La Renta Básica en la agenda política

Fuente: http://www.sinpermiso.info

Carme Porta 

Sergi Raventós 

28/06/2019

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Una vez pasado el largo y continuado periodo electoral asistimos a las negociaciones de los partidos políticos para gobernar ciudades y pueblos. Paralelamente en Europa se conforma un parlamento que ha frenado, en parte, el ascenso de la ultraderecha y que tiene sobre la mesa sacar adelante políticas sociales y laborales que garanticen un futuro digno a los casi 742 millones de personas que habitan Europa.

La realidad social es cruda en muchos ámbitos. Hablamos, por ejemplo, de la precariedad laboral que se visibiliza con el reciente atropello mortal en Barcelona de un ciclista repartidor de 22 años de la empresa Glovo la noche antes de las elecciones, una muestra bien dramática de que los diversos problemas sociales no se esperan a los resultados electorales ni nos dan ninguna tregua. Otro cruel ejemplo es el desahucio, a través de una empresa de mercenarios, hace pocos días en la calle Gayarre del barrio de Sants de Barcelona. Son sólo algunos ejemplos recientes.

La gran crisis del 2008 ha generado un gran número de personas perdedoras: migrantes de países empobrecidos o con conflictos bélicos, personas desempleadas de larga duración, jóvenes sin capacidad de emanciparse, falta de igualdad de oportunidades real en el acceso a un puesto de trabajo o en la promoción profesional, brecha salarial de género y muchas mujeres cabezas de familia sin ningún tipo de ingreso; precariedad laboral y aumento de trabajadores pobres que no tienen suficiente para vivir con su salario miserable; miles de desahucios de familias sin ingresos y que se traducen en situaciones dramáticas con nombres y apellidos; privaciones materiales severas que en el caso de algunos barrios de Barcelona como Nou Barris representan un 17% frente a un 1% del barrio rico de Sarrià-Sant Gervasi, lo que supone no poder mantener, en la mayoría de casos, la vivienda a una temperatura adecuada o tener un estado de salud malo. Podemos decir sin equivocarnos que estamos peor ahora que en el 2007.

No es un listado exhaustivo, pero lo que más sorprende de todo es que a pesar de esta situación de pobreza, de insultantes desigualdades sociales y de una constante y progresiva precariedad vital de muchos miles de personas y de familias… se siguen haciendo y defendiendo las mismas políticas de subsidios condicionados de siempre con unos resultados nada satisfactorios donde se dan costosos controles administrativos, retrasos en la tramitación, desorden de prestaciones, procedimientos administrativos arbitrarios y la trampa de la pobreza derivada de la no compatibilidad de las prestaciones con los ingresos provenientes de un empleo, favoreciendo la proliferación de una economía sumergida.

Pero tal vez lo que es muy grave es que en este discurso de las ayudas condicionadas converge la derecha de siempre con parte de la izquierda y algunos sindicatos. Y esto debería cambiar pronto si de verdad queremos salir de estas estadísticas que nos acompañan desde hace muchos años.

Cada vez es más conocida una propuesta que circula por todo el mundo: la Renta Básica, una asignación monetaria personal e incondicional pagada a toda la población desde el nacimiento a la muerte. Una renta compatible con otras fuentes de ingresos y que la percibiría toda persona, por el hecho de ser ciudadano.

De la Renta Básica hablan y debaten partidos, sindicatos, movimientos sociales y asociaciones de Europa, de Asia, de Estados Unidos, de América Latina… Para comprender las razones de su popularidad tendremos que hacer referencia al aumento espantoso de las grandes desigualdades sociales, al incremento inexorable de la pobreza, a la desaparición de miles de puestos de trabajo y también al fracaso de los subsidios condicionados de todo tipo.

Esta Renta Básica, al ser universal como otros sistemas tales como la sanidad o la educación, pagada con los impuestos, la percibiría todo el mundo, pero no todo el mundo saldría beneficiado. A diferencia de la defensa que hacen los discursos partidarios de la derecha política que querrían reducir y adelgazar el Estado del bienestar a la mínima expresión, buena parte de los argumentos que se dan desde la izquierda son para reducir las grandes desigualdades económicas y sociales mediante una redistribución de la riqueza de arriba abajo y no al revés, tal como se está produciendo actualmente.

A diferencia de los subsidios condicionados como la actual Renta Garantizada de ciudadanía que está en vigor en Cataluña desde el año 2017, la Renta Básica incondicional es una forma de reducir o eliminar la pobreza que no estigmatiza a sus perceptores y no los convierte en suplicantes de ayudas asistenciales. Proporcionaría una seguridad económica básica a todos y como dice Guy Standing en su libro La Renta Básica (2018) es «algo importante en un capitalismo donde la principal fuente de inseguridad es la inseguridad económica.»

Según la propuesta de financiación que han hecho los economistas Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens saldría ganando un 80% de la población y el 20% mejor situado económicamente perdería con esta propuesta.

La Renta Básica es una propuesta que se construye y desarrolla para garantizar recursos económicos suficientes y ello conllevaría, con seguridad, la mejora de las condiciones laborales dado que aumentaría el poder negociación de las trabajadoras y trabajadores. La Renta Básica busca una igualdad de oportunidades real para la mayoría social, que son las mujeres, que también aumentaría su poder negociador de forma específica tanto a nivel laboral como social.

Las consecuencias de la aplicación de una Renta Básica están por ver, pues lo que conocemos hoy por hoy son experimentos y proyectos piloto, como el BINCOME de Barcelona, ​​que ya nos están proporcionando datos interesantes e importantes de cómo está mejorando el bienestar y la salud mental de la población perceptora disminuyendo el nivel de estrés. En el proyecto piloto de Finlandia estos datos también se pusieron de manifiesto.

Hay que exigir la propuesta de la Renta Básica sin más demora y en un lugar prioritario de la agenda política de la izquierda de este país si queremos dar respuesta efectiva a un conjunto de problemáticas sociales y económicas que podrían mejorar sustancialmente la vida de buena parte de la población.

 

Carme Porta es madre, feminista, independentista y periodista en diversos medios. Miembro de la Red Renta Básica

Sergi Raventós es Doctor en Sociología y Trabajador Social de una Fundación de salud mental en Barcelona. Es miembro de la Junta de la Red Renta Básica

Fuente:

La Directa, núm. 480

Traducción: Roger Tallaferro

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La historia detrás del ‘Almeida carapolla’: del grafiti a las pegatinas censuradas

Fuente: http://www.publico.es

Las sanciones por las pegatinas con dedicatoria para el recién estrenado alcalde de Madrid son la gota que colma el vaso tras una larga trayectoria de tiras y aflojas entre el líder conservador y un barrio golpeado por la crisis y la precariedad.

Pegatina de ‘Almeida carapolla’ en uno de los coches de la Policía Nacional durante las fiestas de Vicálvaro.

MADRID

03/07/2019 17:05 Actualizado: 03/07/2019 19:50

ESTEFANÍA ROSELLÓ

Este lunes, la noticia de que varios vecinos del madrileño distrito de Vicálvaro habían sido sancionados durante las fiestas del barrio por llevar una pegatina que rezaba: ‘Almeida Carapolla, seremos tu peor pesadilla’, corrió como la pólvora por las redes sociales. Una indignación que viene de largo en un barrio donde el recién estrenado alcalde de Madrid no parece agradar.

