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¿Qué hacemos con los llamados paraísos fiscales?

17 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Describe mucho mejor el fenómeno guarida fiscal, escondrijo en el que se refugian una o varias personas buscadas por realizar actividades delictivas, que el de paraíso.

La evasión fiscal es un delito gravísimo: provocar pobreza, dañar la salud, empobrecer el capital humano… son delitos de lesa humanidad.

– Juan Gimeno

07/04/2017 – 19:09h

El PP rechaza penalizar en la nueva Ley de Contratos a empresas vinculadas a paraísos fiscales
Jornada en el Congreso contra los Paraísos fiscales

El lunes 3 de abril, siguiendo la iniciativa del Foro Social Mundial, se celebró el día mundial contra los paraísos fiscales. La plataforma por la Justicia Fiscal[1]  celebró en el Congreso de los Diputados un encuentro con representantes de los grupos parlamentarios en el que planteamos la reflexión sobre la pregunta que da título a este artículo.

En estos tiempos de neolenguaje y posverdad, cada vez más orwelianos, un primer apunte ha de referirse al propio término de Paraísos Fiscales. Porque el lenguaje no es neutral y elegir una forma de denominar algo es ya una opción respecto al mensaje que se quiere enviar.

¿Qué es un “paraíso”? Una definición es la de “lugar en que llegan las almas de los justos y donde gozan de felicidad completa”. Es difícil conseguir algo más atractivo. Solo llegan los mejores y obtienes la felicidad absoluta. Pero resulta difícil aceptar que quienes utilizan los llamados paraísos fiscales sean precisamente los “justos”. Y no nos resignamos a que se presenten esos territorios como lugares deseables.

Tampoco es neutral la definición de paraíso fiscal que encontramos en el diccionario de la RAE: “País o territorio donde la ausencia o parvedad de impuestos y controles financieros aplicables a los extranjeros residentes constituye un eficaz incentivo para atraer capitales del exterior”. Simplemente, una feliz herramienta de política económica. Visto así, por ejemplo, la bomba atómica se definirá como eficaz incentivo para finalizar una guerra.

En inglés se utiliza la expresión Tax Haven (refugio o guarida). Quizás alguien tradujo confundiendo Haven con Heaven (cielo) y nos ha quedado esa perversión.

Sin duda, describe mucho mejor el fenómeno la expresión Guarida (fiscal), escondrijo en el que se refugian una o varias personas buscadas por realizar actividades delictivas (que conllevan habitualmente la defraudación fiscal).

Porque las guaridas fiscales son, en realidad, guaridas de delincuentes: sin ningún sentido económico real, ocultan y sirven de puente para el blanqueo de capitales de actividades como la corrupción, el crimen organizado, las mafias, el terrorismo, el tráfico de armas, el tráfico de drogas… En general, todo tipo de actividades contrarias a los derechos humanos y al bien común.

Como, es cierto, todas los delitos descritos eluden impuestos y blanquean en las guaridas, el adjetivo “fiscal” es apropiado. Pero parece como si se utilizara para suavizar el delito. Si habláramos de guaridas de terroristas, de mafiosos y traficantes, las opiniones públicas pedirían indignadas una acción dura contra ellas. Pero lo de fiscal suena a delito menor, más suave.

No es fácil de entender esta (falta de) conciencia ciudadana. La evasión y el fraude fiscal disminuyen gravemente la recaudación pública, dificultando obtener los ingresos necesarios para financiar la inversión en servicios públicos y sociales esenciales. Además, agrava la injusticia del sistema y vicia la competencia leal al favorecer a las grandes empresas.

¿No somos conscientes de que los recursos públicos son la garantía de los derechos ciudadanos, de derechos humanos básicos? Sin ellos, sufre la educación, la salud, la seguridad, la productividad, la libertad y la propia democracia.

¿No somos conscientes de que la inversión en derechos sociales reduce gastos? Está demostrado que la pobreza incrementa los riesgos de enfermedades y de abandono escolar; que la menor inversión en salud acaba provocando mayor gasto curativo; que la elevada desigualdad reduce el crecimiento y genera inestabilidad social.

Provocar pobreza, dañar la salud, empobrecer el capital humano… son delitos de lesa humanidad: acto inhumano que cause intencionalmente grandes sufrimientos o atente gravemente contra la integridad física o la salud mental o física cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

La evasión fiscal es un delito gravísimo

Las guaridas han existido siempre. La impunidad es lo que les permite sobrevivir y crecer. La globalización financiera ha multiplicado los importes y la opacidad, con muchas entidades financieras actuando como inductores y facilitadores de tales prácticas delictivas.

No actuar decididamente contra las guaridas fiscales supone un grave delito de complicidad con los que se dice combatir.

Es cierto que diferentes actores internacionales (G7, G20, OCDE, UE) están, dicen, tomando medidas para obligar a un mayor control sobre la utilización de las guaridas fiscales por parte de grandes empresas y fortunas para eludir o evadir impuestos. Pero… con retraso, timidez y sin afectar a territorios afectos a su propia soberanía.

En todo caso, la cooperación internacional es imprescindible.

No es cierto que no se pueda hacer nada. Hay muchas propuestas perfectamente viables. Estas son algunas de ellas:

  • — Revisar la definición de paraísos fiscales y elaborar un nuevo listado efectivo de territorios. Aunque no tengan ámbito nacional.
  • — Puesta en marcha de un régimen fiscal multilateral que evite la competencia de estímulos fiscales entre Estados y que aborde la transparencia fiscal internacional, el intercambio automático de información y la lucha contra el fraude. Al menos dentro de la UE.
  • — Implantar el Impuesto a las transacciones financieras que penalice los flujos especulativos, especialmente los que se negocian desde estos refugios opacos.
  • — Obligar a las empresas y corporaciones a publicar sus inversiones, beneficios e impuestos pagados país por país.
  • — Registro público obligatorio de titulares reales y últimos de las empresas.
  • — Prohibición de sociedades ficticias y acciones al portador.
  • — Colaboración obligada de las grandes entidades de Banca Privada (titulares que operan en guaridas fiscales).
  • — Ligar acuerdos de libre comercio con convenios de intercambio de información.
  • — Penalizaciones a las empresas con fondos o filiales en esos territorios:
    • — en la obtención de contratos y concursos
    • — en beneficios fiscales
    • — en los movimientos con guaridas fiscales

Cabe destacar en esta dirección el movimiento por los Municipios libres de paraísos fiscales.

  • — Reforzar y priorizar la inspección.
  • — Proteger a los denunciantes y filtradores.
  • — Penas mayores que las actuales, y sin reducciones, a quienes utilicen las guaridas fiscales.
  • — Exigencia de responsabilidades a asesores e intermediarios financieros.
  • — Plazo ampliado para prescripción de delitos.
  • — …

Es imprescindible apuntar hacia la completa erradicación de las guaridas fiscales… a medio plazo. A corto plazo es imperativo acometer medidas que penalicen y desincentiven la utilización de estos territorios. Medidas enmarcadas en la lucha contra la evasión y el fraude, que son las lacras que es preciso extirpar.

No es un objetivo imposible. Depende de la voluntad política y de la capacidad de presión.

El castigo social y electoral ha de ser la medida más eficaz para conseguir superar la tibieza de las políticas aplicadas. Por ello, es necesario educar y sensibilizar a la ciudadanía en la gravedad de los delitos fiscales así como en la gravedad de los comportamientos cómplices, aunque solo sea por omisión.

Erradicar las guaridas fiscales es un primer paso. Y es responsabilidad colectiva: de los líderes políticos y los gobiernos, de los medios de comunicación y de los educadores, de los votantes y ciudadanos…

También de todas las organizaciones sociales que trabajamos por un mundo mejor y más justo.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor

[1] La plataforma por la Justicia Fiscal, es una alianza de organizaciones ciudadanas, sindicatos, movimientos sociales, ONG y otros actores de la sociedad civil, movilizadas para corregir las desigualdades del sistema impositivo y exigir medidas reales contra el perjuicio social de la evasión y la elusión fiscal y acabar con los llamados Paraísos Fiscales.

Un año de paraísos fiscales en el punto de mira

7 abril, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Después de un año de que comenzara la publicación de los Papeles de Panamá, la UE todavía tiene pendiente publicar una lista de paraísos tras rechazar su primera propuesta el Parlamento Europeo.

La OCDE defiende que se han logrado “significativos éxitos” pero reconoce “deficiencias en la arquitectura de la transparencia internacional”.

“Nosotros no hemos encontrado más endurecimiento en las normas”, dice el presidente de la filial española de uno de los principales bancos andorranos.

Antonio M. Vélez02/04/2017 – 18:34.

Más allanamientos en Panamá por vínculos de Mossack Fonseca con "Lava Jato"
Oficinas de Mossack Fonseca. EFE

Este lunes pasado se cumplió un año del estallido del escándalo de Los Papeles de Panamá, la mayor filtración de documentos de la historia, con origen en el bufete de abogados Mossack Fonseca. Un terremoto que reveló las artimañas fiscales de un extenso listado de multimillonarios y de dirigentes políticos de todo el mundo (o personas de su entorno) y que en España acabó con la carrera política del exministro de Industria José Manuel Soria. A propósito de este aniversario, el Foro Social Mundial ha declarado este 3 de abril Día Mundial Contra los Paraísos Fiscales.

Un año después, hemos conocido  la reciente detención por su presunta implicación en el caso Lava Jato, el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil, de los dos fundadores de Mossack Fonseca.

Sabemos también que el despacho que durante décadas ayudó a crear miles de sociedades offshore llegó a convertirse  en sede del Registro Mercantil de Niue, un atolón del Pacífico ubicado a 10.000 kilómetros del bufete que utilizaron defraudadores españoles como el actor Imanol Arias.

Y también sabemos que en España el  Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Ministerio de Economía, ha realizado catorce informes de inteligencia financiera sobre 209 sociedades que se encontraban en la base de datos del afamado despacho panameño.

¿Pero se han producido avances en la lucha contra la evasión en los territorios offshore en este último año?

El balance del Foro global sobre la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es positivo. Este órgano, que desde este año preside la española María José Garde, defiende en su informe de progreso de 2016 que aunque persisten “deficiencias en la arquitectura de la transparencia internacional”, se han logrado “significativos éxitos”.

Su tesis es que “aunque la filtración subrayaba los continuos problemas de la evasión fiscal internacional, también mostraba la efectividad de las medidas que la comunidad internacional impulsa para abordar estos problemas. Los documentos mostraban que el número de compañías con ventajas fiscales creadas por el bufete en cuestión llevaba disminuyendo varios años y que el número de nuevas empresas con acciones al portador [que no permiten conocer quiénes son sus verdaderos propietarios] había caído prácticamente a cero en 2015”.

“Aunque las filtraciones ocupan titulares en todo el mundo y subrayan los problemas derivados de la opacidad de las entidades jurídicas, la realidad es que se han realizado enormes progresos en la lucha contra este problema durante los últimos años y se continúan realizando”, resume el informe.

Unos días después del escándalo panameño, la Comisión Europea proponía una medida recomendada por la OCDE que ya estaba vigente en España, el desglose de información país por país con los pagos de renta e impuestos de empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales. Una medida reputacional y de control que no deja de ser un avance. Pero la UE ha sido incapaz de consensuar una lista de paraísos fiscales que había prometido para este año, incluso antes del caso de Los Papeles de Panamá.

