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¿Quién teme a la competencia y quién vive del Estado?

23 junio, 2017

Fuente: http://www.juantorreslopez.es

Uno de los mitos económicos que con mayor éxito se han difundido siempre es el que vincula la mayor competencia con los intereses de las empresas y su defensa con la práctica de las derechas, mientras que a los trabajadores y a sus representantes, sindicatos o partidos de izquierdas, se les achaca el querer siempre vivir a expensas del Estado y de las rentas que generan los demás.

Parece mentira que después de tantos años de poder comprobar cómo funcionan en realidad las economías capitalistas se pueda decir algo así, pero lo cierto es que se dice a diario y con un extraordinario efecto de convicción.

Parece mentira porque lo cierto es que las grandes empresas no sólo no desean la competencia, que es el principal motor de los mercados eficientes, sino que son, por regla general, la primera causa de que desaparezca. No creo que se pudiera encontrar en todo el planeta una sola gran empresa que se precie y que no tenga un departamento orientado precisamente a combatir la competencia y, más concretamente, a tratar de influir de cualquier modo para que los gobiernos legislen de la manera que les sea más conveniente, concediéndole privilegios y más poder de mercado. Se podrían contar por miles las normas legales, desde las leyes más generales a las directrices más concretas, que han salido directamente de alguno de esos departamentos sin que en los parlamentos se haya podido modificar una coma en beneficio colectivo. Quien ha tenido alguna experiencia legislativa o de gestión lo sabe perfectamente.

La colusión y los acuerdos para acabar con la competencia son la regla precisamente porque ésta es el mayor enemigo de las empresas que solo buscan ganar cada vez más dinero, puesto que allí donde hay más competencia los precios son más bajos y no se disfruta de beneficios extraordinarios. Por eso, las absorciones, las fusiones, los cárteles, los holdings… las diferentes formas de concentración y centralización del capital han sido siempre el hilo conductor del capitalismo y no hay un sector económico consolidado en donde la lógica imperante no sea la de cada vez menos empresas dominando el mercado. Mercado sí, pero sin competencia y bien protegido por las normas que el Estado promulgue al dictado de la gran empresa o de la banca.

El gran Adam Smith se dio cuenta muy pronto de ello y lo expresó con palabras tan sabias como bellas: “Rara vez se verán juntarse los de la misma profesión u oficio, aunque sea con motivo de diversión o de otro accidente extraordinario, que no concluyan sus juntas y sus conversaciones en alguna combinación o concierto contra el beneficio común, conviniéndose en levantar los precios de sus artefactos o mercaderías”.

La competencia suele ser el caldo de cultivo de las innovaciones, del progreso y del lucro, pero la paradoja es que su efecto benéfico desaparece en la misma medida en que el afán de lucro creciente se impone y la destruye. Las empresas y bancos que quieren ser cada día más grandes y aumentar sin descanso sus cifras de resultados saben que es verdad lo que se ponía en boca del Nobel de Economía John Nash en la película Una mente maravillosa: “la competencia siempre produce perdedores”. Por eso no la desean y luchan diariamente por acabar con ella.

A pesar de ello, como decía, el relato dominante es que las empresas y las derechas que defienden sus intereses buscan generalizar la competencia en los mercados mientras que los trabajadores solo quieren vivir de los demás.

Muchos datos reflejan que tampoco esto último es cierto, ni lo es ahora ni lo ha sido a lo largo de la historia.

En mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas menciono, por ejemplo, los resultados de diversas investigaciones realizadas por Anwar Shaikh y Ahmet Tonak que demuestran para Estados Unidos que quienes se “benefician” del Estado de Bienestar (que los liberales consideran como el mayor de los expolios) contribuyen a financiarlo a través de impuestos con cantidades mayores de las que suponen los beneficios que reciben. Y a conclusiones parecidas se ha llegado en otros países. Como en España, donde sabemos que las transferencias monetarias del Estado benefician en mayor medida a los grupos de mayor renta. Por no hablar de las ayudas estatales directas o indirectas de todo tipo que viene recibiendo los bancos y grandes oligopolios o, más sencillamente, las decisiones de gasto que toman los gobiernos sin otro sentido que proporcionarles negocio tras negocio. ¿Qué gran empresa, qué banco, qué gran fortuna existiría como tal en España sin la ayuda del Estado? Posiblemente sobrarían dedos de las manos para poder contarlas.

Afirmar que las clases trabajadoras son los grupos sociales parasitarios que viven de los demás no es solo un mito sin fundamento sino una contradicción en su propio término porque es materialmente imposible que se pueda crear cualquier tipo de riqueza sin el trabajo y lo cierto es que los propietarios del trabajo solo reciben una pequeña parte del valor total que generan con su colaboración de todo tipo en la producción.

Son las grandes empresas, los bancos y las grandes fortunas que se generan en su entorno quienes han asaltado los Estados y conquistado el poder que les permite vivir de rentas y no de la innovación y el riesgo, protegerse con normas y leyes que ellos mismos escriben y apropiarse de la riqueza de otros, limpiamente unas veces y corruptamente las más, como desgraciadamente estamos viendo día a día en nuestro país.

Dicho esto, no puede negarse, sin embargo, que si el mito se ha difundido hasta la saciedad es en cierta medida porque buena parte de las izquierdas y de la representación de las clases trabajadoras han tenido históricamente una evidente confusión sobre la realidad que hay detrás del capitalismo. Lo han vinculado equivocadamente con el mercado y no han sabido apreciar que, aunque parezca una paradoja, la competencia y la eficacia en la generación de riqueza son y deben ser perfectamente compatibles con la solidaridad, con el bienestar colectivo e incluso con la cooperación. Y han creído con demasiada frecuencia que los ingresos y la riqueza son una especie de don o que el progreso y lo revolucionario consiste en creer que todo es gratis.

No todos los economistas predicen mal

21 junio, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Los economistas tenemos mala fama por muchas cosas pero principalmente por lo poco que acertamos en nuestras predicciones.

La crítica parece que tiene fundamento si nos atenemos a lo que ocurre con las más conocidas, las que suelen difundirse con privilegio en los medios y las que hacen los economistas más afamados. La verdad es que los fallos de predicción sobre circunstancias tan importantes como una gigantesca crisis económica mundial son tan evidentes que resulta fácil pensar que no hay otra profesión tan propensa al error como la de los economistas.

Incluso cuando la crisis estaba ya enseñando sus pezuñas por debajo de las puertas, los expertos de los grandes organismos económicos internacionales, de los gobiernos y los que entonces asesoraban a los grandes partidos políticos, afirmaban con toda seguridad que la economía iba viento en popa.

En su Informe Anual de 2006, los economistas del Banco de España (los mismos que se presentan siempre a la gente como los únicos que saben lo que hay que hacer para arreglar nuestros problemas) decían muy seguros en 2007 que proseguía “la fase de expansión de la economía española” y las perspectivas apuntaban “a su continuidad en el horizonte más inmediato”. En su opinión, solo cabía esperar “algunas incertidumbres sobre la continuidad del crecimiento de la economía”, pero “en horizontes más alejados”. Y en el que elaboraron a mediados de 2008 decían que lo ocurrido en 2007 era solamente un “episodio de inestabilidad financiera”. Los economistas que hacían las predicciones de la OCDE escribían en el informe de Perspectivas Económicas de septiembre de 2007 cuyo “pronóstico central” [sobre la situación económica venidera] seguía siendo “bastante benigno”. Y los que se creen los más grandes entre los grandes oráculos de la economía dominante, los economistas del Fondo Monetario Internacional, decían a mediados de 2007 que no había “razones para preocuparse por la economía mundial”. Su subdirector gerente hablaba en ese momento de “la favorable situación económica mundial” y el ínclito Rodrigo Rato, que por entonces combinaba sus negocios corruptos con la máxima jefatura del FMI, aseguraba que la economía mundial mantendría “su buena marcha”. A nadie pudo extrañar entonces que los economistas que asesoraron al Partido Popular y al PSOE para elaborar sus respectivos programas electorales asegurasen en ellos que en la legislatura 2008-2012 se alcanzaría en España el pleno empleo. Auténticas luminarias todos ellos.

Recurrentemente, desde finales de los años ochenta se vienen presentando informes sobre los escenarios futuros de nuestro sistema de pensiones públicas. Diversos economistas los elaboraban con cálculos sofisticados que les permitían predecir que en los años venideros, 1995, 2000, 2005, 2010… nuestra Seguridad Social entraría en déficit. Ninguno de ellos acertó en alguna ocasión. Se equivocaron siempre en sus predicciones.

Los economistas que trabajaban en las grandes agencias de calificación para evaluar los productos financieros que difundían los bancos también se equivocaron radicalmente en sus valoraciones y predicciones. Algunos estudios posteriores han demostrado con sus propios datos internos que el riesgo de que se produjeran insolvencias en sus cálculos resultó 230 veces más bajo que el real.

