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La subida del SMI es necesaria y es beneficiosa

20 enero, 2019

http://www.economistasfrentealacrisis.com

Desde que el Gobierno anunció su voluntad de subir el SMI a 900 euros mensuales a partir de 2019 se ha desatado una verdadera tormenta, una campaña, contra esa medida. Campaña que está siendo significativa y reveladoramente protagonizada por los que impulsaron y defendieron las medidas del Gobierno anterior para forzar una devaluación de los salarios que es permanente (se mantiene independientemente de la situación de la economía, tras cinco ejercicios de crecimiento continuado, y de las empresas, cuyos beneficios han alcanzado los niveles anteriores a la crisis), y que se ceba –no parece un término inadecuado teniendo en cuenta los datos- en los grupos de salarios más bajos.

A pesar de lo innecesario de esa devaluación salarial ajena a cualquier consideración vinculada con el ciclo económico o con las necesidades de competitividad (por tanto, solo justificada por la intención de producir una permanente transferencia de rentas desde los salarios más bajos hacia los beneficios), ninguno de aquellos levanta su voz para manifestar la inconveniencia de mantener esa irracionalidad. Pero, se defiende sin empacho lo contrario, que la subida del SMI va a dañar a los que pretende defender, reduciendo sus oportunidades de empleo y aumentando la desigualdad.

Toda esta paradójica argumentación y, más en general, la forma fuera de todo contexto en la que se analiza la subida del SMI, hace conveniente que se recuerden algunos aspectos de la misma.

1- Un SMI suficiente es necesario en España al igual que en la mayor parte de los países

Comenzando por un plano conceptual. El Salario Mínimo oficial se denomina “interprofesional” precisamente porque se trata de un mínimo laboral independiente de las condiciones de los sectores y de las empresas concretas. Trata de fijar un umbral mínimo de salarios por debajo del cual no se admite retribuir legalmente el trabajo y, consiguientemente, se declaran no admisibles socialmente las iniciativas empresariales que se muestren incapaces de generar unos niveles de productividad del trabajo suficientes para garantizar ese mínimo. Es por lo tanto un mínimo basado en consideraciones sociales de cada país y de cada momento.

Obviamente su desaparición, o un nivel más bajo del mismo, permitiría la existencia de actividades empresariales de menor productividad y salarios, pero estas se consideran indeseables económicamente e inaceptables socialmente, debido a su incapacidad de mantener unos niveles mínimos de vida como contrapartida del trabajo asalariado: infra empleos. Por esa razón existen salarios mínimos legales en la mayoría de los países.

Cuando el nivel de desempleo de un país es bajo y el marco legal y las condiciones de funcionamiento de la negociación colectiva son adecuados, el SMI puede tener poca operatividad y puede resultar innecesario. Por eso no todos los países lo tienen. En sentido contrario, condiciones opuestas a las anteriores, como sucede en el caso de España, hacen que el SMI sea necesario. Incluso recientemente se ha introducido en determinados países (Alemania, Reino Unido…) que carecían de su tradición, ante la evidencia de que la situación laboral ocasionada por determinadas medidas había hecho caer la contrapartida salarial por debajo de esos mínimos socialmente admisibles.

¿Qué tipo de actividad empresarial es de tal carácter que resulta capaz de producir los rendimientos necesarios en España para retribuir el trabajo con un mínimo de 736 euros y no con 900 euros en jornada completa? ¿Merece la pena desde un punto de vista social y económico que un tipo de actividad empresarial semejante sea ‘protegida’ y se permitan las condiciones para darle viabilidad? ¿Tan incapaces desde el punto de vista empresarial (y de la política económica) somos en nuestro país que no sabemos ni podemos impulsar actividades que generen una productividad mínima y unos retornos suficientes para retribuir con 164 euros más al mes a un trabajador, y que necesitemos y deseemos tales actividades para crear empleo? Seguramente no es esa la cuestión, sino más bien el cambio en la dinámica salarial que supone la subida del SMI respecto a la política que se venía manteniendo desde la reforma laboral de 2012. Y las resistencias de todos aquellos que la han venido defendiendo.

2- La subida del SMI debía ser mayor en esta ocasión

Naturalmente, las reacciones a la subida del SMI han sido en esta ocasión incluso más fuertes debido a que el incremento propuesto es sustancialmente mayor al producido en ocasiones anteriores. Pero, dejando al margen las circunstancias políticas del asunto, ¿cuáles son las razones para que haya sido así?

En primer lugar, por la propia magnitud de la previa devaluación de los salarios más bajos desde el comienzo de la crisis y de la aplicación de las medidas de la reforma laboral de 2012, dirigidas a reforzar y hacer permanente esa devaluación. Y, con todo ello, el consiguiente incremento brutal de las desigualdades entre los niveles salariales más altos y los más bajos.

En segundo lugar, debido a la situación de debilidad y marginación del SMI español respecto al de los países de nuestro entorno. En el gráfico siguiente se constata que ocupamos la última posición de todos los países en la relación entre el SMI y los salarios mediano y medio. De hecho, con cálculos de 2016, España era el país en que mayor porcentaje de subida debía tener el SMI para alcanzar el umbral de referencia del 60% del salario medio recomendado por la Carta Social Europea.

En tercer lugar, por la negativa de los que ahora protestan por la subida del SMI a reconocer lo inadecuado de las medidas adoptadas para provocar una devaluación salarial que ha desconectado de forma permanente la evolución de los salarios de la evolución de la economía y de las empresas, y la asociada resistencia a que tales medidas fueran modificadas.

Junto a ello, la ausencia de tiempo y de consenso político suficientes para reformar y sustituir tales medidas.

En cuarto lugar, por la resistencia de las organizaciones empresariales a aceptar y aplicar a través de los convenios colectivos el acuerdo salarial firmado por ellas mismas con los sindicatos UGT y CCOO (en particular lo relativo a establecer un salario mínimo de convenio que alcanzase los 1.000 euros en 2020), que ha ocasionado una práctica rebelión en las filas patronales que no veían ‘necesidad’ u obligación alguna de aplicarlo en el contexto de una negociación colectiva en la que el desequilibrio de fuerzas a su favor, producido por el marco laboral de la reforma de 2012, les permitía continuar manteniendo la cuasi congelación de los salarios y en todo caso subidas inferiores al IPC.

El acuerdo salarial con los sindicatos permitía adaptar el ritmo y la magnitud de aplicación de ese objetivo de salario mínimo de convenio a las circunstancias y posibilidades de los sectores y de las empresas, asimilando fácilmente los incrementos de costes laborales, que por otra parte (en cuanto al salario mínimo) afectaban a una porción bastante minoritaria de los trabajadores. La falta total de voluntad para aplicar a través de la negociación colectiva, que es el instrumento más idóneo para hacerlo de forma eficiente, una subida de los salarios más bajos ha evidenciado la conveniencia de subir el SMI legal. La actitud empresarial y un marco legal inadecuado para la negociación colectiva han sido dos importantes motores para la aprobación a través de los instrumentos legales de una subida del SMI de tales características. Es un error pensar que actuaciones tan contrarias a una evolución razonable de los salarios no tendrían consecuencias.

3- El empleo seguirá creciendo mucho y se verá positivamente afectado por la subida del SMI

La subida del SMI elevará, obviamente, el umbral de ingreso marginal de las empresas a partir del cual crearán empleo. Pero, se seguirá creando empleo y con toda probabilidad muy poco menos porque:

1) la elasticidad del empleo respecto al PIB, que es con mucho la más alta de toda la UE (ver gráfico), será algo menor, pero seguirá siendo de las más elevadas, 2) el empleo creado será –por fin- mejor, de mayor productividad y con ello más sostenible, elevando a medio y largo plazo la tasa de empleo, y 3) los empleos afectados por la subida serán pocos, porque una parte seguramente muy grande de los que perciben ahora el SMI lo hacen debido no a que su cualificación y productividad sean tan bajas que no les permite a las empresas obtener retornos superiores al SMI, sino debido a que las condiciones depresivas del mercado laboral (paro, precariedad, debilitamiento de los convenios colectivos, reducido nivel del SMI, etc.) permiten a las empresas retribuirles simplemente con el SMI aunque su productividad sea mucho mayor. En definitiva, los cálculos realizados (significativamente los del Banco de España) para demostrar que el crecimiento del SMI hundirá la creación de empleo son burdos y muy poco rigurosos. Parecen mucho más fundados y menos ‘ideológicos’ los de la AIREF, que al menos intentan tener en cuenta los impactos simultáneos en variables relacionadas (consumo, renta bruta familiar, etc.).