En enero pasado, el Parlamento Europeo obligó a la Comisión Europea a rehacer una relación provisional de “países de riesgo” relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo compuesta por Corea del Norte, Irán, Afganistán, Bosnia Herzegovina, Irak, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen. Se quedaban fuera territorios como Islas Bermudas, Islas Caimán o Panamá, por no hablar de los cuatro países miembro de la UE a los que la ONG Oxfam situaba en diciembre pasado en la lista de paraísos “más agresivos” del mundo: Holanda, Irlanda, Luxemburgo y Chipre.

Más conciencia, las mismas medidas

Tras Los Papeles de Panamá, llegarían Los Papeles de la Castellana, una investigación publicada por eldiario.es en junio pasado; Bahamas Leaks (en septiembre) y Football Leaks (a finales de 2016). Filtraciones masivas que quizás han aumentado la conciencia ciudadana sobre las consecuencias de la existencia de los paraísos, pero que no han propiciado la adopción de una normativa más estricta, coinciden los expertos consultados.

“Nosotros no hemos encontrado más endurecimiento en las normas, que ya eran bastante exigentes”, dice a eldiario.es el presidente de la filial española de uno de los principales bancos andorranos, que pide el anonimato.

Este directivo asegura que la normativa vigente ya “es durísima, tanto en España como en Estados Unidos”, y recuerda que, tras la llegada de Donald Trump al poder, todo apunta a una “relajación” de la normativa bancaria, después de que el nuevo presidente estadounidense firmase en febrero una orden ejecutiva para derogar parte de la ley Dodd-Frank, que fue promulgada en 2010 tras la crisis financiera que arrancó en 2008.

“Mi conclusión es que no hay una verdadera voluntad política ni de la Comisión Europea, ni del G20, ni de la OCDE, de acabar con la utilización de los paraísos fiscales: dan vueltas a la tortilla con medidas que son positivas, pero que no van al fondo de la cuestión”, dice José María Peláez, inspector de Hacienda.

Este experto en fiscalidad internacional aventura que no se adoptan medidas más contundentes (fundamentalmente, en materia de intercambio de información) “porque si se pusiera sobre la mesa todo lo que hay, muchos mandatarios se verían retratados”.

Unas semanas después de estallar el escándalo, el Parlamento Europeo anunció la creación de una Comisión de Investigación cuya efectividad muchos discuten (“Se crean comisiones de investigación para no investigar nada”, decía hace un mes el eurodiputado de Podemos Miguel Urban) que comenzó sus trabajos en septiembre y que debería tener redactadas sus conclusiones en junio.

Su puesta en marcha ha encontrado notables trabas de la propia Comisión Europea. Cabe recordar que la esposa del comisario español Miguel Arias Cañete apareció en Los Papeles de Panamá; y la excomisaria Neelie Kroes, en Bahamas Leaks.

El inspector José María Peláez, que hace un mes participó en los trabajos de esa comisión, relativiza la importancia de la entrada en vigor del nuevo estándar de intercambio de información fiscal de la OCDE.

En teoría, a partir de este año, con los nuevos convenios que suscriban los países, los datos fiscales se intercambiarán de forma automática. Pero su pronóstico es que “van a intercambiar información los países que no tienen ningún problema en hacerlo: los miembros de la OCDE. Los que son auténticos paraísos fiscales no van a firmar y no afrontarán “ninguna consecuencia”. “Mi conclusión es que los paraísos fiscales van a seguir existiendo y se van a seguir utilizando”.

Miguel Urban, de Podemos, considera que se ha avanzado “muy poco” en esta materia y cree que los criterios de la lista que está elaborando Bruselas “son laxos”: “Hay muchas formas diferentes para que un país salga de ese listado llegando, por ejemplo, a acuerdos unilaterales con otros países”.

En su opinión, que no exista ese listado ni se implanten mecanismos más firmes se explica porque, “para empezar, a la propia institución europea y a los gobiernos parece que les preocupan más los nombres que la existencia de la evasión y el robo a gran escala. Además, también se necesitaría la unanimidad del Consejo, y en este caso Luxemburgo se niega tajantemente; y aún es más difícil teniendo a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea”.

La Monarquía como freno al cambio político y social en España

5 abril, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 5 de enero de 2017, y en catalán en la columna “Pensament Crític” en el diario PÚBLIC, 9 de enero de 2017.

Este artículo analiza el papel determinante que juega la Monarquía en la defensa del orden conservador que domina las instituciones del Estado español, dominio que es responsable del gran retraso social y político de este país.

Una de las percepciones que me sorprendió y preocupó más al integrarme de nuevo en la vida académica y política de España fue la que existía entre amplios sectores de las izquierdas gobernantes de que la Monarquía había sido un elemento determinante en el establecimiento de una democracia considerada como homologable al resto de las democracias en la Europa occidental, atribuyéndosele así una vocación democrática a tal institución y al que la dirigía, el Rey Juan Carlos, aun cuando su perpetuación en la gobernanza del país había sido impuesta por uno de los dictadores más crueles y represivos que hayan existido en la Europa occidental del siglo XX (según el profesor Malefakis, Catedrático de la Columbia University, en Nueva York, y experto en fascismo europeo, por cada asesinato que hizo Mussolini, el régimen dictador del General Franco asesinó a 10.000). Tal vocación democrática de la Monarquía parece –según aquellas izquierdas- haberse acentuado todavía más durante el mandato de su sucesor, el Rey Felipe VI, al cual se le considera ya aclimatado completamente a un régimen democrático, jugando un papel estabilizador del sistema.

¿Qué es lo que el Monarca estabiliza?

En esta percepción que acabo de describir se olvida, sin embargo, que la Monarquía ha jugado durante todo el periodo democrático un papel esencial en garantizar la perpetuación de las coordenadas de poder solidificadas durante la Transición, que han obstaculizado el progreso social, político e incluso económico del país. Aquellos que perpetúan la percepción de la Monarquía que describo en el párrafo anterior están ignorando que el hecho de que España, casi cuarenta años después de que se estableciera la democracia, continúe teniendo uno de los Estados del Bienestar menos desarrollados de la Unión Europea de los Quince (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo al español), con uno de los gastos públicos sociales (que incluye sanidad, educación, vivienda social, servicios de ayuda a las familias y pensiones, entre otros) per cápita más bajos de tal Unión (y una de las democracias más limitadas en la misma UE-15), se debe precisamente a una continuidad y perpetuación de la excesiva influencia que las fuerzas conservadoras han tenido sobre el Estado español, lo cual ha dificultado su desarrollo político y social. Y el estandarte de estas fuerzas conservadoras ha sido la Monarquía. Este orden monárquico ha estado basado en un régimen bipartidista en el que los cambios han sido siempre limitados, como consecuencia de una enorme estabilidad en las relaciones de poder dentro de las instituciones políticas. Resultado de esta enorme influencia, todas las instituciones del Estado, con notabilísimas excepciones, están controladas o están bajo el dominio de las fuerzas conservadoras. La evidencia de ello es abrumadora. Lo ocurrido en estas últimas elecciones al Congreso de los Diputados es un ejemplo de ello.

La perpetuación del subdesarrollo social de España

Ni que decir tiene que España ha vivido cambios muy importantes, muy en especial durante el periodo de gobiernos de izquierdas. El desarrollo (aunque subfinanciado) del Estado del Bienestar es uno de ellos. Ahora bien, las coordenadas de poder dentro del aparato del Estado han cambiado poco, con una enorme influencia de las fuerzas conservadoras (las mismas que dominaban el Estado dictatorial) sobre tal aparato. Cómo explicar, si no, que España, casi cuarenta años después de la llamada erróneamente “transición modélica” de una dictadura a una democracia (presentada con excesiva complacencia como homologable con cualquier otra en la UE-15), todavía sea el país de tal UE-15 con mayor número de policías por cada 100.000 habitantes (recordando su pasado histórico dictatorial) y, en cambio, con uno de los menores porcentajes de la población adulta trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar (tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia y servicios domiciliarios a personas con dependencia, entre otros). Los datos están ahí disponibles y son fácilmente accesibles. Según la oficina de estadística de la UE, Eurostat, España tiene 527 policías por cada 100.000 habitantes, el número más elevado de los países de la UE-15. En realidad, España tiene el mismo número de policías que Alemania, país que es mucho más grande que España (que tiene casi 36 millones menos de habitantes que Alemania).

A la vez que los aparatos de policía y seguridad del Estado están sobredimensionados, destaca el número muy bajo de personas adultas trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar. En realidad, el porcentaje de población adulta que trabaja en estos servicios (tales como sanidad y educación, entre otros) es solo del 10%, cuando en Suecia es el 21%; el promedio de la UE-15 es el 12%. Estos indicadores son una muestra del enorme poder que las fuerzas conservadoras tienen sobre el aparato del Estado.

Este enorme poder se reproduce, en parte, mediante la intervención llevada a cabo por los aparatos de policía y seguridad (sean del Estado central o autonómicos), cuya primera función es garantizar el “Respeto a la Ley”, principio central en un sistema en el que tal ley ha sido fruto, precisamente, de aquellas desiguales coordenadas de poder. Esta intervención tiene como función no tanto la eliminación de la delincuencia y la criminalidad común (que es de las más bajas de la UE-15), sino la defensa del orden político y jurídico que los favorece. La defensa de la ley es el punto central del sistema de poder institucional, caracterizado por favorecer sistemáticamente a grupos minoritarios que gozan de gran poder económico, financiero, político y mediático, a costa del poder de las clases populares que constituyen la mayoría de la población. La evidencia de ello es abrumadora (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. Anagrama, 2006).

Pero tal intervención policial no es suficiente. Está reforzada por un poder jurídico que garantiza la aplicación de tal ley, así como (y muy en particular) por los medios de información (que son predominantemente medios de persuasión), que constantemente se movilizan para garantizar lo que llaman la “estabilidad política”, que es, ni más ni menos, que la continuidad del orden establecido con las coordenadas de poder continuadas en la Transición definida como “modélica”.

La amenaza que supuso para el orden establecido el movimiento 15-M

Uno de los hechos más importantes ocurridos en los últimos años en España es la aparición y crecimiento de un movimiento democrático –el 15-M- que tuvo como característica denunciar la escasa representatividad y limitadísima democracia existente en las llamadas instituciones representativas del país. Su famoso eslogan “no nos representan” se hizo popular rápidamente hasta tal punto que las encuestas mostraban que la mayoría de la población estaba de acuerdo con el contenido de aquel eslogan. Otros eslóganes como “no hay pan para tanto chorizo” gozaron de igual popularidad. Tal movimiento alcanzó las dimensiones de un tsunami político, alarmando enormemente al establishment político-mediático del país. Y dicha alarma se acentuó cuando tal movimiento generó no solo una protesta, sino también un deseo de cambio profundo de las instituciones, apareciendo a lo largo del territorio español –tanto en el centro como en la periferia- fuerzas progresistas y movimientos político-sociales que consiguieron un apoyo electoral, a todas luces sorprendente y súper preocupante para tal establishment, representado en la figura del Monarca.

