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Las ocultadas causas políticas del crecimiento de las desigualdades

5 octubre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 4 de mayo de 2017.

Este artículo resume un informe que ha tenido un enorme impacto en Estados Unidos sobre las causas políticas del enorme crecimiento de las desigualdades, no solo en Estados Unidos, sino en los países capitalistas desarrollados, cuestionando los argumentos que atribuyen tal crecimiento a la revolución tecnológica y/o a la globalización. El artículo subraya que es el contexto político y las relaciones de poder que lo configuran lo que determina la revolución tecnológica y/o la globalización.

Una de las características del tiempo que vivimos es el crecimiento de las desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales, tanto entre como dentro de la mayoría de países capitalistas desarrollados. En este artículo me centraré en las causas del crecimiento de las desigualdades económicas, analizando las desigualdades salariales, las desigualdades en los ingresos familiares y las desigualdades en la propiedad del capital (productos que generan renta), analizando tales desigualdades en Estados Unidos, por dos razones: una, por ser representativo del capitalismo más avanzado y desarrollado del mundo capitalista occidental (punto de referencia para el pensamiento liberal); y otra, porque lo que estamos viendo desde los años ochenta, a partir de la revolución neoliberal iniciada por el presidente Reagan, es la “americanización de Europa”, expresión que refleja el dominio del pensamiento liberal a los dos lados del Atlántico Norte. En realidad, tal crecimiento de las desigualdades económicas se debe primordialmente a la aplicación (e imposición) de las políticas neoliberales en la gran mayoría de tales países, siguiendo el modelo neoliberal estadounidense.

Las desigualdades salariales

Si analizamos la evolución de los salarios, ya sea considerando el salario por hora, ya sea el salario anual, podemos ver que los salarios del decil superior han crecido de una manera muy marcada, casi exponencial a partir de la década de los años ochenta (cuando se inició la revolución o, mejor dicho, contrarrevolución neoliberal), mientras que los salarios de los cuatro deciles inferiores han ido creciendo muy lentamente desde entonces (e incluso han descendido durante la Gran Recesión 2007-2015, lo cual nunca ocurrió en el decil superior, cuyos salarios continuaron aumentando durante la Gran Recesión). Y lo que sí que disminuyó en la gran mayoría de la población asalariada fueron los beneficios sociales, relacionados con los sueldos. Así, por ejemplo, el porcentaje de la población laboral que tenía alguna cobertura de beneficios sanitarios, financiados conjuntamente por los empresarios y por los trabajadores y empleados (la mayoría de la financiación del aseguramiento sanitario privado en EEUU proviene del lugar de trabajo a través de aportaciones de empleadores y empleados) descendió durante el mismo periodo de tiempo considerablemente, descenso mucho más marcado entre los deciles salariales inferiores, pasando de un 42% en 1980 a un 25% en 2010, que en el decil superior (de un 92% a un 78%). Una situación semejante ocurrió con las pensiones privadas financiadas a través de puestos de trabajo (la mayoría de los datos presentados en este artículo proceden del documento Three Key Economic Distributions, del profesor John Schmitt, del Washington Center for Equitable Growth).

Ingresos familiares

En los ingresos familiares vemos también, durante el mismo periodo 1980-2015, un crecimiento muy acentuado de los ingresos de las familias del decil superior de ingresos familiares. En cambio, en los deciles inferiores hemos visto un crecimiento muy lento de los ingresos familiares desde 1980, crecimiento interrumpido, sin embargo, durante la Gran Recesión. La causa de que los ingresos familiares no hayan descendido (como descendieron los salarios) en los deciles inferiores se debe al incremento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo, más acentuado en los deciles inferiores que en los deciles superiores, en los que el crecimiento de los ingresos familiares se debe al crecimiento tan marcado de los ingresos salariales de las mujeres pertenecientes a las clases de ingresos superiores.

De estos datos de deriva que los deciles superiores, y muy en particular el decil más alto, han visto crecer sus ingresos de una manera muy acentuada durante la contrarrevolución neoliberal, crecimiento muy marcado a medida que el nivel de renta subía. Así, el 1% de mayor renta salarial pasó de tener el 10% de toda la renta del país en 1980 a un 23% en 2015.

El crecimiento de las desigualdades en la distribución de la propiedad

Si en lugar de la distribución de las rentas analizamos la distribución de la propiedad, vemos que esta última se ha ido concentrando mucho más. En realidad, el 1% de propietarios ha pasado de tener el 34% de toda la propiedad en 1980 a un 37% en 2013 (y pasó de tener el 10% de toda la renta al 20%). En realidad, el 20% de propietarios tiene el 88% de toda la propiedad (y el 61% de toda la renta), mientras que el 40% no solo no tiene propiedades, sino que debe dinero para pagarlas. Es decir, están endeudados, primordialmente pagando su vivienda. Es la población hipotecada. Este porcentaje de endeudamiento y la profundidad del mismo crecieron espectacularmente durante la Gran Recesión. Este 40% tiene solo el 9% de toda la renta del país.

El crecimiento de los ingresos del decil superior se debe al crecimiento de los sueldos de los grandes propietarios y gestores de las empresas, que ha sido casi exponencial en las rentas superiores, y al crecimiento de las rentas derivadas de la propiedad que poseen. El ligero crecimiento, estancamiento o descenso de las rentas inferiores (del 40% de la población laboral en EEUU) se debe al ligero crecimiento, estancamiento o descenso de los salarios, y al crecimiento del endeudamiento de dichas rentas inferiores.

La disminución de la movilidad vertical

A raíz de estos datos, se puede concluir que las desigualdades inherentes al sistema capitalista han crecido notablemente en el periodo 1980-2015. Pero un fenómeno igualmente importante y que apenas ha tenido visibilidad mediática ha sido el descenso de la movilidad vertical. Uno de los argumentos que han sido utilizados con mayor frecuencia por parte de los economistas neoliberales ha sido que la estabilidad política del capitalismo avanzado está basada en la movilidad social, es decir, que una persona de origen “humilde” (expresión que se utiliza para definir a las familias de rentas inferiores) pueda alcanzar los niveles superiores de poder económico y/o político. Y se señala como prueba de ello que EEUU ha tenido dos presidentes, Clinton y Obama, de origen “humilde”. En realidad, se considera a EEUU como uno de los países con mayor movilidad vertical, y ello como resultado de las grandes oportunidades que ofrece el modelo económico liberal.

Esta supuesta movilidad vertical también se expresa en que, aparentemente, los hijos e hijas tienen mayor nivel de rentas que sus padres. La movilidad intergeneracional se presenta como una muestra del “sueño americano”, causa mayor de la estabilidad política del país y del atractivo del modelo liberal estadounidense. El único problema con tal supuesto es que no es verdad. Los datos no avalan esta percepción, promovida por el establishment político-mediático del país. Los datos muestran que la movilidad vertical, incluida la intergeneracional, es mucho más limitada de lo que se ha supuesto.

En realidad, EEUU es uno de los países con menos movilidad social. Como bien ha señalado Paul Krugman, EEUU (y el Reino Unido) son los países con menor movilidad social vertical de entre los que se ha estudiado la extensión de tal movilidad (Francia, Japón, Alemania, Nueva Zelanda, Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca). En estos países se analizaba el nivel de renta de los hijos comparándolo con el de sus padres (a la misma edad y con la misma capacidad de compra de la moneda utilizada), viéndose que EEUU era en el que menos se daba el supuesto de que los hijos vivían mejor que los padres, siendo en los países escandinavos donde la movilidad intergeneracional era mayor.

Y lo que es importante señalar es que durante el periodo neoliberal ha descendido la movilidad vertical, a la vez que han crecido las desigualdades de ingresos, de renta y de propiedad.

Las ocultadas causas políticas del crecimiento de las desigualdades

Mucho se ha escrito sobre las causas de tal crecimiento de las desigualdades, desde la revolución digital a la globalización, entre muchos otros factores. En esta discusión se oculta o ignora el elemento político, que es el determinante de dicho crecimiento y que configura todas las otras causas a la que se atribuye tal crecimiento. Qué forma tienen la revolución tecnológica o la globalización depende del contexto político que configura cada una de ellas. Los datos muestran que el crecimiento de las desigualdades adquiere una dimensión mayor a partir de la década de los años ochenta, que es cuando se aplican las políticas neoliberales, que son las políticas que el mundo de las grandes empresas (lo que en EEUU se llama la corporate class) aplica a través de las instituciones políticas, frente y en contra del mundo del trabajo.

Las políticas públicas de corte neoliberal como responsables del crecimiento de las desigualdades

Como consecuencia de ello han tenido lugar los siguientes hechos, todos ellos indicadores del poder de clase del mundo empresarial:

• La disminución, desde 1980, del poder adquisitivo del salario mínimo, establecido por ley por el Estado.

• Descenso de la población laboral sindicalizada, que ha pasado de ser el 30% de la población laboral en 1980 a un 12% en 2014, como resultado del enorme descenso de la sindicalización en el sector privado, que hoy no llega ni al 9% (en el sector público se mantiene en el 38%), y ello a pesar de que la mayoría de los trabajadores señalan, a través de las encuestas, que les agradaría tener sindicatos que defendieran sus intereses. Este descenso, pues, no se debe a la falta de interés, sino a las crecientes dificultades que el mundo empresarial, con ayuda del Estado, impone para que los trabajadores puedan sindicalizarse, siendo EEUU uno de los países donde la sindicalización es más difícil de llevar a cabo.

Esta realidad -la creciente dificultad en poder sindicalizarse- produce el crecimiento de la capacidad de decisión, así como de la influencia política y mediática, del mundo empresarial, lo que ha determinado un enorme debilitamiento de las clases populares, y muy en particular de la clase trabajadora. En realidad, hay una relación inversa entre el nivel de sindicalización en el sector privado y el crecimiento de las desigualdades de renta -tanto individuales como familiares-, tal como ha documentado el respetado y conocido Economic Policy Institute de Washington. Y también está documentado el crecimiento de la brecha salarial dentro de una misma empresa cuanto menor sea la sindicalización y la fuerza de la clase trabajadora dentro de la misma. En realidad, desde 1980 la diferencia salarial entre los ejecutivos de las grandes empresas y los salarios (mediana) de los empleados y trabajadores ha crecido, pasando de ser en 1980 de 29 veces, a 303 en 2015.

La desregulación de los mercados de trabajo

Otra medida neoliberal que tenía como objetivo debilitar al mundo del trabajo han sido las reformas laborales orientadas a desregular el mercado de trabajo, lo cual ha conseguido disminuir los salarios y la protección social de los trabajadores.

La privatización de los servicios públicos

La privatización de los servicios tiene como objetivo el cambio de las relaciones laborales, dificultando la sindicalización y protección de los empleados y trabajadores, menor en el sector privado que en el público. La subcontratación y externalización de actividades y servicios de las empresas (tanto públicas como privadas) tienen como objetivo el debilitamiento de la población empleada, pues en las empresas subcontratadas hay menor protección social y salarios más bajos que en las empresas que subcontratan.

La globalización en el contexto político actual

La movilidad de capitales busca la apertura de los mercados y el abaratamiento de los costes de producción, entre los cuales los costes salariales juegan un papel determinante. De ahí que los tratados mal llamados de libre comercio que regulan la movilidad de capitales tengan como principal objetivo el garantizar las inversiones en países con menores costes laborales, movilidad que se hace a costa de destruir puestos de trabajo con salarios altos en EEUU. La evidencia de ello es abrumadora, habiendo sido tal movilidad una de las mayores causas del descenso de la cantidad de puestos de trabajo en la manufactura en EEUU. La popularidad de tales tratados en el mundo empresarial contrasta con su gran impopularidad entre la clase trabajadora.

La inmigración apoyada por el mundo empresarial

La inmigración ha contribuido a la bajada de los salarios, pues el precio del trabajo depende, en cierta manera, de la demanda de puestos de trabajo y de la oferta de tales puestos. A mayor número de demandantes -de personas que buscan trabajo- menor es el salario ofrecido por los empresarios. De ahí que el mundo empresarial favorezca la entrada de inmigrantes, no solo para aumentar el número de personas que quieren trabajar, sino también por su disponibilidad para aceptar salarios más bajos y en peores condiciones que los nativos.

¿Qué tiene que hacerse?