Son, en todo caso, efectos positivos sobre el empleo: porque se creará mucho empleo por punto de crecimiento del PIB, pero será de mayor productividad, más resiliente y elevará más la tasa de empleo descontados los efectos del ciclo. No se puede mantener un SMI escaso para subvencionar actividades empresariales ínfimamente productivas solo porque hay una parte de los desempleados que tienen asimismo una ínfima cualificación. La racionalidad económica y el sentido común dicen que lo adecuado es mejorar la cualificación de estos e impulsar actividades empresariales más productivas.

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El alarmismo sobre los efectos en el empleo del aumento del salario mínimo no se sustenta en datos

14 enero, 2019

Fuente: http://www.eldiario.es

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) recogida en el acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos acaparó la mayoría de los titulares. No es para menos: el aumentoascendería al 22,3% en un año, el mayor de la democracia. El alza ha revitalizado un histórico debate entre economistas sobre los efectos en el empleo de las subidas del salario mínimo. También el alarmismo de algunos sectores conservadores que auguran la destrucción de puestos de trabajo. Varios expertos que advierten de las posibles consecuencias negativas reconocen, no obstante, que por el momento no hay evidencias empíricas contundentes sobre ellas en la práctica del mercado laboral en España.

Tras el anuncio de la subida pactada hasta los 900 euros mensuales en 14 pagas, las alarmas sobre la destrucción de puestos de trabajo saltaron desde la patronal y otros gabinetes de estudios liberales, como suele ser habitual en estos casos. El candidato a suceder a Joan Rosell al frente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que “puede llegar un momento en el que las empresas no puedan pagar ni contratar a la gente” y desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE, think tankde la patronal) han lanzado el mismo mensaje: “Ralentizará la creación de empleo a tiempo completo, fomentará la contratación temporal y la economía sumergida y elevará el paro estructural de los jóvenes y de los trabajadores menos cualificados”.

Esos mensajes ya se han difundido con anterioridad, con la subida del 8% del SMI en 2017  –de las más contundentes de los últimos años–, pero el incremento  se compaginó con una fuerte creación de empleo. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha reconocido que la literatura económica da cuenta de un “impacto mixto” de las subidas del SMI, con efectos negativos y positivos, pero que “a ella le gusta reflexionar sobre los hechos”.

Calviño ha subrayado además que “la creación de empleo no se resintió, sino que aceleró en los grupos de edad más bajos”, uno de los colectivos que según la teoría económica resultaría más afectado por la destrucción de empleo según los críticos a la subida del SMI. En los dos últimos años –con subidas del 8 y del 4% del salario mínimo– el crecimiento del número de asalariados menores de 25 años ha sido muy superior al del conjunto de empleados: por encima del 10% y en torno al 3%, respectivamente. Aun así la tasa de paro juvenil en España se mantiene muy elevada (33,6%), la segunda más alta de la UE solo por detrás de Grecia (39,1%).

Sin estudios concluyentes sobre los efectos negativos

“Con los estudios que tenemos de momento, dadas las evidencias del mercado laboral español, no podemos llegar a conclusiones muy contundentes, porque no se han dado circunstancias como las de ahora”, afirma a este medio Florentino Felgueroso, economista investigador de Fedea. En  un artículo junto a Marcel Jansen en el blog ‘Nada es Gratis’, los dos especialistas en el funcionamiento de los mercados de trabajo defienden aun así que el incremento del SMI acordado es “arriesgado, por no decir imprudente”.

Felgueroso y Jansen subrayan el “brusco” aumento, para el que no ven justificación posible “en que no existe evidencia suficientemente consistente de impactos negativos de las subidas recientes del SMI”. Felgueroso explica a este medio que la subida del 8% de 2017 se dio en circunstancias distintas: con varios años previos de congelación salarial y con una cobertura del SMI (o porcentaje de asalariados perceptores del salario mínimos sobre el total) muy baja.

Si se cumple el incremento hasta los 900 euros en 2019, apunta el investigador de Fedea, la cobertura aumentará notablemente: de entre un 3,2% y 3,8%, en 2018 (según el mes) hasta una tasa del 7,6 a 8,9% en 2019. Dentro de los trabajadores que perciben el SMI, además de los jóvenes y los empleados poco cualificados del sector servicios, destaca la mayor presencia de mujeres que de hombres. El 17% de los trabajadores en España tiene ganancias bajas, esto es, por debajo de 12.900 euros al año aproximadamente. De ellos, el 64% son mujeres, según la Encuesta de Estructura Salarial.

En cualquier caso la baja tasa empleados que perciben el sueldo mínimo ha limitado mucho hasta ahora los posibles efectos de esta medida. El Banco de España analizó la subida del 8% del pasado año con un modelo de “probabilidad de perder el empleo” en los siguientes doce meses tras la subida del SMI. El resultado apuntaba a “un impacto potencial relativamente reducido para la economía en su conjunto”: un descenso del empleo del 0,1% en el caso de la subida del SMI aprobada en 2017, que llegaría al 1,4% con una simulación de 950 euros mensuales en 2020.

Un aumento del 22% en un año

José Moisés Martín, miembro de Economistas Frente a la Crisis, sostiene que “los estudios que tenemos no permiten asegurar que una subida del SMI tenga un efecto negativo en el empleo”, aunque sí reconoce que existe un reto en comprobar qué ocurriría ante un incremento tan fuerte de golpe del salario mínimo: “No hay evidencias sobre qué es lo que pueda ocurrir, los estudios analizan subidas graduales”. El economista, así como Felgueroso, no encuentra un ejemplo a nivel internacional que pueda servir de referencia a España en este sentido.

El  World Economic Forum destacaba recientemente que Corea del Sur ha pasado de ser uno de los países del mundo que menor reducía la desigualdad a convertirse en uno de los mejores en este sentido. El organismo enumeraba tres medidas que ha tomado el país asiático en el último año, entre las que figura un aumento del salario mínimo del 16,4%.

Florentino Felgueroso precisa que lo que sí ha quedado probado empíricamente es que el aumento del SMI “no es mejor instrumento para reducir desigualdad” y recomienda abordar cuestiones como la baja intensidad del trabajo (trabajadores empleados durante menos tiempo del que están disponibles para trabajar). Expertos en desigualdad y precariedad laboral, como Raül Segarra y Luis Sanzo González, coinciden en esta idea y señalan la necesidad de abordar otras medidas complementarias más allá de incrementar los salarios.

José Moisés Martín indica como posible efecto positivo el aumento del consumo privado de los beneficiarios de la subida del SMI, aunque sea limitado por su pequeña proporción respecto al total de trabajadores, y subraya también que España tiene margen para incrementar su salario mínimo dada su productividad, en comparación con otros países europeos, como Países Bajos y Portugal.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)  señala que, aunque el debate sobre las consecuencias del SMI en el empleo es controvertido, “son cada vez más numerosos los autores que consideran que los efectos de los salarios mínimos en el empleo suelen ser reducidos o incluso insignificantes (y, en algunos casos, positivos)”. En un estudio de 2017 sobre las subidas del salario mínimo en varios países de América Latina, la OIT concluye que “no es posible anticipar efectos determinísticos sobre el empleo a partir de aumentos del salario mínimo”.

De cumplirse el aumento del 22%, España comprobará sus efectos en la práctica y los analistas deberán esperar para estudiar sus efectos. Flotentino Felgueroso destaca que “la preocupación está ahí” de cara a un “cambio tan brusco” en un momento en el que se aprecia el inicio de una cierta desaceleración económica, mientras que José Moisés Martín considera que por el momento “no se puede adelantar nada” y advierte que los que ahora anticipan una “hecatombe del empleo son los que hubieran dicho lo mismo con un subida del 5%”.

¿Cuánto falta para tener una semana laboral de sólo cuatro días?