Tiene sentido si se conoce la relación, más de odio que de amor, de Martínez-Almeida con un distrito al que mira con recelo. Una fijación que, todo apunta, a que surgió en campaña, cuando los vecinos recibieron al líder del Partido Popular en la Comunidad de Madrid con un grafiti que no le hizo demasiada gracia.

Entonces era viernes 17 de mayo, día de mitin electoral. Pero, en esta ocasión, su intervención iba a estar marcada por el enfado de una pintada que, con un mensaje breve pero directo: A.C.A.B. (‘Todos los policías son bastardos’, en inglés), colmó su paciencia.  «Es un acrónimo que dice que todos los policías son unos bastardos», explicó indignado.

Ese día, su discurso le valió para pedir los votos que quería arrebatar al entonces concejal de Ahora Madrid en el distrito y candidato en las elecciones a la alcaldía de la Comunidad por Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, que desoyó la petición del líder popular de suprimir la pintada: «Hay que echar a Mato del Ayuntamiento de Madrid el 26 de mayo», dijo enfurecido.

Pero ni Sánchez Mato, ni tampoco ninguno de los presentes escucharon sus plegarias. Nadie limpió el grafiti y, cepillo en mano, decidió hacerlo él. Un Almeida que, en su ímpetu de eliminar la pintada de la plaza del centro cultural ‘El Madroño’, terminó por sacarle brillo.

Almeida, borrando el famoso grafiti.

Ese día, los vecinos no solo consiguieron ‘desesperar’ al brazo armado del PP, también lograron descubrir su punto débil. Porque no, Almeida no contaba con el apoyo de Vicálvaro, y ellos estaban dispuestos a jugar sus mejores cartas para dejárselo claro. Tan solo un par de días más tarde, otro grafiti. Esta vez, el mensaje era aún más claro: ‘PP ladrones’ junto a una dedicatoria: ‘Almeida carapolla‘, aunque esta vez no fue a borrarlo.

«Nos parece increíble que a Almeida le preocupe más un grafiti que el hecho de que en el barrio haya un 50% de paro juvenil»

 

Juan -nombre ficticio para preservar su identidad- es uno de los vecinos del barrio. Un barrio que, como denuncia, tiene problemas más graves que una pintada. «En Vicálvaro hay un 50% de paro juvenil, hay problemas de transporte, problemas para alquilar piso, hay un montón de casas de apuestas que destrozan la vida de muchos jóvenes. El PP viene a hacer campaña a un lugar donde la gente ni le vota, ¿y su mayor preocupación es un grafiti?«.

Motivo por el cual, lo que empezó como anécdota, terminó como reivindicación para unos vecinos que no estaban -ni están- nada contentos. Lo quisieron demostrar en la particular Hoguera de San Juan del barrio, siempre amenizada por unos mensajes de denuncia que este año les quisieron prohibir. Al lugar acudió la Policía para instar al Asociación de Vecinos a retirar las consignas, que no eran más que las cifras de los desahucios, la violencia machista y el paro. Pero ellos se negaron, y la fuerza del pueblo se impuso. Al menos por esta vez.

Imagen de las reivindicaciones de los vecinos de Vicálvaro en la Hoguera de San Juan.

27, 28, 29 y 30 de junio. Apenas había pasado una semana desde la Hoguera y, Vicálvaro, daba la bienvenida a unas particulares fiestas en las que tampoco cesaron las reivindicaciones. Esta vez no fueron grafitis. Esta vez, los chavales, mejor organizados que nunca, habían elaborado sus propias pegatinas con un claim renovado: ‘Almeida carapolla, seremos tu peor pesadilla’.

La iniciativa, que fue bien acogida por decenas de jóvenes que lucían orgullosos sus adhesivos, no fue del agrado del Ayuntamiento. «Cuando los chavales llegaban al control para acceder al recinto, igual que les registraban para comprobar que no llevaban vidrios, o que no llevaban armas, les obligaban a arrancarse las pegatinas para acceder al espacio», asegura Juan.

Aunque esto fue después. Los primeros días fueron identificando a los chicos, cara por cara, nombre por nombre. Una tarea que, sin embargo, se complicó cuando, cada vez más gente, y lejos del miedo a represalias, empezó a salir a la calle con la pegatina. Ya no eran sólo jóvenes. Se habían sumado padres, madres, incluso abuelos. Demostrando, una vez más, que el barrio iba a luchar unido por sus derechos.

Ambiente en el recinto habilitado para las fiestas.

«Los primeros días fueron más selectivos. La secreta se acercaba a los chavales que llevaban la pegatina, les pedían que se la quitasen y les hacían una fotografía del DNI. En ningún caso les tomaban los datos a mano», asevera Juan. Él lo sabe porque lo vivió de primera mano. Fue una de esas personas a las que la Policía le advirtió de que le habían sancionado administrativamente por insultar a la «autoridad». Pero Juan, ni lo entendía entonces, ni lo entiende ahora. Está acusado de un delito leve, sin notificación alguna, y sin conocer el motivo por el cuál un policía secreta le ha hecho una fotografía a un documento suyo, personal, para imponerle una multa por una conducta que, por otra parte, no está recogida como infracción en el Código Penal.

Había secretas que, incluso a última hora, «estaban con la espátula quitando las pegatinas que habían quedado en el recinto y las iban guardando en una carpeta», asegura sin salir de su asombro. Unas medidas que, dice, se mantuvieron así el jueves y el viernes. El sábado, el apoyo vecinal obligó a la Policía a cambiar de planes. Esta vez ya no identificaban a la gente. Aunque, si querías fiesta, tenía que ser sin adhesivo.

Adhesivos que la Policía iba retirando con espátulas del recinto.

 

Prohibición del manifiesto

Un tono represivo que se tradujo en una evidente falta de libertad de expresión. Un derecho que también negaron a las chicas del Colectivo Feminista Vikelarre que, como cada año entre concierto y concierto, leen un comunicado que este año les prohibieron pronunciar. A ellas, que han intentado generar un espacio seguro en el barrio donde crear lazos y plantar cara a una lacra que violenta, oprime y calla, también les vetaron sus derechos porque el Ayuntamiento consideró que «no procedía«, intentando acallar la voz de una sociedad que lucha, con más fuerza que nunca, contra la violencia machista. Y a la que nadie va a parar.

Vikalarre Feminista@vikalarre_032

Ayer pese a la negativa de la Junta Municipal de Vicálvaro a que subiesemos al escenario para leer un comunciado contra la violencia machista y en relación al punto morado, conseguimos estar presentes un año más y dejar claro nuestro mensaje

Nosotras sí que hemos pasao!

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19:51 – 29 jun. 2019

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Las 5 de la PAH: una conquista ciudadana

Fuente: http://www.eldiario.es

Cuando ya han intentado desahuciarte varias veces, y llama la policía a la puerta estando sola en casa y sin el apoyo de tus compañeras, esa sí que es una auténtica “última llamada”

Paca Blanco

28/09/2018 – 22:06h

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Concentración de miembros de la PAH de Elche para intentar evitar un desahucio

Se aprobaba en el Congreso de los Diputados la ILP de Las 5 de la PAH, una propuesta que es un auténtico ejercicio de democracia. En todas y cada una de las asambleas de los barrios de Madrid, de los pueblos, de las comunidades autónomas, se ha participado desde abajo. Sin acumular títulos, sino experiencia, muchas personas han tenido la oportunidad de exponer, debatir y aportar. Un éxito que da fuerza para seguir luchando contra muchos desahucios, contra un sistema injusto y por una vida digna para todas y todos, que va mucho más allá de la vivienda, como por ejemplo el reconocimiento del derecho a la energía.

