Posts Tagged ‘desahucios’

Sin anestesia

23 mayo, 2016

Fuente: EL PAÍS SEMANAL

Avalaron a un hijo que no puede hacer frente a la hipoteca. Si la ley lo permitiera, ellos lo habrían avalado con sus hígados o sus riñones. Todo se andará

Sin anestesia

Cuando usted lea estas líneas, probablemente la pareja de ancianos ya habrá sido desahuciada de la vivienda en cuya cocina aparecen fotografiados. Bueno, avalaron a un hijo que no puede hacer frente a la hipoteca. Si la ley lo permitiera, ellos lo habrían avalado con sus hígados o sus riñones. Todo se andará. Cuando se legalice el tráfico de órganos, el banco enviará un tasador que revisará los cuerpos y dirá:

–Tanto, este hígado vale tanto, y este riñón no sé, tenemos que revisarlo más a fondo, pero no menos de veinte mil. Gracias a las vísceras de sus padres, pueden ustedes hacerse con este hermoso piso de 40 metros cuadrados.

Si Rosa e Isidre, el matrimonio de la foto, vivieran ya en ese futuro cercano, nos mostrarían ahora sus cicatrices:

–Por aquí me sacaron el hígado –diría él.

–Y por aquí me sacaron a mí el riñón –diría ella.

En vez de eso, nos muestran el lugar del que los van a sacar a ellos, a los dos, sin anestesia. A patadas, con policías disfrazados de Robocop. Los van a sacar de ahí, de esa modestísima cocina en la que quizá hagan la vida para gastar menos calefacción, y menos luz y menos de todo. Piensa uno que el tasador del banco fue un día a visitarlos y que entró en la vivienda y que tomó nota del microondas, y de la pila de acero inoxidable y del mantel de hule… Piensa uno que regresó a la entidad y que realizó un informe y que sus jefes lo leyeron y que con sus garras de buitres y con su pico ensangrentado dieron el visto bueno… Seguro que Isidre y Rosa preferirían que les sacaran el hígado a que los sacaran de su cocina.

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Por qué ya no se habla de desahucios

8 abril, 2016

Fuente: http://www.eldiario.es

Los datos demuestran que el problema, lejos de desaparecer, se ha transformado: los bancos desahucian menos, pero hay más desahucios por impagos de alquiler y desalojos de ocupaciones

La PAH asegura que la actividad no ha cesado, aunque reconoce que hay menos movilización: “Las asambleas son más burocráticas”, dice un portavoz

Los activistas admiten que las multas que prevé la Ley de Seguridad Ciudadana han tenido un efecto disuasorio sobre las acciones con más visibilidad

Minutos después de la entrada policial, los agentes habían sacado a la mayor parte de los activistas que bloqueaban de forma pacífico el acceso a la casa.

Imágenes de un desahucio en febrero de 2015 en Madrid. / Olmo Calvo

Hubo un tiempo no tan lejano en el que se desayunaba, comía y cenaba con imágenes de desahucios. No se disponía de datos completos ni precisos (como ahora), pero daba la sensación de que todos o casi todos los días una familia era expulsada de su casa. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otros grupos de vivienda nacidos al calor de las asambleas de barrio del 15M se encargaron de poner el problema en la agenda mediática, política y tuitera. También en las mesas de los bares, en las comidas de domingo o en los centros de trabajo.

Han pasado tres años de eso. ¿Los bancos negocian más? Sí, pero también hay más desahucios por impago de alquiler y más desalojos de ocupaciones. El problema, aseguran los expertos, no ha remitido sino que se ha transformado. En ese viraje también influyen otras causas, como la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana que prevé multas de hasta 30.000 euros para los activistas que desobedezcan órdenes policiales o resistan pacíficamente ante una orden de lanzamiento. La nueva situación, reconocen los propios activistas, ha disuadido las acciones públicas con mayor visibilidad y participación.

La caída de la atención mediática responde, según las fuentes consultadas, a una suma de factores. Explicamos por qué en este momento los desahucios ya no ocupan titulares.

La sopa de cifras

Hoy por hoy, no hay ningún organismo que contabilice de forma exhaustiva cuántas unidades familiares han perdido su casa, ya fuera de su propiedad o de alquiler. “Hay una clara voluntad política de no ofrecer datos claros”, dice Carlos Macías, portavoz de la PAH Barcelona.

Si tomamos los aportados por el Consejo General del Poder Judicial, la fuente más antigua y completa, el número de lanzamientos (es decir, procesos que terminaron con el desahucio) en 2015 apenas ha descendido un 1% respecto al año anterior. Fueron 67.359, frente a los 68.091 de 2014, y de ellos más de la mitad (53%) fueron consecuencia del impago del alquiler. El 43,4% tuvo que ver con las deudas hipotecarias.

Se quedaron sin casa y solo en el mejor de los escenarios posibles el banco les perdonó la deuda a cambio del inmueble (dación en pago). En los peores, siguieron cargando con el adeudo. Hay que puntualizar que estos desalojos no solo afectan a viviendas habituales; también segundas viviendas, locales comerciales o garajes. Y el CGPJ no especifica.

El INE empezó a publicar en 2014 sus propias cifras, preparadas a partir de los datos del Colegio de Registradores de la Propiedad. Estas cifras solo cuentan el número de ejecuciones hipotecarias, un proceso judicial previo que no siempre termina en desahucio. En el último trimestre de 2015 se abrieron 22.540 procedimientos de este tipo, un 16,2% más que los tres meses anteriores pero un 27,8% menos si lo comparamos con el mismo periodo de 2014. De estos procesos, el 58,6% son sobre vivienda y afectan en más de la mitad de los casos (6.898) a la residencia habitual.