A la luz de estos datos es lógico que la solución sea precisamente el desarrollo de políticas opuestas a las neoliberales, empoderando a las clases populares a través de los instrumentos disponibles, para revertir el deterioro de su bienestar. Tales medidas pasan por: aumentar el salario mínimo; aumentar la ocupación y la creación de buen empleo; dificultar la creación de mal empleo orientando la revolución tecnológica a la supresión de tal tipo de trabajos; facilitar la sindicalización, alcanzando los niveles del norte de Europa; regular el mercado de trabajo para reforzar al mundo del trabajo en su negociación con el mundo empresarial; desprivatizar los servicios, y extender la responsabilidad pública a los sectores de la energía, las finanzas y sociales (desde sanidad a educación, pasando por servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, vivienda, seguridad y protección social); desanimar y desfavorecer la subcontratación prohibiendo este fenómeno en los servicios públicos, a no ser que los contratantes se comprometan a respetar los derechos laborales (salarios y protección social) existentes en el sector público; desarrollar medidas proteccionistas en la movilidad de capitales y de personas; sindicalizar a la población inmigrante; facilitar la integración de la mujer en el mercado del trabajo, en lugar de enfatizar la inmigración; y eliminar las desigualdades sociales entre géneros y entre razas en el país. Y, naturalmente, políticas fiscales auténticamente progresivas que tengan como objetivo aumentar las rentas del trabajo a costa de reducir las rentas del capital, incluyendo medidas de control público de la propiedad y de la gestión en sectores clave de la economía. Estas son las líneas generales de lo que debe hacerse para reducir las desigualdades, empoderando a las clases populares para que vayan aumentando su nivel de exigencias, de manera que puedan transcender las coordenadas de poder existentes hoy en los países capitalistas de elevado nivel económico. Estas medidas son tan aplicables en EEUU como en España, así como en cualquier otro país a los dos lados del Atlántico Norte que han estado sufriendo las políticas neoliberales implementadas por las clases dominantes. Así de claro.

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No es cierto que la austeridad haya terminado: el techo de gasto muestra lo contrario

12 septiembre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, y en catalán en la columna “Pensament Crític” en el diario PÚBLIC, 25 de julio de 2017.

Este artículo cuestiona la postura promovida por el establishment político-mediático del país según la cual ya hemos salido de la crisis y el Estado ha terminado de aplicar medidas de austeridad y recortes del gasto público. El artículo se centra en lo ocurrido hace unos días en las Cortes Españolas, donde se aprobó el techo de gasto público, subrayándose una vez más que no había alternativas, algo que el artículo muestra que no es cierto. Se trata de un tema al que no se ha dado mucha visibilidad en los grandes medios del país pero que tiene una enorme importancia, pues perpetúa el subdesarrollo social de España, que es uno de los más acentuados hoy en la Eurozona.

Estamos hoy viendo en España que, una vez más, la gran atención mediática en el país está en lo que se llama el tema nacional o territorial, utilizado, como siempre, por el gobierno español de turno para movilizar a la población para defender “la unidad de la patria”, el eslogan que las derechas españolas siempre han utilizado para defender los intereses económicos que las financian, utilizando el sentir patriótico de la gente para sus fines particulares. Un ejemplo claro de ello es la situación actual.

El problema mayor que tiene hoy España es el enorme problema social (ver mi artículo “El nuevo régimen social de España”, Público, 23.06.17), que es ni más ni menos que el gran deterioro de la calidad de vida de las clases populares (que constituyen la gran mayoría de la población española), resultado directo de las políticas neoliberales (como las reformas laborales y los enormes recortes del gasto público que financian las transferencias sociales, como las pensiones, y los servicios públicos del Estado del Bienestar tales como la sanidad, la educación, la vivienda social, los servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios y otros) iniciadas por el gobierno de Zapatero y expandidas por el gobierno de Rajoy. He documentado extensamente a lo largo de estos años la naturaleza y extensión de esta crisis sin precedentes en el periodo democrático postdictatorial (ver Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015).

La gran falsedad promovida por el establishment político-mediático del país es que las crisis económicas y financieras, que determinaron la crisis política, ya han terminado. Se justifica tal optimismo con la aparición del crecimiento económico, lo cual se atribuye a las medidas aplicadas por el gobierno de Rajoy. La evidencia científica, fácilmente accesible para el que quiera verla, muestra, sin embargo, que la reversión del declive del crecimiento económico (que caracterizó la Gran Recesión) no se ha debido primordialmente a las medidas tomadas por el gobierno Rajoy sino (como han reconocido el Fondo Monetario Internacional e, incluso, el Banco de España) a factores externos (fundamentalmente la bajada de los precios del petróleo y los bajos tipos de interés debido a la política monetaria del BCE), que tienen poco que ver con las medidas tomadas por el gobierno de Rajoy. Y la misma evidencia científica muestra que la enorme crisis social continúa en España, donde hay nada menos que 2,3 millones de empleos menos hoy que antes de que se iniciara la Gran Recesión; donde la precariedad laboral es lo que define la creación de empleo; donde el PIB per cápita no ha recuperado los niveles existentes en 2007; donde el 28% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social, incluyendo el alarmante fenómeno de la pobreza laboral, es decir, pobreza entre personas que están trabajando a tiempo completo (15% de la población ocupada); y donde el 70% de los hogares continúan sin mejoras en sus condiciones de vida.

Pero la otra gran falsedad promovida por el establishment político-mediático español es que las políticas de austeridad impuestas por el gobierno de Rajoy han dejado de aplicarse, lo cual, no es cierto, pues tales políticas han continuado. Y la mejor prueba de ello es la aprobación del techo de gasto del Estado que ocurrió hace unos días en las Cortes Españolas. Tal medida fue una propuesta del gobierno Rajoy aprobada por las derechas españolas que incluyen, además del PP y su Frente de Juventudes (Ciudadanos), a las derechas vascas (PNV) y canarias (Coalición Canaria), así como a la “izquierda” canaria de Nueva Canarias (NC).

¿Qué es el techo de gasto público?

A primera vista tal término aparece como un concepto económico que la gente normal y corriente no entiende o aparentemente no le interesa, y ello a pesar de su enorme importancia. En realidad, las escuelas de sus niños, la sanidad de sus enfermos, la educación de sus jóvenes y adultos, la vivienda social, las escuelas de infancia y los servicios domiciliarios y una larga lista de servicios públicos, así como las transferencias públicas, tales como las pensiones, dependen en parte del techo de gasto público, que quiere decir del límite de gasto público del que el Estado puede disponer. Es uno de los indicadores más importantes para medir el compromiso del Estado con el desarrollo de sus funciones, incluyendo la provisión de servicios y transferencias a la sociedad, que quiere decir, a usted, lector.

Pues bien, tal techo de gasto público, es decir, techo de la cantidad que el Gobierno de Rajoy ha definido como el máximo dinero que el Estado se puede gastar es clara y excesivamente bajo, lo cual se hace para cumplir los famosos objetivos de estabilidad presupuestaria, que en lenguaje llano quiere decir bajar el gasto en transferencias públicas y en los servicios del Estado del Bienestar para reducir el déficit de las cuentas del Estado (es decir, la diferencia entre sus ingresos y sus gastos).

La pobreza del gasto público del Estado Español

El gasto público en España es muy bajo, mucho más bajo que en el promedio de la Eurozona (los países de la UE que utilizan el euro como su unidad monetaria). Y este bajo gasto público se debe en gran medida a que los ingresos públicos al Estado son también muy bajos; en realidad, de los más bajos de la UE-15. Pero la situación es incluso peor, pues no solo es de los más bajos, sino que desde el 2007 al 2015, mientras tales ingresos al Estado aumentaron en el promedio de la UE-15 un 1,2% del PIB, en España disminuyeron un 2,7%. Un dato que hay que tener muy en cuenta es que la mayoría de tal gasto es el gasto público social, es decir, el gasto en las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar a los que me referí al principio del artículo. En realidad, el hecho de que los servicios sanitarios públicos, las escuelas públicas, la vivienda social, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios, los servicios sociales y otros (que son todos ellos esenciales para garantizar la calidad de vida y bienestar de las familias en España) tengan pocos recursos en este país, se debe a que este gasto público social sea cinco puntos del PIB más bajo que el promedio de los países de la Eurozona. Los datos están ahí para el que quiera verlos.

Y una de las razones de que sea tan bajo es que los ingresos al Estado son también muy bajos. En realidad, de los más bajos de la Eurozona. Tales ingresos al Estado son nada menos que ocho puntos del PIB más bajos que en el promedio de la Eurozona. Y a pesar de esta gran pobreza de los ingresos al Estado, la derecha, tanto la de siempre, el PP, como la nueva, Ciudadanos, hacen gala de sus propuestas de bajar tales ingresos, reduciendo los impuestos (algo que sistemáticamente beneficia más a las rentas superiores que a las medias e inferiores).

Y una de las mayores causas de la pobreza de recursos se debe a la regresividad de la política fiscal, que conlleva que las grandes empresas, las grandes fortunas y los más pudientes no aporten al Estado lo que deberían. Este déficit no es fácil de ver cuando se analiza lo que la población debería pagar en impuestos, según el tipo nominal impositivo, es decir, lo que en teoría deberían de pagar según su nivel de ingresos (que es parecido a los de la UE-15). Ahora bien, si en lugar del tipo nominal analizamos el tipo efectivo (es decir, lo que en realidad la gente paga en impuestos), entonces vemos que es muy bajo y ello es debido a la enorme cantidad de deducciones fiscales que caracterizan al sistema fiscal regresivo español. Ni que decir tiene que las deducciones son mucho más utilizadas por las rentas superiores que por las rentas medias e inferiores. La diferencia entre lo que nominalmente deberían pagar las grandes empresas y las rentas superiores, y lo que pagan, es nada menos que 37.000 millones de euros (solo en IRPF y en el IVA) que el Estado deja de ingresar, aproximadamente el déficit estructural que tiene la economía española (el déficit estructural contabiliza los gastos no-coyunturales del Estado, es decir, el déficit no producido en momentos de crisis, sino el déficit permanente del Estado).

Si sumamos a este déficit fiscal (37.000 millones), el fraude fiscal (al que el 80% es producido por los súper ricos y las grandes empresas, según datos de técnicos de Hacienda) que representa 90.000 millones de euros (según Carlos Cruzado, presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda), más los fondos que el Estado no recibe debido a la reducción de los impuestos al patrimonio y a la herencia, y lo que el IBEX-35 deja de pagar (que nominalmente debería ser un 25%, y en cambio paga solo un 7%, según reconoció recientemente el ministro Cristóbal Montoro), nos encontramos con una situación de injusticia fiscal enorme. Esta injusticia contribuye a deteriorar aún más dos fenómenos: uno es el aumento de la desigualdad en España, en donde el 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país (27,4%), mientras que el 20% más pobre se queda con un 0,1%, o que la fortuna de las 3 personas más ricas en nuestro país equivale a la del 30% más pobre. Y el segundo fenómeno es que en España son los trabajadores los que paguen la gran mayoría de los impuestos y los que sostienen el Estado del Bienestar. Nada menos que el 85% del esfuerzo fiscal en España recae sobre las rentas del trabajo. Puesto que del 2008 al 2016, las rentas del trabajo han caído un 6,1% (33.679M€), mientras que las rentas del capital han aumentado un 1,7% (7.850M€), es lógico que los ingresos del Estado también se hayan reducido.

Este fenómeno es bien percibido por la ciudadanía española, según el último barómetro del CIS sobre fiscalidad (julio 2016), ante la pregunta de ¿cree que los impuestos se cobran con justicia y pagan más los que más tienen? Un abrumador 86,6% cree que se cobran con injusticia. De hecho, la opinión mayoritaria de los españoles es que es preferible mejorar los servicios públicos aunque haya que pagar más impuestos (44,7%) que pagar menos impuestos aunque haya que reducir servicios públicos (solo 15,8%). No hay duda de que por el bien del país y de la población que vive en él, hay que terminar con la austeridad. Y para ello hay que aumentar los impuestos, pero no a las rentas del trabajo (a la mayoría de la población) sino a las rentas de capital (las minorías privilegiadas).

¿Y por qué el techo de gasto es tan importante?

La respuesta es fácil, pues el techo de gasto público es el máximo que el Estado pueda gastarse. Un Estado pobre tanto en su gasto público social y como en sus ingresos fiscales, está condenado a una subfinanciación continua y eterna. Pues bien, el techo de gasto aprobado el martes 11 de julio en las Cortes Españolas impone que el máximo que el Estado se podrá gastar en el 2018 (ya en esta España supuestamente recuperada) es de 119.834 millones de euros, que es mucho menor (en realidad, 62.000 millones de euros) del que había en 2010 (ocho años antes).

Es más, el crecimiento de tal gasto máximo (1,3%) será mucho menor que el crecimiento de la economía que el gobierno calcula (4,3%). Ello determina que el gasto máximo que el gobierno permitirá, expresado como porcentaje del PIB, será el más bajo desde 2005 (repito, ¡desde 2005!). Ello quiere decir que el nivel máximo del gasto es semejante al que teníamos doce años atrás, a la vez que las necesidades del país han ido aumentando considerablemente. En base a estas cifras, concluir (como hace el establishment político-mediático) que ha llegado el fin de la austeridad es sencillamente una farsa.

