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El nuevo régimen social de España

12 agosto, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 23 de junio de 2017.

Este artículo es el resumen de los datos más impactantes de la situación social en España, que no es coyuntural, sino estructural, dentro del sistema económico español actual.

España ha sufrido una de las más importantes crisis económicas y financieras durante su periodo democrático, crisis que también ha determinado una crisis social, y, como era predecible, una gran crisis de legitimidad del Estado y del establishment político y mediático del país. La respuesta de tal establishment ha sido que todos estos sacrificios eran necesarios para poder salir de la crisis, que, según este establishment, se está resolviendo.

Ahora bien, en este argumentario se olvida que, en realidad, la crisis (la Gran Recesión) y la respuesta que se ha dado a ella estaban configuradas y determinadas por un contexto político que favoreció estructuralmente a unos a costa de otros. Los primeros eran aquellos sectores del mundo del capital (las grandes empresas financieras, y las grandes corporaciones productoras de bienes y servicios) que dominan el Estado español y la gran mayoría de medios públicos y privados de información del país. Y las perdedoras han sido, predominantemente, las clases populares, que constituyen la mayoría de la población. Mientras que los primeros derivan sus rentas predominantemente de la propiedad del capital y de su gestión, los segundos lo hacen del mundo del trabajo, sobre todo de los salarios y de los beneficios sociales.

La evidencia de ello es abrumadora. Veamos algunos datos: 1) Des de el inicio de la crisis (2008) hasta el año pasado (2016), las rentas del trabajo han caído un 6,1% (33.679M€), mientras que las rentas del capital han aumentado un 1,7% (7.850M€). En suma, en el periodo 2008-2016 el peso de los salarios en la economía ha bajado 2,9 puntos, de 54,6% al 52,7%; 2) La participación de los beneficios de las empresas no financieras en España está por encima del de la zona euro (42,6% frente a 40,6%); 3) Las empresas no financieras españolas han aumentado su participación en el VAB (valor añadido bruto) del 37,7% hasta el 42,6% entre el periodo 2007-2015: el segundo país de toda la UE que más ha aumentado; 4) La polarización social (S80/20) se ha incrementado en un 11,8% desde 2009 (de 5,9 en 2009 a 6,6 en 2016), es decir, el 20% más rico dispone de 6,6 veces más ingresos que el 20% más pobre. Somos el 3º país con mayor polarización de toda la UE (después de Rumanía y Bulgaria); 5) La desigualdad ha sufrido uno de los mayores incrementos de toda la OCDE desde 2009, y el índice de Gini alcanzó los 34,5 en 2016: 3,5 puntos por encima de la media europea (31 en 2015); 6) En los últimos 15 años el 30% de la población que vive en riesgo de exclusión ha visto cómo sus activos netos apenas crecían un 3%, mientras que los del 10% más rico se disparaban un 56%; 7) El 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país (27,4%), mientras que el 20% más pobre se quedaba con un 0,1%; 8) La fortuna de las 3 personas más ricas en nuestro país equivale a la del 30% más pobre.

Todos estos hechos han sido, en gran parte, consecuencia de toda una serie de intervenciones por parte del Estado que han provocado un enorme deterioro del mercado laboral. Esto ha sido particularmente acentuado a partir de las reforma laborales del gobierno Zapatero, primero, y de las más intensas del gobierno Rajoy. Indicadores de tal deterioro del mercado laboral muestran que: 1) El 41,5% de los desempleados llevan más de 2 años en paro (1,8 millones de personas); 2) El 24,7% de los desempleados llevan más de 4 años en paro (1,1 millones); 3) Más de 4 de cada 10 jóvenes que buscan trabajo están en paro; 4) Un 15,3% de las jornadas laborales son a tiempo parcial; 5) Más de uno de cada cuatro empleos es temporal (26,5%); 6) En los últimos cinco años se ha acumulado una caída del poder adquisitivo de la remuneración media en un 4,5% (912 € menos); 7) El 34,4% de los asalariados (seis millones de personas) cobran menos del salario mínimo interprofesional.

El desmontaje del Estado del Bienestar

Han contribuido a este enorme crecimiento de las desigualdades las políticas públicas de los partidos gobernantes del Estado español, las cuales han debilitado el ya escasamente financiado Estado del Bienestar. De hecho, España dedica menos recursos a los servicios públicos y transferencias del Estado del Bienestar que la gran mayoría de los países de la UE. 1) España tiene el gasto público social como porcentaje del PIB (24,6%) de los más bajos de la UE-15; 2) España tiene el gasto público social por habitante de los más bajos de la UE y ha disminuido durante los años de la gran recesión, consecuencia de los grandes recortes; 3) España tiene uno de los porcentajes de la población adulta que trabaja en los servicios públicos más bajos de la UE-15 (el grupo de países de semejante riqueza), por ejemplo 1 de cada 10 habitantes en comparación con 1 de cada 4 en Suecia. Si España tuviera el porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar como en Suecia (de 1 de cada 10 a 1 de cada 4) reduciría significativamente el desempleo; 4) El gasto público en España es uno de los más bajos de Europa, representa el 43,6% de su PIB; la media del conjunto de los 28 países europeos es 48,1%; 5) España es uno de los países que dedican menor gastos en protección social: 2,7 puntos menos del PIB que la media de países de la Eurozona (17,6% frente al 20,3 de la UE); 6) Esta subfinanciación ocurre en todas las dimensiones del Estado del Bienestar excepto en el gasto en desempleo. Este retraso se ha acentuado con los recortes de gasto público social que ha ocurrido en todos los servicios: 6.a) El gasto autonómico de sanidad por habitante se redujo un 14,2% entre el periodo 2009-2016. (1.195€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 1.393€); 6.b) El gasto autonómico de educación por habitante se redujo un 5,87% entre el periodo 2009-2016. (785€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 834€); 6.c) El gasto público total consolidado en Servicios Sociales fue de 16.000 millones de euros en 2016, aproximadamente 1.000 millones menos que en 2010; 6.d) El gasto autonómico de servicios sociales por habitante se redujo un 1,55% entre el periodo 2009-2016. (254€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 258€).; 6.e) Mientras que, el gasto autonómico en deuda pública por habitante aumentó 381,8% entre el periodo 2009-2016. (582€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 121€); 7) El Estado del Bienestar es de los menos redistributivos de Europa: la tasa de pobreza se reduce antes de transferencias sociales en España del 29,5% en 2016 al 22,3% después de transferencias sociales. Mientras que en la UE se pasa de un 26% en 2015 baja al 17,3% de reducción de pobreza (8,7% de reducción en la UE frente a 7,2% en España).

La pobreza del Estado del Bienestar en España es consecuencia de una fiscalidad débil y regresiva que se ha acentuado todavía más con las reformas de los gobiernos Zapatero y Rajoy. Como consecuencia, los ingresos fiscales en España son inferiores a los de los países de nuestro entorno. Las facilidades que tienen las grandes empresas y fortunas para pagar menos de lo que tienen establecido, gracias a un entramado de desgravaciones y exenciones, hace que la carga fiscal recaiga sobre las clases medias y trabajadoras a través del IRPF y de los impuestos al consumo. Más datos: 1) En España el 85% del esfuerzo fiscal recae sobre las rentas del trabajo; 2) 17 de las 35 empresas del IBEX no pagan el impuesto de sociedades en España, cuando tan solo 3 compañías cerraron 2014 con pérdidas.

La pobreza se ha incrementado

Resultado de todo lo anterior es que la pobreza está ya incluida como parte integrante del sistema económico. No es coyuntural, sino estructural. En otras palabras, la pobreza se ha instalado en la sociedad española, afectando a personas y familias que cada vez ven más difícil salir de su situación. La transmisión intergeneracional dará lugar a nuevas generaciones que van a reproducir la pobreza y que cada vez van a tener más difícil salir de ella. De nuevo, más datos: 1) La renta media de los hogares se ha reducido un 11% desde 2009 (30.045€) a 2016 (26.730€); 2) Hay más de 2,5 millones de trabajadores/as están por debajo del umbral de la pobreza: un aumento del 21,55% desde 2009 (11,6% en 2009 frente a 14,1% en 2016); 3) España ha registrado la cifra más alta de pobreza desde 2005: más de 10 millones de personas en España están por debajo del umbral de la pobreza (el 22,3% de la población); 4) Pese a la ‘recuperación económica’ la tasa de pobreza ha continuado aumentado respecto al año pasado (2015= 22,1%; 2016= 22,3%); 5) El 42,2% de los hogares de 1 adulto con 1 o más niños dependientes está en situación de pobreza; 6) El 30,6% de los hogares con niños dependientes están en situación de pobreza; 7) Casi 650.000 hogares, más de 1 millón de personas, no tienen ningún ingreso (3,52% de los hogares); 8) La pobreza persistente (personas que permanecen en riesgo de pobreza 2 de los 3 últimos años) es de 15,8 en España (2015) frente a 11,5 en la Eurozona (2015), 4,3 puntos menos, de las más altas de Europa; 9) La mala alimentación por motivos económicos y, en ocasiones, el hambre, son situaciones reales que afectan a más de 1 millón de personas en España; 10) La Tasa Arope, que es el indicador utilizado por la Unión Europea para medir la exclusión social, sitúa a España 4,9 puntos por encima de la media de la eurozona (27,9 frente al 23%): una de las más altas de la UE; 11) En 1 de cada 10 hogares se pasa frío o excesivo calor por no poder mantener la vivienda a temperatura adecuada; 12) En 4 de cada 10 hogares no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año; 13) El 15,3% de los hogares tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes; 14) El 8,4% de los hogares tienen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal; 15) 2,6 millones de personas sufren carencia material severa (5,8% de la población); 16) 4 de cada 10 personas viven en hogares sin capacidad para afrontar gastos imprevistos; 17) Al menos 6 millones de personas, sin ser pobres, se encuentran en situación económica precaria.

Conclusión. El resultado de las políticas neoliberales que han sido seguidas hasta ahora por parte de los gobiernos del PSOE y del PP a nivel central, y por los partidos de derechas (tales como CiU, que ahora se llama PDeCAT) y socialistas que han gobernado en las autonomías

Espero no haberles aturdido con tantos datos. Pero les ruego que consideren que detrás de cada dato hay un enorme, repito, enorme, dolor impuesto a las clases populares de España. Pero este daño se ha conseguido a costa de una gran transferencia de fondos del mundo del Trabajo al mundo de los beneficios de los grandes propietarios del capital, de los más elevados de la Eurozona. Esta realidad permanece ocultada en los mayores medios de información y persuasión del país.