El Banco de España solía aportar cifras bien desmenuzadas pero solo relativas a los inmuebles en propiedad, de los que especifica si eran vivienda habitual o no. Los últimos datos publicados por esta fuente corresponden al año 2014 y revelan un aumento del número de desahucios de viviendas del 3,1% respecto a 2013. El incremento es mayor (el 5,6%) para las primeras viviendas.

Fuentes consultadas por eldiario.es afirman que es posible que el supervisor bancario deje de publicar cifras sobre desahucios. “Ya lo hace el INE”, se justifican. Puede ser próximamente, aunque aseguran que existe un compromiso de terminar con la serie de 2015. 

Menos movilización, más burocracia

En todo este tiempo, las PAH no han dejado de tener actividad. Eso aseguran los que llevan años en la trinchera. Hay 232 organizaciones dispersas por todo el territorio y “las asambleas se siguen llenando”, asegura Carlos Macías. Las reuniones se organizan semanalmente y en ellas los afectados y afectadas exponen sus dudas y se les presta asesoría.

Algunos habituales en estos encuentros cuentan que, por lo general, las asambleas han adquirido un tinte más burocrático. “Las reuniones se emplean básicamente para resolver papeles. Con solo levantar el teléfono paramos los desahucios, pero no lo que viene después: un  proceso larguísimo que los bancos alargan y alargan y que no se sabe dónde acaba. Siempre falta algún documento y hay que volver a empezar todo el proceso”, explica Gonzalo, de la PAH Centro (Madrid).

  La PAH ocupa el punt d'informació de la Sareb al Barcelona Meeting Point. /ENRIC CATALÀ

La PAH ocupa el punto de información de la Sareb en el Barcelona Meeting Point. /ENRIC CATALÀ

Estas negociaciones se enmarcan en los papeleos con las entidades para reestructurar la deuda o pedir la dación en pago, sujetos a unos requisitos que prevé el Código de Buenas Prácticas Hipotecarias. Este código es una de las tres medidas antidesahucios, junto a la  moratoria de dos años y el Fondo Social de Vivienda, puestas en marcha por el Gobierno en 2014 y cuyos efectos llegan a un número pequeño de afectados, según los datos. 

Del mismo modo que la presión social hizo su efecto sobre el Ejecutivo, también se notó en la predisposición de las entidades bancarias a negociar. “En dos días está resuelto el desahucio. Casi nunca llegamos al punto de tener que ir a la casa y resistir pasivamente.

Fuentes de la banca consultadas por eldiario.es aseguran que se “negocia siempre”. Ya sea reestructurando la deuda, concediendo la moratoria, un alquiler social de un piso de la propia entidad o la dación en pago. En otras ocasiones, añaden, se da el tiempo pertinente para que las familias puedan solicitar ayuda a las administraciones. “Si en estos plazos no presentan la documentación que necesitamos, no podemos hacer mucho más”, se escudan.

El efecto de la ‘ley mordaza’

“Tener enfrentamientos no le gusta a nadie”, cuenta Gonzalo. De ahí, dice, que el problema sea menos visible en los medios. “Ahora hacemos menos acciones públicas, entre otras cosas porque estamos ahogados por la ‘ley mordaza'”. El activista se refiere a la Ley de Seguridad Ciudadana que entró en vigor en junio del año pasado y que  prevé sanciones de entre 601 y 30.000 euros por no obedecer las órdenes de la policía. Si los activistas hacen resistencia pasiva, podrán recibir multas de hasta 10.400 euros.

“Calculamos mucho más porque no podemos jugárnosla. Antes, cuando los bancos nos pedían papeles imposibles nos plantábamos allí. Ahora hacemos encierros solo cuando podemos unir varios casos a la vez y coordinándonos con otras PAH. Esta ley ha cortado muchas de las acciones con más participación y visibilidad”, reconoce Gonzalo. “El ciclo electoral ha sido el otro factor que ha provocado que la atención mediática se haya evaporado”, añade Carlos Macías.

Gonzalo, como muchos y muchas de sus compañeros, ha notado que la movilización ha caído. “Hay menos gente involucrada. Antes llegaban más personas no afectadas dispuestas a ayudar. El sentimiento de solidaridad era más fuerte. Entendemos que con el panorama actual todo se vuelve más complejo”. 

Ocupar, la última salida

Los problemas no han desaparecido, se han transformado. El volumen inicial de casos tenía que ver con hipotecas. Luego vinieron los alquileres, con afectados que ya habían sido desalojados de sus viviendas y tampoco podían cumplir con su arrendatario. El extremo de la precariedad son las ocupaciones, más o menos la mitad de los casos que atiende hoy la PAH Centro y que no están contabilizados en ninguna estadística. “Estos desalojos son muy difíciles de parar, al segundo intento (y a veces incluso en el primero) se hace el despliegue policial”, afirma Gonzalo.

Los bancos coinciden con los activistas en señalar a las ocupaciones como el principal problema. “Hay que recordar que ocupar una vivienda sin título para ello es ilegal. Con todo, si detectamos situaciones de especial vulnerabilidad aplazamos los desalojos”, justifican fuentes consultadas por este medio. Ha pasado esta misma semana con el desalojo de Victoria y sus tres hijos menores, pospuesto tres semanas después de que la PAH ocupara una sucursal de Bankia en Vallecas (Madrid). Con esa acción lograron paralizar, a través de la negociación, otros dos desahucios.

