Posts Tagged ‘España’

La culpa es de Rufián

11 febrero, 2019

Fuente: http://www.blogs.publico.es

 

La culpa de todo es de Rufián. Ese tipejo tuitero, este indeseable golpista indepe, que no tiene puta idea de política, que ha arruinado la economía del país, la convivencia entre españoles y el decoro entre parlamentarios.

Hasta que llegó Rufián todo andaba bien. En España no había golpistas, los políticos no tenían actitudes chulescas, ni despóticas, ni decían palabras gruesas. En España nadie mentía.

Además, Rufián tiene la insolencia de clamar esas mentiras a viva voz en el mismísimo Parlamento. Tiene la desfachatez de abrir los brazos en cruz y gritar que este país es una vergüenza.

El diputado de ERC Gabriel Rufian, en el Pleno del Congreso, cuando fue expulsado por la presidenta de la Cámara por la presidenta de la Cámara, Ana Pastor. REUTERS/Susana Vera
El diputado de ERC Gabriel Rufian, en el Pleno del Congreso, cuando fue expulsado por la presidenta de la Cámara por la presidenta de la Cámara, Ana Pastor. REUTERS/Susana Vera

 

 

 

 

 

 

 

 

A la puta calle. Bien hecho, señora Pastor, usted que viene de una familia y un entorno de demócratas ejemplares, sabe bien lo que hay que hacer.

Porque no se pueden permitir estas deslealtades dentro del hemiciclo, no debemos tolerar que insinúe tales calumnias y falsedades en la cara del resto de honrados diputados.

Es inaceptable que Rufián diga, por ejemplo, que en el Parlamento español manda el Ibex.

No se puede permitir que siga acusando al PP de haberse financiado ilegalmente, de haber robado, engañado y chantajeado a todos los españoles durante cuarenta años.

También es falso que el PSOE sea su amiguete de trastadas. Que entre los dos partidos se hayan repartido todos los poderes del estado bajo el amparo de la corona, financiándose ilegalmente, repartiéndose concesiones a dedo, rompiendo ordenadores, quemando pruebas cuando hacía falta, jugando sucio, traficando con jueces y usando puertas giratorias para seguir ostentando el poder en España.

Si le permitimos estas barbaridades, puede acabar diciendo que todos los parlamentarios mienten. Acabará diciendo que el rey es un ladrón, acabará diciendo que el PSOE montó su propio grupo terrorista, que el partido popular está repleto de criminales. Acabará diciendo que partidos tan demócratas como Ciudadanos y Vox son unos fachas. Con lo fácil y respetuoso que sería llamarles ultraderechistas a los fachas.

Acabará diciendo que en este país los banqueros y las grandes empresas que dan esos servicios a los que todos tenemos derecho especulan, malgastan, desvían fondos y arruinan deliberadamente a los españoles con la complicidad de diputados, senadores, caciques, alcaldes y ediles, sin ningún tipo de remordimiento, solo por enriquecerse y comprarse otro chalet y otro yate donde follarse a más putas (cuanto más jóvenes mejor).

Acabará diciendo que las fuerzas de seguridad del estado están repletas de altos mandos que adoran a Franco. Es más, acabará diciendo que Franco puso al rey en el trono, y que los hijos y nietos de sus ministros montaron los partidos que, aún hoy, manejan el cotarro. Acabará hasta cometiendo herejía contra la santa Iglesia Católica española. Este niñato maleducado no puede llamarles franquistas solo porque no condenan el franquismo. Es intolerable. Hay que echarlo a la puta calle. El resto de diputados y senadores tienen derecho a trabajar por España como hasta ahora. Con amor, mucho trabajo, sacrificio y dedicación, con buenas maneras y buenas palabras. Con orgullo y satisfacción.

Así no hay manera de trabajar por España, con un tío tocando los cojones en el escaño de al lado y comportándose como un machista, escupiendo a sus compañeros de hemiciclo, convirtiéndolo todo en un reallity show de mal gusto. Esto no se había visto jamás.

Es un loco, ve fantasmas, está poseído por el demonio, nada de lo que dice es cierto. No se puede permitir que confunda a los españoles hablándoles sobre políticos mafiosos y corruptos. Rufián tiene visiones propias de un demente.

Se le tiene que expulsar de la política porque si sigue así, acabará engañando a esos pobres ciudadanos, incultos, adoctrinados y descerebrados, que se creen todo lo que dice en la tele y en el Twiter. Acabará arrastrando a las gentes en su locura paranoica y maleducada. Y, Esto, sus señorías, no puede ser.

Se sienten, coño, y escuchen con atención:

– Mire usted…¡Los políticos somos buena gente!

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Ante una Iglesia franquista

10 febrero, 2019

Fuente: http://www.eldiario.es

Soy ateo, pero nunca he sido anticlerical. Respeto profundamente el derecho que cada cual tiene a profesar la religión en la que cree. Tanto es así que en esta misma tribuna defendí la necesidad democrática de que la misa de los domingos, al igual que los ritos de otras confesiones religiosas, siguiera emitiéndose en la televisión pública. Sí soy partidario de acabar con los privilegios y las subvenciones millonarias que recibe la Iglesia católica. No es que haya asumido la idea lanzada por un peligroso rojo bolivariano; me he limitado a leer esa Constitución, que está tan de moda, y que define a España como un estado aconfesional.

Más allá de eso, pienso que el único límite que debe imponerse a las distintas religiones es el del respeto a la legalidad, a los derechos humanos y a los valores democráticos. Si un imán llama a la yihad o anima a maltratar mujeres, debe ser detenido, procesado y encarcelado. Si un testigo de Jehová pone en riesgo la vida de su hijo al negarle una transfusión de sangre, las autoridades tienen que retirarle la custodia. Si el líder de una secta promueve suicidios colectivos… pues eso, al trullo con él.

El problema es que esa unanimidad a la hora de frenar los excesos cometidos en nombre del Islam o de otras confesiones religiosas se convierten en tolerancia cuando hablamos de la Iglesia católica. Aquí se sigue permitiendo, por mucho que digan, el encubrimiento de la pederastia. A los violadores de niños se les trasladaba de parroquia o se les “juzgaba” en unos tribunales eclesiásticos que funcionaban en la más absoluta alegalidad e ilegalidad. Tribunales que castigaban y castigan con durísimas penas consistentes en retirar temporalmente a los culpables del servicio, rezar unos cuantos padrenuestros y varias avemarías. ¿Digo alguna barbaridad si afirmo que el pederasta debe ir a la cárcel, tenga o no sotana? ¿Soy un “quemaiglesias” si me indigno porque sus encubridores queden impunes… ya sean cardenales, obispos o el mismísimo Papa de Roma?

A ese cáncer global, llamado pederastia, que afecta a toda la Iglesia, hay que sumar otro mal que gangrena a su rama española. Desde la muerte del dictador, los demócratas de este país no hemos hecho más que poner la otra mejilla ante las numerosas bofetadas totalitarias que nos propinaba la cúpula católica. Toleramos que custodiaran ese valle de la infamia que sigue en pie en Cuelgamuros. Permitimos que albergaran en sus templos las tumbas de asesinos como Queipo de Llano. Soportamos que se resistieran a retirar símbolos franquistas de las paredes de sus iglesias. Miramos para otro lado cuando celebraban misas en las que se cantaba el Cara el Sol y se humillaba a las víctimas de la dictadura.

No sé a ustedes, pero a mí se me ha acabado la paciencia y la tolerancia después de recibir las últimas hostias, que no eran, precisamente, consagradas. La Conferencia Episcopal, 82 años después del golpe de Estado que acabó con la democracia republicana, ha vuelto a elegir bando y ha vuelto a apostar por los fascistas. Después de reír durante años las bravuconadas del franquista despreciable que tienen como abad en el Valle de los Caídos, ahora confabulan con la familia Franco para que el tirano acabe enterrado en la Catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid. Después de negarse a pedir perdón por haber legitimado 40 años de dictadura, ahora sus vírgenes aparecen vestidas con mantones falangistas y sus curas piden a Dios que cuide de las almas de Franco y de José Antonio o se dedican a hacen peinetas a los familiares de las víctimas.

Tengo claro que no todos los sacerdotes católicos comulgan con estas prácticas. Es muy probable que ni siquiera representen una mayoría. Sin embargo, las voces discordantes entre los religiosos se cuentan con los dedos de una mano. Una mayoría encabezada por sus jefes, calla y, por lo tanto, otorga. Después de la visita de la vicepresidenta del Gobierno a El Vaticano, el Papa tampoco tiene ya excusas. Él es el principal culpable de lo que está ocurriendo y de lo que pueda ocurrir.

Hoy la Iglesia española está fuera de la ley. Desde la Conferencia Episcopal hasta no pocos de sus sacerdotes incumplen sistemáticamente la Ley de Memoria Histórica. ¿Por qué la Fiscalía no ha actuado de oficio en ninguno de los casos en que se ha vulnerado esta norma? ¿Por qué es tan firme con los titiriteros y tan permisiva con las sotanas?