13 enero, 2019

Fuente: http://www.publico.es

Tras el éxito que ha tenido la implantación de la semana laboral de 4 días en una empresa de Nueva Zelanda, el debate sobre su instauración a nivel general se traslada a otros países.

Trabajadores y trabajadoras en una oficina.

Trabajadores y trabajadoras en una oficina.

Nueva Zelanda ha abierto el debate. La empresa Perpetual Guardian, con casi 250 empleados hizo la prueba de trabajar cuatro días a la semana durante los meses de marzo y abril. El resultado fue un éxito; tanto, que han decidido implantarla para siempre. Según empresarios y trabajadores de la compañía, la productividad y la motivación han aumentado y todos están mucho más contentos por tener un día más de descanso y más facilidad para conciliar.

La idea no surge de la nada. De hecho, la semana laboral de cuatro días está avalada por estudios, como el de la Auckland University of Technology Business School, que establece que la reducción de la semana laboral sin disminución de sueldo ni aumento de horas funciona y, de hecho, es recomendable.

El caso de Perpetual Guardian ha puesto sobre la mesa esta discusión en otros países y algunos gobiernos ya la están debatiendo. También la Organización Internacional del Trabajo, que ya propuso introducir una semana laboral de cuatro días, pero con jornadas de 10 u 11 horas.

En España, apenas hay empresas que se hayan pronunciado en este asunto, sin embargo, sí se apunta hacia nuevos modelos de trabajo más flexibles que permitan la conciliación, como es el caso del teletrabajo.

En este sentido, el Gobierno ha anunciado que estudia introducir medidas dirigidas a este propósito, mediante una distribución regular de la jornada de trabajo, el registro del horario y la eliminación de las horas extras que, en realidad, encubren jornadas parciales abusivas. Así lo anunció la ministra de trabajo, Magdalena Valerio, en la Comisión de Trabajo en el Senado el pasado tres de octubre.

Una cuestión aún por definir por los sindicatos

Por su parte, sindicatos como CNT llevan planteando desde hace varios años la reducción de la jornada laboral de 40 a 30 horas, aunque no hacen referencia al modelo de cuatro días de trabajo. “Hay que abrir ese diálogo. Es necesario que los trabajadores y sindicatos nos unamos y movilicemos para conseguir una reducción de jornada”, explican. Esto tendría como consecuencias, según CNT, la disminución del paro y un mayor reparto de la riqueza. Además, mejoraría el bienestar general de los trabajadores. “En España predomina, y se premia, el presentismo laboral, que obliga a los trabajadores a cumplir una serie de horas cuando, a veces, su trabajo se puede desarrollar en menos tiempo”, concluyen desde el sindicato.

Desde UGT también se ha planteado la reducción de la jornada a las 32 horas, manteniendo los salarios. “Es necesaria una reducción de la jornada y un reparto del trabajo. En un contexto de precariedad es urgente exigir medidas que mejoren la calidad de vida de los trabajadores”, exigen desde el sindicato, que asegura tener planteamientos y propuestas que apuntan a la reducción de la jornada y el reparto del trabajo.

Por último, Comisiones Obreras explica que el modelo de trabajo de cuatro días a la semana “no es un tema, por el momento, que esté dentro de las tareas inmediatas, ni está previsto abordarlo en las negociaciones con la patronal sobre los convenios colectivos ni en el diálogo social con el Gobierno”.

PP: patriotas a sobresueldo

27 diciembre, 2018

http://www.juantorreslopez.com

Publicado en Público.es el 30 de abril de 2013

Aznar lo dijo de sí mismo cuando presentó sus memorias (escritas “sin corsés, con franqueza y patriotismo“, según las notas de prensa que anunciaban su publicación): “He intentado ser en mi vida un patriota razonable, un buen español“. No en vano, y como prueba de ello, supongo, ordenó que ondeara en la plaza de Colón de Madrid la bandera de España más grande, de 294 metros cuadrados, sobre un mástil de 50 metros de altura y 19 toneladas de peso. Según dijo entonces su ministro de Defensa, Federico Trillo, para “honrar la bandera de todos los españoles en la capital del reino por medio de un mástil que pudiera enarbolarla a la máxima altura posible”. Lo dejó también muy claro en el congreso que su partido (“el único indispensable en este país” según afirmó en ese mismo acto) celebró poco después de ganar las últimas elecciones: “Tenemos la determinación de hacer lo que España necesita, hacer patriotismo, que es lo que toca en este momento“. O cuando recibió un premio algo después en un pueblo de Toledo: “Hagamos del patriotismo un compromiso diario y de la ambición por España una gran oportunidad”. Incluso es su fórmula (“Necesitamos un baño de trabajo y patriotismo“) para salir del fondo de la crisis en la que nos encontramos, o mejor dicho, a la que nos ha llevado  “tantas dosis de incapacidad, insolvencia, deseo de dividir e interés por estar en el poder, aunque sea a costa de los intereses de España”, es decir, justamente el antipatriotismo de los demás, de la anti España.

No le va a la zaga el nuevo presidente. Cuando hacía campaña electoral para llegar a serlo los medios reconocieron enseguida su oferta, así era de nítida: “Rajoy se niega a hablar de recortes y receta patriotismo contra la crisis“, titulaba uno de ellos. Y en su tierra natal dejó bien clara su fórmula magistral de gobierno para estos convulsos tiempos cuando señaló en un mitin que “el esfuerzo, el coraje, la determinación y el patriotismo”son “suficientes para sacar la situación económica adelante”. Y, como el buen español de bien que reconoció en él otro gran patriota, el malogrado Manuel Fraga, lo repite sin cesar allí por donde va: “no mentir ni engañar a la gente”, para sacar a España se necesitará, sobre todo,  “mucho patriotismo”.

Y tras de ellos dos, todos los demás patriotas. El secretario general de cuando el patriotismo constitucional como principio básico de su partido, Javier Arenas; el citado Federico Trillo, posiblemente el ministro que más veces haya exaltado, jurado, besado, portado u homenajeado a la bandera; la señora Cospedal, que por patriotismo era por lo que nos decía que había que defender la reforma laboral; Montoro, que cuando sube los impuestos afirma que lo hace porque “lo más patriótico ahora mismo es pagarlos“; la vicesecretaria andaluza, Esperanza Oña, que aboga por fomentar el patriotismo “generoso y acogedor” en contra de quienes “desprestigian el cariño hacia España” y que aboga por el fomento del patriotismo en España para combatir políticas separatistas. Y así uno detrás de otro y de otra: Acebes, Mato, Lapuerta, Rodrigo Rato… ¡Luis Bárcenas!

Pero es muy singular el patriotismo de todos ellos. Airean banderas por doquier pero ponen en venta a media España y la hacen cada vez más desigual dando privilegios a unos españoles en perjuicio de otros; revientan de emoción cuando gana la selección española pero se alegran cuando nuestros jóvenes mejor preparados emigran porque, dicen, es bueno que sea fuera donde exploten sus talentos. Rezuman sentimientos de amor patrio por los cuatro costados pero desprecian y criminalizan a los compatriotas que no pensamos como ellos. Y, para colmo, resulta ahora que sus constantes expresiones de patriotismo no son ni mucho menos gratuitas ni generosas sino que se forran con ellas, porque los políticos mejor pagados de la Patria con el dinero de todos los españoles son patriotas a golpe de sobresueldos millonarios.

Patriotismo de puro teatro, un viaje a ninguna parte. No me extraña que cobren los sobresueldos en concepto de gastos de representación y de dietas.

Los inversores sacan 3.000 millones de las sicav en tres años ante una posible subida de impuestos

24 diciembre, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

Sicav y socimis son los dos vehículos de inversión que han sido puestos en tela de juicio en los últimos meses por su escasa fiscalidad. Las primeras, tributan a un 1% del impuesto de Sociedades, y las segundas, al 0%. Por ello, Unidos Podemos ha propuesto recientemente subir los impuestos a ambas estructuras societarias, para destinarlo a políticas de vivienda.

Las sicav tienen más recorrido histórico en España. Creadas en los años ochenta, siempre han creado opiniones enfrentadas, por el uso que han dado algunos grandes patrimonios a sus ventajas fiscales. Sin embargo, en los últimos años se ha intensificado el debate político al respecto, lo que ha levantado incertidumbre entre los inversores, que ven peligrar los privilegios que aportan las sicav.

