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“La banca ética debe tener su propio reconocimiento normativo y fiscal”

28 noviembre, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

El nuevo presidente de la Federación Europea de las Bancas Éticas y Alternativas (FEBEA) es un pionero del sector. Pedro Manuel Sasia Santos lleva toda una vida dedicado a sacar adelante una banca que va a contracorriente de la lógica capitalista y de las normativas actuales. También presidente de Fiare Banca Ética en España y profesor en las universidades de Deusto y del País Vasco, Peru Sasia es doctor en Química Macromolecular por esta última.

En junio pasado, su larga experiencia en economía social fue reconocida al ser nombrado presidente de FEBEA, cuyas organizaciones miembro reúnen más 30.000 millones de euros en activos, 670.000 clientes, 3.300 empleados y 200.000 socios. La banca ética es más sana que ninguna otra. Sasia explica en esta entrevista los ejes que la caracterizan, su historia, sus éxitos, sus relaciones con la banca pública y sus retos de futuro.

¿Qué perspectiva hay para la banca ética y cooperativa, en España y en Europa?

Los bancos éticos y alternativos van creándose, consolidándose, institucionalizándose en redes. En FEBEA los miembros ya no traen sólo proyectos emergentes, sino realidades financieras que funcionan y que tienen una comunicación creciente con las administraciones públicas, incluso las europeas. Sin embargo, esa dinámica está extremadamente fragilizada con los marcos normativos que se puedan ir generando. La experiencia en nuestro país y en muchos otros países nos dice que esto se puede desmantelar o dificultar muchísimo si no se es consciente de su valor social.

¿FEBEA es distinta de otro tipo de entidad de finanzas éticas?

Nos constituyen varios ejes; uno es la manera en que entendemos las finanzas. Otro es la dimensión de la incidencia política y el compromiso con la transformación cultural y social más allá de la mera operativa financiera. El modelo de construcción de sociedades es una de las razones que justifica el porqué estamos construidos sobre unas dinámicas que tratan de ser extraordinariamente transparentes y participativas. Nosotros tratamos de cuidar muchísimo ese aspecto y eso se refleja en un modelo de gobierno, la mayor parte de las veces cooperativo.

¿Eso no siempre sucede?

Hay entidades financieras que reivindican un uso diferente y una manera distinta de entender las finanzas. Está la Global Alliance for Banking and Values, una alianza global de bancos con valores; está la Federación Europea de Banca Ética; está la Asociación Internacional de Inversores en la Economía Social (INAISE), y otras redes. Las entidades que consideran que lo importante es la naturaleza u orientación del instrumento financiero se agrupan en algunas como la Global Alliance. Quienes hacemos mucha incidencia en que no sólo es importante la operativa bancaria, sino la manera en cómo se desarrolla la entidad que promueve esa operativa, los efectos que genera en términos de transformación social, estamos en redes como FEBEA.

El suyo es un movimiento político…

Hay que actuar sobre la demanda. No puedo estar ocupado en desarrollar el proyecto más innovador, más bonito del mundo, si no consigo que la gente lo ponga en valor. El sistema económico actual es sobre todo un nicho cultural. Si no actúas sobre la demanda e incorporas un eje en el que los marcos normativos, los usos, el propio liderazgo de las administraciones a través de cláusulas sociales, de discriminación positiva de determinados circuitos que son buenos para las sociedades…; si no actúas sobre esos ejes, estarás haciendo hincapié sólo en el instrumento financiero.

Usted también está en la banca ética española. Han recibido de pronto muchísimo dinero, de gente harta de los bancos tradicionales. ¿Cómo lo gestionan? Dar crédito no parece fácil…

Lo afrontamos también desde las propias características del proyecto. Se nos acerca mucha gente y nos recomienda que desarrollemos dinámicas mucho más agresivas de crecimiento.

¿Qué significa “crecer agresivamente”?

Antes de responder a eso es importante destacar una cosa. Ninguna de nuestras entidades se creó en la crisis financiera. Se crearon mucho antes porque nuestro objetivo era proponer modelos alternativos. Entendíamos que el sistema financiero tal como estaba funcionando, cuando a todo el mundo le parecía una maravilla, era una bomba de relojería. Lamentablemente acertamos. Cuando llegó el momento de la crisis mucha gente nos decía que debíamos hacer inversiones fuertes, empezar a abrir oficinas, multiplicarnos por el mundo porque ahora venía el dinero. Nosotros no podemos, ni queremos, gestionar un proyecto a ese nivel. Nuestras dinámicas de crecimiento deben seguir tratando de velar por que se mantenga una cohesión con nuestra base social, y por que la transparencia se siga manteniendo. Nuestro modelo no va con muchos inversores porque la mayor parte de las veces gestionamos los beneficios sin repartir dividendos, o controlando muchísimo la revalorización de las acciones.

Pero a ustedes les llega dinero y algo tendrán que hacer con él…

A quién y cómo prestar es una pregunta que nos hacemos cada minuto. ¿Qué nuevos sectores? ¿Qué nueva economía? Estamos en un momento de exceso de liquidez. Quien diga que no tiene dinero para prestar está diciendo que no tiene ganas de prestar. Dinero hay. La pregunta es: ¿cómo prestar bien? Nosotros prestamos a los sospechosos habituales, a la economía social, solidaria, a asociaciones, cooperativas, etc…

Pero aunque sean de la economía social tampoco podrán prestar fácilmente…

Curiosamente tenemos unos índices de morosidad que son significativamente inferiores a los de la banca tradicional. ¿Cómo se hace eso? Todo tiene una coherencia interna. Conocemos muy bien el mercado en el que estamos. Se capilariza a través de las propias organizaciones y personas que nos constituyen, que es el mercado en el que queremos estar. Fiare en concreto es una herramienta financiera que ha surgido y vive de la economía solidaria. Es un entorno en donde nos conocemos y estamos legitimados. Todo eso genera dinámicas que son las que debería generar cualquier proceso de intermediación financiera, en el que el solicitante de financiación, quién intermedia y el dinero del que proviene, está basado un circuito de generación de confianza, de crédito en el sentido literal de la palabra. Uno de los efectos que tiene esto es que disminuye muchísimo la morosidad.

Hay exceso de liquidez, pero al mismo tiempo una buena parte de la economía social no tiene cómo financiarse… 

Sí. La razón puede ser doble: o porque no encuentra la entidad financiera que crea en ella y entienda bien el proyecto, o porque no es capaz, aceptado por ellos mismos, de presentar proyectos de crecimiento lo suficientemente sólidos. Hay sectores en que está ocurriendo eso. Las organizaciones no tienen la capacidad, porque la crisis ha golpeado en muchos lugares.

Hoy en España los alquileres han subido mucho. El acceso al crédito es muy complicado y no siempre es posible formar parte de una cooperativa de viviendas de cesión de uso, que es lo que ustedes exigen para dar un crédito a la vivienda. En esta búsqueda de a quién prestar, ¿han pensado en dar hipotecas personales?

En Italia, Fiare Banca Ética vende un montón de hipotecas. En España las vamos a comenzar a ofrecer en el conjunto del sector.

¿Por qué cuesta tanto dar hipotecas?

En nuestro caso, esto requiere una cierta dinámica. Hay gente en nuestra base social que opina que dar hipotecas a las personas es colaborar con un modelo de propiedad al que deberíamos oponernos. En cierta medida puede tener sentido. Hemos trabajado con nuestros grupos locales y organizaciones territoriales explicando lo que supondría empezar a vender préstamos hipotecarios a personas físicas. Dicho sea de paso, otra parte de nuestra propia base social nos lo lleva pidiendo desde hace un montón de tiempo. Hay gente que tiene hipotecas con entidades financieras con quienes no les gusta estar. El resultado es que vamos a vender créditos hipotecarios en seguida, cuando el sistema informático nos lo permita, y cuando podamos armar las condiciones de infraestructura suficientes. Pero no vamos a venderlos de cualquier manera. Precisamente la base social en esa reflexión nos dice que por ejemplo deberíamos —por la vía de los precios o alguna otra vía— promover aquella adquisición de vivienda que desde luego no sea vivienda especulativa, de lujo… Y que sería muy bueno promover también viviendas que trabajasen con un seguro ético, que se suministracen con energía renovable, etc., y todos los circuitos que permitan salvaguardar la economía solidaria a la que pertenecemos. Los créditos hipotecarios serán préstamos mucho más ventajosos o incluso serán los únicos aceptables.

Esto podría dar muchas oportunidades a la ESS, al generar más demanda…

Tiene un montón de posibilidades. Y ese es el modelo económico por el que apostamos. La consecución de esto no depende sólo de nosotros, sino de que haya otras realidades de ESS que estén alineadas con nosotros; de que se produzcan las condiciones normativas suficientes; y de que se trabaje un nicho cultural de personas que pongan en valor ese tipo de oferta. FEBEA está constituido por casi 30 entidades financieras, y estamos implantados en 15 países de Europa. Entre todas esas entidades se lleva desarrollando ese tipo de dinámica desde hace muchísimo tiempo, con resultados muy positivos.

¿Cuáles son las trabas con las que se topa la banca ética en Europa?

Las trabas más importantes tienen que ver con el hecho de que el legislador no comprende la propia naturaleza de nuestras entidades. Nosotros somos por naturaleza pequeños, comparados con los grandes grupos transnacionales. Hay muchas normativas que, de una manera más o menos eficaz o bienintencionada, se van implementando para determinados desmanes de las entidades financieras. Un bello intento. Pero cuando se aplican con entidades como las nuestras generan una presión tremenda.

¿Un ejemplo?

Las famosas normativas relacionadas con el capital suficiente para conceder financiación. Una entidad puede conceder crédito de determinado riesgo. Hay ciertos cálculos y ciertas fórmulas, en función del capital que tienes, de los fondos propios. Esto, que en principio tiene toda la lógica del mundo, requiere una estructura interna de control. Y supone el mismo coste para alguien con 200 trabajadores que para una entidad con 20.000. Es un problema de proporcionalidad. Pero además trata de proteger frente a algunas operativas que ciertas entidades como las nuestras no hacen nunca, con lo que se reconocería que los requisitos de capital podrían ser diferentes. Por ejemplo, no hacemos inversiones especulativas. Tampoco trabajamos con paraísos fiscales. Esto es una desventaja evidente en la cuenta de resultados y en el balance. Somos perdedores desde el punto de vista económico porque somos tan tontos que no utilizamos estrategias de elusión fiscal ni ingeniería financiera.

Eso debería prohibirse directamente…

Pero no existe. Hay un vacío legal. En nuestros pequeños éxitos hemos conseguido que se entienda que hay un fenómeno que se llama banca ética, que nos gustaría que tuviese reflejo y reconocimiento normativo, incluso fiscal, lo mismo que se reconoce la economía social o las empresas de inserción. Lo ha habido con las cajas de ahorros. Y en Italia ya ha ocurrido. La normativa bancaria oficial ha incorporado un artículo en donde reconocen las entidades de banca ética, las que tienen determinada característica, relacionadas con cómo nos gobernamos, con la horquilla de salarios, con el crédito, la transparencia y la participación. Se ha concretado económicamente en muy poca cosa, pero por lo menos existe el reconocimiento.

¿Cómo los ve la Unión Europea?

Se está avanzando. La UE recibe informes de organismos europeos, muchos de ellos consultivos, en los que se reconoce como valor la biodiversidad en el ecosistema financiero. En noviembre tenemos una sesión en el Parlamento Europeo en donde europarlamentarios presentarán la experiencia italiana para ver si otros países cogen la bandera y llevan a cabo cambios normativos similares. Hay avances. Hoy se ha promulgado por fin en Italia la ley que prohíbe el financiamiento de determinados circuitos de comercio de armas, algo en lo que  llevábamos insistiendo hace siete años.

En todo caso, hoy por hoy ser éticos tiene sus desventajas…

Vamos a contracorriente culturalmente desde todos los puntos de vista. Cuando dicen “vosotros no reunís el capital”, lo dicen como si fuésemos ineficaces. No tiene nada que ver. También está el asunto de la gobernanza. Hay muchas cooperativas que quedan en manos de la tecnoestructura y la socioestructura se gestiona en asambleas, en consejos. Nosotros nos rebelamos contra eso. En la normativa bancaria, al procurador lo que le interesa es apuntar a un responsable. Nosotros le decimos que no. Nuestra base social participa y para la normativa eso puede ser conflictivo.

¿Qué opina de estas nuevas formas de financiación vía crowdfunding ?

No la descarto de antemano, pero hay que hacerla muy bien. Y, como siempre, el punto de partida tiene que ser el contar con circuitos de base social lo suficientemente sólidos. Es decir, Fiare Banca Ética funciona bien porque hay miles de personas —no clientes, sino personas— no que consumen banca ética, sino que construyen banca ética. Esa es la clave. Luego deberás tener gente que consume banca ética, y que te genera ese retorno.