Ante esta realidad hay que entender que las pequeñas variaciones de los indicadores económicos, que se presentan por los partidos gobernantes como el PP como indicadores de recuperación económica, se realizan dentro de un marco estructural caracterizado por estos datos. Lo que ha ocurrido estos años en España es un cambio dentro del régimen capitalista, que ha pasado de blando a duro, y ello como resultado de la victoria en un conflicto político que ocurre entre una minoría económica, financiera, mediática y política, por un lado, y las clases populares, que son la mayoría de la población, por el otro. Así de claro.

(Agradezco a mi colega Eduardo González de Molina la ayuda en la provisión de la mayoría de estos datos)

Qué hay detrás de la defensa de la “unidad de España”

19 enero, 2016

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 30 de diciembre de 2015.

Este artículo hace una crítica muy fuerte de los argumentos que se están utilizando en España para defender su unidad, argumentos que están ocultando otras realidades que son ni más ni menos que los intereses de la estructura de poder reproducidos a través del Estado bipartidista, y que se consideran amenazados (como ocurrió en el año 1936) por el surgimiento de una España popular y plurinacional.

Una vez más, se está utilizando el eslogan de defender la “unidad de España” para imponer una visión uninacional de España que ha sido causa constante de tensiones en la historia de este país. En 1936, las estructuras de poder, amenazadas por las políticas públicas propuestas por el democráticamente elegido gobierno republicano del Frente Popular, estimularon un golpe militar a fin de impedir las necesarias y urgentes reformas (que hubieran afectado negativamente a sus intereses económicos y financieros), intentando justificar tal golpe con el argumento de que estaban defendiendo la unidad de España, unidad que, por cierto, nadie estaba amenazando. En contra de lo que las derechas golpistas y sus herederas han sostenido siempre, el President Companys y el gobierno de la Generalitat que él presidia no eran separatistas y no querían desunir España, sino redefinirla, exigiendo que el Estado español reflejara su plurinacionalidad, reconociendo la identidad nacional de Catalunya dentro de una federación española. En realidad, el independentismo históricamente ha sido un movimiento minoritario en Catalunya. El hecho de que, aun siendo una minoría, haya alcanzado hoy un porcentaje tan elevado se debe primordialmente a la intransigencia del Estado central (hoy gobernado por un partido que tiene sus raíces históricas en las fuerzas políticas que dominaron la dictadura que siguió al golpe militar) a reconocer la plurinacionalidad de España y la identidad de Catalunya como nación. Y es inevitable que, de persistir esta resistencia, rigidez e intransigencia, esta minoría pueda convertirse en una mayoría, abriéndose así la posibilidad de una desunión de España. Hoy, los máximos facilitadores de la desunión de España son precisamente los que justifican su intolerancia y dogmatismo bajo el eslogan de “defender la unidad de España”.

Los resultados de la Transición inmodélica

Las enormes tensiones que vive hoy España son resultado de que la mal llamada “cuestión territorial” no fuera resuelta durante la transición inmodélica, una transición que fue resultado de un enorme desequilibrio de fuerzas que existía en aquel momento entre los herederos de los vencedores y los herederos de los vencidos de la Guerra Civil. Los primeros impusieron su modelo uninacional (centrado en la capital del Reino, que tiene poco que ver con el Madrid popular), reprimiendo la visión plurinacional de España. En este sentido, los famosos artículos 2 y 8 de la Constitución fueron impuestos por la Corona y por el Ejército (ver mi artículo “Franco ganó la guerra, la postguerra y la transición”, Público, 26.11.15).

Ahora bien, estamos viendo el fin de aquel modelo de Estado uninacional. Los crecientes movimientos contestatarios hacia el Estado uninacional español que han aparecido en Catalunya, en el País Vasco, en Asturias, en Galicia, en el País Valenciano, en Cantabria, en Navarra, en las Islas Canarias y también en Madrid, entre otros, están exigiendo otro Estado que, basado en la profundización de la democracia, acepte el derecho a decidir de los distintos pueblos y naciones de España, tal como las izquierdas habían pedido durante la clandestinidad, en su lucha contra la dictadura de los vencedores de la Guerra Civil.

La redefinición de España

Es en este contexto que hay que evaluar lo que está ocurriendo estos días después de las elecciones del 20D, cuando se está maliciosamente señalando que, tal como ocurrió en 1936, la demanda de las izquierdas (excepto el PSOE) de redefinir España es, en realidad, una llamada a romperla. Es importante señalar que, aun cuando esta respuesta es predecible en las derechas españolas, caracterizadas por su limitadísima cultura democrática y por su visión centralista del poder, es incoherente y opuesta a la sostenida por el PSOE de la clandestinidad, que durante la heroica lucha de la resistencia antifascista había exigido el derecho a decidir para Catalunya y para otras naciones y pueblos de España, tal como consta en los documentos de sus congresos. Fue durante la Transición cuando el PSOE se adaptó al Estado uninacional español, pasando a formar parte de él, estableciéndose así un bipartidismo que ha gobernado las instituciones del Estado central hasta la fecha. Esta adaptación del PSOE se hizo a costa de renunciar a los principios sostenidos por sus antecesores.

El bipartidismo en el Estado español (favorecido por una ley electoral muy poco proporcional) surgió dentro de un contexto en el que las derechas continuaron siendo enormemente poderosas. Y este poder incluyó el poder de reprimir la recuperación de la memoria histórica, es decir, de la historia de este país, continuando una tergiversación que ocultaba lo que había pasado en el país, reprimiendo la otra visión de España, a la que se continuó presentando como la “anti España”, cuando en realidad esta era la España real y popular, la España plurinacional, que está emergiendo ahora de nuevo. Es importante subrayar que esta España popular y plurinacional conjugaba un compromiso con el bienestar social de la población con un respeto y apoyo a su diversidad plurinacional. No es coincidencia que el Estado uninacional que ha persistido durante el periodo 1978-2015 haya sido también un Estado con escasísima dimensión social, siendo uno de los Estados con menor gasto público social por habitante, con menor gasto público, con políticas fiscales más regresivas y con mayores desigualdades de la Unión Europea.

Ni que decir tiene que el PSOE, cuando gobernó, redujo el enorme déficit de gasto público social que heredó de la dictadura, aunque sin eliminarlo. El enorme dominio de las derechas en el aparato del Estado llamado democrático, continuador del Estado dictatorial, imposibilitó la eliminación de tal enorme déficit del gasto público social de España. Y la respuesta del gobierno PSOE a la crisis fue el inicio de las reformas laborales regresivas y de los recortes de gasto público social que el PP expandió, reformas y recortes que contribuyeron enormemente a profundizar la crisis y al gran retraso de su insignificante recuperación. De ahí su enorme pérdida de popularidad. Su inexistente autocrítica, tanto en las áreas económicas (donde el candidato Pedro Sánchez nombró como su mayor asesor económico a Jordi Sevilla, bien conocido neoliberal que aconsejó las bajadas de impuestos en la época de Zapatero, y a Larry Summers, principal ideólogo de la desregulación financiera durante el gobierno Clinton, responsable de la enorme crisis bancaria estadounidense) (ver el documental Inside Job) como en las áreas políticas (continuando con la defensa del Estado uninacional), está llevando al PSOE a una situación enormemente problemática. La defensa de la “unidad de España” es, en este contexto, la defensa del Estado bipartidista que ha gobernado la España uninacional. Cuestionar la España uninacional es debilitar al Estado bipartidista.

La defensa por parte del PSOE del Estado uninacional es la defensa del bipartidismo

Al adoptar el argumento de defender la unidad de España, el PSOE está, junto con el PP y con Ciudadanos (el partido del IBEX-35), defendiendo el Estado uninacional responsable del retraso social de España. No es por casualidad que hoy en España las fuerzas más comprometidas con los cambios en la esfera social sean también las más comprometidas en establecer una España plurinacional. Los programas electorales están ahí para el que los quiera ver. Hoy, las izquierdas auténticamente transformadoras están pidiendo una revolución social y democrática, orientada a mejorar el bienestar de las clases populares, junto con una revolución política, exigiendo una transformación radical de las mal llamadas instituciones representativas que incluya la incorporación del derecho a decidir como medida profundizadora de la deseada democracia. Son estas fuerzas políticas favorables al cambio las que están generando una enorme resistencia liderada por el Estado uninacional gobernado por el bipartidismo, que ve en esta demanda una amenaza no a la unidad de España, sino a la perpetuación de dicho bipartidismo.

El discurso del Rey: más de los mismo

En este aspecto, el discurso del Rey fue sumamente predecible, no variando ni un ápice el discurso característico de la visión uninacional, insistiendo en la necesidad de obedecer la Constitución y las leyes, sin hacer referencia ni a las enormes crisis económicas y financieras (consecuencia de la aplicación de las políticas públicas que los gobiernos españoles han impuesto a los distintos pueblos y naciones de España) ni al deseo de cambio del Estado, centrándose, en su lugar, en el deber de los españoles de defender a la nación española, alertando de que la desobediencia a las leyes será seriamente castigada, pues (confundiendo leyes con democracia) indicó que el deber del ciudadano es obedecer las leyes, haciendo caer sobre aquellos que desobedezcan estas leyes y la Constitución (el marco de todas las normas) todo el peso del Estado. Y para remarcar esta alerta, el monarca dio su discurso desde el Palacio Real, sede del poder borbónico, remarcando el simbolismo de que se escogiera tal espacio, un espacio central en la historia del imperio español, imperio conseguido a base de las armas. De ahí que, según la Constitución, el Jefe del Estado (y nunca mejor utilizada la expresión de “Jefe del Estado”), el monarca, sea también el Jefe del Ejército.