La respuesta represiva del establishment político-mediático frente a las nuevas fuerzas políticas surgidas del 15-M

De ahí que haya habido una enorme hostilidad hacia tales nuevas fuerzas políticas, encauzada por la práctica totalidad de los mayores medios de comunicación, claramente influenciados por las fuerzas financieras y económicas que constituyen el eje del establishment conservador que se opone por todos los medios al profundo cambio democrático que se requiere en este país para alcanzar niveles de calidad democrática homologables a los existentes en los países de la UE-15. Este establishment quiere eliminar a estos nuevos movimientos políticos, intentando recuperar el bipartidismo que les sirvió favorablemente durante la mayoría del periodo democrático. Es a esta movilización de los medios de información y persuasión en contra del cambio a la que el Monarca Felipe VI se refirió positivamente al destacar (y alabar) “el papel de la prensa en la estabilidad de un escenario político inédito” (declaración que aplaudió con orgullo El País, el rotativo que ha liderado dicha hostilidad hacia aquellas fuerzas democráticas). El Monarca, por cierto, mostró claramente su concepción de la prensa cuando, a raíz de un acto patrocinado por el diario ABC (que en el abanico mediático europeo correspondería a la extrema derecha), definió a este periódico como un diario dirigido por una “redacción dinámica, diversa y plural”, (el subrayado es mío), mostrando lo que entiende por pluralidad. El entendimiento con pluralidad incluye solo variaciones de la ultraderecha y derecha.

Es frente a esta realidad que no entiendo cómo algunas voces de izquierdas, todavía hoy, consideran que no es un tema importante o prioritario para las izquierdas pedir un cambio en el régimen político español, pasando de una Monarquía a una República. Por lo visto no se han dado cuenta todavía de que hay una relación directa entre el enorme retraso social y político de España y la perpetuación del régimen conservador basado en la perpetuación de la Monarquía. La evidencia muestra que la Monarquía es el eje central del establishment político-mediático conservador español. Y de ahí que su defensa sea el elemento central del régimen bipartidista español, habiendo hecho de su permanencia uno de los objetivos más importantes ante una eventual reforma de la constitución por parte del PP y del PSOE.

¿Qué es lo que deberían proponer las fuerzas democráticas?

Se deriva de esta realidad (que se intenta ocultar en los medios) que debería ser un objetivo de las fuerzas auténticamente democráticas recuperar la memoria y la cultura republicanas, puesto que la cultura monárquica nos ha llevado a esta situación que configura un futuro donde España continuará con su enorme retraso social y democrático durante muchas décadas. Lo cual me lleva a comentar otro indicador del carácter profundamente conservador que la Monarquía transmite a la población en general –reproduciendo y promoviendo las ideas y narrativa de las derechas victoriosas del golpe militar–. En su discurso de fin de año el Monarca repitió, una vez más, la desaprobación de la recuperación de la memoria histórica, refiriéndose al tema de “la importancia de no abrir de nuevo las heridas”, que es el eslogan utilizado precisamente por las fuerzas conservadoras frente a recuperar la memoria histórica ocultada a la población asumiendo que el silencio –fruto de la represión- se traducirá en olvido. Detrás de la enorme resistencia a recuperar la memoria histórica existe el intento de no recuperar la historia real del país, tergiversada por las fuerzas conservadoras, pues tal recuperación es esencial para establecer una auténtica democracia, cuyas raíces deben basarse en la cultura republicana que significó un gran avance en el desarrollo de la democracia en España. En realidad las heridas nunca se cerraron, y el rechazo a la memoria histórica es precisamente el miedo a que se conozca la historia del país, todavía desconocida y, lo que es peor, ignorada en las escuelas de este país. Hoy todavía 130.000 personas están desaparecidas, siendo tal número la mayor cifra (en términos proporcionales) de desaparecidos en el mundo, después de Camboya. Sus restos están repartidos indignamente en fosas y cunetas a lo largo del territorio del país, gozando los perpetradores de tanta brutalidad de plena inmunidad por todos los daños y crueldades, silenciados, cuando no homenajeados, en el país. La petición del Rey de no abrir heridas se basa en su esperanza de que el silencio lleve al olvido, tal como siempre han querido las fuerzas conservadoras del país. Definir al Rey como representando a todos los españoles se está presentando cada día más difícil, pues en los momentos de redefinición de las realidades del poder dentro del Estado, su discurso y su práctica son –como siempre ha sido la Monarquía en este país- claramente opuestos al cambio democrático que el país necesita como el aire que respira.

Rehenes del paro contra víctimas de la guerra

30 marzo, 2017

Fuente: http://www.ccaa.elpais.com

El alcalde de Cádiz ahonda en su opinión sobre los contratos navales con Arabia Saudí.

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ SANTOS26 FEB 2017 – 23:12 CET

El alcalde de Cádiz, José María González.El alcalde de Cádiz, José María González. PACO PUENTES

Lean con atención. Esta es la historia del penúltimo contra el último. Pero déjenme que me remonte algunos años atrás. Era un 12 de julio de 1977. El buque Esmeralda arribaba a Cádiz para reparar averías. Cuando la nave chilena realizaba la maniobra de atraque, los trabajadores de Astilleros lo abucheaban. Aquel barco había sido utilizado como cámara de torturas flotante del régimen de Pinochet. En aquel momento, los trabajadores se negaron a repararlo. Yo tenía solo dos años pero recuerdo aquella lección de dignidad. La recuerdo porque mi padre era soldador y me la contó orgulloso. Por aquel tiempo, en Cádiz, las horas no las marcaban las agujas del reloj, sino el sonido de la sirena en los cambios de turno en el dique.

Fue entonces cuando a la provincia de Cádiz llegó otro barco. No era una nave cualquiera y llegó sin avisar. Era un barco pirata con un capitán sin palabra que vestía chaqueta de pana. Era el barco del paro. Aquí es donde empieza nuestra historia. El Gobierno de Felipe González fue quizás el principal responsable del desmantelamiento de los astilleros gaditanos a través de unos planes de ajuste denominados eufemísticamente “de reconversión industrial”, que supusieron una reducción de puestos de trabajo del 88% en la industria naval gaditana. El Partido Popular ha continuado en la misma dinámica de desmantelamiento y dejación de funciones en términos de desarrollo de un auténtico Plan Industrial, diversificación de la producción, desarrollo de la industria civil, etc. Más aún, el PP ha cerrado deliberadamente puertas de salida para nuestra industria con la penalización imbécil de las renovables.

Nada sustituyó al empleo industrial. Cádiz es la provincia con más paro de toda Europa. Esa realidad estadística no es neutra. La consecuencia más trágica de eso es algo que me toca reconocer en este punto: no somos un pueblo libre. Somos rehenes. Y a quién es rehén no se le puede pedir más que que responda con lo que le permita permanecer vivo. Somos rehenes de un secuestro que se sustenta en un chantaje permanente: o el paro o la emigración, donde están la mitad de mis vecinos, o el paro o la precariedad, donde está la otra mitad, o el empleo o la salud, y a mis vecinos les duelen los huesos como si fueran viejos aunque tengan 30 años, y ahora para este caso, una terrible y mezquina trinchera moral: o el empleo o los Derechos Humanos. Me han preguntado muchas veces cómo ha cambiado mi perspectiva en este viaje insólito del activismo al gobierno de una ciudad. Para mí el cambio fundamental después de un año y medio es que antes denunciaba los problemas en general, y esa denuncia era certera, y ahora esos problemas tienen nombre, apellidos, hijas y padres. Esos problemas tienen piel quemada y huesos doloridos con los que tengo la obligación de vestirme a diario. Si tengo ánimo para seguir adelante es porque sé que hay una estrategia de rescate para liberarnos de este secuestro pero me rebela la realidad cotidiana de que no tengo la capacidad suficiente para llevarla a cabo y que a quienes sí la tienen o les falta voluntad o les sobra cobardía.

Defendemos el empleo y defendemos los Derechos Humanos, entre otras cosas porque el derecho a una vida digna también es un derecho humano. Nunca debieron ser incompatibles. Quienes los han hecho incompatibles son precisamente aquellos que están detrás de las verdaderas razones que explican la guerra y sus podridos intereses comerciales.

Decía el filósofo Daniel Bensaïd que el sistema capitalista funciona como un ventrílocuo. Mientras agujerea el casco del barco en la oscuridad, coloca el foco de la culpabilidad sobre quienes nadan para no ahogarse. Fabricar barcos militares y estar en contra de la guerra es una contradicción. Pues claro que lo es, maldita sea. Una contradicción impuesta por un sistema injusto, en el que las decisiones sobre qué se produce en una empresa pública y a quién se le vende no están ni mucho menos al alcance de este alcalde ni de ningún ciudadano de a pie. Pero una contradicción al fin y al cabo. La asumo con toda la honestidad moral de la que soy capaz de armarme. Como alcalde de Cádiz, pero también como militante revolucionario y antimilitarista. Asumo esta contradicción, pero para poder superarla. Para otros no es una contradicción. Al Partido Popular de la guerra de Irak, no le duele la conciencia, porque no la tiene. Tampoco al parecer a la gestora del PSOE, supongo que porque se la dejaría atascada en alguna puerta giratoria. A nosotros sí. A mí me duele el metal de la Bahía porque mi casa olía al hierro con el que mi padre se dejaba los pulmones para alimentarme, de la misma manera que me duelen los refugiados que generan sus sucias guerras. Ojalá pudiéramos elegir como eligieron aquellos trabajadores hace cuarenta años frente al buque Esmeralda. Convencido de que las cosas no las cambian minorías intelectuales, por más razón que tengan en sus planteamientos, sino la mayoría social de las clases populares, por más contradicciones con las que tengan que bregar; mi lugar está junto a los trabajadores, nunca frente a ellos, para que en un futuro lo menos lejano posible podamos dejar de depender de estos contratos, tan insultantes para nuestros principios humanos como ahora vitales para la supervivencia de nuestra gente. Quien no tenga esta contradicción o es un inconsciente o forma parte de una élite biempensante sin voluntad o potencialidad real de cambio.

José María González Santos es alcalde de Cádiz

Los 10 mitos que aprovecha Mercadona para crecer

22 marzo, 2017

Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es

Luis Azorín. 17 de enero de 2017. Ecologistas en Acción.

Cuando hablamos de grandes distribuidoras, nos referimos con ello a las grandes empresas que se dedican a la comercialización, pudiendo estar especializadas en determinados productos como la alimentación, como es el caso de Mercadona, o pudiendo abarcan gran variedad, como ocurre con El Corte Inglés. Las grandes distribuidoras de alimentación suelen combinar distintos formatos en sus establecimientos, desde hipermercados hasta pequeñas tiendas o supermercados de barrio. Actualmente, siete grandes empresas controlan en España el 75% de la distribución alimentaria: Mercadona, Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, Eroski y dos centrales de compra, Euromagi e Iffa, que agrupan supermercados más pequeños.

Para tratar de analizar el modelo de distribución que representan estas empresas, a continuación, se analizan y discuten distintas afirmaciones, de creencia generalizada, sobre las virtudes de este tipo de comercios:

10 mitos sobre grandes superficies como Mercadona

1. LAS GRANDES DISTRIBUIDORAS SON BARATAS

Por lógica, estas empresas al realizar pedidos mayores a los productores, deben obtener precios más baratos que deben ser repercutidos al consumidor. Sin embargo, en los estudios comparativos de precios realizadas por las organizaciones de consumidores, queda reflejado que la relación no es tan directa, cuando distintas cadenas ofrecen precios considerablemente desiguales para los mismos productos. Y es que mientras utilizan productos gancho con precios muy bajos (a veces incluso menores que el precio de producción), o estrategias de sobrecompra (2×1 o 3×2) para atraer a los compradores, ofrecen precios muy altos en otros productos en los que el consumidor se fija menos. Pese a que aun así de forma general, continúan ofreciendo precios más bajos que el pequeño comercio, con esta variabilidad tan grande, pueden existir casos de productos concretos en los que no sea así.