Sí que hay alternativas a la austeridad

Es preocupante constatar que el establishment político-mediático del país guarda un silencio ensordecedor sobre este tema, presentándolo como un tema meramente técnico y económico, cuando en realidad es un tema profundamente político (como son la mayoría de temas económicos). Es urgente que se rompa tal silencio, pues para revertir las políticas de austeridad es necesario cuestionar y negar la lógica del techo de gasto, que distorsiona el debate sobre la política presupuestaria, desarrollando a la vez un marco alternativo basado en un concepto opuesto y distinto al concepto de techo de gasto, que es el establecimiento de un suelo de ingresos, es decir, que en lugar de fijarse tanto en el límite de gasto, se enfatice una cantidad de ingresos del Estado, que no pueda caer por debajo de ese suelo. Hay que aplaudir que por primera vez una fuerza política en el Congreso de los Diputados (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) haya iniciado este debate, introduciendo el concepto del “suelo de ingresos” (que unos días después hizo también suyo el PSOE), lo cual es de enorme importancia. Esta fuerza política también ha hecho la propuesta de expandir el techo de gasto, añadiendo 19.500 millones de euros al conjunto de los fondos asignados a Administraciones Públicas. Estos 19.500 millones más (que se podrían haber conseguido fácilmente gracias a mejorar los ingresos públicos) hubieran servido para: subir las pensiones no contributivas (850M€); para actualizar las pensiones al nivel de precios de consumo, considerando la inflación (1.600M€), lo cual no se está haciendo hoy en España; para recuperar los sueldos de los funcionarios (400M€), para aumentar la dotación en becas (75M€); para un ambicioso Plan de Renta Garantizada (3.200M€); para una prestación por hijo a cargo (400M€); y para financiar el ineludible Plan Nacional de Transición Energética (1.500M€). Estas propuestas que aquella fuerza política realizó son razonables y totalmente factibles, aunque predeciblemente fueron denunciadas por las voces neoliberales que todavía predominan en gran parte de la cultura económica y política del país como gastos imposibles de aceptar, pues, según ellos, romperían con las arcas del Estado, siendo esta la frase predecible que se utiliza en el dogma neoliberal que todavía domina hoy el establishment político-mediático que existe en el país, y que ahora nos vende el mensaje de que ya hemos salido de la crisis y que ya hemos dejado la austeridad atrás. Su desfachatez no tiene límites.

El nuevo régimen social de España

12 agosto, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 23 de junio de 2017.

Este artículo es el resumen de los datos más impactantes de la situación social en España, que no es coyuntural, sino estructural, dentro del sistema económico español actual.

España ha sufrido una de las más importantes crisis económicas y financieras durante su periodo democrático, crisis que también ha determinado una crisis social, y, como era predecible, una gran crisis de legitimidad del Estado y del establishment político y mediático del país. La respuesta de tal establishment ha sido que todos estos sacrificios eran necesarios para poder salir de la crisis, que, según este establishment, se está resolviendo.

Ahora bien, en este argumentario se olvida que, en realidad, la crisis (la Gran Recesión) y la respuesta que se ha dado a ella estaban configuradas y determinadas por un contexto político que favoreció estructuralmente a unos a costa de otros. Los primeros eran aquellos sectores del mundo del capital (las grandes empresas financieras, y las grandes corporaciones productoras de bienes y servicios) que dominan el Estado español y la gran mayoría de medios públicos y privados de información del país. Y las perdedoras han sido, predominantemente, las clases populares, que constituyen la mayoría de la población. Mientras que los primeros derivan sus rentas predominantemente de la propiedad del capital y de su gestión, los segundos lo hacen del mundo del trabajo, sobre todo de los salarios y de los beneficios sociales.

La evidencia de ello es abrumadora. Veamos algunos datos: 1) Des de el inicio de la crisis (2008) hasta el año pasado (2016), las rentas del trabajo han caído un 6,1% (33.679M€), mientras que las rentas del capital han aumentado un 1,7% (7.850M€). En suma, en el periodo 2008-2016 el peso de los salarios en la economía ha bajado 2,9 puntos, de 54,6% al 52,7%; 2) La participación de los beneficios de las empresas no financieras en España está por encima del de la zona euro (42,6% frente a 40,6%); 3) Las empresas no financieras españolas han aumentado su participación en el VAB (valor añadido bruto) del 37,7% hasta el 42,6% entre el periodo 2007-2015: el segundo país de toda la UE que más ha aumentado; 4) La polarización social (S80/20) se ha incrementado en un 11,8% desde 2009 (de 5,9 en 2009 a 6,6 en 2016), es decir, el 20% más rico dispone de 6,6 veces más ingresos que el 20% más pobre. Somos el 3º país con mayor polarización de toda la UE (después de Rumanía y Bulgaria); 5) La desigualdad ha sufrido uno de los mayores incrementos de toda la OCDE desde 2009, y el índice de Gini alcanzó los 34,5 en 2016: 3,5 puntos por encima de la media europea (31 en 2015); 6) En los últimos 15 años el 30% de la población que vive en riesgo de exclusión ha visto cómo sus activos netos apenas crecían un 3%, mientras que los del 10% más rico se disparaban un 56%; 7) El 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país (27,4%), mientras que el 20% más pobre se quedaba con un 0,1%; 8) La fortuna de las 3 personas más ricas en nuestro país equivale a la del 30% más pobre.

Todos estos hechos han sido, en gran parte, consecuencia de toda una serie de intervenciones por parte del Estado que han provocado un enorme deterioro del mercado laboral. Esto ha sido particularmente acentuado a partir de las reforma laborales del gobierno Zapatero, primero, y de las más intensas del gobierno Rajoy. Indicadores de tal deterioro del mercado laboral muestran que: 1) El 41,5% de los desempleados llevan más de 2 años en paro (1,8 millones de personas); 2) El 24,7% de los desempleados llevan más de 4 años en paro (1,1 millones); 3) Más de 4 de cada 10 jóvenes que buscan trabajo están en paro; 4) Un 15,3% de las jornadas laborales son a tiempo parcial; 5) Más de uno de cada cuatro empleos es temporal (26,5%); 6) En los últimos cinco años se ha acumulado una caída del poder adquisitivo de la remuneración media en un 4,5% (912 € menos); 7) El 34,4% de los asalariados (seis millones de personas) cobran menos del salario mínimo interprofesional.

El desmontaje del Estado del Bienestar

Han contribuido a este enorme crecimiento de las desigualdades las políticas públicas de los partidos gobernantes del Estado español, las cuales han debilitado el ya escasamente financiado Estado del Bienestar. De hecho, España dedica menos recursos a los servicios públicos y transferencias del Estado del Bienestar que la gran mayoría de los países de la UE. 1) España tiene el gasto público social como porcentaje del PIB (24,6%) de los más bajos de la UE-15; 2) España tiene el gasto público social por habitante de los más bajos de la UE y ha disminuido durante los años de la gran recesión, consecuencia de los grandes recortes; 3) España tiene uno de los porcentajes de la población adulta que trabaja en los servicios públicos más bajos de la UE-15 (el grupo de países de semejante riqueza), por ejemplo 1 de cada 10 habitantes en comparación con 1 de cada 4 en Suecia. Si España tuviera el porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar como en Suecia (de 1 de cada 10 a 1 de cada 4) reduciría significativamente el desempleo; 4) El gasto público en España es uno de los más bajos de Europa, representa el 43,6% de su PIB; la media del conjunto de los 28 países europeos es 48,1%; 5) España es uno de los países que dedican menor gastos en protección social: 2,7 puntos menos del PIB que la media de países de la Eurozona (17,6% frente al 20,3 de la UE); 6) Esta subfinanciación ocurre en todas las dimensiones del Estado del Bienestar excepto en el gasto en desempleo. Este retraso se ha acentuado con los recortes de gasto público social que ha ocurrido en todos los servicios: 6.a) El gasto autonómico de sanidad por habitante se redujo un 14,2% entre el periodo 2009-2016. (1.195€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 1.393€); 6.b) El gasto autonómico de educación por habitante se redujo un 5,87% entre el periodo 2009-2016. (785€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 834€); 6.c) El gasto público total consolidado en Servicios Sociales fue de 16.000 millones de euros en 2016, aproximadamente 1.000 millones menos que en 2010; 6.d) El gasto autonómico de servicios sociales por habitante se redujo un 1,55% entre el periodo 2009-2016. (254€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 258€).; 6.e) Mientras que, el gasto autonómico en deuda pública por habitante aumentó 381,8% entre el periodo 2009-2016. (582€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 121€); 7) El Estado del Bienestar es de los menos redistributivos de Europa: la tasa de pobreza se reduce antes de transferencias sociales en España del 29,5% en 2016 al 22,3% después de transferencias sociales. Mientras que en la UE se pasa de un 26% en 2015 baja al 17,3% de reducción de pobreza (8,7% de reducción en la UE frente a 7,2% en España).

La pobreza del Estado del Bienestar en España es consecuencia de una fiscalidad débil y regresiva que se ha acentuado todavía más con las reformas de los gobiernos Zapatero y Rajoy. Como consecuencia, los ingresos fiscales en España son inferiores a los de los países de nuestro entorno. Las facilidades que tienen las grandes empresas y fortunas para pagar menos de lo que tienen establecido, gracias a un entramado de desgravaciones y exenciones, hace que la carga fiscal recaiga sobre las clases medias y trabajadoras a través del IRPF y de los impuestos al consumo. Más datos: 1) En España el 85% del esfuerzo fiscal recae sobre las rentas del trabajo; 2) 17 de las 35 empresas del IBEX no pagan el impuesto de sociedades en España, cuando tan solo 3 compañías cerraron 2014 con pérdidas.

La pobreza se ha incrementado

Resultado de todo lo anterior es que la pobreza está ya incluida como parte integrante del sistema económico. No es coyuntural, sino estructural. En otras palabras, la pobreza se ha instalado en la sociedad española, afectando a personas y familias que cada vez ven más difícil salir de su situación. La transmisión intergeneracional dará lugar a nuevas generaciones que van a reproducir la pobreza y que cada vez van a tener más difícil salir de ella. De nuevo, más datos: 1) La renta media de los hogares se ha reducido un 11% desde 2009 (30.045€) a 2016 (26.730€); 2) Hay más de 2,5 millones de trabajadores/as están por debajo del umbral de la pobreza: un aumento del 21,55% desde 2009 (11,6% en 2009 frente a 14,1% en 2016); 3) España ha registrado la cifra más alta de pobreza desde 2005: más de 10 millones de personas en España están por debajo del umbral de la pobreza (el 22,3% de la población); 4) Pese a la ‘recuperación económica’ la tasa de pobreza ha continuado aumentado respecto al año pasado (2015= 22,1%; 2016= 22,3%); 5) El 42,2% de los hogares de 1 adulto con 1 o más niños dependientes está en situación de pobreza; 6) El 30,6% de los hogares con niños dependientes están en situación de pobreza; 7) Casi 650.000 hogares, más de 1 millón de personas, no tienen ningún ingreso (3,52% de los hogares); 8) La pobreza persistente (personas que permanecen en riesgo de pobreza 2 de los 3 últimos años) es de 15,8 en España (2015) frente a 11,5 en la Eurozona (2015), 4,3 puntos menos, de las más altas de Europa; 9) La mala alimentación por motivos económicos y, en ocasiones, el hambre, son situaciones reales que afectan a más de 1 millón de personas en España; 10) La Tasa Arope, que es el indicador utilizado por la Unión Europea para medir la exclusión social, sitúa a España 4,9 puntos por encima de la media de la eurozona (27,9 frente al 23%): una de las más altas de la UE; 11) En 1 de cada 10 hogares se pasa frío o excesivo calor por no poder mantener la vivienda a temperatura adecuada; 12) En 4 de cada 10 hogares no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año; 13) El 15,3% de los hogares tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes; 14) El 8,4% de los hogares tienen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal; 15) 2,6 millones de personas sufren carencia material severa (5,8% de la población); 16) 4 de cada 10 personas viven en hogares sin capacidad para afrontar gastos imprevistos; 17) Al menos 6 millones de personas, sin ser pobres, se encuentran en situación económica precaria.

Conclusión. El resultado de las políticas neoliberales que han sido seguidas hasta ahora por parte de los gobiernos del PSOE y del PP a nivel central, y por los partidos de derechas (tales como CiU, que ahora se llama PDeCAT) y socialistas que han gobernado en las autonomías

Espero no haberles aturdido con tantos datos. Pero les ruego que consideren que detrás de cada dato hay un enorme, repito, enorme, dolor impuesto a las clases populares de España. Pero este daño se ha conseguido a costa de una gran transferencia de fondos del mundo del Trabajo al mundo de los beneficios de los grandes propietarios del capital, de los más elevados de la Eurozona. Esta realidad permanece ocultada en los mayores medios de información y persuasión del país.

Ante esta realidad hay que entender que las pequeñas variaciones de los indicadores económicos, que se presentan por los partidos gobernantes como el PP como indicadores de recuperación económica, se realizan dentro de un marco estructural caracterizado por estos datos. Lo que ha ocurrido estos años en España es un cambio dentro del régimen capitalista, que ha pasado de blando a duro, y ello como resultado de la victoria en un conflicto político que ocurre entre una minoría económica, financiera, mediática y política, por un lado, y las clases populares, que son la mayoría de la población, por el otro. Así de claro.