¿Qué relación puede tener la banca ética con la banca pública? 

Mucha. Estamos estudiando ese asunto. Y hay que marcar muy bien los términos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de banca pública? ¿Es una entidad financiera en la que trabajan funcionarios públicos y hace lo que hacen todas las demás entidades? Porque las cajas de ahorros hasta ahora eran entidades sometidas a control público. El Instituto de Crédito Oficial es un instituto con dinero oficial… Cuando la banca pública funciona permite a las organizaciones capear mejor las crisis. En el momento en que se debilita alguno de los eslabones del circuito de intermediación financiera —ya sea vías suficientes para el ahorro, vías de financiación exentas de corrupción, nichos de crédito no bien entendidos—, la administración pública debe asumir y garantizar la financiación. Si estamos hablando de eso cuando hablamos de banca pública, es muy complementaria con la banca ética.

¿Ustedes trabajan en ello?

Fiare tiene acuerdos con muchas administraciones en las que la administración da instrumentos de garantía y Fiare genera dinámicas de microfinanciación para el desarrollo y emprendimiento local. Es evidente que la generación de unas condiciones para que se produzcan desarrollos económicos que merezcan la pena también es una responsabilidad pública. El crédito ya lo daremos los demás con dinero de la ciudadanía. El ahorro a nosotros nos viene espontáneamente. No tenemos que regalar bicicletas, ni calendarios, ni cuberterías. Nos llega. Tenemos que trabajar para conceder buen crédito donde queremos concederlo.

En una empresa tradicional un inversor se arriesgaría, pero querría mandar. Al no contar con esta posibilidad, las cooperativas tienen más dificultades de crecer sin el riesgo que les comportaría una deuda. ¿Qué alternativas existen?

La clave para asegurar un cierto colchón financiero que te permita crecer es tener una base social fuerte que aguante de sobras la actividad económica y las exigencias, el balance y la cuenta de resultados. O que la actividad sea tan exitosa que los propios beneficios se puedan reinvertir y generar más crecimiento. Si no, el círculo es vicioso. Porque la siguiente alternativa es que vengan inversores externos, que querrán estar informados y decidir.

Lo cual es lógico si ponen dinero…

Pero a veces vienen de culturas que no son la tuya… Para eso sales al mercado y te cotizas. Hay otra posibilidad para crecer que es formar parte de grupos, la experiencia de Mondragón tiene que ver con eso… Nosotros dentro del grupo Banca Ética tenemos el banco, una fundación, una serie de cosas, y una revista. El pertenecer a un grupo es un elemento de cohesión interesante. Caminar solos es difícil en estos tiempos.

[Esta entrevista ha sido publicada en el número de noviembre de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

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Finlandia demuestra que una renta básica para todos puede funcionar

25 noviembre, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

En un pequeño pueblo rural de Finlandia, un hombre recibe dinero gratis. Casi 560 euros entran en su cuenta corriente cada mes, sin ningún tipo de ataduras. Puede usar el dinero como quiera. ¿Quién es el benefactor? El Gobierno finlandés. Parece el preludio a una película de suspense, o a lo mejor a un reality de televisión. Aunque la historia de Juha Järvinen es más interesante. Es básicamente un ratón de laboratorio en un experimento que puede definir el futuro de Occidente.

Järvinen fue elegido la Navidad pasada por el Estado para formar parte junto a otros 2.000 desempleados en un ensayo de la renta básica universal. Puede que hayas oído hablar de la renta básica universal, o la política que se basa, literalmente, en dar dinero a la gente a cambio de nada. Es una idea que emociona tanto a gente abiertamente de izquierdas –John McDonell y Bernie Sanders– como a la élite económica de Silicon Valley –Mark Zuckerberg y Elon Musk–. Y en el largo período que ha transcurrido tras la crisis financiera, esta es una de las pocas alternativas que no dejan un sabor a refrito pasado de fecha.

Aun así, casi nadie sabe cómo sería. A raíz de todo el alboroto generado por esta propuesta, Finlandia será el primer país europeo en realizar un ensayo. No es la versión purista de la renta básica universal que daría un sueldo mensual a todos, incluyendo a los millonarios. Finlandia tampoco publicará resultados hasta que el periodo de prueba de dos años finalice en 2018. Mientras tanto, dependemos de los testimonios de los participantes como Järvinen. Así que vuelo a Helsinki y conduzco cinco horas para encontrarme con él.

Pregúntale a Järvinen que ha significado para él recibir dinero gratis cada mes y te conducirá a su taller. Ahí encontrarás equipos de producción cinematográfica, una pizarra con planes para una versión de Airbnb para artistas, y un pequeño cuarto en el que hace tambores Batá que vende por hasta 900 euros. Todo esto mientras que ayuda a criar seis niños. Todos esos euros gratis le han llevado a trabajar más duro que nunca.

Nada de esto habría sido posible sin la renta básica universal. Hasta este año, Järvinen vivía de su paga de desempleo. La oficina de empleo de Finlandia siempre estaba estudiando su caso, siempre entre solicitudes de empleo y talleres de formación. Las ideas brotan de Järvinen con la misma facilidad que el agua de un grifo, pero nunca podía desarrollar sus ideas por miedo a suscitar restricciones burocráticas.

Prestaciones sociales clásicas que imponen barreras

En un caso muy debatido el año pasado, un finés llamado Christian fue pillado tallando y vendiendo púas para guitarra. Era más un pasatiempo que un negocio, le sacaba poco más de 2.000 euros al año. Pero la suma no fue lo que enfureció a las autoridades, sino el tiempo que había dedicado a realizar cada púa, que podría haber empleado en la carrera de obstáculos oficial para encontrar trabajo.

Este era también el caso de Järvinen, hasta este año. Al igual que muchos británicos que sobreviven de las prestaciones sociales, él estaba atrapado en un sistema “humillante” que le daba poco menos que para alimentarse, al mismo tiempo que le negaba cualquier esperanza de satisfacción.

Entonces, ¿a qué se debe su cambio? Al dinero de la renta básica universal está claro que no. En Finlandia, 560 euros es menos de un  quinto del sueldo medio en el sector privado. “Tienes que ser un mago para sobrevivir con ese dinero”, dice Järvinen. Una y otra vez, se describe como “pobre”, sin rodeos.

Su liberación vino con la falta de condiciones ligadas al dinero. Si así desean, los finlandeses pueden meter el dinero en el banco y no hacer nada más. Pero al menos en el caso de Järvinen, la suma le ha quitado el miedo a la profunda miseria, dándole la libertad necesaria para hacer trabajos que para él son relevantes.

Suena simple. Es simple. Pero para los visitantes a la Gran Bretaña de la Austeridad, con su amplio abanico de escándalos relacionados con los subsidios sociales, desde el crédito universal a Concentrix o Atos, suena casi a fantasía.

Los parados no son vagos que no quieren trabajar

Este ensayo ha sido introducido por un gobierno de centroderecha que está llevando a cabo su propia versión de las políticas de austeridad, con grandes recortes a las prestaciones sociales y a las escuelas. Aún así, por mucho que intente imaginar a Theresa May o a Philip Hammond permitiendo el más mínimo cambio a los pobres sin cuestionarlo de manera alguna, no puedo imaginarlo.

Visito a la equivalente finlandesa del británico Ian Duncan Smith, la ministra de Asuntos Sociales, Pirkko Mattila. Recientemente alejada del partido populista Verdaderos Finlandeses, no tiene tendencias hippies a simple vista –ni siquiera unas varillas de incienso–. Aún así se muestra verdaderamente perpleja de que pueda haber resistencia política alguna a darle dinero a gente pobre para que se quede sentada en casa. “Personalmente, creo que los ciudadanos finlandeses quieren trabajar de verdad”, dice Mattila.

Esto demuestra cómo de moralmente corruptas se han vuelto las políticas de subsidios sociales en el Reino Unido en comparación con muchas otras partes de Europa. Se puede culpar a la austeridad del Partido Conservador, a los programas de trabajo a cambio de beneficios sociales del Nuevo Partido Laborista de Tony Blair, a los intentos thatcheristas de mandarnos a paseo, pero lo cierto es que hemos acabado con un sistema atravesado por dos creencias tóxicas.

Falsas creencias sobre la pobreza

En primer lugar, que la pobreza es el producto del fracaso moral personal. Para el ministro de Hacienda durante el mandato de David Cameron, George Osborne, era una cuestión de vagos contra luchadores. Para Iain Duncan Smith, la pobreza era la fruta podrida de las familias disfuncionales, la adicción o la deuda. Ninguno de ellos, ni los miembros de sus partidos, pueden admitir los que sus homólogos finlandeses sí hacen: que la pobreza no es más que la falta de dinero.

De ahí surge la segunda creencia falsa británica: la idea de que el sistema de ayudas sociales no es una red de seguridad para todos, sino un sistema de clasificación desmoralizado y falto de recursos para los vagos y los inútiles de los estratos más bajos de la sociedad.

Tratar a los pobres como a criminales en ciernes coloca al sistema de bienestar social como adjunto al sistema de justicia criminal. Significa declarar a gente moribunda como apta para el trabajo. Deja a las personas con minusvalía con temor a la próxima evaluación de su capacidad funcional; y a gente desempleada, castigada sin razón alguna.

Y todo esto es prácticamente inútil. La burocracia y los costes se trasladan a todas partes, desde la sanidad pública a la administración local y de ahí a las oficinas de atención al ciudadano. El gobierno no ha conseguido, basado en sus propias evaluaciones, en destinar una pequeña fracción de sus recortes a reformar las prestaciones por discapacidad. Piensa en todas las vidas que se han visto hechas pedazos, arruinadas. Y no se ha ahorrado casi ni un céntimo.

Si esta fuese la filosofía de los finlandeses, nunca habrían llevado a cabo este experimento, y Järvinen no estaría ahora soñando con decenas de proyectos.

Vete a Finlandia a buscar respuestas en relación a la renta básica universal, por supuesto. Pero ve preparado para volver con aún más preguntas de por qué Gran Bretaña maltrata a sus pobres.

Traducido por Marina Leiva

Experiencias de los años 80 del siglo XX sobre conversión de la industria militar

23 noviembre, 2017

Fuente: http://www.utopiacontagiosa.org

Por Luigi Andreola

Nos ha llamado la atención el documento de trabajo, algo antiguo ya, efectuado por Augusto Varas para el Programa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Serie Relaciones Internacionales y Política Exterior, en Santiago de Chile, del año 1991 y disponible en PDF con el título “Los dividendos de la paz: Desarme y conversión industrial”.

  1. ¡Una conferencia de Naciones Unidas para pensar la conversión de la industria militar!

El texto analiza y explica los resultados de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Conversión celebrada por Naciones Unidas en Moscú los días 13 a 17 de agosto de 1990, bajo el título “Conversión: Ajustes económicos en una era de reducción de armas”.
Hemos intentado rastrear esta conferencia por otros lugares, sin mayor éxito, por lo que sólo contamos, por ahora, con el trabajo del profesor Varas, al parecer asistente en la misma.

Según nos informa, dicha conferencia reunió a más de cien representantes de los ejércitos del “norte”, a representantes de las industrias militares más importantes, autoridades de los ministerios de relaciones exteriores y defensa, así como expertos tanto gubernamentales como no gubernamentales, técnicos e intelectuales, según informa el estudio.

Sorprende, en primer lugar, que frente a los pesimistas que nos hablan de la imposibilidad de transformar la industria militar en otra cosa, encontremos ejemplos históricos donde, aunque con pequeños y matizables logros, las instituciones internacionales y los Estados (principales causantes y promotores de las guerras y de las industrias de muerte) se hayan puesto a pensar en otro horizonte distinto.

Es más que probable que su perspectiva, e incluso el alcance de sus propuestas, nada tenga que ver con nuestras aspiraciones y con lo que nosotros haríamos, pero es indicativo el hecho de que de conversión de la industria militar (tema ahora casi vetado de las agendas políticas) se puede y se ha podido hablar, e incluso se han compartido experiencias efectivas de conversión y se han estudiado propuestas encaminadas a conseguir “dividendos de paz” de dicho proceso.

Volvemos a vivir un desbordamiento de la industria militar, de la guerra y del militarismo.

¿No sería posible ahora abordar la necesidad de políticas que reviertan tan nefasta dinámica y que aborden pasos graduales para la conversión de la industria militar?

Pero del estudio en sí, por lo que respecta a nuestro interés actual, podemos destacar varios aspectos que, a pesar de la antigüedad del texto, nos parecen rescatables para repensar nuestro contexto.