A parte, si en vez de centrarnos en el precio concreto de los productos, lo hacemos en el importe total que dedicaremos a nuestra compra, hay que tener en cuenta que en los hipermercados o supermercados se aplican los últimos avances en psicología del consumidor de cara a incentivar el consumo. Todo está estudiado, las luces, la música de fondo, la ausencia de relojes, la distribución de los productos en los estantes o en el mismo local… Con todo ello se contribuye a que el consumidor adquiera más productos que los que tenía previstos, según el psicólogo especialista en consumo Javier Garcés, un 20% más.

En cualquier caso, es importante destacar tres motivos importantes por los que las grandes distribuidoras pueden ofrecer precios más bajos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la importante cuota de mercado que tienen las grandes cadenas (como antes se ha dicho, un 75% entre cinco empresas y dos centrales de compra) deja pocas opciones a los productores de vender sus productos, si no es a ellas. De esta manera, las grandes distribuidoras quedan en una posición muy ventajosa a la hora de negociar con los productores, en su mayoría pequeños, más teniendo en cuenta el poder que les otorga el haber llegado a acaparar gran parte del consumo de alimentación a través de sus marcas blancas. Sus demandas referentes al tipo, cantidad y características de los productos, las exigencias de precios, contratos o pagos y cláusulas de exclusividad, hacen que los productores deban renunciar a una parte importante de sus ganancias en favor de las distribuidoras, con lo cual, los precios en destino se disparan frente a los de origen, existiendo una diferencia media del 460% según COAG. Otra práctica importante en la gran distribución es la venta por debajo de coste en productos reclamo (leche, aceite), lo que aparte de ser ilegal, genera una importante presión a la baja de precios en origen en sectores completos.

De media, el consumidor adquiere un 20% más de lo que tenía previsto

En segundo lugar, muchos de los productos ofrecidos en estos establecimientos han sido producidos en países de Sur donde las legislaciones laborales y ambientales son más laxas, con lo cual obtienen precios considerablemente inferiores que con los productos locales. Este fenómeno, sin embargo, no es exclusivo de las grandes distribuidoras y también se está presente en el pequeño comercio.

Por último, otro motivo que facilita la reducción de precios en la gran distribución, es la reducción en necesidades de puestos de trabajo de este modelo. La relación entre el número de trabajadores y el volumen de ventas de las grandes distribuidoras es considerablemente menor que en la comercio tradicional. Además, las políticas puestas en marcha por estas empresas, como la potenciación de la venta por internet o el establecimiento de sistemas de autopago en las líneas de caja, tienden a hacerla aún menor. El hecho de que muchos productos frescos vayan empaquetados o sean elegidos y pesados por el cliente también supone una disminución en las necesidades de trabajadores. La mayor parte del empleo de estos establecimientos (cajeras, reponedores, etc.) es muy precario, los sueldos son bajos y los contratos temporales.

2. LAS GRANDES DISTRIBUIDORAS CREAN PUESTOS DE TRABAJO

Si bien es cierto que la apertura de cada vez más establecimientos de gran distribución supone la creación de puestos de trabajo, también hay que tener en cuenta que la generalización de este modelo conlleva el cierre de múltiples establecimientos de pequeño comercio. Por ejemplo, entre 1998 y 2004, existen estimaciones de que las tiendas de proximidad existentes pasaron de 95.000 a 25.000. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, en cuanto a la relación considerablemente inferior en la gran distribución entre el número de trabajadores por volumen de ventas, por muchas personas que contraten, el balance neto será la pérdida de empleos. De hecho, hay estudios que estiman que por cada puesto de trabajo que crea una gran distribuidora se destruye un puesto de trabajo y medio del pequeño comercio. Además, supone la concentración de los beneficios de las ventas en muy pocas manos. Frente a un mercado tradicional, donde cada negocio da para vivir a una familia, la gran distribución concentra los beneficios.

Por tanto, el paulatino cierre del pequeño comercio, por no poder competir en precio y por falta de políticas proteccionistas, y su sustitución por grandes cadenas, supone una importante pérdida de empleos, además de una gran acumulación de riqueza en las manos de las pocas empresas que controlan el sector.

Además, también hay que tener en cuenta la repercusión que tiene en el medio rural la ya explicada política de compras de las grandes distribuidoras, que afectan sobre todo a las pequeñas explotaciones, que son las que más puestos de trabajo requieren.

3. LAS GRANDES DISTRIBUIDORAS SON MUY CÓMODAS POR SUS AMPLIOS HORARIOS

Si de siempre las familias han podido realizar sus compras con establecimientos que abrían entre semana y los sábados por la mañana, ¿es necesario ampliar los horarios? ¿Se atiende a una necesidad o se adaptan los hábitos a los nuevos horarios?

A parte, con esta medida los que son perjudicados son los pequeños comercios cuyas plantillas no pueden abarcar mayores horarios, de hecho, la limitación de horarios a las grandes superficies era una medida de protección de los pequeños establecimientos, que las comunidades autónomas que han desarrollado políticas más neoliberales han ido eliminando con la falsa excusa de crear empleo en tiempos de crisis. Como se ha explicado anteriormente, favoreciendo a las grandes distribuidoras no se crea empleo, sino que se destruye.

4. LAS GRANDES DISTRIBUIDORAS HACEN DESCUENTOS A SUS CLIENTES

Por lo general, las grandes distribuidoras suelen ofrecer tarjetas de fidelización a sus clientes, a través de las cuales van ofreciendo regalos o descuentos, según aumentan su gasto en consumo. Hay que tener en cuenta que estos descuentos muchas veces se hacen los días de menos asistencia de público, como los domingos, o con productos perecederos que se les pueden caducar. Pero en cualquier caso, se trata de una estrategia que les sale a cuenta, teniendo en cuenta que el análisis de los datos que van obteniendo del uso de las tarjetas de fidelización les sirve para realizar constantes estudios de mercado. Por ello, cuando se solicita una tarjeta de este tipo, se deben aportar datos personales como fecha de nacimiento, dirección, profesión, estudios…

6. LAS GRANDES DISTRIBUIDORAS SON RÁPIDAS

Se suponen que comprar en estos establecimientos es más rápido porque tú coges los productos sin esperar colas. Sin embargo hay que considerar ciertos tiempos, como el de acceso en coche al hipermercado, las grandes distancias que hay recorrer para coger todos los productos, más teniendo en cuenta que la tienda está diseñada para aumentar tu consumo y por ejemplo, es frecuente que dos productos básicos como la leche y el pan se encuentren en puntos opuestos del establecimiento. Luego es frecuente que te encuentres una buena cola para pagar, pues para optimizar beneficios el número de trabajadores es el mínimo indispensable.

6. LAS GRANDES DISTRIBUIDORAS TIENEN MUCHA VARIEDAD

De la variedad que puede existir en este tipo de establecimientos, hay que tener en cuenta que la mayor parte de esos productos pueden ser de marcas de 3 o 4 grandes multinacionales del sector. Es el caso, por ejemplo, de la multinacional Unilever. Esta empresa, desconocida para muchos, es dueña de productos como la crema Nocilla, los helados Frigo y Solero, las sopas Knorr, la harina y levadura Maizena, las galletas Flora, la mantequilla Tulipán, el té Lipton, las mayonesas Calvé y Hellmann’s y muchos otros dirigidos tanto al consumidor doméstico como a la gran industria.

En cuanto a productos frescos, ¿cuántas variedades de tomate o lechuga encuentras en el supermercado?, tres, cuatro, así que si un productor quiere vender a estas empresas, pocas opciones tiene en las variedades que puede cultivar y por supuesto se puede olvidar de las variedades locales.

A parte, hay que tener en cuenta el fenómeno Mercadona, que ha fomentado su marca blanca a base de reducir otras marcas y que en mayor o menor medida ha influido en otras cadenas.

7. LAS GRANDES DISTRIBUIDORAS VENDEN PRODUCTOS LOCALES

Algunas grandes distribuidoras reservan una sección entre sus estanterías para los productos locales. Es la forma que tiene un modelo de negocio deslocalizado para que el cliente lo perciba vinculado al territorio en el que se encuentra la tienda en cuestión. Sin embargo, no es más que una forma de marketing que no modifica las características del modelo de negocio.

8. LAS GRANDES DISTRIBUIDORAS FOMENTAN PRÁCTICAS SOSTENIBLES

Algunas cadenas desarrollan actividades de concienciación ambiental, como reducir el uso de bolsas, recoger pilas, fluorescentes, etc. Se trata igualmente de una estrategia de marketing para dar una imagen más verde a los clientes, dado que este modelo es negocio es todo menos ecológico, ya que:

  • No se atiende a criterios locales en cuanto a la procedencia de los productos (salvo en unos pocos “productos de la tierra” señuelo para los clientes), con lo que se venden verduras, carnes o pescados procedentes de incluso otros continentes.
  • Los productos llevan una gran cantidad de envasado.
  • Los hipermercados fomentan un tipo de comercio en el que el uso del coche es imprescindible.
  • En las tiendas de estas grandes distribuidoras existe un despilfarrador gasto en energía para la climatización y las cámaras frigoríficas, que en muchos casos permanecen incluso abiertas.
  • Este modelo de distribución genera grandes volúmenes de productos descartados que acaban en la basura.

9. LAS GRANDES DISTRIBUIDORAS SON SOLIDARIAS PORQUE COLABORAN CON LOS BANCOS DE ALIMENTOS

Los productos locales o los de comercio justo son estrategias para fidelizar y mejorar la imagen del supermercado

La colaboración con bancos de alimentos es una forma de mejorar la imagen corporativa, pues claro está, nunca lo hacen de forma anónima, pero también es una manera de eliminar productos a punto de caducar a cambio de desgravaciones fiscales por las donaciones. Además, cuando las grandes distribuidoras permiten recogidas de alimentos en sus accesos, aumentan sus ventas al público.

Por el contrario, se descarta mucha cantidad de alimentos, que sólo en algunos casos aprovechan personas sin recursos directamente de los contenedores (se han denunciado casos en los que algunos hipermercados destruían los alimentos destinados a la basura, cerraban con candado los contenedores, etc.).

10. LAS GRANDES DISTRIBUIDORAS VENDEN PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y DE COMERCIO JUSTO

Las grandes distribuidoras suelen vender productos con etiquetado correspondiente a producción ecológica para ampliar el espectro de consumidores a los que llegar, igual que venden productos para celiacos o leche sin lactosa. Pero ese etiquetado sólo afecta al sistema de producción, por ello, ¿se puede considerar ecológico un bien producido como tal, pero comercializado por empresas cuyo modelo de distribución no tiene ningún respeto al medio ambiente?