(Agradezco a mi colega Eduardo González de Molina la ayuda en la provisión de la mayoría de estos datos)

¿El Estado de Bienestar es insostenible porque “resulta imposible mantenerlo”?

3 julio, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Las palabras que encabezan este artículo son textuales. Las dijo en abril de 2009 el ex presidente José María Aznar (Aznar cree insostenible el actual Estado del bienestar) y las ha vuelto a repetir en nuevas ocasiones, más o menos de la misma forma que los demás responsables de las políticas económicas que se han aplicado en los últimos años. Y, como ha ocurrido con otros mitos y mentiras, a fuerza de repetirse se ha conseguido que la gente termine creyéndose esa idea y que acepte las medidas que recortan sus derechos y los bienes públicos a los que venía accediendo. Pero ¿qué hay de verdad en esa afirmación? ¿Es cierto que los gastos públicos destinados a garantizar bienestar social son tan elevados y necesitan una financiación tan exagerada que resulta “imposible mantenerlos”?

A mi juicio, tanto si contemplamos el caso español como el de otros países avanzados, se puede concluir fácilmente que lo que dicen Aznar y otros políticos o economistas de su misma orientación es el resultado de sus preferencias ideológicas y contrario a la realidad que muestran los números.

En primer lugar, habría que explicar por qué en otros países se puede mantener sin demasiados problemas un porcentaje de gasto social sobre el PIB más elevado que el español y en nuestro país no. Es más, lo que habría que considerar es que nuestro gasto social más reducido es una rémora a la hora de generar más ingresos y actividad económica. Es decir, que conviene ponerlo a la altura de los demás, en lugar de reducirlo, si queremos que nuestra economía funcione mejor.

Increíblemente, los economistas y políticos neoliberales que atacan el gasto social y al Estado de Bienestar lo hacen considerando que es un gasto perdido, una especie de dispendio que se desperdicia en la propia barriga del Estado y que, por tanto, no tiene utilidad ninguna. Digo que resulta increíble que se diga eso porque resulta obvio que cada euro de gasto que realiza el Estado en sanidad, educación, pensiones…, o en cualquier otro concepto, se convierte (más o menos inmediatamente y en mayor o menor proporción) en un euro de ingreso del sector privado. El gasto público lo reciben empleados públicos que se lo gastan en consumo de bienes y servicios, o empresas que igualmente lo incorporan a la actividad económica invirtiendo y gastando a su vez, o rentistas que adquieran deuda pública (otra cosa es, como señalaré después que se tenga que gastar en intereses o que salga de nuestra economía).

Yo no defiendo que el Estado gaste por gastar, sino que se evalúe con el máximo rigor la conveniencia social del gasto público y su forma de realizarse. Pero eso es una cosa y otra creer a los economistas liberales cuando, para rechazar al Estado por preferencias ideológicas, se inventan el mito de que el gasto público no ayuda a la economía privada o a la actividad económica en general.

La realidad es que el gasto social y público en general tiene dos grandes ventajas. La primera, que cuando se realiza puede generar un incremento final en la renta mucho mayor. Es lo que los economistas llamamos el “efecto multiplicador” del gasto público (parecido al que tienen la inversión o las exportaciones) y que algunos economistas anarquista-liberales incluso se empeñan en negar con tal de justificar sus preferencias ideológicas. Es cierto que puede ser mayor o menor, o incluso anularse en determinadas circunstancias, pero, como las meigas, haberlo, háylo. Como explico en mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas, organismos tan conservadores como el Fondo Monetario Internacional no solo confirman su existencia, sino que han tenido que reconocer que es más grande de lo que se creía. El gasto público no llena la barriga del Estado, sino el bolsillo del sector privado, como saben muy bien los grandes promotores, constructores y banqueros españoles, sobre todo, pero también la inmensa mayoría de los empresarios que pueden vender sus productos gracias a que hay quienes reciben ingresos, por una vía u otra, del Estado.

La segunda gran ventaja del gasto social (y público en general) es que se puede financiar sin coste alguno por el banco central puesto que el dinero que presta se crea de la nada. Es evidente que eso hay que hacerlo garantizando siempre que la demanda que se crea tenga oferta suficiente para que no suban los precios, pero significa que el gasto social puede utilizarse sin problemas para activar la economía cuando el sector privado no consigue hacerlo.

Y esta ventaja del gasto social lleva directamente a descubrir otra de las grandes mentiras de los políticos y economistas neoliberales sobre su sostenibilidad. La que afirma que es el causante de los déficits y de la abultada deuda pública.

La oficina de estadística europea Eurostat acaba de publicar los últimos datos de deuda pública e intereses de España y del resto de países europeos y son bastante claros al respecto.

De 1995 a 2016, la deuda pública española ha aumentado en 811.349 millones de dólares (de 295.604 millones a 1,106 billones de euros) y en ese periodo España ha pagado 509.730 millones de euros en intereses. Es decir, que 62 de cada 100 euros del incremento que ha tenido la deuda pública española corresponden a intereses. Dicho de otra manera, eso significa que si nuestra deuda pública es tan elevada no es porque el gasto social o el público en general hayan sido muy grandes sino porque se renunció a que lo financiara el banco central, que puede hacerlo sin intereses. Es fácil deducir que si eso hubiera ocurrido, si el Estado español hubiera sido financiado en las mismas condiciones en que el Banco Central Europeo financia actualmente a la banca privada, la deuda pública española no sería superior al 100% del PIB sino que ni siquiera pasaría de la mitad.

Los economistas y políticos liberales enseguida me replicarían diciendo que estoy pidiendo que el banco central financie sin límite al Estado para que derroche. Pero no es eso lo que estoy planteando: he afirmado que soy partidario de que el gasto público sea eficiente y lo más austero posible, no ilimitado, y que se realice sin despilfarro y sin corrupción. Y lo cierto es que la deuda pública y, por tanto, el gasto público serían mucho más bajos si el banco central financiara correctamente a los Estados. Por el contrario, es la política neoliberal que concede a la banca privada el beneficio de financiar con dinero que crea de la nada y que genera artificialmente escasez de ingresos lo que aumenta la deuda, como mostré en mi anterior artículo ¿Quiénes son los adictos a la deuda?, publicado en este mismo diario.

Otra falsedad sobre el Estado de Bienestar consiste en afirmar que se benefician unos de él y lo pagan otros, de modo que genera un efecto de inequidad que, entre otras cosas, limita la libertad individual.

Dejaré a un lado el debate sobre la redistribución de ingresos que efectivamente genera el gasto social porque es una cuestión moral y sobre la que solo caben decisiones políticas que dependen de nuestras preferencias y no del análisis económico.

Pero sí hay que subrayar que se ha podido demostrar que los beneficiarios de los gastos del Estado de Bienestar contribuyen mediante sus impuestos a financiarlo incluso en mayor medida de lo que reciben. Los investigadores Anwar Shaikh y Ahmet Tonak han comprobado, para varios periodos de la economía estadounidense y de otros países, que el valor neto de las transferencias (es decir, el que queda una vez que se deducen los impuestos que pagan sus beneficiarios) ha sido negativo durante la mayoría de los años que han estudiado.

Finalmente, la mentira que hay detrás de los argumentos de Aznar y demás políticos neoliberales se demuestra si tomamos en cuenta los recursos con que se podría disponer para financiar el Estado de Bienestar. Valga un sencillo razonamiento.

El gasto que realizan anualmente todos los gobiernos del planeta es de unos 20 billones de dólares anuales.

Según el Banco de Pagos Internacionales, el volumen total de transacciones financieras en todo el mundo fue de unos 9.765 billones de dólares en 2015 (estoy hablando de millones de millones).

Por tanto, todo el gasto público mundial (no solo el destinado al bienestar) se podría financiar haciendo desaparecer TODOS  LOS IMPUESTOS QUE SE PAGAN EN EL MUNDO (este es el momento en que los economistas liberales deberían levantarse al unísono para hacer la ola a los economistas que hacemos esta propuesta) y estableciendo solo y simplemente una minúscula tasa de 20 céntimos por cada 100 dólares de transacción financiera. Ni un impuesto más.

Sé que el ejemplo es algo burdo porque me consta que las transacciones son complejas y que una medida de esta naturaleza requeriría medios y voluntad política hoy día inexistentes. Pero sirve para lo esencial, esto es, para demostrar que el problema básico al que se enfrenta el mantenimiento, no solo del Estado de Bienestar existente sino el de uno muchísimo más avanzado, no es la falta de recursos. Como también podría llegarse a la misma conclusión sobre la financiación del Estado de Bienestar en España: se podría financiar sin dificultad simplemente logrando que todos españoles y todas las empresas contribuyeran al fisco tal y como se establece en la Constitución española, de acuerdo con su capacidad económica y bajo los principios de igualdad y progresividad.

No hay falta de recursos, hay miseria de voluntades y una ideología anarco-capitalista con suficiente poder imponerse a base de mitos y falsedades.

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Aquí puedes leer el anterior artículo de Juan Torres de la serie Desvelando mentiras, mitos y medias verdades económicas: ” ¿Quiénes son los adictos a la deuda?“.

Cómo el poder de género, además del poder de clase, explica también el subdesarrollo social de España (parte 2)

26 mayo, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 1 de marzo de 2017.

Este artículo muestra que la mayor causa del subdesarrollo del Estado del Bienestar se debe no sólo al poder de la clase dominante, sino también al poder del género dominante. Ello se nota predominantemente en el subdesarrollo de los servicios de ayuda a las familias, que son en realidad servicios de ayuda a las mujeres debido a que en España familia quiere decir mujer.

En un artículo anterior expliqué cómo el gran poder e influencia de las clases dominantes en España sobre el Estado (bien sea central o autonómico) ha causado el enorme subdesarrollo de los servicios y transferencias públicos de su Estado del Bienestar (“Las consecuencias del poder de clase: el subdesarrollo social de España (parte 1)”, Público, 23.02.17). En este artículo voy a mostrar cómo el poder de género determina que dentro de la pobreza y el subdesarrollo del Estado del Bienestar, aquellos servicios que tienen menos recursos y están menos desarrollados, son aquellos que afectan particularmente a las mujeres, y que son los servicios de ayuda a las familias, tales como escuelas de infancia -mal llamadas guarderías en España-, y los servicios domiciliarios a las personas con dependencia.

Para mostrar la gran pobreza de recursos públicos para la mujer es importante contrastar el desarrollo de tales servicios del Estado del Bienestar en Suecia (país que ha sido gobernado por las izquierdas por la mayoría del periodo de tiempo que va desde la II Guerra Mundial hasta ahora) con los existentes en España (gobernada por fuerzas y partidos conservadores durante la mayoría del mismo periodo, que va desde los años cuarenta a este año. El contraste en el desarrollo de tales servicios de ayuda a las familias es enorme. De ahí que debamos preguntarnos: ¿Cuáles son las diferencias en la financiación y desarrollo de tales servicios públicos del Estado del Bienestar en los dos países, y por qué estas diferencias? Y para explicarlo permítaseme que el artículo adquiera un tono personal, pues creo que es la manera más didáctica de señalar tal diferencia y el por qué de tales diferencias.

Cuando tuve que irme de España debido a mi participación en la resistencia antifascista a principios de los años sesenta, fui a Suecia (cuyo partido gobernante, por cierto, había ofrecido gran ayuda a la resistencia contra la dictadura en este país). Y fue así como conocí a la que ha sido mi esposa durante más de cincuenta años. Mi esposa es sueca, y mi suegra era también sueca. Hace casi veinte años que mi suegra, que entonces tenía 78 años, se cayó y se rompió el fémur, una situación que ocurre con bastante frecuencia entre los ancianos. En realidad, la misma semana mi madre, de 92 años, que vivía en Barcelona, también se cayó y se rompió el fémur. Así pues, tuve la oportunidad de ver cómo la sociedad sueca cuidaba a mi suegra, y cómo la española cuidaba a mi madre.

Los servicios de atención a las personas con dependencias: comparando España con Suecia

En Suecia, mi suegra tenía el derecho individual (como ciudadana sueca, e independientemente de que tuviera o no familiares que pudieran atenderla) a tener cinco visitas al día de los servicios públicos domiciliarios para las personas con dependencias. Una visita por la mañana, venía, la despertaba, y le preparaba el desayuno; otra venía al mediodía y le preparaba la comida; otra venía por la tarde y la llevaba a pasear en una silla de ruedas o le hacía compañía en casa; otra venía más tarde a prepararle la cena y otra, a las dos de la madrugada, venía a ayudarla a ir al lavabo. Cinco visitas al día. Y mi suegra, como ciudadana sueca, lo veía como lo más natural del mundo. Y cuando cenaba yo con mi amigo, el entonces ministro socialista de Sanidad y Asuntos Sociales, me decía: “Vicenç, proveemos estos servicios por tres razones. Una porque es un servicio sumamente popular. Cuando las derechas (los conservadores y los liberales) gobiernan, no lo tocan pues saben que pagarían un coste electoral si lo redujeran. La segunda razón es que es más económico tener a tu suegra en su casa que en una institución. Y la tercera razón es que creamos empleo”. En Suecia, uno de cada cinco adultos trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar (tales como sanidad, educación, escuelas de infancia –que abren de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, con una gran riqueza de personal y recursos–, servicios domiciliarios –también con gran riqueza de recursos y personal–, servicios sociales, servicios de prevención de la exclusión social, servicios a la infancia y a la juventud, y servicios a la tercera edad, entre otros). En España no llegamos ni a uno de cada diez adultos. En realidad, si tuviéramos el mismo porcentaje de adultos trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar que tienen en Suecia, tendríamos unos 3,5 millones más de puestos de trabajo de los que tenemos, reduciendo espectacularmente el desempleo en España.