Nunca generalizaré porque respeto a los creyentes y admiro a muchos religiosos y religiosas que dedican su vida a mejorar la de la gente en barrios humildes de Madrid, Sevilla, Río de Janeiro o Adís Abeba. Nunca seré anticlerical, pero ya soy anti este Papa y anti esta Conferencia Episcopal. Me he cansado de que defiendan el fascismo. Estoy harto de que humillen a las víctimas.

Jorge Mario Bergoglio y Ricardo Blázquez deberían reflexionar sobre las palabras que escribió en pleno periodo republicano uno de sus colegas. Eloy Montero Gutiérrez, que años después sería uno de los religiosos de cabecera del dictador, era plenamente consciente de que el anticlericalismo existente no había surgido de la nada: «¿Qué hemos hecho sobre todo con el pueblo? Nos quejamos de que se nos ha ido de las manos; pero ¿es que no tenemos culpa de su alejamiento de la Iglesia? ¿Es que nos hemos acercado como debíamos a las clases populares? ¿Es que hemos ido a buscar al pueblo donde quiera que se hallase? ¿Es que nos hemos sacrificado por los humildes, por los desgraciados, por los pobres? ¿Es que hemos defendido los derechos legítimos de esas clases populares con la valentía necesaria, aun exponiéndonos a la enemistad de los grandes y de los poderosos y de los ricos?». Señores Bergoglio y Blázquez, ¿es que no tienen ustedes la culpa de que haya tenido que escribir este artículo?

La impunidad del fascismo en España

9 febrero, 2019

Fuente: http://www.eldiario.es

Cuarenta y tres años después de muerto Franco, el general golpista y dictador por cuatro décadas más, su figura mantiene una fuerte presencia en nuestro país. Se celebran homenajes y misas en su aniversario. Varios medios continúan publicando sus esquelas y artículos lavando su imagen. En ningún otro lugar que haya padecido esta lacra sucede lo mismo. España parece tener, tiene, una repugnante permisividad con el fascismo. A la vista de todos, sin ningún complejo, sin ningún temor a ser coartada.

La familia Franco sienta sus reales y se permite exigencias. La Iglesia católica sigue manifestando en algunos de sus centros de culto similar concomitancia con el genocida que tuvo durante la dictadura. El Cabildo de la Basílica del Pilar de Zaragoza ha vestido con un manto de Falange a la Virgen del Pilar, capitana de la tropa, como dice la jota. A petición del partido ultra, según han confirmado ellos mismos. En El Pilar lo atribuyen “a un error”. Todo esto no ocurre por casualidad.

La Virgen del Pilar con un manto de Falange
La Virgen del Pilar con un manto de Falange

Se incomoda la ultraderecha española por la anunciada intención de exhumar los restos del dictador. Y crece, como venía creciendo ostensiblemente durante el gobierno del PP, amparada de alguna forma. Una  manifestación en Moncloa la otra noche. Aterradora. Se acerca a tomar fotos nuestro compañero Moha Gerehou de eldiario.es, un oscense de piel negra, casualmente, y la policía le pide la documentación a él porque “podía estar generando conflicto”, le dijeron. Él. En Valencia, los fascistas se suben al metro para anunciar las tinieblas.

Y así llegamos a la concentración de la plaza de Oriente, la de los grandes discursos del Caudillo, e irrumpen en protesta tres mujeres, activistas de FEMEN. Una panda de energúmenos salvajes, fascistas y machistas inequívocos,  las zarandea y agrede. Les pegan patadas mientras están en el suelo, les insultan y las quieren llevar a la hoguera. Las imágenes han dado la vuelta al mundo. Ya todos saben, vuelven a saber, qué pasa en España con el franquismo, con el fascismo. Con su impunidad.

¿Por qué? 43 años de gobiernos elegidos en las urnas y no se ha resuelto el problema. Una terrible anomalía democrática. No solo aquí, en Europa también como la califica el hispanista Paul Preston. Este 20 de noviembre era también el aniversario del primer juicio de Núremberg en 1945. Los fascismos fueron expulsados y castigados. En España nunca se fueron. Están en el fondo, según vamos viendo, de la putrefacción de las instituciones. Ocurre que nunca se dirimieron responsabilidades como se debió y como hacen los pueblos a los que cae semejante tragedia. Y que buena parte las familias del franquismo siguen siendo puntales de la España actual.

Ese sedimento forma parte de los bochornosos espectáculos a las que ya nos vamos acostumbrando. Con el PP, sus cajas B que ya llegan hasta la cocina, y su presumible mano en la justicia “desde atrás”. El jefe de la policía política que se montó Rajoy, así lo dijo en un ‘whatsapp’ Cosidó -que sigue en activo como portavoz del PP en Senado- se refería a la Sala II y a numerosos nombramientos. “Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS [dos tercios del Tribunal Supermo] y centenares de nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España”. Según  recoge Ignacio Escolar de unas palabras que explican, con diáfana claridad, el tinglado judicial.  Marchena se hace el digno y dimite de un nombramiento que aún no tenía pero le daba el bipartismo.

Altas esferas que rezuman una intolerable podredumbre. Justicia, como vemos. Fuerzas de seguridad. Las  amistades del monarca y familia que van desde la Casa Real Saudí al compiyogui, Javier López Madrid, que no pierde ocasión de aparecer en escenarios comprometidos. Empresarios corruptores tampoco faltan. En negocios que se adivinan estupendos por los montos denunciados.

Y los medios. Se han cansado de llevar a sus tertulias a lo más florido de la ultraderecha. A sembrar odio a diario. Los términos que emplean son granadas incendiarias. “Ya no va a humillar al ejército” dice este martes mismo, 20 de Noviembre, ABC, a toda portada.  Por haber pensado que no estuviera con presencia propia en el salón de la Enseñanza de Barcelona. Los votantes de Vox no son los pobrecitos unos nazis, qué va. Nos los lavan y perfuman cada día. PP y Ciudadanos pugnan por ser más y más de extrema derecha para competir con el VOX inflado a conciencia. Hasta crear una costumbre que lleva a algún comunity manager a considerar “una ciudadana” a esta harpía franquista que golpea a la activista de FEMEN.

Fotografía EL PAÍS

@FotografiaPais

Fotos: La protesta de Femen en un acto de la Falange, en imágenes. Una activista es agredida por una ciudadana durante la protesta Foto @agarciacoronado http://bit.ly/2RYn29P 

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La mayoría de los ciudadanos son demócratas, no ultraderechistas, pero se van haciendo a la idea, normalizando el concepto. Los mensajes calan cuando son tantos, tan organizados y frecuentes. La gota malaya.

Y si hay algo positivo en este emplasto es que el escándalo se ha desbordado de tal forma que nos ha explotado en la cara. Los miembros de esa ralea siguen andando y sonrientes  aunque con los pies podridos.

Un Gobierno democrático, un parlamento democrático, una justicia plenamente democrática, tiene mecanismos para acabar con esta permisividad que nos ahoga como país. Hay que soltar mucho lastre, eso sí, dejar caer a mucho indeseable oculto.  Tal como piden las instituciones europeas, se trata de prohibir legalmente el fascismo y sus asociaciones. El Parlamento Europeo ha señalado a la Fundación Francisco Franco, Falange y Hogar Social. Con el voto en contra del PP, por cierto. Es hora de hacer cuentas con la iglesia que recibe nuestro dinero y muchas otras prebendas y propiedades, si empacho de mantener comportamientos tan dudosos. Sirve también para los medios. Cierren el grifo de una vez. Si van a multar el odio, que sea el odio verdadero, no las canciones y comparsas.

Salgan de la tibieza. Despréndanse del miedo. Este gobierno y este parlamento tiene la obligación de exhumar de una  vez el franquismo de España.

La iglesia católica española y el general Franco

4 febrero, 2019

Fuente: http://www.vnavarro.org

La visión que el establishment político-mediático conservador español tiene del papel que la Iglesia Católica Española (ICE) ha jugado en la historia reciente de España es que tal institución apoyó el golpe militar de 1938 como respuesta a la hostilidad expresada por la Segunda República hacia sus intereses, estableciendo un régimen autoritario del que fue distanciándose más tarde, facilitando por último el proceso de transición hacia un régimen democrático homologable a cualquier otro régimen democrático existente en la Europa Occidental. Tal visión es, en general, la que se enseña en el sistema educativo de este país.
El gran error de las fuerzas progresistas y democráticas es no haber denunciado la enorme falsedad de tal visión, siendo su campaña de recuperación de la memoria histórica un proyecto muy limitado, caracterizado por la moderación y el temor a enfrentarse a la ICE, que continúa teniendo un enorme poder en el diseño y formulación de la política educativa del país. No quisiera minimizar, por cierto, el impacto positivo que la recuperación de la memoria histórica ha tenido en muchos ámbitos del país. Su campaña, por ejemplo, para prohibir homenajear a figuras de aquel régimen, definido como meramente autoritario, ha sido valiosa para, al menos, diluir y, en muchas ocasiones, eliminar la visibilidad de figuras representativas de aquella dictadura. Pero incluso ahí, la permanencia de un mausoleo, el Valle de los Caídos, en honor de la figura del dictador muestra la enorme timidez en esta corrección del pasado.

