porque hace diecisiete años esto del periodismo digital debía de ser una cosa marginal. Ahora es el periodismo con mayúsculas en número de lectores, pero también en margen de libertad. En infoLibre, así como en otros diarios parecidos, se pueden leer opiniones que no aparecen en otros medios consolidados y de gran prestigio. Sus razones tendrán y, desde luego, sus márgenes y orientaciones, lo llaman línea editorial. Los márgenes son comunes a una opinión oficial que sitúa a la inmensa mayoría de los medios de comunicación en un frente común de combate contra el populismo.

El populismo, como el terrorismo, es una condición que demoniza al grupo que recibe tal estigma por parte de la Unión de los Demócratas, una especie de joint venture política que desposee de la calidad de “cuerdo demócrata centrado a favor del Sistema” al que no comulga con sus proclamas. Cuando se cuelga el sambenito de populista a un rival, dejan de tener sentido sus propuestas, sus programas, sus ideas al fin, por carecer de marchamo democrático, de legitimidad, y el apestado pasa a pertenecer al limbo de los que utilizan a las masas para enriquecerse. Nada que ver con las propuestas de la Unión de los Demócratas, que nacen, exclusivamente, para dar gloria y mejor vida al ciudadano.

Hemos de reconocer que el fracaso de estos señores que se atribuyen la cordura en exclusiva ha sido estrepitoso. Paso a paso, ley tras ley, hurto tras hurto, han conseguido llevarnos a un mundo mucho peor que el que conocíamos, y a pesar del desastre en el que ha concluido su gestión, entran en una especie de histeria colectiva ante la idea de que surja una alternativa con otras propuestas que no sean las que establece el marco de lo políticamente pactado que es, por antonomasia, lo políticamente correcto.

Aquel pacto tácito de Tú no revisas lo mío y yo no revisaré lo tuyo, también llamado No judicializar, ni siquiera ante la evidencia del delito, nos ha llevado al punto en que nos encontramos, donde las deyecciones rebasan la capacidad de la alcantarilla para manar por los sumideros que pueblan nuestras calles y plazas. Cuando la corrupción brota como un chorro de petróleo al aire y ya se hace inevitable la denuncia, se habla de éxito del Estado de Derecho.

Sorprende que sean acusaciones populares, así como UPyD y ese grupo de extrema derecha llamado Manos Limpias, los que hayan llevado ante los tribunales gran parte de estos casos de corrupción que llenan las páginas de los periódicos, delatando una absoluta dejación de funciones de los representantes políticos de los partidos históricos que deberían velar porque esta situación de latrocinio tan extendida no se hubiera producido.

Asistimos a un fracaso sin paliativos del Sistema. Han fallado todos los filtros, tanto del Banco de España como auditorías, Tribunal de Cuentas, control de los concursos públicos, y en este momento me pregunto si han fallado o es que estaban desactivados al servicio de vaya usted a saber quién, como cuando se dejaron abierta la puerta noreste del muro de Constantinopla que permitió la toma de la ciudad por los turcos. ¿Eran incompetentes todos los órganos de control? ¿Nos encontramos ante una generación de funcionarios inútiles?

Yo creo que no. No deja de ser curioso que cuando un Ayuntamiento como el de Madrid se pone a mirar en los cajones, aparezcan todo tipo de fechorías, tratos de favor, adjudicaciones a dedo, concursos amañados y demás prácticas corruptas. Son esos mismos funcionarios inútiles los que descubren esas fechorías en cuanto se les da la orden de que husmeen.

Del mismo modo, resulta curioso que la basura sea denunciada desde las instituciones solamente allá donde ha habido un cambio de Gobierno en una determinada dirección. Daría la impresión de que sólo se delinquía en aquellas corporaciones que han tenido la mala suerte de cambiar de signo político. ¡Qué casualidad!