En cuanto a los productos de comercio justo debemos hacernos la misma pregunta, ¿son de comercio justo productos elaborados en estas condiciones pero distribuidos por estos establecimientos? Las grandes distribuidoras poco tienen que ver con comercio justo. En sí, suponen la acumulación de gran riqueza en pocas manos, pero aparte, las condiciones laborales de sus trabajadores son precarias. Además, existen ejemplos de cómo los márgenes con los que se queda la gran distribución son los mismos en términos absolutos que para el producto no justo o convencional. Es decir, se quedarían con 30 céntimos tanto de una tableta de chocolate convencional como de comercio justo, con lo cual no aportan ninguna solidaridad.

¿Qué se puede hacer para crear empleo?

21 marzo, 2017

Fuente: http://www.juantorreslopez.com

06 de Diciembre de 2013.

Es lógico que mucha gente, y sobre todo las personas jóvenes, se hagan esta pregunta (¿Qué se puede hacer para crear empleo?) y que sientan desasosiego cuando no encuentran respuesta o cuando lo que oyen sea tan contrario al sentido común o no les sirva para nada.

La primera lección que procuro enseñarles a mis alumnos cada año es que en Economía no hay respuestas unívocas. Por eso, ellos mismos se ríen cuando, a medida que va avanzando el curso, empiezan siempre a responder con un “Depende” a las preguntas que les voy haciendo en clase.

Para instruirlos en eso les planteo a comienzos del curso las misma pregunta: ¿es bueno que haya paro? Casi todos dicen que no, pero les explico que… ¡depende! porque hay quien se beneficia, y mucho, cuando el paro es elevado. En ese caso, los salarios serán más bajos, será también más fácil imponer a los trabajadores condiciones de trabajo que con pleno empleo nunca aceptarían y la negociación será mucho más favorable a los empresarios. En suma, habrá muchos empresarios a quienes no importe que haya desempleo, sino todo lo contrario, que lo deseen, porque de esa manera podrán obtener más beneficios.

En la teoría económica las cosas tampoco están tan claras.

Hoy día predomina una explicación del desempleo que entiende que cuando éste se da es solo porque los trabajadores no están dispuestos a aceptar salarios más bajos. De hecho, sus partidarios califican al paro existente como “voluntario”.

Entienden que el trabajo es una mercancía más que se vende y se compra en el mercado laboral. Si hay paro significa que existe más oferta que demanda de trabajadores. ¿Y qué ocurre en un mercado, por ejemplo, de tomates cuando hay más oferta de ellos que demanda? Pues que los oferentes bajarán su precio para poder venderlos.

De la misma manera argumentan los defensores de este tesis: si baja el salario, aumentará sin dificultad el empleo, así que todo lo que hay que hacer para crearlo es establecer condiciones en el mercado para que los salarios bajen cuando haya paro. Por ejemplo, evitando la presencia de sindicatos, eliminando el salario mínimo interprofesional o dejando sin vigor las leyes que protegen los derechos de los trabajadores.

A eso es a lo que llaman también “flexibilizar” el mercado de trabajo. Una expresión que oímos muy a menudo como la supuesta piedra filosofal para crear empleo y acabar con el paro.

Pero ¿es eso verdad?

A mi juicio, creo que está claro que no. Basta mirar a nuestro alrededor y comprobar que los países que han tenido o tienen más empleo, los más avanzados, no suelen ser los que tienen salarios más bajos. Incluso podemos deducir que esa tesis tiene poco realismo simplemente comparando lo que sucede dentro de España: comunidades autónomas con las mismas leyes y con salarios más o menos iguales tienen tasas de paro muy diferentes entre sí.

La explicación de por qué no es verdad esta tesis que hoy día defienden las clases dirigentes de la política y la economía en casi todos los países es bastante lógica y fácil de entender.

¿De qué serviría que una empresa pagara salarios muy bajos a sus trabajadores si luego no puede vender los productos que fabrica?

La conclusión de este planteamiento que a mí me parece tan elemental es que el nivel de empleo de las empresas no depende solo de la cuantía del salario: si vendieran sin problemas todo lo que producen no solo no les importaría pagar más a sus trabajadores sino que harían eso precisamente para que estuvieran contentos y fueran más productivos.

Por lo tanto, quien diga que lo que necesariamente hay que hacer para crear empleo es bajar salarios y flexibilizar el mercado acabando con los derechos laborales solo está defendiendo una posición ideológica que solo sirve para que algunos empresarios ganen más. Si de verdad se quisiera crear empleo lo que habría que hacer es permitir que las empresas vendieran más (aunque no cualquier cosa sino aquello que de verdad satisface nuestra auténticas necesidades). Y para ello hay un remedio perfecto: distribuir mejor la renta. Si el 10% de la población española se queda más o menos con el 40% del ingreso total y si casi uno de cada cuatro españoles es pobre, es muy difícil, por no decir imposible, que se genere demanda suficiente, porque esa parte de la sociedad tiene ya tanto dinero que la mayor parte de lo que gana lo ahorra, a diferencia de lo que pasa a los trabajadores normales y corrientes, que gastan casi todo lo que ganan.

Y es por eso que aumenta el paro. Casi el 80% del empleo total que hay en España lo mantienen las pequeñas y medianas empresas y éstas no viven de ventas multimillonarias fuera de España (como las grandes multinacionales que es a quienes les interesa que bajen los salarios) sino de lo que gastamos los asalariados. Por eso, cuanto menor sea la parte que corresponde al salario en la distribución de la renta, menor empleo podrán crear las pequeñas y medianas empresas que sostienen la inmensa mayoría de los puestos de trabajo.

Seamos más justos repartiendo la renta y la riqueza y crearemos el empleo que necesitamos.

La ideología que reproducen las “ciencias económicas”

12 marzo, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 9 de enero de 2014

Este artículo critica el área de conocimiento que se llama “ciencias económicas”, mostrando el carácter ideológico de muchos de sus postulados. El artículo también denuncia la excesiva influencia que la banca y las grandes empresas tienen en la financiación de la investigación y de los centros de estudios económicos, incluyendo instituciones académicas.

No hay plena consciencia de que el lenguaje que se utiliza hoy en las ciencias económicas (donde el pensamiento neoliberal es dominante), y que aparece en el discurso hegemónico en los medios de información de mayor difusión, reproduce unos valores que quedan ocultos en la narrativa de esta área de conocimiento. Por ejemplo, es frecuente que se escriba en fórums políticos y económicos que las derechas (fuerzas conservadoras y liberales) priorizan a los mercados como los determinantes del comportamiento económico y financiero, mientras que las izquierdas enfatizan más las intervenciones públicas del Estado para la configuración de las prioridades en los espacios financieros y económicos. En esta dicotomía se ocultan o ignoran varios hechos esenciales.

Uno es que la palabra “mercados” quiere decir, en realidad, los propietarios y gestores del capital, es decir, las grandes empresas que dominan las distintas áreas de la actividad económica, dentro de las cuales las financieras han adquirido un gran protagonismo. Cuando las derechas acentúan que tienen que ser los mercados los que definan las prioridades sociales, están en realidad diciendo que son los propietarios y gestores de las grandes empresas los que tiene que tener la primera y última palabra en las decisiones que afectan a la gobernanza del país. Esta versión aparece con toda crudeza en la famosa expresión que “lo que es mejor para Citibank (en España, el Banco de Santander o Repsol) es también lo mejor para el país”.

Este punto de vista, sin embargo, se presenta por lo general en una terminología menos directa y más sutil. Se dice que es a los “mercados” (sin utilizar el término capitalistas) a los que se debe obedecer. Los brutales ataques al Estado del Bienestar en los países periféricos de la Eurozona (que tienen el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15), con reducción del gasto público, se presentan como necesarios para seguir la disciplina fiscal dictada por los “mercados”. Y la bajada de salarios (que están entre los más bajos de la UE-15) se presenta como necesaria para responder a los “mercados”, haciendo a España más competitiva. Si usted, lector, se lee los documentos del gobierno español, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del Banco de España, verá estas expresiones utilizadas constantemente. El mensaje es que hay que responder a los mercados. En realidad, lo que quieren decir (pero no se atreven a decirlo) es que hay que hacer lo que los propietarios y gestores de las grandes empresas y muy en especial las financieras digan que tiene que hacerse.

A algunas voces, sin embargo, se les escapa lo que piensan y lo dicen sin tapujos. Así, uno de los arquitectos de las políticas desarrolladas por el gobierno Thatcher, en una entrevista en 1991 (“Former Thatcher adviser Alan Budd spills the beans on the use of unemployment to weaken the working class – sound familiar?” entrevista de Adam Curtis, junio de 1991), indicó que era necesario utilizar este tipo de terminología para ocultar los objetivos reales. Decía este personaje, Alan Budd, que es muy, pero que muy necesario, que crezca el desempleo, pues este es un objetivo muy deseado a fin de debilitar a la clase trabajadora y así favorecer a los propietarios del capital. “Lo que hicimos, utilizando la terminología marxista, fue crear una crisis del capitalismo, recreando un gran ejército de reserva –la población desempleada– lo que permitió ampliar beneficios a los grandes empresarios a partir de entonces”. Les aseguro que los economistas neoliberales del gobierno actual, así como un gran número de gurús económicos y financieros de gran visibilidad mediática, sin o con chaquetas llamativas, piensan igual, aunque lo dicen de una manera más elaborada y más sutil. Lo definen como requerimientos de los mercados.

La educación económica en nuestro país

Esta narrativa en la cultura económica es dominante (con notables excepciones) en la cultura académica española. En realidad, gran parte de la enseñanza económica se basa en este entendimiento. El énfasis es en los mercados, dando prominencia a la necesidad de que sean estos los que determinen las prioridades de la sociedad. Con ello se da prioridad a reproducir la distribución de poder, basada en la propiedad y gestión del capital. Como bien ha dicho Paul Krugman, hoy, en la mayoría de Departamentos de Economía de las universidades de EEUU, la economía que se enseña es “lo que el 1% de renta superior del país desea que se haga”. Una situación idéntica ocurre en España (de nuevo, con notables excepciones).

Esta situación se ha incluso acentuado más en los últimos treinta años, durante los cuales la influencia del capital, y muy en especial del capital financiero, en el desarrollo de las “ciencias económicas” ha sido muy acentuado. De la misma manera que la industria farmacéutica tiene una enorme influencia en la cultura académica de las ciencias médicas, a través del patrocinio de congresos, de revista científicas, de financiación de centros de investigación, de cátedras en la universidad, de pagos y donaciones a médicos, vemos que la banca y las grandes empresas tienen una enorme influencia en los centros académicos de economía, a través de idénticos procesos.

Más recientemente este intervencionismo es incluso más directo, como es el caso de Fedea, o el caso de sus cátedras, financiadas por las grandes empresas financieras e industriales. En todas ellas se promueve la doctrina neoliberal, sin ningún disimulo, gozando de grandes cajas de resonancia ofrecidas por los medios de información, altamente dependientes de la banca para su propia supervivencia. Ni que decir tiene que dichos medios, muy de vez en cuando, permiten voces críticas a fin de presentarse como abiertos y plurales. Pero su mayor misión, que cumplen exitosamente, es propagar la doctrina económica del 1%, que es el neoliberalismo.