La pobreza de tales servicios de ayuda a las familias en España

Habiendo visto qué pasaba en Suecia, veamos qué pasaba en España y preguntémonos: ¿quién cuidaba a mi madre? En Barcelona no había tales servicios públicos. Los únicos que había los proveía el Ayuntamiento, pero eran solo para personas muy pobres y con una intensidad de atención muchísimo menor que en Suecia (dos visitas a la semana). Esta observación no es una crítica al Ayuntamiento de Barcelona, pues un ayuntamiento no puede abonar el coste de tal servicio (en Suecia lo pagan, aparte de los ayuntamientos, el gobierno regional, el Estado central y el usuario, que contribuye con parte de su pensión). En Barcelona había unos servicios privados que le costaban un riñón al usuario. Eran muy caros (aun cuando la mayoría de las trabajadoras empleadas en el servicio domiciliario eran ecuatorianas, a las que se pagaba pésimamente). El elevado precio de tales servicios privados implicaba que no fueran accesibles para las clases populares.

La pregunta, pues, continúa: ¿quién cuidaba a mi madre? Y la respuesta la conoce cualquier mujer en España: mi hermana, de mi edad. La mujer española cubre las enormes insuficiencias del Estado del Bienestar español, con un coste humano enorme. La mujer española tiene tres veces más enfermedades debido al estrés que el hombre. Tiene también un coste social elevado, pues la sobrecarga de la mujer explica que España tenga una de las fertilidades (número de niños por mujer fértil) más bajas del mundo. La mujer española cuida (dentro de la familia) a los infantes, a los jóvenes (que viven en casa de los padres hasta los 29 años como promedio), a sus parejas y a los ancianos, y, además, el 53% trabaja también en el mercado laboral. Ser mujer en España es ser un ser humano estresado por tantas responsabilidades, y con escasísima (prácticamente nula) ayuda por parte del Estado.

Y todo ello ocurre en una sociedad que se define como “muy pro familiar” en la que la familia es supuestamente el centro de la sociedad. La hipocresía de la estructura de poder dominada por los hombres (responsable del subdesarrollo del Estado del Bienestar, como mostré en mi artículo anterior) aparece, entre otros muchos casos, en la narrativa oficial del país, que se presenta como “muy pro familiar” que contrasta con el nulo apoyo a la familia por parte del Estado, cuyas políticas públicas aquellas estructuras de poder determinan. El poder de clase y el poder del hombre (el género dominante en las estructuras del poder del Estado) explican la enorme pobreza de los servicios de ayuda a las familias (y en España, cuando decimos familia, decimos mujer). Y este subdesarrollo de estos servicios hace un daño tremendo a la mujer y a toda la sociedad.

El olvido a los infantes. La pobreza y subdesarrollo de las escuelas de infancia en España

Otro servicio de una enorme importancia para ayudar a las familias (y por lo tanto a la mujer) son las escuelas de infancia, un servicio muy poco desarrollado en España, y ello a pesar de la gran evidencia existente en la literatura científica que muestra que la inversión pública en las escuelas de infancia en un país es una de las inversiones más importantes que puede hacer un Estado, ya que el desarrollo emocional, psicológico e intelectual de un infante es esencial para el futuro de un país. Y tal desarrollo requiere de una interacción y socialización con otros seres humanos (además de las madres y los padres) desde una edad muy temprana.

De todo lo dicho hasta ahora es fácil deducir que el Estado (sea central, autonómico o local) debe desarrollar tres tipos de políticas públicas para ayudar a las familias (y, repito, por lo tanto a la mujer) a alcanzar una sociedad justa que intente eliminar todo tipo de explotación (tanto de clase como de género), una sociedad que sea humana, solidaria y amable, y que ayude a sus miembros a alcanzar la felicidad que todo ser humano merece. Una de estas intervenciones es la de establecer servicios de apoyo a las mujeres que les permitan compaginar sus responsabilidades familiares con su proyecto profesional. La otra intervención pública consiste en facilitar una revolución cultural, socializando al hombre en la corresponsabilización de las obligaciones familiares. Y la tercera intervención es facilitar la independización de los hijos e hijas de sus padres, dejando el hogar familiar a edades más tempranas que ahora. No es bueno para una sociedad que los hijos e hijas vivan con los padres hasta que tienen 29 años como promedio. No deberían sobrepasar los 18 años. Eso requiere toda una serie de intervenciones que faciliten su emancipación.

Debe establecerse el 4º pilar del bienestar: ¿qué es este pilar?

Está claro que la liberación de la mujer es una exigencia para el bienestar de toda la sociedad, hecho poco apercibido por las clases dominantes en España. El número de hijos e hijas que desean las familias españolas es 2 por familia (número que es también bastante común a los dos lados del Atlántico Norte). Y en España es donde el número actual (1,32) es más distante del deseado, solo por delante de Grecia (de entre los países de la UE-15). Por otra parte, tenemos evidencia de que la mayoría de mujeres desea desarrollar una profesión o trabajo en el mundo laboral, situación que es de una gran importancia económica, pues la entrada de la mujer en el mercado de trabajo es una condición sine qua non para aumentar la riqueza del país (trabajo quiere decir riqueza), así como para crear empleo. La entrada de la mujer al mercado laboral crea la necesidad de crear puestos de trabajo para realizar los servicios personales que antes realizaba como ama de casa.

De ahí que facilitar esta integración de la mujer en el mercado de trabajo sea una exigencia humana y también económica. Y esto es lo que vieron los gobiernos suecos ya en los años sesenta. Tuve el enorme privilegio entonces de conocer a Alva Myrdal, que con su esposo, Gunnar Myrdal (más tarde Premio Nobel de Economía), establecieron las bases de las políticas familiares en Suecia. Ya en los años cincuenta, el gobierno sueco era consciente que en un futuro próximo faltarían personas para ocupar los puestos de trabajo. De ahí que el gobierno sueco considerara dos alternativas para resolver tal problema. Una hubiera sido la de facilitar la inmigración y abrir las fronteras ampliamente. La otra era facilitar la integración de la mujer en el mercado de trabajo, que es la que escogieron. En España se escogió siempre la primera alternativa (facilitar la inmigración) sobre la segunda alternativa (ayudar a la integración de la mujer al mercado de trabajo), en parte debido al dominio de las derechas y del mundo empresarial sobre las instituciones políticas (el inmigrante, por su condición de inmigrante, con menor protección social, acepta salarios más bajos y condiciones de trabajo peores). De ahí que Suecia tenga el porcentaje mayor de mujeres en el mercado de trabajo, y España tenga uno de los porcentajes menores. Una condición para la integración de la mujer en el mercado laboral es facilitar su integración estableciendo unos servicios de ayuda a las familias, como escuelas de infancia y servicios domiciliarios para las personas con dependencias (tal como hicieron en Suecia), lo que se conoce en España como el 4º pilar del bienestar. Tales servicios están muy poco desarrollados en España.

¿Hay posibilidades de que se establezca el 4º pilar del bienestar en España?

Sí que las hay. Pero ello requiere una gran presión social. Y sería de desear que el movimiento feminista hiciera suya esta campaña. Me explicaré. Y permítaseme que, de nuevo, me refiera a mi experiencia personal.

Desde que me integré en España de nuevo, hace ya muchos años, he intentado ayudar a todas las fuerzas progresistas que desean mejorar la muy mejorable situación social y económica de las clases populares. Dirijo el Programa de Políticas Públicas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), y desde allí intento poner mi conocimiento al servicio de aquellos gobiernos, partidos políticos, sindicatos o movimientos sociales que me pidan ayuda para facilitar su compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida de las clases populares. Entre los profesores del programa tengo la suerte de contar con el economista Josep Borrell. Su enorme experiencia en los gobiernos de España y en el Parlamento Europeo, y su gran sensibilidad social han sido de gran valía. Cuando fue elegido en las primarias del PSOE (contra el candidato oficial Joaquín Almunia) me llamó enseguida pidiéndome que le ayudara. Y nos encontramos en la estación de Sants. Siempre recordaré aquella tarde por lo que ocurrió. Me pidió que le ayudara y recuerdo que le dije que sí que le ayudaría, pero esta ayuda estaba condicionada a que se comprometiera, en caso de que fuera Presidente del gobierno español, a desarrollar diez políticas públicas. Y la primera era comprometerse a que se establecieran los servicios a las mujeres españolas que ya tenían las mujeres suecas, garantizando que tuvieran los mismos derechos que tenía la mujer sueca. Y cuando me preguntó el significado de tal promesa, le mostré una silla cercana a la que le faltaba una pata de las cuatro que debería tener y le dije: “el Estado del Bienestar en este país es como esta silla, tiene tres patas. Una es el derecho a la sanidad (un derecho, por cierto, todavía no formalizado), otra es el derecho a la educación, y la tercera es el derecho a la pensión (derecho que todavía no existe plenamente, aun cuando las pensiones no contributivas van en esta dirección). Pero no hay una cuarta pata, que es el derecho al acceso a los servicios de ayuda a las familias, que debería incluir el derecho a las escuelas de infancia y el derecho a los servicios domiciliarios (tal como ocurre en Suecia)”. Como era de esperar, Josep Borrell me preguntó cómo lo pagaríamos. Y yo, que sabía que me haría la pregunta, le propuse las medidas fiscales necesarias que serían populares y que la ciudadanía apoyaría, pues estarían basadas en aumentar la carga impositiva a las rentas derivadas de la propiedad del capital y de las rentas superiores. Borrell y yo titulamos a estos servicios, en recuerdo de la cuarta pata de la silla, el 4º pilar del bienestar, término que desde entonces ha hecho fortuna.

Cuando los socialistas gobernaron, de nuevo, más tarde, aceptaron una parte de la propuesta que hicimos, el establecimiento de los servicios domiciliarios (por desgracia, escasamente financiados y que los gobiernos conservadores en España, incluyendo en Catalunya, han reducido enormemente), sin establecer, sin embargo, las escuelas de infancia. El hecho de que se redujera la financiación de los servicios domiciliarios y ni siquiera se incorporaran las escuelas de infancia se debe a la escasa presión popular ejercida sobre los aparatos del Estado, escasa presión resultado del limitado poder de la mujer (y sobre todo de la mujer enraizada en las clases populares) en las instituciones políticas y en la sociedad civil. El machismo en España es muy fuerte, como ocurre en todas las sociedades con una intensa y extensa cultura religiosa.

Es cierto que hay cada vez más mujeres en las Cortes y en los centros de decisión. Pero mi experiencia en varios países donde he vivido y trabajado, me ha enseñado que el mero cambio de hombres por mujeres en las instituciones representativas no es suficiente para que la vida de la mayoría de las mujeres –que pertenecen a las clases populares– se beneficie de ello. Esto ha pasado con los hombres y pasará con las mujeres. Hay clases sociales dentro de los hombres y hay clases sociales dentro de las mujeres. A no ser que las mujeres en puestos de poder representen sobre todo los intereses de las mujeres de las clases populares (que constituye la mayoría de las mujeres en cualquier país), el bienestar de estas últimas no mejorará. Esto es lo que ha ocurrido con los negros en EEUU. No hay que olvidar que durante el mandato del Presidente Obama, el primer presidente de EEUU afroamericano, la calidad de vida y bienestar de la mayoría de los afroamericanos de clase trabajadora no mejoró. Y tampoco hay que olvidar que la mayoría de las mujeres de clase trabajadora no votaron a la feminista Hillary Clinton, sino al candidato Trump, que se presentó con un discurso y narrativa de clase apelando a la clase trabajadora blanca frente al establishment político-mediático representado –según Trump- por la candidata demócrata, la Sra. Hillary Clinton, que se presentó como la mujer feminista en defensa de las mujeres. La candidata del movimiento feminista, liderado por mujeres de clase media alta y por clase de renta alta, en el caso de la Sra. Clinton, nunca se dirigieron a la clase trabajadora y a su sufrimiento, consecuencia de la aplicación de las políticas liberales. De ahí que las mujeres de las clases populares votaran al candidato republicano Trump como rechazo a lo que representaba la Sra. Clinton, el “male dominated establishment” del Partido Demócrata, que en su día (hace ya muchísimos años, durante la época del Presidente Roosevelt) se consideraba el Partido del Pueblo.