Hay un caso que representa a la perfección lo que quiere señalar el autor. Pilar Valiente, inspectora de Hacienda y amiga de Aznar, fue expedientada siendo directora de la Oficina Nacional de Inspección por utilizar la Agencia de forma ilícita, con fines políticos, usando datos de forma fraudulenta. Acusó al PSOE de haber llevado a cabo una inexistente amnistía fiscal para sus amiguetes, desatando una enorme tormenta política con su coro mediático. No había nada. Ellos hicieron, como sabemos, eso mismo más tarde. Lo que se llama preparar el terreno. Tuvo que largarse con las orejas gachas. En vista de sus aptitudes, más tarde la ascendieron, la pusieron al frente de la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A Montoro le gustaba su estilo, el día de su nombramiento resaltó su “excelente profesionalidad y su alta cualificación”. Estando doña Pilar al frente de la Comisión saltó a la luz el escándalo de Gescartera, estafa en la que intervino de forma directa, permitiendo su legalización sin cumplir los requisitos y purgando a inspectores que hacían su trabajo, que no era otro que evitar el timo que habían detectado desde aquel chiringuito financiero. Tuvo que dimitir cuando en la agenda de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, hermana de un secretario de Estado también implicado, encontraron anotaciones en las que podía leerse cómo su amiga Pilar Valiente, la que debía controlarla, la tenía al día de las investigaciones. Ayudaba en el fraude a los que tenía que inspeccionar. Se robó a espuertas. Como suele suceder, encontraron a nombre de la presidenta de la CNMV un patrimonio muy difícil de justificar con sus ingresos. No pasa nada: había comprado todo a precio de ganga porque era muy lista. A otra cosa.

A pesar de todo esto, Montoro la vuelve a ascender en la nueva etapa. Así son, no se cortan. La pone de número dos de la ONIF, la oficina antifraude, y lleva, entre otros, los casos Gürtel y el de Urdangarin. ¿Se entiende por qué fallan los controles?

Ahora crean el falso debate de Rajoy como impedimento para una España saneada: eso, creo yo, es populismo y toreo del personal. Rajoy se va, la pirámide se queda. Esta es la España que el señor Rivera quiere recuperar porque dice que tiene muchos votos, para que forme Gobierno junto a Sánchez. La mayoría de los casos de gran corrupción que conocemos han salido a la luz por la denuncia de personas que se encontraban en el ojo del huracán corruptor y se han arrepentido, o bien se han negado a colaborar y se han ido de la lengua. Pocos casos han sido el resultado de investigaciones de los órganos encargados de ello. La vida de los denunciantes, así como de los que declaran en contra de los presuntos corruptos en sede judicial, se ve truncada. Unos pierden los trabajos y otros son expulsados del partido correspondiente de manera fulminante, y en muchos casos perseguidos y amenazados en lugar de condecorados por ponerse del lado de la Justicia y la honradez.

El populismo, es decir, el nacimiento de fuerzas alternativas que ampliaran el espectro de elección de los ciudadanos, era necesario. Esto que cuento se sabía, se publicó y no ocurrió nada, nunca pasa nada. El Congreso funciona como una marcha de boyscouts silbando mientras pasean por las praderas.

La irrupción del populismo ha puesto al descubierto foros para salvar a España en los que cohabitan grandes prohombres del centro izquierda con miembros de la extrema derecha, a los que gusta llamarse de centro, que hacen imposible, porque así se lo ordenan sus jefes, los que les emplean en los consejos de administración, la regeneración de este país.

A algunos se les ha caído la venda de los ojos al ver el descaro de ese contubernio de personajes que echan pestes en público, en los medios de comunicación y tertulias políticas, de aquellos supuestos rivales con los que luego se reúnen, quedan a comer, pasan el rato y consiguen desde la sombra la perpetuación de este estado de corrupción. Lo llaman lobbismo, les llaman lobbistas. Aunque parezca de risa, es legal cobrar un pastón por influir en las decisiones de los que nos representan. La RAE, siempre alerta ante la inclusión en nuestro idioma de anglicismos, debería entrar a saco y decir que no, que tenemos una palabra para esto del lobbismo: soborno. Y para los lobbistas, exdiputados, diputados, exministros y expresidentes: corruptores.

Josep Fontana lo define como privatización del Estado.

Las grandes decisiones se toman en corporaciones comerciales y se ratifican en el Congreso. En esas estamos.

¿Cómo es posible que las principales empresas corruptoras que se han lucrado con dinero público desde la ilegalidad sigan siendo las más beneficiadas con las adjudicaciones?