En realidad, los gurús económicos neoliberales de gran visibilidad mediática gozan de una inmunidad que no tiene ninguna otra profesión. Ejemplos hay muchos. Supóngase que un famoso  profesor de medicina se hubiera hecho famoso a base de promocionar un producto farmacéutico y que, después de ser ampliamente promocionado, se descubriera que los informes científicos que ese médico había presentado eran falsos, llenos de errores y manipulaciones. Les aseguro que lo más probable es que este médico, además de perder su credibilidad, quedara marginado, expulsándoselo de los comités científicos, y podría incluso perder su cátedra.

Pues bien, esto ha pasado recientemente con unos famosos economistas de prestigiosos centros académicos (Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff). Su famoso “hallazgo” era que un país, en el caso de que fuera indisciplinado en sus cuentas públicas y alcanzara una deuda pública de más del 90% del PIB, entraría en un declive muy acentuado. Este “hallazgo” fue ampliamente utilizado por todas las instituciones, altamente influenciadas por la banca, desde el BCE hasta la Comisión Europea, asimismo como el Banco de España y el gobierno español, para imponer políticas de austeridad a las clases populares. Pues bien, un Departamento (marginado por su heterodoxia en el mundo académico de EEUU) de Economía de la Universidad de Massachusetts mostró que había muchos errores y/o manipulaciones en el trabajo que había producido ese hallazgo. Pues bien, los dos autores continúan teniendo la misma visibilidad mediática, tanto en EEUU como en España, mientras que los economistas que mostraron dichos errores no están ni se les espera en ninguno de los fórums o medios donde la sabiduría convencional se reproduce.

Consecuencias del dominio de los mal llamados mercados

Otro error que se presenta en esta dicotomía mercados versus Estado es asumir que las derechas favorecen a los mercados y desfavorecen al Estado, mientras que las izquierdas favorecen al Estado a costa de los mercados. Ya he escrito críticamente sobre esta falsa dicotomía en un artículo reciente (ver “El contexto político del crecimiento de las desigualdades”, en Público 02.01.14), pero la importancia del error me obliga a enfatizarlo de nuevo.

La evidencia empírica de que las derechas son tan favorables a las intervenciones públicas, o incluso más, que las izquierdas, es abrumadora. Y los datos hablan por sí solos. Los “mercados”, es decir, los propietarios y gestores del capital son los mayores beneficiarios de las intervenciones de los Estados. Andy Haldane, Director Ejecutivo de Estabilidad Financiera del Banco de Inglaterra, ha calculado que el subsidio público (pagado con fondos del Estado) a los bancos más importantes del mundo fue equivalente a 70.000 millones de dólares de media cada año (durante el periodo 2002-2007), cantidad multiplicada varias veces a partir del 2007, inicio de la crisis (citado en “How High Inequality Plus Neoliberal Governance Weakens Democracy”, por Robert Wade en Challenge, Nov-Dic 2013). Y en España, el apoyo público pagado por el Estado a la banca y otras instituciones financieras alcanzó la abrumadora cantidad de cerca de 220.000 millones de euros desde 2007. Ninguna otra institución ha sido tan subvencionada como la banca, cuyos comportamientos especulativos fueron ampliamente responsables de la crisis actual, de la cual fueron rescatados, de nuevo, con fondos públicos, sin que su salvación haya resuelto el problema de falta de crédito que las pequeñas y medianas empresas están sufriendo. En realidad, y tal como ha indicado Joseph Stiglitz, con los fondos que se han gastado los Estados para salvar a los propietarios y gestores del capital financiero, se podrían haber creado bancos públicos que habrían garantizado la accesibilidad al crédito. El hecho de que ello no haya ocurrido es consecuencia de la enorme instrumentalización de los Estados por la banca, lo cual ha alcanzado  niveles hiperbólicos en el gobierno actual de España, uno de los que ha impuesto políticas de mayor austeridad a las clases populares en la UE-15.

Las desigualdades, tema desconocido en las teorías económicas

Consecuencia de lo dicho en la sección anterior es el hecho de que los Estados, instrumentalizados por el capital, han sido los responsables de las enormes desigualdades que han estado ocurriendo  desde los años ochenta, crecimiento que apenas ha aparecido en la literatura de las “ciencias económicas”. En realidad, algunos no solo las ignoraron y desconocieron, sino que las ocultaron deliberadamente por considerarlas perniciosas. Así, Robert Lucas, Profesor de Economía de la Universidad de Chicago, conocido como uno de los fundadores del neoliberalismo económico y Premio Nobel de Economía en 1995, indicó que “una de las tendencias perniciosas y dañinas en el conocimiento económico…. en realidad, venenosa para tal conocimiento, es el estudio de temas de distribución…” (Robert Lucas, “The Industrial Revolution: Past and Future”. Annual Report 2003 Federal Reserve Bank of Minneapolis, May 2004). El estudio de las desigualdades de renta y propiedad no es un tema frecuente o bien conocido en los análisis que se centran en la eficiencia y eficacia de los llamados “mercados”. Y ello es consecuencia de que los propietarios y gestores del capital, máximos beneficiarios de estos conocimientos, no quieren que se conozcan las causas y consecuencias de su riqueza. Durante el periodo 2009-2012, el periodo de mayor crisis en EEUU, la renta del 1% más rico de EEUU absorbió el 95% del crecimiento total de la renta, y los ingresos de los propietarios y gestores de las 500 compañías más grandes de EEUU pasaron a representar 324 veces más que el salario promedio.

A lo máximo que el conocimiento económico llega es al análisis de la pobreza, centrándose más en los pobres que en las causas de la pobreza. Es común oír o ver la expresión de que “no me importan las desigualdades o que la gente sea tan rica como pueda. Lo único que me importa es la pobreza”. El problema con este dicho, muy común entre economistas liberales, es que las desigualdades y la pobreza están íntimamente relacionadas. La enorme concentración de las rentas se hace a costa de las rentas de los demás sectores de la población. La distribución de las rentas de un país no responde a causas económicas, sino políticas. En estos años de crisis, mientras que las rentas del 1% de la población han crecido desmesuradamente, la renta media de las familias estadounidenses ha descendido un 4%. Y ello, como consecuencia de las políticas públicas realizadas por el Estado. Ha habido lo que se llama un impacto Robin Hood, “Robin de los bosques”, al revés, es decir, una redistribución de las rentas de la mayoría a la minoría, debido a la enorme influencia de esta minoría sobre el Estado, y que se traduce tanto en las políticas fiscales como en otros tipos de intervenciones públicas (como los subsidios a la banca) que sistemáticamente favorecen a los sectores más pudientes de la población.

El factor más importante para explicar el nivel de las desigualdades existentes en un país es el grado de influencia que los instrumentos del capital tienen sobre el Estado (tanto central como autonómico o local). En los países como EEUU y España, donde esta influencia es muy marcada, las desigualdades y la pobreza son mayores que en los países, como en el norte de Europa, donde tal influencia ha sido menor (donde, hasta hace poco, el mundo del trabajo tenía mayor influencia en Europa). No es por casualidad tampoco que los países más desiguales sean también los países con menos calidad democrática (como EEUU y España), donde el grado de insatisfacción de la mayoría de la población hacia las llamadas instituciones representativas es mayor. La concentración de las rentas y de las riquezas aumenta la influencia política y mediática de los grupos más pudientes de la sociedad, causa del deterioro de las instituciones democráticas. EEUU y España son un claro ejemplo de ello. Es precisamente la instrumentalización de los Estados por el capital lo que está generando una de la rebeliones pro democracia existente hoy en el mundo (ver mi artículo “La revolución democrática a nivel mundial”. Público, 30.12.13).

Cinco datos que muestran que la desigualdad ha aumentado en España pese a la recuperación económica

16 febrero, 2017

Fuente: http://www.publico.es

España es el segundo país de la Unión Europea donde más crece la brecha entre ricos y pobres desde que estalló la crisis, y ésta sigue aumentado a pesar de los últimos años de crecimiento económico, según revela el último informe de Oxfam Intermón.

Un hombre consulta a su móvil junto a una tienda en cuya puerta hay una mujer pidiendo limosna, en el madrileño barrio de Salamanca. AFP/Gerard Julien

Un hombre consulta a su móvil junto a una tienda en cuya puerta hay una mujer pidiendo limosna, en el madrileño barrio de Salamanca. AFP/Gerard Julien

1. Siete mil nuevos millonarios

Según el informe de Oxfam, en 2015 hubo siete mil nuevos millonarios en España. Para la ONG, esta tendencia de acumulación de la riqueza en manos de unos pocos es una de las principales causas de la desigualdad. A la vez que crece el número de ricos se produce el deterioro de la situación de las personas más vulnerables.

Durante los años de la crisis, las personas más pobres fueron las más castigadas. De acuerdo con la OCDE, la renta media en España cayó un 9 % entre 2007 y 2014, pero la caída de la renta del 10% más pobre de la población fue de más del doble: un 21%.

2. Sólo tres personas acumulan la riqueza del 30% más pobre

En el último año, la fortuna de tan sólo tres personas (dos hombres y una mujer: Amancio Ortega, su hija Sandra Ortega Mera y Juan Roig) equivale ya a la riqueza del 30% más pobre del país, es decir, de 14,2 millones de personas. Mientras en 2015 este 30% más pobre vio reducida su riqueza en más de una tercera parte (-33,4%), la fortuna de las tres personas más ricas del país aumentó un 3%.

Las personas incluidas en los niveles de renta más bajos han visto caer su participación en la renta nacional. Así por ejemplo, mientras en 2013 el 10% más pobre en España concentraba el 1,9% de la renta nacional, en 2015 su participación se redujo un 10,5%, hasta concentrar sólo el 1,7%.

3. Los salarios más bajos han caído un 28%

El informe de Oxfam muestra como en los años de la crisis, desde 2008 hasta 2014, los salarios más bajos cayeron un 28% mientras los más altos apenas se movieron. En 2015 España llegó a un nivel en el que la remuneración del empresario con el salario más elevado multiplicaba por 96 la del trabajador promedio en las empresas del Ibex 35, y por 51 en el total de las empresas cotizadas.

Es decir, los aumentos de la productividad de las empresas sólo parecen afectar a los salarios de los altos directivos y a los niveles de beneficios con los que se retribuye a los propietarios.

4. Alta precariedad 

Los beneficios de las grandes empresas han recuperado los niveles anteriores a la crisis, mientras una de cada cinco personas en edad de trabajar no encuentra empleo. Y quienes lo encuentran, lo hacen en condiciones de alta precariedad mientras los salarios siguen 9 puntos por debajo de los niveles alcanzados en 2008.

España, a pesar de haber mostrado durante los últimos años una de las tasas de crecimiento más altas de Europa, no logra que este crecimiento sea inclusivo. Con crecimientos similares durante 2015, en Eslovaquia o Hungría consiguen reducir más la desigualdad y promover así un crecimiento más equitativo.

5. Un sistema fiscal que promueve la desigualdad

Esta desigualdad se amplifica por el efecto de un sistema fiscal que no es redistributivo. España es uno de los países europeos con menor capacidad para reducir las desigualdades a través del sistema fiscal, tan solo por detrás de Letonia, Bulgaria, Estonia y Lituania, indica el informe.

Las reformas legislativas siguen sin reconducir la regresividad histórica del sistema tributario ni apuntalar la capacidad recaudatoria que puede blindar la inversión en políticas sociales. Además, son las familias las que todavía soportan la mayor parte del peso tributario, aportando un 84% de la recaudación frente a un 13% de las empresas.