Se podrían poner docenas de ejemplos más de este tipo de fallos clamorosos de predicción, pero no vale la pena torturarse. Lo cierto es que se producen y que la gente asume que los economistas no aciertan nunca. Pero no es cierto que eso le ocurra a los economistas en general.

La idea de que los economistas no aciertan a predecir ni el pasado solo se puede mantener si se contempla la opinión más divulgada, las predicciones de los economistas vinculados a los grandes centros del poder y a una sola parte de la profesión. Basta con abrirse a otros ámbitos de la investigación económica para comprobar que muchos economistas sí que predicen con acierto. Como también es fácil descubrir que hay unas claras pautas de análisis, hipótesis de partida que son las que llevan a equivocarse mientras que a partir de otras diferentes se descubre con acierto lo que puede ir ocurriendo en el futuro.

La clave del asunto radica en que los que más se equivocan son casualmente los economistas que defienden las políticas dominantes, los vinculados a los grandes centros del poder o los que escriben financiados por todos ellos y quienes parten de las hipótesis analíticas más ortodoxas. Puede parecer un prejuicio, pero creo que es la verdad. Como detallo en mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas, cuando se repasan los organismos que peores predicciones han hecho sobre la evolución del PIB español en los últimos años, por ejemplo, los que aparecen son el Banco de España, el FMI, la OCDE, el gobierno de España, la Comisión Europea, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio o el Banco Santander. Es decir, los grandes centros del poder económico y financiero. Y si se repasa la lista de los economistas que han hecho predicciones sobre el futuro de la seguridad social, es fácil comprobar que quienes se han equivocado más son casualmente los autores de informes financiados por entidades financieras.

Es verdad que las causas de los errores de predicción de los economistas no son solamente el irrealismo de sus postulados analíticos o la dependencia del poder. Influye también la dificultad intrínseca que tienen los hechos económicos para ser analizados debido a su naturaleza compleja y a lo complicado que resulta medir las variables a partir de las que se pueden analizar (Samuel Williamson ha descubierto que la pregunta sobre cuánto creció el PIB del Reino Unido en 1959 ha tenido 18 diferentes respuestas por parte de diversas oficinas estadísticas y diferentes investigadores). Como también influye la prepotencia de la profesión, que rechaza más que ninguna otra, según indican las encuestas, el contacto con otras ciencias o la diversidad de planteamientos teóricos.

Pero, en todo caso, basta con ir a las bibliotecas para comprobar que todos los economistas no se equivocan a la hora de analizar la realidad o de hacer predicciones.

El caso de la crisis reciente es otra vez paradigmático. ¡Cuántas veces se ha dicho que nadie pudo preverla! Tantas, que la gente ha terminado por creerlo y por pensar que los economistas somos todos un desastre. Sin embargo, Dirk Bezemer analizó la producción científica de un buen número de ellos tratando de averiguar si era cierto que ninguno había anticipado la crisis financiera de las hipotecas basura y sus consecuencias inmediatas. Encontró que al menos doce habían publicado trabajos o artículos con una predicción concreta y certera y con alguna referencia temporal sobre lo que iba a ocurrir a partir de sus propios análisis de la situación económica y financiera. Y lo interesante es que su análisis de esos aciertos muestra que se producen desde posiciones teóricas o ideológicas dispares pero que coinciden en hipótesis esenciales que no asumen otros economistas sobre las finanzas y la deuda y en realizar sus investigaciones con independencia de los grandes grupos de interés. Hay economistas que aciertan. Los que son independientes y no se aferran a su exclusivo saber sino que recurren al de los demás y están dispuestos a dudar de sus propios postulados. Para descubrirlos solo es necesario ir un poco más allá de donde nos quieren hacer creer que acaban las fronteras del saber que no es sino allí donde se ponga algo en cuestión el orden establecido.

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Aquí puedes leer el anterior artículo de Juan Torres de la serie Desvelando mentiras, mitos y medias verdades económicas: ¿Quién teme a la competencia y quién vive del Estado?

Liberales: Defienden el mercado, pero no la libertad

18 junio, 2017

Fuente: http://www.juantorreslopez.com

05 de Mayo de 2017

Publicado en eldiario.es el 1 de mayo de 2017

La última salida de la política de Esperanza Aguirre permite reflexionar también sobre el sentido y el significado real que tiene el liberalismo económico contemporáneo, y no sólo en nuestro país.

Esperanza Aguirre, y quienes la han rodeado, se presentaba a sí misma como la expresión de la política liberal más auténtica, como una Thatcher española capaz de darle la vuelta a la sociedad y a la ideología dominantes. Y a su alrededor se han cobijado en los años en que ha estado en el poder los liberales más preclaros de la vida social española, intelectuales, catedráticos, inversores, grandes empresarios y jóvenes delfines, todos ellos predicadores de la “libertad de mercado” y enemigos acérrimos de todo tipo de intervencionismo público y estatal (del cual, por cierto, obtienen buenas rentas la inmensa mayoría de ellos).

Los seguidores de Esperanza Aguirre y ella misma han sido los más vibrantes defensores del mercado como mecanismo supremo de solución de todos los problemas económicos. Y lo curioso es que esa defensa exacerbada del mercado se ha conseguido equiparar (es verdad que no sólo en España y en el entorno de Esperanza Aguirre) con la defensa de lo eficiente, de la máxima competencia y, lo que todavía resulta más increíble, de la libertad. En contra de esa retórica liberal que entroniza al mercado, lo que el gobierno de una liberal como Esperanza Aguirre ha supuesto en la práctica está bien claro: una conspiración constante para disponer del poder público suficiente que permita acumular la mayor cantidad posible de riqueza pública en manos privadas. Una conspiración a veces tan enfermiza y acentuada que ha terminado convirtiéndose, según se va descubriendo, en el origen de una auténtica organización criminal dirigida a vaciar a manos llenas las arcas del Estado.

La eficiencia de las políticas liberales que ha llevado a cabo Esperanza Aguirre está igualmente clara cuando se comprueba que las privatizaciones efectuadas sólo han servido para poner recursos hasta entonces públicos en manos privadas, pero no para generar menores costes o más eficiencia. La privatización de amplios sectores de la sanidad o la educación no ha creado servicios mejores, más eficientes, más transparentes o más baratos, sino que, por el contrario, ha generado mayor gasto, aunque, eso sí, ahora destinado a colmar los bolsillos privados. Y es normal que eso haya sido lo que ha ocurrido porque la identificación automática entre mercado y competencia, eficiencia o libertad no es sino un gran mito sin ningún fundamento objetivo o científico.

Defender el mercado sin ningún otro matiz, como suelen hacer los liberales, es una simpleza porque en realidad no existe “el” mercado. Mercados hay muchos, con naturaleza y efectos muy variados, y para que se pueda decir que un mercado es plenamente eficiente o mejor que una buena decisión pública, a la hora de asignar recursos, deben darse una serie de condiciones y requisitos muy estrictos (por ejemplo, información perfecta y gratuita a disposición de todos los sujetos, plena homogeneidad de los productos y ausencia total de barreras de entrada a los mercados) que es casi, por no decir que totalmente, imposible que se den en la realidad.

La competencia, lejos de ser una condición innata o consustancial a los mercados, es desgraciadamente lo primero que se quiebra cuando los mercados se pone a funcionar si éstos no están convenientemente regulados, es decir, si no hay un buen anillo de derechos de propiedad que proteja a los mercados de sí mismos, de las fuerzas auto destructoras que genera el afán de lucro desmedido, la concentración de la riqueza y la vía libre para los más poderosos, condiciones que son las que suelen predominar en los mercados contemporáneos. No hay forma posible de hacer que los mercados se acerquen al ideal de la eficiencia y la competencia que no sea la de una buena regulación, el establecimiento de un adecuado sistema de normas. Y eso sólo puede garantizarse justamente cuando hay un Estado que funciona correctamente y, sobre todo, no sometido a los dictados del propio poder de mercado del que disponen quienes tienen privilegios en su seno. ¿Acaso privatizar para destinar más recursos, más servicios o más obras, más negocio, a los grandes promotores y constructores que dominan en condiciones de oligopolio el mercado tiene algo que ver con la competencia perfecta y con la mayor eficiencia? Debilitar al Estado, como hacen los liberales cuando gobiernan, es lo contrario de lo que se precisa para fortalecer la competencia y la eficiencia, y justo lo que desean quienes ya tienen gran poder de mercado para aumentarlo.

Los mercados de hoy día, los que han contribuido a diseñar y a proteger las políticas liberales de nuestro tiempo, son mucho más imperfectos que nunca y, por tanto, más ineficientes. Es una quimera, por no decir que un miserable engaño, decir que en ellos predominan la competencia o que sólo allí es donde la eficiencia va a alcanzar su máxima expresión. Ocurre todo lo contrario: lo que han conseguido las políticas liberales como las que han puesto en marcha los gobiernos de la liberal Esperanza Aguirre ha sido erradicar todavía más la competencia, oligopolizar los mercados y hacerlos, en consecuencia, mucho más ineficientes, y mucho más onerosos para la inmensa mayoría la población.