2) Consenso en lo ineficiente, antieconómico y empobrecedor de la industria militar

El primero de los aspectos clave, tras la carrera de armamentos protagonizada por las grandes potencias y sus satélites en la segunda mitad del siglo XX (tal vez ahora reemprendida con similar fuerza e influencia por parte de una industria militar más globalizada) es la claridad con la que se definen las características esenciales de este tipo de industria:

Múltiples problemas las aquejan en todas partes del mundo. Existe unanimidad entre los expertos y funcionarios de gobierno en que las industrias militares presentan los siguientes problemas:
– Tienden a duplicar los procesos de I+D y manufacturas;
– Presentan opciones restringidas y precios altos;
– Sus manufacturas son ineficientes y por tanto subsidiadas por razones políticas;
– Al ser costo-ineficientes restringen las opciones gubernamentales para definir una política de defensa adecuada y
– Su expansión es dependiente de las exportaciones, por lo que se aprueban exportaciones no deseadas o se compran para el mercado doméstico unidades no adecuadas para mantener una economía de escala mínima.

y

 No obstante estas semejanzas, la mayoría de las industrias de armas occidentales tienen intereses fuera del negocio militar

Nudos gordianos identificados entonces y vigentes hoy en día que convierten a los Estados en promotores cautivos de un gasto inútil, irracional y que nos endeuda y empobrece, para adquirir unos productos que no sólo no necesitamos, sino que son un despropósito tanto por su coste como por su mala calidad, todo lo cual no hace sino engordar la bola de nieve del gigante militar-industrial en detrimento de otro tipo de desarrollo, obligándonos a exportar armas y conflictos de forma expansiva, lo que genera efectos no deseados que se vuelven en nuestra contra en términos de inseguridad y sirven para dar una perversa vuelta de tuerca más a esta economía de guerra descabellada que nos lleva a un callejón sin salida.

Aprovechemos para decir que en el contexto de los años 90, con la apertura primero del régimen soviético y su renuncia a continuar en un carrera de armamentos que abocaba a las sociedades del otro lado del telón de acero al colapso, y más tarde con su desmantelamiento como Estado de la URSS y del bloque militar soviético, se abrió la posibilidad de efectuar políticas virtuosas de conversión de la industria militar y dividendos por la paz, pero mientras los Estados mostraron su debilidad para promover políticas públicas eficaces en esta línea y de obligar a la conversión de la industria militar de forma generalizada, las industrias militares aprovecharon para abrir nuevos mercados e inundarlos de armas en regiones y países proclives a emprender nuevas aventuras de guerra, lo que fomentó la inestabilidad regional en el oriente próximo y extensas regiones de centro de África y Asia, facilitando a su vez las opciones políticas de los halcones de la ultraderecha occidental y el nuevo ciclo militarista que vivimos ahora, por otra parte tan beneficioso para esta industria militar reacia a cambiar por sí misma y nuevo circulo vicioso en el que nos movemos.

Todos estos aspectos siguen siendo nudos gordianos a los que nos enfrentamos hoy y el hecho de que la industria militar, globalmente hablando, sea tan boyante negocio, no consigue eludir su gran ineficacia, su tremenda peligrosidad, el enorme agujero negro de deuda en que deja sumidas a las sociedades y su incapacidad para crear una economía socialmente útil y viable a medio o largo plazo.

3) Experiencias de conversión de los años 80.

Otro aspecto importante de aquella conferencia es que dio a conocer diversas experiencias exitosas de conversión de las industrias militares, de las que citamos algunas.

  1. Los diversos acuerdos de reducción de armas y fuerzas militares concertados entre occidente y el bloque soviético permitieron a la URSS reducir su gasto militar entre 1988 y 1991 un 14% en conjunto, desmilitarizando a 500.000 efectivos, una rebaja del 19´5% en compra de armas en estos dos años, y del 13´5% en investigación y desarrollo enfocado a lo militar, así como el desmantelamiento de dos divisiones completas del ejército, de dos barcos de guerra, dos cruceros, ocho submarinos y la finalización de los programas especiales de compra de armas emprendidos con antelación.
  2. Con el desmantelamiento de una parte de la producción de armas, parte de la industria alimentaria de la URSS contó a partir de 1988 con la fabricación de su maquinaria por parte de las antiguas industrias militares. La industria militar bajo el mando del Ministerio del Aire pasó a elaborar la maquinaria y equipamiento para el procesado de frutas y verduras, almidón, sirope, o macarrones y tallarines, por ejemplo. Ello a su vez implicó como efecto asociado un aumento de los salarios de los trabajadores del sector de entre el 10 y el 12 % (entendemos que porque la riqueza generada y puesta en el mercado hacía más rentables las empresas y más asumible el reparto de la facturación).
  3. De 1980 a 1990, con la puesta en marcha de programas de conversión, la industria militar soviética produce el 40% de los bienes y servicios anteriormente en manos de otras industrias y, por ejemplo, produce el 100% de las radios, televisores, equipos de video o máquinas de coser, el 77% de las aspiradoras, el 74% de las máquinas agrícolas, motores y noto-cultivadores, o el 66% de las máquinas lavadoras.
  4. En 1990 la URSS pretendía desarrollar a partir de 1991 la cifra de 540 proyectos de conversión que cubrían múltiples áreas como: a) producción de bienes de consumo y bienes de equipo para aumentar u productividad 1´9 veces; b) agroindustria, c) vivienda y equipos de salud, d) desarrollo científico y tecnológico en áreas clave (electrónica, que se preveía aumentara 3´7 veces su producción, medios ópticos de tratamiento de la información y medios de comunicación como fibra óptica y otros similares, equipos de aviación civil y tecnología espacial civil); e) alta tecnología, como superconductividad, satélites, nuevos materiales, etc. y f) barcos de uso civil.
  5. China, en 1989 también convirtió 2/3 de sus industrias militares (por aquella época al parecer bastante ineficientes) en usos civiles, 75% en aviación civil y espacial, 90% en barcos y 60% de la producción de “Norico Corporation”, y desarrollaba varias líneas de conversión: a) desclasificando de conocimientos de alta tecnología reservados antes a lo militar (cámara ultra-alta de vacío, cámara de choque electrón-positrón, cavidad de alta frecuencia, ciclotrón para iones pesados); b) Desarrollo de energía y transportes (en aviónica, carros de trenes, motores, plataformas de perforación, perforadoras hidráulicas para minería), c) equipo técnico para industrias (rayos X, ultrasonido, equipos de respiración, industria ligera, textil y alimentaria), d) maquinaria doméstica (máquinas fotográficas, ordenadores, artefactos eléctricos, bicicletas, lavadoras, de coser, televisores); e) Agricultura (fertilizantes); f) Industria aeroespacial (máquinas de tejer y lavar, refrigeradores, equipos de comunicación vía satélite, robots industriales, sistemas de control numérico para maquinaria, estaciones de televisión, centros de comunicación de datos vía satélite); g) Otros (alarmas de incendio automático válvulas de petróleo, cajas de medicina radioinmunológica, aparatos de medicina nuclear, aparatos nucleares de datación, perforadoras de petróleo, máquinas excavadoras, bombas eléctricas sumergidas, mini-carros, camiones pesados, buses de lujo para turistas…); h) alta tecnología (radiación para crecimiento de plantas, extracción de uranio y tungsteno, eritromicina, refrigeración por expansión de aero-turbinas en la recuperación de hidrocarburos livianos, controladores de alta temperatura, gas presurizado a alta temperatura para extracción de petróleo, convertidores compactos de baja energía). Para ello China tenía un plan para abrir mercados para más de 7000 nuevos desarrollos e ítemes civiles producidos por la industria militar.
  6. Polonia, por la misma época, a partir de su concepto de “defensa suficiente” reoriento su industria militar excedente a producir maquinaria (máquinas de coser, de escribir, cocinas, grabadoras, equipos de radio y video, grúas, plataformas móviles, mezcladoras de cemento, refrigeradoras, segadoras, maquinaria agrícola, motores, aviones ligeros, sistemas de radio-comunicación, botes de pesca y barcos, tornos, moledoras, prensas eléctricas…
  7. república Democrática de Alemania, mediante desmovilización de efectivos, uso civil de instalaciones y cuarteles, orientación civil de estructuras militares, retirada, eliminación y destrucción de armamento y equipos militares, reciclaje y descontaminación, transferencia al sector civil de material reutilizable.
  8. El estudio afirma que en occidente también se están produciendo por esas fechas experiencias de conversión de la industria militar, si bien no explica demasiado los ejemplos, poniendo énfasis en el caso italiano, en el que se indica que Italia pretendía desarrollar no acciones o programas concretos, sino una política transversal y pública de definición de una estrategia de conversión, desde una planificación avanzada a nivel de empresa, hasta una política nacional que identifique nuevas áreas de demanda y desarrollo, proporcionándose desde dicha política los recursos y estímulos precisos para el período de transición.

4 ¿experiencias a estudiar?

Todas estas experiencias tienen sus críticas, qué duda cabe, y sus limitaciones. Pero son experiencias reales que nos indican la posibilidad de emprender amplios cambios para parar la producción de muerte de la industria militar y desinventar el militarismo que la sostiene de forma gradual y transformando este desde su realidad de hoy hacia su completo desmantelamiento y sustitución por un modelo alternativo.

Podemos decir que las estrategias que hemos mostrado más bien inciden en una especie de diversificación de las industrias militares hacia fines civiles y de doble uso,  o que esa conversión iniciada no es irreversible y que, en cuanto han soplado vientos mas proclives al negocio de la guerra, han reenfocado su producción a la industria de la muerte.

También aquí resulta, como en otros campos del transarme, recordar que las estrategias de conversión de la industria militar no deben ser pensadas como mero recurso, complemento u opción de lo militar, sino como su alternativa, y que por tanto no es suficiente con la mera diversificación de la industria militar, ni tampoco con una conversión de ida y vuelta.

Grandes desafíos, como el del desarrollo de las zonas dependientes del monocultivo militar, el del trabajo y el trabajo decente de quienes hoy dependen de éste, el de crear procesos productivos que no agudicen la crisis consumista que padecemos, el desafío de la sostenibilidad y otros encontraremos en el camino.

Precisamente por todo ello nos parece adecuado el enfoque que proponía Italia, de necesidad de definición política de unos objetivos de conversión que marcaran toda una estrategia gradual, así como una serie de inventivos (y desincentivos) para desencadenar ese proceso de transarme en la conversión de la industria militar.

En nuestro actual contexto esto además exige cambiar el horizonte un paso más, pues no aspiramos a un mero cambio productivo, sino un cambio en el horizonte de un cambio más profundo de modelo económico hacia una economía del bien común, ecológica y de decrecimiento, que aspira también a un cambio del paradigma económico.

Pero el hecho de que existan tantos ejemplos, normalmente obviados o desconocidos, nos permite pensar nuestro horizonte un paso más allá de donde lo teníamos. Si en algún tiempo fue posible, en parte al menos, ello quiere decir que nos queda mucho camino por delante y que en éste no nos podrán decir que es una mera quimera.

Datos que cuestionan el desastre económico anunciado para Catalunya

13 noviembre, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

“Escenario estresado”. Así califican los economistas al peor escenario posible dentro de una simulación de lo que puede suceder en la economía a medio plazo. En ese escenario apocalíptico, el vigilante de las cuentas públicas (la Airef) ha imaginado un futuro en el que la incertidumbre catalana impacta de forma evidente en la economía hasta dejar el crecimiento económico esperado en 2018 en un más que moderado 1,5%, frente al 2,7% que predicen las distintas casas de análisis.

Esta ha sido la guinda al pastel de predicciones penumbrosas que diferentes organismos (empezando por el Gobierno), actores sociales como la CEOE, o lobbies, como casi todas las patronales, han enviado en los últimos días. Estas cifras están aderezadas por el contador de empresas a la fuga, que el Colegio de Registradores ha decidido de forma extraordinaria actualizar a diario. Un maremágnum de datos que rodea a la opinión pública y complica aún más el análisis de la situación.

Pero ¿es esto así? ¿Ha entrado la economía catalana ya en zona de peligro? Los datos aún no lo confirman y los expertos no lo ven tan claro. Daniel Fuentes Castro, economista de AFI, cree que “conviene ser prudente a la hora de evaluar el impacto económico de eventos de riesgo político como el actual”.

Señala como precedente “las primeras estimaciones del impacto del Brexit sobre el crecimiento en el Reino Unido”, cuyos peores efectos anunciados en la economía real aún no se han llegado a materializar. En todo caso, recuerda Fuentes, “las perspectivas de crecimiento para la economía de Catalunya en el trimestre actual no son buenas”. AFI mantiene una previsión de crecimiento del 2,8% para España en 2018, aunque procederá a revisarla a la baja próximamente, “en torno a dos décimas.”