Por lo visto, se le escapó al monarca la paradoja que significó que en su discurso se refiriera a las consecuencias negativas que había tenido para España la falta de respeto a la ley consensuada por la totalidad de la sociedad, y que lo hiciera precisamente en el lugar -sede del Poder Real- donde simbólicamente se había consumado el mayor acto de desobediencia al poder democrático que ocurrió en España en el siglo XX, cuando una minoría, en el año 1936, se había impuesto a la mayoría, bajo la presión de las armas. Fue en este lugar donde el golpista mayor, el General Franco, se declaró Generalísimo, y también fue en este lugar que se consumó la transición a la democracia cuando se estableció la Monarquía, incorporada en la Constitución en un proceso que el Rey definió como fruto de una gran generosidad, sin aclarar que tal supuesta generosidad (es decir, los que cedieron más en la Transición, que fueron las izquierdas) fue fruto de que estas no tenían ninguna otra alternativa si deseaban la democracia.

Este discurso predecible del Rey señala la dificultad de cambiar el Estado español. Hablar de diálogo, y a la vez dar tal discurso, es de una contradicción elevada que cuestiona la sinceridad de la llamada al diálogo. Parece que está orientado más a estimular la generosidad de los herederos de los vencidos, borrando el punto de inicio del debate. El enorme dominio de las fuerzas que pilotaron la Transición explica la dificultad en admitir que hay otra España, reprimida durante todos estos años, que exige una transformación política y social del país. Oponerse a esta transformación aduciendo el argumento de defensa de la “unidad de España” es, una vez más, ocultar la resistencia de estas fuerzas a perder su poder por encima de todo. Y así estamos.

La enorme discriminación contra la tercera edad (y contra la mujer)

15 enero, 2016

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 29 de diciembre de 2015.

Este artículo toca un tema que, a pesar de su enorme importancia, tiene escasísima visibilidad mediática en España: la enorme discriminación en contra de los ancianos.

A lo largo de mi larga vida en varios países he podido ver muchas formas de discriminación, ya sea de clase social, de género, de raza o de nacionalidad. Pero un tipo de discriminación de la que tengo que confesar no era muy consciente, y que he ido aprendiendo a medida que he ido avanzando en edad, es la discriminación en contra de las personas de mayor edad, discriminación que va acentuándose a medida que las personas van adquiriendo más años. Tal discriminación es especialmente acentuada en las culturas latinas (también muy conocidas por su discriminación en contra de las mujeres, consecuencia del machismo que caracteriza a estas sociedades) y como también ocurre en esta última forma de discriminación aparenta no existir, ocultándose tras una presunta caballerosidad (supuestamente muy atenta con el género femenino en el caso de la discriminación a la mujer). Lo mismo ocurre con los ancianos, a los que, por lo general, se refieren, supuestamente para expresar también gran gentileza y estima, como “abuelos”, término que aparenta ser respetuoso, pero que aplicado indistintamente consigue lo contrario. Siempre recordaré a mi padre, persona que sufrió muchísimo, que fue represaliado por el fascismo, y que siempre sostuvo un orgullo de haber hecho –luchar por la República- lo que tenía que haber hecho, mostrando, a la vez, frente a la represión, un gran sentido de la dignidad. Y cuando a los más de noventa años la gente se refería a él como “abuelo”, él contestaba con cierta irritación: “mire usted, yo no soy su abuelo y francamente tampoco desearía serlo. Le ruego que me llame Vicente”, y terminaba la conversación. Y yo lo entendía perfectamente. Hoy me encanta que mi nieto me llame abuelo, pero no me gusta que nadie más se refiera a mí como tal, por personas que ni siquiera me conocen.

Y así lo muestran las encuestas. La mayoría de ancianos no desea que se refieran a ellos como abuelos. Y sin embargo, es el término más utilizado. No se dice “Residencia de la tercera edad”, o “Residencia de ancianos”, sino “Residencia de abuelos”. Y así un largo etcétera. En realidad, detrás de la supuesta amabilidad, hay una visión ofensiva hacia las personas receptoras de tal nombre (percibidas como de capacidades físicas e intelectuales reducidas como consecuencia de su edad). Quedó así reflejado en la descripción que hizo la derecha de la caverna española del excelente grupo de activistas de edad avanzada, dirigiéndose a ellos como “yayoflautas” (abuelos con flauta). Ni que decir tiene que la mayoría de personas que utilizan esta expresión no son conscientes de que es un término discriminatorio, que estereotipa a las personas mayores.

La atención a los ancianos

Una dimensión que refleja tal discriminación es la falta de atención a las personas de edad avanzada que requieren cuidados paliativos, y que alcanza su máxima expresión en las personas con enfermedades terminales, es decir, que están experimentando una enfermedad que reducirá en un periodo de tiempo relativamente corto su esperanza de vida. Este tipo de atención –que requiere cualquier persona que tiene una enfermedad terminal, sea de la edad que sea, pero que lógicamente afecta más a las personas ancianas–está muy poco desarrollada en España. El final de su vida es para millones de españoles uno de los periodos más difíciles, con peor calidad de vida y con menos confort y bienestar. Y es también un periodo enormemente pesado para las familias. Y en España, cuando decimos familias queremos decir mujeres. La mujer española tiene tres veces más enfermedades debidas al estrés que el hombre. Cuida de los niños y jóvenes, que viven en casa hasta la edad promedio de 32 años (sí, repito, 32 años), de su pareja, de los ancianos y el 52% está también integrada en el mercado de trabajo. Y casi la totalidad de los cuidados a enfermos terminales lo hacen las mujeres familiares del anciano.

Se requiere una enorme inversión en estos tipos de servicios. El argumento de que viviremos en un futuro sin que haya puestos de trabajo como resultado de la sustitución de trabajadores por robots, es una banalidad más de las muchas que se escriben y centran la atención mediática. Esta frivolidad también se ha presentado como causa del elevado desempleo en España, pues este se atribuye a la introducción de nuevas tecnologías o a la exportación de los puestos de trabajo, ignorando que hay una enorme cantidad de necesidades humanas desatendidas que requieren puestos de trabajo, puestos que no pueden ser sustituidos por robots y externalizados. Si España tuviera el porcentaje de personas adultas que trabajan en los servicios públicos del Estado del Bienestar (sanidad, educación, servicios sociales, servicios domiciliarios a personas con dependencia, escuelas de infancia, servicios de prevención de la pobreza y vivienda social, entre otros) que tiene Suecia (alrededor de una de cada cuatro, en lugar de una de cada diez, como es ahora en España) crearíamos unos 3,5 millones más de puestos de trabajo. ¿Por qué no se crean?

Se dirá que no hay dinero público, lo cual no es cierto, pues si España tuviera las políticas fiscales de Suecia y el porcentaje de personas adultas trabajando y pagando impuestos de ese país, ingresaría suficientes fondos para proveer tal empleo. Nunca se crean a aquellos economistas (próximos a la banca o al Banco de España) que, con gran pomposidad, constantemente denuncian en las amplias cajas de resonancia que se ponen a su disposición que no hay dinero en Catalunya y en España o que “nada es gratis”. Les aseguro que sí que lo hay (y además, mucho). Lo que ocurre es que el Estado no lo recoge. Ahí está el problema.

Le llaman democracia (en España, incluyendo Catalunya) pero no lo es

28 noviembre, 2015

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 18 de noviembre de 2015.

Este artículo critica el argumento utilizado por los partidos independentistas de que el resultado de las elecciones autonómicas significa un mandato para alcanzar la independencia. El artículo muestra cómo el sistema electoral español, así como el catalán, que es una mera réplica del primero, discriminan a las clases populares, y muy en especial a la clase trabajadora, respondiendo a un diseño que, aunque modificado, se ha respetado en su esencia durante la época bipartidista del régimen parlamentario actual. El artículo también muestra otras limitaciones del sistema democrático que explican la baja calidad de la democracia en España (incluyendo Catalunya).

En las últimas elecciones autonómicas en Catalunya, los partidos independentistas consiguieron una mayoría parlamentaria que presentan como prueba de que “tienen un mandato del pueblo catalán” para independizarse y separarse de España, y ello a pesar de que la mayoría del voto expresado en las urnas aquel día no fue para partidos independentistas, sino para partidos no independentistas. Ni que decir tiene que los primeros consiguieron un voto minoritario muy elevado, pero, a pesar de ser muy elevado, no fue la mayoría del pueblo catalán. Tenemos así una situación en la que las opciones políticas hoy mayoritarias en el Parlamento catalán no tienen el apoyo de la mayoría del electorado catalán para alcanzar su principal promesa programática –la independencia de Catalunya-. Su constante énfasis en que sí que tienen un mandato mayoritario no se apoya en lo que los catalanes votaron en aquellas elecciones. En realidad, consiguieron una mayoría parlamentaria como consecuencia de que la ley electoral catalana (que es prácticamente idéntica a la española) es de las menos proporcionales que existen en Europa, realidad que he estado denunciando desde hace tiempo. Tanto en España como en Catalunya, los gobiernos constantemente aplican leyes aduciendo un mandato popular que no se corresponde con los deseos de la mayoría de la población.

Uno de los muchos indicadores del enorme dominio que las fuerzas conservadoras tienen sobre el Estado es precisamente el sesgo antidemocrático de las leyes electorales, que discriminan claramente a favor de unos territorios y de unas clases sociales a costa de otros territorios y otras clases sociales, discriminando a las ciudades (a favor de las zonas rurales) y a la clase trabajadora (a favor de otras clases sociales). Y un ejemplo de ello son las últimas elecciones en Catalunya. La mayoría de los no independentistas reside en las grandes ciudades de Catalunya, y muy en especial en los barrios obreros. Y ahí están las bases del diferencial entre voto y escaños parlamentarios. El punto débil del independentismo es su limitado atractivo entre las clases trabajadoras en Catalunya debido, en parte, a la mayor identificación con España entre estos sectores de la población y también al hecho de que el movimiento independentista está liderado por un gobierno liberal que ha apoyado las medidas (como la reforma laboral y los recortes de gasto público) que han perjudicado con mayor intensidad a las clases populares.