¿Y cuáles son las soluciones para esas familias que ya vienen con la carga de varios episodios de expulsión? “Intentar que las administraciones hagan su trabajo y, en última instancia, intentar realojarlas en alguno de los edificios vacíos recuperados por la obra social de la plataforma”. La PAH ha realojado de esta manera a 3.500 personas sin alternativa habitacional, según sus datos.

El portavoz de la plataforma en Barcelona se queja de que las medidas políticas aprobadas hasta el momento no han sido suficientes para que la PAH deje de existir. Si así fuera, significaría que el problema está resulto o que la tabla salvavidas la tienden otros. “No nos hemos disuelto, y eso solo puede ocurrir si no hay casos que atender”.

Desahucios, represión y derecho a la ciudad

17 febrero, 2016

Fuente: http://www.eldiario.es

El aumento exponencial de desahucios que se ha producido en el 2014 no es un mal divino o el producto de inevitables leyes naturales

Lo que está en marcha es una operación deliberada para convertir nuestras ciudades en espacios uniformizados, desiguales y excluyentes

Resistir a este proceso y a la criminalización de la protesta que genera exige, hoy más que nunca, defender el derecho a la ciudad y hacerlo resonar en las calles y en las urnas

Ausencias de la negociación postelectoral

16 enero, 2016

Fuente: http://www.eldiario.es

La estabilidad de cualquier Gobierno futuro dependerá de su capacidad para reducir desequilibrios como la pobreza, el paro y la deuda.

Pobreza en Barcelona

Un hombre pide ayuda en una calle de Barcelona. ANDREA BOSCH

Los ciudadanos han quedado muy desconcertados con las amplias incertidumbres del resultado electoral. Ven con inquietud alejarse la posibilidad de empezar a resolver los problemas que más les aquejan. La preocupación aumenta cada día porque en los primeros compases de las negociaciones para formar el nuevo Gobierno, los asuntos más graves pendientes no forman parte de la agenda de las negociaciones poselectorales.

Desde el pasado 20 de diciembre han quedado relegados los debates sobre asuntos tan urgentes como el desempleo, la pobreza, la devaluación salarial o las pensiones, que son los asuntos que de verdad quitan el sueño a muchas personas que confiaban en alguna respuesta después de las promesas electorales.

Lo cierto es que tras las elecciones apenas se ha hablado de cómo afrontar la insoportable tasa de desempleo juvenil, que supera el 46% de los jóvenes menores de 25 años. Los jóvenes siguen huyendo sin remedio a otros países en busca de un empleo y los mayores ven cómo se cronifica desesperadamente su imposibilidad de encontrar trabajo. Tampoco forman parte de la agenda de las discusiones las medidas que se deberían adoptar para atajar el incesante aumento de la pobreza, que alcanza al 29% de los ciudadanos y al 35% de los menores.

Todos estos elementos y otros como la devaluación salarial, la persistencia de los desahucios y el incesante aumento de desempleados sin protección alguna, configuran una sociedad cada vez más segmentada. Un tercio de la ciudadanía ha quedado completamente marginada y cada vez es más difícil su inserción.

Esta era la fotografía del país antes de las elecciones y muchos ciudadanos confiaban en un nuevo Gobierno que diera un giro a la política económica, que sustituyera la esterilidad de la austeridad por un paquete de actuaciones radicales que antepusiera las condiciones de vida de la mayoría de las personas a los intereses de un reducido número de privilegiados. Los problemas siguen ahí, aunque ahora no se hable de ello. Es importante que los partidos que se han comprometido en la defensa de los más necesitados mantengan sus promesas.

El cambio de política es igualmente urgente desde el punto de vista estrictamente económico. La recuperación que se ha estado vendiendo en los últimos meses ha estado dopada en buena parte por unos coyunturales vientos de cola completamente ajenos a la política del Gobierno. El crecimiento de la economía y del empleo, la mayor parte de baja calidad, ha estado impulsado por factores circunstanciales, como una caída sin precedentes del precio del petróleo; la depreciación del euro, que ha propulsado las exportaciones; la excepcional bajada de los tipos de interés mantenida por el Banco Central Europeo (BCE), como ha señalado el catedrático Josep Oliver. Sólo en una pequeña medida la recuperación se debe a una mejora de la productividad, una mejora que, también hay que decirlo, se ha basado sustancialmente en la reducción de los costes laborales unitarios, fundamentada sobre todo por el descenso de la inflación.

La reducción de la inflación, con unas tasas de precios al consumo negativas, tiene más riesgos que ventajas por el peligro de la deflación. Mientras que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, alardea de la caída de los precios, el presidente del BCE, Mario Draghi, emplea toda la artillería disponible inundando los mercados de dinero para evitar que la deflación tome cuerpo y se convierta en el mayor de los pánicos.

Lo que preocupa a destacados economistas es que la mejora de las exportaciones, que ha animado la recuperación económica, se haya basado en la baja de los precios de los productos, que a su vez se ha sustentado en un descenso de los salarios. Esto significa que España está perdiendo terreno en los segmentos de la actividad económica de sueldos de calidad.

La necesidad de implementar una política económica distinta resulta evidente ante la permanencia y el empeoramiento de los grandes desequilibrios. España sigue siendo un país ultraendeudado, por encima del 300% del PIB. El fenómeno más notable que se ha registrado en los últimos años es el trasvase de la deuda privada a la deuda pública, que alcanza ya el 100% del PIB y que se ha convertido en una bomba de relojería tras el inicio de la subida de los tipos de interés que ha empezado la Reserva Federal de Estados Unidos.

