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Las ocultadas causas políticas del crecimiento de las desigualdades

5 octubre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 4 de mayo de 2017.

Este artículo resume un informe que ha tenido un enorme impacto en Estados Unidos sobre las causas políticas del enorme crecimiento de las desigualdades, no solo en Estados Unidos, sino en los países capitalistas desarrollados, cuestionando los argumentos que atribuyen tal crecimiento a la revolución tecnológica y/o a la globalización. El artículo subraya que es el contexto político y las relaciones de poder que lo configuran lo que determina la revolución tecnológica y/o la globalización.

Una de las características del tiempo que vivimos es el crecimiento de las desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales, tanto entre como dentro de la mayoría de países capitalistas desarrollados. En este artículo me centraré en las causas del crecimiento de las desigualdades económicas, analizando las desigualdades salariales, las desigualdades en los ingresos familiares y las desigualdades en la propiedad del capital (productos que generan renta), analizando tales desigualdades en Estados Unidos, por dos razones: una, por ser representativo del capitalismo más avanzado y desarrollado del mundo capitalista occidental (punto de referencia para el pensamiento liberal); y otra, porque lo que estamos viendo desde los años ochenta, a partir de la revolución neoliberal iniciada por el presidente Reagan, es la “americanización de Europa”, expresión que refleja el dominio del pensamiento liberal a los dos lados del Atlántico Norte. En realidad, tal crecimiento de las desigualdades económicas se debe primordialmente a la aplicación (e imposición) de las políticas neoliberales en la gran mayoría de tales países, siguiendo el modelo neoliberal estadounidense.

Las desigualdades salariales

Si analizamos la evolución de los salarios, ya sea considerando el salario por hora, ya sea el salario anual, podemos ver que los salarios del decil superior han crecido de una manera muy marcada, casi exponencial a partir de la década de los años ochenta (cuando se inició la revolución o, mejor dicho, contrarrevolución neoliberal), mientras que los salarios de los cuatro deciles inferiores han ido creciendo muy lentamente desde entonces (e incluso han descendido durante la Gran Recesión 2007-2015, lo cual nunca ocurrió en el decil superior, cuyos salarios continuaron aumentando durante la Gran Recesión). Y lo que sí que disminuyó en la gran mayoría de la población asalariada fueron los beneficios sociales, relacionados con los sueldos. Así, por ejemplo, el porcentaje de la población laboral que tenía alguna cobertura de beneficios sanitarios, financiados conjuntamente por los empresarios y por los trabajadores y empleados (la mayoría de la financiación del aseguramiento sanitario privado en EEUU proviene del lugar de trabajo a través de aportaciones de empleadores y empleados) descendió durante el mismo periodo de tiempo considerablemente, descenso mucho más marcado entre los deciles salariales inferiores, pasando de un 42% en 1980 a un 25% en 2010, que en el decil superior (de un 92% a un 78%). Una situación semejante ocurrió con las pensiones privadas financiadas a través de puestos de trabajo (la mayoría de los datos presentados en este artículo proceden del documento Three Key Economic Distributions, del profesor John Schmitt, del Washington Center for Equitable Growth).

Ingresos familiares

En los ingresos familiares vemos también, durante el mismo periodo 1980-2015, un crecimiento muy acentuado de los ingresos de las familias del decil superior de ingresos familiares. En cambio, en los deciles inferiores hemos visto un crecimiento muy lento de los ingresos familiares desde 1980, crecimiento interrumpido, sin embargo, durante la Gran Recesión. La causa de que los ingresos familiares no hayan descendido (como descendieron los salarios) en los deciles inferiores se debe al incremento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo, más acentuado en los deciles inferiores que en los deciles superiores, en los que el crecimiento de los ingresos familiares se debe al crecimiento tan marcado de los ingresos salariales de las mujeres pertenecientes a las clases de ingresos superiores.

De estos datos de deriva que los deciles superiores, y muy en particular el decil más alto, han visto crecer sus ingresos de una manera muy acentuada durante la contrarrevolución neoliberal, crecimiento muy marcado a medida que el nivel de renta subía. Así, el 1% de mayor renta salarial pasó de tener el 10% de toda la renta del país en 1980 a un 23% en 2015.

El crecimiento de las desigualdades en la distribución de la propiedad

Si en lugar de la distribución de las rentas analizamos la distribución de la propiedad, vemos que esta última se ha ido concentrando mucho más. En realidad, el 1% de propietarios ha pasado de tener el 34% de toda la propiedad en 1980 a un 37% en 2013 (y pasó de tener el 10% de toda la renta al 20%). En realidad, el 20% de propietarios tiene el 88% de toda la propiedad (y el 61% de toda la renta), mientras que el 40% no solo no tiene propiedades, sino que debe dinero para pagarlas. Es decir, están endeudados, primordialmente pagando su vivienda. Es la población hipotecada. Este porcentaje de endeudamiento y la profundidad del mismo crecieron espectacularmente durante la Gran Recesión. Este 40% tiene solo el 9% de toda la renta del país.

El crecimiento de los ingresos del decil superior se debe al crecimiento de los sueldos de los grandes propietarios y gestores de las empresas, que ha sido casi exponencial en las rentas superiores, y al crecimiento de las rentas derivadas de la propiedad que poseen. El ligero crecimiento, estancamiento o descenso de las rentas inferiores (del 40% de la población laboral en EEUU) se debe al ligero crecimiento, estancamiento o descenso de los salarios, y al crecimiento del endeudamiento de dichas rentas inferiores.

La disminución de la movilidad vertical

A raíz de estos datos, se puede concluir que las desigualdades inherentes al sistema capitalista han crecido notablemente en el periodo 1980-2015. Pero un fenómeno igualmente importante y que apenas ha tenido visibilidad mediática ha sido el descenso de la movilidad vertical. Uno de los argumentos que han sido utilizados con mayor frecuencia por parte de los economistas neoliberales ha sido que la estabilidad política del capitalismo avanzado está basada en la movilidad social, es decir, que una persona de origen “humilde” (expresión que se utiliza para definir a las familias de rentas inferiores) pueda alcanzar los niveles superiores de poder económico y/o político. Y se señala como prueba de ello que EEUU ha tenido dos presidentes, Clinton y Obama, de origen “humilde”. En realidad, se considera a EEUU como uno de los países con mayor movilidad vertical, y ello como resultado de las grandes oportunidades que ofrece el modelo económico liberal.

Esta supuesta movilidad vertical también se expresa en que, aparentemente, los hijos e hijas tienen mayor nivel de rentas que sus padres. La movilidad intergeneracional se presenta como una muestra del “sueño americano”, causa mayor de la estabilidad política del país y del atractivo del modelo liberal estadounidense. El único problema con tal supuesto es que no es verdad. Los datos no avalan esta percepción, promovida por el establishment político-mediático del país. Los datos muestran que la movilidad vertical, incluida la intergeneracional, es mucho más limitada de lo que se ha supuesto.

En realidad, EEUU es uno de los países con menos movilidad social. Como bien ha señalado Paul Krugman, EEUU (y el Reino Unido) son los países con menor movilidad social vertical de entre los que se ha estudiado la extensión de tal movilidad (Francia, Japón, Alemania, Nueva Zelanda, Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca). En estos países se analizaba el nivel de renta de los hijos comparándolo con el de sus padres (a la misma edad y con la misma capacidad de compra de la moneda utilizada), viéndose que EEUU era en el que menos se daba el supuesto de que los hijos vivían mejor que los padres, siendo en los países escandinavos donde la movilidad intergeneracional era mayor.

Y lo que es importante señalar es que durante el periodo neoliberal ha descendido la movilidad vertical, a la vez que han crecido las desigualdades de ingresos, de renta y de propiedad.

Las ocultadas causas políticas del crecimiento de las desigualdades

Mucho se ha escrito sobre las causas de tal crecimiento de las desigualdades, desde la revolución digital a la globalización, entre muchos otros factores. En esta discusión se oculta o ignora el elemento político, que es el determinante de dicho crecimiento y que configura todas las otras causas a la que se atribuye tal crecimiento. Qué forma tienen la revolución tecnológica o la globalización depende del contexto político que configura cada una de ellas. Los datos muestran que el crecimiento de las desigualdades adquiere una dimensión mayor a partir de la década de los años ochenta, que es cuando se aplican las políticas neoliberales, que son las políticas que el mundo de las grandes empresas (lo que en EEUU se llama la corporate class) aplica a través de las instituciones políticas, frente y en contra del mundo del trabajo.

Las políticas públicas de corte neoliberal como responsables del crecimiento de las desigualdades

Como consecuencia de ello han tenido lugar los siguientes hechos, todos ellos indicadores del poder de clase del mundo empresarial:

• La disminución, desde 1980, del poder adquisitivo del salario mínimo, establecido por ley por el Estado.

• Descenso de la población laboral sindicalizada, que ha pasado de ser el 30% de la población laboral en 1980 a un 12% en 2014, como resultado del enorme descenso de la sindicalización en el sector privado, que hoy no llega ni al 9% (en el sector público se mantiene en el 38%), y ello a pesar de que la mayoría de los trabajadores señalan, a través de las encuestas, que les agradaría tener sindicatos que defendieran sus intereses. Este descenso, pues, no se debe a la falta de interés, sino a las crecientes dificultades que el mundo empresarial, con ayuda del Estado, impone para que los trabajadores puedan sindicalizarse, siendo EEUU uno de los países donde la sindicalización es más difícil de llevar a cabo.

Esta realidad -la creciente dificultad en poder sindicalizarse- produce el crecimiento de la capacidad de decisión, así como de la influencia política y mediática, del mundo empresarial, lo que ha determinado un enorme debilitamiento de las clases populares, y muy en particular de la clase trabajadora. En realidad, hay una relación inversa entre el nivel de sindicalización en el sector privado y el crecimiento de las desigualdades de renta -tanto individuales como familiares-, tal como ha documentado el respetado y conocido Economic Policy Institute de Washington. Y también está documentado el crecimiento de la brecha salarial dentro de una misma empresa cuanto menor sea la sindicalización y la fuerza de la clase trabajadora dentro de la misma. En realidad, desde 1980 la diferencia salarial entre los ejecutivos de las grandes empresas y los salarios (mediana) de los empleados y trabajadores ha crecido, pasando de ser en 1980 de 29 veces, a 303 en 2015.

La desregulación de los mercados de trabajo

Otra medida neoliberal que tenía como objetivo debilitar al mundo del trabajo han sido las reformas laborales orientadas a desregular el mercado de trabajo, lo cual ha conseguido disminuir los salarios y la protección social de los trabajadores.