La gran insuficiencia de las campañas de memoria histórica para corregir las falsedades existentes en la historia oficial del país

Hay que reconocer que no ha habido una actitud crítica y de denuncia del papel de la ICE (incluyendo, por cierto, la Iglesia Católica Catalana) en la historia reciente de este país. Ningún medio televisivo, público o privado, se ha centrado en corregir la enorme falsedad de la visión oficial del papel de dicha institución en nuestra sociedad. En primer lugar, nunca ha habido un programa que mostrara el apoyo que tal institución proporcionó a las fuerzas conservadoras responsables del enorme retraso cultural, político y económico que impusieron a las clases populares de este país, y que explica la gran hostilidad que la ICE generó entre estas clases durante la Segunda República, hostilidad que dicha Iglesia nunca se ha preguntado por qué existía. En segundo lugar, la ICE fue parte integrante del golpe militar (que interrumpió un proceso democrático) y del régimen dictatorial que tal golpe impuso y estableció. En realidad, la expresión según la cual “la ICE apoyó la dictadura” no define bien la relación entre la ICE y aquella dictadura. No es que la ICE apoyara el régimen dictatorial. Fue mucho más que apoyo, la ICE era parte esencial de aquel régimen. Los sacerdotes eran pagados por el Estado con fondos públicos, y los obispos eran nombrados por el dictador. Y, como parte de aquel Estado, cumplieron una función, incluyendo la represora.

El papel de la ICE en la represión

La Falange y la Iglesia jugaron un papel determinante en la denuncia y selección de las personas e instituciones republicanas brutalmente reprimidas (con especial atención a los maestros fieles a la República, incluyendo mis padres y familiares), represión ocultada y nunca mostrada por los mayores medios de información españoles (lo que engloba a los medios catalanes) del supuestamente régimen democrático actual. El nacionalcatolicismo (mezcla de un nacionalismo imperialista extremo de carácter étnico-racista, con un catolicismo sumamente reaccionario y opresivo) condenó al país a su enorme subdesarrollo cultural y social. De nuevo, como resultado de la enorme influencia de la ICE, no ha habido programas educativos para corregir la enormemente sesgada “historia oficial del país” sobre dicha institución.

Y esta función represora, basada en una completa y total dedicación de la ICE a la permanencia del régimen, continuó hasta el último día del régimen. Baste leer las declaraciones del cardenal Tarancón a raíz de la muerte del dictador, en las que, en un acto realizado en aquel momento, dijo: “creo que nadie dudará en reconocer aquí conmigo la absoluta entrega, la obsesión diaria, incluso, con la que Francisco Franco se entregó a trabajar por España, por el engrandecimiento espiritual y material de nuestro país, con olvido incluso de su propia vida” (citado por Juan José Tamayo en el artículo “El santo sepulcro del dictador”, publicado en El Periódico). Esto dicho en homenaje a uno de los dictadores que dirigió uno de los regímenes más represivos que hayan existido en la Europa Occidental del siglo XX. Como documentó en su día el principal experto en fascismo europeo, el entonces profesor Malefakis de la Columbia University de Nueva York, por cada asesinato político que cometió el régimen fascista italiano liderado por Mussolini, el régimen liderado por Franco cometió 10.000. Y en cuanto al supuesto “engrandecimiento” material, el régimen dictatorial fue responsable del enorme retraso económico y social del país (ver Navarro, V. El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. Anagrama, 2006).

En realidad, la deificación del dictador fue una constante en el comportamiento de la ICE. Hasta el último día del régimen, el Caudillo entraba en las iglesias bajo palio, con los mismos honores que se daban al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, poniéndolo, como bien dice Juan José Tamayo, al mismo nivel que Dios. La ICE definió a tal personaje como “el dedo de Dios”, definición que fue ampliamente reproducida por los mayores medios de información durante la dictadura. Nada menos que Luis Martínez de Galinsoga, director de La Vanguardia, indicó que “La vida de Franco ha sido conducida por el dedo de Dios”, y las monedas españolas llevaban la imagen del dictador rodeado de un laurel en el que estaba escrito “Caudillo por la gracia de Dios”, mostrando la gran complicidad entre la Iglesia y el sistema financiero de este país.

Y la historia continúa

Debería ser obvio que una de las principales causas del retraso en la denuncia de la falsificada historia de nuestro país es precisamente el gran poder que la ICE continúa teniendo en España. La ICE ha sido una de las instituciones que más se han opuesto a sacar al dictador de su monumento: el Valle de los Caídos. Y ahora que, por fin, cuarenta años después de que se iniciara la democracia, se intenta así hacerlo, la vicepresidenta del gobierno español se ha tenido que desplazar al Vaticano para solicitar ayuda a las máximas autoridades de la Iglesia Católica para que permitieran el desplazamiento del dictador a un lugar donde no continúe teniendo gran prominencia, evitando así que sea enterrado nada menos que en la catedral de la capital del Reino, Madrid, como desean sus familiares. El argumento que la ICE está utilizando es que en términos morales, y según los principios de la religión católica, no se puede negar su entierro en el panteón que la familia del dictador compró. Tal respuesta, como bien dice Juan José Tamayo, carece de credibilidad: la Iglesia constantemente expulsa a las personas divorciadas, a las mujeres que han cometido aborto, y un largo etcétera. La mera coherencia exigiría expulsar al responsable del régimen que asesinó a más españoles en el siglo XX. Pero ello requiere que la ICE reconozca y admita que esto es lo que fue aquel personaje, caudillo de un régimen del cual tal institución (la ICE) fue una pieza clave.

Entiendo que haya personas religiosas católicas que pidan que la Iglesia Católica pida perdón al pueblo español por el daño tremendo que ha causado a las clases populares de este país. No soy contrario a ello, pero lo veo improbable y poco significante. La Iglesia Católica ha mostrado ya a lo largo de su historia escasa sensibilidad moral y democrática. En realidad, debería ser denunciada por el papel central que tuvo en aquel régimen dictatorial. Y habría que pedirle al papa Francisco, el papa “progre” de los “cristianos progres”, que haga algo, y denunciara lo que la Iglesia ha hecho en este país. Pero tampoco creo que ocurra. La falta de moralidad de la Iglesia Católica es la tónica que define su historia en España.

Una última observación. En el término ICE incluyo predominantemente a las autoridades eclesiásticas de tal institución y no a la gente normal y corriente que es creyente y de la cual hay de todos los colores políticos, aun cuando dominan numéricamente las sensibilidades conservadoras. A todas ellas las animaría a que se rebelaran frente a tales autoridades, las cuales han dado amplias muestras de una gran falta de vocación democrática y excesivo apego a sus intereses corporativistas, en contra de los intereses de la mayoría de la población. Por el bien del país, por favor, háganlo.

La anomalía de España con el fascismo: cuatro décadas de homenajes a la dictadura de Franco

3 febrero, 2019

Fuente: http://www.eldiario.es

Benito Mussolini murió colgado a manos de los partisanos. Adolf Hitler se suicidó en su búnker antes de que le pudiesen detener las tropas soviéticas. Pero Francisco Franco murió en la cama y fue enterrado en un mausoleo construido por mano de obra republicana y esclava. Y su sombra llega hasta hoy, 43 años después de su muerte, con una nueva celebración de su obra en el Valle de los Caídos.

En Portugal, se inaugurará en el próximo abril –no por casualidad, coincidiendo con el 45 aniversario de la Revolución de los Claveles–un museo en recuerdo a los que lucharon contra la dictadura de Salazar; Grecia tiene su símbolo de lucha contra la dictadura, el torpedero que simboliza la resistencia a los coroneles; Albania abrió un museo dedicado al espionaje de la dictadura de Enver  Hoxha; y el museo del genocidio camboyano es conocido en medio mundo… Pero España tiene el Valle de los Caídos y el 20N.

El historiador británico Paul Preston, hispanista y biógrafo de Franco califica la situación española como “anomalía en Europa”, al mantener un “lugar de peregrinaje para su dictador”. Preston calcula que de los más de 250.000 visitantes anuales del Valle, muchos son devotos de Franco y creen que “fue un benefactor para España. En Austria y Alemania no se encuentran monumentos a Hitler; ni en Italia, a Mussolini”.

No obstante, el cuerpo del dictador italiano yace en una cripta familiar en el cementerio de su localidad natal, Predappio, donde se congregan de tanto en tanto seguidores suyos.

El mausoleo del Valle contiene restos de casi 34.000 personas, de los bandos franquista y republicano. Franco calculó que el monumento estaría construido en cinco años, pero se tardó 18, y lo levantaron casi 20.000 trabajadores, muchos de ellos prisioneros políticos y de guerra.

Mientras el Valle de los Caídos se estaba construyendo, generales nazis afrontaban los juicios de Núremberg. Los lugartenientes de Hitler afrontaban la justicia, mientras que en España los torturadores franquistas aún están en la calle en virtud de la ley de amnistía. En Alemania no hubo seguimiento al régimen nazi, mientras que en España Franco legó en el rey Juan Carlos la jefatura del Estado. En Alemania existe un museo del Holocausto; en España, el Valle de los Caídos.