En relación con el endeudamiento, hay que destacar que la posición de la inversión internacional neta de España es negativa del orden del 89% del PIB, casi el triple de lo permitido por la UE. Resulta significativo el abandono de la banca extranjera en España, que ha continuado reduciendo sus activos en los últimos meses hasta los 421.000 millones frente a más de un billón de 2008.

España necesita un nuevo modelo de organización económica que sea inclusivo, aceptado por una amplia mayoría de ciudadanos, y al mismo tiempo que reduzca los desequilibrios fundamentales de desempleo, pobreza y deuda. La estabilidad de cualquier Gobierno futuro depende en buena medida de su capacidad para reducir estos desequilibrios, especialmente los que afectan a la vida de los ciudadanos.

[ Este artículo es el editorial de número del enero de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos, librerías y app. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Alternativas Económicas

Una crisis ética monumental

21 agosto, 2015

Fuente: http://www.eldiario.es

Si no empezamos a analizar la monumental crisis ética en la que estamos inmersos, al menos con la misma intensidad que hemos hecho con las crisis económica y política, será difícil que salgamos de este lodazal

El escándalo de las tarjetas negras de Caja Madrid arrasa, más aún si cabe, con el prestigio de la clase política y económica que ha dirigido el país en las últimas décadas.

Sin generalizar, de acuerdo, pero resulta que los representantes de Izquierda Unida, o de sindicatos como UGT y Comisiones Obreras, también se apuntaron al todo gratis a costa del contribuyente. Por no hablar de los más habituales en estas lides como son altos directivos, responsables de la patronal o consejeros escogidos desde PP y PSOE. ¿Cómo es posible que todos cayeran?

Si no empezamos a analizar la monumental crisis ética en la que estamos inmersos, al menos con la misma intensidad que hemos hecho con las crisis económica y política, será difícil que salgamos de este lodazal.

El estudio de la reciente crisis económica ha ido revelando que los problemas no empezaron en 2008. Había detrás un modelo de crecimiento injusto y desigual, de salarios congelados y beneficios disparados, de falta de respeto al medio ambiente y sumisión a los dictados neoliberales. Esto vendría a destruir gran parte de las conquistas públicas que tímidamente se habían ido erigiendo tras la dictadura. Decisiones cruciales en los primeros años del posfranquismo marcaron el rumbo del naufragio actual. La apuesta por un modelo urbanístico del que dependiera la financiación municipal puso la puntilla.

Algo parecido podemos decir de la crisis política. Los elementos oligárquicos de nuestra representación vencieron desde un comienzo a los contrapesos democráticos: ni el interior de los partidos se organizó democráticamente, ni se contó con mecanismos de rendición de cuentas adecuados, ni se fomentó la deliberación y la participación ciudadanas. Como resultado, proliferaron en los aparatos los menos adecuados. Y los partidos gubernamentales estrecharon sus vínculos con los poderosos, no con los representados.

Los desahucios hacen que afrontemos con ira el desfalco de Caja Madrid. La crisis aviva la indignación por la corrupción, y esto debe llevarnos más allá. Indagar en los fundamentos del colapso ético en España se sitúa como condición básica para el cambio, para saber dónde y cómo se ha de actuar. Será imposible transformar de manera efectiva la economía y la política del país si no reflexionamos sobre esto.

Ya no parecen valer las dimisiones, tampoco las promesas de firmeza. Ni siquiera el bienvenido cambio de caras con supuestos pasados impolutos. Es insuficiente.

Tenemos un presidente que escribía a Luis Bárcenas para que aguantara. Se le descubrió, Bárcenas tiró de la manta y no ha pasado nada. Mientras,  ya se ha acreditado que el partido que gobierna el país ha gozado de contabilidad B durante años. Por no hablar de la Casa Real y la punta del iceberg que supone el caso Nóos. Los ERE de Andalucía trituran aún más la credibilidad de viejos dirigentes socialistas que ya andaban en altos cargos cuando Filesa y los GAL, también de sindicalistas pertenecientes a organizaciones que han puesto la alfombra roja al despojo. Por no hablar del prestigio de otrora grandes estadistas como Jordi Pujol, con dinero en Suiza desde hace décadas. Todo es mentira, que cantaba Manu Chao.

Hay una línea material clara entre el puñado que se ha lucrado impunemente y quienes sufren el expolio. Si no se busca de manera contundente hacer justicia, arrastraremos taras que nos impedirán salir adelante como democracia. Ahora bien, esto no debe quedarse en la repulsa pública de los demonios del 1% por un pueblo de ángeles, pues poco solucionaríamos de cara al futuro.

El carácter (ethos) de una persona a menudo se presenta cambiante, incluso imprevisible para sí. Hemos de aceptar que las descripciones que hacemos de quienes conocemos bien son transitorias amén de aproximadas. Una simple acción mañana puede dar al traste con una vida honrada. Como protección frente a ese perro amenazante que anda jugando a nuestro alrededor –así caracterizó Santayana una vez al desgobierno– podemos construir identidades íntegras. Es decir, personalidades capaces de integrar con cierta solidez de carácter, de manera más o menos armoniosa, todas esas fuerzas que nos recorren en los planos racional, emocional e imaginativo.

El carácter de una comunidad política es más difícil de precisar, también de integrar. El punto de partida en ella siempre es el ciudadano. Y somos millones. De ahí que cuando hablamos de instituciones no nos referimos a entes con vida propia. Estas son habitadas, diseñadas y puestas en marcha por personas. No podemos lavarnos las manos personificando mediante figuras retóricas a grandes colectivos. Hechas estas precauciones, hay culturas políticas compartidas, valores comunes.