Asistimos a la era de la corrupción del lenguaje. Llaman populismo al clamor popular. De paso cuelan a los nazis en el populismo. El fascismo viene al galope cabalgando desde distintos puntos de Europa, pero la Unión de los Demócratas tiene un problema más importante que resolver y es frenar el crecimiento de un movimiento popular, de un populismo que se empeña en “no renunciar a la demagogia”, en plantear utopías irrealizables, incompatibles con los deseos de los amos. Esos amos que afirman que Ada Colau “en una sociedad seria y sana debería estar limpiando suelos”. Así son, y con ellos se quiere pactar. Lo contrario es populismo y falta de sentido de Estado.

Bueno, este fin de semana he estado en el congreso de periodismo digital de Huesca y se me ha olvidado decir que, como la piedra que cae al vacío, avanzamos con una aceleración constante hacia el Pensamiento Único de la mano de los defensores de la “libertad de expresión” y de los “presos de conciencia”. Esos defensores de la libertad son los mismos que aplauden el encarcelamiento de los titiriteros y niegan la existencia de presos políticos aquí, ante la impasividad de los ciudadanos que se dejan arrebatar el derecho a la información en esta sociedad de concentración de medios.

Esto no son opiniones, son obras maestras de la literatura y el pensamiento que deben convertirse en dogmas de fe para guiar el camino de los incautos por la senda antisistema que conduce hacia el populismo redentor, sectario y nacido del odio.

Cuando Tierno Galván dijo: “en la política se está en contacto con la mugre y hay que lavarse para no oler mal”, todavía no habíamos llegado a esto.

Se ha librado de ver en lo que hemos caído.

Antes y después

1 diciembre, 2015

Fuente: http://www.elpais.com

Los escándalos obligan al partido gobernante a reabrir la investigación sobre sus finanzas

Mariano Rajoy aseguró ayer que, de conocer alguna irregularidad interna en su partido, él sería el primer interesado en actuar. No hizo comentarios sobre las cuentas suizas del extesorero Luis Bárcenas, ni sobre las sospechas de que este había organizado un sistema de pagos en dinero negro a dirigentes del PP, remitiéndose a las declaraciones de otros dirigentes que se refugian en el “no me consta” o al trabajo que haga la justicia al respecto. Pero la hora es grave, y está muy claro que las últimas revelaciones marcan un antes y un después. La respuesta obligada a los últimos escándalos era la apertura de una investigación interna sobre la gestión de Luis Bárcenas como gerente y tesorero del partido, y en general sobre las cuentas del PP, y ese fue el anuncio realizado por la secretaria general, María Dolores de Cospedal.

La iniciativa es coherente con una afirmación anterior de Rajoy, “no me temblará la mano”, y parece indicar que el presidente del Gobierno se ha dado cuenta de la responsabilidad que le alcanza: están en juego su credibilidad y su futuro político. O las afirmaciones del entorno de Bárcenas son ciertas o son falsas: lo inadmisible era instalarse en la ficción del no saber o de que se trata del asunto de un particular. ¿Cómo espera el partido gobernante que un país sumido en una profunda crisis pueda confiar en quienes decían no haberse enterado de la presunta trama de corrupción en su sede central?

Rajoy tiene que resolver la responsabilidad política por el caso Bárcenas y el partido debe introducir los cambios necesarios, a fin de asegurar la transparencia y legalidad de la financiación del PP. Rajoy preside esta formación desde octubre de 2004, cargo al que accedió tras un año como secretario general. Es decir, coincidió casi seis años con Bárcenas en la cúpula, quien además ascendió de gerente a tesorero en 2008, antes de dimitir en 2009 tras 28 años en el partido. Demasiado tiempo como para que nadie más se diera cuenta de que tan destacado dirigente había acumulado una fortuna lejos del fisco español, en absoluto explicable por su salario oficial. Eso sin contar con la pésima señal enviada al exterior, una más de las muchas notas negativas que España emite hacia los que siguen nuestra crisis económica y política.