Spain's Foreign Minister Serrano Suner, left, the Spanish Head of State General Francisco Franco and Italy's Premier Benito Mussolini, right, photographed in Italy on March 5, 1941, during their recent meeting.
Spain’s Foreign Minister Serrano Suner, left, the Spanish Head of State General Francisco Franco and Italy’s Premier Benito Mussolini, right, photographed in Italy on March 5, 1941, during their recent meeting. AP PHOTO / GTRES

España nunca fue liberada, ni se constituyó, como otros muchos países europeos, sobre la victoria del fascismo. España no fue parte de esos ejes sobre los que se construyó Europa tras la Segunda Guerra Mundial: la lucha contra el fascismo y el Estado del Bienestar pactado entre socialdemócratas y democristianos frente al modelo soviético y estadounidense.

La evolución española fue opuesta: al margen de las cifras de muertes en la Guerra Civil –se calcula que las tropas franquistas ejecutaron a 200.000 personas, cuatro veces más que las republicanas–, Preston cifra en The Spanish Holocoust que unos 20.000 republicanos fueron asesinados tras la guerra, mientras miles morían en prisión o en campos de concentración.

La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, no obstante, calcula que hay 140.000 cuerpos de víctimas del franquismo en fosas comunes o sin identificar.

Jaime Alonso, vicepresidente de la Fundación Francisco Franco, explicaba a Politico: “Puedes compara a Franco con De Gaulle o Churchill. Puedes compararlo con Napoleón, sin ninguna duda. O con Cromwell en Inglaterra o Kemal Atatürk en Turquía, con todos aquellos que han preservado la nación de ser destruida”.

La anomalía española ha hecho que en lugar de perseguir los crímenes del franquismo, una ley de amnistía permite que torturadores como Billy el Niño se paseen por las calles; y que se facilite que la Fundación Franco, una organización dedicada a la loa y exaltación del dictador y su dictadura siga abierta en 2018.

La Fundación Francisco Franco, que incluso ha recibido dinero público, ha sido señalada recientemente en el Parlamento Europeo –a instancias de Podemos y BNG, a través del GUE y Verdes/EFA–, que ha pedido su prohibición –como la del resto de organizaciones profascistas– por extensión, al ser una entidad que exalta una dictadura.

La resolución del Parlamento Europeo sobre la violencia neofascista señala a organizaciones, partidos y asociaciones españolas, con el voto en contra del PP, que votaron a favor del texto consensuado, pero en contra de las enmiendas sobre la Fundación, el Valle y Hogar Social, que se han incorporado posteriormente. El Parlamento, en su texto, pedía al Gobierno español que acabe con la herencia simbólica del franquismo y que prohíba a entidades como la Fundación Francisco Franco por su exaltación del dictador.

Franco y Hitler hacen el saludo fascista durante su reunión en Hendaya en 1940
Franco y Hitler hacen el saludo fascista durante su reunión en Hendaya en 1940 HEINRICH HOFFMANN / NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE

Hay que desenterrar la memoria de las cunetas

1 febrero, 2019

Fuente: http://www.eldiario.es

https://www.ivoox.com/player_ej_30188002_2_1.html?data=lJWemp2UdJOhhpywj5WcaZS1kZyah5yncZOhhpywj5WRaZi3jpWah5yncaTV09PSjajWucXVjJKYqsbdb9LpxpDRx9jJstXZ09fO1JDQpYzhxtLc1M7Fb8XZjNHO1ZDHuc-hhpywj6jFts_ZjKjf18nFcYarpJKh&

España desconoce lo que fue la dictadura de Franco. Sus herederos y cómplices impusieron por ley el olvido de los asesinatos, torturas, robos de bebés y este país ha terminado por creer que el franquismo tampoco era para tanto. Hasta la Academia de la Historia, nostálgica del pasado, se negaba a llamarle “dictador” y “régimen totalitario”. Lo dejaron todo atado y bien atado para que así fuera.

Desde el Rey que juró lealtad al genocida, hasta sus ministros, jueces, militares y policías se acostaron franquistas y se levantaron “demócratas”, enterraron la memoria con la ayuda de una izquierda traicionera y construyeron un recuerdo a su medida que ha blanqueado a Franco con éxito durante décadas.

Pero hay un silencio que grita desde las cunetas. Más de 100.000 asesinados por la dictadura que claman Justicia. No se trata de reabrir heridas, se trata de abrir agujeros para que las familias puedan enterrar a los suyos. Somos, después de Camboya, el país con más enterrados en fosas comunes. Somos un país que no permite juzgar a sus criminales fascistas, un país que no le da Justicia a las víctimas vivas y a las familias de los muertos, que tienen que irse a Argentina a pedirla.

En un documental francés reciente definían el franquismo como un régimen sanguinario y brutal que dio un golpe de Estado a una democracia, eliminó a la disidencia, cerró España y le impuso una moral ultracatólica con la ayuda de la Iglesia. Jamás me contaron así la dictadura en el colegio. Tampoco en la tele o en casa. No es eso lo que he oído sobre ella. Sí he oído mil veces que la culpa fue de la República, de la víctima, vaya. A la calle le han borrado la memoria y le han implantado una mentira.

Es hora de desenterrar la memoria de las cunetas y de las salas de tortura de la Dirección General de Seguridad, como hace “El silencio de otros”, la película que debería enseñarse a todos los españoles para que conozcan el relato que se enterró: el de los torturados, los ajusticiados, los bebés robados por el franquismo. El de las violaciones con barras de hierro, las humillaciones a los presos, los fusilamientos contra las tapias. El que nunca me contaron. Es desgarrador ver la lucha incansable de las víctimas por encontrar Justicia y devastador ver un país que ha olvidado lo que los franquistas les hicieron a miles de personas. Es la Infamia Nacional.

En otros países se avergüenzan y juzgan a los genocidas. Aquí se les aplaude y amnistía. Como me decía hace unos días Pablo Romero, hijo de un asesinado de ETA, olvidar a las víctimas es matarlas otra vez. Una víctima no olvida. Un país no puede olvidarla. Un Estado no puede perdonar los crímenes que cometió la dictadura. Ha pasado el tiempo suficiente para desenterrar la memoria de las cunetas. Sería un buen sitio para tirar los restos inmundos del carnicero del Valle de los Caídos.

ESTE MARTES 20N A LAS 10H EN WWW.CARNECRUDA.ES, “EL SILENCIO DE OTROS” DESENTIERRA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE LA DICTADURA DE FRANCO

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Cuando la República dijo sí a la abolición de la prostitución

29 enero, 2019

Fuente: http://www.publico.es

1932 fue el año en el que el debate sobre la prostitución llegó al Congreso, con un discurso ejemplar de Clara Campoamor. Hasta 1935 no se aprobaría por decreto el abolicionismo, como una forma de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, para muchos sectores, fue una resolución poco ambiciosa.

Amparo Poch y Gascón.

Amparo Poch y Gascón, una de las tres fundadoras de Mujeres Libres.

“Queda suprimida la reglamentación de la prostitución, el ejercicio de la cual no se reconoce en España a partir de este Decreto como medio lícito de vida”. Este fue el artículo 1 del decreto del 23 de junio de 1935. Muchas son las personas que hoy día se declaran republicanas pero regulacionistas de la prostitución, cuando justo la República Española fue la que se declaró, por decreto, abolicionista.

Las circunstancias sociales de entonces no son las de ahora, marcadas por la dificultad de controlar las enfermedades venéreas de forma eficaz. Pero, para llegar a la fecha de ese decreto, antes varias mujeres reflexionaron sobre la prostitución, en un marco idéntico al que el propio feminismo desarrolló desde el comienzo de su historia.

Un punto de partida

“La prostitución es para la mujer el más horrible de todos los males”, decía Concepción Arenal en La Mujer del Porvenir, institución a la que también califica como lepra. Se queja del trato que recibían estas mujeres, entre otras cuestiones. “Nunca me conmueve tan tristemente mi ánimo como al entrar en un hospital de mujeres donde se curan las enfermedades consecuencia de la prostitución. Allí las enfermas no suelen quejarse, saben que a nadie inspiran lástima y procuran sofocar el dolor físico lo mismo que el dolor moral”, matiza en la misma obra.

Emilia Pardo Bazán ya reflexionaba en una conferencia en 1899, que las mujeres se veían arrastradas al “matrimonio, al servicio doméstico, a la mendicidad y a la prostitución”, como únicas salidas posibles. Nadie como ella explicó en cuentos y discursos las violencias contra las mujeres, como se relata en el libro El encaje Roto (Contraseña). Años más tarde, en 1904, Consuelo Álvarez Pool, que firmaba como “Violeta” en la prensa, escribió un texto titulado “Del matrimonio” donde denunciaba la misma situación: “¡Cuántas mujeres se ven en el duro trance, en la cruel alternativa de casarse con el primero que llega… o prostituirse! Entonces la elección no es dudosa: se casan y hasta creen amar a su marido porque en él ven la tabla salvadora a que asirse en el naufragio de su pobreza”.

En 1918, salía publicado el libro La condición social de la mujer en España, de Margarita Nelken, quien se preguntaba de dónde venían las prostitutas y marcaban que las de alta categoría procedían de la clase media cuya educación no se había “preocupado de proporcionarles un medio de vida y que el día que necesitan bastarse a sí mismas se lanzan o caen poco a poco en la prostitución”. Las más pobres, indicaba, venían del campo a la capital y denuncia que caían “fácilmente seducidas por fantásticos espejuelos”. Es aquí donde hace una crítica de clase a aquellos “señoritos” que abusan sexualmente de sus sirvientas y que, con un hijo a su cargo, tenían que buscarse la vida. Pero también lanza críticas hacia la religión.