Pero si hay un mito singularmente exagerado en relación con el liberalismo es el que hace creer que al defender los mercados se defiende la libertad en su sentido prístino, en su más auténtica expresión. Es un mito porque lo que hacen las políticas liberales con el pretexto de dar libertad a los mercados es simplemente aumentar la de quienes los dominan en su exclusivo beneficio. La libertad en el mercado es una auténtica quimera cuando los derechos, o quizá mejor dicho los poderes de apropiación están definidos de una manera tan desigual y asimétrica como hoy día lo están. En las condiciones de funcionamiento de los mercados que imponen las políticas liberales, que en España no son otras que las que benefician a las más grandes empresas, la libertad que puede alcanzarse solo es la misma que Anatole France decía irónicamente que proporcionaba el derecho en nuestras sociedades: “La Ley -decía-, en su magnífica ecuanimidad, prohíbe, tanto al rico como al pobre, dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan”.

De hecho, la paradoja más grande que tienen los mercados es que, incluso si se dieran las condiciones que les permitieran ser completamente eficientes con carácter general, es decir, en todos los ámbitos de la economía, se necesitaría una autoridad central, o hablando en plata un dictador, que distribuyera satisfactoriamente la renta.

La razón es sencilla y la explico con más detalle en mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas (Ediciones Deusto): de ser eficientes (lo que ya de por sí es dudoso), los mercados solo lo serían logrando que los sujetos económicos adquieran los bienes y servicios en su uso más valioso o más barato. Pero es evidente que para que los sujetos puedan adquirir (eficientemente) esos bienes y servicios deben de haber dispuesto ya de ingresos. Y también lo es que, una vez adquiridos los bienes, la distribución de esos ingresos ya es diferente a como lo era antes del intercambio realizado. Por tanto, para que se pueda decir que los intercambios llevados a cabo en los mercados proporcionan a todos los sujetos (a la sociedad en general) la máxima satisfacción o bienestar, es imprescindible que todos los sujetos estén satisfechos con la distribución de la riqueza inicial y con la resultante. Y como esa satisfacción no la puede dar por definición el mercado ha de darla una autoridad central, el dictador. Un significativo detalle que se le olvida mencionar a los liberales cuando nos quieren hacer creer que al defender el mercado defienden la libertad.

Mercado y libertad son dos conceptos que, en realidad, no tienen por qué coincidir y que, en las condiciones de mercados imperfectos que crean las políticas liberales, es cuando menos coinciden. Los liberales defienden el mercado que les conviene a los grandes oligopolios pero de esa forma no defienden ni la competencia, ni la eficiencia ni, por supuesto, la libertad.

El experimento de la renta básica en Finlandia da sus frutos: primeros signos positivos

15 junio, 2017

Fuente: http://www.eleconomista.es

ELECONOMISTA.ES

8:34 – 10/05/2017
  • Los desempleados ha logrado que su salud mental mejore con la ayuda
  • Los niveles de estrés han caído y se puede buscar un trabajo más adecuado
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Foto: Getty.

Más de cuatro meses después de que se pusiese en marcha el experimento con 2.000 desempleados de la renta básica en Finlandia, llegan los primeros resultados y parece que son positivos. Algunos parados que pasan por situaciones personales complejas ven como su estrés se reduce gracias a esta prestación. Además, como su cuantía es relativamente pequeña no desincentiva la búsqueda de trabajo, por el momento.

Este experimento comenzó el 1 de enero de 2017. Kela, la institución de la Seguridad Social que se encarga de llevar a cabo este programa, transfiere mensualmente 560 euros al mes a 2.000 desempleados con edades comprendidas entre los 25 y los 58 años. En principio se prevé que este plan se extienda durante dos años para poder analizar sus efectos a medio plazo. Este tipo de renta garantizada sustituye el resto de subvenciones o transferencias públicas, lo que mejora la eficacia del sistema público.

Marjukka Turunen, directora de gestión de cambios de Kela, explica que el plan está teniendo algunos efectos positivos: “La idea es darle a estas personas una seguridad financiera para que puedan liberar sus mentas y no preocuparte por el tiempo, por el dinero y por las necesidades básicas”.

Una red de seguridad básica

Las personas que reciben la renta básica pueden centrarse en reciclar sus habilidades y sus conocimientos para alcanzar un puesto de trabajo acorde con sus preferencias, mientras que sin esta red de seguridad muchos de ellos tendrían que aceptar cualquier trabajo, incluso a tiempo parcial, con el objetivo de no perder la prestación por desempleo convencional.

Según Turune, las personas que están recibiendo este ingreso básico garantizado han dado muestras de una mejora en la calidad de su vida, debido a una reducción del estrés que soportan.

“Hubo una mujer que aseguraba que temía que sonase su teléfono porque podían ser los servicios de desempleo ofreciendo un trabajo cualquiera… ella explicaba que no podría asumir cualquier trabajo porque está cuidando a sus padres de edad avanzada en su casa. Este experimento tiene un impacto real sobre la salud mental de las personas”, explica este funcionario finlandés.

Este experto señala que la cifra monetaria de la renta básica es fundamental para no distorsionar el mercado: “Si usted da a la gente 1.450 euros, no habría ningún incentivo para buscar trabajo porque muchas personas podrían subsistir fácilmente con esa cantidad en Finlandia”.

“Tratamos de averiguar la cantidad precisa para que las personas encuentren cierta seguridad, pero a la vez sigan buscando empleo en lugar de quedarse en casa sin hacer nada”, explica Turune.

Con 560 euros al mes se puede sobrevivir en algunos casos, pero si tienes un hijo o personas a cargo la situación cambia radicalmente. “La idea es que den por seguros esos 560 euros al mes”.

Cuando el azúcar de comercio justo paga carreras universitarias

10 junio, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Pagarse una carrera no es fácil en Paraguay. Ni Olga, Alba o Heliodoro pudieron hacerlo. Los tres pasan de los cuarenta y son productores de caña en una pequeña ciudad del país, Arroyos y Esteros, que vive de la producción de azúcar. El panorama es diferente para sus hijos, que o bien ya están cursando educación superior o bien podrán hacerlo pronto. El mismo azúcar que a sus familias apenas les dio para una vida humilde es el que ahora paga carreras universitarias o el que está cambiando la vida del pueblo.

Todo cambió en 2005, cuando cientos de pequeños productores de caña unidos en la cooperativa Manduvirá consiguieron tener una fábrica propia y vender el azúcar libremente bajo el sistema de comercio justo.

“En Paraguay las grandes fábricas son propiedad de familias y llevan así desde hace décadas. El caso de Manduvirá es muy diferente, son pequeños productores unidos en una cooperativa”. El ingeniero al mando de la fábrica de Manduvirá, Arnaldo Molina, resume el proyecto en apenas dos frases. El trabajo con entidades de comercio justo permite a Manduvirá pagar más a los productores que venden su caña y también abonar salarios más altos a sus trabajadores. El resultado es que el producto que los consumidores encuentran en sus estanterías suele ser más caro que el azúcar convencional. Y que Manduvirá se ha convertido en la tercera exportadora de azúcar de Paraguay.

Heliodoro Andrés tiene 52 años y su historia ilustra hasta qué punto el comercio justo ha influido en la vida del pueblo. Trabajaba como electricista en la fábrica más cercana y allí vendía la caña que salía de sus cinco hectáreas. Cuando conoció el proyecto de Manduvirá quiso sumarse. “Me gustó la idea de una fábrica que fuera de los productores porque donde yo estaba era todo del patrón, no había posibilidad de dar ninguna opinión. Aquí se puede ayudar desde adentro, es algo nuestro, nuestra cooperativa y nuestra fábrica, que mañana será de nuestros hijos”, recuerda.

Ahora, además de ser socio productor, trabaja como electricista en Manduvirá. Su sueldo se ha triplicado respecto a su trabajo anterior y recibe más dinero por la caña. “Mi vida ha cambiado por tener un ingreso asegurado. Aquí se paga mejor y se trata mejor. Miro atrás y veo lo que he conseguido. Ahora tenemos una camioneta y dos motos, hemos mejorado la casa”, dice rotundo. Su esposa y él ya tienen un ahorro escolar para pagar la universidad de su hijo mayor y este año empezarán a ahorrar para el segundo.

“Buscamos que los empleados se impliquen en lo que están haciendo, no queremos que sean indiferentes. Les enseñamos qué buscamos y para eso les capacitamos”, apunta Arnaldo Molina.

La fábrica de la cooperativa azucarera Manduvirá.
La fábrica de la cooperativa azucarera Manduvirá.

De las 22.000 personas que viven en Arroyos y Esteros, 1.500 son socias de la cooperativa, que emplea a entre 200 y 300 trabajadores en función de la temporada. En total, estiman que el 60% de la actividad económica de la localidad y su entorno tiene que ver con Manduvirá.