Si en las próximas semanas se recrudece el conflicto, los riesgos se pueden hacer realidad. La incertidumbre cotiza a la baja en la economía y es un elemento a tener muy en cuenta como freno para el clima económico. Pero a día de hoy las cifras no hablan de una situación aparentemente tan desbocada como transmiten algunos titulares.

Cuánto restaría a la economía una Catalunya estancada

En los modelos que manejan los expertos, si Catalunya en lugar de crecer a ritmos del 0,9% se estanca, drenaría alrededor de una o dos décimas al conjunto del crecimiento de la economía española, unos datos similares a los que maneja la Airef.

La nueva hipótesis que manejan ahora de forma más coherente el Gobierno y la Airef, con un crecimiento del 2,3%, no está tan alejada de las que manejan el resto de los organismos. El FMI publicó una mejora de la actividad económica española el 10 de octubre, varios días después del 1-O, en la que estimó que la economía crecería un 2,5%, frente al 2,4%, previsto inicialmente. Las cifras son, en cualquier caso, a un año vista, y la experiencia de la reciente crisis nos indicó que son muy susceptibles de ser superadas.

Las bolsas apenas se mueven, la prima no sube

Las revisiones del Gobierno y los anuncios de bajada de empleo de la CEOE han hecho las veces del mantra que normalmente se utiliza en estos casos: el de la prima de riesgo y la caída de los mercados. En un primer impase, los mercados penalizaron con relativa fuerza la crisis catalana, con una caída el 4 de octubre del 2,85%, que casi recuperó en la siguiente sesión al repuntar un 2,51%. Estos vaivenes se debieron, sobre todo, a las caídas de la banca catalana que vieron que mejoraban su comportamiento en bolsa tras decidir trasladar sus sedes fuera de Catalunya. Desde la sesión previa al 1-O, la bolsa solo se ha dejado un 1,04%.

Además, la prima de riesgo cotiza hoy en los 123 puntos y se sitúa por debajo de otros países como Italia, donde está en 164 puntos, o Portugal, en 191 puntos. De hecho, la rentabilidad del bono español a diez años ha bajado desde la sesión del 29 de septiembre cuando marcaba el 1,63% hasta este martes cuando se sitúa en el 1,54%.

Con estas cifras, se puede decir que los inversores no ven un riesgo inmediato ni en España ni en la economía catalana, cuyas empresas han cosechado numerosas subidas en bolsa solo con cambiar el domicilio social, sin desplazar por el momento a un solo efectivo.

Las empresas se van y se cuenta en tiempo real

Precisamente, la salida de las empresas es uno de los elementos que se está ondeando con más virulencia para demostrar el dramático momento que vive Catalunya. Este miércoles, el Colegio de Registradores de España volvió a actualizar el minuto y resultado de la fuga de empresas desde el lunes, 2 de octubre, con un total de 805 sociedades catalanas frente a las 43 empresas que llegaron procedentes de otras comunidades autónomas.

Algunos de esos traslados corresponden a filiales de otras sociedades que ya han anunciado su mudanza, como es el caso de Caixabank, Gas Natural (que las está moviendo a Madrid) o Abertis, que desde el miércoles ya es oficialmente objeto de una contraopa de ACS. La constructora de Florentino Pérez quiere llevarse a Alemania la sede de la concesionaria (una de las primeras en anunciar su traslado de Barcelona a Madrid) y competirá con la oferta de Atlantia (Italia).

Publicar estos datos sobre movimientos de sociedades fuera de una comunidad autónoma es una práctica absolutamente inusual (normalmente, esta información se actualiza de forma trimestral) que, según fuentes del Colegio, el organismo ha decidido llevar a cabo tras recibir “cientos de llamadas” de los medios de comunicación en los últimos días para solicitar esa información.

El pasado 11 de octubre, la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de España proclamó “su firme e irrenunciable compromiso de defensa de la legalidad vigente, la Constitución y los principios y valores que la inspiran” ante “la grave situación que se está viviendo en Cataluña”.

Entre las salidas conocidas este miércoles está la de la sucursal de la aseguradora Zurich Insurance, que se trasladará de Barcelona a Madrid. Entre las cotizadas, quedan todavía 17 empresas en Catalunya, tras la marcha de trece compañías en una sola semana. De esas 17, solo una (Grifols) cotiza en el Ibex 35, que hace un mes tenía siete compañías radicadas en Catalunya.

Por el momento, el impacto de estos movimientos está minimizado hasta que no se inicie un éxodo real de efectivos. La mayoría no se atreve ni a comentar esta posibilidad, pero ayer mismo Reuters publicó que Banco Sabadell baraja comenzar a trasladar empleados, y puede mover algunas direcciones de la actual sede central. Si la situación persiste, son varios los empresarios que sí reconocen que harán las maletas y abandonarán Catalunya, pero decisiones tan drásticas se tomarán pasadas unas posibles elecciones.

Se siguen vendiendo coches

En este ambiente de guerra de cifras, la Asociación Española de Fabricantes  de Automóviles y Camiones (Anfac) desmintió este miércoles que las ventas de coches en Catalunya se hayan desplomado entre un 30% y un 40% en solo 15 días, como afirmó el Gremio del Motor de Barcelona.

Según Anfac, que es la fuente oficial de este dato, durante las dos primeras semanas de octubre las matriculaciones en Catalunya “se mantienen estables” e incluso registran una ligera subida del 0,5% si las comparamos con el mismo periodo del año 2016″, con crecimientos de los dos principales canales, particulares (1,3%) y empresas (5,9%).

En la provincia de Barcelona, que concentra el mayor volumen, “en las primeras dos semanas de este mes el mercado de turismos sube un 4,2% frente al mismo periodo del pasado año”, con un repunte del 8,1% en el canal de particulares y del 7,5% entre las empresas. En cuanto a las matriculaciones por parte de empresas alquiladoras, descienden un 37%, pero Anfac subraya que suponen “escaso volumen”.

Fuga de capitales sin cifras

Sin emitir comunicados, los bancos también desmienten que los datos que se están publicando de fuga de capitales desde entidades catalanas sean ciertos. Aunque el runrún de una estampida lleva desde prácticamente el 2 de octubre, no ha sido hasta el desliz de la ministra Dolors Montserrat en Onda Cero (asegurando que en un día se habían volatilizado 4.000 millones de euros de cuentas bancarias catalanas), cuando se ha intentando cifrar la supuesta salida de este dinero. Algunos medios han hablado de hasta 9.000 millones de euros, cifras todas ellas negadas por la banca.

Lo cierto es que datos oficiales no hay, ni en Economía ni en el Banco de España, ni los habrá nunca con el detalle suficiente para conocer la veracidad de estas filtraciones. Pero sí hay algunos elementos de contexto. Primero, que el pasado 10 de octubre se realizó una subasta de liquidez en el Banco Central Europeo en el que se pidió un número inusualmente alto para los últimos seis meses de liquidez.

Fuentes financieras aseguran que sí que esta alta demanda fue motivada por las entidades españolas pero también recuerdan que la subasta se realizaba antes de un puente, cuando es muy normal que los bancos se pertrechen de efectivo.

Normalización de la banca

En cualquier caso, la subasta venció el 17 de octubre, el dinero se devolvió con normalidad y lo que es más importante, se hizo una petición en línea con cualquier subasta de semanas anteriores. “Esto hace pensar que se ha frenado el problema”, asegura el experto de la Universidad de Valencia, Joaquín Maudos.

A este economista le preocupaba que el cambio de domicilio hubiera frenado las retiradas de los temerosos a la inseguridad jurídica pero no de los que quisieran hacer un boicot a la entidad, y estas cifras hablan de una aparente normalidad.

Con todo, cabe resaltar que los bancos tienen en Catalunya depósitos por valor de casi 190.000 millones de euros, el 16% de toda España, según los datos del BDE del segundo trimestre del año que precisamente se publicaron ayer (y que habían subido en Catalunya).

El ladrillo a la expectativa

Otros sectores muy sensibles a la incertidumbre y a la inversión, como el turismo y el comercio, también han estado en el punto de mira de los titulares de estos días. Las dudas sobre el ladrillo las lanzó la Asociación de Empresas de Consultoría Inmobiliaria en un comunicado en el que aseguraba que “los últimos acontecimientos afectan gravemente el normal funcionamiento de la actividad inversora y el desarrollo de nuestro mercado inmobiliario”.

Los datos concretos a operaciones y de la inversión todavía no se conocen, ya que, el sector maneja datos a cierre del tercer trimestre que terminó el 30 de septiembre, justo antes del referéndum convocado por el Govern. Fuentes del sector decían la semana pasada que algunas empresas que habían mostrado interés en alguna operación, estaban ahora estaban esperando a ver cómo se solucionaba la crisis antes de seguir adelante.

En el terreno de las agencias inmobiliarias, las que venden pisos directamente al gran público, no ven un gran impacto en su actividad. Fuentes de Tecnocasa señalan que su cliente principal, el que necesita comprar una casa sigue estando activo, aunque apunta que los que están pensándolo más son aquellos pequeños inversores que van a comprar algo sin que sea una necesidad principal.

Emiliano Bermúdez, subdirector de DonPiso, contó a eldiario.es la semana pasada que lo que habían notado era una bajada en el número de llamadas pidiendo información, pero que esto todavía no era alarmante.

Por lo pronto, ayer se inauguró la Barcelona Meeting Point, la principal feria del sector en Barcelona. Aunque ningún expositor se ha dado de baja, desde el Gobierno aseguran que la cifra de visitantes extranjeros ha descendido un 15%.

El turismo de hoteles, el más afectado

El turismo ha sido otro de los sectores donde puede notarse la incertidumbre de estos días. Este es el principal sector de la economía catalana al representar aproximadamente un 12% de su PIB. El principal lobby turístico, Exceltur, cifró en un 20% las reservas que se habrían cancelado hasta final de año por la incertidumbre que se ha generado.

La cifra se basa en las respuestas de sus asociados a las encuestas de la asociación y que todavía no se han materializado sino que son en libros. Esto supondría, en el caso de materializarse, una reducción de casi 1.200 millones de euros y una rebaja de un punto del PIB turístico nacional frente al escenario previsto.

El vicepresidente de Meliá, Alfonso del Poyo, aseguró tras el 1-O que habían notado una “relevante caída de la demanda”. Tras el 1-O ha habido algunos cruceros que han desviado su ruta de Barcelona. El 4 de octubre dos barcos de la compañía Tui Cruises cambiaron su parada en Barcelona por Valencia.

Sin embargo, otros directivos del sector hotelero no ven un impacto tan fuerte. Antonio Catalán, fundador y presidente de la cadena de hoteles AC Hoteles by Marriot, cree que “el año va a terminar de forma más o menos como estaba previsto”. “El cliente día a día está funcionando exactamente igual y anulación de grupos ha habido muy pocas”, decía ayer en una entrevista en la Cadena Ser y añadía que “si este tema no dura demasiado tiempo se puede recuperar”. Catalán señalaba que Barcelona parte de una situación de ventaja frente a otros destinos y que está muy preparada, por ejemplo, para el turismo de congresos. “Lo que más ha perjudicado ha sido el día 1 con la intervención que hubo y cómo se publicó en todo el mundo”, apuntaba el directivo.

En el caso de los apartamentos, fuentes de Friendly Rentals señalan que por ahora “no lo están notando”. La empresa tiene alrededor de 200 apartamentos en Catalunya.  También la plataforma de alquiler de pisos turísticos Homeaway apunta que no han notado en su servicio de atención al cliente un repunte especial de llamadas por cancelaciones en pisos de Barcelona.

Alternativas a la Coca-Cola buscan su hueco en el mercado español

30 octubre, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Coca-Cola es el fabricante más vendido de refrescos, con una cuota de mercado mundial del 67,2%,  según el informe anual de 2016 de la compañía. En España, se venden 25 millones de Coca-Colas al día, más de 9.000 millones al año. Cada minuto hay 18 personas que beben este refresco y la marca declara tener un alcance del 97% de la población española.

Ante este monopolio en el consumo, han surgido alternativas que intentan abrirse camino en el mercado practicando una producción más justa y comprometida con el medio ambiente. Es un fenómeno que se da en Alemania con Fritz Kola, en Francia con Mecca Cola, que nació como bebida contraria a los valores estadounidenses, y también en España, con marcas menos conocidas pero en crecimiento.

En el último análisis de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo de 2015, las ventas de productos con este sello ascendieron a 34,96 millones de euros, un incremento de dos millones respecto al año anterior. Los principales canales de comercialización han sido cafeterías, heladerías, bares y máquinas de vending. 

Entre otros, en España surge como alternativa la marca Frixen“Un día nos atrevimos a idear nuestro propio refresco de cola. Queríamos algo con muy buen sabor pero con más ética. Un atrevimiento”, es el mensaje que proyecta la empresa en su página web.