El sesgo de la ley electoral española (y de la catalana) tenía y continúa teniendo el propósito de discriminar a la clase trabajadora

Este sesgo antidemocrático no es casualidad, pues el objetivo de dicha ley electoral fue precisamente este: el de frenar al Partido Comunista (cuya base electoral era mayoritariamente de clase trabajadora), condición que impuso la asamblea del Movimiento Nacional en las últimas etapas de la dictadura antes de disolverse. Tal condición era el establecimiento de una ley electoral que discriminara a las zonas urbanas a costa de favorecer a las zonas rurales, de claro cariz conservador. El hecho de que incluso hoy se requieran casi 49.000 votos para conseguir elegir a un parlamentario en Barcelona, y solo 21.000 votos en Lleida, se debe a esta decisión política. Otro tanto ocurre en el resto de España.

Esta motivación en el diseño de la ley electoral ha sido reconocido por dirigentes de la derecha española que jugaron un papel clave en la Transición, como el Sr. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y el que fue presidente del mayor partido de derechas (que se definía como de centro, como las derechas siempre se han definido en España) durante aquel periodo, el Sr. Leopoldo Calvo Sotelo. Este último, el mismo año de su fallecimiento, subrayó que el diseño de la ley electoral (que se inició en las últimas fases de la dictadura) tuvo como objetivo la intención de frenar la presencia del Partido Comunista en las instituciones que llamaron representativas, forzando un sistema que tuvo poco de representativo.

Una consecuencia de ello es que, como he documentado en varias ocasiones (ver mi artículo “Cuestionando algunos de los análisis que se han hecho sobre las elecciones del 9 de marzo”, El Viejo Topo, julio-agosto 2008), en todas las elecciones generales durante el período democrático desde 1977 a 2008, la suma de votos a partidos de izquierdas en España había dado una cifra superior a los partidos de derechas (excepto en 1977, las primeras elecciones democráticas, en 1979, y en 2000, debido a la enorme abstención). Otros estudios más recientes confirman este análisis de la situación. En un excelente artículo de la ley electoral española aparecido en la revista El Siglo (“Una democracia por mejorar”, 09.11.15) se muestra que la ventaja de los votos de izquierda sobre los votos de derecha fue de más de dos millones y medio en 1982, de casi dos millones y medio en 1986, de menos de dos millones en 1989 y en 1992, de más de un millón en 1996, de menos de dos millones en 2004, y de casi un millón y medio en 2008. A pesar de ello, las izquierdas han gobernado con mayoría parlamentaria solo durante el periodo de 1982 a 1993 y el periodo de 2004 a 2008.

Muchas son las consecuencias de esta realidad, desde el enorme subdesarrollo y subfinanciación del Estado del Bienestar español (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias, Anagrama, 2006), hasta el enorme fraude fiscal y las regresivas políticas tributarias. Añádase a esta situación de escasa calidad democrática, la escasísima diversidad ideológica de los medios de información que sistemáticamente discriminan a las izquierdas (ver mi artículo “El ‘New York Times’ lleva razón: no existe pluralidad en los medios”, Público, 19.11.15), siendo el gran apoyo de los mayores medios al nuevo partido de derechas Ciudadanos (la esperanza de las derechas) frente a la gran hostilidad hacia el nuevo partido Podemos y hacia IU, un indicador de ello.

Y la escasa proporcionalidad del sistema electoral se ha ido acentuando con añadidos y modificaciones a la ley electoral que hacen más difícil el ejercicio del voto. Un caso claro es la reforma del año 2011 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (aprobada por el gobierno Zapatero con el apoyo del PP, de CiU y del PNV) que tuvo como consecuencia aumentar la dificultad para votar a los ciudadanos españoles que viven en el extranjero (1.875.272 ciudadanos españoles que viven o están fuera de España del total de 36,5 millones de personas que tienen derecho al voto en España). Es un ejemplo más de clara manipulación mediática del gobierno conservador-neoliberal de la Generalitat de Catalunya, que acusó al gobierno central del partido conservador-neoliberal español de dificultar las votaciones de los catalanes que vivían o estaban en el extranjero, cuando, en realidad, ambos partidos –el español y el catalán- habían dificultado, con la nueva ley, el ejercicio de tal derecho.

Las muy insuficientes reformas del supuesto sistema democrático

La gran mayoría de reformas que se están proponiendo por parte de los partidos políticos se basan en deseados cambios en la gestión de los partidos, lo cual es importante, pero muy insuficiente. Que los partidos políticos españoles (incluyendo los catalanes) son partidos con escasa vocación democrática, queda ilustrado en el estudio Ranking 2015 sobre la calidad democrática de los partidos políticos españoles, que muestra que solo dos partidos (ambos de izquierda), Podemos y el Bloque Nacionalista Gallego, pueden ser considerados como partidos -en términos comparativos con los existentes en el Reino Unido y Alemania- merecedores de ser considerados partidos con democracia interna. Ni que decir tiene que incluso estos dos partidos tienen todavía un largo recorrido para alcanzar los niveles de democracia que deberían exigirse. Pero están claramente en la dirección de alcanzarlo. No así en el resto de partidos.

Ahora bien, otro tema esencial para que el sistema electoral pudiera definirse como democrático, sería conseguir que todo ciudadano tuviera la misma potestad de configurar la gobernanza del país (es decir, conseguir la representatividad proporcional). Esta es una reforma urgente y necesaria y que tendría un enorme impacto en la vida política del país. Pero se requeriría otra reforma igualmente necesaria y urgente, que es el establecimiento de formas de democracia directa, como los referéndums, a todos los niveles del Estado, desde el central, al autonómico y municipal. Y ahí estamos en pañales. Existe una oposición antidemocrática por parte de los establishments político-mediáticos –lo que se define como la casta- hacia el ejercicio del derecho a decidir a todos los niveles. La oposición a que el pueblo catalán pueda ejercer tal derecho -que la mayoría de la población en Catalunya apoya- es un ejemplo de ello. La derecha española, PP y Ciudadanos, y la dirección del PSOE (de escasa vocación democrática), se oponen a dicho ejercicio. El PP y el PSOE, los máximos beneficiarios del sistema bipartidista, bases del Estado español, han sido los que se han opuesto más a la democratización del Estado. Ambos partidos de baja calidad democrática, se oponen al ejercicio de estas formas de democracia directa, que debilitarían su protagonismo. Y Ciudadanos se opone también, aunque por motivos diferentes. Su oposición al derecho a decidir es porque desea conseguir rentabilidad política de su supuesta defensa de la “unidad de España” (aunque el ejercicio de tal derecho resolvería precisamente las tensiones artificiales creadas por los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, y también por CDC en Catalunya, pues tal deseo mostraría que la voluntad de la mayoría de los catalanes es permanecer en España, desmontando así los argumentos independentistas). Son precisamente estos partidos (PP, PSOE y Ciudadanos) –que Pablo Iglesias ha definido correctamente como el búnquer- los que están incrementando el hastío y frustración en Catalunya hacia el Estado central, aumentando el independentismo.

Esta breve crítica del sistema llamado democrático aparece con plena evidencia en la nula diversidad ideológica que existe en los mayores medios de información (tanto públicos como privados) españoles, instrumentalizados por los poderes económicos y financieros y por los gobiernos, y que no ofrecen la pluralidad, veracidad y rigor que un sistema democrático exige. El artículo del New York Times que ha creado un gran revuelo en España no descubre nada que la mayoría de la población no conociera ya en España, pero que los medios continúan negando. Tanto los medios televisivos como la prensa en papel carecen de credibilidad en España, otro tema que he estado denunciando por mucho tiempo. En el último programa de Salvados, los dirigentes de los medios entrevistados atribuyeron el resultado de una encuesta realizada en Europa (que mostraba que la ciudadanía española era la que desconfiaba más de sus medios) a que los ciudadanos españoles tienen una vocación más crítica que los ciudadanos de otros países. No aceptaron –a pesar de la enorme evidencia de lo contrario- que el problema mayor era la abusiva instrumentalización de los medios por el poder financiero (la banca) con el cual están endeudados, y por los partidos gobernantes. Hoy, tales medios son un enorme obstáculo para el pleno desarrollo democrático de España. En realidad, el programa La Sexta Noche es un programa que –sin quererlo y sin ser su intención- muestra claramente el bajo nivel de democracia existente en España. Lo que se presenta como un debate, es una sarta de insultos, mezquindades, gritos y un largo etcétera (procedentes en su mayoría de los tertulianos de derechas) que muestra muy bien, por desgracia, la escasa calidad democrática existente en España. Así de claro.

Cómo se llega a ser super-rico

14 septiembre, 2015

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 27 de octubre de 2014.

Este artículo muestra las causas reales de la super-riqueza del 1% más pudiente de la población, que no tienen nada que ver con el mérito, sino con sus conexiones y complicidades con el Estado, y con comportamientos claramente deshonestos.

La característica definitoria de los tiempos que vivimos es la enorme concentración de la riqueza y de las rentas, consecuencia, en gran parte, de las políticas públicas aplicadas a la mayoría de la población por gobiernos de sensibilidad neoliberal a los dos lados del Atlántico Norte (Norteamérica y Europa Occidental) desde los años ochenta. El Presidente Regan en EEUU y la Sra. Thatcher en el Reino Unido iniciaron estas políticas, extendidas desde entonces a la mayoría de países de aquellos continentes. Estas políticas fueron la respuesta de las clases dominantes a las conquistas políticas, sociales y laborales conseguidas predominantemente por el mundo del trabajo. De ahí que un elemento común de aquellas políticas públicas neoliberales fuera un ataque frontal al bienestar social de las clases populares de aquellos países, a fin de recuperar los privilegios que habían visto disminuidos durante el periodo anterior 1945-1980. El objetivo de tales políticas era favorecer al capital, cuyas rentas eran la fuente de riqueza de esas clases sociales dominantes. Las políticas de los Estados durante este periodo 1980-2012 facilitaron, así pues, una enorme concentración de la riqueza y de las rentas, lo que se presentó, para justificarlo, como resultado de un sistema meritocrático en el que los que estaban arriba, en la cúspide de la sociedad, lo estaban como consecuencia de su mayor capacidad, mérito y productividad. En esta ideología –reproducida en los mayores medios de difusión y persuasión-, las desigualdades eran consecuencia de las diferencias naturales (e incluso biológicas) existentes dentro de la población, ocultándose la gran importancia que el Estado había tenido en el desarrollo de esa concentración de la riqueza y de las rentas, concentración que no se debía al mérito de los individuos que estaban en la cúspide, sino a sus conexiones, en gran parte de las ocasiones, con el Estado. Un caso claro es el de Bill Gates, una de las personas más ricas del mundo.