La privatización de los servicios públicos

La privatización de los servicios tiene como objetivo el cambio de las relaciones laborales, dificultando la sindicalización y protección de los empleados y trabajadores, menor en el sector privado que en el público. La subcontratación y externalización de actividades y servicios de las empresas (tanto públicas como privadas) tienen como objetivo el debilitamiento de la población empleada, pues en las empresas subcontratadas hay menor protección social y salarios más bajos que en las empresas que subcontratan.

La globalización en el contexto político actual

La movilidad de capitales busca la apertura de los mercados y el abaratamiento de los costes de producción, entre los cuales los costes salariales juegan un papel determinante. De ahí que los tratados mal llamados de libre comercio que regulan la movilidad de capitales tengan como principal objetivo el garantizar las inversiones en países con menores costes laborales, movilidad que se hace a costa de destruir puestos de trabajo con salarios altos en EEUU. La evidencia de ello es abrumadora, habiendo sido tal movilidad una de las mayores causas del descenso de la cantidad de puestos de trabajo en la manufactura en EEUU. La popularidad de tales tratados en el mundo empresarial contrasta con su gran impopularidad entre la clase trabajadora.

La inmigración apoyada por el mundo empresarial

La inmigración ha contribuido a la bajada de los salarios, pues el precio del trabajo depende, en cierta manera, de la demanda de puestos de trabajo y de la oferta de tales puestos. A mayor número de demandantes -de personas que buscan trabajo- menor es el salario ofrecido por los empresarios. De ahí que el mundo empresarial favorezca la entrada de inmigrantes, no solo para aumentar el número de personas que quieren trabajar, sino también por su disponibilidad para aceptar salarios más bajos y en peores condiciones que los nativos.

¿Qué tiene que hacerse?

A la luz de estos datos es lógico que la solución sea precisamente el desarrollo de políticas opuestas a las neoliberales, empoderando a las clases populares a través de los instrumentos disponibles, para revertir el deterioro de su bienestar. Tales medidas pasan por: aumentar el salario mínimo; aumentar la ocupación y la creación de buen empleo; dificultar la creación de mal empleo orientando la revolución tecnológica a la supresión de tal tipo de trabajos; facilitar la sindicalización, alcanzando los niveles del norte de Europa; regular el mercado de trabajo para reforzar al mundo del trabajo en su negociación con el mundo empresarial; desprivatizar los servicios, y extender la responsabilidad pública a los sectores de la energía, las finanzas y sociales (desde sanidad a educación, pasando por servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, vivienda, seguridad y protección social); desanimar y desfavorecer la subcontratación prohibiendo este fenómeno en los servicios públicos, a no ser que los contratantes se comprometan a respetar los derechos laborales (salarios y protección social) existentes en el sector público; desarrollar medidas proteccionistas en la movilidad de capitales y de personas; sindicalizar a la población inmigrante; facilitar la integración de la mujer en el mercado del trabajo, en lugar de enfatizar la inmigración; y eliminar las desigualdades sociales entre géneros y entre razas en el país. Y, naturalmente, políticas fiscales auténticamente progresivas que tengan como objetivo aumentar las rentas del trabajo a costa de reducir las rentas del capital, incluyendo medidas de control público de la propiedad y de la gestión en sectores clave de la economía. Estas son las líneas generales de lo que debe hacerse para reducir las desigualdades, empoderando a las clases populares para que vayan aumentando su nivel de exigencias, de manera que puedan transcender las coordenadas de poder existentes hoy en los países capitalistas de elevado nivel económico. Estas medidas son tan aplicables en EEUU como en España, así como en cualquier otro país a los dos lados del Atlántico Norte que han estado sufriendo las políticas neoliberales implementadas por las clases dominantes. Así de claro.

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Política económica y social para España: hay alternativa

27 septiembre, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

En 2017, por tercer año consecutivo, la economía española crecerá por encima del 3% y creará unos 500.000 nuevos puestos de trabajo. De este modo, recuperará el nivel de PIB previo a la crisis. Se trata de un desempeño notable.

La pregunta es: entonces ¿por qué en la reciente encuesta del CIS el PP baja en casi 3 puntos en intención de voto? ¿Se debe a que sus proclamados éxitos económicos no han podido compensar por la pérdida de legitimidad relacionada con la corrupción porque no son lo suficientemente convincentes a los ojos de millones de ciudadanos? Creo que ése es el caso, por tres razones:

1. En gran parte, la recuperación económica no es mérito del gobierno del PP sino de factores externos y transitorios, y por ello no automáticamente atribuibles al buen hacer del gobierno. Según estimaciones del Banco de España, esos componentes externos explicarían dos terceras partes del crecimiento del PIB del pasado año. Son los siguientes: el abaratamiento del precio petróleo aportó 1,1 puntos al crecimiento del PIB del periodo 2014-2016 (0,6% a la zona euro); la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo y la depreciación consiguiente del euro han impulsado el PIB español en 1,7 puntos (1,5% en la UEM); la rebaja fiscal electoralista del 2015 aportó un 0,8%. Añadamos que los riesgos geopolíticos percibidos respecto a Turquía y Francia, y en parte a Egipto y Túnez, han beneficiado a España con unos excepcionales resultados turísticos en los dos últimos años. Pero, una vez más, se trata de un factor externo y, probablemente, bastante temporal.

2. El crecimiento económico bajo el gobierno del PP, después de tres años de recuperación, no se está filtrando hacia la mayoría, sino que convive con la desigualdad y la pobreza. El empleo que se está creando es de muy baja calidad, revalida un modelo de bajos salarios y actúa como cortafuegos que previene que la mejoría se note en toda la sociedad. Los datos estadísticos en este terreno son abundantes y evidentes: en los últimos diez años, la remuneración de los asalariados se ha incrementado un 5,2%, mientras que los beneficios empresariales distribuidos han crecido un 48,6%; los salarios del 40% de los trabajadores no han experimentado mejoras, y para los más pobres (el 10% de la población con menores sueldos) cayeron un 25% (periodo 2006-2013); el 92% de los contratos que se crean son temporales y la tasa de temporalidad se aproxima ya al 27%; cada vez hay más contratos a tiempo parcial (15%) pero el 60% de los que lo tienen desearían trabajar a tiempo completo. Por otra parte, la pobreza no tiene visos de desaparecer: la pobreza relativa ha aumentado del 20,8% al 22,3% en el periodo 2012-2016. La pobreza amenaza hoy más a los jóvenes de 16 a 29 años: su tasa de exclusión social ha pasado del 22,8% en 2008 al 37,6% en 2016, y la de riesgo de pobreza del 18,1% al 29,6%. Y mientras todo esto ocurre, el 1% de los más ricos en España ha pasado de poseer el 17% de la riqueza total al 20% (2011-2014).

Creo que el gobierno del PP comienza a darse cuenta de que algo hay que hacer. Pero no basta con invocaciones a la conveniencia de salarios más altos si esto no va acompañado de fuertes correcciones políticas, que no será capaz de acometer porque equivaldrían a negar toda su política anterior, como por ejemplo derogar su propia reforma laboral para hacer posible un mayor poder de negociación de los trabajadores- que es la condición crucial para la implantación de un nuevo modelo salarial en España.

3. Incluso desde un punto de vista de estricta racionalidad económica, el gobierno del PP no muestra preocupación ni previsiones razonables frente a las vulnerabilidades que presenta nuestra economía: es un gobierno carente de visión y de capacidad de hacer planes para cimentar sólidamente el presente y el futuro económico y social de España. Los puntos débiles a los que no hace frente son cinco:

– Deuda: en un país cuyo sector público, empresarial y de familias está aun fuertemente endeudado, no se adivina ningún plan de contingencia para hacer frente al horizonte cada día más cierto y cercano del fin de las políticas monetarias expansivas en Europa y las consiguientes subidas de los tipos de interés, que serán particularmente problemáticas para la deuda de las empresas y de las familias, amén de colocar una pesada losa a medio plazo para una deuda pública que no desciende.

– Consumo: el crecimiento del consumo en España se está realizando en parte a costa del ahorro de las familias (tasa de ahorro familiar del 7,2% y descendiendo, frente al 12,29% en la eurozona). Es evidente que si la situación persiste puede ocasionar una debilidad crónica del consumo y, en consecuencia del crecimiento.

– Ingresos y gastos públicos: los problemas de déficit (y más en general presupuestarios) de la economía española cuando se la compara con nuestros socios europeos, no provienen de que haya un gasto excesivo, sino de una insuficiencia manifiesta de ingresos fiscales. Nuestras administraciones públicas recaudan unos 8,3 puntos de PIB menos que el promedio del área euro. Para asegurar los servicios públicos de bienestar y apuntalar sobre bases sólidas el progreso económico en España, necesitamos una reforma fiscal que, sin lesionar los intereses de las clases medias y trabajadoras, ensanche la base tributaria y nos acerque a la realidad fiscal europea.

– Transición ecológica: el cambio climático está ocurriendo ya. La adaptación al mismo y su reversión deberían ocupar un lugar preferente en las políticas económicas, con soluciones al problema de un futuro cierto de escasez de agua en España, a la necesidad de una transición energética acelerada y basada en las energías renovables, al rediseño de la movilidad y del hábitat urbanos. Sin embargo ninguna de estas cuestiones están en el centro de la agenda del gobierno del PP. Muy al contrario, sus políticas se caracterizan, como en el caso del sector energético, por defender los obstáculos a esa transición.

– Competitividad: la capacidad de una economía avanzada para competir no se puede basar en la reducción de costes laborales. La competitividad depende de la inversión en innovación, de la existencia de una política industrial eficaz que consiga diversificar nuestra estructura productiva, y del aumento de la productividad –y en consecuencia del tamaño– de nuestras empresas. Todos estos aspectos marcan políticas centrales que están ausentes en el gobierno del PP.

En resumen, el margen de mejora para el progreso económico de España es enorme. Pero solamente podrá desarrollarse en el marco de una política económica alternativa, que ponga fin a la falta de visión, y a la ausencia de políticas de integración social y de modernización productiva que caracterizan al gobierno del PP.

Ontario se lanza a experimentar con la renta básica universal

20 septiembre, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Este verano, la provincia canadiense de Ontario lanzará una prueba piloto de renta básica universal en la que participarán unas 4.000 personas. El gobierno de Ontario se convierte así en el primero de América del Norte en décadas que prueba una legislación anunciada como el remedio para la pobreza, la excesiva burocracia y la creciente precariedad laboral.

Los participantes del programa piloto, que tiene una duración de tres años y un coste estimado de 150 millones de dólares canadienses, serán elegidos al azar en las ciudades de Hamilton, Thunder Bay y Lindsay. Durante los próximos meses, se enviará un correo masivo a las personas seleccionadas aleatoriamente para que se inscriban. También examinarán a los participantes para asegurarse de que tienen entre 18 y 64 años y de que viven con poco dinero.