En nuestro caso, puede sernos de ayuda analizar lo que otras dimensiones de la crisis nos han mostrado acerca de esta aguda corrosión del carácter sufrida por demasiados de entre quienes han tocado poder en empresas e instituciones.

En oligarquías civiles como la nuestra se da un pacto implícito entre los oligarcas y los altos cargos políticos del Estado. Se conforman unas leyes básicas que fomentan el funcionamiento adecuado del sistema económico que tanto beneficia a los primeros, y a cambio estos renuncian a la defensa armada de sus privilegios. El Estado mantiene así el monopolio de la violencia, garantizando ciertas libertades a la población. Ningún oligarca podrá pasarse de determinadas líneas rojas, más allá de acumular y explotar legalmente a sus trabajadores. Como contrapartida sus propiedades e ingresos estarán protegidos.

Este contrato fundacional entre los de arriba, como se ve, además de injusto es poco ético. No ayuda a conformar una comunidad íntegra, sino plena de agudas disonancias. Todo lo mueven desigualdades de partida y una feroz competencia. El máximo beneficio se sitúa en el centro de la gráfica, tal y como se aprende en las facultades de economía de todo el mundo. Y en las almas de los individuos se espolean hambres ancestrales, voracidades primigenias que analizaron los mismos clásicos que hoy, no por casualidad, se ven expulsados de los currículos académicos.

Para Platón el cuidado del alma pertenecía al mundo político. Sócrates era capaz de preguntar a sus conciudadanos quién era más feliz, si el justo o el injusto. Les espetaba en plena calle si preferían cometer o sufrir injusticia. Cuestiones que hoy ya no nos asaltan. En el Gorgias tenemos un tonel agujereado que hace las veces de alma insaciable, siempre desdichada y sedienta. No se me ocurre imagen más triste.

La crisis política tiene fallas éticas en su propio plano, y nos remite a las viejas cuestiones. El desprecio por la amistad política ha hecho que los partidos se conformen como grupos cerrados donde la sumisión al líder paterno y al escalafón se ha mezclado, en general, con el ocultamiento de las injusticias del hermano fiel. Al menos hasta que han salido a la luz por investigaciones ajenas. La lucha por el poder ha sido tan descarnada que haría palidecer al propio Schumpeter. No se ha fomentado la formación sobre lo público, atacando la cultura popular, los centros sociales y las humanidades. Y se ha dado la espalda a valores democráticos básicos, a la confianza en el juicio ciudadano informado, desde la autoconstitución de una élite profesional cerrada, experta, con acceso reservado a grandes informaciones y decisiones.

Pero más allá de las instituciones de la política profesional, en las escuelas y universidades, en los medios de comunicación, en las empresas grandes más que en las pequeñas, que también, ciertas prácticas se han extendido sin apenas discusión. El principio de jefatura ha arrasado. La precariedad y el espantajo del gran paro, en medio de la debacle sindical, han silenciado disidencias. Los parresiastas, es decir, aquellos que se han atrevido a alzar la voz de manera libre y veraz sin plegarse a lo injusto, han sido censurados o expulsados. Los amantes de los atajos han medrado. Y una ceguera moral se ha instalado densa en nuestras instituciones: se sabe que se alteran los concursos públicos, que hay algo llamado 3% o que ese tren de vida no es normal, y se mira hacia otro lado. O se cae en el propio engaño, normalizándolo.

La distancia entre el decir y el hacer se ha aceptado como abismal. Medios de comunicación de discurso progresista explotan a becarios, o hacen ERES, mientras sus dueños nadan en la abundancia. En las aulas se asiste a clases de democracia mientras el desgobierno de lo público en pasillos y despachos es evidente. Quienes enchufan conferencian sin rubor contra el enchufismo. Y finalmente, hasta hace nada, en los Congresos los dirigentes cantaban puño en alto una vieja canción revolucionaria con los ojos brillantes ante las puertas giratorias.

El ser honrado ha sido cosa “de gilipollas”, como  decía recientemente de manera abrupta pero real el Gran Wyoming. Cambiar una percepción tan extendida y poderosa entre la élite, también entre sus admiradores y votantes, no es fácil. En los últimos años estamos asistiendo a lo que puede ser un gran cambio de mentalidades. Aflora la vergüenza, no se naturaliza tan fácilmente lo indigno, y hay algo más de coraje para plantarse.

Se confunden así radicalmente quienes piensan que las urgencias por ganar deben dejar a un lado el obrar bien. Esto último es la clave del cambio. Únicamente podremos salir de esta crisis política y económica, trayendo a raudales democracia e igualdad, si afrontamos de manera conjunta el colapso ético aprendiendo desde la ejemplaridad de cada paso. Y que se contagie. Solo así los nuevos diseños institucionales y organizativos por crear, tan necesarios, tomarán vida con una nueva cultura cívica.

La crueldad

15 julio, 2015

http://www.infolibre.es

Luis García Montero. Actualizada 20/09/2014 a las 19:01

No duermo. He visto en televisión una vez más las imágenes de un desahucio. Esta vez me quitan el sueño. La policía vence la protesta de unos vecinos, entra en casa de dos ancianos estafados, cumple una orden judicial y les arrebata su casa, una casa de toda la vida. Es extraño que me conmueva tanto una escena repetida en muchas ocasiones durante los últimos años. Madres con hijos recién nacidos, viudas, matrimonios enfermos, desempleados. Las operaciones bancarias no tienen compasión.