Para Oxfam, la falta de voluntad política para acabar con los paraísos fiscales y otras prácticas fiscales de las grandes empresas continúan dejando un agujero en los ingresos del Estado que ahonda la desigualdad de mercado. España dejó de ingresar aproximadamente 1.500 millones de euros como resultado de la actividad canalizada a través de los 15 paraísos fiscales más agresivos del mundo. Una cantidad que equivaldría al 58% del déficit que se estima tendrá el fondo de reserva de las pensiones en 2017.

Una economía para el 1%

El informe de Oxfam también muestra la situación de desigualdad en el resto del mundo. Las conclusiones a las que llega es que la economía sigue al servicio del 1% más rico que acumula el 99% por de la riqueza.  Tan sólo 8 personas (ocho hombres, según muestra el estudio) poseen ya la misma riqueza que 3.600 millones de personas, la mitad más pobre de la humanidad. Por orden, estos hombres son Bill Gates, de Microsoft; Amancio Ortega, de Inditex; Warren Buffett, mayor accionista de Berkshire Hathaway; Carlos Slim, propietario del Grupo Carso; Jeff Bezos, de Amazon; Mark Zuckerberg, de Facebook; Larry Ellison, de Oracle; y Michael Bloomberg, de la agencia de información económica y financiera Bloomberg.

El hecho de que las personas que más riqueza acumulan sean hombres pone de manifiesto que las mujeres sufren mayores niveles de discriminación en el ámbito laboral y asumen la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado. Según Oxfam, al ritmo actual, llevará 170 años alcanzar la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

El estudio también alerta de que durante los próximos 20 años, 500 personas legarán 2,1 billones de dólares a sus herederos, una suma que supera el PIB de la India, un país con una población de 1.300 millones de personas. Además, para que esta persona llegara a gastar la fortuna tendría que derrochar un millón de dólares al día durante 2.738 años. Frente a esta concentración de la riqueza, siete de cada diez personas vive en un país en el que la desigualdad ha aumentado en los últimos 30 años, indica el informe global.

Además, los ingresos del 10% más pobre de la población mundial han aumentado menos de 3 dólares al año entre 1988 y 2011, mientras que los del 1% más rico se han
incrementado 182 veces más. El director general de cualquier empresa incluida en el índice bursátil FTSE 100 gana en un año lo mismo que 10.000 trabajadores de las fábricas textiles de Bangladesh.

En este sentido, un nuevo estudio del economista Thomas Piketty revela que en Estados Unidos los ingresos del 50% más pobre de la población se han congelado en los últimos 30 años, mientras que los del 1% más rico han aumentado un 300% en el mismo periodo, a un ritmo de 11.800 dólares al año.

 

Lo que no se dice sobre las causas de la Gran Recesión

23 enero, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 24 de enero de 2014, y en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 28 de enero de 2014

Este artículo señala que la causa más importante de la Gran Recesión ha sido la enorme concentración de las rentas que ha ocurrido como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales desde los años 80. A pesar de la enorme evidencia que existe sobre este hecho, los mayores medios de información han silenciado o ignorado esta realidad.

El título de este artículo podrá sorprender al lector, pues se ha escrito tanto sobre las causas de las crisis que parecería que ya todo se ha dicho o escrito. Pues no, no todo se ha dicho o publicado. En realidad, muy poco se ha dicho o publicado en los mayores fórums de información y persuasión sobre las causas reales de lo que se ha llamado la Gran Recesión. Espero que al final del artículo entienda por qué se ha hablado muy poco de ello.

Tres son las causas de la Gran Recesión. Una, sobre la que sí se ha escrito bastante, es el crecimiento del capital financiero, es decir, de las instituciones como la banca, las compañías de seguros y otras cuyo negocio se basa en manejar dinero. La otra causa, relacionada con la anterior, es la desregulación de este capital financiero, y muy en especial del sector bancario, que ha creado lo que correctamente se ha definido como “capitalismo de casino” (es decir, basado en la especulación). Esta desregulación se ha dado como parte de una cultura desreguladora que ha afectado a otras actividades económicas, como la desregulación del comercio. De ello también se ha hablado extensamente.

Ahora bien, de lo que no se ha hablado es precisamente de lo que hay detrás del aumento del crecimiento del capital financiero (o lo que se llama financiarización de la economía) y de su deriva especulativa. Esta ignorada o desconocida (o incluso ocultada) causa es ni más ni menos que el enorme crecimiento de las desigualdades de renta en la mayoría de países a los que se define como países avanzados económicamente (básicamente los de la OCDE, el club de países más ricos del mundo).

Y aquí el lector me va a permitir que elabore qué quiere decir “el incremento de las desigualdades en la distribución de las rentas en un país”. Comencemos primero con el concepto de “distribución de las rentas”. Las rentas (el dinero que la gente recibe) pueden proceder del trabajo (predominantemente a través de los salarios) o de la propiedad de capital (es decir, propiedad, como por ejemplo, acciones, que generan rentas). Pues bien, la distribución de las rentas es el factor determinante para entender la evolución económica (y también política) de un país.

La mayoría de la población obtiene sus rentas del trabajo. De ahí que cuando estas rentas bajan (y pueden bajar debido a varias circunstancias, como la bajada de salarios, y/o el descenso del número de gente que trabaja, y/o el aumento del desempleo), la demanda de productos y servicios, y con ello la producción de estos productos y servicios, también baja, con lo cual la economía sufre un descenso, que es lo que se llama recesión.

El “descubrimiento” de esta relación entre bajada de la demanda y crisis económica se atribuye generalmente al famoso economista Keynes, lo cual no es del todo cierto. En realidad, le sorprenderá al lector que fue Karl Marx -que tiene muy mala prensa en España- el que ya lo señaló cuando indicó en su libro más conocido, El Capital, que la acumulación de capital, a costa del trabajo, llevaría a las crisis del capitalismo. Pero más que Karl Marx, el que elaboró más esta teoría fue uno de sus seguidores, M. Kalecki, el cual a su vez influenció a dos de los mejores economistas de nuestro tiempo, Joan Robinson y mi amigo Paul Sweezy, ninguno de los cuales, por cierto, recibió ningún Premio Nobel de Economía. En su lugar, los Premios Nobel de Economía (financiados por la banca escandinava) eran entregados a ultraliberales como Robert Lucas, que había escrito que analizar temas de distribución de la renta era dañino y peligroso (“una de las tendencias perniciosas y dañinas en el conocimiento económico… en realidad, venenosa para tal conocimiento, es el estudio de temas de distribución”. The Industrial Revolution: Past and Future). Ni que decir tiene que Lucas era un economista súper próximo al capital, que no quiere oír nada sobre redistribución de las rentas. Autores como Lucas y otros economistas neoliberales continúan teniendo muy buena prensa, no solo en círculos académicos españoles sino incluso en la prensa en general.

¿Por qué la financiarización de la economía?

Ahora bien, cuando la gente no tiene dinero, lo pide prestado. Y de ahí se explica el gran crecimiento de la banca. El endeudamiento tan tremendo de las familias españolas, así como de las medianas y pequeñas empresas (que son las que crean más empleo en España), se debe precisamente a la disminución de las rentas del trabajo. Hay una relación inversa desde los años ochenta entre la disminución de las rentas del trabajo en un país y el crecimiento de la banca. A mayor disminución de las primeras, mayor crecimiento de la segunda (ni que decir tiene que otros factores intervienen también, como la mayor o menor disponibilidad de crédito. Pero esto último no explica por sí solo el enorme crecimiento del endeudamiento).

Y los datos hablan por sí mismos. Las rentas del trabajo como porcentaje del PIB bajaron en España desde el 68% en la década de los ochenta a un 62% en la primera década del siglo XXI. En EEUU, durante el mismo periodo bajaron de un 68% a un 65%. Un tanto parecido ocurrió en la mayoría de países de la OCDE, aunque el grado de descenso y el porcentaje variaron considerablemente. Pero, incluso en los países nórdicos, como Suecia, el descenso, aun cuando mucho menor, fue del 71% al 69%. España, junto con Grecia (que pasó del 67% al 60%), Italia (del 68% al 65%) e Irlanda (del 70% al 55%), fueron de los países en los que el porcentaje de las rentas del trabajo sobre el PIB era más bajo y en los que más bajó (Eckhard Hein, “Finance-dominated Capitalism and Income Distribution. Implications for an ‘Agenda of Shared Prosperity’”). En todos ellos, las rentas del trabajo bajaron rápidamente a costa del incremento de las rentas del capital. Esta es la realidad, ignorada, desconocida u ocultada. Y no es casualidad, por cierto, que Grecia, Irlanda, Italia y España sean los países donde la Gran Recesión ha sido más acentuada (ver mi artículo “Capital-Trabajo: el origen de la crisis actual”, Le Monde Diplomatique, julio de 2013). Es en estos países donde el problema de la demanda es mayor y, por lo tanto, la recesión es también mayor.

¿Por qué aumentó la especulación financiera?

Este descenso del peso de las rentas del trabajo puede no traducirse en descenso de la demanda si la capacidad adquisitiva de la población no desciende como consecuencia de conseguir prestado dinero para continuar comprando los productos y servicios que necesita. Es decir, el crédito (que le proporciona la banca) puede mantener la demanda. Pero hasta cierto punto. Y ahí está la raíz del problema. La demanda persiste pero va cayendo, y con ello la actividad económica. Y ello puede representar un problema, incluso para el mundo del capital, pues si no hay suficiente demanda, las fábricas producen menos y los propietarios pueden conseguir menos beneficios. Lo que se llama la “rentabilidad del capital” queda afectada cuando la demanda baja. De ahí que la gente que tiene mucho dinero no vaya a invertir en lo que se llama economía productiva (es decir, en producir productos y servicios), sino en áreas donde la rentabilidad sea mayor, tales como las actividades especulativas en, por ejemplo, el sector inmobiliario. Y es así como se produce la enorme explosión de burbujas especulativas, facilitada por la desregulación de la banca. Ahora bien, toda burbuja, por definición, explota. Y cuando explota, la banca colapsa o se paraliza, el crédito desaparece y la economía se colapsa, pues sin crédito, la demanda también colapsa, ya que los salarios, cada vez más bajos, sin crédito, no pueden mantenerla. Y ahí surge la Gran Recesión. La enorme concentración de la riqueza ha creado la Gran Recesión, de la misma manera que antes, a principios del siglo XX, creó la Gran Depresión.

¿Y por qué ha habido esta concentración de riquezas?

