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La cooperativa renovable Som Energia espera facturar este año más de 64 millones y suma 37 socios al día

2 agosto, 2019

Fuente: http://www.eldiario.es

Som Energia, cooperativa de consumo y producción de electricidad 100% renovable sin ánimo de lucro con sede en Girona, espera ingresar este año más de 64 millones de euros a través de sus tres patas de negocio (comercialización, producción y actividad cooperativa), según el presupuesto que ha puesto a disposición de sus socios de cara a la asamblea anual del próximo 25 de mayo.

La documentación difundida de cara a esa reunión, cuyo orden del día publicó la cooperativa el viernes, refleja que en 2018 se incorporaron a ella 13.790 socios, cifra récord que implica un crecimiento del 31% en su base de cooperativistas y que equivale a una media de más de 37 socios al día y más de 1.100 al mes.

Som tiene actualmente, según su web, más de 57.400 socios y cuenta con 96.173 contratos de suministro eléctrico en vigor, frente a los 54.099 cooperativas y 86.262 contratos que tenía a cierre de 2018 (un año antes eran 41.050 socios y 59.994 contratos). Al ritmo de los últimos años, este ejercicio superará previsiblemente la barrera de los 60.000 socios y los 100.000 contratos.

El año pasado, su cifra de negocios consolidada fue de 49,4 millones, un 52,1% más, según las cuentas que someterá a la aprobación de sus dueños. Estos se reparten por toda España, aunque más del 66% está en Catalunya. Madrid es la segunda comunidad autónoma en importancia, con el 7,5% del total de socios. Más del 94% son particulares, aunque también hay empresas, administraciones públicas, comunidades de vecinos, cooperativas, asociaciones y fundaciones.

Con una plantilla de 67 personas contratadas el pasado ejercicio, Som ha logrado captar 11,3 millones de euros entre 2012 y 2018 entre 6.517 socios para promover proyectos de energía renovable y ha llevado a cabo iniciativas como la adquisición en 2017 de una planta fotovoltaica en Ávila que se había quedado a medio construir durante la crisis y que se puso recientemente en marcha.

Sin embargo, el fuerte crecimiento de su actividad de comercialización llevó a que el año pasado Som solo lograse cubrir con producción propia (fotovoltaica, biogás e hidráulica) el 3,33% de los 246.825 megavatios hora que vendió.

Sus cuentas de 2018 reflejan un resultado positivo de 554.000 euros, un 9,2% menos, que, según el preceptivo informe de sus interventores, logró gracias a “las aportaciones de socios por donativos voluntarios de un céntimo de euro por kWh consumido”, que “tienen un peso muy relevante en el resultado final”. En 2018, esos donativos, que Som espera que alcancen los 647.000 euros este año, sumaron más de 566.000 euros.

Sin ellos, el resultado de explotación (antes de resultados financieros e impuestos) “hubiera sido negativo” en algo más de 22.000 euros, según los interventores, que destacan que “un donativo aportado voluntariamente sólo por una parte de los socios permite a la cooperativa tener un resultado que casi coincide con él. Entendemos que se debería realizar una reflexión sobre su aplicación y uso, la voluntariedad, y su contabilización y fiscalidad”.

El informe deja negro sobre blanco la dificultad de rentabilizar la actividad de comercialización al margen del oligopolio de las compañías verticalmente integradas que forman Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo (Repsol). Los interventores señalan que el criterio acordado por la asamblea de mantener un margen comercial bruto de entre el 4% y el 6% para establecer los precios de venta de electricidad “resulta insuficiente para asegurar un resultado comercial positivo”.

Así, en 2018, el margen comercial bruto de Som fue del 6,18%, algo menos de 3 millones, mientras que los gastos corrientes (3,12 millones) supusieron un 6,49% de las ventas de electricidad, lo que llevó a un Ebitda (resultado comercial) negativo de 144.444,98 euros. “Consideramos imprescindible cambiar el criterio actual para establecer los precios de venta de electricidad de la cooperativa para asegurar un EBITDA positivo de al menos un 1 ó 2 por ciento sobre las ventas”, concluyen los interventores.

Gestión participativa

Con una gestión participativa basado en el debate entre sus socios de las propuestas que llegan a la asamblea anual a través de 53 grupos locales repartidos por todo el Estado, Som Energia nació en 2010 con el objetivo de cambiar el modelo energético hacia uno 100% renovable y democrático y se ha consolidado como uno de los ejemplos más relevantes de socialización de la energía en España.

Actualmente, ocupa un lugar destacado entre las pequeñas comercializadoras que están haciendo frente a los gigantes del sector, que el año pasado lograron superar por primera vez el 10% de cuota de mercado en el segmento liberalizado de baja tensión (domésticos y pymes), hasta situarse en el 11,2% al cierre de 2018. Acabaron el ejercicio con 423.307 clientes más, hasta los 2.039.401 suministros, un aumento interanual del 26,2%.

Qué es y qué medidas ha tomado el gobierno de Portugal del que todos hablan

1 agosto, 2019

Fuente: http://www.eldiario.es

“No vamos a casarnos, pero podemos ser amigos”. La frase proferida por António Costa a finales de 2018 en una entrevista en el canal de televisión TVI, con la cual buscaba definir el estado de la relación con sus socios de gobierno, es sintomática y dice mucho de cómo han sido los últimos cuatro años de administración socialista con apoyo, a la izquierda, del Partido Comunista Português (PCP), del Bloco de Esquerda (BE) y del Partido Ecologista Os Verdes (PEV).

Una solución de gobierno marcada por una etapa de crecimiento económico y de devolución de rendimientos a los portugueses en el periodo de viraje postcrisis económica, pero también marcada por las muchas dudas acerca de la llamada “jerigonza”, el modelo con el cual el Partido Socialista (PS) consiguió llegar al Gobierno a través de la astucia de su líder y de la negociación y el diálogo constante con sus socios. Ahora, ese modelo es citado como una posibilidad en España cuando se menciona la posibilidad de un gobierno socialista en solitario apoyado por Podemos.

Para comprender cómo ha podido salir bien esta solución de puertas hacia adentro, y cómo ha logrado Portugal, al mismo tiempo, pasar a ser descrito por muchos como un éxito a escala europea y global, es necesario retroceder algunos años. En 2015, en plena resaca de la crisis económica y de una austeridad violenta impuesta por la Unión Europea, y después de que el Partido Social Demócrata (PSD), mediante una coalición de centroderecha con el CDS-PP, de Pedro Passos Coelho liderara el Gobierno portugués durante cuatro años, las elecciones legislativas dictaron un resultado que volvió a dar la mayoría a los partidos de dicha coalición.

La victoria vino, en cambio, acompañada de una particularidad: al contrario de lo sucedido en 2011, el resultado de la coalición no era suficiente para alcanzar la mayoría absoluta. Además, el PS de António Costa, a pesar de haber salido derrotado en la noche electoral, reforzaba su grupo parlamentario y observaba, a su izquierda, el aumento del número de diputados del BE y del PCP –las fuerzas más a la izquierda en el marco parlamentario portugués–. A lo largo de la historia, la extrema izquierda portuguesa nunca se había puesto a disposición para integrar un gobierno de coalición, quedando fuera del denominado “arco de gobierno”. A pesar de todo, conscientes de la dificultad de llegar a un acuerdo, con base en ese ajedrez político, los socialistas de Costa –conocido por la habilidad política y capacidad de negociación– acabaron por girar hacia la izquierda en busca de una solución de gobierno que, hasta entonces, era considerada por todos como impensable.

Abordada por señales que surgían de todos los lados y que, en cierta forma, ya aparecieron a lo largo de la campaña electoral, la coalición de centroderecha intentó gobernar solo con una mayoría relativa. Desde muy pronto se vio que terminaría cayendo y, poco más de un mes después de las elecciones legislativas, una moción de rechazo al programa de gobierno presentada por el PS –y aprobada por los diputados del PS, BE, PCP, PEV y PAN, partido defensor de los derechos de los animales– dictaba la salida de Pedro Passos Coelho del cargo de primer ministro. El mismo día, por medio de unas “posiciones conjuntas”, aunque firmadas de forma independiente entre el PS, el PCP, el BE y el PEV, los cuatro partidos se comprometieron a sacar adelante una “solución duradera con vistas a la actual legislatura”, con la garantía de que no votarían contra el programa de gobierno socialista y de que rechazarían cualquier moción de censura presentada por la derecha.

El país no estaba ante un gobierno de coalición a cuatro con carteras sectoriales distribuidas entre los partidos; tampoco se trataba de un gobierno apoyado de forma clara por cuatro partidos, sino una solución constituida por acuerdos a nivel parlamentario. Comenzaba aquí la “jerigonza”. Un recurso sobre el cual recaían muchas dudas, y que, según muchos de los analistas políticos, podría estar condenada al fracaso en poco tiempo. Nada más lejos de la realidad.

Convergencia

A pesar de las divergencias conocidas –y reconocidas por todos los partidos de la “jerigonza”, en la cual se oficializaban como socios el PS y el PCP, adversarios desde siempre–, entre los cuatro proyectos políticos fue posible encontrar un terreno común y una “convergencia” de posiciones. Incluso con puntos de vista disonantes sobre temas como la renegociación de la deuda pública o la participación de Portugal en estructuras como la Unión Europea y la Alianza Atlántica –rechazada por BE, PCP y PEV–, en el centro de los acuerdos entre los socialistas y los partidos a su izquierda acabaron imponiéndose y asentándose ideas generales como el combate al “ciclo de degradación económica y social” y la adopción de medidas que respondieran a las “aspiraciones y derechos de la población portuguesa”. Con foco en una “nueva estrategia económica” que pudiera concentrarse en el crecimiento y en el empleo, en el aumento de la renta de las familias y en la creación de condiciones para la inversión público y privada. En resumen, las diferencias ideológicas no desaparecerían, sino que serían desvalorizadas frente a un objetivo mayor: crear una alternativa estable en la izquierda, obligando a todas las partes a hacer cesiones y a alcanzar consensos.

En cuanto a medidas concretas, el acuerdo obligaba al gobierno del PS a alterar propuestas, por ejemplo, en el ámbito laboral –como la reducción de la contribución de las empresas a la Seguridad Social–, a aumentar el salario mínimo nacional a lo largo de la legislatura o a aplicar medidas de lucha contra la precariedad. Otras de las medidas reclamadas por BE, PCP y PEV pasaban también por alteraciones en el sistema tributario, por el aumento de las pensiones de jubilación o por la reposición de los días festivos suspendidos por el anterior gobierno. Una buena parte de la decisión sobre las propuestas concretas sería también diseñada en el Parlamento y en los gabinetes ministeriales, con una serie de grupos de trabajo compuestos por miembros de los mencionados partidos y por responsables del Ejecutivo socialista.