Doy vueltas por la nada con el rostro del anciano en mi noche. Quizá se trata de que me ha recordado a mi padre. Algunos sentimientos primarios son tan fuertes que consiguen romper la costumbre, el ruido que nos deja sordos, la costra seca que nos hace insensibles. Esta desesperación de ancianos en la calles extiende la culpa, me hace sentir más allá de la lógica de un orden. Las cosas son así, pero no basta. Culpabilizo uno por uno al banquero que busca negocio sin escrúpulos, al político subvencionado por el banquero para aprobar una ley hipotecaria injusta, al juez que dicta sentencia, al policía que cumple con su trabajo… y me culpabilizo a mí por ser parte de este mundo. Los sistemas, las profesiones, incluso el dolor, son con mucha frecuencia una excusa para esconder las responsabilidades individuales.

“Mi nombre es David Cawlhorne Haines, me gustaría declarar que te hago enteramente responsable a ti, David Cameron, de mi ejecución”. Son las últimas palabras del tercer degollado ante las cámaras por el Estado Islámico. Ahora consigo sostener la mirada. Cuando decapitaron a la primera víctima, el periodista James Foley, no pude resistir ni un segundo. Conviene ver estas cosas para saber el mundo en el que vivo, no se puede mirar hacia otro lado, pensé. Pero no pude. Tampoco pude con la muerte de Steven Sotloff, el segundo ejecutado. Parece que la repetición del acontecimiento por tercera vez me da fuerzas o me insensibiliza.
Siempre el mismo decorado: la inmensidad del desierto, un encapuchado vestido de negro con un cuchillo en la mano y la víctima con mono naranja, como los que llevan en el corredor de la muerte los presos en EE.UU. Víctor Hugo sostenía que cualquier pena de muerte es un modo de legalizar el asesinato. Fijar la hora para la desaparición de una persona es una crueldad, como lo es concederle a la víctima un último deseo para hacerla cómplice del rito o prestarle unas últimas palabras para que forme parte del espectáculo. Te hago enteramente culpable…

¿David Cameron? ¿Las injusticias bélicas del mundo occidental con Bush, Blair y Aznar en el origen? Sí, claro. Algunos comentarios en los periódicos digitales parecen alegrarse de la venganza del rebelde. También a los magnates se les puede meter un dedo en el ojo. Sí, claro, ya lo sé, Obama que ejecuta sin juicio ni ley a Bin Laden con el aplauso su público… Pero qué pasa con el desierto moral, con el encapuchado asesino, con el canalla que sostiene la cámara clandestina ante un ser humano que va a morir, que siente un cuchillo en el cuello, que se desangra, que muere. Y qué pasa con los que asisten al espectáculo y entran en el sí y el no, en el eje del bien y del mal, en la toma de partido entre los buenos y los malos. El espectáculo banaliza el mal de forma inevitable.

El cañón norteamericano disparó contra el periodista español José Couso para imponer el silencio. Ojos que no ven, corazón que no siente. Manos libres para la brutalidad. El espectáculo ha descubierto que la repetición es tan útil como el silencio, porque llena los ojos de ruido, nos insensibiliza, nos borra. La brutalidad que convierte al mal en espectáculo no sólo hace dañó a la víctima, sino que pretende fundar un mundo sin conciencia, establece un orden sin sentimientos personales. Como los sentimientos son la última razón de los matices, la brutalidad acaba con los individuos para imponer un sistema, una lógica de normalidad y de sometimiento, un orden parecido al de los banqueros que manda, los políticos que obedecen, los jueces que sentencian, los policías que cumplen con su deber. Ninguno reconoce los ojos de su padre en el anciano que van a desahuciar.

Rafael Alberti escribió Sobre los ángeles (1928) para hablar de una crisis social y personal. Su protagonista era un hombre deshabitado. La crueldad exterior se interioriza, nos deja huecos por dentro. Deshabitado me siento yo en este insomnio al recordar las escenas de un desahucio, las acusaciones de un sentenciado a muerte, el diseño estético en naranja y negro de un desierto moral que nos niega como individuos y convierte la crueldad en espectáculo o en rutina. Pese a las multitudes, vivimos en un mundo deshabitado.

El bombero que se negó a desahuciar de su piso a una anciana es juzgado este jueves

9 mayo, 2015

Fuente: http://www.infolibre.es

El funcionario coruñés, que es acusado de alteración del orden público, se convirtió en un símbolo de la lucha contra los desalojos.

INFOLIBRE. Actualizada 03/09/2014 a las 19:04

Stop Desahucios denuncia el suicidio de un activista de Granada “por su deuda con el Banco Mare Nostrum.

El bombero de A Coruña que el 18 de febrero de 2013 se negó a cortar la cadena que impedía el acceso al portal donde vivía la anciana Aurelia Rey, que iba a ser desahuciada por una orden judicial, será juzgado este jueves por alteración del orden público.

El bombero, que se convirtió en un símbolo de la lucha contra los desalojos, lució además un cartel con el logotipo Stop Desahucios, cuyos promotores han organizado una concentración a las 11.00 horas de apoyo al funcionario frente a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. La Subdelegación del Goberno interpreta su actuación como una falta por la que deberá pagar 600 euros de multa.

El gesto del funcionario generó una ola de solidaridad en parques de bomberos de todo el país, así como en otros colectivos como cerrajeros, que intervienen en este tipo de desalojos. A través de Change.org se recogieron más de 103.000 firmas para que no se adoptaran medidas contra el bombero.

¿Y tú no tienes cuenta en Suiza, ‘pringao’?