En 2013, los cooperativistas del bar Birosta de Zaragoza decidieron poner en marcha este proyecto que aboga por un mercado sin explotación laboral. La marca utiliza azúcar de caña ecológico y estevia para reducir el azúcar un 20%, más cafeína que Coca-Cola y agua del manantial de Jaraba para su elaboración. La marca cuenta con varios puntos de distribución en España que poco a poco pretenden ir ampliando.

Este año la cooperativa prevé fabricar 25.000 litros, comercializados en dos formatos, botellín de 20 cl. y botella de litro. Prevén que 2017 suponga un aumento de las ventas de entre el 40 y el 50%. Sin embargo, no se distribuye en supermercados ni grandes superficies comerciales, si no que es necesario acudir a tiendas o a determinados bares y restaurantes que se pueden consultar en su página web. La buena respuesta a este producto desde su fecha de lanzamiento, explican sus promotores, ha obligado a la marca a desarrollar un plan de empresa que será llevado a cabo por el proyecto  Emprendes de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) en Aragón.

Birosta, el bar que llevó a cabo la iniciativa de Frixen, está encuadrado en El Esqueje, una cooperativa que apoya el mercado social y ecológico y el consumo responsable. Además de este tipo de producción, la cooperativa hace énfasis en potenciar la organización colectiva del trabajo, la equidad salarial y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores en conciliación de la vida familiar y personal.

Otras ONG y cooperativas comprometidas con el consumo responsable como Oxfam Intermón, SETEM, Alternativa 3 o IDEAS cuentan con una sección de tienda online en sus páginas web donde se pueden comprar productos de alimentación, artesanía o cosméticos acordes con los principios del comercio justo.

Desde ahí se puede adquirir Bio Cola, otra alternativa entre las bebidas de cola que pertenece a Manduvirá, una cooperativa paraguaya fundada en 1975 y certificada como sede de comercio justo en 1999, que produce el refresco con materia prima local y en fábricas locales. Gracias al apoyo de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo , la cooperativa estableció relaciones con clientes internacionales, entre ellos, España.

EHKA es otra de las marcas de cola que apuesta por una producción más ética. Aunque se produce en Francia y con azúcar costarricense, es de denominación vasca. Promueve, aparte de una causa social, una política de defensa de la producción en el País Vasco.

Vía libre para la renta mínima: ¿quién podrá optar a ella y cuál será su cuantía?

29 octubre, 2017

Fuente: http://www.publico.es

El Congreso ha aprobado tomar en consideración la ILP que propone dotar de un ingreso garantizado e indefinido a las personas por debajo del umbral de la pobreza.

Una persona sin hogar dormita en la calle, en una imagen de archivo. AFP

Una persona sin hogar dormita en la calle, en una imagen de archivo. AFP

Es la primera vez que la Cámara baja tramitará un proyecto legislativo de estas características, que implicará un fuerte impacto presupuestario. Esta es la razón por la que el Gobierno se ha opuesto frontalmente, posición a la que se ha sumado Ciudadanos. A favor de esta nueva ayuda social destinada a las personas sin recursos se han pronunciado el PSOE, Podemos, ERC, PDCAT y otras formaciones minoritarias.

Ahora se abre un período de negociación que definirá los detalles de la renta mínima. Fuentes parlamentarias consideran que su aprobación definitiva no será posible antes de finales de año, pero el proyecto presentado por los sindicatosdeja claras algunas líneas fundamentales.

¿Quién podrá optar a ella?

Podrán ser beneficiarios de la renta mínima todas aquellas personas mayores de
edad y menores de 65 años, que estén buscando trabajo y hayan agotado las prestaciones por desempleo. La ILP también pone como condición que hayan residido en España “de forma ininterrumpida en los seis meses anteriores a la fecha de solicitud de la prestación”.

Los beneficiarios no podrán superar ingresos o ayudas que superen el 75% del salario mínimo

Además, los beneficiarios no podrán superar, en cómputo anual, ingresos o ayudas que supongan una suma superior al 75% del salario mínimo establecido en cada momento. En caso de que el núcleo familiar del solicitante haya personas con ingresos, le será concedida la renta mínima “cuando la suma de las rentas o ingresos de todos los integrantes de la unidad familiar, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por 100 del salario mínimo”.

¿Cuál será su cuantía?

La renta mínima será del 80% del salario mínimo. En este momento, la ayuda ascendería a 426 euros no contributivos.

Durante el debate en el pleno del Congreso, Podemos ha pedido ampliarla al entorno de los 660 euros, la cuantía que recomienda la Unión Europea. El PSOE ha propuesto que cada familiar a cargo del solicitante suponga también un plus en la remuneración, aunque esto es algo ya previsto en el texto presentado por los sindicatos.

¿Cuánto le costará al Estado?

12.000 millones de euros anuales, según los cálculos de UGT y CCOO, que se incluirán en los Presupuestos Generales del Estado.

El coste total deberá proyectarse en los Presupuestos Generales del Estado

Para poner en contexto esta cifra se puede tomar como referencia el recorte que ha presentado el Gobierno de Mariano Rajoy para 2017 en Bruselas, y que se eleva a 5.000 millones de euros.

¿Con qué otras ayudas es compatible?

Se considera una prestación de la Seguridad Social, y será compatible con todas aquellas ayudas derivadas de la atención a personas en situación de dependencia o a favor de la infancia, entre otras de modalidad no contributiva.

¿Cuánto falta para su aprobación final?

A partir de este momento la ILP pasará a la comisión de Trabajo y de Seguridad Social para iniciar el trámite legislativo habitual, esto es la apertura de un periodo para que los diversos grupos parlamentarios presenten las enmiendas que consideren oportunas. Este periodo de tiempo puede alargarse en función de las negociaciones entre los diversos grupos políticos. Finalmente, una ponencia se encargará de “casar” aquellas enmiendas coincidentes.

El PP intentará vetarla en el Senado pero la última palabra será del Congreso, donde no tiene mayoría

Las enmiendas que sigan “vivas” tras el dictamen de la comisión serán debatidas y votadas en un pleno de la Cámara baja y el texto resultante pasará al Senado. En él, previsiblemente, el Gobierno presentará un veto –una enmienda a la totalidad– además de alargar los plazos de tramitación, ya que cuenta con mayoría absoluta en esta cámara. El veto solo podrá ser “levantado” por el Congreso de los Diputados que, finalmente, es el que que deberá pronunciarse sobre la iniciativa.

¿Cuándo podrá solicitarse?

El día siguiente de su publicación en el BOE, que según los cálculos de fuentes parlamentarias analizando el proceso legislativo citado, será a principios de 2018.

¿Pueden frenarla el PP y Ciudadanos?

En teoría, no. Una vez que el Congreso ha aprobado tomar en consideración la ILP ya no hay marcha atrás y debe comenzar la negociación.

La renta mínima se considerará un derecho y el Estado estará obligado a concederla

El Gobierno intentará bloquear su tramitación alegando que supone una alteración sustancial de los presupuestos en vigor –los de 2016 actualmente prorrogados–, lo que generará un conflicto de atribuciones entre el ejecutivo y el legislativo, uno más de los que ya están planteados.

¿Podría cancelarse en el futuro?

Estará blindada, ya que optar a ella se considerará un derecho de cada ciudadano. “Es exigible sin que pueda condicionarse a las disponibilidades presupuestarias. Es decir, las personas que reúnan los requisitos que se establezcan tendrán derecho a percibirla y la Administración General del Estado está obligada a concedérsela”, recoge el texto propuesto por los sindicatos.

Tampoco se podrá embargar. Al ser considerada un derecho personal; se convierte en una prestación intransferible e inembargable.

Finlandia empieza a emitir señales de éxito en su Renta Básica Universal

27 octubre, 2017

Fuente: http://www.publico.es

La OCDE dice que la Renta Básica Universal (RBU) no es una “bala mágica” contra la pobreza, pero admite sus efectos positivos, por ejemplo, en la sostenibilidad de las pensiones. Iniciativa que gusta a las grandes fortunas. Desde Bill Gates (Microsoft) a Mark Zuckerberg (Facebook), pasando por Elon Musk (PayPal o Tesla) o Jeff Bezos (Amazon) se declaran entusiastas de esta medida, cuyo nuevo estandarte lo porta, en la actualidad, el Gobierno de centro-derecha de Finlandia. Con visos de éxito.

Bandera de Finlandia./AFP

Bandera de Finlandia./AFP

Los grandes empresarios apoyan la RBU

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, también respalda la idea, pide su universalización e incide, concretamente, en el ejemplo del Permanent Fund Dividend de Alaska, donde realiza labores de filantropía y para cuyo beneficio, vigente a lo largo de todo el año, sólo se requiere el permiso de residencia en el estado norteamericano y no planear dejar el territorio más septentrional de EEUU.

Pero no son los únicos casos de empresarios que dominan la lista de riqueza personal de Forbes que muestran sensibilidad hacia la renta básica y su propagación planetaria. Jeff Bezos, el jefe de Amazon y actual hombre más rico del planeta, también lo valora para amortiguar los efectos de la crisis en términos de desigualdad y afrontar la automatización del futuro inmediato. Eso sí, de forma menos entusiasta que Elon Musk (creador de PayPal, SpaceX o Tesla, entre otros éxitos empresariales de este gurú de la tecnología), para quien “acabaremos viendo la RBU más pronto que tarde”, ya que su implantación “es absolutamente necesaria” para afrontar los desafíos del mercado y las nuevas tendencias en la producción de bienes y servicios.

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en una foto de archivo. / REUTERS

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en una foto de archivo. / REUTERS

En apoyo de estos argumentos surgen predicciones científicas oficiales en EEUU que alertan, en comisiones del área económica-financiera del Congreso, de que la mitad de los puestos laborales del país serán reemplazados por robots en 2030.

Pero la batería de primeros espadas empresariales no se reduce a este póker de poderosos. La sombra de defensores de la renta básica universal es alargada.
Pierre Omidyar. El fundador de eBay ha donado cerca de medio billón de dólares a través de su fundación a desarrollar GiveDirectly, proyecto de renta básica para reducir la pobreza en Kenya.

Andrew Ng. Cofundador de Coursera y responsable de investigación en Baidu, escribió un tweet al presidente de EEUU en el que le escribió que, “ahora más que nunca, necesitamos una renta básica que limite las penurias de la gente y mejora la educación para dar oportunidades a todo el mundo”.

Sam Altman. Presidente de Y Combinator, la incubadora de start-up más importante de Sillicon Valley, vaticina que la robotización será casi plena a lo largo de este siglo y ha sido el impulsor de la renga básica en Oackland (California).
Bill Gross. Cofundador del fondo de inversión Pacific Investment Management, sugiere en su análisis de mercado de 2016, que EEUU debería emplear ya recursos a “la revolucionaria” idea de la RBU. Aunque -matiza- dado que emergió en la década de los sesenta del siglo pasado, “a lo mejor tampoco es una idea tan rebelde”. Su argumento incide en la consigna de defensa de la RBU: “si cada vez más trabajadores van a ser reemplazados por robots, se necesitarán nuevas fórmulas para distribuir la riqueza”. Pero su epitafio es de especial rotundidad: “Habrá alguien que siga pensando en ello como una vieja idea del socialismo, pero yo les digo, tendremos que usarla, porque se trata de una buena idea y una mejor solución”.

Tim O’Reilly. CEO de O’Reilly Media, también lo cataloga de “magnífica idea” para tratar de diluir la amenaza de la automatización productiva en ciernes, “aunque aún estemos en el comienzo de su discusión”.

Chris Hughes. El otro cofundador de Facebook, recuerda que la fe social en el actual patrón de crecimiento de EEUU “se romperá en múltiples formas” a medio plazo. Cualquier tratado de “reconversión de nuestra economía”, en consecuencia, “debería incluir propuestas honestas” como la RBU, tal y como ha sucedido desde el término de la Segunda Guerra Mundial.

Chris Hughes, ayer, en la Conferencia Europea de Comercio Electrónico.

Chris Hughes

Finlandia, en el observatorio mundial

La RBU finlandesa ha sido motivo de debate en la OCDE. No es para menos. Después de que los estamentos empresariales y políticos hayan azuzado el debate a escala global. En este asunto, el club de las potencias industrializadas considera que “no es la panacea” para corregir la brecha de desigualdad que se ha ensanchado, en mayor o menor medida, entre sus socios por efecto de la crisis de 2008. De hecho, enfatizan en su cuartel general en París, perjudica “la disparidad de poder adquisitivo entre ricos y pobres” y no contribuye, en absoluto, a la recuperación de la vilipendiada clase media. Incuso vaticina que ni siquiera corregirá las bolsas de pobreza. Aunque reconoce, eso sí, su aportación a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. En un momento en el que todo acopio de riqueza sirve para contener la bomba demográfica en las sociedades civiles de sus países miembros. Para justificar su sesudo diagnóstico, se ampara en la experiencia acumulada en latitudes como Alaska, donde lleva años de vigencia; Irán, desde 2011, mientras llama la atención sobre la negativa de Suecia, estandarte del estado de bienestar, a implantar el modelo finlandés. Aunque, en realidad, el Gobierno de Estocolmo, vigile de cerca los resultados de su vecino del Este.