El caso Bill Gates, ¿cómo consiguió su riqueza?

Este personaje es considerado como el fundador de Microsoft, establecida como consecuencia de su gran creatividad. Conocido por su filantropía, Bill Gates es un hombre ampliamente conocido, que se presenta como el gran emprendedor que debe su riqueza a sus capacidades y méritos. El economista Dean Baker, Director del Center for Economic and Policy Research, en un breve artículo (“World’s Richest Man Tries to Defend Wealth Inequality”) publicado en el blog de este centro, donde describe una breve biografía de Bill Gates, muestra, sin embargo, hasta qué punto el Estado federal de EEUU configuró y ayudó a que estableciera su riqueza, riqueza que se debió a la enorme monopolización en la producción y venta de sus productos, con prácticas claramente deshonestas en sus formas de operar. La tolerancia, cuando no ayuda, del Estado federal con tales prácticas, ha sido una constante en la vida empresarial de Gates y su Microsoft. Dichas prácticas dificultaron el desarrollo de la tecnología de los ordenadores, como han concluido varios Tribunales de Justicia cuando aquellas prácticas fueron juzgadas.

Esta situación, en la que el Estado favorece la monopolización, es conocida en el caso de la industria farmacéutica, donde las patentes otorgadas por el Estado a la industria crean una situación de monopolio, que es la base de su enorme riqueza. El último caso es el caso del fármaco para tratar los casos de hepatitis C, que cuesta 84.000 dólares (unos 66.000 euros) para un tratamiento de 12 semanas, cuando la versión genérica cuesta solo 900 dólares (unos 700 euros). Dean Baker, por cierto, cita la paradoja que representa que la fundación filantrópica que lleva su nombre, la Fundación Bill & Melinda Gates, no haya dicho nada sobre el abuso de las patentes en los países subdesarrollados, a los cuales la Fundación intenta ayudar dándoles dinero para comprar fármacos (cuyos precios podrían reducirse especialmente si no hubiera tal abuso de las patentes).

Otro caso semejante es el de los banqueros –el mayor grupo de los super-ricos, es decir, el 1% de la población-, que están en la cúspide no como resultado de su brillantez, sino de sus prácticas especulativas facilitadas por los Estados, que perjudican enormemente a las actividades de la economía productiva, habiendo comprado la complicidad de sus reguladores públicos. El caso español es de los más claros, habiendo sido el Estado el que les ha ayudado a salvarse y evitar su colapso, cuando lo más lógico, eficiente y equitativo hubiera sido su sustitución por bancas públicas que garantizaran el crédito.

Y, por último, otro grupo del 1% de renta superior de los países, que Dean Baker señala, es el de las empresas, tanto manufactureras como de servicios comerciales, que han hecho su fortuna a base de una enorme explotación de sus empleados y trabajadores. El caso más claro es el de los dueños de la cadena de mercados Walmart, conocida por los altos niveles de explotación a su fuerza laboral. En base a esta evidencia, es difícil asumir que los personajes que componen la mayoría del 1% de renta superior de los países –los super-ricos- hayan alcanzado el nivel de riqueza y renta que tienen debido a sus propios méritos. En realidad, la complicidad con los Estados donde se sitúa su riqueza y/o la deshonestidad de sus prácticas, incluidas la monopolización del comercio y/o la explotación de sus empleados, explican su supuesto éxito.

La canallada final contra el pueblo griego

27 julio, 2015

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 16 de julio de 2015.

Este artículo contesta las enormes manipulaciones que hemos estado viendo en los grandes medios de información y persuasión españoles, culpabilizando a Syriza y al pueblo griego de la situación tan desesperada y problemática que Grecia está viviendo. El artículo detalla la situación actual de las negociaciones sobre el tercer rescate a Grecia, analizando qué ha hecho el gobierno griego y por qué lo ha hecho.

Como era predecible, el establishment político-mediático español (incluyendo el catalán) ha presentado lo ocurrido en Grecia y en las negociaciones con la Troika, con el Eurogrupo y con el Consejo Europeo como un completo fracaso del gobierno Syriza, que en el colmo de su supuesta incompetencia sometió a su pueblo a un gran sacrificio, el corralito, y a un referéndum que, además de ser inapropiado, tuvo un impacto contrario al que pretendía, pues en lugar de conseguir mayores concesiones de las instituciones europeas, estas endurecieron sus posturas, exigiendo incluso mayores sacrificios de los que ya habían ofrecido antes de conocerse el resultado del referéndum. Ha sido, pues, un desastre producto de la incompetencia del gobierno Syriza. El nivel de hostilidad de este establishment político-mediático español (incluyendo el catalán) -que también apareció con igual intensidad en los mayores medios de información alemanes- alcanzó unos niveles nunca antes vistos en contra de un gobierno europeo. Las medidas impuestas por el establishment financiero europeo (hegemonizado por el alemán) –y sus instrumentos políticos (la Troika, el Eurogrupo y el Consejo Europeo)– intentaban humillar al pueblo griego, que ha sido el único que, a través de su gobierno, se ha rebelado contra el austericidio forzado por aquel establishment financiero. Esta humillación se presentaba al público con satisfacción y regodeo por parte de los mayores medios de información, que alcanzaban lo que algunos humoristas estadounidenses han definido sarcásticamente como un “orgasmo mediático”. Nunca tanto odio se había expresado en tales medios con tanto placer para el que lo transmite, y tanto dolor para el que lo recibe.

La enorme manipulación de los medios

En toda esta presentación se olvidaron, además de la causa justa que el gobierno Syriza defendía, de algunos elementos clave para entender lo ocurrido, incluido el enorme desequilibrio de fuerzas en tal conflicto, que alcanzó (como indiqué en un reciente artículo, “El principio del fin de esta Europa antidemocrática e injusta”, Público, 07.07.15) niveles bélicos, conflicto que era parte del existente entre las élites gobernantes en la Eurozona (que están al servicio del capital financiero) y sus clases populares, un conflicto que mi amigo Noam Chomsky ha definido no como una lucha, sino como una guerra de clases, que ha alcanzado su máxima expresión en Grecia. Y los grandes medios de información al servicio de los intereses financieros que los controlan ocultaron la mayoría de los hechos, ignorando, cuando no ocultando, esta guerra de clases. Por un lado estaban las instituciones más poderosas de la Eurozona, deseosas de destruir al partido Syriza, y así matar al enemigo (y la expresión no es hiperbólica, pues esta era su intención: destruir al enemigo y al partido Syriza, expulsándolo del gobierno). Este era su objetivo. Por el otro lado estaban las clases populares de Grecia.

La ocultada guerra de clases

A fin de conseguir este objetivo, el establishment que gobierna la Eurozona, liderado por el alemán, siguió paso por paso su plan de destrucción, iniciándose este solo horas después de la victoria electoral del partido Syriza, cuando el Banco Central Europeo, el BCE, limitó la liquidez a los bancos griegos (es decir, disminuyó drásticamente el dinero transferido a estos), lo que fue seguido por un notable estrangulamiento (días antes de que se celebrara el referéndum donde se iba a pedir al pueblo griego su acuerdo o desacuerdo con las medidas impuestas por las instituciones europeas), forzando al gobierno Syriza a introducir el altamente impopular corralito, con la intención de atemorizar al pueblo griego y mostrar las consecuencias de que este votara en contra de lo que deseaban aquellas instituciones. Y después del referéndum, el BCE continuó limitando la liquidez, amenazando con interrumpirla en cualquier momento, creando así una parálisis bancaria al país. En cada uno de estos pasos, el BCE utilizó todo su armamento financiero de destrucción masiva para presionar al gobierno Syriza. Tales medidas tendrían que haber generado una gran protesta en la Eurozona, pues el BCE se estaba atribuyendo funciones que no tenía. Ante estos actos ilegales y canallescos (no hay otra manera de definirlo), el pueblo griego realizó un enorme acto de valentía y coraje al votar mayoritariamente en contra del establishment político-mediático europeo, sabiendo lo que ello podría significar.

La respuesta de las élites gobernantes en la Eurozona al rechazo de sus propuestas fue incrementar aún más su hostilidad, exigiendo medidas que convertían a Grecia en un “protectorado” de la Troika, recuperando la fórmula política imperial que había dejado de existir desde el periodo de descolonización que siguió a la II Guerra Mundial. Una de las medidas más humillantes y difíciles de aceptar para el gobierno Syriza fue que Grecia tendría que venderse el equivalente a 50.000 millones de euros en propiedades públicas y ponerlos aparte en un fondo supervisado por la Troika, con el fin de pagar a los acreedores. Estos son los Estados de la Eurozona, que habían comprado la deuda pública griega que tenían los bancos privados (predominantemente alemanes y franceses), los cuales la habían obtenido a unos intereses desorbitados y escandalosamente altos (debido en parte al hecho de que el BCE –que es un lobby de la banca- no tenía como función proteger a los Estados, como hace cualquier banco central digno de su nombre, ayudando en su lugar a la banca privada). El BCE, en lugar de ayudar a los Estados de la Eurozona prestándoles dinero, lo que hacía era prestar dinero a unos intereses ridículamente bajos a los bancos privados para que estos se lo prestaran a los Estados a unos intereses elevadísimos, que en el caso de Grecia alcanzaron unos niveles escandalosamente altos, una de las causas de que la deuda pública griega sea tan elevada.

Cuando estos bancos privados, que se habían enriquecido enormemente a base de comprar bonos del Estado griego, sumamente rentables, vieron que el Estado griego podría colapsar y no pagarles los intereses, e incluso perder el principal de la deuda (es decir, los bonos públicos, generadores de renta), pidieron a los Estados que les compraran su deuda, evitando así el colapso de los bancos, y ello a costa de que los Estados fueran ahora los que tenían los bonos públicos, compra (en realidad, el mejor término es rescate bancario) que los Estados hicieron sin que tuvieran ningún mandato popular para ello, pues salvar a los bancos no estaba en la oferta electoral de ninguno de los partidos gobernantes. Y su población tampoco fue llamada a referéndum para preguntárselo. La gran mentira y falsedad promovida en los medios era presentar esta compra de bonos públicos griegos (que se habían adquirido en condiciones abusivas) como la ayuda de los pueblos de la Eurozona al pueblo griego. En realidad, era la ayuda de las élites gobernantes, próximas al capital financiero, a sus bancos. De ayuda a Grecia no había nada. Y ahora, en las negociaciones querían que Grecia les pagara la deuda, utilizando todo tipo de presiones para conseguirlo.