Una vez se entienden las causas de la crisis, las soluciones son bastante fáciles. A riesgo de pecar de inmodestia, les aseguro que la gran mayoría de mis estudiantes en el programa de Políticas Públicas y Sociales de la UPF-Hopkins, al terminar sus estudios, saben cómo resolver la crisis. Las soluciones no son difíciles de ver desde el punto de vista científico: revertir las políticas públicas que se han ido desarrollando, la mayoría desde el periodo 1980 hasta ahora, cambiando el signo de estas intervenciones, favoreciendo a las rentas del trabajo en lugar de a las rentas del capital. Ello implica una redistribución muy notable de las rentas del país, disminuyendo las rentas del capital –incluso con la sustitución del capital por otras formas de propiedad en muchas áreas de la economía- y aumentando las rentas del trabajo. La solución para salir de la crisis es un aumento muy notable de las rentas del trabajo (a base de aumentar salarios, ocupación y empleo) y un descenso de las del capital. Y como acabo de decir, con una notable reducción no solo del espacio del capital financiero, sino también de su propiedad y comportamiento, eliminando, por ejemplo, el carácter especulativo del capital privado, sustituyéndolo, en el caso de la banca, por capital público. No tiene sentido, por ejemplo, que la banca privada consiga préstamos baratísimos del Banco Central Europeo (BCE), que es una entidad pública, para que luego los bancos privados presten este dinero a unos intereses altísimos a las autoridades públicas (como al Estado) o a las empresas. Es mucho más eficiente y justo eliminar el intermediario –la banca privada- y que el BCE preste a los Estados directamente, y que estos presten a la población y a las empresas directamente (ver mi artículo “Una de las mil razones para estar indignados”. El Plural, 13.01.14). Y, como parte de esta solución, disminuir la excesiva dispersión salarial (que ha ido aumentando entre la población asalariada), impidiendo que los salarios más altos sean, como ahora, obscenamente altos, sin guardar ninguna relación con la productividad. Y, muy importante, terminar con la “beneficencia” hacia la banca, que ha sido la que más se ha beneficiado de la generosidad estatal.

Ahora bien, que ello ocurra o no, depende de causas políticas. Para que ocurra, se necesita un cambio profundo de las relaciones de poder, incluyendo las relaciones de poder de clase, en las que una minoría controla la mayoría de instituciones mediáticas y políticas de los países de la OCDE, imponiendo las políticas ultraliberales que están dañando enormemente a la población.

Las consecuencias del machismo: el subdesarrollo del cuarto pilar del Estado del Bienestar

13 enero, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 8 de diciembre de 2016.

Este artículo es una crítica del machismo dominante en este país, que se expresa en el escaso desarrollo de las transferencias y servicios públicos que benefician a las familias, y muy en particular a las mujeres, requiriéndose una expansión muy notable del cuarto pilar del Estado del Bienestar, así como un cambio de mentalidad del hombre. El artículo muestra que el subdesarrollo social de España se debe al enorme poder de la clase y el género dominantes.

España es uno de los países de la Unión Europea de los Quince (UE-15) que tiene un menor gasto público social por habitante. Y ello no se debe a que sea un país pobre (no lo es, pues ya antes de la crisis su PIB per cápita era el 94% del PIB per cápita del promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE que tienen mayor riqueza en la UE), sino al gran dominio que las fuerzas conservadoras y liberales han tenido y continúan teniendo sobre el Estado español. En realidad, el gasto público social (que incluye transferencias y servicios públicos, como sanidad, educación o servicios sociales, entre otros) per cápita era solo el 74% del promedio de la UE-15. Si hubiera sido el 94%, el Estado del Bienestar se habría gastado 66.000 millones más de lo que se gastaba.

En otro trabajo (El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. Anagrama, 2006) documenté cómo la raíz del subdesarrollo social de España se debe al enorme poder que la clase dominante de este país, es decir, los propietarios y gestores de sus mayores entidades financieras y económicas (y que derivan sus rentas de la propiedad del capital), y las clases medias de renta superior, han tenido y continúan teniendo en el desarrollo de las políticas fiscales (altamente regresivas) que determinan la pobreza de ingresos a las arcas de Estado. Poder de clase es el factor determinante de dicho retraso social de España.

Los costes humanos del machismo

Pero la parte menos desarrollada del Estado del Bienestar español son las transferencias y servicios públicos orientados hacia las familias. Servicios tales como escuelas de infancia y servicios domiciliarios para las personas discapacitadas están muy poco desarrollados en España, y la causa de tal subdesarrollo es otro tipo de poder, además del poder de clase. Me estoy refiriendo al poder de género dominante, es decir, al machismo. En España, cuando decimos familia en realidad queremos decir mujer, pues son las mujeres las que juegan un papel clave en el cuidado de los miembros de la familia, sean niños o niñas, jóvenes (que viven en casa de sus padres hasta que tienen 32 años como promedio), esposos o compañeros y ancianos. Y además de tanto cuidado, el 52% de las mujeres también trabajan en el mercado laboral. Las mujeres españolas cubren las enormes insuficiencias del Estado del Bienestar.

Todos estos datos permiten concluir que la cultura política dominante en España, que retóricamente da tanta importancia a la familia, se caracteriza por una gran hipocresía. En tal discurso oficial se pone a la familia (a la mujer) en un pedestal, para luego crucificarla. Si alguien cree que estoy exagerando, léase mi libro antes citado. Las mujeres españolas tienen tres veces más enfermedades debidas al estrés que los hombres. Poder de clase (clasismo) y poder de género (machismo) es lo que está causando esta situación.

Los costes económicos del machismo

El gran domino de los hombres (que proceden en su mayoría de las clases más pudientes) en las estructuras de poder explica este subdesarrollo de las transferencias y servicios públicos a las familias. Pero tanta insensibilidad, además de crear un problema humano enorme, está también creando un problema demográfico y otro económico enormes. España tiene una de las fertilidades (número de nacidos por cada mujer fértil) más bajas de la UE-15, aun cuando a la mayoría de familias españolas les gustaría tener dos niños o niñas; el promedio es de solo 1,3, que es una cifra menor de lo que se requeriría para que se equilibrara el descenso de la población debido a la mortalidad. Si muere más gente de la que nace, la población desciende. Si a ello se le suma el creciente sentimiento anti-inmigración que se está esparciendo por toda Europa, se puede concluir que la población española ira descendiendo de tamaño.

Pero tanto machismo está creando también un problema económico enorme, del cual el establishment (expresión anglosajona que quiere decir la estructura de poder) político-mediático que gobierna el país no es ni consciente. Parte de la escasa creación de empleo se debe precisamente al escaso desarrollo del Estado del Bienestar en España (incluyendo los servicios de ayuda a las familias). Solo una persona de cada diez personas adultas en España trabaja en los servicios públicos (incluyendo los servicios públicos del Estado del Bienestar) cuando en Suecia es uno de cada cinco. En contra de lo que proclaman los economistas liberales (que son la mayoría de los gurús mediáticos), el sector público está subdesarrollado en España.

Y lo que es ignorado por parte del establishment político-mediático del país es que empleo crea la demanda para más empleo, una situación particularmente acentuada con el empleo de las mujeres, pues alguien tiene que hacer las labores que el ama de casa realiza cuando esta se incorpora al mercado del trabajo. Se ha calculado que la entrada de cada mujer al mercado de trabajo crea la necesidad de 0,3 puestos de trabajo para que otras u otros deban realizar la labor que ella realizaba en casa.

Las desigualdades de género retrasan económicamente al país

Pero existe otra situación ignorada por aquel establishment, y es que la equidad es necesaria para la eficiencia económica. Hoy la mujer española recibe por el mismo trabajo solo el 81% de la retribución bruta media por hora trabajada de los hombres, según Eurostat, siendo el tercer país con la mayor brecha salarial de la UE-15. Ello se debe a muchos factores, pero uno de ellos es que la mujer interrumpe su vida laboral con mayor frecuencia que el hombre. Hay más mujeres a tiempo parcial que hombres, situación que se justifica en la ideología dominante como consecuencia de que la mujer tiene mayores responsabilidades familiares que el hombre. Y la continuidad laboral en el mismo puesto de trabajo es también menor en la mujer que en el hombre, explicándose con el mismo argumento. Pero ello tiene un coste no solo humano, como indiqué antes, sino también económico, puesto que si las mujeres tuvieran la misma tasa de participación en la fuerza laboral que los hombres, el PIB aumentaría un 6%, siendo una de las causas mayores de crecimiento económico que podría tener el país. De ahí que las correcciones necesarias para conseguir la igualdad (incluyendo la de género) sean enormemente necesarias tanto por razones éticas como sociales y económicas.

La necesidad del cuarto pilar del Estado del Bienestar

Y de ahí que una de las políticas públicas más importantes sea la de facilitar la integración de la mujer en el mercado de trabajo mediante el establecimiento de un derecho universal de acceso a los servicios de ayuda a la familias que incluyeran las escuelas de infancia y los servicios domiciliarios a la personas con dependencia, lo cual ha pasado a conocerse como el cuarto pilar del Estado del Bienestar, expresión que generé yo en una discusión que tuve con el que era entonces el candidato a la presidencia de España, el Sr. Josep Borrell, al cual asesoré en aquellos momentos. Estábamos él y yo sentados en un bar de Sants (Barcelona), cerca de la estación, preparando su programa electoral, cuando la silla en la que yo me sentaba se rompió, quebrándose una pata. Aproveché aquella ocasión para indicar a Borrell que el Estado del Bienestar de España era como aquella silla. Tenía ya tres patas (el derecho a la sanidad, el derecho a la educación y el derecho a la pensión –derecho todavía limitado-), pero le faltaba una cuarta pata, que era el derecho a los servicios de ayuda a las familias, que debían incluir el derecho a las escuelas de infancia –mal llamadas guarderías en este país- y servicios domiciliarios a las personas dependientes. Fue así como nació la expresión “el cuarto pilar del Estado del Bienestar”, que ha hecho fortuna, aun cuando se limita a los servicios domiciliarios, excluyéndose las escuelas de infancia, lo cual fue un enorme error del gobierno Zapatero. El establecimiento de los servicios domiciliarios ha sido un gran paso, aunque su financiación ha sido muy insuficiente, insuficiencia que ha alcanzado niveles escandalosos durante los años de gobierno del PP.

La promoción pública de tales servicios es una de las políticas públicas más necesarias hoy en España, a fin de mejorar la calidad de vida y bienestar de las clases populares, aumentando además su capacidad adquisitiva, corrigiendo el déficit de salarios de las mujeres y creando empleo. Existen muchos trabajos de investigación que muestran que aquellos países que tienen más desarrollados estos servicios tienen un porcentaje mayor de mujeres integradas en el mercado de trabajo, y menos diferencias salariales entre mujeres y hombres. Los países escandinavos (Suecia, Noruega y Dinamarca) son los que tienen menos diferencias salariales entre hombres y mujeres, y mayor desarrollo del cuarto pilar del Estado del Bienestar, mientras que EEUU, Japón y los países del sur de Europa tienen más diferencias salariales y menor desarrollo del cuarto pilar del Estado del Bienestar. Por desgracia, el establishment político-mediático no ve tales servicios como una inversión necesaria y urgente, escogiendo en su lugar invertir en trenes de alta velocidad que benefician solo a un sector minoritario del país (predominantemente hombres de las clases dominantes).

Ni que decir tiene que para que ocurran tales cambios se necesita una revolución cultural en el país, corresponsabilizando a los hombres en las tareas familiares. La mujer sueca dedica 28 horas a la semana a tareas familiares. El hombre dedica 22 horas. En España son 48 y 8 respectivamente. Y usted, lector sabe quién hace qué. Pero sepa que el enorme machismo tiene un coste económico, creando un enorme sufrimiento (recuerde las enfermedades por estrés) y una gran insuficiencia económica. Hoy, la eliminación del machismo es una de las tareas más importantes desde el punto de vista social, así como económico de este país. Las evidencias de que el gran retraso social y económico de España se debe precisamente al poder de la clase y del género dominantes son enormes. Así de claro.