El programa incluirá dos grupos de población: gente con trabajos poco remunerados o inestables y personas que sobreviven gracias al programa de asistencia social. Durante los tres años que dura el programa, los participantes podrán abandonarlo en cuanto lo deseen.

 Este es un mundo nuevo con nuevos desafíos”, dijo el lunes la primera ministra de Ontario, Kathleen Wynne, mientras anunciaba los detalles del programa piloto. “Entre la tecnología y Trump, es una época de gran incertidumbre y cambio”.

¿Funciona la herramienta de la renta básica?

El programa tiene como objetivo determinar si la renta básica, una idea promocionada desde hace tiempo por sectores de la izquierda y de la derecha, es una manera eficaz de solucionar esta imprevisibilidad. Los pagos mensuales, otorgados sin ninguna condición, comenzarán a circular este verano: para los solteros, hasta 16.989 dólares canadienses anuales (unos 11.400 euros), para las parejas, 24.027 dólares (16.100 euros). Los que ya recibían asignaciones familiares por hijos o subsidios por discapacidad seguirán cobrándolos.

La renta mensual representa un aumento pequeño para las personas que actualmente cuentan con la ayuda del programa de asistencia social o los subsidios por discapacidad pero no requiere tanto control ni gestión administrativa. El ingreso básico de las personas que trabajan se reducirá en 50 centavos por cada dólar ganado.

Como dijo Wynne, “no es una suma extravagante de ningún modo”. “Pero nuestro objetivo es claro. Queremos averiguar si el ingreso básico marca una diferencia positiva en la vida de la gente; si este nuevo enfoque les permite empezar a alcanzar su potencial”.

Los resultados del programa del salario mensual serán controlados regularmente para que los investigadores estudien su efecto sobre la salud, la educación, la vivienda y la participación en el mercado laboral. La provincia de Ontario también se encuentra en las primeras etapas de trabajo conjunto con aborígenes de la zona para lanzar un programa piloto paralelo similar entre las comunidades de pueblos originarios de Canadá.

El plan comenzó en junio, cuando el gobierno de la provincia pidió a un estratega político conservador y antiguo promotor de la idea que explorase las posibles formas que podría tomar el experimento.

Luchar contra la pobreza o contra la austeridad

La prueba piloto llega a Ontario en un momento en que resurge con fuerza la idea de la renta básica. Mientras los líderes del planeta luchan por encontrar un equilibrio entre la lucha contra la pobreza, las medidas de austeridad y la pérdida continua de los trabajos estables con pensiones y seguros médicos, los proyectos de renta básica centran los titulares en Finlandia, Kenia y Holanda.

Hace tiempo que las autoridades canadienses mostraron su interés por las posibilidades de la idea: Canadá ya fue sede de uno de los experimentos más grandes y ambiciosos de renta básica en Norteamérica. En 1974, unos 1.000 residentes de la pequeña ciudad agrícola de Dauphin (en la provincia de Manitoba, con unos 10.000 habitantes), empezaron a recibir pagos mensuales sin ninguna condición. El programa piloto era financiado por el gobierno federal y el provincial, y establecía la renta en un 60% del umbral de pobreza de ese momento, de acuerdo con la Dirección General de Estadísticas de Canadá. Hoy equivaldría a unos 16.000 dólares canadienses por año y persona.

Por cada dólar que ganasen por otro lado, se restaban 50 centavos del pago mensual. Los pagos circularon durante cuatro años y convirtieron a Dauphin en un poderoso campo de pruebas para la legislación. Durante las investigaciones, se encontraron pocos cambios en los hábitos laborales de los residentes, excepto la duración de las licencias de las madres primerizas (se alargaron) y la probabilidad de abandonar la secundaria por parte de los adolescentes (se redujo). La renta mensual se convirtió en una fuente de estabilidad y funcionó como una reserva para los residentes, protegiéndolos de la ruina financiera ante enfermedades repentinas, discapacidades o acontecimientos económicos impredecibles. Las internaciones, las lesiones y los problemas de salud mental se redujeron.

Pero el presupuesto de 17 millones de dólares (equivalente a unos 85 millones de dólares de hoy) se terminó a mitad del proyecto y dificultó la recolección de datos. La creciente presión ejercida desde el gobierno de la nación para que Manitoba tomara medidas de austeridad junto con el cambio de gobierno en la provincia en 1977 significaron la sentencia de muerte del proyecto.

El proyecto piloto de Ontario podría caer víctima de las mismas presiones: hay una elección provincial a mediados de 2018, un año después de que comiencen el programa. Las encuestas sugieren que los progresistas, en el gobierno de Manitoba desde hace 14 años, podría no obtener la mayoría esta vez. Entre otros factores, los elevados precios de la electricidad y las acusaciones de soborno en  una elección extraordinaria de 2015 han hecho caer la imagen positiva de Wynne hasta un 12%, el porcentaje más bajo entre los primeros ministros provinciales de Canadá.

Traducido por Francisco de Zárate

Esta es la lista de grandes morosos a Hacienda en 2017

15 agosto, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Por tercera vez, la Agencia Tributaria ha publicado su lista de grandes morosos al Fisco. En esta ocasión figuran los contribuyentes con deudas por encima de un millón de euros a 31 de diciembre de 2016 que no hayan sido aplazadas ni suspendidas. Hasta ahora la lista ha estado copada por constructoras, deportistas, clubes deportivos… En esta ocasión figuran nombres como Abengoa, Accesos de Madrid, Aeropuertos de Castellón y Ciudad Real, Afinsa, Air Comet, Akasvayu. Arturo Fernández (Cantoblanco) y Mario Conde repiten. También la inmobiliaria Nozar, que es una de las que más deben: 198 millones. En cabeza está Reyal Urbis, otra empresa del sector, con 363 millones.

En el caso de Montserrat Operador Logístico, la empresa de la familia de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, la deuda sube un 87%, de 2,3 a 4,3 millones de euros. También está Desguaces La Torre, del exnovio de la nieta de Franco, Carmen Martínez Bordiú, con 15,46 millones de deuda. Otra de los morosas (2,3 millones de euros) es la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón. Viajes Marsans (antigua empresa de Gerardo Díaz Ferrán), aún debe 23,76 millones.

Figuran también varias empresas de la familia Ruiz Mateos, habitual de esta lista: Inversiones Ruiz Mateos SA (1,28 millones), Jose Maria Ruiz Mateos SA (1,95 millones), y Nueva Rumasa SA (8,9 millones).

Seguriber, la empresa de la expresidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, debe 2,14 millones de euros. Oriol se hizo famosa por unas declaraciones en las que reconocía que en su empresa prefería no contratar a mujeres por si se quedaban embarazadas. Por su parte, Grupo Santa Mónica Sports -que comercializa con los derechos de imagen en el sector del deporte- tiene una deuda de 11,64 millones frente a 11,9 millones de la anterior lista.

José Emilio Rodríguez Menéndez, el célebre abogado, sigue debiendo 3,6 millones de euros al fisco. A su vez, Intereconomía TV SL debe 5,19 millones e Intereconomía Corporación SA, 8 millones. Unipapel, adquirida por el fondo buitre Springwater, debe 1,4 millones.

Los clubes de fútbol siguen con sus aprietos con Hacienda. El Recreativo de Huelva, el Real Jaén, el Real Murcia, el Racing y la Unión Deportiva de Salamanca, son algunos que más adeudan. El ‘Recre’, por ejemplo, adeuda 12,5 millones. Por su parte, Roberto Lidiano López Abad, director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo desde enero de 2001 hasta noviembre de 2010, y uno de los acusados de llevar la caja a la quiebra, debe 1,1 millones. El expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz mantiene su deuda de 1,36 millones.

El exjuez Luis Pascual Estevill vuelve a aparecer con 3.744.244,52 euros (en la anterior lista debía 5,4 millones); Francisco José Ortiz Von Bismarck, hijo de Gunilla, 1,25 millones y Alberto Navarra Rubio-Serres, un notario de Madrid, con 1,89 millones, también están en el listado. El personaje televisivo Kiko Matamoros debe por su parte un millón. Y Cristina Carla Simoncelli, relacionada con la Mafia italiana, 1,19 millones.

La familia Serratosa Caturla, una de las ramas de los Serratosa que logró gran parte de su fortuna en la venta de Valencia de Cementos a la mejicana Cemex en los años noventa, vuelven a aparecer en la lista: Juan Luis Serratosa (4,3 millones), Ignacio Serratosa (4,2 millones), José Serratosa (4,2 millones), Federico Serratosa (3,3 millones) y Rafael Serratosa (3,1 millones).

En cuanto a los textiles, Reig Martí figura en esta lista con una deuda con Hacienda de 1,08 millones de euros, mientras que las firmas de moda Hakei y Caramelo, ambas liquidadas ya, deben 1,5 millones y 1,6 millones, respectivamente. Entre las firmas de moda que siguen están V&L Costura, Diseño y Moda, de los diseñadores sevillanos Victorio y Lucchino, que han reducido su deuda de 2,6 millones a los 2,2 millones, la firma Fun & Basic, con 2,1 millones, y la sociedad Volvoreta, propiedad de la diseñadora Kina Fernández, con 1,6 millones.

Otras compañías del mundo de la distribución como el grupo de decoración gallego Pórtico, con una deuda de 4,3 millones, Jugueterías Poly, con 4,6 millones, y Merkamueble, con 1,3 millones, también aparecen en la lista.

La nueva lista de morosos incluye 4.549 deudores por importe de 15.400 millones, informa EFE, el 2% menos que un año antes, en tanto que el total de deudores ha bajado un 4,6%, hasta 4.549 personas físicas y jurídicas. En comparación con la primera lista el número de deudores ha disminuido un 6,3%, en tanto que casi mil contribuyentes que aparecían en ese primer listado ya no están.

Del total de deudores que figuran en el tercer listado, 338 son personas físicas, por importe de más de 700 millones de euros, y 4.211 personas jurídicas, por importe de 14.700 millones, informa EP.

Del importe global, más de 6.600 millones de euros (el 43%) se corresponde con deuda de contribuyentes en proceso concursal (más de 1.700 deudores, el 38,5% del total) y, por tanto, es deuda afectada por un proceso en el que las posibilidades de cobro efectivo de las deudas se encuentran mermadas mientras dure el propio litigio.

Según los datos facilitados por la Agencia Tributaria, un total de 727 deudores no figuran ya en el listado publicado en 2017 tras haber aparecido en el segundo listado, por lo que han abandonado la lista. La salida se puede deber tanto a la cancelación total o parcial de las deudas objeto de publicación, como a la obtención de un aplazamiento o suspensión de la deuda antes de la fecha de toma de datos (31/12/16).