En la práctica, todos estos acuerdos a la izquierda significaban, por un lado, la aplicación de medidas más inmediatas, y, por el otro, un “examen común” y una constante negociación en varios tableros teniendo en mente el cumplimiento de las diversas posiciones conjuntas y la aprobación de los presupuestos del Estado. Pero, como en una relación a cuatro no siempre existen momentos de calma, a lo largo de la legislatura se vivieron episodios de mayor tensión, e, incluso, algunas crisis.

De los cambios en la legislación laboral a la creación de una Ley General de Vivienda, pasando por la inversión pública o por las dificultades en llegar a un acuerdo en las alteraciones a la Ley General de Sanidad: durante cuatro años la “jerigonza” se ha topado con muchas piedras en el engranaje. La última de ellas, y tal vez la mayor, ha aparecido en los últimos días, con la amenaza de dimisión del primer ministro, António Costa, en caso de que los partidos a su izquierda y a su derecha se unan para aprobar la recuperación integral del tiempo de servicio de los profesores (congelado entre 2011 y 2017, y esencial para la progresión en las carreras). La medida, según el gobierno socialista, podría colocar en duda, y de “forma inadmisible”, no solo la “gobernabilidad actual”, sino la “gobernación futura”, con un aumento anual de 800 millones de euros en gastos. En el Parlamento la propuesta no avanzó, siendo rechazada por PS, PSD y CDS, pero el debate en torno a ella dejó marcas y provocó heridas que perdurarán, por lo menos, hasta el término de la legislatura.

Al final, y haciendo un balance de los cuatro años de gobierno, todos los partidos subrayan las diferencias, pero, sobre todo, los méritos de la solución de gobernabilidad concebida en 2015, con la cual ha sido posible alcanzar lo impensable: un gobierno estable a lo largo de la legislatura. Además, ha sido con este modelo con el que el PS, criticado por los daños causados al país en el periodo previo a la crisis económica, ha conseguido cumplir las metas presupuestarias impuestas por la Unión Europea y utilizar el siguiente eslogan: “El déficit más bajo de la democracia”.

Según se acercan las próximas elecciones –europeas y legislativas–, se espera que cada vez sean más frecuentes los ataques políticos y los momentos de tensión. Lo cierto es que la “jerigonza” ya ha cumplido su papel, derribando muros históricos y yendo más allá de los que muchos consideraban posible. La historia y las necesidades políticas dirán el resto.

***Texto original traducido al español por Ediciones Ambulantes

El laborismo pondrá a prueba la renta básica si gana las elecciones

31 julio, 2019

Fuente: http://www.redrentabasica.org

El laborismo pondría a prueba la renta básica si llegara al poder, según ha revelado el ministro laborista de Economía en la sombra, John McDonnell. Los programas piloto se ensayarían en Liverpool, Sheffield y las Midlands, declaró McDonnell al Daily Mirror.

El plan permitiría prescindir de la necesidad de asistencia social, pues a cada ciudadano se le otorgaría una suma fija que cubriera lo básico, ya fuera rico o pobre, con trabajo o en paro. McDonnell declaró que la gente puede gastar el dinero como desee, pero está concebido para los estudios, para crear un negocio o dejar de trabajar para dedicarse al cuidado de un ser querido.

“Me gustaría ver alguna ciudad del norte y de las Midlands en el programa piloto, para que pueda haber amplitud”, afirmó. “Me gustaría que estuviera Liverpool – claro que sí, yo soy “scouser” [mote de los nativos de Liverpool]  – pero Sheffield ha llevado a cabo una labor realmente intensa. He estado implicado en su campaña contra la pobreza y han trabajado mucho acerca del salario mínimo real. Creo que esas ciudades serían ideales, así como algún lugar de las Midlands”.

Se han llevado a cabo ensayos en otras partes del mundo, entre ellas Kenia, Finlandia y los EE.UU., y se está explorando potencialmente en las ciudades escocesas.

Al ministro en la sombra se le entregó esta semana un estudio de viabilidad de diferentes modelos de renta básica universal (RBU) para zonas de bajos ingresos, entre ellos uno en el que toda la comunidad recibiría la renta básica. Se eliminarían todas las prestaciones basadas en la estimación de medios económicos  – con excepción de las prestaciones de vivienda – y a todos los adultos se les entregaría una cantidad fija por mes, además de una cantidad adicional por cada uno de los niños que tengan.

“Se trata, por supuesto, de una idea radical”, declaró McDonnell. “Pero me acuerdo de cuando estaba en los sindicatos  – haciendo campaña por las prestaciones infantiles, que es casi como la RBU –, se consigue una cantidad universal de dinero sobre la base de tener un niño. “La RBU comparte ese concepto. Se trata de ganar el debate y de diseñarlo bien”.

El concepto lleva existiendo desde los años 60 y apareció en las elecciones presidenciales norteamericanas de 1972, a lo que siguió la introducción de un programa denominado Experimento de Renta Básica de Manitoba en Canadá en 1975.

En el Reino Unido, la organización benéfica Citizen’s Income Trust ha ido animando el debate durante 35 años. Pero algunos críticos temen que la RBU resulte demasiado cara, entre ellos John Kay, exdirector del Instituto de Estudios Fiscales.

“Si hacemos números, o la renta básica resulta baja de un modo irreal o los tipos fiscales para financiarla son inaceptablemente elevado.  Eso es todo”, afirmó.

Pero McDonnell está convencido de sus beneficios. “La razón por la que la aplicamos se encuentra en que el sistema de seguridad social se ha venido abajo. Necesitamos una alternativa radical y vamos a analizar ésta. Miraremos las opciones, desarrollaremos los programas piloto, y veremos si podemos lanzarla. Si se analiza el programa piloto de Finlandia, se deduce que no hizo mucho en términos de empleo, pero sí en términos de bienestar, en cosas como la salud. Fue algo bastante notable”.

“La otra cosa que consiguió fue que aumentara la confianza en los políticos, lo que no deja de ser una buena cosa”.

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/el-laborismo-pondra-a-prueba-la-renta-basica-si-gana-las-elecciones

Todos a fichar. Análisis de la primera semana de entrada en vigor

21 julio, 2019

Fuente: http://www.jessicafillol.es

¿Qué tal la primera semana teniendo que fichar en el tajo? ¿Bien? ¿Estáis todos sanos y salvos, no hay nadie herido, nadie ha salido dañado por la medida?

Esto de tener que fichar es nuevo para algunos. Otros muchos llevamos años, quizá incluso toda nuestra vida laboral, fichando a la entrada, a la salida y en los descansos, y os puedo asegurar que no duele.

Para aquellos a los que la medida os ha pillado de nuevas, os comento algunas cosas que os interesarán: el registro de inicio y fin de la jornada laboral no tiene por qué coincidir con la entrada o salida del centro de trabajo. El registro que haya implantado vuestra empresa tiene que cumplir una serie de requisitos:

  • El modelo pactado (o impuesto por la empresa si no hay representación sindical) debe ofrecer fiabilidad, y acreditar que no puede ser manipulable ni modificable a posteriori. Esto significa que no sirven hojas de Excel sin proteger con contraseña o sin auditar, porque pueden ser modificadas a posteriori, y aún menos como he visto por ahí algún caso en el que desde recursos humanos han distribuido al personal una hoja precompletada con los horarios de entrada y de salida ya puestos, para que los empleados solo tengan que firmar.
  • Tampoco vale bajar a fichar y volver al puesto de trabajo, algo que si se hace con el conocimiento de la persona responsable de prevención de riesgos laborales, se le puede caer el pelo.
  • El registro debe estar a disposición de trabajadores, representantes sindicales y de la inspección de trabajo.
  • Las multas por incumplir la ley van desde los 625€ hasta los más de 6.000€ en casos más graves.
  • Y la denuncia a la inspección de trabajo puede ser anónima.

Sobre las multas: no se van a aplicar, DE MOMENTO, a las empresas que acrediten que están negociando con el comité de empresa el método a implantar. Y os recuerdo que, en derecho laboral, es la empresa quien tiene que demostrar su inocencia.

¿Por qué se implanta esta medida? Para proteger a trabajadores y trabajadoras de la explotación sistémica y de la vulneración sistemática de sus derechos laborales. Ya expliqué en un post anterior que, en un sistema capitalista, existen básicamente dos modelos económicos, con muchos matices. Pues esto va un poco de lo mismo. Existen dos formas de concebir el papel del trabajador/a en el mercado laboral:

a) Desde el punto de vista conservador, se concibe al trabajador como un vago que se escaquea siempre que puede, que hace lo mínimo y que recibe de la empresa más de lo que aporta.

Por eso hay que controlarlo de cerca, y por eso también el salario mínimo no debería ni existir; pero el empleado que es realmente bueno puede negociar en pie de igualdad con la empresa sin necesidad de sindicatos, convenios, Estatuto de los trabajadores o negociación colectiva, que tampoco deberían existir porque perjudican a los buenos empleados como tú, y protegen a los malos trabajadores, que son la mayoría pero siempre los demás.

b) El modelo socialdemócrata considera que el trabajador es un actor que cumple su parte del pacto entre él o ella y la empresa. Va a trabajar y realiza sus funciones acordadas a cambio de un salario estipulado, mientras que el empresario es quien invierte su capital y obtiene beneficios. En otras palabras: el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empresario, que la compra por un precio. El beneficio del empresario es la parte del valor del trabajo del obrero que no le paga, esto es, la plusvalía. Según esta visión, es el trabajador quien aporta más de lo que obtiene en esta relación, las empresas no son ONGs y los empresarios no ponen dinero de su bolsillo para mantener a trabajadores que no les resulten rentables.

En este contexto, y más con los niveles de paro en España, es la empresa quien tiene mayor poder de negociación, mientras que el trabajador es quien está en una posición de vulnerabilidad. De ahí la necesidad de crear estructuras de protección y de equiparación en la relación de poder, como son los comités de empresa y los derechos laborales, los convenios colectivos, etc. que no dejen a cada trabajador individual sometido a la arbitrariedad del jefe de turno.

Cuando en su momento se implantó la obligatoriedad de fichar para controlar el horario, fue una medida impuesta desde la dirección de la empresa bajo el paraguas de la primera visión, la del trabajador vago que se escaquea siempre que puede y la empresa tienen que controlarlo de cerca para que cumpla con su trabajo. Sin embargo, la tendencia ha sido hacia la progresiva desaparición de la práctica de fichar, y no porque fuese inviable en algunos sectores, sino porque en la práctica el no llevar un registro de las horas de trabajo efectivas conlleva que se hagan horas horas de más, y no de menos como promueve la visión neoliberal, y además que esas horas no registradas no se paguen. No es un asunto tecnológico, sino ideológico. El avance de la tecnología hace posible precisamente que aquellos puestos con un horario flexible o en movilidad puedan registrar también su jornada laboral.