Fue una huelga masiva la que permitió a los productores negociar con las empresas, primero los precios que se pagaban por la caña y, más tarde, el disponer de una fábrica propia que les liberara de ataduras. “Teníamos el sueño de cambiar esto, de tener nuestra fábrica y exportar nuestro azúcar. Nos pagaban incluso la mitad de lo que se pagaba en otros sitios. Nos dijeron que estábamos locos por intentar esto, pero lo conseguimos”, recuerda satisfecho el gerente de Manduvirá Limitada, Andrés González. Para que la huelga pudiera sostenerse en el tiempo, los productores hicieron una caja de resistencia para mantener los más vulnerables durante las semanas sin ingresos.

Impacto en la comunidad.

Llueve y Alba Velázquez mira afuera desde el quicio de la puerta de su casa. Tiene 42 años y vive en Arroyos y Esteros desde pequeña. “El comercio justo me beneficia en el precio y en las primas que se dan, un porcentaje que se reparte una vez al año entre todos los productores. Hay otra empresa cerca, pero pagan mucho menos y hay más diferencias. Aquí participo en las actividades de la cooperativa, voy a charlas y ahora estoy en la Junta Electoral”, dice. Su plantación de dos hectáreas de caña mantiene a la familia, aunque su marido trabaja en el arreglo de caminos y completa los ingresos familiares.

Su hija mayor trabaja en la cooperativa y está en tercer año de contabilidad. Sus otros dos hijos aún van al colegio. Ella corre con todos los gastos de su carrera, si no, “hubiera sido difícil pagarlo”. “Hubiéramos hecho cualquier cosa, malabares”, asegura.

La cooperativa da empleo a muchos hijos de productores: desempeñan labores administrativas o técnicas para sacarse un sueldo y pagar sus estudios. Es el caso de Alejandra Godoy, que con 22 años trabaja en el área de proyectos mientras estudia Ciencias Contables. Sus padres viven de la caña y de la venta de hortalizas del huerto. “En el futuro me encantaría adquirir mi propio terreno y cultivar caña. A raíz de lo que han hecho mis padres quise seguir con esto. Pero hice la carrera porque creo que no me puedo quedar solo ahí”, cuenta Alejandra.

Para Petronia Bernal, de 50 años, la caña de azúcar es su vida. Ya sus padres se dedicaron a cultivarla y, más tarde, su marido y ella se dedicaron a cuidar esas ocho hectáreas de tierra. “Hay progreso, los hijos estudian, van a la universidad, mejoramos nuestras casas y nuestras condiciones de vida. La mayoría de los hijos de productores van a la universidad, en nuestra generación eso casi no pasaba”, reflexiona Petronia. Sus hijos tienen estudios superiores y ella ha abierto una pequeña tienda pegada a su casa.

El éxito de Manduvirá ha hecho que otras cooperativas de comercio justo surjan en la ciudad. Es el caso de Montillo, que usa su caña de azúcar para elaborar ron orgánico, o el Arroyense, también dedicada al azúcar. Un comité que integra a miembros de todas las cooperativas trata ahora de que Arroyos y Esteros sea declarada la primera ciudad de Paraguay por el comercio justo, un compromiso que implicaría el apoyo institucional y el fomento del consumo de este tipo de productos en la comunidad, aún muy desconocidos.

De la clase de teatro a la planificación familiar.

Pero, ¿qué implica exactamente que los compradores sean entidades de comercio justo? El sello Fairtrade, una de las certificaciones internacionales más reconocidas para constatar que los productos son efectivamente de comercio justo, establece unos precios mínimos para cada producto y zona que sirve de guía para los compradores. “Pagamos un precio que cubre los costes de producción y que cubre el coste de la vida en función de la región y del producto. El precio de comercio justo siempre supera el precia de mercado”, explica Marta Mangrané, de la organización Ideas, que apoya a Manduvirá y que es una de las entidades que compra su azúcar en España.

El precio no es el único factor que hace que un producto sea considerado de comercio justo. Las entidades productoras deben respetar los derechos laborales y no valerse de trabajo infantil, estar comprometidos con la igualdad de género y reinvertir parte de sus beneficios en el bienestar de la comunidad o de la plantilla. Es lo que se llama la prima de comercio justo: en Manduvirá una parte de esa prima se reparte anualmente entre los productores y otra parte financia actividades o servicios de mucho valor para el pueblo.

Preparación de los sacos de azúcar para ser transportados.
Preparación de los sacos de azúcar para ser transportados.

Las instalaciones de la autoridad local alojan cada lunes la primera clase de teatro que se ha organizado en la historia de la ciudad. Es la cooperativa la que financia una parte a través de esa prima de comercio justo. Doce chicas ensayan expresión corporal y dramatización de textos.

Unas calles detrás, en el patio de las oficinas de Manduvirá, la cooperativa hace el reparto anual de kit escolares para los hijos de los productores: calzado, algo de ropa, material escolar, una mochila… La cooperativa busca apoyar la escolarización en un país donde del abandono de los estudios es muy frecuente. El trabajo con los niños también se centra en la nutrición. “Nuestra idea es que haya un consumo responsable de azúcar y que la gente tenga una alimentación saludable. Hacemos incidencia para que en los colegios no se vendan golosinas o bebidas carbonatadas”, asegura el gerente de la cooperativa, Andrés González.

Las actividades en las que Manduvirá invierte su prima incluyen también charlas y talleres sobre liderazgo, educación financiera, cuidado del entorno o planificación familiar. La cooperativa financia también parte de un consultorio médico y servicios odontológicos y oftalmológicos a los que puede acudir cualquiera pero que tienen un precio especial para los cooperativistas. Para muchos, la única posibilidad de acceder a un crédito es acudir a la cooperativa.

“Es una cadena que va beneficiando a toda la comunidad. Hay una convicción de eso en la cooperativa, también los que no son socios ven el impacto positivo que esto tiene”, dice la productora Petrona Bernal. La socia matiza que no siempre todo es “de color de rosa”. El precio del azúcar a veces sube, otras baja, y los productores no siempre quedan del todo satisfechos. En su tienda, el kilo de azúcar de la cooperativa cuesta cerca de un euro (seis mil guaraníes); en un supermercado la misma cantidad de una marca convencional puede costar la mitad.

Cultivo orgánico para competir.

El encargado de la fábrica, Arnaldo Molina, señala una de las cartas con las que juega Manduvirá para ser competitiva: todo su azúcar es de cultivo orgánico, algo poco frecuente en el país y que les ayuda a posicionarse en el mercado internacional. “Estamos haciendo un buen azúcar y tenemos aceptación en el mercado. Queremos aumentar la producción y ampliar la fábrica”, dice el ingeniero Arnaldo Molina, que está ya al final de su carrera laboral y que durante décadas trabajó para grandes productoras convencionales.

A día de hoy, de la fábrica salen mil toneladas de azúcar al día. Su producto llega a 25 países de todos los continentes, aunque su principal comprador es Alemania. El 80% del azúcar que exportan va directamente a la industria para elaborar, a su vez, otros productos de comercio justo, como galletas o chocolate. Su reto ahora es llegar directamente a la hostelería. Para ello están, por ejemplo, diseñando azucarillos que consumir con el café o las infusiones.

El gerente, Andrés González, se lamenta por los aranceles de entrada a Europa. “Nosotros competimos con calidad y con principios”, se resigna. Consciente de que el consumo de azúcar está en el punto de mira, la cooperativa está apostando por fomentar la producción y venta de frutas y verduras orgánicas, que muchos de sus productores también cultivan en sus huertos.

NOTA: El viaje de la redactora a Paraguay y toda la cobertura ha sido patrocinado por la cooperativa Ideas de Comercio Justo a través de un proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid)

El asalariado neoliberal

7 junio, 2017

Fuente: http://www.econonuestra.org

Escrito por , martes, 5 de noviembre de 2013.

Por Manuel Guerrero, Historiador e investigador del Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad Complutense y miembro del colectivo econoNuestra y Lucía Vicent, Miembro del colectivo econoNuestra y de FUHEM Ecosocial.

Tras la crisis de acumulación acaecida en el mundo occidental desde finales de los sesenta y principios de los setenta, sobrevino el célebre giro neoliberal. Los modelos económicos surgidos tras la Segunda Guerra Mundial defendían una interpretación del papel estatal que concentraría sus esfuerzos en el pleno empleo, el crecimiento económico, el bienestar de los ciudadanos y la intervención en la marcha del mercado si fuera necesario. Todo ello con el acompañamiento de políticas monetarias y presupuestarias de corte keynesiano daría forma a lo que se conoce como “liberalismo embridado”, que constituía un pacto o compromiso de clase entre el capital y el empleo. Este sistema conllevó altas tasas de crecimiento durante las décadas de los cincuenta y sesenta en parte gracias al papel ejercido por los Estados Unidos como garante del mismo. Ya a finales de la década de 1960, este “liberalismo embridado” comenzó a ofrecer signos de debilidad, de agotamiento ante la crisis de acumulación de capital que se experimentaba.