Tal es así, que los inversores han comenzado a dar salida a su dinero de estos vehículos y destinarlo a otras vías. Las cifras son claras. En los últimos tres años han salido 3.000 millones de euros de estas sociedades, han desaparecido 577 sicavs y hay 30.000 accionistas menos, según datos de Inverco, la organización que engloba a las instituciones de inversión colectiva.

Actualmente, existen algo más de 2.700 sicav en España con 431.000 accionistas que suman un patrimonio superior a los 31.000 millones de euros. Tras alcanzar el pico más alto en 2015, la tendencia a la baja ha sido constante. Solo en el último año el patrimonio se ha recortado en más de 700 millones de euros, han desaparecido 170 sociedades y casi 20.000 accionistas.

Carlos Magán, miembro de Analistas Financieros Internacionales (AFI), liga este declive a que hacia 2015 se empezó a poner sobre la mesa de manera seria en el debate político la idea de limitar o eliminar las sicav, “especialmente por partidos de izquierdas como Podemos”. “Desde entonces ha habido un goteo a la baja, gente que prefiere liquidar la sociedad o convertirla en un fondo de inversión”, apunta Magán.

En esta misma línea se ha situado Sebastián Albella, presidente de la CNMV, que esta semana apuntaba a la “incertidumbre sobre su futuro” como causa para la reducción de la inversión en estos vehículos. Sin embargo, el responsable del organismo supervisor aseguró que “no le consta que vaya a haber cambios” por parte del actual Gobierno, pese a la petición de Unidos Podemos.

Magán señala que la caída no ha sido importante, “en torno al 2%” al año. Sin embargo, considera que lo más significativo es que disminuye cuando el patrimonio de los fondos de inversión no deja de crecer. Entre agosto de 2015 y el octavo mes de este año, últimos datos disponibles en Inverco, los fondos españoles han incrementado su patrimonio en 55.000 millones de euros, un 25% más.

Las sicav son vehículos de inversión colectiva, es decir, gestionan, según marca la normativa, el patrimonio de varios inversores. La diferencia con un fondo de inversión es que se constituyen en sociedad, con su consejo de administración y su junta de accionistas, según explica Magán.

La regulación obliga a que estas sociedades tengan un mínimo de 2,4 millones de euros de patrimonio y 100 accionistas. Sin embargo, es común que las sicav tengan un accionista mayoritario y el resto con intereses menores, a los que se les conoce en jerga financiera como mariachis. De este modo, este mayor accionista tiene el control de la sociedad y toma las decisiones, desvirtuando el origen de estos vehículos. Ocurre algo similar en las socimis. La regulación también obliga a que haya varios socios y, en la práctica, ocurre que algunas de estas sociedades están controladas por un propietario con el 97 o el 98% de las acciones.

“El problema es la mala utilización que se puede hacer, por ello consideramos que tiene que contar con controles adicionales para evitar este un uso indebido”, añade el analista. Se refiere a que se utilice en ocasiones como un instrumento para invertir un único patrimonio, algo que la ley no permite.

Hacia otros vehículos o hacia Luxemburgo

El experto descarta que este “goteo” de salida de sicavs se esté produciendo por un tema de rentabilidades. “Son las mismas que un fondo de inversión”. En su opinión, hay distintos casos, como aquellas que se crearon en el boom previo a la crisis y que consideran que ya no les compensa o aquellos grandes patrimonios que ven mejores rentabilidades en volver al ladrillo que en los mercados financieros.

Pero hay un tercer caso, según Magán. El analista apunta que hay sicavs, especialmente los mayores patrimonios, que se desplazan a Luxemburgo. En el ducado centroeuropeo existe una legislación sobre las sicavs que sí permite que estén compuestas por un único patrimonio.

En este sentido, la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este jueves que se está estudiando la posibilidad de trasladar la supervisión de las sicav de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a la Agencia Tributaria. “Estamos viendo la posibilidad de que vuelvan a la Agencia Tributaria, y de meter mayores controles, mayores mecanismos de regulación, al objeto de que efectivamente destinen su trabajo a aquello para lo que se han diseñado y que no sirvan para ocultar rentas o para tener alguna actividad que sea opaca al fisco” aseguró en una entrevista en Antena 3.

La ministra apuntó que no está sobre la mesa la supresión de estas sociedades, al considerar que pueden jugar un papel en la economía española. Sin embargo, Montero advirtió que en ocasiones estos instrumentos se han convertido en vehículos para el fraude fiscal.

En la actualidad, el grupo Banco Santander es el líder destacado en la gestión de todas estas sociedades de inversión. Según datos de Inverco, hasta agosto contaba con 5.330 millones de euros de de patrimonio en sus 475 sicavs gestionadas. Le sigue el grupo Banca March, con 3.200 millones en 120 sociedades. Cierra el podio BBVA con algo más de 3.100 millones en 318 sicavs. Otros de los grandes grupos son Bankinter, Sabadell, Credit Suisse o UBS.

¿A qué edad somos demasiado mayores para trabajar?

30 noviembre, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

Después de la paulatina subida prescrita por la reforma de pensiones de 2011, en el año 2027 la edad de jubilación se fijará en los 67 años. Con frecuencia se escuchan propuestas de los expertos o políticos para  aplicar las nuevas reglas antes o incluso se sugiere  seguir aumentando la edad de jubilación más allá de los 67 años. ¿Es una opción viable? Aunque una vida laboral más extensa es sin duda una medida favorable para las finanzas del sistema de pensiones, siguen existiendo dos obstáculos principalmente. El primer condicionante es si el estado de salud de las personas mayores les permitirá mantener su actividad económica. Siempre habrá trabajadores que sufran de algún problema físico o mental que les impida posponer su jubilación. Afortunadamente su proporción va disminuyendo. La segunda barrera es si la sociedad está dispuesta a adoptar el nuevo modelo del llamado “envejecimiento activo”. Como veremos en este post, el  edadismo aún sigue siendo un fenómeno muy extendido. La estereotipificación por motivos de edad se hace notar tanto en las decisiones de contratación de los empleadores como en las decisiones de jubilación de los propios trabajadores.

Analizaremos datos de una encuesta online de abril de 2018 llevada a cabo en EEUU, Alemania y España entre personas con edades comprendidas entre los 18 y 70 años. A los encuestados les hicimos la siguiente pregunta: “¿A qué edad crees que un hombre/una mujer es generalmente demasiado mayor para trabajar al menos 20 horas a la semana?”. Es un método simple para detectar la edad a la que deja de ser socialmente aceptado seguir trabajando. El gráfico 1 muestra el promedio de edad a la que la población entrevistada en los tres países examinados considera que una persona es demasiado mayor para trabajar. Se ve que en Estados Unidos la gente piensa que nos hacemos demasiado mayores para trabajar a una edad más avanzada que en Europa. En cambio, tanto en España como en Alemania a la gente le parece más normal una jubilación temprana. Para la mayoría, con 65 años uno ya es demasiado mayor para seguir en activo. La misma diferencia se puede observar en las edades reales de salida del mercado laboral – la transición suele suceder más tarde en EEUU que en Alemania o España.

Además, en todos los países persisten unas normas de género sorprendentemente tradicionales. Según la opinión mayoritaria, las mujeres deberían jubilarse bastante antes de los hombres. Sobre todo en EEUU la brecha de género es muy pronunciada: en el promedio hay una diferencia de cuatro años entre la edad a la que un varón y una mujer, respectivamente, se consideran demasiado mayores para trabajar. Aún así, los estadounidenses piensan que una mujer se vuelve demasiado mayor para seguir trabajando aproximadamente dos años más tarde que los españoles o alemanes.

Son también llamativas las diferencias según la edad de los encuestados. En España, a los jóvenes adultos (entre 18 y 29 años) predominantemente les parece que los varones mayores de 62 años y medio ya no tienen sitio en el mercado laboral y para las mujeres el momento de retirarse ya llega con 61. Cuanto más mayor se hacen las personas, más alta la edad máxima aceptable para la jubilación. Es una regularidad conocida. Probablemente se trate de una racionalización de la necesidad de tener que trabajar más de lo que muchos querían. De jóvenes nos imaginamos que será posible retirarnos pronto, pero luego aprendemos que hay necesidades económicas que hacen esta opción poco realista.