De todo lo dicho en el artículo se debería concluir que los partidos progresistas deberían ser especialmente sensibles a las conexiones entre los dos tipos de explotación: el de clase y el de género. Este es el reto de las y los feministas en tales opciones políticas: tener en cuenta la dimensión de clase, priorizando siempre a las clases populares, y en este caso a las mujeres de tales clases para las cuales el desarrollo del 4º pilar del bienestar es esencial para mejorar su bienestar. Estos servicios y el cambio de actitud del hombre son elementos de enorme importancia en la liberación de la mujer -y también del hombre-, pues este último, al sostener y mantener su carácter explotador, disminuye y limita el potencial de su propio desarrollo emotivo, psicológico e intelectual. La evidencia de ello es abrumadora.

La Monarquía como freno al cambio político y social en España

5 abril, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 5 de enero de 2017, y en catalán en la columna “Pensament Crític” en el diario PÚBLIC, 9 de enero de 2017.

Este artículo analiza el papel determinante que juega la Monarquía en la defensa del orden conservador que domina las instituciones del Estado español, dominio que es responsable del gran retraso social y político de este país.

Una de las percepciones que me sorprendió y preocupó más al integrarme de nuevo en la vida académica y política de España fue la que existía entre amplios sectores de las izquierdas gobernantes de que la Monarquía había sido un elemento determinante en el establecimiento de una democracia considerada como homologable al resto de las democracias en la Europa occidental, atribuyéndosele así una vocación democrática a tal institución y al que la dirigía, el Rey Juan Carlos, aun cuando su perpetuación en la gobernanza del país había sido impuesta por uno de los dictadores más crueles y represivos que hayan existido en la Europa occidental del siglo XX (según el profesor Malefakis, Catedrático de la Columbia University, en Nueva York, y experto en fascismo europeo, por cada asesinato que hizo Mussolini, el régimen dictador del General Franco asesinó a 10.000). Tal vocación democrática de la Monarquía parece –según aquellas izquierdas- haberse acentuado todavía más durante el mandato de su sucesor, el Rey Felipe VI, al cual se le considera ya aclimatado completamente a un régimen democrático, jugando un papel estabilizador del sistema.

¿Qué es lo que el Monarca estabiliza?

En esta percepción que acabo de describir se olvida, sin embargo, que la Monarquía ha jugado durante todo el periodo democrático un papel esencial en garantizar la perpetuación de las coordenadas de poder solidificadas durante la Transición, que han obstaculizado el progreso social, político e incluso económico del país. Aquellos que perpetúan la percepción de la Monarquía que describo en el párrafo anterior están ignorando que el hecho de que España, casi cuarenta años después de que se estableciera la democracia, continúe teniendo uno de los Estados del Bienestar menos desarrollados de la Unión Europea de los Quince (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo al español), con uno de los gastos públicos sociales (que incluye sanidad, educación, vivienda social, servicios de ayuda a las familias y pensiones, entre otros) per cápita más bajos de tal Unión (y una de las democracias más limitadas en la misma UE-15), se debe precisamente a una continuidad y perpetuación de la excesiva influencia que las fuerzas conservadoras han tenido sobre el Estado español, lo cual ha dificultado su desarrollo político y social. Y el estandarte de estas fuerzas conservadoras ha sido la Monarquía. Este orden monárquico ha estado basado en un régimen bipartidista en el que los cambios han sido siempre limitados, como consecuencia de una enorme estabilidad en las relaciones de poder dentro de las instituciones políticas. Resultado de esta enorme influencia, todas las instituciones del Estado, con notabilísimas excepciones, están controladas o están bajo el dominio de las fuerzas conservadoras. La evidencia de ello es abrumadora. Lo ocurrido en estas últimas elecciones al Congreso de los Diputados es un ejemplo de ello.

La perpetuación del subdesarrollo social de España

Ni que decir tiene que España ha vivido cambios muy importantes, muy en especial durante el periodo de gobiernos de izquierdas. El desarrollo (aunque subfinanciado) del Estado del Bienestar es uno de ellos. Ahora bien, las coordenadas de poder dentro del aparato del Estado han cambiado poco, con una enorme influencia de las fuerzas conservadoras (las mismas que dominaban el Estado dictatorial) sobre tal aparato. Cómo explicar, si no, que España, casi cuarenta años después de la llamada erróneamente “transición modélica” de una dictadura a una democracia (presentada con excesiva complacencia como homologable con cualquier otra en la UE-15), todavía sea el país de tal UE-15 con mayor número de policías por cada 100.000 habitantes (recordando su pasado histórico dictatorial) y, en cambio, con uno de los menores porcentajes de la población adulta trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar (tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia y servicios domiciliarios a personas con dependencia, entre otros). Los datos están ahí disponibles y son fácilmente accesibles. Según la oficina de estadística de la UE, Eurostat, España tiene 527 policías por cada 100.000 habitantes, el número más elevado de los países de la UE-15. En realidad, España tiene el mismo número de policías que Alemania, país que es mucho más grande que España (que tiene casi 36 millones menos de habitantes que Alemania).

A la vez que los aparatos de policía y seguridad del Estado están sobredimensionados, destaca el número muy bajo de personas adultas trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar. En realidad, el porcentaje de población adulta que trabaja en estos servicios (tales como sanidad y educación, entre otros) es solo del 10%, cuando en Suecia es el 21%; el promedio de la UE-15 es el 12%. Estos indicadores son una muestra del enorme poder que las fuerzas conservadoras tienen sobre el aparato del Estado.

Este enorme poder se reproduce, en parte, mediante la intervención llevada a cabo por los aparatos de policía y seguridad (sean del Estado central o autonómicos), cuya primera función es garantizar el “Respeto a la Ley”, principio central en un sistema en el que tal ley ha sido fruto, precisamente, de aquellas desiguales coordenadas de poder. Esta intervención tiene como función no tanto la eliminación de la delincuencia y la criminalidad común (que es de las más bajas de la UE-15), sino la defensa del orden político y jurídico que los favorece. La defensa de la ley es el punto central del sistema de poder institucional, caracterizado por favorecer sistemáticamente a grupos minoritarios que gozan de gran poder económico, financiero, político y mediático, a costa del poder de las clases populares que constituyen la mayoría de la población. La evidencia de ello es abrumadora (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. Anagrama, 2006).

Pero tal intervención policial no es suficiente. Está reforzada por un poder jurídico que garantiza la aplicación de tal ley, así como (y muy en particular) por los medios de información (que son predominantemente medios de persuasión), que constantemente se movilizan para garantizar lo que llaman la “estabilidad política”, que es, ni más ni menos, que la continuidad del orden establecido con las coordenadas de poder continuadas en la Transición definida como “modélica”.

La amenaza que supuso para el orden establecido el movimiento 15-M

Uno de los hechos más importantes ocurridos en los últimos años en España es la aparición y crecimiento de un movimiento democrático –el 15-M- que tuvo como característica denunciar la escasa representatividad y limitadísima democracia existente en las llamadas instituciones representativas del país. Su famoso eslogan “no nos representan” se hizo popular rápidamente hasta tal punto que las encuestas mostraban que la mayoría de la población estaba de acuerdo con el contenido de aquel eslogan. Otros eslóganes como “no hay pan para tanto chorizo” gozaron de igual popularidad. Tal movimiento alcanzó las dimensiones de un tsunami político, alarmando enormemente al establishment político-mediático del país. Y dicha alarma se acentuó cuando tal movimiento generó no solo una protesta, sino también un deseo de cambio profundo de las instituciones, apareciendo a lo largo del territorio español –tanto en el centro como en la periferia- fuerzas progresistas y movimientos político-sociales que consiguieron un apoyo electoral, a todas luces sorprendente y súper preocupante para tal establishment, representado en la figura del Monarca.

La respuesta represiva del establishment político-mediático frente a las nuevas fuerzas políticas surgidas del 15-M

De ahí que haya habido una enorme hostilidad hacia tales nuevas fuerzas políticas, encauzada por la práctica totalidad de los mayores medios de comunicación, claramente influenciados por las fuerzas financieras y económicas que constituyen el eje del establishment conservador que se opone por todos los medios al profundo cambio democrático que se requiere en este país para alcanzar niveles de calidad democrática homologables a los existentes en los países de la UE-15. Este establishment quiere eliminar a estos nuevos movimientos políticos, intentando recuperar el bipartidismo que les sirvió favorablemente durante la mayoría del periodo democrático. Es a esta movilización de los medios de información y persuasión en contra del cambio a la que el Monarca Felipe VI se refirió positivamente al destacar (y alabar) “el papel de la prensa en la estabilidad de un escenario político inédito” (declaración que aplaudió con orgullo El País, el rotativo que ha liderado dicha hostilidad hacia aquellas fuerzas democráticas). El Monarca, por cierto, mostró claramente su concepción de la prensa cuando, a raíz de un acto patrocinado por el diario ABC (que en el abanico mediático europeo correspondería a la extrema derecha), definió a este periódico como un diario dirigido por una “redacción dinámica, diversa y plural”, (el subrayado es mío), mostrando lo que entiende por pluralidad. El entendimiento con pluralidad incluye solo variaciones de la ultraderecha y derecha.

Es frente a esta realidad que no entiendo cómo algunas voces de izquierdas, todavía hoy, consideran que no es un tema importante o prioritario para las izquierdas pedir un cambio en el régimen político español, pasando de una Monarquía a una República. Por lo visto no se han dado cuenta todavía de que hay una relación directa entre el enorme retraso social y político de España y la perpetuación del régimen conservador basado en la perpetuación de la Monarquía. La evidencia muestra que la Monarquía es el eje central del establishment político-mediático conservador español. Y de ahí que su defensa sea el elemento central del régimen bipartidista español, habiendo hecho de su permanencia uno de los objetivos más importantes ante una eventual reforma de la constitución por parte del PP y del PSOE.

¿Qué es lo que deberían proponer las fuerzas democráticas?

Se deriva de esta realidad (que se intenta ocultar en los medios) que debería ser un objetivo de las fuerzas auténticamente democráticas recuperar la memoria y la cultura republicanas, puesto que la cultura monárquica nos ha llevado a esta situación que configura un futuro donde España continuará con su enorme retraso social y democrático durante muchas décadas. Lo cual me lleva a comentar otro indicador del carácter profundamente conservador que la Monarquía transmite a la población en general –reproduciendo y promoviendo las ideas y narrativa de las derechas victoriosas del golpe militar–. En su discurso de fin de año el Monarca repitió, una vez más, la desaprobación de la recuperación de la memoria histórica, refiriéndose al tema de “la importancia de no abrir de nuevo las heridas”, que es el eslogan utilizado precisamente por las fuerzas conservadoras frente a recuperar la memoria histórica ocultada a la población asumiendo que el silencio –fruto de la represión- se traducirá en olvido. Detrás de la enorme resistencia a recuperar la memoria histórica existe el intento de no recuperar la historia real del país, tergiversada por las fuerzas conservadoras, pues tal recuperación es esencial para establecer una auténtica democracia, cuyas raíces deben basarse en la cultura republicana que significó un gran avance en el desarrollo de la democracia en España. En realidad las heridas nunca se cerraron, y el rechazo a la memoria histórica es precisamente el miedo a que se conozca la historia del país, todavía desconocida y, lo que es peor, ignorada en las escuelas de este país. Hoy todavía 130.000 personas están desaparecidas, siendo tal número la mayor cifra (en términos proporcionales) de desaparecidos en el mundo, después de Camboya. Sus restos están repartidos indignamente en fosas y cunetas a lo largo del territorio del país, gozando los perpetradores de tanta brutalidad de plena inmunidad por todos los daños y crueldades, silenciados, cuando no homenajeados, en el país. La petición del Rey de no abrir heridas se basa en su esperanza de que el silencio lleve al olvido, tal como siempre han querido las fuerzas conservadoras del país. Definir al Rey como representando a todos los españoles se está presentando cada día más difícil, pues en los momentos de redefinición de las realidades del poder dentro del Estado, su discurso y su práctica son –como siempre ha sido la Monarquía en este país- claramente opuestos al cambio democrático que el país necesita como el aire que respira.

La desinformación y manipulación de los medios sobre Vistalegre II

16 marzo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Público” en el diario PÚBLICO, 14 de febrero de 2017.

Este artículo es una crítica a la sistemática mentira y manipulación que los grandes medios de información del país utilizaron en su cobertura de la asamblea de Podemos en Vistalegre, contrastando lo que ocurrió en aquel congreso con la manera como lo presentaron los grandes medios.