A pesar de ser una apuesta ciudadana que parte de las personas más desfavorecidas, la lucha por una vivienda digna se convierte nuevamente en una bandera. Un mensaje que intelectuales y grandes pensadores se apropian, considerándose los más adecuados para ser la voz de aquellas que son el producto de un sistema injusto y las obvias perdedoras que el sistema económico actual ha considerado personas sin derechos.

Es curioso comprobar como el luto con el que visten, el estrato del que vienen o la etnia a la que pertenecen serían en otras ocasiones razón suficiente para cambiarse de acera, no sea que te roben al cruzarte con ellas. Pero hoy lucimos con orgullo la imagen de una mujer luchadora vestida de negro, que incluso muchos sienten como una digna reivindicación, la bondad de lo humilde. Pero se equivocan: no han entendido que la humildad y la auténtica revolución es dar un paso atrás, asumir la invisibilidad por todas aquellas voces que no encuentran su lugar entre tanto «sabelotodismo». Lo que, por cierto, es la primera lección del feminismo: «Hombres, habláis mucho, callad un rato». La PAH nos devuelve ese aprendizaje: «No os apodereis de algo que no vivís y que no sentís como la pobreza más extrema».

Este artículo, por tanto, no pretende más que dar voz a aquellas a las que se les ha negado, quizá porque no tengan títulos o másteres, pero, en el fondo, todos sabemos que vienen de la universidad de la calle y eso da muchas tablas. Es la voz de aquellas que llevan años peleando cual jabatas por una única razón, la justicia social. Unas reflexiones que debemos trasladar para entender precisamente a aquellas que sufren, obviando hacer cualquier disquisición que reinterprete desde el academicismo qué es lo que otras quieren decir. Valgan estas líneas para rendir un homenaje a todas aquellas personas que han puesto su piel y su alma en crear algo tan revolucionario y a la vez tan básico como es la PAH.

Porque si en algo tiene experiencia la PAH es en los aspectos sociales. En cada asamblea de cada barrio, cada semana, escuchamos verdaderos dramas que no solo son de vivienda. Una realidad que define la pobreza severa, esa pobreza que avergüenza a los que la sufren y a los que la ven y miran para otro lado, la mayoría impotentes pensando que no se puede hacer nada, que no está en su mano. Una violación de los derechos humanos que obliga a muchas a reconocerse como pobres antes de conseguir cualquier tipo de ayuda para alcanzar una vida digna, como si la pobreza se redujese a lo que tienes para llegar a fin de mes. Hay gente muy rica y a la vez muy pobre.

Esta falta de medios económicos que muchas veces empieza con despidos, con trabajos precarios o con pensiones de vergüenza y termina con cortes de suministros y con el desahucio, sea de tu casa por no haber podido pagar la hipoteca o por el alquiler, porque te lo suben tanto que no puedes hacer frente a los pagos, o bien porque no ha habido más remedio que ocupar una vivienda. Así se inicia esa espiral, conocida como la trampa de la pobreza, que ante la ausencia de un contrato (laboral y por ende inmobiliario) te impide empadronarte y, con ello, pedir asistencia social, un bono social o cualquier otra ayuda.

De la noche a la mañana pasas de ser ciudadana a ilegal, o peor: pobre. Un sinónimo de delincuente porque no te queda más remedio que pinchar la luz y el agua para vivir. Mientras pende sobre tu cabeza la espada del desahucio, guardando lo poco que tienes, tu vida y tus recuerdos en cajas de cartón.

Cuando ya han intentado desahuciarte varias veces y llama la policía a la puerta, estando sola en casa y sin el apoyo de tus compañeras, esa sí que es una auténtica «última llamada». Si estás desahuciada es difícil ver más allá de la propia precariedad de buscarse día a día el pan para comer. Así, resulta cuando menos estúpido apelar a la importancia de derechos como la salud ambiental. Sin embargo, la solidaridad entre nosotras es mucho más poderosa que la escala de las necesidades, prueba de ello es como, a pesar de que lo cotidiano es una tremenda lucha, siempre hay tiempo para arropar a quien lo necesita. Aunque la lucha sea tan lejana como cerrar la central nuclear de Almaraz.

La lucha por una vida digna es el eje del feminismo, pues apela sobre todo a aquellas mujeres que, viviendo oprimidas por el patriarcado, son el pilar de la economía familiar, el motor de la dependencia o las arquitectas del concepto de familia. Nuestro feminismo es más de poner nuestro cuerpo para parar desahucios, de atender a nuestros ‘compas’ mayores y a los hijos e hijas de nuestras compañeras, y también estar en las manifestaciones convocadas por el movimiento feminista.

La vivienda es un tema central que afecta a toda la población pero especialmente a los más vulnerables como las mujeres y las personas más jóvenes y más mayores de la sociedad. Son ellas las que se reúnen bajo el paraguas de la PAH, las que han estado dedicando mucho tiempo a un proyecto común que redundará en el beneficio de la mayoría. Aunque el día de hoy existen miles de luchas más allá de la vivienda, como las pensiones, la sanidad o el cambio climático, no podemos permitir que nos dividan por parcelas. Al fin y al cabo, todas peleamos contra un sistema injusto que nos excluye. Y ha llegado la hora de cambiarlo.

Sin anestesia

Fuente: EL PAÍS SEMANAL

Avalaron a un hijo que no puede hacer frente a la hipoteca. Si la ley lo permitiera, ellos lo habrían avalado con sus hígados o sus riñones. Todo se andará

JUAN JOSÉ MILLÁS 6 ABR 2014 – 00:00 CEST

Cuando usted lea estas líneas, probablemente la pareja de ancianos ya habrá sido desahuciada de la vivienda en cuya cocina aparecen fotografiados. Bueno, avalaron a un hijo que no puede hacer frente a la hipoteca. Si la ley lo permitiera, ellos lo habrían avalado con sus hígados o sus riñones. Todo se andará. Cuando se legalice el tráfico de órganos, el banco enviará un tasador que revisará los cuerpos y dirá:

–Tanto, este hígado vale tanto, y este riñón no sé, tenemos que revisarlo más a fondo, pero no menos de veinte mil. Gracias a las vísceras de sus padres, pueden ustedes hacerse con este hermoso piso de 40 metros cuadrados.

Si Rosa e Isidre, el matrimonio de la foto, vivieran ya en ese futuro cercano, nos mostrarían ahora sus cicatrices:

–Por aquí me sacaron el hígado –diría él.

–Y por aquí me sacaron a mí el riñón –diría ella.

En vez de eso, nos muestran el lugar del que los van a sacar a ellos, a los dos, sin anestesia. A patadas, con policías disfrazados de Robocop. Los van a sacar de ahí, de esa modestísima cocina en la que quizá hagan la vida para gastar menos calefacción, y menos luz y menos de todo. Piensa uno que el tasador del banco fue un día a visitarlos y que entró en la vivienda y que tomó nota del microondas, y de la pila de acero inoxidable y del mantel de hule… Piensa uno que regresó a la entidad y que realizó un informe y que sus jefes lo leyeron y que con sus garras de buitres y con su pico ensangrentado dieron el visto bueno… Seguro que Isidre y Rosa preferirían que les sacaran el hígado a que los sacaran de su cocina.