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Como veremos en el siguiente gráfico, que desglosa las respuestas en función del sexo del encuestado, entra otro factor. Hasta ahora sólo hemos tenido en cuenta la distinción de género en cuanto a qué contestaciones dan los encuestados en su promedio si les preguntamos por “un varón” o “una mujer” respectivamente. En el siguiente paso incorporamos el sexo del propio encuestado al análisis.

El gráfico 2 demuestra (ninguna sorpresa aquí) que los hombres suelen ser más tradicionalistas que las mujeres en sus actitudes referidas a la jubilación femenina. En el caso americano, ellas piensan que pueden trabajar cinco años más, comparado con lo que piensan ellos sobre ellas. En España, esta diferencia es un año y medio. Sin embargo, en los tres países las mujeres siguen opinando que los hombres se hacen demasiado mayores a una edad más avanzada que ellas mismas. Es un caso claro de internalización de normas sociales. Este hecho es más evidente en Alemania donde las mujeres están completamente de acuerdo con los varones que, a los 62 años, ya llega el momento de retirarse. Por supuesto, no todas las mujeres están de acuerdo con los roles tradicionales de género. De hecho, en Alemania y España expresan actitudes menos sexistas que los varones. Sin embargo, los datos reflejan que todavía hay una mayoría de las mujeres que acepta un papel destacado de los varones en el mercado laboral. Curiosamente, vemos al mismo tiempo que las mujeres en los tres países piensan que los hombres pueden trabajar incluso algo más de lo que piensan los propios hombres. Dicho de otra forma, las mujeres se muestran menos edadistas que los hombres.

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La nueva encuesta confirma una vez más cuán profundamente están arraigadas las normas de género en nuestras sociedades. Estas normas tienen sus correspondencias en las prácticas de recursos humanos en las empresas y limitan las oportunidades vitales de muchas mujeres. Al mismo tiempo, resulta chocante hasta qué punto las propias mujeres hayan interiorizado la anticuada noción de que el mundo laboral sea una esfera masculina. Además, desafortunadamente, hay pocos indicios de que estas normas estén ablandándose con el cambio generacional. En EEUU incluso parece que la población joven es más conservadora que la población mayor, según los datos analizados en este post, y en España tampoco se observa una tendencia clara hacia mayor igualdad entre las generaciones jóvenes.

Las normas sociales son creencias compartidas en la sociedad sobre qué comportamientos son adecuados y para quién lo son. Como pudimos comprobar, en las actitudes dominantes sobre la edad de jubilación se refleja un bagaje socio-cultural que sigue empapado de edadismo y sexismo. Los estereotipos de edad son incompatibles con los imperativos del envejecimiento de la población y causan perjuicios diversos a las personas mayores marginadas. Además, el edadismo se convertirá en un problema económico cada vez más grave en un futuro no tan lejano, cuando a muchas empresas les falte mano de obra cualificada y muchas personas tengan la necesidad de seguir trabajando hasta sus sesenta y tantos para asegurar un nivel adecuado de ingresos en la vejez. Lo ideal sería llegar a erradicar el edadismo sin que ello conlleve, contrariamente, una presión social para seguir trabajando más allá del momento que cada persona ve como el óptimo para jubilarse. En muchos aspectos, España destaca por ser una sociedad muy tolerante. De cara al futuro es importante que una vida laboral extendida se convierta en un modelo vital socialmente aceptado con independencia de las diferencias de género.

Nota metodológica: Para medir las normas sociales vigentes en el terreno de la jubilación cabe mencionar que en esta encuesta se usó un sistema de “split ballot” de modo que cada encuestado solo contestó una de las dos preguntas (sobre varones o mujeres), y la asignación se hizo aleatoriamente con independencia del propio sexo. De esta forma mitigamos posibles sesgos debido a la deseabilidad social (que la gente conteste lo que piensa que los entrevistadores quieren oír).

La enorme crisis social creada por las políticas neoliberales de los gobiernos españoles y catalanes

29 noviembre, 2018

Fuente: http://www.publico.es

La aplicación de políticas neoliberales, como las reformas laborales que tenían como objetivo, en teoría, aumentar la flexibilidad laboral (lo cual consiguieron a costa de un enorme crecimiento de la precariedad, de la inestabilidad laboral y de la desprotección social), y como los recortes del gasto y empleo públicos que han afectado especialmente a las transferencias y servicios públicos del ya muy poco financiado Estado del Bienestar español, incluyendo el catalán (a fin de reducir el déficit público con la intención, en teoría, de tranquilizar a los mercados financieros), por parte de los gobiernos liderados en España por el Sr. Zapatero primero y por el Sr. Rajoy después (con el apoyo de Ciudadanos), y de los gobiernos del Sr. Mas y del Sr. Puigdemont –y ahora del Sr. Torra– (en alianza con Unió Democràtica y más tarde con ERC) en Catalunya, ha tenido un impacto devastador en la calidad de vida y el bienestar de las clases populares de España, incluyendo Catalunya. Nunca antes en el periodo democrático se había visto tal deterioro. Desde el inicio de la Gran Recesión –causada por la aplicación de tales políticas– en 2007 hasta el año pasado, 2017, la tasa de desempleo pasó de un 8,2% a un 17,2% (un crecimiento del 110%). En número de personas, significó pasar de tener 1.846.000 parados a tener 3.917.000 (2.071.000 personas más). Durante el mismo periodo de tiempo 2007-2017, el porcentaje de personas en paro de larga duración pasó de ser un 1,7% (377.000 personas) a un 7,7% (1.724.000 personas). El porcentaje de trabajadores que ganaron solo una tercera parte del salario medio pasó de ser el 21% a un 27% (en el caso de personas solteras sin hijos), y del 13% a un 14% en el caso de parejas con un salario y dos hijos. Y el porcentaje de trabajadores que ganaban menos del salario mínimo subió de un 8,8% a un 12%. Hoy España (incluyendo Catalunya) tiene una de las tasas de riesgo de pobreza más altas en la UE (un 22%), que es incluso mayor en el caso de los niños (32%).
La tasa de ocupación (porcentaje de la población que trabaja) entre la gente joven es hoy solo del 18% (en Catalunya el 25%), una situación dramática y que augura un futuro nivel de vida para los jóvenes que estará por debajo del de sus padres. Pero no solo los jóvenes están en una situación muy preocupante. Otro grupo etario con grandes dificultades es el trabajador “maduro” (por encima de 55 años), que representan el 14% del total de parados, habiendo crecido su desempleo un 293% durante el periodo 2007-2017. Esta situación tan deteriorada en el mundo del trabajo explica también el gran crecimiento de las desigualdades, siendo España (incluyendo Catalunya) el país que tiene unas desigualdades más acentuadas en la UE-15.El desmantelamiento del Estado del Bienestar.

Como consecuencia de los recortes, el porcentaje del PIB gastado en la sanidad pública bajó durante el periodo 2009-2015 de un 5,8% a un 5,4% en Catalunya, y de un 6,8% a un 6,5% en España, porcentajes de gasto sanitario público más bajos que en el promedio de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de la UE de mayor desarrollo económico, y mucho más bajos que en Suecia (donde subió durante el mismo periodo de un 7,3% a un 9,2%). Un tanto igual ocurrió con la educación, cuyo gasto bajó en Catalunya de un 4,21% a un 3,68% (durante el periodo 2009-2015), y en España de un 5,02% a un 4,16%, mucho más bajos que en la UE-15. Y así un largo y penoso descenso por cada uno de los capítulos del Estado del bienestar español, incluyendo el catalán.