Este fin de semana he estado en la II Asamblea Ciudadana de Podemos en Vistalegre y he podido ver desde el primer minuto hasta el último lo que estaba ocurriendo. Creo conocer bien, pues, lo que ha pasado allí y que coincide muy poco con lo que he estado leyendo en la prensa, oyendo en la radio o viendo en la televisión sobre Vistalegre durante este fin de semana (y en días anteriores). Claramente ha habido estos días dos Vistalegres: el real (lo que ocurrió en Vistalegre) y el mediático, es decir, el Vistalegre que los medios (que se autodefinen como de información) intentaron presentar con una abundante manipulación, escasa veracidad y gran hostilidad hacia Podemos. Una vez más, es fácil de ver que uno de los mayores problemas que tiene la muy limitada democracia española es la falta de libertad de prensa, con una escasísima diversidad ideológica y con una ausencia de medios progresistas que puedan mostrar y denunciar su enorme sesgo derechista. En lugar de medios de información, lo son de persuasión y propaganda. Veamos los datos, y primero hablemos del Vistalegre real.

Qué ocurrió en el Vistalegre real

En Vistalegre vi un gran debate que se inició ya hace varias semanas sobre temas esenciales para el país, tales como la estrategia para alcanzar un país más justo, más democrático, más solidario y más plurinacional. Una fuerza política que no existía hace solo tres años se había convertido en la segunda fuerza del país (en alianza con IU), convirtiéndose en la oposición real a la coalición PP-PSOE-Ciudadanos, comprometidos estos últimos en continuar las políticas que se han estado imponiendo a la población española sin que hubiera un mandato para ello. Tales políticas –reformas laborales encaminadas a reducir los salarios y la protección social del mundo del trabajo, y recortes del gasto público social destinados a reducir y debilitar los servicios (como sanidad, educación, vivienda social, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a personas con dependencia, prevención de la pobreza y exclusión social, entre otros) y de las transferencias del Estado del Bienestar (como pensiones)- han tenido un impacto sumamente negativo en la calidad de vida y bienestar social de las clases populares. Los datos que documentan esta realidad son claros y convincentes. No es sorprendente, pues, que estas clases hayan canalizado su enfado y frustración a través de nuevas fuerzas políticas a lo largo del territorio español, dentro de las cuales Podemos y su aliado, IU, junto con las confluencias como En Comú Podem, En Marea, Compromís y otros han sido las más importantes.

Y es de gran importancia e interés observar que, mientras este rechazo y enfado hacia el establishment (es decir, la estructura de poder político) se ha canalizado a través de partidos políticos de extrema derecha en países como EEUU (Trump) y Francia (Le Pen), en España han sido partidos claramente progresistas, enraizados en las izquierdas, los que han sabido oír y verbalizar dicha protesta y rechazo, y responder con propuestas auténticamente transformadoras cuya aplicación significaría predeciblemente una amenaza para tales establishments políticos y los intereses financieros y económicos que representan. El empuje de estos movimientos ha significado un tsunami político que se está expandiendo a nivel no solo central, sino también autonómico y municipal. Y todo ello ha ocurrido en un periodo de tiempo extraordinariamente corto.

La importancia de Vistalegre II

No es, por lo tanto, de extrañar que en un movimiento político-social que ha crecido de una manera tan rápida haya tenido que ir resolviendo problemas surgidos como consecuencia de su limitada experiencia y de la enormidad de la labor a realizar. De ahí la necesidad de los grandes debates sobre temas esenciales en un partido como Podemos, que aparecieron en los documentos que las tres principales sensibilidades existentes dentro de Podemos presentaron en el congreso, y que contenían sus propuestas de orientación política (de dónde venimos y a dónde queremos ir), de forma organizativa, de planteamiento ético y sus propuestas de cómo alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. La lectura de cada uno de estos documentos era fundamental para entender tal movimiento político-social y los debates en Vistalegre.

A lo largo de mi larga vida en varios países y en más de un continente (como asesor y/o participante en movimientos con vocación de servicio a las clases populares y con intención transformadora), he participado en muchos congresos y he leído muchos documentos congresuales, y puedo dar constancia (como economista y como politólogo) que en Vistalegre cada uno de estos documentos reflejaba un elevado grado de compromiso con el cambio, con una gran calidad de exposición y con una feliz mezcla de idealismo con realismo. Y lo que es también importante de resaltar es que los intensos debates que existieron entre las distintas sensibilidades se realizaron con gran madurez y sin insultos. Estuve con mi esposa todos lo dos días, sin ausentarme de Vistalegre ni un minuto, y pude escuchar todas las presentaciones. Y puedo dar testimonio que no vi ningún sarcasmo, ningún insulto y ningún síntoma de la famosa mala leche ibérica que aparece con excesiva frecuencia en reuniones políticas de tal naturaleza. Y ello ocurrió, repito, en pleno ejercicio de un debate intenso con claras opiniones contrapuestas y con críticas muy fuertes hacia posturas contrarias. En realidad, el deseo de encontrar puntos comunes y establecer un proyecto unitario caracterizó a la asamblea, que transcurrió durante toda la reunión con el claro objetivo, manifestado por la gran mayoría de los presentes de, respetando la diversidad, reforzar la unidad.

Fue un placer para mi esposa y para mí estar estos dos días con gente de todas partes de España, de todas las clases sociales (con clara mayoría de clases populares), y ver, entre otros miles de ejemplos de camaradería, a una trabajadora de Coca-Cola, en huelga, fraternizar con un general del ejército, o a una enfermera con un guarda civil, todos ellos en un proyecto común: transformar profundamente este país. La única crítica que yo haría es que el excelente sentido de fraternidad que se vivía no se reflejara con una cultura del canto, desaprovechando la enorme gama de canciones populares de protesta, amor y esperanza que existe en este país. Me encanta L’Estaca, que se cantó al final, pero fue de las poquísimas que se cantaron. Espero que en Vistalegre III se cante mucho más. Hasta aquí mi informe sobre Vistalegre sobre lo que vi. Pero nada de esto apareció en lo que se presentó al público por parte de los grandes medios.

El Vistalegre de los medios

Este otro Vistalegre, el que apareció en los grandes medios de información, fue muy diferente. En primer lugar, no hubo ningún gran rotativo, o programa radiofónico o de televisión, que presentara los documentos que se debatieron en el congreso. Repito, ni uno. En su lugar, las simplificaciones que intentaban resumir las diferencias alcanzaron niveles de auténtica frivolidad. En lugar de analizar tales propuestas, prácticamente todos los medios continuaron presentando el congreso de Vistalegre como la culminación del conflicto entre dos dirigentes, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, que terminaría con la expulsión de uno de ellos de la dirección, o incluso de Podemos. Todos acentuaron la inevitabilidad de la división y de la escisión, presentando el debate como una mera lucha por el poder, asumiendo, además, que luchaban para conseguir el sillón o los privilegios que conlleva el poder, concluyendo maliciosamente que se comportaban como todos los dirigentes de los otros partidos. En esta presentación llegaron a unos niveles de una enorme mezquindad, con ataques a nivel personal. En realidad, la banalización de la presentación de tales debates por los medios llegó a niveles absurdos, haciendo por ejemplo referencia a datos extremadamente personales y claramente insultantes, como las parejas y cambios de parejas, manipulaciones dignas de los Eduardo Indas de este país. Nunca, sin embargo, presentaron los debates por lo que, en realidad, eran: legítimas e importantes diferencias de estrategia en los necesarios cambios que tiene que tener España.

Los medios de información en España como medios de persuasión y de propaganda

No hay duda de que el intento de tal reportaje sobre Vistalegre era debilitar o incluso destruir a Podemos y a sus dirigentes. Esta mezquindad, manipulación y mentiras de los medios son, por cierto, una constante que, por desgracia, las izquierdas no denuncian. Honra a los dirigentes, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, que se excusaran por haber aireado sus diferencias en público, haciéndoles enormemente vulnerables a ser utilizados por unos medios que tienen asignada la función de destruirlos. Y así lo intentaron los medios, mintiendo a mansalva, presentando estas diferencias como cuchilladas del uno al otro que llevarían al exterminio del enemigo, significando la derrota y desaparición de uno a costa del otro. Como dije antes, la escisión se presentaba como una situación inevitable (cuando en realidad jamás tal posibilidad existió). Ejemplos de esta presentación hay a montones. El País, que lideró esta mezquindad, publicó que el conflicto se asemejaba a la lucha entre Stalin y Trotsky; El Periódico (Iolanda Mármol) indicó que la asamblea comenzó “con el alma en vilo y el barro hasta las rodillas”, presentando la lista de miembros del Consejo Ciudadano propuesta por Iglesias como “una ‘camarilla’ que le tienen ‘secuestrado’”; La Vanguardia, que profetizó el colapso de Podemos, presentó a Iglesias como un bolchevique dispuesto a realizar purgas; y así un largo etcétera. Y no digamos ya de los reportajes de la ultraderecha como La Razón, el ABC y otros. Fue una obscenidad, una confusión en la que algunas voces de izquierda, por desgracia, cayeron también. Tales voces criticaron, con razón, a Pablo Iglesias y a Íñigo Errejón por discutir en público sus diferencias, pero no dijeron nada crítico hacia los medios, que en realidad fueron los mayores responsables de crear esta falsa imagen de escisión, con purgas incluidas. Repito que nunca hubo posibilidad de escisión, y no va a haber ninguna purga de Errejón, tal como maliciosamente se está interpretando el hecho de que Errejón deje de ser, probablemente, secretario político, pues tal cargo no existe en ningún otro partido, ya que tal responsabilidad recae en el secretario general. Dicho nombramiento era una anomalía que tenía que corregirse, pues crea confusión. Ahora bien, seguro que los medios continuarán hablando con la simplicidad que han usado, sin ningún respeto a la veracidad.

Desde que me reintegré hace ya bastantes años en la vida académica y política de este país, he ido señalando, criticando y denunciando la falta de pluralidad en los medios y su función propagandista. La cacareada libertad de prensa es la libertad de sus dueños en los medios privados y de los partidos gobernantes en los medios públicos que los instrumentalizan. Son todos ellos instrumentos al servicio del poder, y todos ellos comparten su hostilidad hacia las fuerzas política que consideran amenazantes para el poder que sostienen. Ello no es único de España, pero es mucho más acentuado en este país, que tiene prácticamente una dictadura mediática, algo bien demostrado en el hecho de que no ha habido ni un medio de información que haya presentado de forma medianamente objetiva lo ocurrido en Vistalegre.

La inmunidad de los medios y de su corrupción

Esta dictadura mediática tiene atemorizados a los dirigentes progresistas del país. Pocos dirigentes políticos de izquierdas los denuncien. Aplaudo, por lo tanto, la crítica que hizo Pablo Iglesias al programa de la SER de Pepa Bueno por las manipulaciones, falta a la verdad y vetos de este programa (pueden escucharlo en http://play.cadenaser.com/widget/audio/001RD010000004454179/), y a La Sexta Noche por no solo mantener sino promover a periodistas de sistemática y documentada manipulación y mentira, algunos de ellos cómplices con policías que falsificaron documentos para destruir a Podemos. Refleja bien la inmunidad de los medios y del Estado que los policías que falsificaron evidencias en contra de Pablo Iglesias no hayan sido expedientados y continúen trabajando, y que el periodista cómplice en la distribución de tales falsedades continúe en La Sexta Noche. La inmunidad de la que goza este tipo de corrupción en España es abrumadora y la población es consciente de esta labor de desinformación de los medios de persuasión, lo cual refleja su escasa credibilidad y su baja popularidad. Hoy criticar a los medios, pieza clave del establishment (que existe en España u en otros países como en EEUU) financiero y económico, y a sus instrumentos políticos, debe incluir también el rechazo a sus medios de persuasión. Hay un silencio ensordecedor, basado en el miedo, que debe romperse.

El popular rechazo a los medios

Una figura política que captó rápidamente esta realidad fue el candidato Trump, que en contra de lo que los medios han presentado no tiene nada de payaso. Es una persona de una enorme astucia política y con una enorme capacidad de conexión con las clases populares. Consciente de la impopularidad de los medios entre la clase trabajadora, hizo de su denuncia un punto central de su campaña. En realidad fueron los propios medios, por extraño que parezca, los que habían promocionado al principio de las primarias al candidato Trump, como manera de anular al enemigo no. 1 del establishment estadounidense, el candidato socialista Bernie Sanders, que fue el primero en denunciar el sesgo y manipulación de la mayoría de dichos medios. Una vez anulado Sanders, Trump se les fue de las manos. Nada menos que el director de la cadena CBS había dicho que Trump daba grandes audiencias, lo que representaba unos grandes beneficios empresariales, aun cuando era consciente de que sería un desastre para el país. Pero no fue Trump el que inició o se caracterizó por su denuncia de los medios. Fueron las izquierdas en EEUU las que documentaron la sistemática manipulación y sesgo de la realidad por tales medios. Fue la campaña de Bernie Sanders, por ejemplo, la que documentó las falsedades del Washington Post en su campaña de difamación de su candidatura. El director de El País, Antonio Caño, que en su día como corresponsal de tal rotativo en EEUU promocionó en sus artículos el partido de ultraderecha Tea Party (que jugó más tarde un papel clave en el surgimiento de Trump) (ver mi artículo “El sesgo profundamente derechista de Antonio Caño, el nuevo director de ‘El País’”, Público, 24.02.14), y que definió a Podemos como la fuerza política hermana de Trump (ver mi artículo “Por qué apoyo a Pablo Iglesias, a Podemos y a Unidos Podemos”, Público, 09.02.17), intentó presentar el justificado enfado de Podemos hacia El País como una muestra de pertenecer a la misma familia política que Trump, que critica a los medios. En realidad, la mayoría de partidos que rechazan a los establishments financieros y económicos, y a sus instrumentos políticos, también rechazan a sus medios de propaganda y desinformación, como ha sido El País y otros medios en su cobertura de Podemos.