Por qué ya no se habla de desahucios

Fuente: http://www.eldiario.es

Los datos demuestran que el problema, lejos de desaparecer, se ha transformado: los bancos desahucian menos, pero hay más desahucios por impagos de alquiler y desalojos de ocupaciones

La PAH asegura que la actividad no ha cesado, aunque reconoce que hay menos movilización: «Las asambleas son más burocráticas», dice un portavoz

Los activistas admiten que las multas que prevé la Ley de Seguridad Ciudadana han tenido un efecto disuasorio sobre las acciones con más visibilidad

Sofía Pérez Mendoza 06/04/2016 – 19:59h

Imágenes de un desahucio en febrero de 2015 en Madrid. / Olmo Calvo

MÁS INFO

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La Ley de Seguridad Ciudadana acorrala a quienes dan la cara ante los desahucios

Hubo un tiempo no tan lejano en el que se desayunaba, comía y cenaba con imágenes de desahucios. No se disponía de datos completos ni precisos (como ahora), pero daba la sensación de que todos o casi todos los días una familia era expulsada de su casa. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otros grupos de vivienda nacidos al calor de las asambleas de barrio del 15M se encargaron de poner el problema en la agenda mediática, política y tuitera. También en las mesas de los bares, en las comidas de domingo o en los centros de trabajo.

Han pasado tres años de eso. ¿Los bancos negocian más? Sí, pero también hay más desahucios por impago de alquiler y más desalojos de ocupaciones. El problema, aseguran los expertos, no ha remitido sino que se ha transformado. En ese viraje también influyen otras causas, como la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana que prevé multas de hasta 30.000 euros para los activistas que desobedezcan órdenes policiales o resistan pacíficamente ante una orden de lanzamiento. La nueva situación, reconocen los propios activistas, ha disuadido las acciones públicas con mayor visibilidad y participación.

La caída de la atención mediática responde, según las fuentes consultadas, a una suma de factores. Explicamos por qué en este momento los desahucios ya no ocupan titulares.

La sopa de cifras

Hoy por hoy, no hay ningún organismo que contabilice de forma exhaustiva cuántas unidades familiares han perdido su casa, ya fuera de su propiedad o de alquiler. «Hay una clara voluntad política de no ofrecer datos claros», dice Carlos Macías, portavoz de la PAH Barcelona.

Si tomamos los aportados por el Consejo General del Poder Judicial, la fuente más antigua y completa, el número de lanzamientos (es decir, procesos que terminaron con el desahucio) en 2015 apenas ha descendido un 1% respecto al año anterior. Fueron 67.359, frente a los 68.091 de 2014, y de ellos más de la mitad (53%) fueron consecuencia del impago del alquiler. El 43,4% tuvo que ver con las deudas hipotecarias.

Se quedaron sin casa y solo en el mejor de los escenarios posibles el banco les perdonó la deuda a cambio del inmueble (dación en pago). En los peores, siguieron cargando con el adeudo. Hay que puntualizar que estos desalojos no solo afectan a viviendas habituales; también segundas viviendas, locales comerciales o garajes. Y el CGPJ no especifica.

El INE empezó a publicar en 2014 sus propias cifras, preparadas a partir de los datos del Colegio de Registradores de la Propiedad. Estas cifras solo cuentan el número de ejecuciones hipotecarias, un proceso judicial previo que no siempre termina en desahucio. En el último trimestre de 2015 se abrieron 22.540 procedimientos de este tipo, un 16,2% más que los tres meses anteriores pero un 27,8% menos si lo comparamos con el mismo periodo de 2014. De estos procesos, el 58,6% son sobre vivienda y afectan en más de la mitad de los casos (6.898) a la residencia habitual.

El Banco de España solía aportar cifras bien desmenuzadas pero solo relativas a los inmuebles en propiedad, de los que especifica si eran vivienda habitual o no. Los últimos datos publicados por esta fuente corresponden al año 2014 y revelan un aumento del número de desahucios de viviendas del 3,1% respecto a 2013. El incremento es mayor (el 5,6%) para las primeras viviendas.

Fuentes consultadas por eldiario.es afirman que es posible que el supervisor bancario deje de publicar cifras sobre desahucios. «Ya lo hace el INE», se justifican. Puede ser próximamente, aunque aseguran que existe un compromiso de terminar con la serie de 2015. 

Menos movilización, más burocracia

En todo este tiempo, las PAH no han dejado de tener actividad. Eso aseguran los que llevan años en la trinchera. Hay 232 organizaciones dispersas por todo el territorio y «las asambleas se siguen llenando», asegura Carlos Macías. Las reuniones se organizan semanalmente y en ellas los afectados y afectadas exponen sus dudas y se les presta asesoría.

Algunos habituales en estos encuentros cuentan que, por lo general, las asambleas han adquirido un tinte más burocrático. «Las reuniones se emplean básicamente para resolver papeles. Con solo levantar el teléfono paramos los desahucios, pero no lo que viene después: un  proceso larguísimo que los bancos alargan y alargan y que no se sabe dónde acaba. Siempre falta algún documento y hay que volver a empezar todo el proceso», explica Gonzalo, de la PAH Centro (Madrid).

La PAH ocupa el punto de información de la Sareb en el Barcelona Meeting Point. /ENRIC CATALÀ

Estas negociaciones se enmarcan en los papeleos con las entidades para reestructurar la deuda o pedir la dación en pago, sujetos a unos requisitos que prevé el Código de Buenas Prácticas Hipotecarias. Este código es una de las tres medidas antidesahucios, junto a la  moratoria de dos años y el Fondo Social de Vivienda, puestas en marcha por el Gobierno en 2014 y cuyos efectos llegan a un número pequeño de afectados, según los datos. 

Del mismo modo que la presión social hizo su efecto sobre el Ejecutivo, también se notó en la predisposición de las entidades bancarias a negociar. «En dos días está resuelto el desahucio. Casi nunca llegamos al punto de tener que ir a la casa y resistir pasivamente.

Fuentes de la banca consultadas por eldiario.es aseguran que se «negocia siempre». Ya sea reestructurando la deuda, concediendo la moratoria, un alquiler social de un piso de la propia entidad o la dación en pago. En otras ocasiones, añaden, se da el tiempo pertinente para que las familias puedan solicitar ayuda a las administraciones. «Si en estos plazos no presentan la documentación que necesitamos, no podemos hacer mucho más», se escudan.

El efecto de la ‘ley mordaza’

«Tener enfrentamientos no le gusta a nadie», cuenta Gonzalo. De ahí, dice, que el problema sea menos visible en los medios. «Ahora hacemos menos acciones públicas, entre otras cosas porque estamos ahogados por la ‘ley mordaza'». El activista se refiere a la Ley de Seguridad Ciudadana que entró en vigor en junio del año pasado y que  prevé sanciones de entre 601 y 30.000 euros por no obedecer las órdenes de la policía. Si los activistas hacen resistencia pasiva, podrán recibir multas de hasta 10.400 euros.

«Calculamos mucho más porque no podemos jugárnosla. Antes, cuando los bancos nos pedían papeles imposibles nos plantábamos allí. Ahora hacemos encierros solo cuando podemos unir varios casos a la vez y coordinándonos con otras PAH. Esta ley ha cortado muchas de las acciones con más participación y visibilidad», reconoce Gonzalo. «El ciclo electoral ha sido el otro factor que ha provocado que la atención mediática se haya evaporado», añade Carlos Macías.