Es importante destacar que las dimensiones más duras y antisociales de estas políticas neoliberales, tanto los recortes (como la ley de estabilidad presupuestaria de 2012 o el decreto de recortes del mismo año) como las reformas laborales y la amnistía fiscal, fueron aprobadas por los dos partidos gobernantes en España (el PP) y en Catalunya (CiU). CiU era una coalición de dos partidos: CDC, un partido liberal, y UDC, un partido cristianodemócrata. Más tarde CDC dejó de aliarse con UDC y pasó a gobernar con ERC, apoyado desde fuera del gobierno por la CUP. Tal partido (CDC, ahora PDeCAT) es un partido neoliberal que hasta hace unos días pertenecía a la misma familia política que Ciudadanos (otro partido político neoliberal), de la que fue expulsado por su historial de corrupción en su etapa pujolistaEste partido ha promocionado, como parte de su política neoliberal, la llamada declaración del Dia de l’Alliberament Fiscal, que expresa el deseo de establecer un límite en cuanto a la carga fiscal, distanciándose de garantizar los servicios básicos del Estado del Bienestar. Tal declaración es presentada en forma de moción de este partido en los ayuntamientos catalanes (inspirada por un movimiento semejante de la derecha en EEUU, conocido como Tax Freedom Day, que favorece la limitación de la carga fiscal junto con un cuestionamiento del compromiso estatal de garantizar el acceso a la sanidad y a la educación). En su día, Convergència fue responsable de los mayores recortes de gasto público sanitario conocidos en la UE-15 (promovidos por el conseller de Salud, Boi Ruiz, que había sido presidente de la patronal sanitaria privada antes de ser nombrado consejero, y que durante su mandato recomendó que la gente afectada por los recortes contratara un seguro sanitario privado).

Es también importante subrayar que tales partidos políticos neoliberales (PP, Ciudadanos y el PDeCAT) lideran los bloques nacionalistas –el españolista los dos primeros, y el catalanista, hoy independentista, el último (siendo partidos en polos opuestos en sus políticas nacionales)–. Todos ellos utilizan el nacionalismo para movilizar a sus bases a la vez que en los pasillos y despachos del poder –como en el Congreso de los Diputados– firman y apoyan las mismas políticas que han hecho un enorme daño a las clases populares a ambos lados del Ebro. Ni que decir tiene que detrás de su supuesto “amor a la patria y a la nación” hay un intento de ocultar el daño e impopularidad creada por la implementación forzosa (pues no estaban en sus programas electorales) de tales políticas neoliberales, las cuales han creado dicha enorme crisis social. Sin las movilizaciones de banderas –la borbónica por el lado españolista y la estelada por el lado independentista–, tales partidos habrían disminuido espectacularmente su apoyo electoral como ha ocurrido en la mayoría de países de la UE.

Gran parte de la población es consciente de la enorme crisis y atribuye a las políticas neoliberalres aplicadas su existencia

Como era de esperar, artículos publicados en revistas de signo neoliberal próximas a los nacionalistas de ambos lados han intentado convencer a la ciudadanía de que la situación se ha resuelto y que los recortes se han revertido alcanzando los niveles de gasto que España, incluyendo Catalunya, tenían antes de la crisis. Artículos titulados “La remisión de los recortes” o parecidos son comunes en tales medios. Pero los datos muestran la enorme falsedad de esos supuestos. En realidad, la gran mayoría de la ciudadanía es plenamente consciente de ello. En una encuesta reciente publicada en El País (11.11.18), la gran mayoría de españoles (82%), incluyendo los catalanes, no creen que España haya salido de la crisis. Y un porcentaje también muy elevado (66%) acusa a las políticas de la clase política (es decir, de los partidos gobernantes) de la crisis y de su continuidad como consecuencia de tales políticas. El 73,6% de los encuestados, que representan a la población española, creen (con razón) que España tiene mayor pobreza, un 77,9% que hay menor calidad en el empleo, el 67,4% que hay mayores desigualdades y el 58,5% que hay menor desarrollo económico. Las estadísticas muestran que tales percepciones responden claramente a una realidad. Casi un cuarto de la población sufre riesgo de pobreza y exclusión social, incluyendo gente asalariada. Y los ingresos y el nivel de vida de la mayoría de la población han disminuido. Es también importante señalar que además de responsabilizar a la clase política gobernante por la enorme crisis, también el 67,2% responsabiliza al Banco Central Europeo, al Fondo Monetario Internacional y a la Comisión Europea (comúnmente conocidos como la Troika) por haber promovido tales políticas.

Y hace solamente unos días el barómetro del CEO (Centro de Estudios de Opinión del la Generalitat de Catalunya) mostraba que los dos principales problemas (que están incluso por encima del desempleo) que la mayoría de la población catalana considera que hay en Catalunya son la insatisfacción con la política (que incluye las políticas públicas que se están aplicando) y las tensiones entre Catalunya y España (que en realidad quiere decir entre el bloque unionista y el separatista). En la misma encuesta, el 66% favorece la protesta social para lograr que “los políticos cambien de rumbo”, y la gran mayoría suspende con claridad la gestión de los gobiernos catalán y español.

La respuesta popular a la enorme crisis

Como era de esperar, apareció un movimiento de protesta, el 15-M, cuyo principal eslogan era una denuncia de tales políticas y de los partidos gobernantes que las impusieron, indicando que la clase política carecía de legitimidad pues no estaba sirviendo a la población. El “no nos representan” era su denuncia, y el “sí se puede” era el camino para encontrar una solución. Era fundamental que se cuestionara el argumento del establishment neoliberal que justificaba la aplicación de tales políticas indicando que eran las únicas posibles. Tal movimiento mostró con datos (ver Navarro, V. Torres, J. Garzón, A. Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España. Sequitur, 2011) que sí se podían seguir otras alternativas. Y se estableció un movimiento político-social, Podemos, que ha tenido un gran impacto político en el país. De nuevo, en la encuesta de El País, una mayoría de la población (alrededor del 66%) cree que la aparición de Podemos fue consecuencia del rechazo a tales políticas. Entre otros cambios, el fin del bipartidismo es un resultado de ello.

La respuesta del establishment neoliberal

Hay que subrayar que tal crisis fue fácil de predecir. Algunos lo hicimos: en el libro Neoliberalismo y Estado del Bienestar (Ariel Económica, 1997) ya avancé que las políticas iniciadas en la década de los años ochenta a los dos lados del Atlántico Norte crearían una enorme crisis. Y así ocurrió. Tales políticas favorecieron sistemáticamente a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo, creando unas enormes desigualdades que crearían una crisis económica y financiera, que a su vez originaría una gran crisis social y, por último, una gran crisis política que cuestionaría la legitimidad de las instituciones que sustentan la estructura de poder.

Por lo general, el establishment neoliberal está hoy a la defensiva, aun cuando el conflicto de banderas está en cierta medida alentado por los dos bandos, a fin de ocultar la crisis social y sus responsabilidades en su establecimiento. A mayor responsabilidad, mayor es el grito de las banderas. Por lo demás, su apoyo a tales políticas continúa.

Ahora bien, en el panorama político español ha habido cambios en gran parte como consecuencia de la movilización y protesta que ha aparecido en las calles. El PSOE ha sido sensible y ha sido receptivo a las propuestas de Unidos Podemos, siendo su resultado el establecimiento de una propuesta de presupuestos cuya aplicación sería el inicio del fin del neoliberalismo. Desde el incremento del salario mínimo (de los más bajos de la UE) hasta la regulación del precio del alquiler, hay toda una serie de propuestas que beneficiarían enormemente la calidad de vida y el bienestar de la población, y muy en particular de las clases populares de los distintos pueblos y naciones de España. Predeciblemente las derechas españolas (PP y Ciudadanos) se han opuesto a ello, aunque no ha sido la única oposición que está encontrando la propuesta de presupuestos.

Más sorprendente ha sido la oposición de las izquierdas independentistas, que han puesto la aprobación de los presupuestos como parte de una negociación con el gobierno socialista, subrayando que su apoyo a los presupuestos sería un favor al gobierno que no están dispuestos a realizar a no ser que este cambie en su política hacia los presos. Los presupuestos, que sin lugar a dudas beneficiarían a la mayoría de la población catalana, quedan, pues, supeditados a la resolución del tema de los presos.

Conscientes de que tal posición les podría suponer un coste electoral, algunas voces de tales izquierdas del bloque independentista han indicado que favorecen las medidas sociales que incluyen los presupuestos, ofreciéndose a apoyar tales cambios no como parte de unos presupuestos, sino como una suma de decretos-ley, cada uno de los cuales contendría una medida social. Según la Constitución, el gobierno está autorizado a establecer medidas presupuestarias excepcionales de apoyo a decretos-ley que el gobierno considere de especial interés. Y así lo ha propuesto el mismo gobierno Sánchez.