Un total de 508 deudores figuran en el nuevo listado de deudores y no aparecían en el segundo listado publicado en 2016.

825 deudores han realizado en lo que va de 2017 más de 100 millones de euros de ingresos en relación con deudas incluidas en este tercer listado. Como consecuencia de estos ingresos, 48 deudores no tendrían que salir en el tercer listado de tomarse como referencia para la extracción del listado el estado de las deudas a fecha de 20 de mayo de 2017.

A su vez, más de 3.600 deudores que aparecían en el segundo listado han pagado vencimientos de deudas que estaban incluidas en el listado publicado en 2016 por importe de 309 millones de euros entre el 31 de diciembre de 2015 (fecha de toma de datos para la publicación del segundo listado) y el 20 de mayo de 2017.

Igualmente, más de 1.660 deudores que aparecían en el primer listado han pagado vencimientos de deudas incluidas en ese primer listado por importe de 482 millones de euros desde la fecha de extracción de los datos (31/07/15) hasta 20 de mayo de 2017.

Por último, un total de 996 deudores que figuraban en el primer listado ya no figuran en el tercero, de manera que más del 20% de los deudores del primer listado ya no se encuentran en la situación que motivaría su aparición en el listado de grandes deudores.

Como es habitual, en las últimas semanas la Agencia Tributaria se ha dedicado a enviar cartas a los integrantes de la misma para instarles al pago de sus deudas antes de aparecer publicadas.

La primera lista

La primera lista de morosos se publicó en diciembre de 2015, tres días después de las elecciones generales. La orden ministerial, una vieja promesa del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se había publicado el 6 de octubre de aquel año. Su intención es que la exposición pública anime a más deudores a zanjar sus obligaciones fiscales. Se estableció que a partir de entonces el compendio se publicaría entre el 1 de mayo y el 30 de junio de cada ejercicio.

La  primera lista  incluyó 345 personas físicas con una deuda conjunta de más de 700 millones y 4.510 personas jurídicas con una deuda de 14.900 millones. La deuda total ascendía, por tanto, a 15.600 millones de euros. En ella, la empresa que más debía era Reyal Urbis, con 385 millones de euros pendientes de abonar al erario público.

Arturo Fernández, ex presidente de la patronal madrileña, ex vicepresidente de CEOE y ex presidente de la Cámara de Comercio de Madrid debía a la Hacienda Pública casi diez millones de euros. Otros ejemplos de morosos fueron la diseñadora Kina Fernández, la filial inmobiliaria de los supermercados Sánchez Romero y la familia Ruiz Mateos.

La segunda lista

Publicada el 30 de junio de 2016, la segunda lista de morosos también apareció pocos días después de unas elecciones generales (las segundas que se celebraron en pocos meses).

El importe global de deudas recogido en el segundo listado superó los 15.700 millones de euros y la cifra total de deudores alcanzó los 4.768. Respecto a la primera lista, la deuda aumentó un 0,7%, mientras que los deudores se redujeron un 1,8%. Volvieron a aparecer grandes morosos como Arturo Fernández.

La alcaldesa Ada Colau lleva razón en su conflicto con Airbnb: los pisos turísticos están destruyendo los barrios

2 agosto, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 11 de abril de 2017.

Este artículo aborda la destrucción de los barrios en las ciudades con atractivo turístico por la expansión de los pisos turísticos, los cuales provocan la sustitución de una población estable por una población transeúnte, poco comprometida con el bienestar de la ciudadanía. El artículo detalla los elevados costes que tal expansión significa para la calidad de vida de la ciudadanía, y cómo varias ciudades turísticas de EEUU están respondiendo a esa amenaza. El artículo también defiende a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por haberse enfrentado con empresas como Airbnb, que están promoviendo tal actividad mercantil.

Uno de los hechos económicos más extendidos en las grandes urbes de atractivo turístico ha sido el enorme desarrollo de los pisos turísticos, que se presentan como un ejemplo de lo que se conoce como economía colaborativa, en la que la relación entre el comprador de servicios (el turista que busca hospedarse por tiempos cortos) y la persona que los ofrece (el dueño del piso) se hace directamente a través de una agencia que los pone en contacto, y no a través de la industria hotelera, a la cual sustituye. En teoría parecería una relación razonable, e incluso progresista (y así se ha presentado incluso en algunos medios de información de tal orientación política). Por un lado, tenemos las personas que tienen habitaciones o pisos disponibles que quieren aumentar sus ingresos alquilando tales espacios a turistas, y por el otro lado, el turista que busca un espacio más económico que el hotel y/o residencia. En esta relación, la institución necesaria es una compañía que ponga en contacto a las dos partes –al turista y al propietario de la casa o habitación-, compañías que se han extendido enormemente, y de las cuales Airbnb es la más conocida.

Hasta aquí la descripción de lo que debería pasar en teoría. Y, ¿quién se puede oponer a que una familia pueda conseguir unos ingresos extra a base de alquilar un espacio de su propia casa o de su propiedad? Se presenta así una alternativa a las grandes corporaciones hoteleras, que hasta ahora habían controlado la distribución de los espacios de hospedaje de tales ciudades turísticas.

La rebelión ciudadana en contra de los pisos turísticos

Como en el caso de otros ejemplos de “economía colaborativa” (como la compañía de transportes UBER, entre otros), nos encontramos que la distancia entre la teoría y la realidad es enorme, hasta tal punto que ha surgido una gran protesta ciudadana en todas las ciudades en las que los pisos turísticos se han expandido. Y muchas de estas ciudades están considerando no solo regularlos intensamente, sino incluso prohibirlos. ¿Por qué?

La respuesta es fácil de ver. En primer lugar, la existencia de tales pisos significa una gran molestia para las fincas y para los barrios donde existen estos pisos turísticos, pues es una población transeúnte, no ligada o conectada con el bario o fincas cuya movilidad y/o comportamiento y rompe con la cohesión y espíritu comunitario del lugar. La evidencia de ello es abrumadora. Hay barrios enteros en Barcelona, por ejemplo, que corren el peligro de diluir su carácter vecinal debido al elevado número de tales pisos.

Y para complicar todavía más esta situación, gran parte de estos pisos turísticos no están ni identificados, operan sin ningún tipo de regulación o protección del usuario y de los vecinos, y no ofrecen ninguna garantía ni de seguridad ni de calidad. En general no hay protección frente a dicha actividad mercantil, que contribuye muy poco al erario público, pues un gran número de estos pisos actúan ilegalmente, y no contribuyen, a través del pago de impuestos, a cubrir los gastos extras que su existencia implica. No es de extrañar, por lo tanto, que haya constantemente protestas ciudadanas en lugares donde existen estos pisos turísticos.

Y por si ello no fuera poco, la utilización de pisos turísticos disminuye la oferta de pisos de alquiler para gente normal y corriente, disparándose los precios de los alquileres. En Barcelona, desde 2015, estos alquileres han experimentado un crecimiento muy acentuado (un 15% anual), que es insostenible para la mayoría de la población, cuyos ingresos crecen mucho más lentamente. Hay una relación directa entre el número de pisos turísticos en un barrio, el crecimiento del precio de los alquileres, y el éxodo de vecinos a otros barrios con menos pisos turísticos.

Una protesta internacional. ¿Qué puede hacerse?

El equipo del profesor John Whitlow, de la City University of New York (también profesor visitante del JHU-UPF Public Policy Center), acaba de publicar un interesante estudio sobre cómo ciudades turísticas en EEUU (como Nueva York, San Francisco, Nueva Orleans, Seattle, Los Ángeles y Miami) están respondiendo a esta amenaza a la calidad de vida de los vecinos y a la identidad de los barrios. Entre tales intervenciones municipales están:

1. Limitaciones del número de días al año que una persona propietaria puede poner su piso o habitación a disposición de alquileres cortos. El número varía de 30 a 90 días. Todas las ciudades citadas, excepto Miami, aplican esta norma.

2. Provisión de permisos para establecer pisos turísticos solo en ciertos barrios de la ciudad, tal como exigen Miami y Nueva Orleans.

3. Exigencia de licencia y registro. Todas las ciudades exigen que tanto la agencia Airbnb (y otras agencias similares), así como las personas que alquilan sus espacios, estén licenciadas y registradas, exigiéndoles, además, que garanticen el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene.

4. Deben pagar impuestos, exigencia presente en todas las ciudades, como condición para ejercer tal tipo de actividad comercial.

5. Notificación al ayuntamiento de las personas que alquilan estos espacios y de los inquilinos que ocupan tales espacios.

6. Aprobación por parte del ayuntamiento del tipo de vivienda que puede ponerse al mercado como piso turístico, estableciendo normas de espacio. Solo Nueva Orleans excluye este requerimiento. Todas las demás lo tienen.

7. Todas las personas que ofrecen pisos turísticos tienen que ser residentes de la ciudad. Las personas no residentes no pueden comercializar su vivienda para pisos turísticos. Esta regulación tiene como objetivo dificultar que empresas de capital-riesgo compren propiedad inmobiliaria para transformarla en pisos turísticos.

Y el informe termina indicando que el nivel de requerimientos está expandiéndose rápidamente, a medida que la ciudadanía se está quejando más y más por las molestias que tales pisos turísticos están creando. En realidad, una ley muy popular que se está expandiendo es que los vecinos de una finca puedan votar sobre permitir o no que hayan pisos turísticos en aquella finca. Cuando tal ley se aplica tiene un impacto muy inmediato, parando y revirtiendo dicha expansión. En realidad, el enfado ciudadano está alcanzando tal nivel, que el tipo de sanciones por violaciones de las normas definidas anteriormente está aumentado. Entre ellas, en todas las ciudades citadas (excepto en Los Ángeles) se multa a los propietarios de pisos y a Airbnb con entre 500 y 2.000 dólares por día en casos de violación de las normas municipales. Y el propietario puede ser llevado a los tribunales en caso de que los vecinos de quejen de las molestias originadas por los pisos turísticos. El informe (puesto en mi web http://www.vnavarro.org) detalla, ciudad por ciudad, las normas y regulaciones. Todo ello parece indicar que no es descartable, en un futuro próximo, que tal enfado alcance niveles de indignación y que pasen a aprobarse leyes de prohibición de la existencia de tales pisos turísticos, pues no hay duda que su existencia está deteriorando el bienestar y la calidad de vida de los barrios en las ciudades. Su existencia es una prueba más del impacto sumamente negativo de las políticas neoliberales aplicadas en el diseño del desarrollo urbano. La mercantilización de todas las dimensiones de la actividad humana está llevando a un deterioro muy notable de la calidad de vida de la ciudadanía. Y lo que es sorprendente es que a este desarrollo algunas voces que se definen como progresistas lo llamen “progreso”.