“España es quizás, hoy día, el único país en donde no se hace nada por impedir que las prostitutas lleguen a su triste condición y en donde al mismo tiempo se quiera corregir la prostitución con castigos, que no otra cosa es la reclusión forzada en un convento”. Y, ante todo, en su discurso dejaba claro que era un problema de Estado. “Dios sabe todavía hasta cuando la prostitución española seguirá siendo una vergüenza, no para las prostitutas, sino para todo el país socialmente culpable y responsable”.

En 1921, una manifestación feminista, encabezada por Carmen de Burgos llega al Congreso. Entregan a su Presidente un documento con la petición de derechos para la mujer, desde el derecho al voto, a la igualdad respecto al hombre en el Código Penal. El artículo 9 de ese documento es tajante: “Que desaparezca, en virtud de una ley, la prostitución reglamentada y que se persiga”.

Camino hacia la abolición: el discurso de Clara Campoamor

Todo este pensamiento se reforzó durante la II República Española. Escobedo remarca en un estudio que el regulacionismo había sido alimentado por la ideología burguesa, para quienes la prostitución era un “mal necesario”. Rivas Arjona señala en una investigación que la lenta penetración del modelo abolicionista se produjo, por un lado, por la tradición regulacionista y por otro, por los beneficios que “determinadas instituciones” recibían. Sin duda, no se hubiese producido sin el marco de la lucha abolicionista desarrollada de Josephine Butler en Inglaterra, que atravesó fronteras de toda Europa y entró en nuestro país a través de los protestantes, los masones y las propias ideas republicanas, según apunta Rivas Arjona. De hecho, la propia República encabeza también una reforma sexual alejada de la religión.

Los diarios de sesiones del Congreso bien reflejan el debate que llevó hacia la abolición de la prostitución. El día 12 de enero de 1932, Rico Avello, de la Agrupación al Servicio de la República, decía a la Cámara que la “prostitución reglamentada es absolutamente incompatible con la dignidad humana” y defendía que no cabía en esta materia otra postura que no fuera la “pura y simple de la teoría abolicionista”. Tres días después, el diputado Carlos Martínez y Martínezexpresó que la abolición debía ir acompañada de una nueva educación, y demandó ofrecer al pueblo “una noción nueva, clara y valiente de qué es la sexualidad”. Además, apuntó la que prostitución estaba asociada a la pobreza y que debía implantarse una “libertad económica que permitirá a la mujer desenvolverse”.

Ese mismo día, Clara Campoamor, diputada del Partido Radical, explicó de forma tajante ante la cámara que “la ley no puede reglamentar un vicio”. Habló sobre la vergüenza de que el Estado perpetúe esta situación, a la que definía de una “quiebra para la ética”. Pero en su discurso, la diputada fue más allá y expuso el contexto de que España estaba representada en la Sociedad de Naciones de Ginebra y que existía una comisión de protección a la mujer y contra la trata para la desaparición de lo que, por entonces, denominaban “trata de blancas”. Sobre ello, Campoamor dejaba claro que “las casas de prostitución reglamentadas, autorizadas por el Estado, percibiendo directa o indirectamente de ellas tributos el Estado-tributos, de una corrupción, de un vicio, son los centros de contratación de la trata de blancas, en donde se pueden albergar fácilmente todas las mujeres, que un vividor, delincuente de oficio, traspasa de ciudad en ciudad y lleva de mercado en mercado”.

El discurso de la diputada continuó con la demanda de que el Estado se declarase de una vez abolicionista. En aquel momento, además, las víctimas de la prostitución eran, en mayoría, mujeres menores. A esa edad les estaba prohibido firmar un contrato o adquirir un préstamo pero “no le rindan protección alguna cuando se trata de la libertad de tratar su cuerpo como una mercancía”, denunciaba la diputada. Para terminar, Campoamor afirma que de permitirse la prostitución, el Estado permitiría un vicio y apuntaba las que, para ella, son las dos consecuencias más graves: “la posibilidad de la degradación de un enorme número de mujeres y la posibilidad de la degradación de un enorme número de hombres, a quienes las leyes les dicen que puedan acercarse a una mujer sin amor, sin simpatía, sin siquiera un gesto cordial de estimación”.

Días más tarde, el 26 de enero, el diputado de Acción Republicana, Sánchez Covisa recuperó el discurso y calificó a la prostitución de un estigma, vergüenza, y un “incumplimiento del precepto constitucional, que hace iguales los dos sexos, puesto que no puede aplicarse a la mujer una ley de excepción”. Meses después, se organizó la ‘Semana abolicionista‘ en un intento de acercar esta postura a la sociedad, donde se contaría con la presencia de Campoamor.

Hasta tres años después, no se declaró el Estado como abolicionista en un decreto del 28 de junio del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión, con la justificación de que el Gobierno quiere sumarse al abolicionismo “que impera desde hace años en los países más avanzados desde el punto de vista sanitario”. Entre sus artículos, además del reconocimiento del principio de igualdad entre el hombre y la mujer, también se prohibía “toda clase de publicidad que de manera más o menos encubierta tendiera a favorecer el comercio sexual”.

Las ‘Mujeres Libres’

No obstante, como puntualiza Escobedo en una de sus investigaciones, surgieron críticas frente a esta aprobación por mantener algunas normas reglamentaristas, como que las autoridades sanitarias vigilar a las prostitutas por la transmisión de enfermedades venéreas. Se esperaba un decreto aún más ambicioso en el sentido abolicionista, aunque la sociedad de la época tampoco dejaba mucho margen de maniobra, junto a todas las reformas que la República estaba realizando.

Mientras aquello ocurría en las paredes del Congreso, Amparo Poch y Gascón, una de las tres fundadoras de Mujeres Libres, escribía en “La Vida sexual de la mujer”, en 1932, cómo la prostitución ponía también en riesgo a las mujeres que vivían con sus parejas. Para ella, la prostitución o el alcoholismo formaban parte de lo que consideraba como “higiene matrimonial”.

La formación feminista anarcosindicalista creó lo liberatorios de prostitución, “no como solución, sino con un fin paliativo”. En ellos se centraban en la investigación y tratamiento médico-psiquiátrica, la curación psicológica y ética, orientación y capacitación profesional, ayuda moral y material en el momento que les fuera necesario, aún después de haberse independizado de los libertarios.

En el número 9 de la revista que editaban estas mujeres, se dedicó un espacio al “problema sexual y la revolución” y lanzaban a sus lectoras la siguiente pregunta: “¿quién puede negar que la esclavitud sexual de la mujer no ha sido en principio y a través de los siglos una consecuencia del problema económico?”. Inciden en que justo la guerra había agudizado el problema económico de la mujer que, sin trabajo, se veía obligada a la prostitución sin otra alternativa. Por ello, intentaba desde aquellas páginas concienciar a los camaradas de que “si de veras queremos la Revolución social, no olvidemos que su principio primero está en la igualdad económica y política, no solo de las clases, sino de los sexos” y que “el problema sexual es una problema económico-político a la vez”, que si no se producía en conjunto con la Revolución, “la dejaría manca, declarando utópicas todas las ansias de liberación de la Humanidad”.

Unos números después, también retoman el tema en la revista y señalan que la reglamentación supone la creación de unos impuestos para el Estado, y que la erradicación de la prostitución va más allá de leyes para adentrarse en la propia mentalidad de la sociedad. Y repiten, sin cesar, que la mujer “ha de ser económicamente libre”. Por eso, detallan que solo la libertad vendrá a través de una “igualdad de salarios, una igualdad de sueldos, una igualdad de acceso a los medios trabajadores de todas clases, (…) porque todas las acciones en favor de la familia, de ese ficticio color hogareño, mantienen a la mujer en su posición de siempre: alejada de la producción y sin derecho alguno”.

En los últimos números de la revista, en septiembre de 1936, señalaban que “la empresa más urgente a realizar en la nueva estructura social es la de suprimir la prostitución. Antes que ocuparnos de la economía o de la enseñanza, desde ahora mismo, en plena lucha antifascista aún tenemos que acabar radicalmente con esta degradación social. No podemos pensar en la producción, en el trabajo, en ninguna clase de justicia, mientras quede en pie la mayor de las esclavitudes: la que incapacita para todo vivir digno”. Para ello querían capacitar a las ex prostitutas para ser mujeres libres y conscientes, ofreciendo ayuda moral y material.

Montseny, ministra de Sanidad y Bienestar Social en 1937, señaló que más allá de ley, la prostitución solo quedaría abolida cuando “las relaciones sexuales se liberalicen, la moral cristiana y burguesa se transforme, las mujeres tengan profesiones y oportunidades sociales de asegurarse el sustento, la sociedad se establezca de forma que nadie quede excluido, cuando la sociedad pueda organizarse para asegurar la vida y los derechos de todos los seres humanos”.

Todas estas intenciones y el espíritu abolicionista de la República, quedaron bajo tierra tras el golpe de Estado y la victoria del franquismo, que regresó al reglamentarismo por decreto el 27 de marzo de 1941. A partir de entonces, la prostitución aumentó, junto al estigma, la criminalización y la persecución de las prostitutas.