Gonzalo, como muchos y muchas de sus compañeros, ha notado que la movilización ha caído. «Hay menos gente involucrada. Antes llegaban más personas no afectadas dispuestas a ayudar. El sentimiento de solidaridad era más fuerte. Entendemos que con el panorama actual todo se vuelve más complejo». 

Ocupar, la última salida

Los problemas no han desaparecido, se han transformado. El volumen inicial de casos tenía que ver con hipotecas. Luego vinieron los alquileres, con afectados que ya habían sido desalojados de sus viviendas y tampoco podían cumplir con su arrendatario. El extremo de la precariedad son las ocupaciones, más o menos la mitad de los casos que atiende hoy la PAH Centro y que no están contabilizados en ninguna estadística. «Estos desalojos son muy difíciles de parar, al segundo intento (y a veces incluso en el primero) se hace el despliegue policial», afirma Gonzalo.

Los bancos coinciden con los activistas en señalar a las ocupaciones como el principal problema. «Hay que recordar que ocupar una vivienda sin título para ello es ilegal. Con todo, si detectamos situaciones de especial vulnerabilidad aplazamos los desalojos», justifican fuentes consultadas por este medio. Ha pasado esta misma semana con el desalojo de Victoria y sus tres hijos menores, pospuesto tres semanas después de que la PAH ocupara una sucursal de Bankia en Vallecas (Madrid). Con esa acción lograron paralizar, a través de la negociación, otros dos desahucios.

¿Y cuáles son las soluciones para esas familias que ya vienen con la carga de varios episodios de expulsión? «Intentar que las administraciones hagan su trabajo y, en última instancia, intentar realojarlas en alguno de los edificios vacíos recuperados por la obra social de la plataforma». La PAH ha realojado de esta manera a 3.500 personas sin alternativa habitacional, según sus datos.

El portavoz de la plataforma en Barcelona se queja de que las medidas políticas aprobadas hasta el momento no han sido suficientes para que la PAH deje de existir. Si así fuera, significaría que el problema está resulto o que la tabla salvavidas la tienden otros. «No nos hemos disuelto, y eso solo puede ocurrir si no hay casos que atender».

Desahucios, represión y derecho a la ciudad

Fuente: http://www.eldiario.es

El aumento exponencial de desahucios que se ha producido en el 2014 no es un mal divino o el producto de inevitables leyes naturales

Lo que está en marcha es una operación deliberada para convertir nuestras ciudades en espacios uniformizados, desiguales y excluyentes

Resistir a este proceso y a la criminalización de la protesta que genera exige, hoy más que nunca, defender el derecho a la ciudad y hacerlo resonar en las calles y en las urnas

Gerardo Pisarello 14/12/2014 – 20:56h

Hace unos días, el Consejo General del Poder Judicial vino a certificar uno de los rostros más duros del despojo masivo que ha generado la crisis. Según el órgano de gobierno de los jueces, entre julio y septiembre de este año se produjeron 13.341 desahucios, un 7,3% más que en el mismo período de 2013. De este total, que incluye todo tipo de inmuebles, un 43,4% se derivó de ejecuciones hipotecarias. Un 51,3%, en cambio, se produjo por impagos de alquiler.

Ninguno de estos fenómenos es un mal divino o el producto de inevitables leyes naturales. Obedecen a decisiones políticas concretas, orientadas de manera deliberada a favorecer a los grandes poderes financieros e inmobiliarios. El aumento exponencial de los desahucios por impago del alquiler, por ejemplo, resultaría inexplicable sin la aprobación, ahora hace un año, de una ley eufemísticamente denominada “de flexibilización y fomento del mercado del alquiler”. Aquella norma, que contaba con el antecedente de una legislación similar apoyada por el PSOE, se impulsó con la excusa de “dinamizar el mercado de alquiler”. No obstante, su objetivo era otro: debilitar la posición ya precaria de los inquilinos, criminalizar los impagos por razones de necesidad y facilitar los desahucios exprés. La ley no hacía ninguna mención a las familias que con motivo de la crisis carecían de toda posibilidad material de pagar el alquiler. En cambio, preparaba una cómoda pista de aterrizaje para los grandes inversores de capital, a los que se ofrecía importantes exenciones fiscales.

Este fenómeno coincidió con otros que facilitaron la privatización del parque de viviendas disponibles y la condena a la precariedad residencial de miles de familias. En poco tiempo, miles de viviendas particulares y públicas en manos de comunidades y ayuntamientos pasaron a manos de fondos buitre como Apollo, Goldman Sachs, TGP, Värde, Blackstone o Lazora. Obsesionados por la búsqueda de dinero rápido a cualquier precio, estos fondos no han mostrado compasión alguna por las condiciones económicas de los inquilinos. Así, han acabado condenando a la intemperie a miles de personas y familias que no podían hacer frente al pago del alquiler o de sus suministros básicos. Y cuando desde algunas comunidades autónomas se ha intentado adoptar medidas tímidas para compensar esta situación, el Gobierno del PP no ha tardado en ponerse de lado de las grandes empresas y en instar su suspensión ante el Tribunal Constitucional, como ha ocurrido con la ley de vivienda andaluza o con el decreto-ley catalán contra la pobreza energética.

Lo cierto, sin embargo, es que estas políticas no solo están suponiendo la desposesión planificada de familias enteras que no pueden satisfacer sus necesidades elementales. También están cambiando la fisonomía de nuestras ciudades, convirtiéndolas en espacios uniformizados, desiguales y excluyentes. Por cada desahucio de una unidad familiar modesta se genera una nueva vivienda vacía, expuesta a la especulación, o la llegada de inquilinos con una capacidad adquisitiva que acaba encareciendo las condiciones de vida de los propios barrios afectados. Este proceso, en realidad, va más allá de algunos casos extremos y desesperados. El Partido Popular, por ejemplo, ya ha dejado clara su voluntad de no prorrogar, más allá del próximo 31 de diciembre, los contratos de “renta antigua” de personas jurídicas contemplados en la actual Ley de Arrendamientos Urbanos. Esto quiere decir que miles de pequeñas empresas, locales y comercios consolidados se verán forzados a renegociar nuevos contratos con incrementos de renta inasumibles, cuando no al cierre o al traslado. Se calcula que esta realidad puede afectar a más de 200.000 pequeñas tiendas en toda España y a casi medio millón de trabajadoras y trabajadores. El fenómeno se agravará a partir de 2015, pero no es nuevo. Ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla o Valencia llevan tiempo asistiendo al cierre creciente de pequeños negocios tradicionales como librerías, colmados, tiendas de discos, jugueterías, chocolaterías, sastrerías o pastelerías. En muchos casos, estos establecimientos son propiedades de grandes familias o han sido adquiridos por fondos de inversión que se pueden permitir echar al arrendatario y estar un año sin volver a alquilarlo para no tener que indemnizarlos. Con ello, consiguen hacer negocio y apropiarse, como recordaba hace días el arquitecto Josep Maria Montaner, de lo construido por las vecinas y vecinos y por los propios comerciantes con su esfuerzo personal y colectivo.

Ninguna de estas medidas ha pasado desapercibida. El movimiento vecinal, organizaciones de derechos humanos, sindicales y ecologistas, movimientos sociales como la PAH y asociaciones de pequeños y medianos empresarios, llevan tiempo denunciando este proceso de despojo masivo y señalando a sus responsables públicos y privados, con nombre y apellido. Sin su lucha, el proceso de devastación de lo público y de bienes comunes como el agua o los espacios verdes habría sido mucho peor. También serían impensables muchos de los procesos ligados a tramas especulativas financiero-inmobiliarias, como los casos Gürtel, Palau o Bárcenas o el ingreso en prisión de algunos de los exponentes más conspicuos de estas operaciones, como el empresario de la construcción José Luis Nuñez.