12 febrero, 2015

Fuente: http://www.eldiario.es

No es que no nos pudiéramos permitir ese modesto Estado de bienestar que ahora desahuciamos rápido y sin piedad, como si el mundo se fuera a acabar mañana. Se trata más bien de que quienes guardan su dinero en el país helvético no lo quieren pagar

Antón Losada, 10/02/2015 – 20:00h.

Los patrióticos fundadores del ABC, los Luca de Tena; el “fast and furious” hispano, Fernando Alonso; un exmagistrado del Supremo, López Vilas; el abogado justiciero, Jorge Trías; por supuesto la familia Pujol… Cáspita, tenían una cuenta en Suiza hasta los Botín, ese referente de familia rica pero con conciencia social que tanto gusta poner como ejemplo entre la dirección de Podemos.

No hay duda. Los buenos españoles poseen una cuenta en Suiza y si no escondes una cuenta en Suiza, ni eres español, ni eres nada; apenas un pobre ‘pringao’ que se merece todos los recortes y desgracias que le pasen.

Más de dos mil millones de euros propiedad de más de dos mil ricos españoles ocultos solo en el HSBC. Al parecer, la mayoría de ellos abrieron sus cuentas declarando que su oficio era ser “amas de casa”. Pero no lo consignaron así con ánimo de defraudar o para engañar a la Hacienda española. Fue por discreción y para despistar a los fans, que se ponen muy pesados en la puerta del banco cada vez que vas a hacer un ingreso.

Si llevaba tiempo preguntándose por qué un país como España, que ha triplicado su PIB y ha duplicado su renta durante los últimos treinta años, había llegado a estar tan mal, o por qué hemos tenido que recortar más de treinta mil millones en inversión social en sanidad, educación, dependencia o pensiones y aún nos quedan por recortar otros diez mil, ahí tiene la respuesta que buscaba.

Porque la gente que más riqueza ha acumulado en España durante las últimas décadas se niega a pagar y, si hace falta, incluso delinque para no hacerlo. Mientras eso no se arregle, jamás saldremos de pobres.

No es que no nos pudiéramos permitir ese modesto Estado de bienestar que ahora desahuciamos rápido y sin piedad, como si el mundo se fuera a acabar mañana. Se trata más bien de que quienes guardan su dinero en el país helvético no lo quieren pagar. Les encanta España, pero para tomar el sol, amarrar el yate y llevar la banderita en el reloj. Para todo lo demás, Suiza, dónde va a parar.

Anuncia el ministro Montoro, muy ufano, que este año se han recuperado más de doce mil millones de euros del fraude fiscal, un 12% más que en 2013. Imagínense lo que recuperaríamos si no fuéramos el país de la zona euro que menos inspectores de Hacienda tiene por cada mil habitantes, o si de cada diez euros que dedicamos a la inspección fiscal ocho se emplearan en inspeccionar a las grandes empresas y patrimonios, no a revisar las declaraciones de los curritos con nómina y los pequeños y medianos autónomos, como sucede ahora. Entonces España sí que sería diferente, pero diferente de verdad.

Aparte de la noticia, os dejo una canción de moda, del último disco de Los Chikos del Maíz, ‘Vacaciones en Suiza’. Por desgracia, de actualidad más que nunca con el destape de la lista Falciani y la inactividad de los gobiernos, especialmente el español, que no duda en atacar a actores o a otros (como a Juan Carlos Monedero), pero no a los que más dinero defraudan en nuestro país:

“La recuperación de la que habla Rajoy es cierta. Los ricos, los banqueros y las grandes corporaciones, se han puesto morados con los millones de euros robados de las arcas públicas”

7 febrero, 2015

Fuente: http://www.rojoynegro.info

CGT denuncia la gran estafa que el gobierno del PP y la Troika están llevando a cabo desde el inicio de la “gran crisis”, a costa de la mayoría social, a la cual se les deja morir por no poder pagar un medicamento, como en los casos de la hepatitis C.

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT Enviado por RojoyNegro_Digital el Jue, 05/02/2015 – 18:54.

CGT denuncia que hay cientos de miles de personas, migrantes, a las cuales se les niega la asistencia sanitaria, muertes producidas por no tener personas profesionales formadas y suficientes en las Urgencias, miles de personas desahuciadas de sus casas, millones de trabajadores y trabajadoras sin ningún tipo de protección, por estar paradas en contra de su voluntad.

CGT denuncia también que se dediquen miles de millones para las Fuerzas de Seguridad, con el único fin de que, por medio de una ley liberticida como es la “Ley Mordaza”, aseguren los negocios, criminalizando a quien proteste por ser despedido/a o desahuciado/a, violando el derecho fundamental de todo ser humano (derecho a techo) o, simplemente proteste porque no quiere morir (hepatitis C, Urgencias, etc.), habiendo medicamentos y conocimientos suficientes para tener una salud y una vida digna.

CGT denuncia la desvergüenza de todos los gobiernos de la troika que han posibilitado que en el 2014, los cinco grandes bancos españoles (Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Popular) hayan aumentado sus beneficios en ese año en un 27,1%, lo que en términos absolutos supone 10.000 millones de euros.

El sistema financiero ha recibido del “estado”, es decir, de todos nosotros y nosotras, de manera directa, cerca de 100.000 millones y, de manera indirecta (avales, garantías, etc.), hasta 300.000 millones, desde los inicios de su gran “crisis-estafa”. El banco Santander, él solito, ha obtenido en el 2014 la friolera de 5.816 millones de euros de beneficios, el 39% más que en el ejercicio anterior; el BBVA 2.618 millones, el 27,1% más que en el 2013; Caixabank 620 millones, un 23,2% más; el Popular 330,4 millones, un 31,4% más; el Sabadell 371,7 millones, un 50% más.