Aun así, los expertos de esta institución multilateral realizan el siguiente diagnóstico, sustentado en estudios comparativos, sobre los costes de su instauración, en cuatro de sus socios. Francia, Italia, Reino Unido y, por supuesto, Finlandia.

Premisa número uno: La RBU supondrá desembolsos desde los estados de bienestar mucho más significativos que los actuales. Sin que pueda asegurarse -dice la OCDE- que sea una bala mágica para reducir la pobreza. Fuente: OCDE

Premisa número dos: La RBU obligará, en consecuencia, a masivos incrementos de impuestos, superiores al 10% del PIB en algunos países, además de reducir, simultáneamente, algunos otros beneficios sociales, para acometer el fondo de renta universal.

Premisa número tres: El modelo de renta universal -no exclusiva para desempleados, como el caso finlandés y otro muchos en vigor- de la OCDE recalca que beneficiará a las clases medias, pero que no repercutirá apenas entre las capas bajas y altas de la sociedad. Incluso asegura que perderán poder adquisitivo aquellos que adelanten su edad de jubilación. Y que perjudicaría a países con protecciones sociales equlibradas y saneadas.

Conclusión: La OCDE finaliza su deliberación con una radiografía contundente: Sin beneficios claros y bien calculados, los gastos de cualquier modalidad de RBU se dispararían y el riesgo de elevar las cotas de pobreza seguiría su estela alcista al tiempo que los ciudadanos de estos países verían reducidos sus ayudas sociales. Aunque también deja su respaldo abierto a alternativas de RBU, más restrictivas, que no eliminen las opciones de retiros anticipados o las que se entreguen durante periodos concretos de la vida laboral. Como el caso finlandés. Sólo para desempleados, mientras residan en el país.

Sobre las fórmulas de financiación, en el supuesto de que se pongan en marcha modalidades de renta universal, las instituciones multilaterales se dividen entre partidarias de inyectar liquidez mediante acciones, dentro de una Oferta Pública Inicial (IPO), cuyos beneficios irían a parar a un Depósito de Capital Común.

Mientras otras se decantan por sufragar los gastos vía impuestos, a través de tributos ecológicos, como nuevas figuras fiscales a empresas por exceso de polución, por transacciones financieras o a las grandes fortunas.

Debate multilateral y científico

También desde el World Economic Forum (WEF) se ponen trabas. Margareta Drzeniek, su jefa de Competitividad y Riesgos Globales, tampoco cree que sea la piedra filosofal. “Deberíamos de explorar otras opciones”, explica. “Necesitamos más política de innovación y proyectos pilotos que nos aseguren la sostenibilidad de los sistemas de bienestar y que nos garanticen una justa distribución de las rentas en la Cuarta Revolución Industrial”, la Era de la Robotización. Estrategia que exige, a su juicio, la transformación reformista en áreas como la Educación, el Conocimiento, las compensaciones laborales para elevar los niveles de vida, y el asentamiento del crecimiento económico.

Crece el número de las grandes fortunas mundiales que apuestan por implantar la renta básica, “más pronto que tarde”, para afrontar la robotización de la producción de bienes y servicios.

Alaska es, en la actualidad, el único ejemplo con renta universal mediante un único pago anual. Desde 1976, el Fondo Permanente de Alaska, que recibe un mínimo del 25% de los ingresos de tránsito de petróleo a través de su red de oleoductos, se distribuye entre cualquier residente habitual del estado más septentrional de EEUU. Su trayectoria, de más de cuatro décadas, revela que sus beneficiarios no trabajan menos. Ni tampoco se ha producido un movimiento migratorio hacia Alaska, como reclamo de su RBU. Tampoco en Irán, donde las familias reciben casi la tercera parte (el 29%) del gasto medio de adquisición de una vivienda, se ha registrado una pérdida de horas laborales. Al contrario, la economía iraní ha elevado su productividad. Motivo por el que varios millones de beneficiarios han renunciado a la ayuda.

Incluso, en ambos ejemplos, sus pensiones se han fortalecido. La OCDE, en este punto, no sólo reconoce, sino que ensalza, el efecto positivo de este tipo de iniciativas, que “alivian las tasas de cobertura” de los retiros laborales.

Un think-tank, Brookings Institution, con sede en Washington, considera que la RBU erradicaría la pobreza en 66 países, beneficiando a 185 millones de personas, y que apenas costaría el 1% del PIB de esas economías. Su economista jefe, John McArthur, precisa que “el resultado sería visible a corto plazo, y sin necesidad de aportar un solo dólar extra de cooperación al desarrollo”; es decir, de ayuda internacional. Como ya está sucediendo con proyectos como GiveDirectly, una ONG que, entre otras acciones en países en desarrollo, financia iniciativas de renta básica en Kenia. McArthur hace hincapié en que planes similares podrían lanzarse, de inmediato, para ayudar con coberturas anuales a los 650 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza.

Ocho experimentos emblemáticos de RBU

Entre 2016 y 2017, han empezado a funcionar ocho nuevos experimentos de RBU en el mundo. Con sus particularidades, aciertos y errores, y sus diferentes asignaciones dinerarias.

Kenia. En octubre de 2016 se lanzó GiveDirectly. Desde entonces, los habitantes de 40 poblados reciben 22,5 dólares mensuales durante doce años. Esta ONG tiene en previsión añadir a otras 80 aldeas, con dotaciones de dos años de ayudas, otras 80 que recibirán una retribución única equivalente al montante de dos años de renta y analizar las tres fórmulas junto a otras 100 villas que no recibirán respaldo financiero alguno. Para cuyo estudio, utilizarán herramientas de Big Data.

Finlandia. El experimento, concedido a 2.000 empleados, tiene un objetivo esencial: medir cómo la renta básica podría transformar y modernizar la estructura del estado de bienestar finlandés y comprobar si los niveles productivos del país mejoran con estas garantías a parados.

Oakland, California. Y Combinator anunció a mediados de 2016 que pagaría salarios mensuales de entre 1.000 y 2.000 euros a 100 familias de esta ciudad californiano de distintos rangos socio-económicos y sin requerimiento de residir permanentemente en EEUU. Si frutifica en éxito, le sucederá un programa pentanual.

Think-tanks como Brookings Institution considera que la RBU erradicaría la pobreza en 66 países, beneficiando a 185 millones de personas, y que apenas costaría el 1% del PIB de esas economías.

Utrecht, Holanda. La iniciativa de renta básica se retomó a comienzos de 2017 y tendrá dos años de vigencia. Involucrará a 250 ciudadanos holandeses que recibirán una asistencia oficial de 1.100 dólares mensuales. Aunque esos son los números promedio. Porque existen seis grupos con distintas retribuciones y requerimientos. En uno de ellos, por ejemplo, pueden conseguir 161 dólares adicionales al mes, si realizan trabajos de voluntariado. En otro, sus integrantes pueden acceder a proyectos empresariales concretos y en funcionamiento de la ciudad, con los que pueden rentabilizar sus ingresos, pero deben devolver una parte de esos beneficios en caso de que decidan no cooperar con programas filantrópicos.
Ontario, Canada. Las autoridades de este estado canadiense han presupuestado 19 millones de dólares a replicar el experimento de Manitoba, en vigor desde la década de los setenta del siglo pasado. Los planes oficiales, todavía en fase de estudio, incluyen renta básica y provisiones de fondos, y baraja las exigencias que deben cumplir los beneficiarios de la misma.
India. El Gobierno indio ultima la puesta en marcha de experimentos, en otras ciudades, como el de su Estado de Madhya Pradesh, en el que, desde 2010, más de 6.000 personas reciben una pequeña aportación mensual durante 18 meses. En octubre de 2016, el equipo económico de Nueva Dehli anunció que la RBU empezaría a integrarse en la estructura económica de la mayor democracia del mundo y, desde comienzos de este año, una comisión parlamentaria específica tiene encomendada la tarea de encontrar la fórmula de expandirla por todo el país.
Livorno, Italia. Filippo Nogarin, alcalde de la localidad italiana, empezó a dar a cien ciudadanos de su municipio costero, de 150.000 habitantes, una renta mensual de 537 dólares, que amplió este año a otras cien familias. Para Nogarin, el resultado del primer año ha sido muy positivo. A su juicio, ha ayudado a sus conciudadanos a reconducir sus carreras profesionales y a mejorar sus perspectivas de futuro. Ragusa y Naples valoran incorporar esta iniciativa.
Uganda. También se inició este año. La ONG Eight suministrará ocho euros (8,6 dólares), como el nombre de su organización, de renta básica a 50 familias del poblado ugandés Fort Portal. La prueba durará, al menos, dos años y su experiencia será relatado en un documental, Village One.

Salto a la arena política

La RBU ha formado parte del ideario de Jeremy Corbyn, con el que el líder de la oposición en Reino Unido pretende inculcar “mayor progresismo” al laborismo británico y, según sus propias palabras, también a los partidos de izquierdas europeos. Su propuesta de renta básica sustituiría al abanico de programas, subsidios, deducciones fiscales y contribuciones sociales por trabajo del país e, incluso, los gastos administrativos asociados a estas tramitaciones. De forma que se convertiría en una retribución para personas con bajos o nulos niveles de ingresos, con la que se autofinanciaría su futura pensión. Aunque admite múltiples interpretaciones.

Su implantación también se incluyó en el programa electoral de Benoît Hamon, líder socialista francés, que apenas recibió el 6% de respaldo en la cita presidencial de la pasada primavera. En su opinión, la RBU “es un instrumento que libera trabajo y permite a cada persona poder eligir sus ocupaciones profesionales sin necesidad de tener que sufrir por ello”. El plan de Hamon se sintetizaba en cuatro ideas-fuerza: instaurar una renta básica para jóvenes entre 18 y 25 años; aumentar los beneficios por desempleo o subempleo hasta los 600 euros al mes; implantar un sistema automático para estos pagos y universalizar la retribución con un mínimo de 750 euros mensuales. Jean-Luc Mélenchon, político izquierdista francés, antecedió al Partido Socialista en este cometido. Igual que Podemos, en España, que la incorporó a su programa para los comicios de 2015 y 2016. En línea con la proclama de IU, antes y después de su coalición con la formación morada. A la espera de que el nuevo PSOE-2.0 de Pedro Sánchez concrete su posición al respecto -y su plan de financiación adicional de las pensiones-, a partir de su sugerencia de reformular la socialdemocracia y sufragar con mecanismos como la Tasa Tobin, que grava las transacciones financieras, determinadas medidas de política social.

El recurso a la RBU es, en realidad, una vieja receta. Incluso de siglos precedentes. Aunque ha sido la crisis y sus devastadores efectos sobre la población la que ha puesto de nuevo de moda esta propuesta. En ese contexto se enmarcan también las palabras del ex ministo de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, uno de sus más firmes defensores: “Es una urgencia inaplazable para civilizar el capitalismo y evitar los espasmos que generará por la nueva generación tecnológica”. Un mensaje que comulga con las concepciones cosmopolitas y favorables a la globalización de los partidos progresistas y con voces como la de premios Nobel Paul Krugman o Joseph Stiglitz, o de economistas también ilustres como Jefrey Sachs, James Galbraith o Thomas Pikkety. Pese a que países como Suiza hayan renunciado a ella (la aportación llegaba a 2.500 euros mensuales) en referéndum, en junio de 2016.

De momento, detractores y defensores observan el paso de la RBU finlandesa. Entre argumentos que critican su despilfarro, que alaban su capacidad de ahorro y solución a la precariedad laboral y los que, en un limbo intermedio, consideran que los meses de funcionamiento del proyecto en Finlandia abren la puerta a futuros experimentos mejor pertrechados, más sofisticados y que sean capaces de generar mayores cuotas de retorno en beneficios sociales

Las ocultadas causas políticas del crecimiento de las desigualdades

5 octubre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 4 de mayo de 2017.

Este artículo resume un informe que ha tenido un enorme impacto en Estados Unidos sobre las causas políticas del enorme crecimiento de las desigualdades, no solo en Estados Unidos, sino en los países capitalistas desarrollados, cuestionando los argumentos que atribuyen tal crecimiento a la revolución tecnológica y/o a la globalización. El artículo subraya que es el contexto político y las relaciones de poder que lo configuran lo que determina la revolución tecnológica y/o la globalización.