La gran falsedad de presentar la ayuda a los bancos como un acto de solidaridad con el pueblo griego

Con un ejercicio de gran cinismo, estos Estados que habían rescatado a los bancos con dinero público a costa del bienestar de sus clases populares, presentaban ahora a Syriza como el malo de la película por no querer pagar a los pensionistas europeos el dinero que dichos pensionistas habían prestado a los pensionistas griegos (los cuales, indicaron todos los medios, gozaban de una pensión supuestamente exuberante). El objetivo de esta propaganda era evitar que las clases populares de los países de la Eurozona se aliasen en contra de sus propios establishments, liderados por el alemán. Leer la prensa alemana o española da idea del extremo hasta el que tal establishment es capaz de manipular para dividir a las clases populares, estimulando su movilización a favor suyo y en defensa del establishment financiero. Oír al Ministro Guindos (el mismo exbanquero de la banca más tramposa que haya existido, la Lehman Brothers) decir que el gobierno Syriza tiene que devolver el dinero a España para que se puedan mejorar las pensiones, alcanza dimensiones vomitivas. Las clases populares griegas y las españolas vivirían mucho mejor si ambos países hubieran podido nacionalizar o intervenir la banca privada y ponerla al servicio de sus clases populares.

Pero lo que alcanzó unos niveles nunca antes vistos fue la exigencia de los 50.000 millones de euros, extraídos de la venta de propiedad pública griega, que deberían ser pagados por el Estado griego a los acreedores. Con ello, además de los recortes y de la austeridad, se añadía un latrocinio al pueblo griego, robándole el equivalente a un 17% del PIB griego para pagar el rescate a los bancos por parte de los Estados. En cuanto a las medidas de austeridad, estas se incrementaron, con lo cual el descenso del PIB (que ha sido de un 25% en cinco años) aumentaría todavía más (se calcula que un 5% más).

¿Por qué Syriza aceptó estas demandas?

La enorme negatividad contra Syriza que apareció en los medios ocultaba que el gobierno griego tenía muy poco espacio para poder responder a esta belicosa hostilidad. Y a pesar de ello, es notable lo que también consiguió, cosa que naturalmente y predeciblemente no salió en los medios. El hecho de que el rechazo a tales medidas impuestas por la Troika alcanzara un nivel tan elevado (un 62%), le permitió conseguir un grado de unidad en su país impensable antes del referéndum, de manera que las propuestas hechas después del referéndum eran firmadas por la gran mayoría de partidos, además de Syriza. Esto fue lo que originó cambios, incluido el que, en lugar de continuar discutiendo el segundo rescate aprobado por el gobierno anterior, se discutiera ahora un nuevo rescate, de una cantidad mucho mayor, que podría alcanzar 80.000 millones, con una promesa de iniciar el proceso de reestructuración de la deuda griega, aun cuando no se especificaran las condiciones.

Otras medidas también importantes que se consiguieron fueron la disminución de la exigencia a Grecia de tener un superávit primario en las cuentas del Estado (es decir, tener un balance positivo entre los ingresos y los gastos, sin incluir los gastos para pagar los intereses de la deuda) que fuera equivalente a un 4% del PIB, utilizando este superávit para pagar la deuda, lo cual hubiera causado un colapso de la economía griega. Syriza consiguió que el superávit fuera equivalente a un 1% del PIB el primer año, un 2% el segundo año, y un 3% en el tercer año, exigencias que también serían perjudiciales para Grecia, pues aun cuando no crearían un colapso, impedirían su recuperación. El gran problema fue que Syriza consiguió mejoras, pero dentro del marco definido ya en el rescate anterior. Y este era el punto flaco del nuevo rescate que entraba en clara contradicción con lo que el pueblo griego había votado. De ahí que lo que se le ofrecía a Grecia por parte de las instituciones europeas era más de lo mismo.

¿Qué podría haber hecho Syriza?

El poder de Syriza en las negociaciones estaba muy limitado por las condiciones que se daban a los dos lados de la mesa negociadora. Y una constante por parte de Syriza era su deseo, reflejando lo que deseaba la gran mayoría del pueblo griego, de mantenerse en la Eurozona. Esta era una condición sine que non. Se consideró, desde el principio de su mandato, que la salida del euro por parte de Grecia no era ni posible ni aconsejable. El mismo por entonces Ministro de Finanzas, el Sr. Yanis Varoufakis, había indicado en The Guardian que “la salida de Grecia del euro, creando una nueva moneda, sería dificilísima. En Irak la introducción de una nueva moneda duró casi un año, con el desarrollo de una enorme infraestructura que no existe en Grecia. De ahí que el anuncio de la salida de Grecia del euro sería equivalente a anunciar una devaluación de la moneda con 18 meses de antelación. Sería una receta para eliminar todo el capital, que abandonaría el país por todos los medios”.

Se indicaba también por parte de sectores de la dirección de Syriza que el caso de Argentina (que muchos presentaban como punto de referencia para salirse del euro) no tenía validez para Grecia, pues Argentina tenía ya su moneda, el peso argentino, y toda la infraestructura para operarla en el momento que decidió separarse del dólar, cambiando el valor de su moneda. Pero Grecia no tenía una nueva moneda. Ante esta situación, lo único que podría haber hecho el Estado griego frente a la amenaza del BCE de interrumpir toda liquidez a los bancos griegos hubiera sido lo que el ministro Varoufakis propuso al Primer Ministro Tsipras el día antes del referéndum en previsión de lo que podría pasar, es decir, nacionalizar algunos bancos griegos e intervenir el Banco Central Griego, imprimir euros por parte del Banco Central Griego, emitir una nueva moneda por parte del Estado y controlar la movilidad de capitales. Pero Tsipras no lo aceptó, pues temía que ello implicara la expulsión inmediata de Grecia del euro, que era lo que quería evitarse por todos los medios.

Es interesante subrayar que el BCE –que, como dije antes, es principalmente un lobby de la banca- quería castigar al Estado griego y expulsar a Syriza del gobierno, pero no (como he indicado en otro artículo en Público, 11.06.15) sacar a Grecia del euro. El capital financiero alemán no deseaba que ello ocurriera, en parte por la enorme inestabilidad que ello crearía. De ahí que en las reuniones del Eurogrupo el Sr. Mario Draghi, Presidente del BCE, incluso se enfrentara con el Ministro alemán de Finanzas, el Sr. Wolfgang Schäuble, que no excluía sacar a Grecia del euro por un periodo de cinco años. Draghi indicó que ello ya ahora crearía un gran desequilibrio, punto de vista compartido pero no enunciado por la Sra. Merkel, que tenía que equilibrar su deseo de estabilidad financiera con la demanda de su partido de castigar duramente a Grecia. Ahí radica el origen del fondo general de 50.000 millones de euros (basado en la venta de propiedad pública griega) propuesto por la Sra. Merkel.

Es también interesante subrayar que los mayores aliados del gobierno alemán, en su mano dura, han sido los gobiernos español, portugués e irlandés, pues –como indica Varoufakis en su entrevista en el New Statesman (13.07.15)- odian a Syriza y querían destruirla, temerosos de que fuerzas políticas antiausteridad que existen en sus países –como Podemos en España- se beneficiaran de cualquier mejora que pudiese conseguir Syriza. La preocupación del gobierno Rajoy frente a Podemos, tal como informa Varoufakis, ha estado detrás de su apoyo a las propuestas alemanas.

¿Y ahora, qué?

Lo ocurrido en estos días tendrá un enorme impacto en la Eurozona. Europa nunca será a partir de ahora como fue antes. La Europa punto de referencia mundial para aquellos que desean vivir en países democráticos y justos, ha desaparecido. El rechazo hacia esta Europa neoliberal, antidemocrática y reaccionaria, al servicio del capital financiero, se está extendiendo a lo largo de su territorio, y se ha creado una nueva situación que abre toda una serie de oportunidades. Los hechos han mostrado con una enorme claridad que el gobierno alemán de la Sra. Merkel domina el Eurogrupo y dicta sus políticas, y lo hace pensando única y exclusivamente en sus intereses de clase. Y digo de clase porque la clase trabajadora alemana es una de sus víctimas (merece destacarse, por cierto, el apoyo valiente de las izquierdas alemanas, Die Linke, y de los sindicatos alemanes a las demandas antiausteridad griegas). La crueldad y dureza de las medidas, apoyadas por una movilización mediática que también hemos visto en España (con tonos claramente racistas, menospreciando al pueblo griego y a sus gobernantes), recuerda a situaciones anteriores en su historia, tanto en Alemania como en España.

No hay que olvidar que los que gobiernan España, el PP, son los herederos de aquellas fuerzas que se alzaron contra una democracia, venciendo (a pesar de la enorme resistencia de las clases populares de todos los pueblos y naciones de España) gracias al apoyo de las fuerzas nazis alemanas, que dominaron y oprimieron a otros muchos pueblos europeos, incluyendo Grecia, asesinando, destruyendo y robando a aquel país, sin que el Estado alemán, sucesor del Estado nazi, haya pagado ninguna reparación a las víctimas de tanta opresión en aquel país (ver mi artículo “Los costes del nazismo alemán para Grecia (y para España)”, Público, 24.03.15). Y para mayor indignación, al Estado alemán, que, por fin, fue derrotado, se le perdonó más de la mitad de la deuda pública con los acreedores extranjeros en el año 1953 , permitiéndole que pagara la otra mitad de la deuda en treinta años y solo en periodos de crecimiento. Grecia, que fue uno de los Estados que le perdonó la deuda, es ahora el país al que el Estado alemán, heredero de aquel otro de 1953, no deja que se le permita conseguir lo mismo que se le permitió a Alemania por parte de los aliados, incluyendo Grecia. Nunca históricamente se habían visto ejemplos de mayor innobleza, desvergüenza y merecedores de condena por su inmoralidad, como el comportamiento del Estado alemán y de los medios de información alemanes hacia Grecia.