A partir de 1970 este proceso se acentúa debido al avance del desempleo y la inflación, lo que se tradujo en una etapa de marcada estanflación que caracterizó la evolución económica en los años posteriores y tuvo consecuencias significativas: repercutió en un descenso de la recaudación estatal y en un aumento del gasto social que propiciaron unas crisis fiscales que abonaban el terreno para la ofensiva neoliberal. La incapacidad de la izquierda socialdemócrata en unos casos y la traición tácita a su electorado en otros, propició que se convirtiera en un instrumento inútil para impedir el giro ideológico que se estaba imponiendo. Ahora, los intereses coincidentes con las interpretaciones hayekianas tomarían las riendas del cambio. El pacto o compromiso de clase que permitía restringir o controlar en cierto modo las cuotas de poder de las clases altas así como conceder a la clase trabajadora un mayor peso en el reparto de los beneficios se quebró definitivamente.

El despliegue neoliberal en el mercado de trabajo.

Es a partir de ese momento cuando comienza a aplicarse el recetario neoliberal en el ámbito de los mercados laborales. Se debía estimular de nuevo la acumulación de capital acabando con cualquier resistencia que pudiera ofrecer la clase trabajadora a través de la organización sindical o movimientos sociales, ya fuera en el ámbito nacional o con la injerencia externa si fuera necesario. Ejemplos paradigmáticos de estas dinámicas galopantes pueden ser el golpe de Estado llevado a cabo en Chile contra el Gobierno de Unidad Popular encabezado por Salvador Allende o la ofensiva promovida por el Gobierno de Thatcher contra los sindicatos en el Reino Unido.

Es posible reconocer, pese a las especificidades pertenecientes a cada región o sector, ciertos aspectos coincidentes que podrían insertarse en el marco [des]regulatorio neoliberal. Uno de los lemas más reconocibles es la denominada flexibilidad laboral. Una condición del mercado de trabajo neoliberal que pretende combatir la “ineficiencia” y el “inmovilismo” anteriores respaldados en poderosas organizaciones sindicales surgidas tras la Segunda Guerra Mundial. Bajo el eufemismo de la especialización flexible se esconde una restauración o formación del poder de clase capitalista (como pueden ser los casos de China o Rusia) fundamentado en una reducción salarial o disminución de la protección laboral. Se configuran unos mercados laborales en los que el aumento de la precariedad y la pérdida de los beneficios por parte de la clase trabajadora vienen a resolver en favor del capital la ruptura del pacto keynesiano del pasado. Esta crisis de acumulación, que comenzó a vislumbrarse a finales de la década de los sesenta, se intentaría solventar, por tanto, en el ámbito del mercado laboral con lo que se ha bautizado como acumulación flexible.

Tal y como señalaba Karl Polanyi :

[…] la ficción de las mercancías omitía el hecho de que dejar la suerte del suelo y de las personas en manos del mercado equivaldría a aniquilarlos. En consecuencia, el movimiento contrario consistía en frenar la acción del mercado respecto de los factores de la producción: la mano de obra y la tierra. Ésta era la función principal del intervencionismo.

El deterioro de las formas de organización obrera, ya sea por claudicación cómplice o por el desgaste sufrido con la ofensiva de la propia lógica capitalista –en la que también se halla el modo de ejecutar la terciarización, las integraciones en áreas económicas, deslocalizaciones, etc.–, forma parte de este panorama que confecciona el Estado neoliberal. Un Estado que transfiere al individuo toda responsabilidad y que abandona toda provisión social al trabajador apoyándose en una exégesis escolástica de su aparato teórico. Esto, en cierto modo, estructura también la atomización de la clase trabajadora y, con ello, su pérdida clara de fuerza en la pugna distributiva: un abandono de la reivindicación colectiva que merma el sentido de clase, del colectivo (valga la redundancia) que viene estimulada también por las altas tasas de desempleo o lo que Karl Marx formulaba como la creación del ejército industrial de reserva. Esta fase condiciona la fuerza negociadora de los asalariados de forma decisiva ya que la devaluación del valor de su fuerza de trabajo, entendida como mercancía, es un hecho.

No hay que olvidar que en esta configuración del Estado neoliberal, el papel de los empresarios y de las corporaciones contribuye de forma determinante en la creación de nuevas legislaciones que favorecen sus intereses de clase y fundamentan unas condiciones objetivas claramente favorables a los mismos. Un ejemplo de ello son las puertas giratorias, que permiten establecer un trasvase entre sector público y privado a personalidades que, de este modo, incrementan y consolidan sus beneficios por la vía legal. De esta forma, se favorece a empresas de ciertos sectores que se ofrecerán, a su vez, a inflar los presupuestos y a brindar un suculento retiro al cargo público que se preste. Esto funciona, per se, como un elemento de subversión política más dentro de los canales del Estado en favor de las élites políticas y económicas.

Grosso modo, éste podría ser un trazado del paisaje que se ha ido estableciendo en el mercado de trabajo europeo desde el advenimiento neoliberal. La naturaleza, la esencia de los cambios producidos poseen un alto contenido ideológico y si perdemos de vista en nuestro análisis este asunto, obtendremos respuestas fragmentadas e incompletas y, por ende, nuestra réplica estará condenada desde su formulación.

Hay palabras que matan

25 mayo, 2017

Fuente: http://www.ccaa.elpais.com

La expresión austeridad genera sentimiento de culpa, sumisión.

JUAN TORRES LÓPEZ

10 NOV 2013 – 00:40 CET

El amor causa a veces tanta desazón que en lugar de producir gozo decimos que mata. San Juan de la Cruz lo definía por eso como un no se qué que mata con no se qué, y santa Teresa sufría por ello como nadie: “Hirióme una flecha, enherbolada de amor”.

A las palabras les ocurre más o menos lo mismo. Aunque no nos demos cuenta, cuando se utiliza cualquiera de ellas no solo se “dice” algo sino que se realiza una acción que puede modificar lo que hay a nuestro alrededor y, por tanto, nuestra conducta. Eso significa que las palabras tienen capacidad performativa o, según Derrida, “el poder de transformar la realidad”.

Cuando se utiliza la expresión austeridad para referirse a las políticas de recortes no es por casualidad. Con ella se genera un sentimiento de culpa que genera sumisión porque interpreta la pérdida de derechos que conllevan como la consecuencia inevitable de nuestro gasto previo excesivo. Además, la inmensa mayoría de las personas consideramos la austeridad como un valor positivo, así que cuando se utiliza esa palabra asociada a una determinada política económica se está consiguiendo que se de por buena con independencia de lo que lleve consigo, de su contenido real.

La evidencia empírica muestra que si la deuda que se quiere combatir con recortes sociales se ha disparado no ha sido por culpa de haber tenido muchos gastos corrientes (concretamente en educación, sanidad, cuidados o pensiones públicas que son las partidas que se recortan) sino porque se pagan intereses leoninos y totalmente injustificados a los bancos privados, y las encuestas nos indican que casi un 80% de la población no desea que se realicen esos recortes. Pero cuando se asocian a la palabra austeridad se aceptan fácilmente porque se considera que esta es lo natural y deseable frente al despilfarro o derroche que cualquier persona decente condena. La palabra, casi por sí sola, transforma la realidad y condiciona nuestra conducta.

Algo parecido ocurre también con la palabra déficit cuando se refiere a la prestación de los servicios públicos. Si nos dicen que la sanidad o las pensiones públicas o una televisión autonómica o un servicio municipal tienen déficit, inmediatamente pensamos en algo negativo y condenable, en que han gastado más de lo debido y que, por tanto, hay que recortarlos o incluso renunciar a ellos.

Pero la realidad es que las actividades o servicios que se financian en el marco de un presupuesto público no pueden tener déficit o superávit en sí mismos. Pueden tenerlos los Presupuestos Generales del Estado, los de una comunidad autónoma o de un Ayuntamiento, pero no sus diferentes partidas o conceptos.

Lo mismo que no tendría sentido ninguno decir que la jefatura del Estado o la policía es deficitaria, tampoco lo tiene decirlo de la justicia, la sanidad, la educación, las pensiones o de una televisión pública. Salvo que queramos performar la realidad para convencer de que la monarquía o la policía o cualquier otro servicio público es muy caro, que gasta en exceso y que, por tanto, es prescindible o que sus recursos deben disminuir.

Sin que apenas nos demos cuenta, usamos palabras que matan porque nos hacen creer lo que no es para hacernos así más obedientes.

Ningún servicio público tiene déficit sino que, en todo caso, tiene financiación insuficiente. Y la tienen porque una parte privilegiada de la sociedad no quiere contribuir a financiarlos como demuestra que solo aplicando las medidas que proponen los técnicos del Ministerio de Hacienda para combatir el fraude fiscal se recaudaría prácticamente la misma cantidad (38.500 millones de euros) que van a suponer los recortes sociales de este año.

Pero es evidente que no tiene el mismo efecto político utilizar una expresión u otra. Si oímos a cada instante que lo público es deficitario se pedirá que se recorte, si se hablase de su escasa financiación, se reclamarían más recursos, obligando a que los de arriba, y no solo los de abajo, se rasquen también el bolsillo.