La debilidad de los ayuntamientos en Catalunya y en el resto de España

Una de las mayores diferencias entre el poder municipal en Catalunya y España, y el poder municipal en EEUU, es la enorme debilidad de los ayuntamientos catalanes y españoles, debilidad que caracteriza a los Estados del sur de Europa, donde las fuerzas conservadoras han dominado tales Estados por periodos más largos de tiempo en los siglos XX y XXI. Es precisamente donde las izquierdas han gobernado durante más tiempo (como en los países escandinavos) donde los ayuntamientos tienen mayor poder, mientras que es en el sur de Europa, donde las derechas han sido más poderosas, donde los ayuntamientos son más débiles. Esta falta de poder en el nivel del Estado más próximo a la ciudadanía limita enormemente la incidencia de la ciudadanía en el desarrollo de las políticas públicas que afectan con mayor intensidad a su calidad de vida y bienestar.

Considerando la debilidad de los ayuntamientos en España, es de aplaudir que el Ayuntamiento de Barcelona haya ofrecido un liderazgo, reconocido internacionalmente, para limitar el daño creado por los pisos turísticos a la calidad de vida de los vecinos en Barcelona. Predeciblemente las fuerzas conservadoras y neoliberales, que continúan teniendo un enorme poder político y mediático en España (incluyendo Catalunya), y Airbnb han intentado demonizar al ayuntamiento, manipulando y mintiendo, presentando las acciones de este como excesivamente radicales, motivadas por razones ideológicas anticuadas, ocultando que en otras ciudades tales medidas ya se han desarrollado y han probado ser altamente populares. El mérito del Ayuntamiento de Barcelona es el de haberse enfrentado a tales intereses, con el coraje que caracteriza a la alcaldesa Ada Colau, que ha sido aplaudido en muchas otras ciudades, las cuales se han inspirado en ella. Este aplauso debe ir acompañado de la denuncia a la Generalitat de Catalunya, controlada por las fuerzas conservadoras y neoliberales (y cuyos medios públicos de información y persuasión promueven Airbnb), que predeciblemente ha dificultado los pasos que el ayuntamiento deseaba tomar y que la ciudad se merecía. ¿Hasta cuándo continuará ignorando un clamor popular frente a esta situación que se está convirtiendo en una pesadilla para miles y miles de ciudadanos?

España no va mejor porque Botín sea más rico

28 julio, 2017

Fuente: http://www.juantorreslopez.com

Publicado en Público.es el 21 de octubre de 2013

Las últimas declaraciones de Emilio Botín diciendo que España vive un momento fantástico son una verdad como un templo. Siempre, claro está, que diga que para él y los suyos.

Es cierto que España vive un momento de gloria: las reformas que han venido realizando antes el gobierno de Zapatero y ahora el de Rajoy han ido exclusivamente encaminadas a recuperar a los bancos privados insolventes por su irresponsable política crediticia y a dar más poder de negociación y decisión a las grandes empresas. Los resultados son claros: una caída gigantesca de los salarios, que directamente redunda en aumento de beneficios empresariales, mayor concentración bancaria y negocios impresionantes para los bancos y las grandes empresas que han hecho de España la nación más desigual de nuestro entorno. A costa, eso sí, de una destrucción de empleo gigantesca, de miles de empresas arruinadas y de millones de personas que han perdido todo, bienes, viviendas y derechos sociales.

Todo ha sido concebido para que los banqueros como Botín y los grandes propietarios recuperen las posiciones que tenían antes de la crisis que ellos han provocado y ahora es lógico que todas esas medidas den resultados que les parecen fantásticos.

Pero ni siquiera así se puede admitir que lo que dice Botín sea del todo cierto.

Por un lado, las entradas de capital a las que alude no se han reflejado aún en los datos oficiales del Banco de España, de modo que si se atreve a decir que están produciéndose debe ser porque las nota en sus bolsillos. Y las empresas normales y corrientes no sienten, por el contrario, que les haya mejorado la afluencia del crédito y el impulso financiero que necesitan para salir adelante. De hecho, se estima que en 2014 van a cerrar un 25% más empresas que en este año.

Sí parece que se están produciendo entradas de capital procedentes de fondos de inversión que se están quedando con miles de inmuebles y propiedades de todo tipo, lo que debe estar dejando buenas comisiones en bancos e inmobiliarias ligadas a ellos y lo que seguramente se traduzca en unas décimas de incremento en el PIB de los próximos meses.

Pero ¿acaso se puede considerar eso suficiente, o fantástico, cuando los datos que reflejan la evolución real de la economía (exportaciones, crédito, empleo, producción industrial, ventas al por menor etc.) empeoran?

Es muy posible que estas entradas de capital puramente especulativo y voraz sigan produciéndose pero de ninguna manera puede considerarse, ni siquiera aunque vayan a traducirse con toda probabilidad en un leve crecimiento del PIB, como un augurio de que la economía española se recupera porque ni van a traer aumento del empleo, ni más o mejor vida para las empresas, ni más competitividad (suponiendo que sea eso lo que necesitemos), ni más actividades que a medio plazo permitan generar nuevos ingresos.

Lo que le ocurre a Botín no es nuevo. Sufre el mismo tipo de distorsión cognitiva que ha afectado siempre a las clases ricas españolas: confunden el todo con la parte, sus intereses con los del conjunto de los españoles.

Y lo lamentable no es que personajes como Botín sufran ese tipo de maligna disonancia sino que actúan en consecuencia y nos llevan a todos al precipicio.

Botín es un banquero que si en España hubiera Justicia, gobiernos decentes y democracia estaría en la cárcel desde hace tiempo.

Como he explicado en varios lugares, el diario El País informó el 27 de mayo de 2008 que, para defenderse de la acusación de supuestos favores al Banco de Santander, el ex Ministro de Economía Rodrigo Rato presentó un escrito de la ex-Secretaria de Estado de Justicia y luego Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, “en la que ésta pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al Abogado del Estado “instrucciones” sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito”, concretamente, pidiendo que no se dirigiera “acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes”. Gracias a ello, su presidente no tuvo que ser juzgado por unas actuaciones que el diario digital el Confidencial de 21 de septiembre de 2006 describió de la siguiente forma: “Durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables (…) El banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. (…) A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera. Como consecuencia del descubrimiento de esa serie de irregularidades, la acusación solicitó para el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas), que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública”.

Como digo, si en España hubiera Justicia al señor Botín se le hubiera enjuiciado y condenado. Si hubiera gobiernos decentes la señora Fernández de la Vega (que ahora se sienta en el Consejo de Estado) nunca hubiera dado esa orden. Y si hubiera democracia toda la gente sabría qué sucedió y al señor Botín le daría vergüenza de decir las cosas que dice porque lo correrían a gorrazos por las calles. Mejor dicho, con toda probabilidad, por los patios de una cárcel.

De la misma naturaleza es su juicio sobre el ex ministro de Economía Rodrigo Rato de quien dice que fue el mejor de la democracia. Es natural que lo diga: solo con la vergonzosa concesión de desgravaciones fiscales con el dinero de todos los españoles a las empresas que invirtieran en el exterior (como el banco del señor Botín) ya le hizo un favor suficiente como para justificar que lo siente ahora en sus sillones y lo mitifique de esa forma. Su gestión en Bankia engañando a miles de personas, su política que dio lugar a la crisis, o su ceguera para anticiparla aquí o en el FMI no tiene importancia. Pelillos a la mar que el negocio es el negocio.

Una ventaja tienen, eso sí, las declaraciones de Botón. Permiten comprobar a quien tuviera alguna duda qué tipo de salida es la que quieren darle a la crisis y la que le van a dar si no hay una respuesta social contundente que quite de una vez el Boletín Oficial del Estado a los gestores del señor Botín y compañía que gobiernan contra España: no la que recupere el empleo, el salario, la actividad empresarial y el bienestar social, sino la que permita que siga aumentando la riqueza de los ya de por sí más ricos que provocaron la crisis, los que fomentaron artificialmente una deuda privada y empresarial gigantesca a base de endeudarse ellos mismos y cuyos costes quieren ahora pasar a las espaldas de los de siempre.

Los mitos sobre el comercio internacional y las ventajas del librecambio

25 julio, 2017

Fuente: http://www.juantorreslopez.com

Publicado en eldiario.es el 5 de junio de 2017

Uno de los ámbitos de la teoría y la política económicas en donde más mitos y mentiras se han difundido es el relativo al comercio internacional. En particular, los economistas de ideología liberal y quienes defienden los intereses de las grandes corporaciones siempre se ha empeñado en proclamar que liberalizarlo por completo tiene más ventajas que cualquier otro régimen comercial. Pero casi siempre lo hacen sorteando la evidencia empírica y forzando los argumentos para dar por bueno lo que carece de suficiente fundamento científico.

Voy a comentar brevemente cinco principales mitos que desde hace ya muchos años sirven de fundamento para defender la supuesta superioridad del comercio sin trabas o protección de ningún tipo.

La teoría económica convencional afirma que el librecambio, entendido como la máxima liberalización comercial y financiera, proporciona aumento del comercio, crecimiento económico acelerado, cambio tecnológico más rápido y una asignación más eficiente de los recursos en el interior de la economía que lo practica. A partir de ahí, se asegura que proporciona muchas más ventajas que el proteccionismo.

Sin embargo, para poder establecer esta tesis los economistas que la defienden han de partir de dos hipótesis esenciales, ninguna de las cuales es posible que se dé en la realidad, salvo casos verdaderamente excepcionales.

En primer lugar, que las naciones comercian entre sí en función de los costes relativos de las mercancías, es decir, que se especializan en una u otra siempre que la puedan obtener a menor coste que las demás. En segundo lugar, que los mercados en donde comercian todas las naciones o empresas son de competencia perfecta (lo que quiere decir que en ellos no hay ninguna empresa o grupo de empresas que tenga poder suficiente para influir sobre las condiciones del intercambio, que los productos que se intercambian son completamente idénticos, que no hay ningún tipo de dificultad para que se incorpore al mercado cualquier nueva empresa y que empresas y consumidores tienen información perfecta y gratuita sobre todas las circunstancias que afectan al intercambio en el mercado).

Si se dan ambas hipótesis al completo (y otros supuestos complementarios más complicados que no puedo comentar aquí) se pueden deducir las tesis que justifican la ventaja o superioridad del librecambio. A saber: todas las economías tenderán a ser igual de competitivas; la relación entre las importaciones y exportaciones se modifica automáticamente en todas ellas para igualar su saldo, de modo que no habrá déficit ni superávit comerciales sostenidos en los diferentes países; los salarios reales y las tasas de beneficio se igualarán en todas las economías; y ninguno de esos ajustes producirá pérdidas netas de empleo, salvo algunas a corto plazo que se irán compensando.