No hay más que ver quien se queja de la medida: la patronal y los partidos de derechas. Yo para las decisiones políticas aplico el mismo criterio que para el feminismo cuando tengo dudas: si lo aplauden los señoros, feminista no es. Pues con esto lo mismo: si una medida política es aplaudida por la derecha y por la patronal, es que perjudica al trabajador, seguro. Hay una expresión que lo define perfectamente: «reunión de pastores, ovejas muertas».

¿Es una medida que va a perjudicar a la economía? Hombre, depende de lo que entiendas por «economía». Desde algunos puntos de vista, la abolición de la esclavitud y la prohibición del comercio de esclavos podrían ser medidas que perjudicaran la economía, claro.

Personalmente pienso que la medida que obliga a contabilizar las horas de trabajo no va a perjudicar a la economía. Al margen de lo que opino sobre hacer horas extras no pagadas, esta es una medida, igual que la subida del salario mínimo, que va encaminada a poner más dinero en el bolsillo de la gente, algo que a la derecha le encanta y se lo habréis oído repetir un montón de veces cada vez que prometen bajadas de impuestos: poner más dinero en el bolsillo de la gente. La cuestión es: ¿de qué gente? Las bajadas de impuestos que prometen PP, C’s y VOX consisten en bajar el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio, el de sociedades, el de sucesiones que ya tiene una gran parte exenta en casi todas las autonomías para herederos directos… En otras palabras: las bajadas de impuestos que propone la derecha buscan poner más dinero en el bolsillo de los ricos, mientras que la subida del salario mínimo y la medida de contabilizar las horas de la jornada efectiva, si se transforman en pagar las horas extras que estaban ocultas (2,6 millones de horas no pagadas a la semana según Javier Ruiz, jefe de economía de la Cadena Ser; a una media de 20€ la hora por 52 semanas que tiene el año: 2.704 millones de euros que los empresarios nos están ROBANDO por la cara), o bien en contratar más gente para cubrir esos turnos que se están cubriendo actualmente a costa del tiempo y trabajo no pagado, serán ambas medidas encaminadas a poner más dinero en el bolsillo de las rentas más bajas.

Ambas teorías se sustentan en una misma idea: más dinero en el bolsillo de la gente se transforma en más consumo, dinamiza la economía y el Estado recauda más sin tener que subir los impuestos. Y tiene su lógica. Pero la vía que propone la derecha para alcanzar ese resultado tiene un problema y un aspecto perverso. El aspecto perverso es que rebaja los impuestos directos, que son los progresivos, como el IRPF, beneficiando con ello a quienes más tienen, y fía el incremento de la recaudación a los impuestos indirectos y regresivos como el IVA, que perjudican más a las rentas más bajas. Y el problema del planteamiento del modelo liberal consiste en que no hay evidencia empírica de que más dinero en el bolsillo de quien ya tiene sus necesidades de consumo más que resueltas se vaya a destinar a más consumo. Más dinero en el bolsillo de los ricos no implica que vayan a consumir más kilos de caviar o más botellas de champán francés (y si aumentaran realmente las importaciones de esos productos, perjudicaría al PIB y a la balanza de pagos, pero eso es otro tema), no se van a comprar más yates, ni más coches de lujo, ni se van a alojar en hoteles de más estrellas, ni les van a subir el sueldo a la plantilla de sus empresas si pueden evitarlo. Más dinero en el bolsillo de los ricos va directamente al ahorro.

En cambio, más dinero en el bolsillo de los pobres, de quien cobra el salario mínimo, de quien no puede ahorrar porque a duras penas llega a final de mes, de quien comparte piso porque no puede permitirse vivir solo… más dinero en el bolsillo de las rentas más bajas sí se convierte en más consumo. Que te suban el suelo de 600 y pico a 900€ sí se traduce en más consumo. Si antes no llegabas a final de mes, con esos 250€ más igual ahora ya sí llegas y puedes permitirte ir al cine de vez en cuando, cosa que antes no podías; con un poquito más de dinero en el bolsillo de las clases bajas, igual sí puedes permitirte salir a cenar fuera alguna vez, algo impensable si no llegas a final de mes; de comprarte la ropa en el Primark cuando ya no te queda más remedio, a darte algún capricho en el Zara de vez en cuando, esa diferencia es lo que significa más consumo y reactivación de la economía. Y estoy hablando de pequeños gestos, no de tirar la casa por la ventana.

Y ni siquiera entro en la justicia social que hay detrás de que un sueldo a jornada completa debería darte como mínimo para vivir con dignidad y no para sobrevivir en precario con unas condiciones de vida cada vez peores.

Así que mira, en un contexto capitalista, con un partido socialdemócrata en el gobierno… medida que joda a la patronal, medida con la que yo estoy de acuerdo.

Marta Flich: “La gente se debería rasgar las vestiduras cada vez que un político promete bajar los impuestos”

7 julio, 2019

Fuente: http://www.eldiario.es

La economista, actriz, humorista y presentadora de televisión valenciana Marta Flich ha publicado su primer libro. En Necroeconomía: El manual para entender la economía perversa (Grijalbo, 2019) comparte de manera más extensa y detallada las reflexiones sobre impuestos, mercado de trabajo o pensiones que habitualmente divulga en formato audiovisual, a menudo con un tono humorístico. Acompaña cada capítulo con ilustraciones del dibujante Darío Adanti.

En este manual “de economía sin números”, con el que pretende traducir a un “lenguaje inteligible” conceptos que se suelen trasladar voluntariamente “encriptados”, Flich habla también de política, corrupción, energías renovables o redes sociales, como explica en una entrevista con eldiario.es.

En su libro crea un nuevo término que llama necroeconomía y que define como todo aquello que se rentabiliza a partir del dolor, la muerte, la injusticia, la desgracia o todo a la vez. ¿Cuál sería el opuesto la necroeconomía?

El opuesto a la necroeconomía sería una economía progresista. Y sí que creo que haya una economía alternativa a ésta. La necroeconomía para mí, aparte de todo esto que has mencionado, es también esta nueva forma de política económica o de economía política en la que soy feminista pero cuando estoy en el poder no dedico recursos económicos a las partidas que garantizan la igualdad o la lucha contra la violencia machista. O garantizo que no va a haber una lista de espera en dependencia pero no doto las partidas presupuestarias de la ley de la dependencia. O sé que las mujeres, de forma cultural, equivocadamente, tienen que encargarse de los dependientes, y que por eso tienen que entrar y salir de un mercado de trabajo más precario y con contratos peores, pero no pongo remedio a todo esto.

Esto es necroeconomía y se está practicando desde todos los ámbitos pero también desde el Gobierno, las personas que trabajan para nosotros. Esto no deberíamos olvidarlo nunca. Los que gestionan nuestros presupuestos, nuestro dinero o los impuestos que se cobran de nuestros salarios. Esta gestión debe ir acompañada de los principios de igualdad y de progreso.

En el tema de los impuestos en estas elecciones se han hecho dos bandos: una derecha que promete bajarlos y una izquierda que dice, pero con la boca pequeña, que hay que mantenerlos y subir algunos. ¿Cree que es un tabú para los políticos explicar de verdad por qué hace falta pagar impuestos si se quiere tener un Estado de bienestar?

Yo creo que no tiene que ser tabú. Hasta ahora ha sido un tabú porque la derecha cree en la inverosímil “curva de Laffer”, que dice que cobrando menos impuestos se puede tener un Estado de bienestar alto. Para tener un Estado de bienestar entendido como educación pública, sanidad, cultura y pensiones, obviamente se tiene que subvencionar a través de los impuestos.

La derecha quiere dejar en un 38% del PIB los ingresos (impuestos) y los gastos. Cantidades muy similares a las de Bulgaria o Rumanía. Esto no es un Estado de bienestar desarrollado. La media de ese porcentaje en la Unión Europea es un 42% del PIB. Eso significa que para mantener el Estado de bienestar, cosa que a la derecha no le interesa porque que son muy fans de las privatizaciones y de desviar lo público a manos privadas, esta carga impositiva tiene que aumentar, pero no a las rentas pequeñas o a las partes más bajas del IRPF y a las clases medias. Hay que cargar a las grandes fortunas, a las grandes empresas, no a las pymes, que son un altísimo porcentaje del tejido industrial español. Las grandes empresas no tienen que tener exenciones, deducciones, ese tipo de cosas que facilitan que luego las tasas efectivas que se pagan sean muy pequeñas.

Si esto se explica bien, en un sistema en que la Constitución insiste que tiene que ser progresivo, la gente se rasgaría las vestiduras cada vez que alguien dijera que hay que bajar los impuestos porque en realidad en lo que se traduce es en que nunca la bajada de impuestos repercute a las rentas bajas y siempre facilita la evasión a las grandes fortunas.

En el libro habla de pensiones dignas y renta básica universal. ¿Ve este escenario posible en el futuro? La irrupción de la extrema derecha es una vuelta de tuerca a las ideas ultraliberales más salvajes, y ya hemos visto como acaban contaminando el resto del discurso.

El artículo 10 de la Constitución dice que se tiene que garantizar la paz social. Y si votamos a la ultraderecha, la paz social se va a terminar en el momento en el que le digas a una persona que ha cotizado toda la vida “no tienes una pensión”, y cada vez somos más los que vamos cumpliendo años. La conclusión sería “cuidado con lo que votamos, que luego puede traer consecuencias, sobre todo si nos mienten”. Pero volviendo a si veo en el futuro el mantenimiento de las pensiones o la renta básica universal, la respuesta es sí. Hemos visto que la jubilación, entre comillas, del rey emérito, va a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Bueno pues igual las pensiones tienen que ir también a cargo de los Presupuestos cuando no coticemos lo suficiente.

Tendría que haber un cambio del modelo productivo que garantice que tengamos mejores productividades, más valor añadido y por lo tanto que este valor añadido se traslade también a los salarios y que de esa forma coticemos más, de manera que no pongamos las pensiones en jaque y se pueda volver a llenar esa hucha de las pensiones. Ahora estamos además en un momento muy bonito en el que después de todas las cortapisas que se ha puesto a la energía renovable en este país por una cosa que llama oligopolio eléctrico, Europa nos está llamando la atención. Ahí hay una ocasión fantástica para cambiar el modelo productivo, las energías renovables tienen un alto valor añadido y podrían generar muchísimos empleos.

Estos temas que menciona están en el programa electoral de partidos de izquierda como el PSOE y Unidas Podemos. ¿Cómo contempla el cierto mercadeo y el pulso que ha empezado después de las elecciones entre estas dos fuerzas?

Partiendo de la base de que la política es el arte del diálogo, de poder llegar a acuerdos que faciliten la vida digna y la mejora de las condiciones de vida de las personas, veo necesario que se hable de cosas en común entre partidos progresistas para poder afianzar y sacar adelante determinadas políticas sociales que de otra forma no se podría hacer.