@juantorreslopez

¿Qué hacemos con los llamados paraísos fiscales?

17 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Describe mucho mejor el fenómeno guarida fiscal, escondrijo en el que se refugian una o varias personas buscadas por realizar actividades delictivas, que el de paraíso.

La evasión fiscal es un delito gravísimo: provocar pobreza, dañar la salud, empobrecer el capital humano… son delitos de lesa humanidad.

– Juan Gimeno

07/04/2017 – 19:09h

El PP rechaza penalizar en la nueva Ley de Contratos a empresas vinculadas a paraísos fiscales
Jornada en el Congreso contra los Paraísos fiscales

El lunes 3 de abril, siguiendo la iniciativa del Foro Social Mundial, se celebró el día mundial contra los paraísos fiscales. La plataforma por la Justicia Fiscal[1]  celebró en el Congreso de los Diputados un encuentro con representantes de los grupos parlamentarios en el que planteamos la reflexión sobre la pregunta que da título a este artículo.

En estos tiempos de neolenguaje y posverdad, cada vez más orwelianos, un primer apunte ha de referirse al propio término de Paraísos Fiscales. Porque el lenguaje no es neutral y elegir una forma de denominar algo es ya una opción respecto al mensaje que se quiere enviar.

¿Qué es un “paraíso”? Una definición es la de “lugar en que llegan las almas de los justos y donde gozan de felicidad completa”. Es difícil conseguir algo más atractivo. Solo llegan los mejores y obtienes la felicidad absoluta. Pero resulta difícil aceptar que quienes utilizan los llamados paraísos fiscales sean precisamente los “justos”. Y no nos resignamos a que se presenten esos territorios como lugares deseables.

Tampoco es neutral la definición de paraíso fiscal que encontramos en el diccionario de la RAE: “País o territorio donde la ausencia o parvedad de impuestos y controles financieros aplicables a los extranjeros residentes constituye un eficaz incentivo para atraer capitales del exterior”. Simplemente, una feliz herramienta de política económica. Visto así, por ejemplo, la bomba atómica se definirá como eficaz incentivo para finalizar una guerra.

En inglés se utiliza la expresión Tax Haven (refugio o guarida). Quizás alguien tradujo confundiendo Haven con Heaven (cielo) y nos ha quedado esa perversión.

Sin duda, describe mucho mejor el fenómeno la expresión Guarida (fiscal), escondrijo en el que se refugian una o varias personas buscadas por realizar actividades delictivas (que conllevan habitualmente la defraudación fiscal).

Porque las guaridas fiscales son, en realidad, guaridas de delincuentes: sin ningún sentido económico real, ocultan y sirven de puente para el blanqueo de capitales de actividades como la corrupción, el crimen organizado, las mafias, el terrorismo, el tráfico de armas, el tráfico de drogas… En general, todo tipo de actividades contrarias a los derechos humanos y al bien común.

Como, es cierto, todas los delitos descritos eluden impuestos y blanquean en las guaridas, el adjetivo “fiscal” es apropiado. Pero parece como si se utilizara para suavizar el delito. Si habláramos de guaridas de terroristas, de mafiosos y traficantes, las opiniones públicas pedirían indignadas una acción dura contra ellas. Pero lo de fiscal suena a delito menor, más suave.

No es fácil de entender esta (falta de) conciencia ciudadana. La evasión y el fraude fiscal disminuyen gravemente la recaudación pública, dificultando obtener los ingresos necesarios para financiar la inversión en servicios públicos y sociales esenciales. Además, agrava la injusticia del sistema y vicia la competencia leal al favorecer a las grandes empresas.

¿No somos conscientes de que los recursos públicos son la garantía de los derechos ciudadanos, de derechos humanos básicos? Sin ellos, sufre la educación, la salud, la seguridad, la productividad, la libertad y la propia democracia.

¿No somos conscientes de que la inversión en derechos sociales reduce gastos? Está demostrado que la pobreza incrementa los riesgos de enfermedades y de abandono escolar; que la menor inversión en salud acaba provocando mayor gasto curativo; que la elevada desigualdad reduce el crecimiento y genera inestabilidad social.

Provocar pobreza, dañar la salud, empobrecer el capital humano… son delitos de lesa humanidad: acto inhumano que cause intencionalmente grandes sufrimientos o atente gravemente contra la integridad física o la salud mental o física cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

La evasión fiscal es un delito gravísimo

Las guaridas han existido siempre. La impunidad es lo que les permite sobrevivir y crecer. La globalización financiera ha multiplicado los importes y la opacidad, con muchas entidades financieras actuando como inductores y facilitadores de tales prácticas delictivas.

No actuar decididamente contra las guaridas fiscales supone un grave delito de complicidad con los que se dice combatir.

Es cierto que diferentes actores internacionales (G7, G20, OCDE, UE) están, dicen, tomando medidas para obligar a un mayor control sobre la utilización de las guaridas fiscales por parte de grandes empresas y fortunas para eludir o evadir impuestos. Pero… con retraso, timidez y sin afectar a territorios afectos a su propia soberanía.

En todo caso, la cooperación internacional es imprescindible.

No es cierto que no se pueda hacer nada. Hay muchas propuestas perfectamente viables. Estas son algunas de ellas:

  • — Revisar la definición de paraísos fiscales y elaborar un nuevo listado efectivo de territorios. Aunque no tengan ámbito nacional.
  • — Puesta en marcha de un régimen fiscal multilateral que evite la competencia de estímulos fiscales entre Estados y que aborde la transparencia fiscal internacional, el intercambio automático de información y la lucha contra el fraude. Al menos dentro de la UE.
  • — Implantar el Impuesto a las transacciones financieras que penalice los flujos especulativos, especialmente los que se negocian desde estos refugios opacos.
  • — Obligar a las empresas y corporaciones a publicar sus inversiones, beneficios e impuestos pagados país por país.
  • — Registro público obligatorio de titulares reales y últimos de las empresas.
  • — Prohibición de sociedades ficticias y acciones al portador.
  • — Colaboración obligada de las grandes entidades de Banca Privada (titulares que operan en guaridas fiscales).
  • — Ligar acuerdos de libre comercio con convenios de intercambio de información.
  • — Penalizaciones a las empresas con fondos o filiales en esos territorios:
    • — en la obtención de contratos y concursos
    • — en beneficios fiscales
    • — en los movimientos con guaridas fiscales

Cabe destacar en esta dirección el movimiento por los Municipios libres de paraísos fiscales.

  • — Reforzar y priorizar la inspección.
  • — Proteger a los denunciantes y filtradores.
  • — Penas mayores que las actuales, y sin reducciones, a quienes utilicen las guaridas fiscales.
  • — Exigencia de responsabilidades a asesores e intermediarios financieros.
  • — Plazo ampliado para prescripción de delitos.
  • — …

Es imprescindible apuntar hacia la completa erradicación de las guaridas fiscales… a medio plazo. A corto plazo es imperativo acometer medidas que penalicen y desincentiven la utilización de estos territorios. Medidas enmarcadas en la lucha contra la evasión y el fraude, que son las lacras que es preciso extirpar.

No es un objetivo imposible. Depende de la voluntad política y de la capacidad de presión.

El castigo social y electoral ha de ser la medida más eficaz para conseguir superar la tibieza de las políticas aplicadas. Por ello, es necesario educar y sensibilizar a la ciudadanía en la gravedad de los delitos fiscales así como en la gravedad de los comportamientos cómplices, aunque solo sea por omisión.

Erradicar las guaridas fiscales es un primer paso. Y es responsabilidad colectiva: de los líderes políticos y los gobiernos, de los medios de comunicación y de los educadores, de los votantes y ciudadanos…

También de todas las organizaciones sociales que trabajamos por un mundo mejor y más justo.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor

[1] La plataforma por la Justicia Fiscal, es una alianza de organizaciones ciudadanas, sindicatos, movimientos sociales, ONG y otros actores de la sociedad civil, movilizadas para corregir las desigualdades del sistema impositivo y exigir medidas reales contra el perjuicio social de la evasión y la elusión fiscal y acabar con los llamados Paraísos Fiscales.

Un año de paraísos fiscales en el punto de mira

7 abril, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Después de un año de que comenzara la publicación de los Papeles de Panamá, la UE todavía tiene pendiente publicar una lista de paraísos tras rechazar su primera propuesta el Parlamento Europeo.

La OCDE defiende que se han logrado “significativos éxitos” pero reconoce “deficiencias en la arquitectura de la transparencia internacional”.

“Nosotros no hemos encontrado más endurecimiento en las normas”, dice el presidente de la filial española de uno de los principales bancos andorranos.

Antonio M. Vélez02/04/2017 – 18:34.

Más allanamientos en Panamá por vínculos de Mossack Fonseca con "Lava Jato"
Oficinas de Mossack Fonseca. EFE

Este lunes pasado se cumplió un año del estallido del escándalo de Los Papeles de Panamá, la mayor filtración de documentos de la historia, con origen en el bufete de abogados Mossack Fonseca. Un terremoto que reveló las artimañas fiscales de un extenso listado de multimillonarios y de dirigentes políticos de todo el mundo (o personas de su entorno) y que en España acabó con la carrera política del exministro de Industria José Manuel Soria. A propósito de este aniversario, el Foro Social Mundial ha declarado este 3 de abril Día Mundial Contra los Paraísos Fiscales.