Esa resistencia es hoy uno de los principales baluartes del derecho a la ciudad, esto es, del derecho colectivo a configurar el espacio urbano no como una mercancía sino como un espacio cooperativo, democrático e inclusivo. Para neutralizar, precisamente, esta resistencia, el Partido Popular lleva tiempo intentando injuriarla públicamente o criminalizarla. De ahí la llamada Ley Mordaza, aprobada esta semana en el Congreso y orientada a asfixiar, a través de multas exorbitantes, las ocupaciones de oficinas bancarias y de centros sanitarios, las concentraciones contra los desahucios o las protestas frente a las propias instituciones públicas.

El celo represivo reservado a las protestas y reclamos de los sectores más golpeados por la crisis contrasta de manera clamorosa con la tolerancia exhibida con los grandes casos de corrupción o con el generoso trato de favor otorgado a entidades financieras y empresas multinacionales. Por eso, se trata de iniciativas que, aunque están pensadas para generar miedo y parálisis, mueven cada vez más a la indignación y a la rebelión. En los últimos tiempos, este afán de justicia, de dignidad, se ha hecho sentir en cientos de calles y plazas. Ahora amenaza, también, con resonar en las urnas y con devolver a la gente al menos una parte de las casas, los barrios y las ciudades que les están robando.

Ausencias de la negociación postelectoral

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La estabilidad de cualquier Gobierno futuro dependerá de su capacidad para reducir desequilibrios como la pobreza, el paro y la deuda.

Andreu Missé 07/01/2016 – 21:06h

Un hombre pide ayuda en una calle de Barcelona. ANDREA BOSCH

Los ciudadanos han quedado muy desconcertados con las amplias incertidumbres del resultado electoral. Ven con inquietud alejarse la posibilidad de empezar a resolver los problemas que más les aquejan. La preocupación aumenta cada día porque en los primeros compases de las negociaciones para formar el nuevo Gobierno, los asuntos más graves pendientes no forman parte de la agenda de las negociaciones poselectorales.

Desde el pasado 20 de diciembre han quedado relegados los debates sobre asuntos tan urgentes como el desempleo, la pobreza, la devaluación salarial o las pensiones, que son los asuntos que de verdad quitan el sueño a muchas personas que confiaban en alguna respuesta después de las promesas electorales.

Lo cierto es que tras las elecciones apenas se ha hablado de cómo afrontar la insoportable tasa de desempleo juvenil, que supera el 46% de los jóvenes menores de 25 años. Los jóvenes siguen huyendo sin remedio a otros países en busca de un empleo y los mayores ven cómo se cronifica desesperadamente su imposibilidad de encontrar trabajo. Tampoco forman parte de la agenda de las discusiones las medidas que se deberían adoptar para atajar el incesante aumento de la pobreza, que alcanza al 29% de los ciudadanos y al 35% de los menores.

Todos estos elementos y otros como la devaluación salarial, la persistencia de los desahucios y el incesante aumento de desempleados sin protección alguna, configuran una sociedad cada vez más segmentada. Un tercio de la ciudadanía ha quedado completamente marginada y cada vez es más difícil su inserción.

Esta era la fotografía del país antes de las elecciones y muchos ciudadanos confiaban en un nuevo Gobierno que diera un giro a la política económica, que sustituyera la esterilidad de la austeridad por un paquete de actuaciones radicales que antepusiera las condiciones de vida de la mayoría de las personas a los intereses de un reducido número de privilegiados. Los problemas siguen ahí, aunque ahora no se hable de ello. Es importante que los partidos que se han comprometido en la defensa de los más necesitados mantengan sus promesas.

El cambio de política es igualmente urgente desde el punto de vista estrictamente económico. La recuperación que se ha estado vendiendo en los últimos meses ha estado dopada en buena parte por unos coyunturales vientos de cola completamente ajenos a la política del Gobierno. El crecimiento de la economía y del empleo, la mayor parte de baja calidad, ha estado impulsado por factores circunstanciales, como una caída sin precedentes del precio del petróleo; la depreciación del euro, que ha propulsado las exportaciones; la excepcional bajada de los tipos de interés mantenida por el Banco Central Europeo (BCE), como ha señalado el catedrático Josep Oliver. Sólo en una pequeña medida la recuperación se debe a una mejora de la productividad, una mejora que, también hay que decirlo, se ha basado sustancialmente en la reducción de los costes laborales unitarios, fundamentada sobre todo por el descenso de la inflación.

La reducción de la inflación, con unas tasas de precios al consumo negativas, tiene más riesgos que ventajas por el peligro de la deflación. Mientras que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, alardea de la caída de los precios, el presidente del BCE, Mario Draghi, emplea toda la artillería disponible inundando los mercados de dinero para evitar que la deflación tome cuerpo y se convierta en el mayor de los pánicos.

Lo que preocupa a destacados economistas es que la mejora de las exportaciones, que ha animado la recuperación económica, se haya basado en la baja de los precios de los productos, que a su vez se ha sustentado en un descenso de los salarios. Esto significa que España está perdiendo terreno en los segmentos de la actividad económica de sueldos de calidad.

La necesidad de implementar una política económica distinta resulta evidente ante la permanencia y el empeoramiento de los grandes desequilibrios. España sigue siendo un país ultraendeudado, por encima del 300% del PIB. El fenómeno más notable que se ha registrado en los últimos años es el trasvase de la deuda privada a la deuda pública, que alcanza ya el 100% del PIB y que se ha convertido en una bomba de relojería tras el inicio de la subida de los tipos de interés que ha empezado la Reserva Federal de Estados Unidos.

En relación con el endeudamiento, hay que destacar que la posición de la inversión internacional neta de España es negativa del orden del 89% del PIB, casi el triple de lo permitido por la UE. Resulta significativo el abandono de la banca extranjera en España, que ha continuado reduciendo sus activos en los últimos meses hasta los 421.000 millones frente a más de un billón de 2008.

España necesita un nuevo modelo de organización económica que sea inclusivo, aceptado por una amplia mayoría de ciudadanos, y al mismo tiempo que reduzca los desequilibrios fundamentales de desempleo, pobreza y deuda. La estabilidad de cualquier Gobierno futuro depende en buena medida de su capacidad para reducir estos desequilibrios, especialmente los que afectan a la vida de los ciudadanos.

[ Este artículo es el editorial de número del enero de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos, librerías y app. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Una crisis ética monumental

Fuente: http://www.eldiario.es

Si no empezamos a analizar la monumental crisis ética en la que estamos inmersos, al menos con la misma intensidad que hemos hecho con las crisis económica y política, será difícil que salgamos de este lodazal

Víctor Alonso Rocafort 06/10/2014 – 20:51h

El escándalo de las tarjetas negras de Caja Madrid arrasa, más aún si cabe, con el prestigio de la clase política y económica que ha dirigido el país en las últimas décadas.

Sin generalizar, de acuerdo, pero resulta que los representantes de Izquierda Unida, o de sindicatos como UGT y Comisiones Obreras, también se apuntaron al todo gratis a costa del contribuyente. Por no hablar de los más habituales en estas lides como son altos directivos, responsables de la patronal o consejeros escogidos desde PP y PSOE. ¿Cómo es posible que todos cayeran?