Lo que pasa es que, bajo mi punto de vista, hay algunos políticos que pecan un poco de adanistas, que creen que están haciendo las cosas por primera vez, que están inventando algo. Esto viene también mezclado con cierta falta de madurez que hace que pongan por encima sus egos, sus preferencias, sus personalismos, sus estrategias, en lugar de trabajar para la sociedad en España. Ante estas cortapisas, egos y faltas de madurez, infantiles y absurdas, creo que cuando determinados políticos no son capaces de ponerse de acuerdo para facilitar políticas deberían irse, y dejar que entren otros que sí hagan su trabajo.

Además de economía, en su libro habla de internet y redes sociales ¿Cree que el discurso público se empobrece más o se enriquece con esta manera de comunicar?

Tiene dos vertientes: una que me parece preciosa y es poner al alcance al político o al personaje público de las personas. Una señora de un pueblo de Valladolid puede ponerle un tuit al presidente del Gobierno. También es bueno porque puedes acceder a determinada información de otra forma sería más complicado. Yo empecé a trasladar mi trabajo de redifusión a través de las redes sociales.

Pero también es verdad que en redes sociales se forman microclimas de información sesgada: yo sigo una serie de personas que piensan como yo y entonces creo que el universo es lo que estoy viendo allí. Y la inmediatez de las redes sociales, la falta de profundidad, la potencia del titular, facilita que se te tergiverse o que intencionadamente se creen fake news. Aquí tenemos que acostumbrarnos a hacer pedagogía: “cuidado, dónde lo estás leyendo, quién lo ha publicado, quien más se ha hecho eco”. Y hay otra parte negativa que son los haters, el maltrato, el insulto, a través de redes sociales, que a veces roza lo penal.

¿Usted qué hace en esos casos de insulto personal?

Antes los bloqueaba y ahora tengo un filtro con el que solo puedo leer a la gente a la que sigo y a las cuentas autorizadas, así que me ahorro un montón. No hay que hacer el más mínimo caso y además a las mujeres siempre hay cierta tendencia primero a desacreditarnos y luego a meterse con nuestro físico, con nuestra edad. Y la versatilidad el machismo no la entiende. A mí a veces me critican por ser presentadora. Le habría estallado la cabeza a esta gente con el renacentismo.

Siendo mujer y humorista, con una imagen distinta a la habitual en los economistas ¿ha tenido que luchar especialmente por mantener la credibilidad profesional dentro de la economía?

Tengo credibilidad no solo por a lo que me dedico sino porque también formo parte, por ejemplo, de Economistas Frente a la Crisis y otros espacios de economistas progresistas. Estoy con pesos pesados de la economía de este país. Utilizo la vía del humor para hablar de Economía pero también estoy en foros muy rigurosos y mis fuentes son absolutamente fiables. Es verdad que existen digitales de derechas que se han creado para intentar dinamitar a los progresistas. Y también suele estar bastante ligado con el machismo. Desde ahí se me suele atacar bastante, pero si ladran me parece estupendo. Cada vez que alguien trata de desacreditarme por mi aspecto, creo que se hace un selfie y queda retratado en su psicología y su capacidad.

Overton en campaña

19 junio, 2019

http://www.redrentabasica.org

En ciencias políticas la ventana de Overton es el concepto que designa el conjunto de ideas que la opinión pública está dispuesta a aceptar. Todo lo que hay dentro de la ventana es normal y aceptable socialmente, todo lo que queda fuera es radical, ridículo o imposible. La teoría dice que si queremos mover la ventana o hacerla más grande tenemos que aplicar la técnica de “la puerta en la nariz”: empezar por la idea más radical posible para que las ideas menos radicales se perciban como más aceptables por comparación.

La historia reciente de nuestras ideas cabe dentro de una ventana de Overton del tamaño de una mirilla. Situada a la derecha de la derecha de lo aceptable y controlada por los poderes económico, político y militar ha sido sólo a base de revoluciones –individuales, sociales, racionales y tecnológicas– que la hemos podido ampliar hasta convertirla en una ventana de una medida que se aproxima a la de las democracias liberales.

Estamos en campaña y todo lo que los políticos dicen estos días lo es; ellos lo saben y nosotros también. Aplican la estrategia de la “puerta en la nariz” prometiéndonos lo imposible para que nos conformemos con lo posible, que a menudo es ridículo. No me he leído todos los programas electorales (esto ya lo hace Jordi Basté) pero sí he seguido algunos de los debates del último mes y me he entretenido a dibujar ventanas con sus correspondientes “puertas en la nariz” a derecha e izquierda . Algunos de los temas que hay dentro de la ventana actual giran en torno al modelo de estado, a la relación Catalunya-España, al derecho a decidir, al modelo de UE, al rol de la monarquía y al sistema judicial español, temas que sólo hace una década estaban fuera de la ventana.

Hay un tema, en cambio, ausente en el debate público que tiene que ver con la tecnología y con la razón, un tema que ocupa economistas de todo el espectro ideológico y que en otras democracias de nuestro entorno está ya dentro de la ventana. Hablo de la renta básica universal. Robots y algoritmos se quedan con los trabajos repetitivos -sean manuales o cognitivos- y restan poder adquisitivo a clases medias y bajas. Su evolución exponencial hace que las empresas sean cada vez más productivas, pero esta productividad no se refleja en los salarios, que llevan décadas desacoplados de la productividad. En otros momentos históricos las revoluciones individuales, sociales y racionales han puesto dentro de la ventana de Overton temas que parecían radicales, ridículos o imposibles. Ahora es la tecnología y el precariado –las antiguas clases trabajadoras uberizadas– quienes lo ponen dentro. Una renta básica para todos garantizaría una vida digna a las personas y las blindaría contra los cantos de sirena de populismos y fascismos, protegiendo las democracias liberales de las técnicas de “puerta en la nariz” que sólo buscan romperlo.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/economia/20190520/462340966795/overton-en-campana.html

¿De quién es la economía colaborativa?

4 junio, 2019

Fuente: http://www.elsaltodiario.com

Uber espera salir a bolsa en los próximos días. Según datos de la prensa de Estados Unidos, el coloso espera conseguir una valoración bursátil en torno a los 80.000 millones de euros. Las cifras de su valor en el mercado son astronómicas. ¿En manos de quién están las empresas de la mal llamada economía colaborativa?

PUBLICADO

2019-04-22 06:33:00

En menos de una década, las empresas más representativas de la economía colaborativa, como UberAirbnb o Lyft, han alcanzado cifras estratosféricas en inversiones y en valor de mercado. Además de sus cifras, llama la atención los conflictos sociales que han despertado.

En este escenario encontramos posiciones a favor y en contra de las mismas. Las primeras, representadas por las organizaciones empresariales que aglutinan a las principales compañías de economía colaborativa, la defienden por suponer una disrupción en mercados obsoletos que necesitan renovación, lo que Schumpeter, el economista austriaco que encontró su esplendor en los años 30 del siglo pasado, definió como destrucción creativa, el proceso de transformación social que acompaña a la innovación para introducir una nueva función de producción. Las segundas la critican por ser, en la actualidad, uno de los peores ejemplos de la extracción de valor —de trabajo y de capital— que está dejando un reguero de personas perjudicadas tras de sí.

¿Qué dicen que es la economía colaborativa?

Según Sharing España, la organización que representa al conglomerado de empresas que se agrupan bajo esta etiqueta, y Adigital —la Asociación Española de Economía Digital—, hay tres elementos fundamentales para definir la economía colaborativa: que exista una plataforma digital, relaciones entre iguales y la intermediación de la oferta y la demanda para aprovechar recursos de manera eficiente. Pasemos a analizar si, efectivamente, la economía colaborativa cumple los criterios que establecen aquellas organizaciones que la representan.

Las plataformas digitales, efectivamente, juegan un papel muy importante. Mayo Fuster Morell, investigadora de economía colaborativa, movimientos sociales y comunidades digitales de la Universidad de Harvard y del MIT Center for Civic Media, afirma que la “economía colaborativa es un tipo de economía de plataforma con características colaborativas”. Nadie pone en duda el papel fundamental que ha tenido la tecnología en el lanzamiento de esta nueva forma de relacionarnos social y económicamente. Sin embargo, cuando hablamos de “las relaciones entre iguales y los recursos infrautilizados” como características fundamentales, los sectores críticos levantan la voz.
Samer Hassan, investigador en colaboración descentralizada, investigador principal del proyecto P2P Models, colaborador de la Universidad de Harvard y profesor titular de la Universidad Complutense, estudia desde hace más de diez años la economía colaborativa en sus distintas vertientes, así como alternativas a la misma. Hassan plantea, además, tres propiedades: su infraestructura está centralizada en núcleos de control de datos, sus comunidades no tienen ninguna influencia en la toma de decisiones de las plataformas y, finalmente, se ha producido una importante concentración de beneficios en unas pocas manos que no redistribuyen los réditos de manera proporcional entre las personas que comparten sus recursos.

“El gran reto de la economía colaborativa es que nos puede traer un capitalismo mucho más salvaje y una agudización de sus prácticas extraccionistas”

De hecho, cuando Sharing España habla de relaciones entre iguales, hace referencia a una parte muy pequeña del pastel, que son los usuarios que se intercambian recursos. Sin embargo, tras la tecnología, existen grandes grupos empresariales de capital privado. Es por este motivo que Fuster advierte de que “el gran reto de la economía colaborativa es que nos puede traer un capitalismo mucho más salvaje y una agudización de sus prácticas extraccionistas”.

Si consultamos las manos que están detrás de las principales empresas de la llamada economía colaborativa, se hace evidente la concentración de capital. Veamos los ejemplos de las más grandes:

Los dueños de la economía colaborativa
Quizás lo que más evidencian estos datos es que la economía colaborativa es economía financiera pura y dura. Hay poco de colaboración y de reparto de recursos entre iguales.Según el autor Nick Srnicek en su obra Capitalismo de Plataforma, el modelo financiero y de crecimiento de la economía colaborativa se asemeja mucho a la burbuja de las punto-com de los años 90: “Muchos de estos negocios no contaban con ningún tipo de ganancia, la esperanza era que mediante un rápido crecimiento iban a ser capaces con una parte del mercado y eventualmente dominar lo que se asumió sería una gran nueva industria. […] Fue una época alentada por la especulación financiera, que estaba a su vez alimentada por grandes cantidades de capital riesgo”.

Detrás de las tres firmas más grandes de economía colaborativa —Uber, Airbnb y Lyft— efectivamente hay un porcentaje altísimo de fondos de capital riesgo —empresas que invierten en negocios de alto riesgo, muy disruptivas, y que buscan un enriquecimiento inmediato asumiendo también posibles pérdidas—, fondos de inversión, fondos soberanos y hombres muy ricos. No es sorprendente.