Lo ocurrido ha reabierto heridas que se creían cerradas. Hoy al gobierno alemán, aliado con los establishments financieros en cada país, se le ve como el centro de un poder que es profundamente antidemocrático y antisocial. Existe una alianza de las élites gobernantes en la Eurozona, las castas que representan los intereses económicos y financieros dominantes, que no tiene límite en su hostilidad hacia las clases populares y el mundo de trabajo de cada país, incluyendo el griego. Es, repito, lo que Noam Chomsky ha definido acertadamente como la guerra de clases.

Ahora bien, hay también motivos de gran esperanza. El enorme sacrificio del pueblo griego no será en vano. Hoy Europa está llena de movimientos de protesta y rechazo hacia esta Europa mezquina, antidemocrática y profundamente injusta. Y ya vemos algunas grietas en el edificio que sostiene el imperio del establishment alemán. No puede descartarse que se establezcan divisiones en la estructura de gobierno de la Eurozona, con posibles tensiones con Francia e Italia, que ya aparecieron, pero que fueron totalmente insuficientes para cuestionar el dominio y hegemonía del gobierno alemán. Pero lo que es más urgente es que las clases populares –a través de movimientos sociales y sindicales, y partidos políticos- establezcan lazos de cooperación y asociación para parar las medidas de austeridad, estableciendo las bases para un cambio profundo de esta Europa reaccionaria hacia otra Europa justa y democrática. Y la estrategia de cambio debería ir más allá del debate “euro sí” o “euro no”, cambiando la gobernanza de esta moneda y de toda la Eurozona, con alianzas, a nivel europeo, que puedan ya expresar un Basta Ya, con una petición y exigencia de cambios democráticos en cada uno de los países de la Eurozona, como está ocurriendo hoy en España. Soy consciente de que esta expresión podrá verse como un deseo inalcanzable, pero ¿quién hubiera dicho en España hace solo un año que habrían ocurrido los cambios que ocurrieron en las últimas municipales, que fueron ni más ni menos que un tsunami político, y que cambiaron toda España y toda Europa? En realidad la hostilidad del establishment europeo, liderado por el gobierno alemán, a las clases populares griegas era un mensaje que intentaba atemorizar a las clases populares españolas.

Una última observación. Ni que decir tiene que la situación en España es distinta a la griega, y por lo tanto las soluciones para cada país son distintas. El intento de presentar a Podemos como la Syriza española es un indicador más de una manipulación, confundiendo la necesaria y noble solidaridad de Podemos con el pueblo griego y con su mejor representante, Syriza, con el desarrollo de sus políticas, que necesariamente serán distintas, puesto que las realidades que reflejan son muy diferentes. Hoy en Grecia no hemos visto el fin, sino el inicio de un proceso de cambio que impactará a toda Europa, ayudando a todas las fuerzas en este continente que se oponen al enorme austericidio que se ha estado imponiendo y que ha hecho tanto daño al pueblo griego y al español.

La dirección del PSOE no entiende qué está pasando en España

13 julio, 2015

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 9 de julio de 2015.

Este artículo hace una crítica a la dirección del PSOE, que parece no darse cuenta de los grandes cambios que están ocurriendo en España, manteniendo una interpretación de la España heredada de la dictadura cuya permanencia está dificultando la buena voluntad entre sus distintos pueblos y naciones.

En la sesión donde se nombraba al Sr. Pedro Sánchez candidato del PSOE a la Presidencia del gobierno español, este escogió una bandera española enorme para mostrar su gran patriotismo, compitiendo así con el Partido Popular, para ver quién es más patriota, midiendo, por lo visto, su patriotismo por la visibilidad y tamaño de los símbolos en sus congresos y encuentros a nivel del Estado español. Hoy, el PP, heredero de aquellos que interrumpieron el periodo democrático conocido como la II República con un golpe militar, gobernando España mediante uno de los regímenes dictatoriales más crueles que hayan existido en la Europa del siglo XX (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000, según el profesor Malefakis, experto en el fascismo europeo en la Universidad de Columbia, de Nueva York), que ha impuesto un enorme retraso económico, político, cultural y social a sus poblaciones, quiere ahora ganar las próximas elecciones legislativas presentándose como el gran defensor de la Unidad de España, contra los “rojos” y “separatistas”, enarbolando la misma bandera y promoviendo el mismo himno que utilizaron los golpistas y sus sucesores.

Pero lo que continúa siendo paradójico es que los herederos de los socialistas republicanos (que fueron brutalmente represaliados por su compromiso con la libertad y la democracia) se hayan convertido, no ya por razones tácticas (cuando tuvieron que aceptar la Monarquía borbónica en el momento de la transición de la dictadura a la democracia), sino por convencimiento, en los máximos defensores de los mismos símbolos y del mismo himno, compitiendo por quién tiene la bandera más grande y el himno más alto. La justificación de esta práctica y de esta lealtad a tales símbolos es que la bandera borbónica y el himno (una marcha real) significan también la reconciliación reflejada en la Constitución Española, olvidando que tal Constitución se escribió en condiciones de enorme desequilibro de fuerzas que existía durante la Transición, debido al enorme dominio de aquel proceso por parte de las derechas (que controlaban el aparato del Estado además de los mayores medios de información) y a la gran debilidad de las izquierdas (que acababan de salir de la prisión, de la clandestinidad y/o del exilio).

Es imposible que tal desequilibrio de fuerzas creara una democracia homologable a las del resto de Europa. La Transición inmodélica dio paso a un producto inmodélico, con una democracia enormemente limitada y un Estado del Bienestar enormemente insuficiente, y con una Constitución que no reconoce la plurinacionalidad de España y que asigna al Ejército la misión de mantener por la fuerza la unidad de España, a través de un Estado central y radial. Los símbolos actuales representan este Estado, resultado de una Transición desequilibrada y que, en contra de la versión oficial promovida por el PP y por el PSOE, fue muy poco modélica (ver mi libro Bienestar Insuficiente, Democracia Incompleta. De lo que no se habla en este país. Editorial Anagrama, 2002).

La visión de la Constitución como producto modélico asume que la defensa de aquella Constitución, y de los símbolos borbónicos del Estado, significa la defensa de España, supuestamente reconciliada, llegando al extremo de que bajo el mandato de otro “superpatriota”, el Ministro socialista de Defensa, el Sr. José Bono, presentó a los vencedores del golpe militar (fascistas –la División Azul- que lucharon a favor de Hitler) al lado de los vencidos republicanos (que lucharon por la libertad y democracia no solo en España, sino también en Europa), presentando a ambos bandos con la misma autoridad moral, homologando los dos bandos del conflicto. Este “superpatriota”, con una bandera borbónica muy larga, fue también el que prohibió que los luchadores republicanos, que sufrieron una enorme represión debido a su lucha por los derechos y libertades, llevaran la bandera republicana en una reunión en las Cortes Españolas, presidida por el Sr. Bono. Y lo más deprimente y sorprendente es que este personaje casi fue elegido candidato a la Presidencia por el partido heredero del socialismo republicano.

Estamos viendo el fin del régimen del 78

Pero lo que es más preocupante es que la gran bandera utilizada como adorno central en la presentación del candidato del PSOE es un indicador más de que la nueva dirección del PSOE no entiende lo que está pasando en España. Las últimas elecciones municipales y autonómicas fueron un tsunami político que refleja el enorme rechazo hacia este Estado y hacia sus símbolos y que está ocurriendo a lo largo del territorio español. Y este rechazo no es solo hacia las políticas neoliberales impuestas (pues no estaban en sus programas electorales) del gobierno Zapatero primero y del gobierno Rajoy después, sino también hacia este Estado bipartidista, con una clara demanda para la redefinición de España, recuperando los valores republicanos y exigiendo la constitución de otro Estado que conjugue la justicia social con la aceptación y promoción de un Estado plurinacional, en el que el derecho a decidir englobe todas las áreas de actividad, incluyendo la relación que los distintos pueblos y naciones quieran tener voluntariamente entre ellos. Es obvio que la dirección del PSOE no ha entendido qué está ocurriendo en España. Y continua aferrada a esta visión uninacional y radial que un número creciente de la población en España no desea.

Un análisis de la Unidad Popular desde la Economía Política

24 junio, 2015

Fuente: http://www.eldiario.es

“La Unidad Popular es el único instrumento posible para la salvación de una sociedad y una comunidad política que se está disputando una forma de vida”, afirma el autor.

Alberto Garzón Espinosa – Candidato de IU a la presidencia del Gobierno, 22/06/2015 – 20:10 h.

En los siglos XVIII y XIX los economistas clásicos analizaban los fenómenos sociales usando una herramienta llamada Economía Política, que expresaba en sí misma el error de analizar por separado los fenómenos económicos (de producción, distribución y consumo) de los políticos (relaciones institucionales de poder). La preocupación de estos economistas, que iban desde Adam Smith hasta Karl Marx, residía en las formas de distribución del excedente económico entre clases sociales. Es decir, otorgaban una importancia nuclear al análisis de las relaciones de producción y de las condiciones materiales de vida de las personas.

Con la llegada de la teoría neoclásica a los centros de estudio (universidades e instituciones de pensamiento) la economía política se vio desbordada por la llamada desde entonces ciencia económica o economics. Desde ese momento la economía se convertiría en un espacio fundamentalmente autónomo de la política y de cualquier otro ámbito social. Ya no importaba la estructura de clases en la sociedad ni tampoco la distribución funcional de la renta, sino que todo quedaba relegado a un análisis instrumental para la asignación de recursos escasos. La economía, vista así, pasaba a considerarse equivalente en rigor y capacidad a cualquier ciencia técnica. Así las cosas, emergía una consecuencia esencialmente política: sería posible formar a técnicos o tecnócratas de lo económico, capaces de gestionar los recursos desde la neutralidad ideológica. Emancipar las instituciones económicas, tales como los bancos centrales, de las decisiones políticas y democráticas sería por lo tanto una decisión correcta.