Un año después, hemos conocido  la reciente detención por su presunta implicación en el caso Lava Jato, el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil, de los dos fundadores de Mossack Fonseca.

Sabemos también que el despacho que durante décadas ayudó a crear miles de sociedades offshore llegó a convertirse  en sede del Registro Mercantil de Niue, un atolón del Pacífico ubicado a 10.000 kilómetros del bufete que utilizaron defraudadores españoles como el actor Imanol Arias.

Y también sabemos que en España el  Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Ministerio de Economía, ha realizado catorce informes de inteligencia financiera sobre 209 sociedades que se encontraban en la base de datos del afamado despacho panameño.

¿Pero se han producido avances en la lucha contra la evasión en los territorios offshore en este último año?

El balance del Foro global sobre la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es positivo. Este órgano, que desde este año preside la española María José Garde, defiende en su informe de progreso de 2016 que aunque persisten “deficiencias en la arquitectura de la transparencia internacional”, se han logrado “significativos éxitos”.

Su tesis es que “aunque la filtración subrayaba los continuos problemas de la evasión fiscal internacional, también mostraba la efectividad de las medidas que la comunidad internacional impulsa para abordar estos problemas. Los documentos mostraban que el número de compañías con ventajas fiscales creadas por el bufete en cuestión llevaba disminuyendo varios años y que el número de nuevas empresas con acciones al portador [que no permiten conocer quiénes son sus verdaderos propietarios] había caído prácticamente a cero en 2015”.

“Aunque las filtraciones ocupan titulares en todo el mundo y subrayan los problemas derivados de la opacidad de las entidades jurídicas, la realidad es que se han realizado enormes progresos en la lucha contra este problema durante los últimos años y se continúan realizando”, resume el informe.

Unos días después del escándalo panameño, la Comisión Europea proponía una medida recomendada por la OCDE que ya estaba vigente en España, el desglose de información país por país con los pagos de renta e impuestos de empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales. Una medida reputacional y de control que no deja de ser un avance. Pero la UE ha sido incapaz de consensuar una lista de paraísos fiscales que había prometido para este año, incluso antes del caso de Los Papeles de Panamá.

En enero pasado, el Parlamento Europeo obligó a la Comisión Europea a rehacer una relación provisional de “países de riesgo” relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo compuesta por Corea del Norte, Irán, Afganistán, Bosnia Herzegovina, Irak, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen. Se quedaban fuera territorios como Islas Bermudas, Islas Caimán o Panamá, por no hablar de los cuatro países miembro de la UE a los que la ONG Oxfam situaba en diciembre pasado en la lista de paraísos “más agresivos” del mundo: Holanda, Irlanda, Luxemburgo y Chipre.

Más conciencia, las mismas medidas

Tras Los Papeles de Panamá, llegarían Los Papeles de la Castellana, una investigación publicada por eldiario.es en junio pasado; Bahamas Leaks (en septiembre) y Football Leaks (a finales de 2016). Filtraciones masivas que quizás han aumentado la conciencia ciudadana sobre las consecuencias de la existencia de los paraísos, pero que no han propiciado la adopción de una normativa más estricta, coinciden los expertos consultados.

“Nosotros no hemos encontrado más endurecimiento en las normas, que ya eran bastante exigentes”, dice a eldiario.es el presidente de la filial española de uno de los principales bancos andorranos, que pide el anonimato.

Este directivo asegura que la normativa vigente ya “es durísima, tanto en España como en Estados Unidos”, y recuerda que, tras la llegada de Donald Trump al poder, todo apunta a una “relajación” de la normativa bancaria, después de que el nuevo presidente estadounidense firmase en febrero una orden ejecutiva para derogar parte de la ley Dodd-Frank, que fue promulgada en 2010 tras la crisis financiera que arrancó en 2008.

“Mi conclusión es que no hay una verdadera voluntad política ni de la Comisión Europea, ni del G20, ni de la OCDE, de acabar con la utilización de los paraísos fiscales: dan vueltas a la tortilla con medidas que son positivas, pero que no van al fondo de la cuestión”, dice José María Peláez, inspector de Hacienda.

Este experto en fiscalidad internacional aventura que no se adoptan medidas más contundentes (fundamentalmente, en materia de intercambio de información) “porque si se pusiera sobre la mesa todo lo que hay, muchos mandatarios se verían retratados”.

Unas semanas después de estallar el escándalo, el Parlamento Europeo anunció la creación de una Comisión de Investigación cuya efectividad muchos discuten (“Se crean comisiones de investigación para no investigar nada”, decía hace un mes el eurodiputado de Podemos Miguel Urban) que comenzó sus trabajos en septiembre y que debería tener redactadas sus conclusiones en junio.

Su puesta en marcha ha encontrado notables trabas de la propia Comisión Europea. Cabe recordar que la esposa del comisario español Miguel Arias Cañete apareció en Los Papeles de Panamá; y la excomisaria Neelie Kroes, en Bahamas Leaks.

El inspector José María Peláez, que hace un mes participó en los trabajos de esa comisión, relativiza la importancia de la entrada en vigor del nuevo estándar de intercambio de información fiscal de la OCDE.

En teoría, a partir de este año, con los nuevos convenios que suscriban los países, los datos fiscales se intercambiarán de forma automática. Pero su pronóstico es que “van a intercambiar información los países que no tienen ningún problema en hacerlo: los miembros de la OCDE. Los que son auténticos paraísos fiscales no van a firmar y no afrontarán “ninguna consecuencia”. “Mi conclusión es que los paraísos fiscales van a seguir existiendo y se van a seguir utilizando”.

Miguel Urban, de Podemos, considera que se ha avanzado “muy poco” en esta materia y cree que los criterios de la lista que está elaborando Bruselas “son laxos”: “Hay muchas formas diferentes para que un país salga de ese listado llegando, por ejemplo, a acuerdos unilaterales con otros países”.

En su opinión, que no exista ese listado ni se implanten mecanismos más firmes se explica porque, “para empezar, a la propia institución europea y a los gobiernos parece que les preocupan más los nombres que la existencia de la evasión y el robo a gran escala. Además, también se necesitaría la unanimidad del Consejo, y en este caso Luxemburgo se niega tajantemente; y aún es más difícil teniendo a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea”.

La Monarquía como freno al cambio político y social en España

5 abril, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 5 de enero de 2017, y en catalán en la columna “Pensament Crític” en el diario PÚBLIC, 9 de enero de 2017.

Este artículo analiza el papel determinante que juega la Monarquía en la defensa del orden conservador que domina las instituciones del Estado español, dominio que es responsable del gran retraso social y político de este país.

Una de las percepciones que me sorprendió y preocupó más al integrarme de nuevo en la vida académica y política de España fue la que existía entre amplios sectores de las izquierdas gobernantes de que la Monarquía había sido un elemento determinante en el establecimiento de una democracia considerada como homologable al resto de las democracias en la Europa occidental, atribuyéndosele así una vocación democrática a tal institución y al que la dirigía, el Rey Juan Carlos, aun cuando su perpetuación en la gobernanza del país había sido impuesta por uno de los dictadores más crueles y represivos que hayan existido en la Europa occidental del siglo XX (según el profesor Malefakis, Catedrático de la Columbia University, en Nueva York, y experto en fascismo europeo, por cada asesinato que hizo Mussolini, el régimen dictador del General Franco asesinó a 10.000). Tal vocación democrática de la Monarquía parece –según aquellas izquierdas- haberse acentuado todavía más durante el mandato de su sucesor, el Rey Felipe VI, al cual se le considera ya aclimatado completamente a un régimen democrático, jugando un papel estabilizador del sistema.

¿Qué es lo que el Monarca estabiliza?

En esta percepción que acabo de describir se olvida, sin embargo, que la Monarquía ha jugado durante todo el periodo democrático un papel esencial en garantizar la perpetuación de las coordenadas de poder solidificadas durante la Transición, que han obstaculizado el progreso social, político e incluso económico del país. Aquellos que perpetúan la percepción de la Monarquía que describo en el párrafo anterior están ignorando que el hecho de que España, casi cuarenta años después de que se estableciera la democracia, continúe teniendo uno de los Estados del Bienestar menos desarrollados de la Unión Europea de los Quince (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo al español), con uno de los gastos públicos sociales (que incluye sanidad, educación, vivienda social, servicios de ayuda a las familias y pensiones, entre otros) per cápita más bajos de tal Unión (y una de las democracias más limitadas en la misma UE-15), se debe precisamente a una continuidad y perpetuación de la excesiva influencia que las fuerzas conservadoras han tenido sobre el Estado español, lo cual ha dificultado su desarrollo político y social. Y el estandarte de estas fuerzas conservadoras ha sido la Monarquía. Este orden monárquico ha estado basado en un régimen bipartidista en el que los cambios han sido siempre limitados, como consecuencia de una enorme estabilidad en las relaciones de poder dentro de las instituciones políticas. Resultado de esta enorme influencia, todas las instituciones del Estado, con notabilísimas excepciones, están controladas o están bajo el dominio de las fuerzas conservadoras. La evidencia de ello es abrumadora. Lo ocurrido en estas últimas elecciones al Congreso de los Diputados es un ejemplo de ello.