Si no empezamos a analizar la monumental crisis ética en la que estamos inmersos, al menos con la misma intensidad que hemos hecho con las crisis económica y política, será difícil que salgamos de este lodazal.

El estudio de la reciente crisis económica ha ido revelando que los problemas no empezaron en 2008. Había detrás un modelo de crecimiento injusto y desigual, de salarios congelados y beneficios disparados, de falta de respeto al medio ambiente y sumisión a los dictados neoliberales. Esto vendría a destruir gran parte de las conquistas públicas que tímidamente se habían ido erigiendo tras la dictadura. Decisiones cruciales en los primeros años del posfranquismo marcaron el rumbo del naufragio actual. La apuesta por un modelo urbanístico del que dependiera la financiación municipal puso la puntilla.

Algo parecido podemos decir de la crisis política. Los elementos oligárquicos de nuestra representación vencieron desde un comienzo a los contrapesos democráticos: ni el interior de los partidos se organizó democráticamente, ni se contó con mecanismos de rendición de cuentas adecuados, ni se fomentó la deliberación y la participación ciudadanas. Como resultado, proliferaron en los aparatos los menos adecuados. Y los partidos gubernamentales estrecharon sus vínculos con los poderosos, no con los representados.

Los desahucios hacen que afrontemos con ira el desfalco de Caja Madrid. La crisis aviva la indignación por la corrupción, y esto debe llevarnos más allá. Indagar en los fundamentos del colapso ético en España se sitúa como condición básica para el cambio, para saber dónde y cómo se ha de actuar. Será imposible transformar de manera efectiva la economía y la política del país si no reflexionamos sobre esto.

Ya no parecen valer las dimisiones, tampoco las promesas de firmeza. Ni siquiera el bienvenido cambio de caras con supuestos pasados impolutos. Es insuficiente.

Tenemos un presidente que escribía a Luis Bárcenas para que aguantara. Se le descubrió, Bárcenas tiró de la manta y no ha pasado nada. Mientras,  ya se ha acreditado que el partido que gobierna el país ha gozado de contabilidad B durante años. Por no hablar de la Casa Real y la punta del iceberg que supone el caso Nóos. Los ERE de Andalucía trituran aún más la credibilidad de viejos dirigentes socialistas que ya andaban en altos cargos cuando Filesa y los GAL, también de sindicalistas pertenecientes a organizaciones que han puesto la alfombra roja al despojo. Por no hablar del prestigio de otrora grandes estadistas como Jordi Pujol, con dinero en Suiza desde hace décadas. Todo es mentira, que cantaba Manu Chao.

Hay una línea material clara entre el puñado que se ha lucrado impunemente y quienes sufren el expolio. Si no se busca de manera contundente hacer justicia, arrastraremos taras que nos impedirán salir adelante como democracia. Ahora bien, esto no debe quedarse en la repulsa pública de los demonios del 1% por un pueblo de ángeles, pues poco solucionaríamos de cara al futuro.

El carácter (ethos) de una persona a menudo se presenta cambiante, incluso imprevisible para sí. Hemos de aceptar que las descripciones que hacemos de quienes conocemos bien son transitorias amén de aproximadas. Una simple acción mañana puede dar al traste con una vida honrada. Como protección frente a ese perro amenazante que anda jugando a nuestro alrededor –así caracterizó Santayana una vez al desgobierno– podemos construir identidades íntegras. Es decir, personalidades capaces de integrar con cierta solidez de carácter, de manera más o menos armoniosa, todas esas fuerzas que nos recorren en los planos racional, emocional e imaginativo.

El carácter de una comunidad política es más difícil de precisar, también de integrar. El punto de partida en ella siempre es el ciudadano. Y somos millones. De ahí que cuando hablamos de instituciones no nos referimos a entes con vida propia. Estas son habitadas, diseñadas y puestas en marcha por personas. No podemos lavarnos las manos personificando mediante figuras retóricas a grandes colectivos. Hechas estas precauciones, hay culturas políticas compartidas, valores comunes.

En nuestro caso, puede sernos de ayuda analizar lo que otras dimensiones de la crisis nos han mostrado acerca de esta aguda corrosión del carácter sufrida por demasiados de entre quienes han tocado poder en empresas e instituciones.

En oligarquías civiles como la nuestra se da un pacto implícito entre los oligarcas y los altos cargos políticos del Estado. Se conforman unas leyes básicas que fomentan el funcionamiento adecuado del sistema económico que tanto beneficia a los primeros, y a cambio estos renuncian a la defensa armada de sus privilegios. El Estado mantiene así el monopolio de la violencia, garantizando ciertas libertades a la población. Ningún oligarca podrá pasarse de determinadas líneas rojas, más allá de acumular y explotar legalmente a sus trabajadores. Como contrapartida sus propiedades e ingresos estarán protegidos.

Este contrato fundacional entre los de arriba, como se ve, además de injusto es poco ético. No ayuda a conformar una comunidad íntegra, sino plena de agudas disonancias. Todo lo mueven desigualdades de partida y una feroz competencia. El máximo beneficio se sitúa en el centro de la gráfica, tal y como se aprende en las facultades de economía de todo el mundo. Y en las almas de los individuos se espolean hambres ancestrales, voracidades primigenias que analizaron los mismos clásicos que hoy, no por casualidad, se ven expulsados de los currículos académicos.

Para Platón el cuidado del alma pertenecía al mundo político. Sócrates era capaz de preguntar a sus conciudadanos quién era más feliz, si el justo o el injusto. Les espetaba en plena calle si preferían cometer o sufrir injusticia. Cuestiones que hoy ya no nos asaltan. En el Gorgias tenemos un tonel agujereado que hace las veces de alma insaciable, siempre desdichada y sedienta. No se me ocurre imagen más triste.

La crisis política tiene fallas éticas en su propio plano, y nos remite a las viejas cuestiones. El desprecio por la amistad política ha hecho que los partidos se conformen como grupos cerrados donde la sumisión al líder paterno y al escalafón se ha mezclado, en general, con el ocultamiento de las injusticias del hermano fiel. Al menos hasta que han salido a la luz por investigaciones ajenas. La lucha por el poder ha sido tan descarnada que haría palidecer al propio Schumpeter. No se ha fomentado la formación sobre lo público, atacando la cultura popular, los centros sociales y las humanidades. Y se ha dado la espalda a valores democráticos básicos, a la confianza en el juicio ciudadano informado, desde la autoconstitución de una élite profesional cerrada, experta, con acceso reservado a grandes informaciones y decisiones.

Pero más allá de las instituciones de la política profesional, en las escuelas y universidades, en los medios de comunicación, en las empresas grandes más que en las pequeñas, que también, ciertas prácticas se han extendido sin apenas discusión. El principio de jefatura ha arrasado. La precariedad y el espantajo del gran paro, en medio de la debacle sindical, han silenciado disidencias. Los parresiastas, es decir, aquellos que se han atrevido a alzar la voz de manera libre y veraz sin plegarse a lo injusto, han sido censurados o expulsados. Los amantes de los atajos han medrado. Y una ceguera moral se ha instalado densa en nuestras instituciones: se sabe que se alteran los concursos públicos, que hay algo llamado 3% o que ese tren de vida no es normal, y se mira hacia otro lado. O se cae en el propio engaño, normalizándolo.