Los enormes costes sociales de las tensiones interterritoriales en España

24 enero, 2019

Fuente: http://www.publico.es

Vicenç Navarro
Autor del libro ‘Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante’. Anagrama, 2015

En Catalunya, el mayor conflicto político existente hoy es entre aquellos partidos políticos que se definen como soberanistas, y que desean la secesión de Catalunya del Estado español, y los unionistas que se oponen a tal secesión, y que defienden la continuidad del Estado español actual, cuya Constitución no permite tal secesión. Dicho conflicto ha creado una enorme tensión dentro de Catalunya entre los independentistas (que se definen como soberanistas, y así son presentados por los mayores medios de información) y los unionistas (que se definen a sí mismos como constitucionalistas). Fuera de Catalunya la tensión es entre el Estado español, gobernado durante todo el periodo democrático por partidos unionistas, y la Generalitat de Catalunya, que es gobernada por una coalición de partidos independentistas hegemonizada por un partido nacionalista (hoy independentista) conservador, el cual ha gobernado Catalunya durante la mayor parte del periodo democrático.

Estos conflictos y tensiones están teniendo unas consecuencias muy negativas para la calidad de vida y el bienestar de las clases populares de Catalunya y del resto de España, las cuales están padeciendo una de las mayores crisis sociales que España (incluyendo Catalunya) haya sufrido en su periodo democrático, y ello como consecuencia de las políticas públicas aprobadas por los partidos unionistas gobernantes en España y por el partido secesionista mayoritario (CDC, más tarde PDeCAT) que ha gobernado en Catalunya durante la mayor parte de los años desde el establecimiento de la democracia. Tales políticas han tenido un claro corte neoliberal, como por ejemplo las reformas del mercado laboral que han generalizado la precariedad entre los trabajadores, los bajos salarios y la desprotección social, y los recortes de los derechos laborales y sociales (con una descenso muy marcado del gasto público social en el que ya era, antes de la Gran Recesión, uno de los Estados de Bienestar de la Unión Europea –UE– menos financiados).

Estas políticas públicas han contribuido en gran medida a aumentar las desigualdades sociales, con un gran incremento de las rentas derivadas de la propiedad y de la gestión de los bienes y servicios privados a costa de un notable descenso de las rentas derivadas del trabajo (predominantemente salarios). Ello ha implicado un gran descenso del bienestar de las clases populares, que constituyen la mayoría de la población. Y aunque esta situación ha tenido lugar en la mayoría de los países europeos y norteamericanos que han aplicado tales políticas públicas neoliberales, creando un gran malestar popular, en España estas políticas han sido aplicadas con mayor dureza, siendo las consecuencias de su aplicación incluso más negativas en nuestro país.

La peculiaridad del caso español: los partidos que han aplicado las políticas públicas neoliberales en España y en Catalunya continúan gobernando

Ha habido, sin embargo, una diferencia entre lo ocurrido en aquellos países y lo que ha ocurrido en España, incluyendo Catalunya. Mientras que en los primeros países los partidos gobernantes que han impuesto tales políticas neoliberales (y digo impuestas porque no estaban anunciadas en sus programas electorales) han visto como su apoyo electoral disminuía marcadamente hasta el punto de ser expulsados del poder por el electorado, no ha sido así ni en España ni en Catalunya, donde los partidos neoliberales gobernantes (en España el PSOE, el PP y de nuevo el PSOE, y en Catalunya Convergència -redefinida como PDECat- en alianza primero con UDC y más tarde con ERC) continúan gobernando. Esta situación es única en Europa. Dos de los gobiernos más duros en la aplicación de sus políticas públicas neoliberales (el español y el catalán) han continuado en manos de los mismos partidos que siguieron aplicando dichas políticas (aun cuando el PSOE parece haberse distanciado algo como resultado de su alianza con Unidos Podemos y sus confluencias). ¿Por qué?

Sin lugar a dudas la causa de tal situación anómala es la tensión nacional a la que me refería al principio del artículo. Ambos bandos (los unionistas y los secesionistas) han estado dirigidos durante muchos años por partidos de derechas de clara vocación neoliberal. Por un lado el PP (apoyado por Ciudadanos, ambos partidos de derechas de clara orientación neoliberal), y por el otro Convergencia (cuyo equipo económico es también neoliberal). Ahora bien, esta realidad queda ocultada por el enorme espacio que ocupa el tema nacional, que absorbe toda la atención mediática. En realidad, las tensiones, interterritoriales, basadas en concepciones nacionalistas opuestas, juegan un papel clave en precisamente ocultar la responsabilidad de tales partidos en generar y reproducir la gran crisis social.

El tema nacional, que absorbe el debate político, oculta la crisis social creada por los dirigentes de ambos lados de la crisis nacional

En España sí que hubo un movimiento de protesta, el 15-M, que tuvo un impacto enorme en la vida política del país, y cuya dimensión política, Podemos (y sus confluencias En Comú Podem y En Marea), a la que se unió IU, ha tenido un mayor impacto en la vida política del país. Su denuncia del Estado era por la nula representatividad de la clase política dominante en aquel Estado. El eslogan “no nos representan” fue inmediatamente adoptado por millones de españoles (incluyendo catalanes), y fue el responsable del enorme éxito del movimiento político-social que generó (hoy Unidos Podemos), el cual ha provocado un cuestionamiento del Estado uninacional, cuestionamiento que ha ido expandiéndose, llegando a afectar el sistema monárquico, eje del Estado uninacional español.

Su demanda incluye una redefinición de la soberanía, es decir, del ejercicio del poder popular, y exige una democratización del Estado. El derecho a decidir es el derecho de la ciudadanía a escoger sobre cualquier dimensión de lo público que afecte a su bienestar y calidad de vida. De ahí que en esta visión de soberanía, lo social y lo nacional estén intensamente relacionados y sean parte del mismo concepto, tal como muy bien subraya Julio Rodríguez en su excelente libro Mi patria es la gente, de reciente publicación. La nación (vivida a nivel personal como la patria) es la gente. En la liga de patriotismo, el mejor patriota es el que lucha más para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población, de la que la mayoría son las clases populares. Bajo este criterio, los partidos de derechas españoles (que lideran a los unionistas) y catalanes (que lideran a los secesionistas), que se presentan como los “superpatriotas”, fallan estrepitosamente, pues han estado apoyando políticas públicas neoliberales que han dañado enormemente a la gente. Es sorprendente que nunca un periodista haya preguntado al Sr. Rajoy, al Sr. Mas, al Sr. Puigdemont o al Sr. Torra “¿cómo pueden ustedes presentarse como un grandes patriotas cuando está apoyando y aplicando políticas neoliberales, como los recortes, que han dañado a su pueblo?”.

La respuesta que darían tales dirigentes independentistas a tal pregunta es que ellos desean la independencia para precisamente tener más poder para atender a la población. Pero este argumento tiene escasa credibilidad, pues gran parte de sus creencias y posturas son de sensibilidad neoliberal. Es más que dudoso que en una Catalunya gobernada por tal pensamiento la gente viviera mejor, por muchos más recursos que el país tuviera. Estados Unidos, donde el pensamiento neoliberal domina el país, es muy rico y en cambio la mayoría de la gente no tiene ni siquiera derechos tan elementales como tener acceso al sistema sanitario.

¿Qué es soberanía?

Hay, pues, que recuperar una comprensión popular de lo que es la soberanía, es decir, el derecho a decidir a todos los niveles, incluyendo, naturalmente, el nivel de decisión que se desee compartir. El derecho a decidir es el derecho a escoger, y a nivel nacional, incluye, en el caso de Catalunya (o de cualquier otra nación o pueblo), escoger la relación que tiene con el resto de España, elección que debe incluir otras formas, además de la secesión. En realidad, hay poca conciencia de que el independentismo raramente ha sido mayoritario en Catalunya. El presidente Companys (uno de los presidentes de la Generalitat de Catalunya más populares en Catalunya y en España) no era independentistas. Sus banderas no eran ni la estelada (la bandera independentista) ni la borbónica. Eran la senyera (la bandera catalana) y la bandera española republicana.

El independentismo en Catalunya es un producto de masas nuevo generado primordialmente por la enorme hostilidad del Estado central hacia el reconocimiento de la España plurinacional. Fue cuando el Estado central vetó elementos sensibles del Estatuto de Catalunya que el independentismo creció. Esta es la realidad ocultada en los medios españoles. Las tensiones interterritoriales han beneficiado predominantemente a las derechas a ambos lados del Ebro, y son los partidos más ultraderechistas (PP, Ciudadanos y Vox) los que son los más “patriotas”, los más “nacionalistas” y los más “neoliberales”. En este contexto, las condenas propuestas por la fiscalía del Estado incrementarán todavía más, sin lugar a dudas, estas tensiones y el independentismo.