La perpetuación del subdesarrollo social de España

Ni que decir tiene que España ha vivido cambios muy importantes, muy en especial durante el periodo de gobiernos de izquierdas. El desarrollo (aunque subfinanciado) del Estado del Bienestar es uno de ellos. Ahora bien, las coordenadas de poder dentro del aparato del Estado han cambiado poco, con una enorme influencia de las fuerzas conservadoras (las mismas que dominaban el Estado dictatorial) sobre tal aparato. Cómo explicar, si no, que España, casi cuarenta años después de la llamada erróneamente “transición modélica” de una dictadura a una democracia (presentada con excesiva complacencia como homologable con cualquier otra en la UE-15), todavía sea el país de tal UE-15 con mayor número de policías por cada 100.000 habitantes (recordando su pasado histórico dictatorial) y, en cambio, con uno de los menores porcentajes de la población adulta trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar (tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia y servicios domiciliarios a personas con dependencia, entre otros). Los datos están ahí disponibles y son fácilmente accesibles. Según la oficina de estadística de la UE, Eurostat, España tiene 527 policías por cada 100.000 habitantes, el número más elevado de los países de la UE-15. En realidad, España tiene el mismo número de policías que Alemania, país que es mucho más grande que España (que tiene casi 36 millones menos de habitantes que Alemania).

A la vez que los aparatos de policía y seguridad del Estado están sobredimensionados, destaca el número muy bajo de personas adultas trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar. En realidad, el porcentaje de población adulta que trabaja en estos servicios (tales como sanidad y educación, entre otros) es solo del 10%, cuando en Suecia es el 21%; el promedio de la UE-15 es el 12%. Estos indicadores son una muestra del enorme poder que las fuerzas conservadoras tienen sobre el aparato del Estado.

Este enorme poder se reproduce, en parte, mediante la intervención llevada a cabo por los aparatos de policía y seguridad (sean del Estado central o autonómicos), cuya primera función es garantizar el “Respeto a la Ley”, principio central en un sistema en el que tal ley ha sido fruto, precisamente, de aquellas desiguales coordenadas de poder. Esta intervención tiene como función no tanto la eliminación de la delincuencia y la criminalidad común (que es de las más bajas de la UE-15), sino la defensa del orden político y jurídico que los favorece. La defensa de la ley es el punto central del sistema de poder institucional, caracterizado por favorecer sistemáticamente a grupos minoritarios que gozan de gran poder económico, financiero, político y mediático, a costa del poder de las clases populares que constituyen la mayoría de la población. La evidencia de ello es abrumadora (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. Anagrama, 2006).

Pero tal intervención policial no es suficiente. Está reforzada por un poder jurídico que garantiza la aplicación de tal ley, así como (y muy en particular) por los medios de información (que son predominantemente medios de persuasión), que constantemente se movilizan para garantizar lo que llaman la “estabilidad política”, que es, ni más ni menos, que la continuidad del orden establecido con las coordenadas de poder continuadas en la Transición definida como “modélica”.

La amenaza que supuso para el orden establecido el movimiento 15-M

Uno de los hechos más importantes ocurridos en los últimos años en España es la aparición y crecimiento de un movimiento democrático –el 15-M- que tuvo como característica denunciar la escasa representatividad y limitadísima democracia existente en las llamadas instituciones representativas del país. Su famoso eslogan “no nos representan” se hizo popular rápidamente hasta tal punto que las encuestas mostraban que la mayoría de la población estaba de acuerdo con el contenido de aquel eslogan. Otros eslóganes como “no hay pan para tanto chorizo” gozaron de igual popularidad. Tal movimiento alcanzó las dimensiones de un tsunami político, alarmando enormemente al establishment político-mediático del país. Y dicha alarma se acentuó cuando tal movimiento generó no solo una protesta, sino también un deseo de cambio profundo de las instituciones, apareciendo a lo largo del territorio español –tanto en el centro como en la periferia- fuerzas progresistas y movimientos político-sociales que consiguieron un apoyo electoral, a todas luces sorprendente y súper preocupante para tal establishment, representado en la figura del Monarca.

La respuesta represiva del establishment político-mediático frente a las nuevas fuerzas políticas surgidas del 15-M

De ahí que haya habido una enorme hostilidad hacia tales nuevas fuerzas políticas, encauzada por la práctica totalidad de los mayores medios de comunicación, claramente influenciados por las fuerzas financieras y económicas que constituyen el eje del establishment conservador que se opone por todos los medios al profundo cambio democrático que se requiere en este país para alcanzar niveles de calidad democrática homologables a los existentes en los países de la UE-15. Este establishment quiere eliminar a estos nuevos movimientos políticos, intentando recuperar el bipartidismo que les sirvió favorablemente durante la mayoría del periodo democrático. Es a esta movilización de los medios de información y persuasión en contra del cambio a la que el Monarca Felipe VI se refirió positivamente al destacar (y alabar) “el papel de la prensa en la estabilidad de un escenario político inédito” (declaración que aplaudió con orgullo El País, el rotativo que ha liderado dicha hostilidad hacia aquellas fuerzas democráticas). El Monarca, por cierto, mostró claramente su concepción de la prensa cuando, a raíz de un acto patrocinado por el diario ABC (que en el abanico mediático europeo correspondería a la extrema derecha), definió a este periódico como un diario dirigido por una “redacción dinámica, diversa y plural”, (el subrayado es mío), mostrando lo que entiende por pluralidad. El entendimiento con pluralidad incluye solo variaciones de la ultraderecha y derecha.

Es frente a esta realidad que no entiendo cómo algunas voces de izquierdas, todavía hoy, consideran que no es un tema importante o prioritario para las izquierdas pedir un cambio en el régimen político español, pasando de una Monarquía a una República. Por lo visto no se han dado cuenta todavía de que hay una relación directa entre el enorme retraso social y político de España y la perpetuación del régimen conservador basado en la perpetuación de la Monarquía. La evidencia muestra que la Monarquía es el eje central del establishment político-mediático conservador español. Y de ahí que su defensa sea el elemento central del régimen bipartidista español, habiendo hecho de su permanencia uno de los objetivos más importantes ante una eventual reforma de la constitución por parte del PP y del PSOE.

¿Qué es lo que deberían proponer las fuerzas democráticas?

Se deriva de esta realidad (que se intenta ocultar en los medios) que debería ser un objetivo de las fuerzas auténticamente democráticas recuperar la memoria y la cultura republicanas, puesto que la cultura monárquica nos ha llevado a esta situación que configura un futuro donde España continuará con su enorme retraso social y democrático durante muchas décadas. Lo cual me lleva a comentar otro indicador del carácter profundamente conservador que la Monarquía transmite a la población en general –reproduciendo y promoviendo las ideas y narrativa de las derechas victoriosas del golpe militar–. En su discurso de fin de año el Monarca repitió, una vez más, la desaprobación de la recuperación de la memoria histórica, refiriéndose al tema de “la importancia de no abrir de nuevo las heridas”, que es el eslogan utilizado precisamente por las fuerzas conservadoras frente a recuperar la memoria histórica ocultada a la población asumiendo que el silencio –fruto de la represión- se traducirá en olvido. Detrás de la enorme resistencia a recuperar la memoria histórica existe el intento de no recuperar la historia real del país, tergiversada por las fuerzas conservadoras, pues tal recuperación es esencial para establecer una auténtica democracia, cuyas raíces deben basarse en la cultura republicana que significó un gran avance en el desarrollo de la democracia en España. En realidad las heridas nunca se cerraron, y el rechazo a la memoria histórica es precisamente el miedo a que se conozca la historia del país, todavía desconocida y, lo que es peor, ignorada en las escuelas de este país. Hoy todavía 130.000 personas están desaparecidas, siendo tal número la mayor cifra (en términos proporcionales) de desaparecidos en el mundo, después de Camboya. Sus restos están repartidos indignamente en fosas y cunetas a lo largo del territorio del país, gozando los perpetradores de tanta brutalidad de plena inmunidad por todos los daños y crueldades, silenciados, cuando no homenajeados, en el país. La petición del Rey de no abrir heridas se basa en su esperanza de que el silencio lleve al olvido, tal como siempre han querido las fuerzas conservadoras del país. Definir al Rey como representando a todos los españoles se está presentando cada día más difícil, pues en los momentos de redefinición de las realidades del poder dentro del Estado, su discurso y su práctica son –como siempre ha sido la Monarquía en este país- claramente opuestos al cambio democrático que el país necesita como el aire que respira.