La distancia entre el decir y el hacer se ha aceptado como abismal. Medios de comunicación de discurso progresista explotan a becarios, o hacen ERES, mientras sus dueños nadan en la abundancia. En las aulas se asiste a clases de democracia mientras el desgobierno de lo público en pasillos y despachos es evidente. Quienes enchufan conferencian sin rubor contra el enchufismo. Y finalmente, hasta hace nada, en los Congresos los dirigentes cantaban puño en alto una vieja canción revolucionaria con los ojos brillantes ante las puertas giratorias.

El ser honrado ha sido cosa «de gilipollas», como  decía recientemente de manera abrupta pero real el Gran Wyoming. Cambiar una percepción tan extendida y poderosa entre la élite, también entre sus admiradores y votantes, no es fácil. En los últimos años estamos asistiendo a lo que puede ser un gran cambio de mentalidades. Aflora la vergüenza, no se naturaliza tan fácilmente lo indigno, y hay algo más de coraje para plantarse.

Se confunden así radicalmente quienes piensan que las urgencias por ganar deben dejar a un lado el obrar bien. Esto último es la clave del cambio. Únicamente podremos salir de esta crisis política y económica, trayendo a raudales democracia e igualdad, si afrontamos de manera conjunta el colapso ético aprendiendo desde la ejemplaridad de cada paso. Y que se contagie. Solo así los nuevos diseños institucionales y organizativos por crear, tan necesarios, tomarán vida con una nueva cultura cívica.

La crueldad

http://www.infolibre.es

Luis García Montero. Actualizada 20/09/2014 a las 19:01

No duermo. He visto en televisión una vez más las imágenes de un desahucio. Esta vez me quitan el sueño. La policía vence la protesta de unos vecinos, entra en casa de dos ancianos estafados, cumple una orden judicial y les arrebata su casa, una casa de toda la vida. Es extraño que me conmueva tanto una escena repetida en muchas ocasiones durante los últimos años. Madres con hijos recién nacidos, viudas, matrimonios enfermos, desempleados. Las operaciones bancarias no tienen compasión.

Doy vueltas por la nada con el rostro del anciano en mi noche. Quizá se trata de que me ha recordado a mi padre. Algunos sentimientos primarios son tan fuertes que consiguen romper la costumbre, el ruido que nos deja sordos, la costra seca que nos hace insensibles. Esta desesperación de ancianos en la calles extiende la culpa, me hace sentir más allá de la lógica de un orden. Las cosas son así, pero no basta. Culpabilizo uno por uno al banquero que busca negocio sin escrúpulos, al político subvencionado por el banquero para aprobar una ley hipotecaria injusta, al juez que dicta sentencia, al policía que cumple con su trabajo… y me culpabilizo a mí por ser parte de este mundo. Los sistemas, las profesiones, incluso el dolor, son con mucha frecuencia una excusa para esconder las responsabilidades individuales.

“Mi nombre es David Cawlhorne Haines, me gustaría declarar que te hago enteramente responsable a ti, David Cameron, de mi ejecución”. Son las últimas palabras del tercer degollado ante las cámaras por el Estado Islámico. Ahora consigo sostener la mirada. Cuando decapitaron a la primera víctima, el periodista James Foley, no pude resistir ni un segundo. Conviene ver estas cosas para saber el mundo en el que vivo, no se puede mirar hacia otro lado, pensé. Pero no pude. Tampoco pude con la muerte de Steven Sotloff, el segundo ejecutado. Parece que la repetición del acontecimiento por tercera vez me da fuerzas o me insensibiliza.
Siempre el mismo decorado: la inmensidad del desierto, un encapuchado vestido de negro con un cuchillo en la mano y la víctima con mono naranja, como los que llevan en el corredor de la muerte los presos en EE.UU. Víctor Hugo sostenía que cualquier pena de muerte es un modo de legalizar el asesinato. Fijar la hora para la desaparición de una persona es una crueldad, como lo es concederle a la víctima un último deseo para hacerla cómplice del rito o prestarle unas últimas palabras para que forme parte del espectáculo. Te hago enteramente culpable…

¿David Cameron? ¿Las injusticias bélicas del mundo occidental con Bush, Blair y Aznar en el origen? Sí, claro. Algunos comentarios en los periódicos digitales parecen alegrarse de la venganza del rebelde. También a los magnates se les puede meter un dedo en el ojo. Sí, claro, ya lo sé, Obama que ejecuta sin juicio ni ley a Bin Laden con el aplauso su público… Pero qué pasa con el desierto moral, con el encapuchado asesino, con el canalla que sostiene la cámara clandestina ante un ser humano que va a morir, que siente un cuchillo en el cuello, que se desangra, que muere. Y qué pasa con los que asisten al espectáculo y entran en el sí y el no, en el eje del bien y del mal, en la toma de partido entre los buenos y los malos. El espectáculo banaliza el mal de forma inevitable.

El cañón norteamericano disparó contra el periodista español José Couso para imponer el silencio. Ojos que no ven, corazón que no siente. Manos libres para la brutalidad. El espectáculo ha descubierto que la repetición es tan útil como el silencio, porque llena los ojos de ruido, nos insensibiliza, nos borra. La brutalidad que convierte al mal en espectáculo no sólo hace dañó a la víctima, sino que pretende fundar un mundo sin conciencia, establece un orden sin sentimientos personales. Como los sentimientos son la última razón de los matices, la brutalidad acaba con los individuos para imponer un sistema, una lógica de normalidad y de sometimiento, un orden parecido al de los banqueros que manda, los políticos que obedecen, los jueces que sentencian, los policías que cumplen con su deber. Ninguno reconoce los ojos de su padre en el anciano que van a desahuciar.

Rafael Alberti escribió Sobre los ángeles (1928) para hablar de una crisis social y personal. Su protagonista era un hombre deshabitado. La crueldad exterior se interioriza, nos deja huecos por dentro. Deshabitado me siento yo en este insomnio al recordar las escenas de un desahucio, las acusaciones de un sentenciado a muerte, el diseño estético en naranja y negro de un desierto moral que nos niega como individuos y convierte la crueldad en espectáculo o en rutina. Pese a las multitudes, vivimos en un mundo deshabitado.

El bombero que se negó a desahuciar de su piso a una anciana es juzgado este jueves

Fuente: http://www.infolibre.es

El funcionario coruñés, que es acusado de alteración del orden público, se convirtió en un símbolo de la lucha contra los desalojos.

INFOLIBRE. Actualizada 03/09/2014 a las 19:04

Stop Desahucios denuncia el suicidio de un activista de Granada “por su deuda con el Banco Mare Nostrum.

El bombero de A Coruña que el 18 de febrero de 2013 se negó a cortar la cadena que impedía el acceso al portal donde vivía la anciana Aurelia Rey, que iba a ser desahuciada por una orden judicial, será juzgado este jueves por alteración del orden público.

El bombero, que se convirtió en un símbolo de la lucha contra los desalojos, lució además un cartel con el logotipo Stop Desahucios, cuyos promotores han organizado una concentración a las 11.00 horas de apoyo al funcionario frente a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. La Subdelegación del Goberno interpreta su actuación como una falta por la que deberá pagar 600 euros de multa.

El gesto del funcionario generó una ola de solidaridad en parques de bomberos de todo el país, así como en otros colectivos como cerrajeros, que intervienen en este tipo de desalojos. A través de Change.org se recogieron más de 103.000 firmas para que no se adoptaran medidas contra el bombero.