No hace falta ser un premio Nobel para saber que en la realidad no se dan esas condiciones, imprescindibles para que la liberalización total de los intercambios comerciales produzca los efectos benéficos que aseguran sus defensores: los mercados no son de competencia perfecta, las economías no son todas igual de competitivas, todas ellas presentan continuamente desequilibrios comerciales, el desempleo es un mal generalizado en las economías contemporáneas, y mucho más en las últimas etapas de mayor liberalización comercial, y hay grandes diferencias entre los salarios reales y las tasas de beneficio.

Es verdad que en los últimos años se han desarrollado planteamientos más sofisticados ante el irrealismo, las incoherencias y la debilidad de estas hipótesis, pero lo cierto es que tampoco se corresponden con lo que ocurre en la realidad y que hoy día sigue siendo cierto lo que se demostró hace años: solo se puede decir que el librecambio es superior al proteccionismo estableciendo hipótesis que chocan frontalmente con la realidad y contra toda evidencia empírica. Más concretamente, solo se puede afirmar que el librecambio sería más favorable para una economía si y sólo si todos los mercados fueran de competencia perfecta, si todos los trabajadores que pierden su empleo a causa de la apertura comercial encuentra otro de semejante categoría y retribución y si el ajuste comercial que se produzca deja inalterada la distribución final de la renta (además de otras condiciones más complejas que no tengo espacio para exponer aquí). Unas condiciones que es materialmente imposible que se den en el realidad y mucho más en su conjunto.

Por tanto, si no se dan esas condiciones teóricas, es posible que políticas proteccionistas sean mucho mejores, más eficientes y más eficaces para promover actividad económica, empleo y bienestar que las liberalizadoras.

2. Los países que quieran progresar deben abrir al máximo sus fronteras y practicar el librecambio.

Esta idea es también un mito completamente desmentido por la realidad. Sencillamente, es imposible mostrar el caso de algún país cuya economía haya llegado a encontrarse en algún momento entre las más avanzadas del mundo y que lo haya conseguido abriendo sus fronteras y practicando el librecambio. Todas las grandes potencias económicas, financieras y comerciales de la historia han llegado a serlo gracias al proteccionismo ejercido bajo cualquiera de sus diferentes formas. Y las grandes economías de hoy día (Estados Unidos, Unión Europea, Japón, China…) siguen siendo proteccionistas aunque, eso sí, dicen defender el libre comercio para poder exigir a los demás países que liberalicen sus economías, justamente para que así se consoliden las relaciones de asimetría que les favorecen.

Si algunas han liberalizado sus relaciones comerciales en algún momento de su historia ha sido cuando ya habían llegado a la cúspide del progreso económico y disfrutaban de suficiente ventaja sobre las demás. Lo que han hecho y siguen haciendo es, como escribió Friedrich List en 1885, “darle una patada a la escalera por la que se ha subido, privando así a otros de la posibilidad de subir detrás”.

Por tanto, no es verdad que lo que convenga hoy día a las economías en peores condiciones sea no protegerse, que es lo que hicieron en su día todas las grandes potencias para progresar. Por el contrario, sí sabemos que lo que les perjudica es mantenerse en el régimen de asimetría y doble moral hoy día imperante, es decir, abrirse de par en par a las potencias mientras que éstas les cierran sus puertas.

3. Las normas internacionales que regulan el comercio internacional promueven el librecambio como requisito para aumentar el comercio, el crecimiento económico y el empleo.

La tesis dominante entre los defensores de la liberalización comercial, ampliamente impuesta en los últimos cuarenta años de políticas neoliberales, es que gracias a ella aumenta el comercio y que el incremento de las relaciones comerciales es lo que permite que haya más empleo, menos pobreza y mayor bienestar.

Las evidencias empíricas al respecto también son abundantes y claras. Puede aceptarse que mayores tasas de crecimiento económico estén asociadas a mayor volumen de exportaciones pero no hay ninguna relación entre el crecimiento económico y el de las exportaciones con la existencia de más o menos restricciones nacionales al comercio. Lo mismo que ninguna potencia ha llegado a serlo con políticas de liberalización comercial y renunciando al proteccionismo, no hay tampoco ningún país que hayan alcanzado tasas notables de crecimiento de la producción y de las exportaciones aplicando políticas de liberalización generalizada.

Las evidencias apuntan en el sentido contrario. Por un lado, los países que han cosechado más éxito económico en los últimos decenios han sido precisamente los que han tenido políticas más proteccionistas (Corea, Taiwán, Japón, China, como también las potencias de siempre). Por otro, países como la mayoría de los latinoamericanos que liberalizaron por completo sus relaciones comerciales han pagado una factura muy alta en términos de crecimiento, desempleo y pobreza. Algo que es bastante lógico si se tiene en cuenta que la mayor apertura está asociada a más inestabilidad y que ésta es negativa para el crecimiento.

Lo que se busca cuando se establecen medidas liberalizadoras del comercio no es promover el comercio porque los datos demuestran que así no se consigue. Y mucho menos cuando esa liberalización, tal y como viene ocurriendo en los últimos decenios, es asimétrica y solo se orienta a dar mayor libertad de acción y mayor poder a las grandes corporaciones. Por eso lo que ha aumentado en los últimos años de liberalización comercial han sido los beneficios y no el crecimiento económico, el empleo y el bienestar.

5. Los tratados comerciales como el TTIP o el CETA buscan favorecer el librecambio entre quienes los firman

Los tratados que se han ido firmando en los últimos años, o que se quiere firmar en estos momentos, como el TTIP o el CETA, se presentan a la opinión pública como tratados “de libre comercio” pero no es verdad que lo sean.

Ya hemos dicho que para que el libre comercio sea realmente ventajoso debe darse en condiciones de competencia perfecta que en la realidad no pueden existir. Y dichos tratados no solo no establecen la competencia perfecta sino que ni siquiera se dirigen en esa dirección. Son acuerdos que lo que proporcionan  son mejores condiciones a las grandes corporaciones que controlan los mercados y que, por tanto, refuerzan la naturaleza oligopólica de los mercados y restringen de facto y de iure la competencia.

La mejor prueba de ello es que los que se presentan como tratados de libre comercio y que supuestamente buscan igualar a las partes lo que hacen es mantener la asimetría original y, por tanto, tratar igual a los desiguales que es justo lo que mejor conviene a los más poderosos.

Uno de los últimos tratados de “libre comercio” es el suscrito por Estados Unidos y Colombia en 2012 y sus efectos son bastante elocuentes: las exportaciones de Colombia a la gran potencia han bajado un 54% desde entonces, se han perdido 51.000 empleos en el sector agropecuario y 106.000 en la industria manufacturera de ese país, y el superávit con Estados Unidos de 8.244 millones de dólares que tenía a su favor se ha convertido en un déficit de 1.414 millones.

6. Los economistas que critican las supuestas ventajas del librecambio y la organización actual del comercio internacional defienden la autarquía y el aislacionismo comercial

Como comento en mi libro ‘ Economía para no dejarse engañar por los economistas‘, Ravi Batra afirma que la idea de que el librecambio es mucho mejor para todas las economías “ha llegado a ser casi un dogma para los economistas, hasta tal punto que cualquiera que la cuestione se expone al ridículo “. Y así es, aunque la evidencia empírica indique que es justamente la teoría convencional la que peca de irrealismo.

Desgraciadamente, lo que suele ocurrir es que los economistas convencionales que defienden estas ideas librecambistas no refutan los argumentos de quienes las han criticado a lo largo de muchos años y con todo tipo de análisis sino que recurren a la descalificación, cuando no al insulto. Una típica respuesta es limitarse a decir que lo que quieren los críticos con la realidad del comercio internacional y con los postulados liberalizadores es la autarquía, es decir, acabar con el comercio entre las naciones y aumentar la intervención del Estado a toda cosa.

Para mostrar que no exagero ni invento, traigo aquí los comentarios de dos economistas españoles muy conocidos e influyentes.

José Carlos Díez hizo en su cuenta de Twitter el siguiente comentario para atacar las críticas que Pablo Iglesias había hecho al comercio internacional de nuestros días:  “Pablo Iglesias discípulo de Marx y contrario al libro comercio. Revival de la autarquía franquista. Menudo elemento”.

Es cierto que se trata de un economista de poca solidez teórica y que interviene en el debate económico más como cruzado al servicio de una causa política que como buscador de la verdad, pero me parece que refleja claramente la actitud de la ideología económica dominante ante las posiciones teóricas que la ponen en cuestión.  Daniel Lacalle (un buen amigo a pesar de las casi infinitas diferencias de pensamiento que tengo con él) titulaba, por su parte, un artículo sobre estos temas diciendo “El proteccionismo solo protege al gobierno”, cuando es de una evidencia clamorosa que son las grandes empresas las que reclaman y consiguen esa protección que él denuncia y que son ellas quienes principalmente se benefician del proteccionismo tradicional hoy día dominante.

Quienes criticamos las tesis que defienden el imposible y falso librecomercio de nuestra época no defendemos la autarquía ni estamos en contra del comercio o de las relaciones económicas internacionales. Ni siquiera defendemos el proteccionismo a la vieja usanza que no es garantía de progreso sino de incremento de las desigualdades. Defendemos, en todo caso, un buen comercio, la protección de la población, de los recursos económicos y del medio ambiente que sea compatible con la eficiencia y el máximo nivel posible de equidad.

El mal modo en que funciona el comercio internacional en las últimas décadas y el predominio de una ideología económica que, con independencia de cuál sea su intención, solo lleva a aumentar el privilegio de las grandes corporaciones, tienen mucho que ver con los grandes problemas actuales de la economía mundial. Huir de prejuicios y de planteamientos maniqueos, poner en cuestión las ideas que se comprueban claramente contrarias  a la realidad y acabar con los privilegios que no tienen más justificación que el desigual poder de las partes es hoy una exigencia de primer orden en nuestro mundo.

El retorno de Karl Marx para entender lo que está pasando en el capitalismo avanzado

8 julio, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 30 de mayo de 2017.

Este artículo contrasta la cobertura no solo de los medios de información económica, sino incluso de los rotativos en general, sobre pensamientos críticos con la sabiduría convencional del país, tales como el marxismo. El artículo señala que, como bien ha reconocido The Economist, el semanario de orientación liberal más conocido en el mundo occidental, el economista Marx llevaba bastante razón en su análisis del capitalismo, una opinión que sería impensable que se diera en los medios españoles, donde el sesgo conservador y neoliberal es tan dominante que excluye cualquier pensamiento crítico.