Las tres grandes: Uber, Airbnb y Lyft

El gigante de la movilidad Uber, situada en San Francisco, que se encuentra presente en 600 ciudades alrededor del mundo, empezó su andadura con un capital semilla de 200.000 dólares, allá por 2009. A lo largo de los años ha recibido inversiones por valor de 25.000 millones de dólares y cuenta con un valor de mercado de más de 120.000 millones. A pesar de estas cifras exorbitantes, la empresa no ha hecho más que dar pérdidas. El último dato presentado por la empresa en sus informes internos arrojaba unas pérdidas de 1.100 millones de dólares y tan solo el año pasado consiguió ganancias por circunstancias atípicas —desinversiones en China, por ejemplo—. En pocos días saldrá a bolsa y, por ahora, parece que solo se mantiene debido a las mil millonarias inyecciones de dinero que recibe por parte de empresas de capital riesgo como Founder Colletive y Crunch Fund, bancos como Goldman Sachs, Morgan Stanley o Citigroup, gigantes de la tecnología como Google o Baidu, o grandes inversores como Jeff Bezos —el fundador y director ejecutivo de Amazon—, Troy Carter —de Spotify— o Scott Banister —de Paypal—. También aparecen fondos públicos de inversión como el de Arabia Saudí, que invirtió a través de su capital riesgo SBT más de 3.500 millones de dólares, o Qatar, que, a través de su Qatar Investment Authority, invirtió más de 1.200 millones. El pasado 26 de marzo, Uber compró Careem por 3.100 millones de dólares, su análogo en Dubai, que cuenta con el mercado de Oriente Medio, en un intento de copar el servicio en la zona.
En el caso de Airbnb, radicada también en San Francisco, el patrón es el mismo. La empresa oferta 5 millones de habitaciones en 81 mil ciudades del mundo. Empezó con un capital semilla de 20.000 dólares y su valor de mercado está en torno a los 31.000 millones hoy en día. Ha recibido financiación por valor de 4.500 millones desde su fundación en 2009. Entres sus inversores se repiten muchos con el gigante anterior, aunque encontramos también nombres nuevos, como los de Citigroup, JP Morgan Chase o American Express, todos ellos gigantes de las finanzas a nivel mundial. El Gobierno chino invirtió 100.000 millones de dólares en 2017.

De todas las inversiones recibidas por las tres empresas, tan solo aparece el nombre de una mujer como inversora individual, Cyan Banister, inversora en Uber

Lyft es menos conocida en nuestro país. Nació también en San Francisco y tiene un modelo de negocio similar al de Uber. Se fundó en 2012 con un capital semilla de 300.000 dólares y en la actualidad ha recibido inversiones por valor de casi 6.000 millones de dólares por parte de inversores privados como Jaguar, Land Rover, diversos fondos de inversión o el fondo de inversión público de pensiones de Canadá. Su salida a bolsa se realizó el pasado 28 de marzo y ha alcanzó inversiones por valor de 2.200 millones de dólares. Su valor actual en el mercado es de 23.000 millones.

De todas las inversiones recibidas por las tres empresas, tan solo aparece el nombre de una mujer como inversora individual, Cyan Banister, inversora en Uber. El resto de los millonarios, son hombres.

El uso eficiente de los recursos

No podemos obviar, tal y como afirma Hassan, la acumulación de capital, datos y cuota de mercado que se está llevando por delante la economía de plataforma y mal llamada economía colaborativa.
Silvia Díaz-Molina investiga en la Universidad Complutense de Madrid la economía de plataforma y sus alternativas desde la antropología y el feminismo. La investigadora afirma que “difícilmente la economía colaborativa puede conseguir un cambio de modelo cuando está inmersa en la economía de mercado. Juega sus mismas reglas y lenguaje y acaba reproduciendo la desigualdad constitutiva del sistema neoliberal-capitalista”
“El proceder de Airbnb encaja perfectamente con las lógicas financieras dislocadas y refinadas, que son las que están detrás de,efectivamente, las expulsiones que se dan en las ciudades globales”, advierte la investigadora.
Lo que nos contaban que iba a ser una nueva forma amable de compartir recursos es, hoy en día, una forma más de extracción de valor del trabajo de muchas personas, con el agravante de la prácticamente nula aportación a las arcas públicas. “Hay muchos efectos derivados. Este tipo de plataformas de corte extraccionista capitalista tienen modelos económicos de evasión fiscal y no contribuyen allá donde actúan. Pensamos que Uber cuestiona los derechos laborales, pero no es solo eso, este modelo económico cuestiona el Estado de bienestar en su conjunto”, advierte Fuster.
Es necesario llevar a cabo acciones que planteen alternativas al modelo de plataforma a través de la propiedad colectiva, modelos de gobernanza democráticos, la propiedad de las infraestructuras y los servidores y los intercambios, esta vez sí, entre iguales. La investigadora ve posibilidades si las cosas se dieran de otra manera. “Lo que me parece más esperanzador es que se puede abrir un horizonte de democratización económica que hasta ahora no teníamos. La economía colaborativa puede apuntar a una escalabilidad de la economía social y solidaria, del cooperativismo” afirma. Según la experta, la fuerza está en la organización de las ciudades de manera conjunta para luchar contra las grandes corporaciones. La economía colaborativa “pone sobre el tablero el rol de las ciudades porque estas empresas se concentran en las mismas, pero las competencias de regulación de las plataformas no están en las ciudades, sino en la Unión Europea en nuestro caso. Hace falta revisar un sistema de multigobierno para darle más peso a las ciudades”. Asimismo, apuesta por una plataformización de las administraciones locales “en el sentido colaborativo”. “Podrían adoptar dinámicas colaborativas dentro de las instituciones apoyados por plataformas digitales, por ejemplo, es el caso de Decidim que es una plataforma digital que se utiliza para decidir las políticas en el entorno de Barcelona y es un buen caso de cómo la economía de plataforma puede dotar de recursos para mejorar la innovación pública y democratizar las instituciones”.
Srnicek no ve tan claro que exista una alternativa cooperativista al modelo, pero sí coincide en que los Estados “deberían invertir enormes recursos en la tecnología necesaria para apoyar estas plataformas y ofrecerlas como servicios públicos, para distribuir recursos, posibilitar la participación democrática. Quizás hoy tenemos que colectivizar las plataformas”, propone el autor.
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La economía de los eufemismos: La precariedad laboral que se oculta tras el discurso de la “economía colaborativa”

31 mayo, 2019

Fuente: http://www.jessicafillol.es

Resumen

El discurso de la economía colaborativa se nos presenta como una optimización de recursos el pasar de una economía industrial a una de servicios, donde el “consumo” ya no recae en el “tener” sino en el “usar”, en el que dos ciudadanos particulares e iguales confían mutuamente, cuidando así además del medio ambiente al no producir más de lo que se necesita.

Lo que oculta el discurso que defiende este modelo es la precariedad y la ausencia de derechos. En ausencia de contratos y de leyes, no nos encontramos en un contexto de confianza entre iguales como pretenden, sino en uno en el que emergen las relaciones de poder de quien ostenta la titularidad de los medios de producción, en una posición de poder de negociación desigual tanto con el consumidor como sobre todo con la plantilla que, mediante su fuerza de trabajo, presta un servicio por cuenta ajena.

La economía de los eufemismos

Según el modelo tridimensional de las actitudes, estas están conformadas por tres componentes: cognitivo, evaluativo y conductual. El éxito de las grandes empresas de la “economía colaborativa” radica en haber eliminado una parte importantísima de información, desde la figura del empresario hasta el propio carácter lucrativo de las mismas, para lograr que en el componente evaluativo forjar una opinión favorable de una mayoría social que se conduce en el componente conductual consumiendo sus servicios sin dilema ético alguno.

El éxito de empresas con un modelo de negocio asentado en la denominada “economía colaborativa” es el éxito de los eufemismos: consiste en haber logrado situar a sus empleados en la mente del consumidor en las categorías de “jóvenes deportistas sin cargas económicas ni responsabilidades familiares” en el caso de los “riders” de Glovo, Deliberoo o Uber Eats, y “particulares que comparten su casa o su coche y prestan un servicio en su tiempo libre” en el caso de Airbnb, Uber o Cabify.

Bajo el discurso de la libertad, la flexibilidad, el deporte y el respeto al medio ambiente, se esconden (o se pretende esconder) una relación de poder clásica entre empleado y empleador donde la precariedad, la explotación laboral y la economía sumergida son la norma.

Bajo el discurso de la confianza entre personas desconocidas que no requiere leyes y normas (Tamayo, 2014), se oculta la ausencia de derechos, la inseguridad jurídica y política, la capacidad del actor dominante de la relación de imponer sus condiciones y el debilitamiento de la capacidad de negociación del actor más vulnerable de la ecuación.

Tras la fachada de “compartir el uso de una propiedad durante el tiempo en que su legítimo dueño no se está utilizando” se ocultan poderosas empresas que imponen sus condiciones a grupos económicamente vulnerables: jóvenes sin experiencia laboral en un país con una tasa de paro juvenil del 32,4% con largos periodos en las que se situaba por encima del 50% según la Encuesta de Población Activa (Instituto Nacional de Estadística, EPA 1er trimestre 2019), parados de larga duración a casi una década de la jubilación y desahuciados anticipadamente del mercado laboral, e inmigrantes muchas veces recién llegados y con dificultades de inserción laboral (INE, s.f.).

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (INE, 2019)

El eufemismo para “contrato mercantil en fraude de ley entre empresa y falso autónomo” (Tena, 2018) es renombrado como “contrato de colaboración voluntaria” (Martín Corral, 2018) recalcando de este modo la libertad de elección de quien parte de una situación de vulnerabilidad; de igual modo, el eufemismo para “capitalismo salvaje desregulado que pulveriza derechos laborales conquistados mediante la lucha sindical de los siglos XIX y XX” se denomina en el siglo XXI “economía sin explotación”.

El abandono de la terminología marxista y su progresiva sustitución por un discurso de corte neoliberal hace que no veamos impreso prácticamente nunca al hablar de los dueños de las aplicaciones de la mal llamada “economía colaborativa” términos como “propietarios de los medios de producción”, ni siquiera “empresarios”, y estos términos hayan sido sustituido por otros con connotaciones positivas como “emprendedores” o incluso su innecesario equivalente en inglés, “entrepreneurs”. La figura del empresario no es que desaparezca: es que es deliberadamente ocultada en un modelo de negocio que pasa por la ausencia de una figura que, según recoge el Estatuto de los Trabajadores son quienes contratan, dirigen y organizan la producción o la prestación del servicio, determinan los horarios y las condiciones laborales de aquellas personas empleadas por cuenta ajena.