Los decretos-ley no son lo que se supone

El error de sustituir los presupuestos por decretos-ley es, sin embargo, creer que las medidas sociales de los presupuestos pueden sustituirse por una suma de tales decretos, lo cual es altamente cuestionable, tal como la experiencia demuestra. No hay duda de que las derechas neoliberales, el PP y Ciudadanos, llevarán esos decretos-ley al Tribunal Constitucional (TC), basándose en que una condición para su aprobación es su excepcionalidad. En otras palabras, los decretos-ley en los temas sociales enunciados tienen que responder a circunstancias de urgencia y excepcionalidad, categoría subjetiva que, sin lugar a dudas, dará pie a la intervención del TC, lo que llevará, además de a un gran retraso, a la posibilidad muy probable de que dichas medidas sean vetadas por tal tribunal. La judicialización de la política es una constante en la estrategia de las derechas en España, conscientes de que el poder judicial en este país está muy escorado a la derecha, como el juicio de los presos políticos está demostrando. De ahí que tal judicialización dificultará e incluso imposibilitará su aprobación. Así pasó con anteriores decretos-ley, como la declaración de inconstitucionalidad en el año 1997 de una reforma fiscal de 1992, o en el año 2016 de unos créditos extraordinarios aprobados en 2014. En ambos casos el TC indicó que unos cambios de tal naturaleza no podían seguir la vía extraordinaria, sino la ordinaria. Y así podría pasar, anulando la probabilidad de que tales medidas pudieran ser aprobadas.

La enorme responsabilidad de las izquierdas independentistas en perpetuar la enorme crisis social existente en Catalunya y en España

Es un gran error y una enorme incoherencia el ligar y relacionar la aprobación de los presupuestos (que significan un paso muy importante, ya que contienen medidas de gran calado que beneficiarían enormemente a las clases populares de Catalunya y de España) a cambios del gobierno español en el tema nacional. La continua supeditación de la resolución de la enorme crisis social a la resolución del tema nacional está convirtiendo a tales izquierdas en cómplices del enorme daño que los partidos neoliberales están imponiendo a la población.

Su comportamiento durante el “procés” está ahora alcanzando su máxima expresión en su oposición a la aprobación de tales medidas progresistas. Las clases populares están sufriendo y no pueden supeditarse las acciones encaminadas a eliminar o al menos disminuir tal dolor a acciones en otros ámbitos, anteponiendo el tema nacional (por muy noble que su causa les parezca) a la resolución de la brutal crisis social.

Hoy, la gran mayoría de la población catalana votaría a partidos de izquierdas. Según la última encuesta del CEO, la suma de los votos de ERC, PSC, Catalunya en Comú y la CUP sería mayoritaria entre la población (58,5%). Es lógico, pues, asumir que, conforme al principio de representatividad y solidaridad que debería guiar a las izquierdas, la mayoría de catalanes desea que estas medidas sean aprobadas. Ahora bien, las izquierdas independentistas (ERC y CUP) prefieren mantener la alianza con otros partidos independentistas (y por lo tanto con la derecha neoliberal del PDeCAT), una alianza que sería minoritaria (la suma de ERC, PDeCAT y CUP no alcanzaría el 50%, concretamente sería el 48,4%). Y la suma de las derechas (PDeCAT, Ciudadanos y PP) sería solo del 39,5%. Y, en cambio, los partidos neoliberales de derechas, claramente en minoría, serían los mayores beneficiarios del veto independentista a los presupuestos.

Las izquierdas independentistas deberían anteponer el deseo de las clases populares, en un momento de gran crisis social. Ignorar tal deseo (a favor de un futuro incierto) es un gran error que, por desgracia, se ha cometido durante un largo periodo de tiempo. Parecen no entender que la estrategia de tensión que están favoreciendo está llevando a una situación que está causando un enorme daño a la mayoría de la población, que no es para nada responsable ni de la situación, ni de los presos políticos, ni de la rigidez y represión del Estado central, ni de la torpeza del gobierno catalán. Así de claro.

El precio de la fruta se hunde en el campo y se dispara en el supermercado

24 octubre, 2018

Fuente: http://www.publico.es

Los agricultores denuncian que apenas cubren los costes de producción mientras el melón llega a encarecerse diez veces, la ciruela y la cereza más de seis y la sandía y el melocotón se quintuplican.

Un trabajador en un supermercado /EUROPA PRESS (OBRA SOCIAL LA CAIXA)

Los agricultores responsabilizan a las grandes cadenas de distribución de alimentos de los bajos precios en el campo y su carestía en la venta al público. / EUROPA PRESS

El precio de la fruta se está hundiendo en el campo, donde los productores apenas cubren los costes pese a tratarse de un año en el que la meteorología ha hundido un 20% la producción, mientras sigue subiendo en los supermercados hasta convertirse, con un encarecimiento del 13% interanual en julio, en uno de los principales factores del aumento de la inflación.

no es la primera vez que ocurre. “Llevamos años denunciándolo”, explica Vicente López, responsable del sector de la fruta en la organización agraria Uaga, integrada en COAG, que critica la ineficacia de la normativa sobre márgenes comerciales. “No sirve para nada. Hay una ley, pero en ella no están todos los actores de la cadena de producción y distribución de alimentos”, anota.

López señala a las grandes cadenas de distribución de alimentos como los responsables de la situación. “Ocho de cada diez kilos de fruta que se consumen en Europa los venden las cadenas de supermercados, que no tienen problemas para ponerse de acuerdo y fijar los precios”, señala.

Según indica el último IPOD (Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos), el precio del melón está cerca de multiplicarse por diez entre el campo y la estantería del súper, trayecto en el que pasa de 18 céntimos el kilo a 1,77 euros, mientras el de la ciruela se encarece más de siete veces (de 0,40 euros a 3,06), los de la cereza y el albaricoque lo hacen más de seis (de 0,81 y 0,45 a 5,12 y 2,91) y se quintuplican con creces los del melocotón (0,52 a 2,62), la sandía (0,23 a 1,31) y la nectarina (0,51 a 2,76).

Eso ocurre cuando, debido al desplome de la producción, la fruta está saliendo rápidamente al mercado y no hay stocks de reserva, aunque “esto no se refleja en unos mejores precios para el agricultor ni en más bajos para el consumidor, ya que la gran distribución está haciendo un cuello de botella”, sostiene Uaga.

Más barato en el campo, mismo margen en la tienda

La comparativa con el año pasado revela que el agricultor cobra el melón a poco más de la mitad mientras el consumidor lo paga unos céntimos más caro, con lo que el margen comercial prácticamente se ha duplicado, y cómo en productos como la ciruela y el melocotón ha bajado el precio en el campo mientras sube en el supermercado. La cereza, la nectarina y la sandía se han depreciado en ambos extremos de la cadena de distribución, aunque manteniendo el margen final.

Esta situación no se da únicamente con la fruta. En el caso de la verdura llaman la atención los encarecimientos de productos como el brócoli, que llega a multiplicarse por doce (de 0,23 a 2,78); el pepino, que lo hace por más de diez (de 0,14 a 1,49), y el calabacín, que cuesta nueve veces más en la tienda que en el campo (de 0,16 a 1,44).

Según el IPOD, los precios de los productos agrícolas llegan a encarecerse más de cinco veces entre la recolección y la venta al público mientras los ganaderos se triplican con creces, especialmente por el tirón del porcino, cuya carne, pese a la sobreproducción que soporta el país, llega a cuadruplicar la tasación.

“no se tiene en cuenta la oferta”

Otra organización agraria, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, pidió hace unos días al Ministerio de Agricultura medidas para equilibrar el mercado y evitar esas diferencias entre el precio que se paga por la fruta en origen y el que se cobra en la venta al público.

“Este problema se está dando en toda Europa”

En zonas como el valle del Jerte, en Extremadura, cuya estructura económica se basa en la producción de cereza, los agricultores apenas han podido cubrir esta campaña la mitad de los costes como consecuencia de los bajos precios.