Y un tanto igual ocurre en Catalunya. La más radical en su independentismo es la derecha conservadora, que sin la causa nacional habría desaparecido del espectro político. Se me dirá, con razón, que hay partidos radicales de izquierdas, que no son neoliberales, y que apoyan la independencia, los cuales asumen que tal causa es la mayor amenaza para el Estado borbónico español. No desmerezco la importancia de dicho argumento, pero lo creo equivocado, pues en realidad el independentismo que apoyan ha sido liderado en Catalunya por las derechas catalanas que han sido claramente antiespañolas (léanse los escritos del Sr. Torra, definiendo a los españoles con términos claramente ofensivos, o recuérdense las declaraciones del Sr. Pujol diciendo que los “charnegos” eran intelectualmente inferiores), las cuales han reforzado con su mensaje de que “España nos roba”, actitudes que han generado un sentimiento de apoyo entre las clases populares españolas hacia los partidos nacionalistas más extremos y hacia sus instituciones como la Monarquía.

Soberanía no es lo mismo que independencia

Es más, la monopolización del concepto de soberanía por parte de los independentistas (de manera tal que soberanismo ha pasado a ser homologable a independentismo) ha eliminado las posibilidades de que se discutan y debatan otras formas de soberanía (federal, confederal o lo que fuere), que es lo que el independentismo ha deseado: la eliminación de otras propuestas soberanistas. Y es ahí donde los mal llamados “soberanistas” de En Comú Podem (liderados por la que fue portavoz parlamentaria de tal coalición política) están haciendo gran daño al propio soberanismo. La vía independentista es solo una versión del soberanismo, pues hay otras formas de éste (tales como la defensa de la soberanía popular, la soberanía federal, la soberanía confederal y un largo etcétera) que quedan olvidadas, cuando no ocultadas, en esta monopolización del concepto de soberanismo.

Asumir que el independentismo es la única forma de soberanismo es profundamente erróneo, pues dicho independentismo limita la soberanía a la realización de un referéndum (que además defiende que sea unilateral) binario en el que se escoja sí o no a la independencia, limitando de esta manera la soberanía popular. Por otra parte, acercarse a la corriente independentista (que es lo que están pidiendo los autodefinidos “soberanistas” rebeldes en Catalunya en Comú) es apoyar su visión esencialista de carácter exclusivamente identitario, que antagoniza a las clases populares que se siente españolas, y que son la mayoría de la población en Catalunya y en España. Lo que es necesario es un soberanismo popular, construido a partir de una alianza con otras naciones y pueblos de España, para establecer no solo una cultura sino también un Estado republicano, en el que se pueda ejercer la soberanía dentro de una fraternidad y solidaridad interterritorial. Esta es la vía de las fuerzas derivadas del 15-M, que fueron un vendaval de aire fresco en un ambiente asfixiante y que hoy representan la esperanza de construir otra España, con su diversidad y plurinacionalidad basadas en la solidaridad y la fraternidad.

La subida del SMI es necesaria y es beneficiosa

20 enero, 2019

http://www.economistasfrentealacrisis.com

Desde que el Gobierno anunció su voluntad de subir el SMI a 900 euros mensuales a partir de 2019 se ha desatado una verdadera tormenta, una campaña, contra esa medida. Campaña que está siendo significativa y reveladoramente protagonizada por los que impulsaron y defendieron las medidas del Gobierno anterior para forzar una devaluación de los salarios que es permanente (se mantiene independientemente de la situación de la economía, tras cinco ejercicios de crecimiento continuado, y de las empresas, cuyos beneficios han alcanzado los niveles anteriores a la crisis), y que se ceba –no parece un término inadecuado teniendo en cuenta los datos- en los grupos de salarios más bajos.

A pesar de lo innecesario de esa devaluación salarial ajena a cualquier consideración vinculada con el ciclo económico o con las necesidades de competitividad (por tanto, solo justificada por la intención de producir una permanente transferencia de rentas desde los salarios más bajos hacia los beneficios), ninguno de aquellos levanta su voz para manifestar la inconveniencia de mantener esa irracionalidad. Pero, se defiende sin empacho lo contrario, que la subida del SMI va a dañar a los que pretende defender, reduciendo sus oportunidades de empleo y aumentando la desigualdad.

Toda esta paradójica argumentación y, más en general, la forma fuera de todo contexto en la que se analiza la subida del SMI, hace conveniente que se recuerden algunos aspectos de la misma.

1- Un SMI suficiente es necesario en España al igual que en la mayor parte de los países

Comenzando por un plano conceptual. El Salario Mínimo oficial se denomina “interprofesional” precisamente porque se trata de un mínimo laboral independiente de las condiciones de los sectores y de las empresas concretas. Trata de fijar un umbral mínimo de salarios por debajo del cual no se admite retribuir legalmente el trabajo y, consiguientemente, se declaran no admisibles socialmente las iniciativas empresariales que se muestren incapaces de generar unos niveles de productividad del trabajo suficientes para garantizar ese mínimo. Es por lo tanto un mínimo basado en consideraciones sociales de cada país y de cada momento.

Obviamente su desaparición, o un nivel más bajo del mismo, permitiría la existencia de actividades empresariales de menor productividad y salarios, pero estas se consideran indeseables económicamente e inaceptables socialmente, debido a su incapacidad de mantener unos niveles mínimos de vida como contrapartida del trabajo asalariado: infra empleos. Por esa razón existen salarios mínimos legales en la mayoría de los países.

Cuando el nivel de desempleo de un país es bajo y el marco legal y las condiciones de funcionamiento de la negociación colectiva son adecuados, el SMI puede tener poca operatividad y puede resultar innecesario. Por eso no todos los países lo tienen. En sentido contrario, condiciones opuestas a las anteriores, como sucede en el caso de España, hacen que el SMI sea necesario. Incluso recientemente se ha introducido en determinados países (Alemania, Reino Unido…) que carecían de su tradición, ante la evidencia de que la situación laboral ocasionada por determinadas medidas había hecho caer la contrapartida salarial por debajo de esos mínimos socialmente admisibles.

¿Qué tipo de actividad empresarial es de tal carácter que resulta capaz de producir los rendimientos necesarios en España para retribuir el trabajo con un mínimo de 736 euros y no con 900 euros en jornada completa? ¿Merece la pena desde un punto de vista social y económico que un tipo de actividad empresarial semejante sea ‘protegida’ y se permitan las condiciones para darle viabilidad? ¿Tan incapaces desde el punto de vista empresarial (y de la política económica) somos en nuestro país que no sabemos ni podemos impulsar actividades que generen una productividad mínima y unos retornos suficientes para retribuir con 164 euros más al mes a un trabajador, y que necesitemos y deseemos tales actividades para crear empleo? Seguramente no es esa la cuestión, sino más bien el cambio en la dinámica salarial que supone la subida del SMI respecto a la política que se venía manteniendo desde la reforma laboral de 2012. Y las resistencias de todos aquellos que la han venido defendiendo.

2- La subida del SMI debía ser mayor en esta ocasión

Naturalmente, las reacciones a la subida del SMI han sido en esta ocasión incluso más fuertes debido a que el incremento propuesto es sustancialmente mayor al producido en ocasiones anteriores. Pero, dejando al margen las circunstancias políticas del asunto, ¿cuáles son las razones para que haya sido así?

En primer lugar, por la propia magnitud de la previa devaluación de los salarios más bajos desde el comienzo de la crisis y de la aplicación de las medidas de la reforma laboral de 2012, dirigidas a reforzar y hacer permanente esa devaluación. Y, con todo ello, el consiguiente incremento brutal de las desigualdades entre los niveles salariales más altos y los más bajos.

En segundo lugar, debido a la situación de debilidad y marginación del SMI español respecto al de los países de nuestro entorno. En el gráfico siguiente se constata que ocupamos la última posición de todos los países en la relación entre el SMI y los salarios mediano y medio. De hecho, con cálculos de 2016, España era el país en que mayor porcentaje de subida debía tener el SMI para alcanzar el umbral de referencia del 60% del salario medio recomendado por la Carta Social Europea.

En tercer lugar, por la negativa de los que ahora protestan por la subida del SMI a reconocer lo inadecuado de las medidas adoptadas para provocar una devaluación salarial que ha desconectado de forma permanente la evolución de los salarios de la evolución de la economía y de las empresas, y la asociada resistencia a que tales medidas fueran modificadas.

Junto a ello, la ausencia de tiempo y de consenso político suficientes para reformar y sustituir tales medidas.

En cuarto lugar, por la resistencia de las organizaciones empresariales a aceptar y aplicar a través de los convenios colectivos el acuerdo salarial firmado por ellas mismas con los sindicatos UGT y CCOO (en particular lo relativo a establecer un salario mínimo de convenio que alcanzase los 1.000 euros en 2020), que ha ocasionado una práctica rebelión en las filas patronales que no veían ‘necesidad’ u obligación alguna de aplicarlo en el contexto de una negociación colectiva en la que el desequilibrio de fuerzas a su favor, producido por el marco laboral de la reforma de 2012, les permitía continuar manteniendo la cuasi congelación de los salarios y en todo caso subidas inferiores al IPC.