Al ocultar la figura del empresario, las empresas bajo el paraguas de la economía colaborativa se esconden tras sus respectivas aplicaciones y pretenden simular un intercambio de servicios entre particulares que no es real (Serra, 2019).

El discurso de la libertad, de huir del paternalismo proteccionista de papá Estado, nos habla de confianza y desregulación, para ocultar tras esta fachada la desprotección y la ausencia de derechos laborales conquistados mediante la lucha sindical durante los siglos XIX y XX: salario mínimo, jornada laboral máxima, vacaciones, seguridad social, protección frente a accidentes, enfermedad o desempleo, etc. De hecho, Glovo ha llegado a afirmar, tras la sentencia del juzgado de lo social que obliga a la empresa a dar de alta a sus riders en el régimen general de la seguridad social como empleados por cuenta ajena, que contratar y pagar a la seguridad social “no está en su modelo de negocio (Olías & Ponce de León, eldiario.es, 2019).

Sin embargo, nada de esto sería posible sin la colaboración de consumidores que miran para otro lado cuando de explotación laboral se trata. En palabras de Héctor G. Barnés, los riders son nuestras mal pagadas sombras que hacen todo aquello que podríamos hacer, pero no nos apetece (…) la industria más boyante en el siglo XXI es la que nos ayuda a encasquetar nuestros marrones a otros, que cobrarán poco por aquello que haríamos si tuviéramos tiempo libre (Barnés, 2018). No nos apetece debido a la falta de tiempo y energía que este modelo de sociedad que estamos construyendo, donde el trabajo productivo es incompatible con el modelo reproductivo. Lo cual conecta directamente con la externalización y precarización del trabajo reproductivo. La pensadora feminista Silvia Federici reivindica que el trabajo reproductivo y de cuidados que hacen gratis las mujeres es la base sobre la que se sostiene el capitalismo, y lo relaciona con el amor y el altruismo en el que se nos socializa a las mujeres resumido en la frase “lo que ellos llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo no pagado” (Aguilar, 2014). A lo que estamos asistiendo gracias a la emergencia de la economía colaborativa es a la capitalización y tercerización de muchas de esas tareas de cuidados, como la comida, el cuidado de criaturas y personas mayores o la limpieza del hogar, en los cuerpos de mujeres, jóvenes, inmigrantes y mayores precarizando aún más su situación socioeconómica.

Disonancia cognitiva

Algunas posibles vías para reducir la disonancia cognitiva que nos atrapa al confrontar este discurso con la realidad social de nuestro entorno cotidiano que sugiero son las siguientes:

  1. Directamente, ignorar cualquier información relacionada con el tema. No quieres saber que pagas para que otros vivan peor que tú en unas condiciones laborales que no aceptarías mientras tengas donde elegir.
  2. Adoptar el mismo enfoque facilón que tan útil resulta cuando abordamos temas como la prostitución por ejemplo: liquidar el asunto con una referencia a la libertad de elección, y listos. Ignorar u omitir que cuando tu abanico de opciones es limitado, la libertad de elegir es relativa ayuda a sostener este enfoque.
  3. Creer en la imagen mental que los gabinetes de comunicación y relaciones públicas de estas empresas intentan vendernos: fingir que todos los riders se llaman Javi (Soto Ivars, 2018), y si el repartidor concreto que acaba de llegar no se corresponde con el estereotipo del repartidor en abstracto que nos habíamos construido mentalmente, si esa imagen en la que un joven deportista nos traía la cena para pagarse sus caprichos no coincide con la realidad que estamos confrontando, no permitamos que el estereotipo se nos desmonte.
  4. Aferrarnos a que no tenemos tiempo ni tiempo ni energía porque tenemos trabajos con horarios incompatibles con el descanso y la mayor parte de las tareas del hogar. Pedimos comida a domicilio en Glovo y hacemos la compra en Amazon Prime porque estamos cansados y no tenemos tiempo, pese a que conocemos política laboral antiderechos que practican ambas (Mcloughlin, 2018).

Contribuyamos así entre todos a sostener una industria del falso tiempo libre, como denuncia el corto “¡Hola, buenas noches!” (Rodilla, 2018) sin pararnos a pensar ni por un momento en el modelo de sociedad que estamos contribuyendo a construir entre todos. Porque en el momento en que dejemos de dar crédito a este discurso neoliberal y actuemos en consecuencia, el telón se caerá como en el final de El Mago de Oz, dejando al descubierto la gran mentira de la economía colaborativa.

Bibliografía

Aguilar, A. R. (24 de 05 de 2014). «Es un engaño que el trabajo asalariado sea la clave para liberar a las mujeres». Obtenido de Eldiario.es: https://www.eldiario.es/economia/engano-trabajo-asalariado-liberar-mujeres_0_262823964.html

Barnés, H. G. (27 de enero de 2018). El Confidencial. Obtenido de Pedir un cubata por Amazon o por qué pagas para que alguien viva aún peor que tú: https://blogs.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/tribuna/2018-01-27/cubata-amazon-negocio-vivir-peor_1511933/

Instituto Nacional de Estadística. (EPA 1er trimestre 2019). Tasas de paro por distintos grupos de edad, sexo y comunidad autónoma. Obtenido de http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4247

Instituto Nacional de Estadística. (s.f.). Población en riesgo de pobreza relativa según situación laboral y en las personas con trabajo. Obtenido de http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925455948&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout

Martín Corral, D. (20 de marzo de 2018). Economía Colaborativa. Obtenido de El Salto Diario: https://www.elsaltodiario.com/alkimia/economia-colaborativa

Mcloughlin, M. (17 de julio de 2018). El Confidencial. Obtenido de Cómo Amazon ha reventado la huelga y otras claves para entender el conflicto: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-07-17/amazon-prime-day-huelga-claves_1593332/

Olías, L., & Ponce de León, R. (14 de febrero de 2019). ElDiario.es. Obtenido de Glovo sugiere a sus repartidores que recurran el alta de la Seguridad Social tras una actuación de la Inspección de Trabajo en Barcelona: https://www.eldiario.es/economia/Seguridad-Social-Inspeccion-Trabajo-Barcelona_0_867914069.html

Rodilla, P. (Dirección). (2018). ¡Hola, buenas noches! [Corto]. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=zdT63v2DAhE

Serra, G. (Dirección). (2019). Equipo de Investigación: pisos turísticos bajo presión[Documental]. Obtenido de https://www.atresplayer.com/lasexta/programas/equipo-de-investigacion/temporada-1/pisos-turisticos-bajo-presion_5c9d099f7ed1a885bb36b789/

Soto Ivars, J. (2 de marzo de 2018). El Confidencial. Obtenido de Por qué todos los ‘riders’ de Glovo se llaman Javi: https://blogs.elconfidencial.com/sociedad/espana-is-not-spain/2018-03-02/riders-glovo-javi_1529460/

Tamayo, L. (30 de septiembre de 2014). 5 claves para entender la economía colaborativa. (Idealista/News, Entrevistador) Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=K7zjQ1xWVXM

Tena, A. (4 de junio de 2018). Publico.es. Obtenido de Nuevo revés para Deliveroo: la Justicia condena a la empresa y considera que los ‘riders’ son falsos autónomos: https://www.publico.es/economia/repartidores-nuevo-reves-deliveroo-justicia-condena-empresa-considera-riders-son-falsos-autonomos.html

Venezolanos en Madrid, D. (18 de marzo de 2019). Glovo Deliveroo Uber Eats, Repartidores cuentan cuanto Ganan y la REALIDAD. Venozolanos en Madrid.

 

El ataque frontal a las pensiones públicas

23 abril, 2019

Fuente: http://www.vnavarro.org

A raíz de las protestas de los pensionistas y del debate que han originado, el profesor Navarro presenta de nuevo el artículo que publicó en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 14 de julio de 2016.

Este artículo es una denuncia de lo que el gobierno Rajoy ha estado haciendo a las pensiones públicas de este país, expandiendo notablemente las reformas iniciadas por el gobierno socialista. No hay plena conciencia de que las intervenciones del gobierno actual han dañado enormemente la viabilidad del sistema de pensiones de jubilación en unas dimensiones más profundas de lo que se conoce. El artículo critica también los medios por no haber alertado de las causas reales de este deterioro, que se centran en el enorme deterioro del mercado de trabajo y no en la transición demográfica que constantemente se utiliza.

Parece, a primera vista, una paradoja que uno de los grupos de la población que votó más a favor del Partido Popular ha sido el de los pensionistas, precisamente uno de los grupos poblacionales más perjudicados por las reformas que se han realizado durante estos años en los que tal partido gobernó España. Tales reformas continúan teniendo un impacto devastador en los beneficios que reciben estas personas a través de la Seguridad Social. Una de las causas de tal paradoja es la baja calidad de los medios a través de los cuales la población, incluyendo los ancianos, recibe información. Estos medios se caracterizan por su escasísima diversidad, dominados en su gran mayoría (en el caso de los medios públicos) por partidos políticos de persuasión neoliberal o socioliberal, o por intereses financieros, es decir, los bancos, a los cuales deben gran cantidad de dinero y a los que no quieren antagonizar (en el caso de los medios privados). Estos intereses financieros no desean que se conozca lo que está pasando con las pensiones públicas en este país, pues son ellos (y a través de su claramente excesiva influencia sobre el Estado y sobre los partidos neoliberales y conservadores, como el Partido Popular) los que han liderado el mayor ataque frontal a las pensiones públicas que se conoce en la Unión Europea de los Quince (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español). Y aquellos que crean que esta frase es una exageración, les aconsejo que vean los datos.

España es el país de esta comunidad europea que tiene unas pensiones más bajas y que las verá reducirse más marcadamente en los próximos años, de manera que si la pensión cubría en el año 2011 (cuando el gobierno Rajoy inició su mandato) como promedio el 72,4% del salario que el pensionista recibía cuando trabajaba, será el 56% en el 2060 (según la Organización Internacional del Trabajo), una de las bajadas más intensas en la UE-27. El impacto de las reformas iniciadas por el PSOE y desarrolladas al máximo por el PP, es devastador, pues, a partir de ellas, las pensiones no se actualizan para mantener la capacidad adquisitiva de los pensionistas, ya que no se corrige la pensión según la inflación. En su lugar, el gobierno Rajoy diseñó una fórmula que discrimina a los pensionistas de mayor edad, de manera que, a mayor edad, mayor reducción de las pensiones. Es importante señalar que esto ya se está aplicando. Lo que ocurre es que los pensionistas no lo han notado todavía porque estamos en un periodo de deflación, una situación atípica, pues la inflación en la mayoría del periodo anterior a la deflación ha sido siempre mayor en España que el promedio de la UE.