“Este problema se está dando en toda Europa”, explica López, ya que “el mercado de la fruta es muy global”. “Hay un problema de equilibrio entre la oferta y la demanda porque la primera no se tiene en cuenta”, añade, “y eso hace que buena parte de los agricultores solo consigan cubrir los costes de producción, y muchas veces ni eso”.

Un producto que se encarece cuando más hay

Ese desequilibrio entre los precios en origen y en destino, por otro lado, se repite año tras año en verano, que es la época, al mismo tiempo, de mayor demanda y producción de fruta. En 2018 llega cuando el sector arrastra los perjuicios de los cuatro años de veto a sus productos en Rusia, como represalia por las sanciones económicas que la UE le impuso por su injerencia en Crimea y sus tensiones territoriales con Ucrania.

En esos cuatro años y medio, y mientras la UE intervenía cientos de miles de toneladas para destinarlas a acciones sociales con el fin de paliar el derrumbe de los precios, los precios de venta al público de la fruta fresca han registrado un aumento de más de 22 puntos, según el INE (Instituto Nacional de Estadística).

Las principales subidas, como ocurrió en 2015 (14%), 2016 (19,5%) y 2018 (17,5%), coinciden con los meses de primavera (a partir de abril) y el inicio del verano, cuando mayores son tanto la oferta como la demanda. La excepción se dio el año pasado, con un encarecimiento de quince puntos entre agosto y octubre.

Con todo, López sostiene que “hay una especie de psicosis por parte del consumidor, que considera que la fruta está cara cuando comerla es más barato aquí que en Europa”.

“Si el INE marca hasta un 13% de subida en el IPC de la fruta, el agricultor está percibiendo unos precios que apenas cubren los costes de producción, mientras el consumidor está pagando un 13% más que el año pasado: ¿Quién se queda la diferencia? ¿Quién marca los precios? ¿Quién manda en el mercado?”, plantea el sindicato.

 

Ideas para poner la economía al servicio de la vida

23 octubre, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

En la introducción a La economía rosquilla (Paidós, 2018), la economista británica Kate Raworth sostiene: “necesitamos una nueva historia económica, un relato de nuestro futuro económico común que sea apropiado para el siglo XXI. Pero hay algo que no debemos olvidar: los relatos más potentes de la historia han sido siempre los que se han narrado con imágenes”. De ahí el título y uno de los ejes del libro.

La sustancia de su rosquilla es el área (bidimensional) entre dos círculos concéntricos. El exterior marca el límite del techo ecológico, más allá del cual se pone en riesgo la sostenibilidad del planeta. El círculo interior contiene el conjunto de necesidades sociales que satisfacer mediante la actividad económica: las materiales, como el agua, la energía, el alimento, la vivienda; las vitales, como la educación o la salud, y también las sociales, como la paz, la justicia, la equidad social, la igualdad de género y la participación política. Traspasar este círculo hacia el interior implica privaciones sociales. La zona entre ambos círculos sería así “el espacio seguro y justo para la humanidad”, un espacio que la actividad económica debería contribuir a crear y sostener.

A partir de esta metáfora, el resto del libro desarrolla lo que promete en portada su subtítulo: ‘7 maneras de pensar la economía del siglo XXI’. Esta frase contiene a la vez tanto el principal atractivo como su principal carencia.

Empecemos por los aciertos. El primero de ellos es la elección de esos siete temas: (1) Dejar de considerar el PIB el primer objetivo de la actuación económica; (2) incardinar la economía en su contexto natural y social, lo que incluye desde el impacto medioambiental hasta el papel del mercado y del Estado, como también el rol de las familias y las actividades sin retribución; (3) centrarse en una visión integral de la naturaleza humana, abandonando la dañina metáfora del hombre económico racional; (4) tomar en cuenta la naturaleza sistémica del medio ambiente y de la propia sociedad implica que estén en equilibrio dinámico; (5) practicar un diseño económico en que el crecimiento va asociado a una distribución equitativa y (6) a la regeneración de recursos, en la línea de la economía circular, y (7) explorar cómo las economías que son financiera, política y socialmente adictas al crecimiento podrían aprender a vivir del mismo modo con o sin él.

Las propuestas se describen en un lenguaje claro y accesible sin necesidad de conocimientos previos. Pero el planteamiento tiene una carencia: se trata de propuestas para pensar la economía, no para cambiarla. Aborda de modo convincente el ¿para qué cambiar la economía? y ofrece pistas sobre ¿qué cambiar? Pero se detiene antes de abordar quién y cómo llevar estos cambios a la práctica. Un síntoma de esta carencia: el concepto de liderazgo, necesario para todo cambio, no aparece ni en el índice. ¿Recogerá alguien el reto?

[Este artículo ha sido publicado en el número de verano de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente conuna suscripción]

El futuro de la ocupación y la economía del bien común

9 octubre, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

La economía del bien común atiende la recuperación los valores que están en todas nuestras constituciones (dignidad humana, justicia social, solidaridad…) y que teóricamente son la base de la actividad económica. Propone las medidas para que realmente los valores sean las reglas de anclaje de la economía. De este modo, el beneficio pasa de ser considerado un fin en sí mismo a un simple medio para el bien común.

El trabajo es y será cada vez más un bien escaso. El cambio tecnológico y la globalización son los factores que se analizan habitualmente por su incidencia en la oferta de trabajo. La progresiva desaparición de las pymes y del comercio de barrio es un indicador de la pérdida de tejido empresarial. La economía del bien común es firme defensora de la empresa como unidad económica viable. En este caso apoyaría las medidas que tiendan a corregir los sobrecostes que suelen soportar los pequeños negocios y que las grandes empresas no asumen, bien porque los externalizan o bien porque por su tamaño consiguen otras ventajas.

Al hablar de medidas de apoyo a la pyme y al pequeño comercio podemos hablar de aquellas directamente referidas al mercado laboral y también de otras que se refieren a la infraestructura económica en la que desarrolla su actividad la empresa. Por su importancia nos referiremos al acceso a la vivienda y al alquiler, por tanto, al mercado inmobiliario.

El valor de la vivienda referido al tiempo de trabajo necesario para conseguirla nos da una medida del esfuerzo exigido al trabajador. Tanto o más directamente para la pyme está el precio del alquiler de los locales. ¡Cuántos pequeños negocios generan poco más que para el pago del alquiler! En este caso el protagonismo del alquiler está determinando el margen disponible para retribuir al principal elemento de la cadena de valor: el trabajador.

La economía del bien común apoya una discriminación fiscal positiva a favor de la pyme; y para la gran empresa, la realización obligatoria del balance del bien común, aportando transparencia sobre su gestión y obteniendo recompensas en su caso según su contribución al bien común.

Mercado laboral

Un segundo bloque de análisis cuando hablamos del futuro de la ocupación es el que se refiere a la propia rigidez del mercado de trabajo, tanto en los sistemas de contratación como en la reducción salarial como mecanismo de ajuste al que se ha recurrido en los últimos años. En este sentido la economía del bien común se suma a todos aquellos que piden una amplia reforma del mercado laboral que ponga como centro a la persona. Hablemos de instrumentos contractuales que tengan en cuenta la diversidad de personas, de edades, el envejecimiento progresivo de nuestra población… La excesiva uniformidad y rigidez en la que nos encontramos determina también unas culturas empresariales uniformes que resultan, por tanto, muy excluyentes. Hay un enorme campo por recorrer tanto en sistemas de contratación como en políticas internas, para aprovechar el potencial de las personas añadiendo más indicadores de rendimiento laboral a la productividad, que seguramente acabarían redundando también en un incremento de la misma.

La economía del bien común propone una medida singular: el año sabático. Cada décimo año en la profesión será un año sabático financiado a través de un salario mínimo incondicional. Las personas pueden hacer en este tiempo lo que quieran. Esta medida descarga el mercado de trabajo en un 10%, lo que equivale a la actual tasa de desempleo en la Unión Europea.

El futuro de la ocupación va a marcar el futuro de la desigualdad social. Gracias a su visión holística, la economía del bien común se convierte en una alternativa válida porque regula y no destruye, limita los excesos e incluye medidas de espectro amplio, macro y micro, para armonizar la ocupación y los factores que le afectan.

[Este artículo ha sido publicado en el número de verano de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente conuna suscripción]