En una de las columnas más conocidas del semanario The Economist, la columna Bagehot (a cargo de Adrian Wooldridge), se acaba de publicar un artículo en su número del 13 de mayo que sería impensable que apareciera en las páginas de cualquier revista económica de España de semejante orientación liberal a la que tiene tal semanario. En realidad, no solo en cualquier revista económica, sino en cualquiera de los mayores medios de información de este país (incluyendo Catalunya) tal tipo de artículo nunca podría haberse publicado.

Bajo el título El momento marxista, y el subtítulo Los laboristas llevan razón: Karl Marx tiene mucho que enseñar a los políticos de hoy en día, la columna Bagehot analiza el debate existente entre el dirigente del Partido Laborista del Reino Unido, el Sr. Jeremy Corbyn, y su ministro de Economía y Hacienda en la sombra, el Sr. John McDonnell, por un lado, y los dirigentes del Partido Conservador así como los rotativos conservadores Daily Telegraph y Daily Mail, por el otro. Definir tal intercambio como debate es, sin embargo, excesivamente generoso por parte de la columna Bagehot, pues la respuesta de los rotativos conservadores y de los dirigentes conservadores a los dirigentes laboristas es una burda, grosera e ignorante demonización de Marx y del marxismo, confundiendo marxismo con estalinismo, cosa que también se hace constantemente en los mayores medios de comunicación españoles, en su mayoría también de orientación conservadora o neoliberal.

Los aciertos de Marx según Bagehot, de The Economist

Una vez descartados los argumentos de la derecha británica, la columna Bagehot pasa a discutir lo que considera las grandes profecías de Karl Marx (y así las define) para entender lo que está ocurriendo hoy en el mundo capitalista desarrollado, señalando que muchas de sus predicciones han resultado ser ciertas. Entre ellas señala que:

1. La clase capitalista (que en la columna Bagehot se insiste que continúa existiendo, aunque no se utilice tal término para definirla), que es la clase de los propietarios y gestores del gran capital productivo, está siendo sustituida –como anunció Marx- cada vez más por los propietarios y gestores del capital especulativo y financiero, que Marx (y la columna Bagehot) consideran parasitarios de la riqueza creada por el capital productivo. Esta clase parasitaria es la que, según dicha columna, domina al mundo del Capital, siendo tal situación la mayor responsable del “abusivo” y “escandaloso” (término que Bagehot utiliza) crecimiento de las desigualdades. Los primeros han conseguido cada vez más beneficios a costa de todos los demás. Y para mostrarlo, el columnista del The Economist señala que mientras en 1980 los chief executives de las 100 empresas británicas más importantes ingresaban 25 veces más que el típico empleado de sus empresas, hoy ganan 130 veces más. Los equipos dirigentes de tales entidades inflaron sus ingresos a costa de sus empleados, recibiendo a la vez pagos (además del salario), de las empresas a través de acciones, pensiones y otros privilegios y beneficios. De nuevo, la columna Bagehot, señala que Marx ya lo predijo y así ocurrió. Es más, la columna Bagehot descarta el argumento que tales remuneraciones se deban a lo que el mercado de talentos exige, pues la mayoría de estos salarios escandalosos de los ejecutivos se los han atribuido ellos mismos, a través del contacto que tienen en los Comités Ejecutivos (Executive Boards) de las empresas.

Marx llevaba bastante razón

2. Marx y Bagehot cuestionan la legitimidad de los estados, instrumentalizados por los poderes financieros y económicos. La evidencia acumulada muestra que el maridaje del poder económico y político ha caracterizado la naturaleza de los Estados. La columna Bagehot hace referencia, por ejemplo, al caso Blair (dirigente de la 3ª Vía), que de dirigente del Partido Laborista, una vez dejado el cargo político, pasó a ser asesor de entidades financieras y de regímenes impresentables. En España podríamos añadir una larga lista de expolíticos que hoy trabajan para las grandes empresas, poniendo a su servicio todo el conocimiento y contactos adquiridos durante su cargo político.

3. Otra característica del capitalismo predecida por Marx –según la columna Bagehot- es la creciente monopolización del capital, tanto productivo como especulativo, que está ocurriendo en los países capitalistas más desarrollados. Bagehot señala como tal monopolización ha ido ocurriendo.

4. Y, por si no fuera poco, Bagehot señala que Marx también llevaba razón cuando señaló que el capitalismo por sí mismo crea la pobreza a través del descenso salarial. En realidad, Bagehot aclara que Marx hablaba de “inmiseración”, que es –según el columnista- un término algo exagerado pero cierto en su esencia, pues según tal columnista los salarios han ido bajando y bajando desde que empezó la crisis en 2008, de manera tal que, al ritmo actual, la tan cacareada recuperación no permitirá que se alcancen los niveles de empleo y nivel salarial de antes de la Gran Recesión en muchos años.

Es más, además de estas grandes predicciones, la columna Bagehot afirma que la presente crisis no se puede entender sin entender los cambios dentro del capital, por un lado, y el crecimiento de la explotación de la clase trabajadora, por el otro, tal como señaló Marx.

¿Se imagina el lector a algún gran diario español, sea o no económico, que hubiera permitido un artículo como este? The Economist es el semanario liberal más importante del mundo. Y promueve tal ideología. Pero algunos de sus principales columnistas son capaces de aceptar que, después de todo, Marx, el mayor crítico que ha tenido el capitalismo, llevaba bastante razón. Sería, repito, impensable que en este país, tan escorado a la derecha como resultado de una transición inmodélica de una dictadura fascista a una democracia tan limitada, no solo un rotativo liberal, sino cualquier mayor rotativo, publicara tal artículo con el tono y análisis que lo hace una de las mayores columnas de tal rotativo, firmada por uno de los liberales más activos y conocidos. Esta columna y la persona que está a cargo de ella, sin embargo, no se han convertido al marxismo. Pero reconocen que el marxismo –que en este país ha sido definido por algunas voces como anticuado, irrelevante o cosas peores- es una herramienta esencial para entender la crisis actual. En realidad, no son los primeros que lo han hecho. Otros economistas han reconocido esta realidad aunque, por regla general, tales economistas no se enmarcan en la sensibilidad liberal. Paul Krugman, uno de los economistas keynesianos más conocidos hoy en el mundo, dijo recientemente que el economista que mejor había predicho y analizado las periódicas crisis del capitalismo, como la actual, había sido Michał Kalecki, que perteneció a tal tradición.

Donde la columna Bagehot se equivoca, sin embargo, es al final del artículo, cuando atribuye a Marx políticas llevadas a cabo por algunos de sus seguidores. Confundiendo marxismo con leninismo, la columna concluye que la respuesta histórica y la solución que Marx propone serían un desastre. Ahora bien, que el leninismo tuviera una base en el marxismo no quiere decir que todo marxismo fuera leninista, error frecuentemente cometido por autores poco familiarizados con la literatura científica de dicha tradición. En realidad, Marx dejó para el final su tercer volumen, que tenía que centrarse precisamente en el análisis del Estado. Por desgracia, nunca pudo iniciarlo. Pero lo que sí que escribió sobre la naturaleza del capitalismo ha resultado bastante acertado, de manera tal que no se puede entender la crisis sin recurrir a sus categorías analíticas. La evidencia de ello es claramente contundente y el gran interés que ha aparecido en el mundo académico e intelectual anglosajón, y sobre todo en EEUU y el Reino Unido (donde se publica The Economist), es un indicador de ello. Pero me temo que lo que está ocurriendo en aquellas partes del mundo no lo verá en este país, donde los mayores medios de información son predominantemente de desinformación y persuasión.

¿Quiénes son los adictos a la deuda?

7 julio, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Uno de los mitos más extendidos sobre la vida económica es el que afirma que la enorme deuda que se acumula en el mundo es consecuencia de que la gente normal y corriente vive por encima de sus posibilidades y de que los partidos de centro-izquierda son muy pródigos cuando gobiernan, produciendo grandes déficits que la aumentan sin cesar.

Se trata, como tantas otras, de una falsedad que se desmiente fácilmente con el conocimiento elemental de los procesos económicos y con los datos. Pero que, a base de repetirse miles de veces, ha terminado por convertirse en un credo que la gente asume y que, gracias a ello, permite imponer las políticas económicas que benefician a otros.

Cuando se consigue que la gente crea que la deuda tan elevada se ha generado por su culpa, debido a su comportamiento irresponsable, se pueden ya imponer medidas correctivas “de austeridad” y recorte en los gastos sin que sus beneficiarios protesten, o al menos sin que lo hagan suficiente o convencidamente, pues están convencidos de que deben expiar su culpa.

La trampa es clara: unos (los acreedores) generan la deuda en su beneficio pero hacen creer a los deudores que estos últimos son los responsables de ella, y así pueden imponerles más fácilmente las condiciones que aseguren el pago, multiplicado por los intereses, de la deuda. Y la trampa es tan antigua que la palabra “deuda” significa también “culpa” en muchas lenguas. Para Nietzsche el propio concepto de culpa procede del “tener deuda”: el deudor siempre es culpable.

Los datos, como he dicho, muestran claramente que son precisamente los gobiernos más a la derecha los que multiplican la deuda mientras que los de centro-izquierda suelen ser los que tienen que dedicarse a reducirla. Y la prueba más evidente de que son las políticas más liberales las que aumentan la deuda se tiene simplemente comprobando que su mayor incremento histórico se ha producido precisamente desde los años 80 del siglo pasado cuando comenzaron a imponerse generalizadamente.

El caso de Estados Unidos es paradigmático. El padre de la revolución conservadora que impulsó el neoliberalismo, Ronald Reagan, llegó a la presidencia diciendo que la deuda estaba fuera de control, cuando en realidad se encontraba en el nivel más bajo de los últimos 50 años. Pero lo que ocurrió fue que bajo su mandato y el siguiente de Bush padre la deuda se disparó como nunca antes, volvió a bajar con la presidencia demócrata de Clinton y nuevamente subió con Bush hijo. Y algo parecido se puede decir con la ingente deuda que los países más atrasados acumularon bajo gobiernos de derecha o extrema derecha a partir de los años 80.

La banca internacional, de la mano de la CIA, impulsó golpes de Estado para imponer a dictadores civiles o militares cuya primera y principal tarea consistía en suscribir préstamos multimillonarios (muchos de los cuales ni siquiera llegaban a sus países). Las auditorías que se han realizado años después en algunos lugares han demostrado que ese endeudamiento fue un auténtico crimen contra sus pueblos, una deuda ilegítima y tramposa que las grandes potencias y los poderes financieros no tienen la vergüenza de reconocer como tal.