El mes de enero, en términos de empleo, paro y afiliaciones a la seguridad social, vuelve a pinchar el “gran globo mediático de la recuperación del PP y de la troika”, se destruyeron 200.000 puestos de trabajo. Los contratos realizados en el mes de enero ascendieron a 1,36 millones, de los cuales solamente el 8,8% fueron contratos indefinidos (120.239), el resto, es decir, 1.239.761, fueron temporales, de todo tipo pero temporales, con un incremento de los contratos a tiempo parcial del 27%. El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo aumentó en 77.980 personas, situando el paro registrado en 4.525.691 personas, a 31 de enero de 2015. La EPA da un millón más, es decir hasta los 5,5 millones de personas paradas.

Son tiempos de recuperación de “la gran vida de empresarios, banqueros y oligarquía política”, los cuales cada vez roban más y las leyes les otorgan mayor impunidad, a la vez son los tiempos en que, las personas trabajadoras, paradas, mujeres, migrantes, las personas más conscientes, luchadoras, en definitiva, la mayoría social, SEGUIMOS EN MARCHA por el PAN, TRABAJO, TECHO Y DIGNIDAD, es decir, en lucha por la LIBERTAD. Por eso volvemos a Madrid el 21 de Marzo de 2015.

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT

Nuestros derechos, sus estorbos

3 octubre, 2014

Fuente: http://www.eldiario.es

En nombre de la legalidad se violan derechos fundamentales y se justifica lo injustificable

Nuestros derechos son vistos como un obstáculo por quienes más se benefician de la desigualdad

Olga Rodríguez 30/09/2014 – 20:40h

Una de las características con las que en un futuro se podrá describir la época en que vivimos es la de la santificación de la legalidad para justificar lo injustificable. En nombre de la ley se han tumbado conquistas sociales en tan sólo 48 horas, cambiando para ello, precisamente, la ley. En nombre de la ley se violan derechos fundamentales: vivienda, condiciones dignas de trabajo, educación pública de calidad, políticas destinadas a fomentar la igualdad, etc.

Desde el poder se invoca la ley para todo: vale para justificar cargas policiales en las manifestaciones, para echar a la gente de sus casas y obligarles a seguir pagando por un techo que ya no tendrán, para bajar sueldos y recortar garantías; vale para facilitar los despidos, para mermar o suprimir ayudas fundamentales, para que los ricos evadan impuestos o tributen sólo al 1%.

Ahora, en nombre de la aplicación de la ley se suspende en tiempo récord la ley de consultas y la convocatoria del 9N en Catalunya, aumentando así la tensión en dicho debate y por tanto reforzando la razón y la voluntad de quienes reivindican una consulta.

El Tribunal Constitucional no ha hecho nada para detener los desahucios, ha avalado las partes centrales de la reforma laboral, se sigue permitiendo el rescate a los bancos, pero en tan sólo unas horas se activan los mecanismos para impedir lo que reclaman una mayoría de catalanes.

El derecho, la ley, son marcos fundamentales para las sociedades libres y democráticas. Pero hay quienes se aferran a la ley para una cosa y su contraria. Ahí tenemos el ejemplo de la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes. En nombre de la legalidad pidió cuatro años de cárcel para un usuario anónimo de Twitter por insultarla, pero a la vez, en nombre de la ley apela a la libertad de expresión para decir que Ada Colau apoya a grupos proetarras. Colau, que por semejante acusación falsa recibió amenazas de muerte –también su familia– ha ejercido su derecho a la demanda, para defender su honor. Ante ello, la Fiscalía, en nombre de la ley –y con una entrega que pareciera mayor que la del propio abogado de Cifuentes– ha apelado a la libertad de expresión de la delegada del Gobierno.

Con la ley en la mano podemos ver cómo aumenta un 14% el número de ejecuciones hipotecarias con respecto al segundo semestre del año pasado. En nombre de la legalidad se justifican y perpetúan situaciones de emergencia social. Se vulneran derechos fundamentales, se mantiene un orden social injusto en el que crecen las desigualdades y se permite que el peso de los costes de la crisis recaiga sobre los que, sin originarla, sufren sus peores consecuencias.

Las leyes pueden cambiarse, porque legalidad no siempre es sinónimo de justicia. A la vista están ejemplos notables, como las leyes de segregación racial estadounidenses que permitieron la aplicación de la discriminación contra personas de raza negra hasta mediados del siglo XX o las leyes nazis de Núremberg, cuyo objetivo era evitar mezclas de la comunidad judía con el resto de alemanes.

Aquí, en el sur de la Europa del siglo XXI, nuestros derechos son vistos como un obstáculo por quienes más se benefician de la desigualdad. Por ello mismo ya hace tiempo que nos declararon una guerra a través de leyes, reformas, interpretaciones judiciales e imposiciones tan injustas que han provocado una respuesta social.

Los intereses de la mayoría son un estorbo para quienes manejan las riendas de la política y la economía. Y así asistimos a la insoportable levedad de la legalidad, de la libertad de expresión o de eso que llaman democracia. Quienes gobiernan sólo para la elite han perdido toda legitimidad. Ante eso, optan por mantener un ataque sin balas, mintiendo, imponiendo, criminalizando.

Como dijo Martin Luther King, la injusticia en cualquier sitio es una amenaza para la justicia en todo el mundo. España en 2014 es buen ejemplo de ello.