Al Gobierno le compete aclarar también si Luis Bárcenas se ha acogido a la impunidad facilitada por la amnistía fiscal del Ejecutivo. Los abogados del extesorero aseguran que sí, mientras el Ministerio de Hacienda se ha arriesgado a rozar la violación del deber de confidencialidad de los datos tributarios para desmentir que eso sea cierto. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, está obligado a explicar de arriba abajo los resultados de la amnistía fiscal.

Pero el caso Bárcenas solo es uno entre los muchos que afectan al PP. Unos 200 políticos, principalmente conservadores, pero también socialistas o nacionalistas catalanes, están implicados en investigaciones por conductas relacionadas con la corrupción o el delito fiscal. Cortar esa escalada exige medidas contundentes: controles profesionalizados sobre las finanzas de los partidos, publicación inmediata de datos respecto a los fondos que reciben (públicos y privados) y obligatoriedad de auditar las cuentas en los meses siguientes al cierre de cada ejercicio, no al cabo de varios años, como hace ahora el Tribunal de Cuentas. Y si este órgano no dispone de medios suficientes o no se le dota de la agilidad procedimental necesaria, habrá que recurrir a auditorías privadas.

Todo antes de consentir que el sistema democrático se convierta en víctima de cualquier oportunismo populista, un riesgo cierto si los partidos centrales de la democracia no se conducen con mucha más seriedad y rigor.

Los corruptos

22 noviembre, 2015

Fuente: http://www.elpais.com

No vale la pena seguir transigiendo con la corrupción. No es rentable, nos cuesta mucho dinero

Si lee uno los periódicos o escucha la radio, todos los políticos, los comunicadores, los empresarios, y el público en general, están furiosamente en contra de la corrupción. Tanto que si se hiciera una consulta al respecto es probable que ganara la decisión de combatirla.

 El barómetro del CIS de diciembre señala que los españoles están cada vez más preocupados por ello, hasta el punto de que esa preocupación se ha convertido en la cuarta, después del paro, la economía y los políticos. Por su parte, la ONG Transparency International, que elabora un ranking mundial sobre la corrupción, deja a España en el lugar 31º en limpieza. Hace ocho años, estábamos en el 23º. Es decir, que no solo estamos más preocupados por el asunto, sino que tenemos razones para estarlo.

Es bueno que las estadísticas apoyen las percepciones, porque sirve para eliminar paranoias: no es que parezcamos más corruptos, sino que lo somos.

Eso, en un país católico, no resulta extraño, porque los confesionarios están para perdonarle a uno. Otra cosa es que el sistema judicial, cuando no algunos jueces, también ayuden a que el reo salga indemne o no demasiado malparado cuando le cogen. Pero dejemos la moralina. Vayamos a lo práctico.

Está llegando estos días a las librerías un libro de un economista, Carlos Sebastián, titulado Subdesarrollo y esperanza en África (Galaxia Gutenberg), que analiza de manera implacable e impecable, con las técnicas de la econometría, las razones del subdesarrollo y la miseria en el continente. La conclusión rompe todos los tópicos que solemos manejar con respecto a esos desgraciados países. Ni la herencia colonial, ni el imperialismo europeo y americano, ni la maldad intrínseca de las multinacionales, ni la voracidad de China son los elementos decisivos para que se hundan cada vez más en la miseria. La más importante razón es la corrupción, la falta de transparencia, la mala gobernanza. Los dos países africanos que más crecen y mejor son Mauricio y Botsuana (donde los elefantes, ya saben), que empata con España a puntos. Y en los dos se da la circunstancia de que aumentan en transparencia, en buena gobernanza y en la lucha contra la corrupción.

Mucho de esto debe ser extrapolable a otros continentes y países. Por ejemplo, al nuestro. Aunque seamos un país católico no vale la pena seguir transigiendo con la corrupción. No es rentable convivir con ella, nos cuesta mucho dinero. Los inversores se lo piensan y la ineficiencia derivada de la corrupción frena el crecimiento. Hace pocos días, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba hacía el enésimo llamamiento a combatirla, pidiendo un pacto de Estado. ¿Podemos esperar algo de ello?