El silencio, cuando no ocultación, de los medios

Estas reformas y sus consecuencias apenas han salido en los mayores medios de información y persuasión del país. En su lugar, tales medios presentan una visión idealizada de las pensiones públicas, presentándolas como exuberantes, pagadas, además, por los jóvenes, a los cuales se les informa que, debido a tales exuberancias, las pensiones públicas no sobrevivirán y colapsarán, dejándoles a ellos sin ninguna pensión. Se estimula así un conflicto etario, presentando a los ancianos como explotadores de los jóvenes. Un ejemplo de ello es un programa reciente de la televisión pública catalana, TV3, controlada por el partido de sensibilidad liberal, Convergència Democràtica de Catalunya (ahora Partido Demócrata Catalán), que ha gobernado casi siempre en Catalunya (excepto en los años del tripartito). En tal programa sobre las pensiones (“30 minuts”, 03.07.16), uno de los entrevistados (la mayoría de los cuales eran próximos, cuando no representantes, a la banca y a las Fundaciones establecidas y financiadas por la misma, como FEDEA) añadió que las pensiones públicas son las más generosas, no solo de la UE, sino nada menos que del mundo (sí, lee bien, del mundo), lo cual no es cierto y se puede mostrar fácilmente.

Pero esta situación es aún peor, pues los porcentajes de sustitución de las pensiones se calculan sobre el nivel salarial promedio que en España es, por cierto, de los más bajos de la Unión Europea de los Quince (UE-15). Los indicadores adecuados para tales comparaciones son los que comparan la capacidad adquisitiva de los ancianos pensionistas, viendo qué es lo que una persona anciana, tras 35 años de trabajo, recibe del Estado, en España, y en los otros países de la UE-15. Verán, si lo hacen así, que esta cifra (consecuencia del escaso nivel de su salario) es de las más bajas de la UE-15. En realidad, España se gasta en pensiones mucho menos de lo que debería gastarse por su estructura demográfica (que es muy semejante al promedio de la UE-15) y por su nivel de riqueza. El gasto actual en pensiones de jubilación es un 7,8% del PIB según EUROSTAT, uno de los más bajos en la UE-15. De todo esto, el programa de TV3 no dijo nada, tal como era predecible. En realidad, la mayoría de argumentos que se utilizan para defender la postura neoliberal de que hay que reducir las pensiones son argumentos que no se sustentan en base a la evidencia científica existente.

La falsedad del determinismo demográfico

Es casi imposible leer un artículo sobre la supuesta insostenibilidad de las pensiones de jubilación sin que aparezca el argumento de que la transición demográfica que estamos viendo en nuestros países, con un número cada vez mayor de ancianos y un número menor de jóvenes (que supuestamente deberían pagar las pensiones públicas de los primeros), está creando un problema gravísimo que hará imposible mantener tales pensiones. Este argumento se repite constantemente. No deja de ser paradójico que este argumento se esté utilizando ahora también, cuando España está exportando más y más jóvenes, resultado de la enorme crisis que está viviendo, situación que es más que probable que continúe. España no tiene un problema de falta de jóvenes. El problema es la falta de trabajo para los jóvenes.

Ahora bien, supongamos que todos los jóvenes estén trabajando y ninguno tenga que irse de España para conseguir trabajo. ¿Sería entonces cierto y válido el argumento de que a menos trabajadores, menos aportaciones a la caja de la Seguridad Social para los jubilados? La respuesta también sería que no. En realidad, existe hoy una percepción bastante generalizada de que tenemos un problema grave con la introducción de robots, que están sustituyendo a los trabajadores. Según esta tesis, habrá en el futuro un superávit de trabajadores y, en parte, el aumento del desempleo será resultado de las nuevas tecnologías, sustitutas de los trabajadores. Tales nuevas tecnologías están, supuestamente, incrementando la productividad, de tal manera que lo que hacían antes veinte trabajadores, ahora lo hace uno. Siguiendo el mismo argumento, se puede y debe argumentar que, si antes se necesitaban tres trabajadores para pagar la pensión de un jubilado, dentro de cincuenta años se necesitará sólo el cuarto de un trabajador para sostener a un jubilado.

No se puede argumentar, por un lado, que nos faltarán trabajadores y, por el otro, indicar que va a haber un exceso de trabajadores debido a los robots y otras tecnologías. Es más, la robótica no necesariamente destruye puestos de trabajo pues, que lo haga o no, depende de varios factores, siendo uno de ellos la demanda de productos producidos por la robótica, la cual puede depender, no sólo de los salarios de los trabajadores, sino también del nivel y del número de pensiones. A mayor nivel de pensiones y mayor número de pensionistas, mayor es la demanda de productos y servicios, y, con ello, mayor estímulo económico y mayor creación de riqueza. El mayor crecimiento de la productividad en EEUU fue durante el periodo post II Guerra Mundial, 1947-1975, cuando el crecimiento de la demanda fue mayor (debido a la expansión salarial y del Estado del Bienestar), mostrando que no es la tecnología en sí, sino el contexto en el que opera, lo que explica que la tecnología puede o no incrementar la productividad (para una crítica de la revolución digital y su supuesto impacto, ver mi artículo “La falacia del futuro sin trabajo y de la revolución digital como causa del precariado”, Público, 12.07.16).

¿Qué debería hacerse?

El mayor peligro para las pensiones públicas han sido las políticas neoliberales (y, muy en especial, las reformas laborales) que, además de destruir empleo, han causado un enorme deterioro del mercado de trabajo, con un gran bajón de los salarios y un gran aumento de la precariedad, cambios que falsamente se presentan como consecuencia de la revolución digital, cuando, en realidad, son resultado de la contrarrevolución neoliberal y socioliberal. Las reformas liberales iniciadas por el PSOE y expandidas por el PP, con la aprobación de Convergència Democràtica de Catalunya y Ciudadanos, significaron un ataque frontal a las pensiones. De nuevo, el programa de TV3 no dijo ni pío de ello. La necesidad más importante para garantizar las pensiones en España es alcanzar el pleno empleo con salarios altos, lo cual es posible si hay voluntad política. Si hubiera en España el mismo porcentaje de población (hombres y mujeres) que trabaja que en Suecia, y tuvieran los mismos salarios y la misma carga fiscal, no tendríamos ningún problema para sostener las pensiones. La reducción de los salarios y la precarización de la población trabajadora (que han estado ocurriendo durante los años del gobierno Rajoy, consecuencia de sus políticas) han significado una enorme amenaza a la viabilidad del sistema de pensiones públicas.

La necesidad de redistribuir las rentas como medida de apoyo a las pensiones

Debería ser obligatorio que las cotizaciones sociales para las pensiones fueran progresivas, de manera que los dirigentes del IBEX-35 cotizaran a la Seguridad Social un porcentaje de sus salarios, si no superior, al menos igual al que cotizan sus empleados. Ello es necesario, no solo por razones de equidad financiera (corrigiendo la falta de progresividad en las cotizaciones sociales), sino por consideraciones de justicia social. La explotación que existe en el actual sistema de pensiones no es el tan manoseado conflicto etario, sino el conflicto social. Es injusto que, en términos proporcionales, la persona de limpieza de los edificios dirigidos por los directivos y gestores del IBEX-35 pague más a la Seguridad Social que los dirigentes que pertenecen a una clase social que vive, como promedio, ocho años más que la persona de limpieza. Así, el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, aprobado por el PP y por el PSOE, significa que la persona de limpieza tiene que trabajar dos años más para pagarles sus pensiones a los dirigentes del IBEX-35, que vivirán ocho años más. Ello significa una injusticia enorme, de la cual los medios mantienen un silencio ensordecedor.

Las cantidades que se podrían obtener para las pensiones si el pago por cotizaciones sociales se corrigiera para ser más progresivo podría alcanzar la cifra de más de 7.500 millones de euros al año. ¿Por qué no se hace? La respuesta es fácil de entender: los ricos tienen mucho más poder político y mediático que los demás, y mucho más que los pobres.

Lo que la banca prefiere es indicar que las pensiones públicas son insostenibles, y de ahí que promueva que la gente joven se vaya rápidamente a la banca y a las compañías de seguros para hacerse un plan de pensiones privado. Y, por si fuera poco, piden al Estado que les paguen un subsidio de más de 2.000 millones de euros al año para sostener tales pensiones. Este subsidio público –que podría ir a enriquecer las pensiones públicas- es la exención fiscal que no se paga al Estado para estimular la privatización de las pensiones. Hay que tener en cuenta que las pensiones privadas son mucho más vulnerables que las públicas, como se ha visto en la crisis financiera actual, que tuvo un efecto devastador en tales pensiones, quedando los beneficios prácticamente anulados para millones y millones de personas.

El silencio mediático se ha roto hace unos días. El saqueo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social

Este silencio sobre el ataque a las pensiones se rompe de vez en cuando, y las últimas noticias muestran que el gobierno Rajoy ha estado sacando dinero del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, 8.700 millones, para poder pagar la paga extra de julio a los pensionistas, hecho que se conoció en los días siguientes al día de las elecciones del 26 de junio, pues el gobierno Rajoy quiso ocultarlo hasta el último momento. Este gobierno ha reducido este Fondo durante su mandato, creando un agujero de nada menos que 41.600 millones, alrededor del 4% del PIB, según el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y la pregunta que debe hacerse es: ¿hubieran los pensionistas votado al gobierno Rajoy si hubieran conocido todos estos datos presentados en este artículo?

Unidas Podemos y PSOE introdujeron reformas que iban en la buena dirección, en el intento de resolver el gran problema de las pensiones (aunque las de Unidas Podemos eran más realistas y ambiciosas que las del PSOE). Entre ellas, ha tenido más visibilidad la propuesta de financiar las pensiones, sobre todo las no contributivas, con fondos generales del Estado, siguiendo las huellas de varios países (como Dinamarca) que financian las pensiones públicas a través de las contribuciones del Estado.

Es necesario, sin embargo, que exista un cambio sustancial en el origen de los ingresos al Estado (sea este central, autonómico o municipal) antes de realizar tal medida, pues hoy la gran mayoría de los ingresos deriva de las rentas del trabajo, rentas que, por cierto, han disminuido como porcentaje de las rentas totales, a costa de un crecimiento de las rentas del capital, que ha alcanzado unos niveles sin precedentes. Hoy, en España, las rentas del capital han alcanzado casi la mitad de las rentas totales del país, un hecho no conocido hasta ahora. La pobreza del Estado del Bienestar en España se basa, precisamente, en este hecho, en la excesiva dependencia que los ingresos al Estado tienen de las rentas del trabajo, que han ido disminuyendo y disminuyendo (mientras que las rentas del capital –que pagan muchos menos impuestos- han ido aumentando). De ahí que sea imperativo que las rentas del capital sean gravadas, al menos, al mismo nivel que las rentas del trabajo, aunque sería preferible que, para reducir las enormes desigualdades existentes en España, se gravasen incluso más que las derivadas del mundo del trabajo. Esto corregiría el enorme déficit de ingresos al Estado y de las transferencias (como las pensiones), así como de los servicios públicos del Estado del Bienestar (como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, entre otros), todos ellos muy poco financiados en España.