Una de las características del tiempo que vivimos es el crecimiento de las desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales, tanto entre como dentro de la mayoría de países capitalistas desarrollados. En este artículo me centraré en las causas del crecimiento de las desigualdades económicas, analizando las desigualdades salariales, las desigualdades en los ingresos familiares y las desigualdades en la propiedad del capital (productos que generan renta), analizando tales desigualdades en Estados Unidos, por dos razones: una, por ser representativo del capitalismo más avanzado y desarrollado del mundo capitalista occidental (punto de referencia para el pensamiento liberal); y otra, porque lo que estamos viendo desde los años ochenta, a partir de la revolución neoliberal iniciada por el presidente Reagan, es la “americanización de Europa”, expresión que refleja el dominio del pensamiento liberal a los dos lados del Atlántico Norte. En realidad, tal crecimiento de las desigualdades económicas se debe primordialmente a la aplicación (e imposición) de las políticas neoliberales en la gran mayoría de tales países, siguiendo el modelo neoliberal estadounidense.

Las desigualdades salariales

Si analizamos la evolución de los salarios, ya sea considerando el salario por hora, ya sea el salario anual, podemos ver que los salarios del decil superior han crecido de una manera muy marcada, casi exponencial a partir de la década de los años ochenta (cuando se inició la revolución o, mejor dicho, contrarrevolución neoliberal), mientras que los salarios de los cuatro deciles inferiores han ido creciendo muy lentamente desde entonces (e incluso han descendido durante la Gran Recesión 2007-2015, lo cual nunca ocurrió en el decil superior, cuyos salarios continuaron aumentando durante la Gran Recesión). Y lo que sí que disminuyó en la gran mayoría de la población asalariada fueron los beneficios sociales, relacionados con los sueldos. Así, por ejemplo, el porcentaje de la población laboral que tenía alguna cobertura de beneficios sanitarios, financiados conjuntamente por los empresarios y por los trabajadores y empleados (la mayoría de la financiación del aseguramiento sanitario privado en EEUU proviene del lugar de trabajo a través de aportaciones de empleadores y empleados) descendió durante el mismo periodo de tiempo considerablemente, descenso mucho más marcado entre los deciles salariales inferiores, pasando de un 42% en 1980 a un 25% en 2010, que en el decil superior (de un 92% a un 78%). Una situación semejante ocurrió con las pensiones privadas financiadas a través de puestos de trabajo (la mayoría de los datos presentados en este artículo proceden del documento Three Key Economic Distributions, del profesor John Schmitt, del Washington Center for Equitable Growth).

Ingresos familiares

En los ingresos familiares vemos también, durante el mismo periodo 1980-2015, un crecimiento muy acentuado de los ingresos de las familias del decil superior de ingresos familiares. En cambio, en los deciles inferiores hemos visto un crecimiento muy lento de los ingresos familiares desde 1980, crecimiento interrumpido, sin embargo, durante la Gran Recesión. La causa de que los ingresos familiares no hayan descendido (como descendieron los salarios) en los deciles inferiores se debe al incremento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo, más acentuado en los deciles inferiores que en los deciles superiores, en los que el crecimiento de los ingresos familiares se debe al crecimiento tan marcado de los ingresos salariales de las mujeres pertenecientes a las clases de ingresos superiores.

De estos datos de deriva que los deciles superiores, y muy en particular el decil más alto, han visto crecer sus ingresos de una manera muy acentuada durante la contrarrevolución neoliberal, crecimiento muy marcado a medida que el nivel de renta subía. Así, el 1% de mayor renta salarial pasó de tener el 10% de toda la renta del país en 1980 a un 23% en 2015.

El crecimiento de las desigualdades en la distribución de la propiedad

Si en lugar de la distribución de las rentas analizamos la distribución de la propiedad, vemos que esta última se ha ido concentrando mucho más. En realidad, el 1% de propietarios ha pasado de tener el 34% de toda la propiedad en 1980 a un 37% en 2013 (y pasó de tener el 10% de toda la renta al 20%). En realidad, el 20% de propietarios tiene el 88% de toda la propiedad (y el 61% de toda la renta), mientras que el 40% no solo no tiene propiedades, sino que debe dinero para pagarlas. Es decir, están endeudados, primordialmente pagando su vivienda. Es la población hipotecada. Este porcentaje de endeudamiento y la profundidad del mismo crecieron espectacularmente durante la Gran Recesión. Este 40% tiene solo el 9% de toda la renta del país.

El crecimiento de los ingresos del decil superior se debe al crecimiento de los sueldos de los grandes propietarios y gestores de las empresas, que ha sido casi exponencial en las rentas superiores, y al crecimiento de las rentas derivadas de la propiedad que poseen. El ligero crecimiento, estancamiento o descenso de las rentas inferiores (del 40% de la población laboral en EEUU) se debe al ligero crecimiento, estancamiento o descenso de los salarios, y al crecimiento del endeudamiento de dichas rentas inferiores.

La disminución de la movilidad vertical

A raíz de estos datos, se puede concluir que las desigualdades inherentes al sistema capitalista han crecido notablemente en el periodo 1980-2015. Pero un fenómeno igualmente importante y que apenas ha tenido visibilidad mediática ha sido el descenso de la movilidad vertical. Uno de los argumentos que han sido utilizados con mayor frecuencia por parte de los economistas neoliberales ha sido que la estabilidad política del capitalismo avanzado está basada en la movilidad social, es decir, que una persona de origen “humilde” (expresión que se utiliza para definir a las familias de rentas inferiores) pueda alcanzar los niveles superiores de poder económico y/o político. Y se señala como prueba de ello que EEUU ha tenido dos presidentes, Clinton y Obama, de origen “humilde”. En realidad, se considera a EEUU como uno de los países con mayor movilidad vertical, y ello como resultado de las grandes oportunidades que ofrece el modelo económico liberal.

Esta supuesta movilidad vertical también se expresa en que, aparentemente, los hijos e hijas tienen mayor nivel de rentas que sus padres. La movilidad intergeneracional se presenta como una muestra del “sueño americano”, causa mayor de la estabilidad política del país y del atractivo del modelo liberal estadounidense. El único problema con tal supuesto es que no es verdad. Los datos no avalan esta percepción, promovida por el establishment político-mediático del país. Los datos muestran que la movilidad vertical, incluida la intergeneracional, es mucho más limitada de lo que se ha supuesto.

En realidad, EEUU es uno de los países con menos movilidad social. Como bien ha señalado Paul Krugman, EEUU (y el Reino Unido) son los países con menor movilidad social vertical de entre los que se ha estudiado la extensión de tal movilidad (Francia, Japón, Alemania, Nueva Zelanda, Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca). En estos países se analizaba el nivel de renta de los hijos comparándolo con el de sus padres (a la misma edad y con la misma capacidad de compra de la moneda utilizada), viéndose que EEUU era en el que menos se daba el supuesto de que los hijos vivían mejor que los padres, siendo en los países escandinavos donde la movilidad intergeneracional era mayor.

Y lo que es importante señalar es que durante el periodo neoliberal ha descendido la movilidad vertical, a la vez que han crecido las desigualdades de ingresos, de renta y de propiedad.

Las ocultadas causas políticas del crecimiento de las desigualdades

Mucho se ha escrito sobre las causas de tal crecimiento de las desigualdades, desde la revolución digital a la globalización, entre muchos otros factores. En esta discusión se oculta o ignora el elemento político, que es el determinante de dicho crecimiento y que configura todas las otras causas a la que se atribuye tal crecimiento. Qué forma tienen la revolución tecnológica o la globalización depende del contexto político que configura cada una de ellas. Los datos muestran que el crecimiento de las desigualdades adquiere una dimensión mayor a partir de la década de los años ochenta, que es cuando se aplican las políticas neoliberales, que son las políticas que el mundo de las grandes empresas (lo que en EEUU se llama la corporate class) aplica a través de las instituciones políticas, frente y en contra del mundo del trabajo.

Las políticas públicas de corte neoliberal como responsables del crecimiento de las desigualdades

Como consecuencia de ello han tenido lugar los siguientes hechos, todos ellos indicadores del poder de clase del mundo empresarial:

• La disminución, desde 1980, del poder adquisitivo del salario mínimo, establecido por ley por el Estado.

• Descenso de la población laboral sindicalizada, que ha pasado de ser el 30% de la población laboral en 1980 a un 12% en 2014, como resultado del enorme descenso de la sindicalización en el sector privado, que hoy no llega ni al 9% (en el sector público se mantiene en el 38%), y ello a pesar de que la mayoría de los trabajadores señalan, a través de las encuestas, que les agradaría tener sindicatos que defendieran sus intereses. Este descenso, pues, no se debe a la falta de interés, sino a las crecientes dificultades que el mundo empresarial, con ayuda del Estado, impone para que los trabajadores puedan sindicalizarse, siendo EEUU uno de los países donde la sindicalización es más difícil de llevar a cabo.

Esta realidad -la creciente dificultad en poder sindicalizarse- produce el crecimiento de la capacidad de decisión, así como de la influencia política y mediática, del mundo empresarial, lo que ha determinado un enorme debilitamiento de las clases populares, y muy en particular de la clase trabajadora. En realidad, hay una relación inversa entre el nivel de sindicalización en el sector privado y el crecimiento de las desigualdades de renta -tanto individuales como familiares-, tal como ha documentado el respetado y conocido Economic Policy Institute de Washington. Y también está documentado el crecimiento de la brecha salarial dentro de una misma empresa cuanto menor sea la sindicalización y la fuerza de la clase trabajadora dentro de la misma. En realidad, desde 1980 la diferencia salarial entre los ejecutivos de las grandes empresas y los salarios (mediana) de los empleados y trabajadores ha crecido, pasando de ser en 1980 de 29 veces, a 303 en 2015.

La desregulación de los mercados de trabajo

Otra medida neoliberal que tenía como objetivo debilitar al mundo del trabajo han sido las reformas laborales orientadas a desregular el mercado de trabajo, lo cual ha conseguido disminuir los salarios y la protección social de los trabajadores.

La privatización de los servicios públicos

La privatización de los servicios tiene como objetivo el cambio de las relaciones laborales, dificultando la sindicalización y protección de los empleados y trabajadores, menor en el sector privado que en el público. La subcontratación y externalización de actividades y servicios de las empresas (tanto públicas como privadas) tienen como objetivo el debilitamiento de la población empleada, pues en las empresas subcontratadas hay menor protección social y salarios más bajos que en las empresas que subcontratan.

La globalización en el contexto político actual

La movilidad de capitales busca la apertura de los mercados y el abaratamiento de los costes de producción, entre los cuales los costes salariales juegan un papel determinante. De ahí que los tratados mal llamados de libre comercio que regulan la movilidad de capitales tengan como principal objetivo el garantizar las inversiones en países con menores costes laborales, movilidad que se hace a costa de destruir puestos de trabajo con salarios altos en EEUU. La evidencia de ello es abrumadora, habiendo sido tal movilidad una de las mayores causas del descenso de la cantidad de puestos de trabajo en la manufactura en EEUU. La popularidad de tales tratados en el mundo empresarial contrasta con su gran impopularidad entre la clase trabajadora.

La inmigración apoyada por el mundo empresarial

La inmigración ha contribuido a la bajada de los salarios, pues el precio del trabajo depende, en cierta manera, de la demanda de puestos de trabajo y de la oferta de tales puestos. A mayor número de demandantes -de personas que buscan trabajo- menor es el salario ofrecido por los empresarios. De ahí que el mundo empresarial favorezca la entrada de inmigrantes, no solo para aumentar el número de personas que quieren trabajar, sino también por su disponibilidad para aceptar salarios más bajos y en peores condiciones que los nativos.

¿Qué tiene que hacerse?

A la luz de estos datos es lógico que la solución sea precisamente el desarrollo de políticas opuestas a las neoliberales, empoderando a las clases populares a través de los instrumentos disponibles, para revertir el deterioro de su bienestar. Tales medidas pasan por: aumentar el salario mínimo; aumentar la ocupación y la creación de buen empleo; dificultar la creación de mal empleo orientando la revolución tecnológica a la supresión de tal tipo de trabajos; facilitar la sindicalización, alcanzando los niveles del norte de Europa; regular el mercado de trabajo para reforzar al mundo del trabajo en su negociación con el mundo empresarial; desprivatizar los servicios, y extender la responsabilidad pública a los sectores de la energía, las finanzas y sociales (desde sanidad a educación, pasando por servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, vivienda, seguridad y protección social); desanimar y desfavorecer la subcontratación prohibiendo este fenómeno en los servicios públicos, a no ser que los contratantes se comprometan a respetar los derechos laborales (salarios y protección social) existentes en el sector público; desarrollar medidas proteccionistas en la movilidad de capitales y de personas; sindicalizar a la población inmigrante; facilitar la integración de la mujer en el mercado del trabajo, en lugar de enfatizar la inmigración; y eliminar las desigualdades sociales entre géneros y entre razas en el país. Y, naturalmente, políticas fiscales auténticamente progresivas que tengan como objetivo aumentar las rentas del trabajo a costa de reducir las rentas del capital, incluyendo medidas de control público de la propiedad y de la gestión en sectores clave de la economía. Estas son las líneas generales de lo que debe hacerse para reducir las desigualdades, empoderando a las clases populares para que vayan aumentando su nivel de exigencias, de manera que puedan transcender las coordenadas de poder existentes hoy en los países capitalistas de elevado nivel económico. Estas medidas son tan aplicables en EEUU como en España, así como en cualquier otro país a los dos lados del Atlántico Norte que han estado sufriendo las políticas neoliberales implementadas por las clases dominantes. Así de claro.