De los empresarios debería venir uno de los principales impulsos, porque son los primeros en quejarse cuando les afecta. Pero son los últimos en denunciarla cuando la tienen cerca. No hay muchos casos de empresarios que se revuelvan contra las comisiones que pagan en el exterior para conseguir contratos, ni en el interior para que les concedan una obra. Peor aún: no ha habido una declaración taxativa de reprobación de la actividad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, un hombre que ha cometido casi todo el catálogo de las fechorías que se pueden ordenar en un diccionario de tal disciplina. Qué decir de los banqueros, que hace pocos años ostentaban el difícil récord de estar, los más grandes de ellos, encausados en procesos que han ido desgastándose hasta desaparecer (salvo el de Mario Conde).

De los partidos políticos, casi todo. Hay pocos, y son aún jóvenes, que se libren de esa lacra. La política catalana está llena de reivindicaciones que llegan a decir “España nos roba”. Pero nadie de Convergència, que tiene embargada su sede por un juez, ha dicho que “Millet nos roba”, ni siquiera de Unió han salido palabras serias de reproche a una condena en firme sobre el expolio de fondos europeos para el desempleo. Del PP casi mejor no hablar, porque sus causas se suman sin freno en Galicia, Valencia, Madrid, y no escuchamos a ningún responsable decir que hay que limpiar el partido (¡Bárcenas, qué cruz!). El PSOE, Izquierda Unida y los sindicatos también tendrían cosas que decir: ¿qué hacían sus militantes cobrando un dineral como consejeros en las cajas de ahorros mientras unos bandoleros se lo llevaban crudo?

¿Habrá que hablar también de la Casa Real? Iñaki Urdangarin y su entramado apestan. Como siempre, presunción de inocencia antes de hablar. Basta con quitarle de la foto navideña. Vivimos en un país corrupto. Y eso sale caro. Los capitalistas de Botsuana no van a venir a invertir.

Cortafuego

20 noviembre, 2015

Fuente: http://www.elpais.com

El ideal de la derecha es el orden en la calle y la caja llevada hacia el negocio redondo

En teoría la derecha es el poder y al poder le pertenece por naturaleza el cortijo, el caballo y la pistola. La derecha en este país a lo largo de la historia ha sido apalancada por la iglesia, por los banqueros y empresarios, por la barra de la justicia y un acendrado equipo de periodistas y leguleyos. La ideología de la derecha es el dinero, huidizo como un corzo o voraz como un tiburón, según venga la baraja, a veces redimido por las obras de caridad y perfumado por la erudición académica. El ideal de la derecha es el orden en la calle y la caja llevada hacia el negocio redondo. A la hora de robar legalmente se sirve de las notarías y el atraco a los bancos lo ejecuta desde los despachos del propio consejo de administración. La patria es su coartada. La serpiente le ofrece la manzana envenenada, la muerde y no le pasa nada. Puede que esto no sea más que un cúmulo de lugares comunes, pero explica por qué la corrupción de la derecha, por muy obscena que sea, en lugar de afectar a la esencia del poder se detiene en unas personas corruptas concretas. Entre el poder y los políticos del Partido Popular siempre habrá un cortafuego. Por el contrario, la izquierda en teoría no es un poder sino un sueño de igualdad, de fraternidad y de justicia. Trata de despertar lo más noble del individuo para ponerlo al servicio del bien común. El afán de redención de los desheredados la lleva a veces a asaltar el Palacio de Invierno a sangre y fuego, pero parece gozar más poniendo la otra mejilla, según manda del evangelio. Puede que esto no sea más que un cúmulo de frases gastadas, pero explica por qué no se precisa que la corrupción de la izquierda sea muy grave, como a veces lo es. Basta con que un concejal socialista meta mano en la caja para que todo el viejo idealismo y la moral se pudran de raíz hasta dejar a la izquierda en medio de la ciénaga. No necesita morder la manzana; con solo olerla es expulsada del paraíso. El escándalo del Partido Popular aun podría llegar más lejos. Si mañana convocara elecciones lo seguirían votando diez millones de ciudadanos, mientras la gente culpabilizada de izquierdas se quedaba en la cama. Hasta que un día se rompe el equilibrio. La corrupción se hace asfixiante, se produce la rebelión y de repente todo estalla.