El acuerdo salarial con los sindicatos permitía adaptar el ritmo y la magnitud de aplicación de ese objetivo de salario mínimo de convenio a las circunstancias y posibilidades de los sectores y de las empresas, asimilando fácilmente los incrementos de costes laborales, que por otra parte (en cuanto al salario mínimo) afectaban a una porción bastante minoritaria de los trabajadores. La falta total de voluntad para aplicar a través de la negociación colectiva, que es el instrumento más idóneo para hacerlo de forma eficiente, una subida de los salarios más bajos ha evidenciado la conveniencia de subir el SMI legal. La actitud empresarial y un marco legal inadecuado para la negociación colectiva han sido dos importantes motores para la aprobación a través de los instrumentos legales de una subida del SMI de tales características. Es un error pensar que actuaciones tan contrarias a una evolución razonable de los salarios no tendrían consecuencias.

3- El empleo seguirá creciendo mucho y se verá positivamente afectado por la subida del SMI

La subida del SMI elevará, obviamente, el umbral de ingreso marginal de las empresas a partir del cual crearán empleo. Pero, se seguirá creando empleo y con toda probabilidad muy poco menos porque:

1) la elasticidad del empleo respecto al PIB, que es con mucho la más alta de toda la UE (ver gráfico), será algo menor, pero seguirá siendo de las más elevadas, 2) el empleo creado será –por fin- mejor, de mayor productividad y con ello más sostenible, elevando a medio y largo plazo la tasa de empleo, y 3) los empleos afectados por la subida serán pocos, porque una parte seguramente muy grande de los que perciben ahora el SMI lo hacen debido no a que su cualificación y productividad sean tan bajas que no les permite a las empresas obtener retornos superiores al SMI, sino debido a que las condiciones depresivas del mercado laboral (paro, precariedad, debilitamiento de los convenios colectivos, reducido nivel del SMI, etc.) permiten a las empresas retribuirles simplemente con el SMI aunque su productividad sea mucho mayor. En definitiva, los cálculos realizados (significativamente los del Banco de España) para demostrar que el crecimiento del SMI hundirá la creación de empleo son burdos y muy poco rigurosos. Parecen mucho más fundados y menos ‘ideológicos’ los de la AIREF, que al menos intentan tener en cuenta los impactos simultáneos en variables relacionadas (consumo, renta bruta familiar, etc.).

Son, en todo caso, efectos positivos sobre el empleo: porque se creará mucho empleo por punto de crecimiento del PIB, pero será de mayor productividad, más resiliente y elevará más la tasa de empleo descontados los efectos del ciclo. No se puede mantener un SMI escaso para subvencionar actividades empresariales ínfimamente productivas solo porque hay una parte de los desempleados que tienen asimismo una ínfima cualificación. La racionalidad económica y el sentido común dicen que lo adecuado es mejorar la cualificación de estos e impulsar actividades empresariales más productivas.

La excepción española con el fascismo: Europa señala a la Fundación Francisco Franco, Falange y Hogar Social

17 enero, 2019

Fuente: http://www.eldiario.es

La Europa reciente es hija del fascismo y del antifascismo. La Segunda Guerra Mundial dividió el continente entre los países del Eje y los de la resistencia; entre los aliados de la Alemania nazi y la Italia fascista, como la España de Franco, y aquellos que la combatieron. Y, al terminar la Guerra, todos tenían presente la tragedia del nazismo y el fascismo; muchos de ellos lo tuvieron presente en sus Constituciones –como Italia–, y otros intentaron reconvertir la herencia en una herramienta de aprendizaje para el futuro –como Alemania–.

Pero hubo algunos, como España –o Portugal, o Grecia–, que se convirtieron en excepción: su fascismo se prolongó después de 1945 con una dictadura que perduró hasta la muerte del dictador en 1975 y un poco más –hasta las elecciones de 1977–.

La excepción española hizo que en lugar de perseguir los crímenes del franquismo, una ley de amnistía permite que torturadores como Billy el Niño se paseen por las calles; y facilitó que una organización dedicada a la loa y exaltación del dictador y su dictadura siga abierta en 2018.

La Fundación Francisco Franco, que incluso ha recibido dinero público, ha sido señalada este jueves en el Parlamento Europeo –a instancias de Podemos y BNG, a través del GUE y Verdes/EFA–, que ha pedido su prohibición –como la del resto de organizaciones profascistas– por extensión, al ser una entidad que exalta una dictadura.

Y lo ha hecho con el voto en contra del PP de Pablo Casado, que votó a favor de la resolución consensuada y en contra de las tres enmiendas incorporadas que mencionan a la Fundación Francisco Franco, al Valle de los Caídos y a Hogar Social Madrid.

“Considerando que diecinueve personas han sido acusadas por la Fundación Francisco Franco —entidad que glorifica una dictadura y sus delitos— y por la familia Franco de varios delitos que podrían sumar hasta trece años de prisión tras realizar una acción pacífica y simbólica en la que desplegaron dos grandes pancartas en el Pazo de Meirás en las que instaban a las autoridades públicas a intervenir para reclamar la devolución de esta propiedad al pueblo gallego”

“[El Parlamento Europeo] insta a los Estados miembros a respetar las disposiciones de la Decisión Marco del Consejo, a luchar contra las organizaciones que propaguen discursos de odio y violencia en espacios públicos y en línea imponiendo las sanciones establecidas por la Decisión Marco del Consejo y a prohibir efectivamente los grupos neofascistas y neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y el fascismo, respetando el orden jurídico nacional y las jurisdicciones nacionales”.

Pero no sólo señala a la Fundación Francisco Franco, también lo hace con Hogar Social Madrid, Falange, Alianza Nacional y Democracia Nacional, como argumentos en la exposición de la resolución:

Considerando que, en España, se investiga a doce miembros de la organización neonazi Hogar Social Madrid por incitación al odio; que miembros de los grupos fascistas españoles Falange, Alianza Nacional y Democracia Nacional fueron detenidos y condenados por el Tribunal Supremo español tras atacar el Centro Cultural Blanquerna en Madrid durante la celebración de la Diada Nacional de Cataluña en 2013; que, en 2016, la ONG antirracista SOS Racismo documentó 309 casos de violencia xenófoba5; que el presidente de esta organización ha recibido amenazas de muerte tras señalar dichos casos y ha condenado la falta de mecanismos eficaces para denunciar estos delitos;

La mención a estos grupos españoles en los considerandos se suma a otros ataques fascistas ocurridos recientemente en Europa, como las 77 personas asesinadas y 151  heridas en los atentados de Noruega de 2011; el asesinato en 2016 de Jo Cox, diputada británica; los asesinatos cometidos por Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU) entre 2000 y 2006 en Alemania; el juicio contra el partido neonazi Amanecer Dorado, acusado de organización delictiva y del asesinato de Pavlos Fyssas-.

El caso más reciente: el 21 de septiembre de 2018, cuando militantes del partido neofascista Casa Pound atacaron a un grupo de activistas, entre ellos la eurodiputada Eleonora Forenza y su asistente Antonio Perillo, que sufrieron lesiones graves, tras una manifestación antifascista y antirracista en Bari, Italia.

En el caso español, además, la resolución pide al Gobierno que acabe con toda herencia de la dictadura:

“Acoge con satisfacción la decisión aprobada por el Congreso de los Diputados de trasladar los restos de Francisco Franco de su tumba en el Valle de los Caídos, convertida en lugar de peregrinación de la extrema derecha; pide a las autoridades españolas que supriman de manera efectiva todos los demás símbolos o monumentos que exalten el levantamiento militar, la guerra civil y la dictadura de Franco, y pide que aquellos que no puedan ser retirados se sometan a la necesaria contextualización e interpretación, para que contribuyan a la concienciación pública y a la memoria histórica”

El texto, además, intenta juntar la línea de puntos con los actuales grupos de extrema derecha que están intentando construir una alianza continental con vistas a las próximas elecciones europeas de mayo de 2019, y aquellos líderes que están personificando la Europa de los “cero migrantes”, como Matteo Salvini –Liga Norte–, Marine Le Pen –Frente Nacional– y Vicktor Orbán:

“Considerando que personas vinculadas a grupos de extrema derecha, entre ellos Acción Francesa, planeaban un atentado terrorista contra varios políticos franceses y contra mezquitas durante las elecciones presidenciales de 2017; que se presentaron varias solicitudes de cierre de los locales de Acción Francesa; que previamente muchos miembros del grupo se unieron a las filas del Frente Nacional”

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“Considerando que Cécile Kyenge, diputada al Parlamento Europeo, ha sido llevada a juicio por la Liga Norte por tratar a este partido de racista”

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“Considerando que el primer ministro húngaro Viktor Orbán elogió en su discurso del 21 de junio de 2017 al colaborador nazi Miklós Horty como un ‘estadista excepcional”

De este modo, la resolución mira hacia atrás, pero también al presente y al futuro: “Considera que entre las causas profundas del auge de la ideología y los grupos neofascistas se encuentran las siguientes: las políticas que afectan negativamente a la situación socioeconómica de los trabajadores y de las personas, así como el aumento de las desigualdades sociales, el no respeto del Derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y la propagación de ideas racistas y xenófobas en las políticas oficiales, en particular en la Unión”.

La Europa de los últimos 70 años es hija del fascismo y del antifascismo, y el Parlamento Europeo ha dado este jueves una voz de alarma. Y en esa voz de alarma ha señalado a España por la Fundación Francisco Franco, Hogar Social Madrid, Falange, Alianza Nacional y Democracia Nacional.

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