“La renta básica universal es anticapitalista pero también puede hacer más equitativo al capitalismo”

18 abril, 2019

Fuente: http://www.eldiario.es

“Tener a millones de personas sin ingresos de ningún tipo puede dar lugar a un grave problema social y la renta básica universal puede ser una solución”, argumenta Juan Torres López (Granada, 1954), catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. El economista acaba de publicar La renta básica (Editorial Deusto), un libro donde explica y analiza una medida que se empieza a pergeñar en la Grecia clásica y ha llegado hasta nuestros días como una posible solución social al proceso de robotización del mercado laboral.

Torres desarrolla en su libro los argumentos de detractores y partidarios de la renta básica universal cuando admite que El debate político, que a veces no es muy riguroso, ha amplificado esa confusión alrededor de la renta básica porque se ataca sin saber a qué se refiere”.

¿Por qué hay tanta confusión a la hora de definir la renta básica?

Es un concepto que se ha introducido en el debate de las políticas económicas y sociales con un sentido muy amplio. El problema es cuando se utiliza la expresión renta básica y nadie sabe a qué se está refiriendo. Inicialmente cuando se hablaba de renta básica se hacía referencia a la renta básica universal, que se establece sin condiciones a todas las personas solo con el hecho de ser ciudadano, pero hoy día el término encubre incluso a normas jurídicas que están en estatutos de autonomía en España, tipos de rentas mínimas o garantizadas que no deberían ser definidas como renta básica universal. El debate político, que a veces no es muy riguroso, ha amplificado esa confusión porque se ataca sin saber a qué se refiere.

En su libro se define la renta básica como una propuesta moral, un proyecto ético de justicia y libertad, una postura difícil de establecer en una época dominada por el utilitarismo mal entendido.

El utilitarismo es una propuesta moral también. Todas las propuestas que se hacen que tienen que ver con la forma de vivir son propuestas morales y éticas. La defensa y el ataque a la renta básica tiene que ver también con posiciones éticas, ya que responde a la idea de repartir lo común, pero aquí se puede plantear: ¿qué es lo común?¿Es necesario repartir lo común o está ahí para que se lo apropie quién quiera?¿Es justo que se reciba algo sin dar nada a cambio? Realmente son preguntas que no tienen respuesta objetiva ya que dependen de los criterios morales de cada persona, algo extensible a cualquier medida de política económica. La Economía no aporta soluciones sino políticas, siempre hay detrás un juicio moral.

Finlandia ha realizado un experimento cediendo una renta a un grupo de personas. Las conclusiones del experimento es que los beneficiarios se han sentido más seguros, al mando de sus vidas y con mejor salud mental y física, pero no ha tenido grandes efectos sobre la situación laboral de estas personas. ¿Es un fracaso? Por qué se relaciona siempre con el empleo?

Las teorías que explican el desempleo y cómo se crea empleo se pueden ubicar en dos extremos: en un lado, las más neoclásicas o liberales que establecen el trabajo como una mercancía más y que para crear empleo lo que hace falta es que los mercados sean flexibles. Algunos defensores de la renta básica dicen que gracias a la ella los mercados puede ser más flexibles y contribuiría a crear empleo. Desde otro punto de vista, el paro se origina por escasez de demanda de bienes y servicios, si se le da a todo el mundo la capacidad de compra añadida se incrementaría esa demanda. Para criticarla se argumenta que va a convertir en más reacias a las personas para encontrar empleo o que puede crear un problema de precios si la mayor demanda no va acompañada de una mayor oferta. Se la vincula con la condición laboral porque hoy día es la mayor preocupación, pero incluso entre los defensores de la renta básica lo menos esperado es que haya más empleo, al menos del convencional, la renta básica no se justifica por la creación de empleo.

Dentro de la izquierda se postula el trabajo garantizado como alternativa a la renta básica. ¿Es preferible?

Volvemos a entrar en una preferencia ética. En los países donde hay más nivel de empleo, como Japón o EEUU, nos encontramos trabajos que nos parece que tienen poco contenido, pero se trata de proporcionar ingresos a personas que por su capacidad o por su formación no tienen opciones para alcanzar otro empleo. Se entiende como una fórmula para facilitar una renta mínima o decente o garantizada a personas que no tienen otra fuente y hacerlo con un prerrequisito moral en forma de “a cambio de”.

Comparte la idea del sector más liberal que apunta que la renta básica podría sustituir al resto de medidas de protección social. 

No comparto la propuesta, ya que el efecto podría ser más negativo porque sería más caro, pero ciertamente se podría hacer. Una renta básica podría sustituir a todas las demás prestaciones, incluidas las educativas y sanitarias, y ofrecer esos bienes públicos como privados. Con la experiencia que tenemos, sin sanidad pública la sanidad privada sería más cara y no se podría garantizar el acceso a todo el mundo. Si se deja en manos del mercado no habrá igualdad de condiciones porque dependerá de la renta. Detrás de este planteamiento hay un posicionamiento ideológico en contra de todo lo que gestiona el Estado porque lo asocian a una coerción  pero no hay razones objetivas que lo avalen.

Desde hace unos años se está replanteando si medidas económicas como el PIB sirven para medir adecuadamente el desarrollo ya que no tienen en cuenta el bienestar de las personas. ¿Habría que dar un salto y redefinir los elementos que deben formar estas herramientas para que la renta básica sea aceptada?

Cada día está más claro que el Producto Interior Bruto es muy bruto: no refleja adecuadamente la actividad económica. No permite conducir la economía contemplando todos los factores. Con un conjunto o una cesta de indicadores diferentes —porque es muy difícil tener un indicador complejo que refleje al completo el bienestar humano y la eficiencia económica— veríamos que la renta básica sería fácilmente encajable como política económica.

Con la robotización de la economía se ha puesto la renta básica como una solución.

Si la robotización, como otras revoluciones tecnológicas, se acompaña de un mantenimiento de la jornada laboral se va a producir un paro masivo. Si los beneficios de los incrementos de productividad se distribuyen de una manera desigual se producirá una situación social explosiva. Esta amenaza lleva a que personas defensoras del capitalismo en su forma más libre contemplen la necesidad de la renta básica. Lo lógico sería no dejar a un ejercito de personas condenadas a no tener una asistencia que garantizara un mínimo de bienestar sino abordar esta revolución tecnológica para que beneficie a todos. Lo que está ocurriendo es que todas estas innovaciones van de la mano de la una legislación que favorece jornadas de trabajo aun más largas, con independencia del sueldo, sin que se dé una negociación laboral simétrica.

En su libro destaca los comentarios de Karl Polanyi sobre la medida de Speenhamland, una especie de complemento salarial que Ciudadanos parece haber recogido en su programa. 

Polanyi explica que se trata de una medida que daba tantos derechos a los trabajadores frenó el desarrollo del capitalismo porque estaba en contra de la liberalización, de la mercantilización del trabajo.

¿La renta básica es una medida contra el capitalismo?

Filosóficamente es contraria al capitalismo, al igual que la sanidad pública. El capitalismo se basa en la libre compra y venta de la fuerza del trabajo y los recursos naturales. La renta básica supone llevar una retribución a un factor con independencia del valor que esté creando, en este sentido es anticapitalista. Otra cosa es que sea perfectamente compatible con el capitalismo, porque lo puede hacer más eficiente, más equitativo y crear más paz social.

La renta básica, libro de Juan Torres López.
La renta básica, libro de Juan Torres López. DEUSTO

El debate de la renta básica es cómo se financia. Recoge en su libro un estudio de Arcarons, Raventos y Torrens por el que el coste neto estaría sobre los 187.870 millones de euros, un 17,4% del PIB español.

Hay varios errores a la hora de calcular su coste. El coste bruto de la renta básica es fácil de calcular: cuánto dinero le queremos pagar a un número determinado de personas. Ahora bien, ese montante total que es una cantidad bruta hay que definirlo posteriormente en términos efectivos. Esa cantidad de 187.870 millones va a generar una serie de ahorros como subsidios o subvenciones que se van a eliminar. Además, hay que tener en cuenta cómo se va a financiar porque si se financia con el IRPF estamos haciendo una transferencia de renta que va a suponer también una serie de ahorros, con lo que el coste final sería mucho menor.

¿Una herramienta como la renta básica solo tiene sentido si es universal? 

Puede ser una renta condicionada a lo que se decida, desde la nacionalidad a la renta, pero una renta básica universal sí se puede instaurar en un territorio concreto, aunque creo que sería desnaturalizarla. Deben percibirla todas las personas que son ciudadanas de un territorio. No soy partidario de entender un Estado como el español repartido en 17 cuasi miniestados y que haya diferencias entre los diferentes territorios: hay derechos que deberían ser garantizados a escala estatal. Una comunidad autónoma podría poner en marcha una renta básica universal pero se produciría lo que los economistas llamamos votos con los pies, desplazamientos de población a esas comunidades.

¿No se debe aplicar criterios de renta para dar la renta básica?

La renta básica universal la debe recibir cualquier persona sin tener en cuenta su renta, sus ingresos o su situación laboral o personal. Es incondicional. Dependiendo de la edad si se podrían definir niveles para establecer cantidades diferentes. A la hora de financiarla es cuando entran los matices porque si se hace con el Impuesto sobre la Renta había un grupo de pagadores y otro de receptores, con lo que en términos netos los que la financian no recibirían esa renta básica.

Si una renta básica es tan positiva ¿por qué fue rechazada en referéndum en Suiza?

Los porcentajes de apoyos y rechazos a la renta básica universal están muy igualados en la sociedad europea. En las últimas encuestas se ofrecen razones un tanto sorprendentes para su rechazo, por ejemplo hay un porcentaje mayor entre los católicos en España que se posicionan en contra de la renta básica porque alegan que hay otras fórmulas para evitar la necesidad. Pesa la idea de que es muy caro y cuesta asumir el razonamiento de que se le dé la misma cantidad de dinero a cualquiera que sea la persona independientemente de lo que haga, cuando lo que se hace es repartir un acervo común, una herencia común. Estamos viviendo el conflicto que ocurría en las primeras ciudades cuando se planteaba hacer canalizaciones que eran costosas y había grupos de ciudadanos que defendía que solo bebiera agua limpia el que la pagase hasta que se razonó que sin canalizaciones y saneamientos se expandía más fácilmente el cólera, una enfermedad que cuando se extienda no va a hacer una diferencia por renta. Tener a millones de personas sin ingresos de ningún tipo puede dar lugar a un grave problema social y la renta básica universal puede ser una solución.