Política económica y social para España: hay alternativa

27 septiembre, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

En 2017, por tercer año consecutivo, la economía española crecerá por encima del 3% y creará unos 500.000 nuevos puestos de trabajo. De este modo, recuperará el nivel de PIB previo a la crisis. Se trata de un desempeño notable.

La pregunta es: entonces ¿por qué en la reciente encuesta del CIS el PP baja en casi 3 puntos en intención de voto? ¿Se debe a que sus proclamados éxitos económicos no han podido compensar por la pérdida de legitimidad relacionada con la corrupción porque no son lo suficientemente convincentes a los ojos de millones de ciudadanos? Creo que ése es el caso, por tres razones:

1. En gran parte, la recuperación económica no es mérito del gobierno del PP sino de factores externos y transitorios, y por ello no automáticamente atribuibles al buen hacer del gobierno. Según estimaciones del Banco de España, esos componentes externos explicarían dos terceras partes del crecimiento del PIB del pasado año. Son los siguientes: el abaratamiento del precio petróleo aportó 1,1 puntos al crecimiento del PIB del periodo 2014-2016 (0,6% a la zona euro); la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo y la depreciación consiguiente del euro han impulsado el PIB español en 1,7 puntos (1,5% en la UEM); la rebaja fiscal electoralista del 2015 aportó un 0,8%. Añadamos que los riesgos geopolíticos percibidos respecto a Turquía y Francia, y en parte a Egipto y Túnez, han beneficiado a España con unos excepcionales resultados turísticos en los dos últimos años. Pero, una vez más, se trata de un factor externo y, probablemente, bastante temporal.

2. El crecimiento económico bajo el gobierno del PP, después de tres años de recuperación, no se está filtrando hacia la mayoría, sino que convive con la desigualdad y la pobreza. El empleo que se está creando es de muy baja calidad, revalida un modelo de bajos salarios y actúa como cortafuegos que previene que la mejoría se note en toda la sociedad. Los datos estadísticos en este terreno son abundantes y evidentes: en los últimos diez años, la remuneración de los asalariados se ha incrementado un 5,2%, mientras que los beneficios empresariales distribuidos han crecido un 48,6%; los salarios del 40% de los trabajadores no han experimentado mejoras, y para los más pobres (el 10% de la población con menores sueldos) cayeron un 25% (periodo 2006-2013); el 92% de los contratos que se crean son temporales y la tasa de temporalidad se aproxima ya al 27%; cada vez hay más contratos a tiempo parcial (15%) pero el 60% de los que lo tienen desearían trabajar a tiempo completo. Por otra parte, la pobreza no tiene visos de desaparecer: la pobreza relativa ha aumentado del 20,8% al 22,3% en el periodo 2012-2016. La pobreza amenaza hoy más a los jóvenes de 16 a 29 años: su tasa de exclusión social ha pasado del 22,8% en 2008 al 37,6% en 2016, y la de riesgo de pobreza del 18,1% al 29,6%. Y mientras todo esto ocurre, el 1% de los más ricos en España ha pasado de poseer el 17% de la riqueza total al 20% (2011-2014).

Creo que el gobierno del PP comienza a darse cuenta de que algo hay que hacer. Pero no basta con invocaciones a la conveniencia de salarios más altos si esto no va acompañado de fuertes correcciones políticas, que no será capaz de acometer porque equivaldrían a negar toda su política anterior, como por ejemplo derogar su propia reforma laboral para hacer posible un mayor poder de negociación de los trabajadores- que es la condición crucial para la implantación de un nuevo modelo salarial en España.

3. Incluso desde un punto de vista de estricta racionalidad económica, el gobierno del PP no muestra preocupación ni previsiones razonables frente a las vulnerabilidades que presenta nuestra economía: es un gobierno carente de visión y de capacidad de hacer planes para cimentar sólidamente el presente y el futuro económico y social de España. Los puntos débiles a los que no hace frente son cinco:

– Deuda: en un país cuyo sector público, empresarial y de familias está aun fuertemente endeudado, no se adivina ningún plan de contingencia para hacer frente al horizonte cada día más cierto y cercano del fin de las políticas monetarias expansivas en Europa y las consiguientes subidas de los tipos de interés, que serán particularmente problemáticas para la deuda de las empresas y de las familias, amén de colocar una pesada losa a medio plazo para una deuda pública que no desciende.

– Consumo: el crecimiento del consumo en España se está realizando en parte a costa del ahorro de las familias (tasa de ahorro familiar del 7,2% y descendiendo, frente al 12,29% en la eurozona). Es evidente que si la situación persiste puede ocasionar una debilidad crónica del consumo y, en consecuencia del crecimiento.

– Ingresos y gastos públicos: los problemas de déficit (y más en general presupuestarios) de la economía española cuando se la compara con nuestros socios europeos, no provienen de que haya un gasto excesivo, sino de una insuficiencia manifiesta de ingresos fiscales. Nuestras administraciones públicas recaudan unos 8,3 puntos de PIB menos que el promedio del área euro. Para asegurar los servicios públicos de bienestar y apuntalar sobre bases sólidas el progreso económico en España, necesitamos una reforma fiscal que, sin lesionar los intereses de las clases medias y trabajadoras, ensanche la base tributaria y nos acerque a la realidad fiscal europea.

– Transición ecológica: el cambio climático está ocurriendo ya. La adaptación al mismo y su reversión deberían ocupar un lugar preferente en las políticas económicas, con soluciones al problema de un futuro cierto de escasez de agua en España, a la necesidad de una transición energética acelerada y basada en las energías renovables, al rediseño de la movilidad y del hábitat urbanos. Sin embargo ninguna de estas cuestiones están en el centro de la agenda del gobierno del PP. Muy al contrario, sus políticas se caracterizan, como en el caso del sector energético, por defender los obstáculos a esa transición.

– Competitividad: la capacidad de una economía avanzada para competir no se puede basar en la reducción de costes laborales. La competitividad depende de la inversión en innovación, de la existencia de una política industrial eficaz que consiga diversificar nuestra estructura productiva, y del aumento de la productividad –y en consecuencia del tamaño– de nuestras empresas. Todos estos aspectos marcan políticas centrales que están ausentes en el gobierno del PP.

En resumen, el margen de mejora para el progreso económico de España es enorme. Pero solamente podrá desarrollarse en el marco de una política económica alternativa, que ponga fin a la falta de visión, y a la ausencia de políticas de integración social y de modernización productiva que caracterizan al gobierno del PP.

Ontario se lanza a experimentar con la renta básica universal

20 septiembre, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Este verano, la provincia canadiense de Ontario lanzará una prueba piloto de renta básica universal en la que participarán unas 4.000 personas. El gobierno de Ontario se convierte así en el primero de América del Norte en décadas que prueba una legislación anunciada como el remedio para la pobreza, la excesiva burocracia y la creciente precariedad laboral.

Los participantes del programa piloto, que tiene una duración de tres años y un coste estimado de 150 millones de dólares canadienses, serán elegidos al azar en las ciudades de Hamilton, Thunder Bay y Lindsay. Durante los próximos meses, se enviará un correo masivo a las personas seleccionadas aleatoriamente para que se inscriban. También examinarán a los participantes para asegurarse de que tienen entre 18 y 64 años y de que viven con poco dinero.

El programa incluirá dos grupos de población: gente con trabajos poco remunerados o inestables y personas que sobreviven gracias al programa de asistencia social. Durante los tres años que dura el programa, los participantes podrán abandonarlo en cuanto lo deseen.

 Este es un mundo nuevo con nuevos desafíos”, dijo el lunes la primera ministra de Ontario, Kathleen Wynne, mientras anunciaba los detalles del programa piloto. “Entre la tecnología y Trump, es una época de gran incertidumbre y cambio”.

¿Funciona la herramienta de la renta básica?

El programa tiene como objetivo determinar si la renta básica, una idea promocionada desde hace tiempo por sectores de la izquierda y de la derecha, es una manera eficaz de solucionar esta imprevisibilidad. Los pagos mensuales, otorgados sin ninguna condición, comenzarán a circular este verano: para los solteros, hasta 16.989 dólares canadienses anuales (unos 11.400 euros), para las parejas, 24.027 dólares (16.100 euros). Los que ya recibían asignaciones familiares por hijos o subsidios por discapacidad seguirán cobrándolos.

La renta mensual representa un aumento pequeño para las personas que actualmente cuentan con la ayuda del programa de asistencia social o los subsidios por discapacidad pero no requiere tanto control ni gestión administrativa. El ingreso básico de las personas que trabajan se reducirá en 50 centavos por cada dólar ganado.

Como dijo Wynne, “no es una suma extravagante de ningún modo”. “Pero nuestro objetivo es claro. Queremos averiguar si el ingreso básico marca una diferencia positiva en la vida de la gente; si este nuevo enfoque les permite empezar a alcanzar su potencial”.

Los resultados del programa del salario mensual serán controlados regularmente para que los investigadores estudien su efecto sobre la salud, la educación, la vivienda y la participación en el mercado laboral. La provincia de Ontario también se encuentra en las primeras etapas de trabajo conjunto con aborígenes de la zona para lanzar un programa piloto paralelo similar entre las comunidades de pueblos originarios de Canadá.

El plan comenzó en junio, cuando el gobierno de la provincia pidió a un estratega político conservador y antiguo promotor de la idea que explorase las posibles formas que podría tomar el experimento.

Luchar contra la pobreza o contra la austeridad

La prueba piloto llega a Ontario en un momento en que resurge con fuerza la idea de la renta básica. Mientras los líderes del planeta luchan por encontrar un equilibrio entre la lucha contra la pobreza, las medidas de austeridad y la pérdida continua de los trabajos estables con pensiones y seguros médicos, los proyectos de renta básica centran los titulares en Finlandia, Kenia y Holanda.

Hace tiempo que las autoridades canadienses mostraron su interés por las posibilidades de la idea: Canadá ya fue sede de uno de los experimentos más grandes y ambiciosos de renta básica en Norteamérica. En 1974, unos 1.000 residentes de la pequeña ciudad agrícola de Dauphin (en la provincia de Manitoba, con unos 10.000 habitantes), empezaron a recibir pagos mensuales sin ninguna condición. El programa piloto era financiado por el gobierno federal y el provincial, y establecía la renta en un 60% del umbral de pobreza de ese momento, de acuerdo con la Dirección General de Estadísticas de Canadá. Hoy equivaldría a unos 16.000 dólares canadienses por año y persona.

Por cada dólar que ganasen por otro lado, se restaban 50 centavos del pago mensual. Los pagos circularon durante cuatro años y convirtieron a Dauphin en un poderoso campo de pruebas para la legislación. Durante las investigaciones, se encontraron pocos cambios en los hábitos laborales de los residentes, excepto la duración de las licencias de las madres primerizas (se alargaron) y la probabilidad de abandonar la secundaria por parte de los adolescentes (se redujo). La renta mensual se convirtió en una fuente de estabilidad y funcionó como una reserva para los residentes, protegiéndolos de la ruina financiera ante enfermedades repentinas, discapacidades o acontecimientos económicos impredecibles. Las internaciones, las lesiones y los problemas de salud mental se redujeron.

Pero el presupuesto de 17 millones de dólares (equivalente a unos 85 millones de dólares de hoy) se terminó a mitad del proyecto y dificultó la recolección de datos. La creciente presión ejercida desde el gobierno de la nación para que Manitoba tomara medidas de austeridad junto con el cambio de gobierno en la provincia en 1977 significaron la sentencia de muerte del proyecto.

El proyecto piloto de Ontario podría caer víctima de las mismas presiones: hay una elección provincial a mediados de 2018, un año después de que comiencen el programa. Las encuestas sugieren que los progresistas, en el gobierno de Manitoba desde hace 14 años, podría no obtener la mayoría esta vez. Entre otros factores, los elevados precios de la electricidad y las acusaciones de soborno en  una elección extraordinaria de 2015 han hecho caer la imagen positiva de Wynne hasta un 12%, el porcentaje más bajo entre los primeros ministros provinciales de Canadá.

Traducido por Francisco de Zárate