En España estamos viendo en estos últimos años que sucede algo parecido. Los ayuntamientos más endeudados son precisamente los del Partido Popular y cuando han llegado partidos o coaliciones de centro-izquierda se han de dedicar a reducirla con enorme esfuerzo.

Se ha dicho hasta la saciedad que el problema de deuda que ahora tiene la economía española se debe a que antes de la crisis la gente corriente vivía “por encima de sus posibilidades” pero los datos también contradicen esa idea. Según los del Banco de España, en 2008 a las familias le correspondía el 25% de la deuda total y el 35% de la deuda no financiera (excluida la de los bancos, es decir, sólo la de las familias, la del sector público y la de las empresas no financieras). A las empresas no financieras, el 33% de la total y el 47% de la no financiera. Al sector público el 11,8 % de la total y el 16% de la no financiera y a las entidades financieras, el 30,3% de la total. Y, además, el 49,1% de las familias y el 83,5% del 20% con menos ingreso no estaban endeudadas. Y la mayoría de las familias (73,4%) con menos renta (40%) solo tenían en aquel año la deuda correspondiente a su vivienda habitual.

En contra de lo que se quiere hacer creer, las familias y las personas corrientes, o las pequeñas y medianas empresas, no son las adictas a la deuda, y endeudarse no es lo que buscan los partidos políticos más progresistas. Todo lo contrario, son ellos quienes sufren la deuda como lo que es, una esclavitud resultado de la desigualdad y de las políticas de creación artificial de escasez y de bajos ingresos.

La razón de por qué la deuda es tan elevada en todas las economías es otra, doble y bien clara. Por un lado, porque es el negocio de la banca y ésta tiene suficiente poder como para imponer un modelo generalizado de crecimiento económico impulsado por la deuda para garantizar y aumentar sus beneficios. Y, por otro, a causa de los intereses que la multiplican sin cesar.

Gracias a las normas que regulan el sistema bancario desde hace décadas, la banca tiene el privilegio de poder dar préstamos creando el dinero que presta desde la nada, es decir, sin tenerlo previamente. Y es obvio que un privilegio como este no lo desperdicia, sino que lo utiliza a la máxima potencia.

Si el negocio de la banca es dar préstamos (si solo recibiera depósitos se arruinaría) y lo que busca es aumentar su beneficio, lo que tiene que hacer es crear deuda constantemente. Para ello utiliza su poder, que es enorme precisamente por ese mismo privilegio, para imponer las políticas que restringen el ingreso y que obligan a endeudarse constantemente, o que implican modos de vida (viviendas en propiedad) que necesitan financiación externa, o para corromper a los políticos y obligarlos a realizar gastos cuantiosos, sean necesarios o no pero que deben financiarse con su crédito.

Quien es adicto a la deuda es la banca porque esa es la fuente de sus ganancias y de su impresionante poder, no solo financiero, sino también mediático, cultural y político.

La segunda razón que hace que la deuda se multiplique es el interés.

El dinero que un banco central o un banco comercial da en préstamo viene, como he dicho, de la nada. Por eso los bancos centrales pueden prestar al 0% a los bancos privados, como igual podría hacer un banco privado o comercial (otra cosa es que el interés se utilice como incentivo o desincentivo en la vida económica). Pero estos últimos lo prestan al interés más alto que pueden y, además, con fórmulas de interés compuesto que multiplican la deuda en poco tiempo: una al 7% se duplica en diez años, por ejemplo.

Los datos que muestran el peso de los intereses en la deuda total son abrumadores. De cada 100 euros de deuda pública acumulada en el conjunto de la UE-28 de 1995 hasta finales de 2015, más de la mitad (57,6 euros) corresponden a intereses, en la eurozona 60,5 euros y en España 61,4 en ese mismo periodo.

Cuando se nos dice que hay que salvar a los bancos, lo que se quiere decir es que hay que crear las condiciones que les permitan seguir creando deuda. Y es precisamente por ello que en estos últimos años en que se han ido rescatando con inmensas cantidades de dinero público (que han obligado a endeudarse aún más a los Estados) lo que ha ocurrido es que la deuda ha vuelto a crecer espectacularmente. Lógico: un banco rescatado es el que de nuevo comienza a generar deuda.

Nos decían que había que imponer las políticas de recortes para que bajara la deuda pero lo que se buscaba era justo todo lo contrario: reducir la capacidad de generar ingreso propio para que los bancos volvieran a prestar y a crear deuda. Por eso en 2015 había en Europa cinco billones más de deuda pública que en 2007, y 2,4 billones más que en 2010. Y por eso la deuda total ha aumentado en 57 billones de dólares en todo el mundo desde 2007 a mediados de 2016, y la de los Estados ha pasado de 26 billones de dólares a 56,5 billones en ese mismo periodo.

La prueba del engaño es que la deuda haya subido de esa manera justamente en el periodo de aplicación de políticas de recortes sociales y rescate a la banca justificadas como las imprescindibles para disminuirla.

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Aquí puedes leer el anterior artículo de Juan Torres de la serie Desvelando mentiras, mitos y medias verdades económicas: “ No todos los economistas predicen mal“.

¿Quién teme a la competencia y quién vive del Estado?

23 junio, 2017

Fuente: http://www.juantorreslopez.es

Uno de los mitos económicos que con mayor éxito se han difundido siempre es el que vincula la mayor competencia con los intereses de las empresas y su defensa con la práctica de las derechas, mientras que a los trabajadores y a sus representantes, sindicatos o partidos de izquierdas, se les achaca el querer siempre vivir a expensas del Estado y de las rentas que generan los demás.

Parece mentira que después de tantos años de poder comprobar cómo funcionan en realidad las economías capitalistas se pueda decir algo así, pero lo cierto es que se dice a diario y con un extraordinario efecto de convicción.

Parece mentira porque lo cierto es que las grandes empresas no sólo no desean la competencia, que es el principal motor de los mercados eficientes, sino que son, por regla general, la primera causa de que desaparezca. No creo que se pudiera encontrar en todo el planeta una sola gran empresa que se precie y que no tenga un departamento orientado precisamente a combatir la competencia y, más concretamente, a tratar de influir de cualquier modo para que los gobiernos legislen de la manera que les sea más conveniente, concediéndole privilegios y más poder de mercado. Se podrían contar por miles las normas legales, desde las leyes más generales a las directrices más concretas, que han salido directamente de alguno de esos departamentos sin que en los parlamentos se haya podido modificar una coma en beneficio colectivo. Quien ha tenido alguna experiencia legislativa o de gestión lo sabe perfectamente.

La colusión y los acuerdos para acabar con la competencia son la regla precisamente porque ésta es el mayor enemigo de las empresas que solo buscan ganar cada vez más dinero, puesto que allí donde hay más competencia los precios son más bajos y no se disfruta de beneficios extraordinarios. Por eso, las absorciones, las fusiones, los cárteles, los holdings… las diferentes formas de concentración y centralización del capital han sido siempre el hilo conductor del capitalismo y no hay un sector económico consolidado en donde la lógica imperante no sea la de cada vez menos empresas dominando el mercado. Mercado sí, pero sin competencia y bien protegido por las normas que el Estado promulgue al dictado de la gran empresa o de la banca.

El gran Adam Smith se dio cuenta muy pronto de ello y lo expresó con palabras tan sabias como bellas: “Rara vez se verán juntarse los de la misma profesión u oficio, aunque sea con motivo de diversión o de otro accidente extraordinario, que no concluyan sus juntas y sus conversaciones en alguna combinación o concierto contra el beneficio común, conviniéndose en levantar los precios de sus artefactos o mercaderías”.

La competencia suele ser el caldo de cultivo de las innovaciones, del progreso y del lucro, pero la paradoja es que su efecto benéfico desaparece en la misma medida en que el afán de lucro creciente se impone y la destruye. Las empresas y bancos que quieren ser cada día más grandes y aumentar sin descanso sus cifras de resultados saben que es verdad lo que se ponía en boca del Nobel de Economía John Nash en la película Una mente maravillosa: “la competencia siempre produce perdedores”. Por eso no la desean y luchan diariamente por acabar con ella.

A pesar de ello, como decía, el relato dominante es que las empresas y las derechas que defienden sus intereses buscan generalizar la competencia en los mercados mientras que los trabajadores solo quieren vivir de los demás.

Muchos datos reflejan que tampoco esto último es cierto, ni lo es ahora ni lo ha sido a lo largo de la historia.

En mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas menciono, por ejemplo, los resultados de diversas investigaciones realizadas por Anwar Shaikh y Ahmet Tonak que demuestran para Estados Unidos que quienes se “benefician” del Estado de Bienestar (que los liberales consideran como el mayor de los expolios) contribuyen a financiarlo a través de impuestos con cantidades mayores de las que suponen los beneficios que reciben. Y a conclusiones parecidas se ha llegado en otros países. Como en España, donde sabemos que las transferencias monetarias del Estado benefician en mayor medida a los grupos de mayor renta. Por no hablar de las ayudas estatales directas o indirectas de todo tipo que viene recibiendo los bancos y grandes oligopolios o, más sencillamente, las decisiones de gasto que toman los gobiernos sin otro sentido que proporcionarles negocio tras negocio. ¿Qué gran empresa, qué banco, qué gran fortuna existiría como tal en España sin la ayuda del Estado? Posiblemente sobrarían dedos de las manos para poder contarlas.

Afirmar que las clases trabajadoras son los grupos sociales parasitarios que viven de los demás no es solo un mito sin fundamento sino una contradicción en su propio término porque es materialmente imposible que se pueda crear cualquier tipo de riqueza sin el trabajo y lo cierto es que los propietarios del trabajo solo reciben una pequeña parte del valor total que generan con su colaboración de todo tipo en la producción.

Son las grandes empresas, los bancos y las grandes fortunas que se generan en su entorno quienes han asaltado los Estados y conquistado el poder que les permite vivir de rentas y no de la innovación y el riesgo, protegerse con normas y leyes que ellos mismos escriben y apropiarse de la riqueza de otros, limpiamente unas veces y corruptamente las más, como desgraciadamente estamos viendo día a día en nuestro país.

Dicho esto, no puede negarse, sin embargo, que si el mito se ha difundido hasta la saciedad es en cierta medida porque buena parte de las izquierdas y de la representación de las clases trabajadoras han tenido históricamente una evidente confusión sobre la realidad que hay detrás del capitalismo. Lo han vinculado equivocadamente con el mercado y no han sabido apreciar que, aunque parezca una paradoja, la competencia y la eficacia en la generación de riqueza son y deben ser perfectamente compatibles con la solidaridad, con el bienestar colectivo e incluso con la cooperación. Y han creído con demasiada frecuencia que los ingresos y la riqueza son una especie de don o que el progreso y lo revolucionario consiste en creer que todo es gratis.