Curiosamente, casi al mismo tiempo y en el ámbito del análisis político una ola de pensadores también defendía la idoneidad de desconectarse de lo económico. Así, la idea de que existía una autonomía plena de lo político fue haciéndose fuerte entre los pensadores sociales. En la práctica significaba defender la posibilidad de explicar los fenómenos sociales –y también los electorales- sin atender a la estructura económica. La pobreza de esos análisis ha sido tal que ha derivado en meros estudios sobre la comunicación política, sobre el discurso político, sobre el tacticismo electoral y siempre bajo una concepción de la política puramente mercantilista. Es decir, análisis de lo político basados en la existencia de un mercado tanto de oferta (productos, que son los partidos y sus representantes) como de demanda (votos, que son los ciudadanos). Un lugar éste donde la ideología, lo económico y las condiciones materiales de vida de las personas no parecen explicar nada.

He comenzado con las precisiones anteriores porque me parece fundamental desvelar las insuficiencias y riesgos que arrastran los análisis que no aceptan la relación dialéctica que existe entre la economía y la política. No se trata de asumir que el hecho económico es el único hecho determinante, como establecían los estrechos manuales soviéticos. Se trata, más bien, de asumir que el análisis de la coyuntura se encuadra siempre en una estructura económica, y que dentro de ella se produce un juego recíproco de acciones y reacciones entre el aspecto económico y otros factores. Esa es, creo, la mejor tradición de análisis y la herramienta más potente para explicar los fenómenos sociales actuales.

Por eso conviene aclarar que considero imposible entender el momento actual sin atender al menos a tres aspectos. El primero, cómo se ha modificado la estructura social en las últimas décadas. El segundo, cómo ha variado la concepción del mundo de las gentes que conforman nuestra comunidad política. El tercero, cómo se desenvuelve el plano internacional, esto es, las relaciones dentro de la economía mundial. Sostengo que sin estudiar estos tres aspectos de análisis, cualquier intento de interpretar los fenómenos sociales es simplemente construir castillos en el aire.

El análisis de la coyuntura desde la economía política

En primer lugar, las transformaciones del capitalismo en España desde 1978 han sido extraordinarias. El proceso de inserción en la economía mundial, fundamentalmente a través del ingreso en la Unión Europea, ha conllevado un proceso de especialización productiva de nuestra economía así como un acentuado proceso de desindustrialización. Todo ello ha convertido a nuestra economía en dependiente tanto de centros industriales –caso de Alemania- como de la demanda internacional de turismo. La situación de fragilidad de nuestra economía es prácticamente total, con una especialización en sectores de bajo valor añadido y, en consecuencia, con difícil capacidad para elevar los salarios reales de los trabajadores en dichos sectores. En términos de modelo de crecimiento conviene insistir en que la burbuja inmobiliaria y el llamado milagro económico sólo fueron posibles gracias al elevado endeudamiento privado y la financiación por parte del sistema financiero privado internacional (especialmente bancos alemanes y franceses). Ambos fenómenos se retroalimentaban en un juego de relaciones económicas simbióticas consentido y promovido desde la propia Unión Europea.

Esa dinámica económica ha ido modificando claramente la estructura social del país. Al fin y al cabo, España no ha estado ajena a la transformación social ocurrida en todos los países capitalistas de Occidente en los que las formas de organización fordista han ido dando paso a formas posfordistas. Hasta tal punto que podríamos sostener que en nuestro país conviven hoy y al mismo tiempo dos sociedades antagónicas. Una es de carácter fordista, caracterizada por la seguridad laboral, los contratos indefinidos, la garantía de cobro de futuras pensiones y, en esencia, certezas económicas y vitales. La otra sociedad es de carácter posfordista, caracterizada prácticamente por todo lo contrario: los contratos temporales, parciales y de absoluta precariedad, la ausencia de propiedades y la incertidumbre respecto al futuro económico y vital. A ello hay que añadirle el análisis generacional, en tanto que la mayoría de los jóvenes caemos en la sociedad posfordista mientras que nuestros padres viven aún en la sociedad fordista. Estos fenómenos han sido a veces analizados como el fin de la clase media y la existencia de una ruptura generacional. Estoy de acuerdo, con matices, con tales tesis.

En segundo lugar, todos esos fenómenos económicos han modificado la concepción del mundo de las personas. ¿Cómo va a pensar la política y la economía de la misma forma quien cobra dos mil euros, tiene una vivienda en propiedad y veintitantos años cotizados que quien vive a salto de mata y sólo contempla la posibilidad de emigrar para intentar sobrevivir? Ello afecta, en consecuencia, a los relatos políticos, tales como los dominantes desde 1978 y la Cultura de la Transición, y también a los relatos vitales, tales como el famoso vivirás mejor que tus padres. Algo que es por cierto transversal políticamente, dado que afecta a izquierda y derecha de las organizaciones tradicionales. No es de extrañar, entonces, que uno de los motores de cambio sean las personas jóvenes que buscan nuevos relatos políticos así como oportunidades vitales. La creencia en lo tradicional se apaga y emerge la necesidad de la alternativa.

En tercer lugar, el plano internacional y cómo se desenvuelve la economía mundial también importa. Ya no estamos en los años inmediatos que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, y actualmente son muchos las economías nacionales que compiten internacionalmente por un hueco en el mercado. Además, en las últimas décadas el dominio casi absoluto del capital financiero sobre la economía productiva y la política ha convertido a la economía mundial en terreno abonado para las crisis financieras. Las últimas inyecciones billonarias de liquidez al sistema financiero no es sino la enésima prueba de ello. Pero, también, la crisis económica de los países del sur ha sido aprovechada como oportunidad política para un mayor ajuste neoliberal. Un ajuste caracterizado por una nueva vuelta de tuerca consistente en procesos de desregulación, privatización, reformas laborales ampliamente regresivas y reformas de adelgazamiento del Estado en general.

Ello puede entenderse mejor si atendemos al verdadero proceso constituyente que ha dominado toda Europa en las últimas décadas. Un proceso que tiene como objetivo adecuar las instituciones políticas y jurídicas a las necesidades del capitalismo financiarizado y globalizado. Así es como debemos entender el Tratado de Maastricht, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la fracasada Constitución Europea –recuperada en el Tratado de Lisboa- y el futuro Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Pero no sólo. La reforma del artículo 135 de la Constitución Española así como las reformas financieras, laborales, de las instancias del Estado y las administrativas son también parte del mismo proceso constituyente. Todo ello inserto en un escenario donde la economía se ha alzado como reina y ama de la política, dejando así a los gobiernos institucionales como meros apéndices del poder y, en el mejor de los casos, como pequeñas molestias desorganizadas.

Hablamos de un proceso constituyente dirigido por las oligarquías económicas y políticas de la Unión Europea, pero que necesita destituir a su vez el orden social e institucional precedente, es decir, el conocido como Estado Social. Precisamente eso es lo que está en juego en este momento en todo el sur de Europa, también en España. Y es la destrucción de esas conquistas sociales, que es una destrucción progresiva pero aparentemente imparable, la que ha provocado la reacción de la sociedad en diferentes formas. Con formas que ya predijo el propio Karl Polanyi con su tesis del doble movimiento.

El aspecto político del proceso

El hito del 15M fue, a todas luces, la manifestación de la frustración de la gente ante un proceso que aunque era imperceptible para la mayoría sí que provocaba efectos más que evidentes en sus vidas cotidianas. El paro, la precariedad y los desahucios alimentaban la conciencia de las gentes sencillas y corrientes, los de abajo, pero también el hambre, la miseria y la desigualdad amenazaban con convertir el escenario social en un hervidero.

El Fondo Monetario Internacional lo sabía, y por eso en su informe de Agosto de 2013 sobre España alertó sobre el riesgo de estallidos sociales y sobre el riesgo del desplome del bipartidismo. Era el verano en el que las mareas estaban demostrando su fuerza contra las privatizaciones y en defensa de los servicios públicos. También las marchas de la dignidad buscaban encontrar nuevas herramientas de organización al margen -o en el mejor de los casos junto con- los partidos políticos tradicionales y sindicatos. Ante ello, el Gobierno respondió en pocos meses con una Ley Mordaza y con mayor represión.

La irrupción de Podemos en la primavera de 2014 pilló al Régimen y las instituciones internacionales por sorpresa, obligándoles a reaccionar. La Casa Real fue la primera, con un lifting de restauración borbónica. Las grandes empresas y las grandes fortunas buscaron nuevas formas de responder, desde la política, a la canalización de la rabia y frustración que estaba haciendo la izquierda, ahora con porcentajes de estimación de voto que superaban el 25%. Así vino el apoyo empresarial y del Régimen a nuevas fuerzas políticas de restauración. Una restauración política que, en el seno del Estado, supondría la consolidación del neoliberalismo como forma de vida y del proceso constituyente neoliberal como forma institucional.

Este es el punto aproximado en el que nos encontramos en la actualidad. Con fuerzas sociales y políticas de transformación ofreciendo una alternativa al Régimen –en su aspecto más político- y al capital financiero europeo –en su aspecto más económico. Y con una fuerte respuesta de ambos enemigos, que es lo que son, tanto en Grecia como en España.

En esta tesitura sólo hay una oportunidad para la mayoría social: la Unidad Popular. El 24M ha emergido como segundo hito político, tras el 15M, para revelar la potencialidad que tiene la unidad popular como fuerza de desborde de las fuerzas políticas del bipartidismo y del Régimen en general. Sólo en las elecciones municipales, y particularmente en ciudades con presencia de candidaturas de Unidad Popular, ha sido posible romper la espina dorsal del bipartidismo. En los procesos autonómicos ha sido imposible. Conviene, además, saber distinguir entre los partidos del Régimen y el Régimen mismo, que suma a las nunca neutrales instituciones del Estado.

La Unidad Popular no es, por lo tanto, una herramienta para la maximización de actas de diputados. Tampoco es una consigna electoral. Es, por el contrario, el único instrumento posible para la salvación de una sociedad y una comunidad política que se está disputando una forma de vida. No sólo en el Estado español. Se trata de escoger entre la consolidación del neoliberalismo, facilitado por un futuro triunfo del bipartidismo, o entre la constitución de una alternativa económica y social construida desde la ruptura democrática y desde abajo. Desde las entrañas de una sociedad que demanda pan, trabajo, techo y dignidad. Reiteremos nuestro llamamiento a la altura de miras ante un momento político crucial para la historia de los pueblos de Europa.