Sé que es costumbre añadir en esta crítica a los medios la frase estándar de que hay muchos buenos profesionales trabajando en ellos, lo cual es cierto, pero es frustrante su silencio, repito, ensordecedor sobre lo que sus diarios están haciendo al servicio del poder. De ahí que considere que es poco creíble, por ejemplo, la crítica de Iñaki Gabilondo (persona que goza de gran respeto en entornos progresistas) a Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, y en cambio no diga nada de la campaña de los medios en los que trabaja, tales como El País y la Cadena SER, en contra de Podemos, contribuyendo a la inmunidad de la que gozan tales medios, que es sumamente dañina para la democracia española. Seguro que son conscientes de ello.

La ideología que reproducen las “ciencias económicas”

12 marzo, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 9 de enero de 2014

Este artículo critica el área de conocimiento que se llama “ciencias económicas”, mostrando el carácter ideológico de muchos de sus postulados. El artículo también denuncia la excesiva influencia que la banca y las grandes empresas tienen en la financiación de la investigación y de los centros de estudios económicos, incluyendo instituciones académicas.

No hay plena consciencia de que el lenguaje que se utiliza hoy en las ciencias económicas (donde el pensamiento neoliberal es dominante), y que aparece en el discurso hegemónico en los medios de información de mayor difusión, reproduce unos valores que quedan ocultos en la narrativa de esta área de conocimiento. Por ejemplo, es frecuente que se escriba en fórums políticos y económicos que las derechas (fuerzas conservadoras y liberales) priorizan a los mercados como los determinantes del comportamiento económico y financiero, mientras que las izquierdas enfatizan más las intervenciones públicas del Estado para la configuración de las prioridades en los espacios financieros y económicos. En esta dicotomía se ocultan o ignoran varios hechos esenciales.

Uno es que la palabra “mercados” quiere decir, en realidad, los propietarios y gestores del capital, es decir, las grandes empresas que dominan las distintas áreas de la actividad económica, dentro de las cuales las financieras han adquirido un gran protagonismo. Cuando las derechas acentúan que tienen que ser los mercados los que definan las prioridades sociales, están en realidad diciendo que son los propietarios y gestores de las grandes empresas los que tiene que tener la primera y última palabra en las decisiones que afectan a la gobernanza del país. Esta versión aparece con toda crudeza en la famosa expresión que “lo que es mejor para Citibank (en España, el Banco de Santander o Repsol) es también lo mejor para el país”.

Este punto de vista, sin embargo, se presenta por lo general en una terminología menos directa y más sutil. Se dice que es a los “mercados” (sin utilizar el término capitalistas) a los que se debe obedecer. Los brutales ataques al Estado del Bienestar en los países periféricos de la Eurozona (que tienen el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15), con reducción del gasto público, se presentan como necesarios para seguir la disciplina fiscal dictada por los “mercados”. Y la bajada de salarios (que están entre los más bajos de la UE-15) se presenta como necesaria para responder a los “mercados”, haciendo a España más competitiva. Si usted, lector, se lee los documentos del gobierno español, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del Banco de España, verá estas expresiones utilizadas constantemente. El mensaje es que hay que responder a los mercados. En realidad, lo que quieren decir (pero no se atreven a decirlo) es que hay que hacer lo que los propietarios y gestores de las grandes empresas y muy en especial las financieras digan que tiene que hacerse.

A algunas voces, sin embargo, se les escapa lo que piensan y lo dicen sin tapujos. Así, uno de los arquitectos de las políticas desarrolladas por el gobierno Thatcher, en una entrevista en 1991 (“Former Thatcher adviser Alan Budd spills the beans on the use of unemployment to weaken the working class – sound familiar?” entrevista de Adam Curtis, junio de 1991), indicó que era necesario utilizar este tipo de terminología para ocultar los objetivos reales. Decía este personaje, Alan Budd, que es muy, pero que muy necesario, que crezca el desempleo, pues este es un objetivo muy deseado a fin de debilitar a la clase trabajadora y así favorecer a los propietarios del capital. “Lo que hicimos, utilizando la terminología marxista, fue crear una crisis del capitalismo, recreando un gran ejército de reserva –la población desempleada– lo que permitió ampliar beneficios a los grandes empresarios a partir de entonces”. Les aseguro que los economistas neoliberales del gobierno actual, así como un gran número de gurús económicos y financieros de gran visibilidad mediática, sin o con chaquetas llamativas, piensan igual, aunque lo dicen de una manera más elaborada y más sutil. Lo definen como requerimientos de los mercados.

La educación económica en nuestro país

Esta narrativa en la cultura económica es dominante (con notables excepciones) en la cultura académica española. En realidad, gran parte de la enseñanza económica se basa en este entendimiento. El énfasis es en los mercados, dando prominencia a la necesidad de que sean estos los que determinen las prioridades de la sociedad. Con ello se da prioridad a reproducir la distribución de poder, basada en la propiedad y gestión del capital. Como bien ha dicho Paul Krugman, hoy, en la mayoría de Departamentos de Economía de las universidades de EEUU, la economía que se enseña es “lo que el 1% de renta superior del país desea que se haga”. Una situación idéntica ocurre en España (de nuevo, con notables excepciones).

Esta situación se ha incluso acentuado más en los últimos treinta años, durante los cuales la influencia del capital, y muy en especial del capital financiero, en el desarrollo de las “ciencias económicas” ha sido muy acentuado. De la misma manera que la industria farmacéutica tiene una enorme influencia en la cultura académica de las ciencias médicas, a través del patrocinio de congresos, de revista científicas, de financiación de centros de investigación, de cátedras en la universidad, de pagos y donaciones a médicos, vemos que la banca y las grandes empresas tienen una enorme influencia en los centros académicos de economía, a través de idénticos procesos.

Más recientemente este intervencionismo es incluso más directo, como es el caso de Fedea, o el caso de sus cátedras, financiadas por las grandes empresas financieras e industriales. En todas ellas se promueve la doctrina neoliberal, sin ningún disimulo, gozando de grandes cajas de resonancia ofrecidas por los medios de información, altamente dependientes de la banca para su propia supervivencia. Ni que decir tiene que dichos medios, muy de vez en cuando, permiten voces críticas a fin de presentarse como abiertos y plurales. Pero su mayor misión, que cumplen exitosamente, es propagar la doctrina económica del 1%, que es el neoliberalismo.

En realidad, los gurús económicos neoliberales de gran visibilidad mediática gozan de una inmunidad que no tiene ninguna otra profesión. Ejemplos hay muchos. Supóngase que un famoso  profesor de medicina se hubiera hecho famoso a base de promocionar un producto farmacéutico y que, después de ser ampliamente promocionado, se descubriera que los informes científicos que ese médico había presentado eran falsos, llenos de errores y manipulaciones. Les aseguro que lo más probable es que este médico, además de perder su credibilidad, quedara marginado, expulsándoselo de los comités científicos, y podría incluso perder su cátedra.

Pues bien, esto ha pasado recientemente con unos famosos economistas de prestigiosos centros académicos (Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff). Su famoso “hallazgo” era que un país, en el caso de que fuera indisciplinado en sus cuentas públicas y alcanzara una deuda pública de más del 90% del PIB, entraría en un declive muy acentuado. Este “hallazgo” fue ampliamente utilizado por todas las instituciones, altamente influenciadas por la banca, desde el BCE hasta la Comisión Europea, asimismo como el Banco de España y el gobierno español, para imponer políticas de austeridad a las clases populares. Pues bien, un Departamento (marginado por su heterodoxia en el mundo académico de EEUU) de Economía de la Universidad de Massachusetts mostró que había muchos errores y/o manipulaciones en el trabajo que había producido ese hallazgo. Pues bien, los dos autores continúan teniendo la misma visibilidad mediática, tanto en EEUU como en España, mientras que los economistas que mostraron dichos errores no están ni se les espera en ninguno de los fórums o medios donde la sabiduría convencional se reproduce.

Consecuencias del dominio de los mal llamados mercados

Otro error que se presenta en esta dicotomía mercados versus Estado es asumir que las derechas favorecen a los mercados y desfavorecen al Estado, mientras que las izquierdas favorecen al Estado a costa de los mercados. Ya he escrito críticamente sobre esta falsa dicotomía en un artículo reciente (ver “El contexto político del crecimiento de las desigualdades”, en Público 02.01.14), pero la importancia del error me obliga a enfatizarlo de nuevo.

La evidencia empírica de que las derechas son tan favorables a las intervenciones públicas, o incluso más, que las izquierdas, es abrumadora. Y los datos hablan por sí solos. Los “mercados”, es decir, los propietarios y gestores del capital son los mayores beneficiarios de las intervenciones de los Estados. Andy Haldane, Director Ejecutivo de Estabilidad Financiera del Banco de Inglaterra, ha calculado que el subsidio público (pagado con fondos del Estado) a los bancos más importantes del mundo fue equivalente a 70.000 millones de dólares de media cada año (durante el periodo 2002-2007), cantidad multiplicada varias veces a partir del 2007, inicio de la crisis (citado en “How High Inequality Plus Neoliberal Governance Weakens Democracy”, por Robert Wade en Challenge, Nov-Dic 2013). Y en España, el apoyo público pagado por el Estado a la banca y otras instituciones financieras alcanzó la abrumadora cantidad de cerca de 220.000 millones de euros desde 2007. Ninguna otra institución ha sido tan subvencionada como la banca, cuyos comportamientos especulativos fueron ampliamente responsables de la crisis actual, de la cual fueron rescatados, de nuevo, con fondos públicos, sin que su salvación haya resuelto el problema de falta de crédito que las pequeñas y medianas empresas están sufriendo. En realidad, y tal como ha indicado Joseph Stiglitz, con los fondos que se han gastado los Estados para salvar a los propietarios y gestores del capital financiero, se podrían haber creado bancos públicos que habrían garantizado la accesibilidad al crédito. El hecho de que ello no haya ocurrido es consecuencia de la enorme instrumentalización de los Estados por la banca, lo cual ha alcanzado  niveles hiperbólicos en el gobierno actual de España, uno de los que ha impuesto políticas de mayor austeridad a las clases populares en la UE-15.

Las desigualdades, tema desconocido en las teorías económicas

Consecuencia de lo dicho en la sección anterior es el hecho de que los Estados, instrumentalizados por el capital, han sido los responsables de las enormes desigualdades que han estado ocurriendo  desde los años ochenta, crecimiento que apenas ha aparecido en la literatura de las “ciencias económicas”. En realidad, algunos no solo las ignoraron y desconocieron, sino que las ocultaron deliberadamente por considerarlas perniciosas. Así, Robert Lucas, Profesor de Economía de la Universidad de Chicago, conocido como uno de los fundadores del neoliberalismo económico y Premio Nobel de Economía en 1995, indicó que “una de las tendencias perniciosas y dañinas en el conocimiento económico…. en realidad, venenosa para tal conocimiento, es el estudio de temas de distribución…” (Robert Lucas, “The Industrial Revolution: Past and Future”. Annual Report 2003 Federal Reserve Bank of Minneapolis, May 2004). El estudio de las desigualdades de renta y propiedad no es un tema frecuente o bien conocido en los análisis que se centran en la eficiencia y eficacia de los llamados “mercados”. Y ello es consecuencia de que los propietarios y gestores del capital, máximos beneficiarios de estos conocimientos, no quieren que se conozcan las causas y consecuencias de su riqueza. Durante el periodo 2009-2012, el periodo de mayor crisis en EEUU, la renta del 1% más rico de EEUU absorbió el 95% del crecimiento total de la renta, y los ingresos de los propietarios y gestores de las 500 compañías más grandes de EEUU pasaron a representar 324 veces más que el salario promedio.

A lo máximo que el conocimiento económico llega es al análisis de la pobreza, centrándose más en los pobres que en las causas de la pobreza. Es común oír o ver la expresión de que “no me importan las desigualdades o que la gente sea tan rica como pueda. Lo único que me importa es la pobreza”. El problema con este dicho, muy común entre economistas liberales, es que las desigualdades y la pobreza están íntimamente relacionadas. La enorme concentración de las rentas se hace a costa de las rentas de los demás sectores de la población. La distribución de las rentas de un país no responde a causas económicas, sino políticas. En estos años de crisis, mientras que las rentas del 1% de la población han crecido desmesuradamente, la renta media de las familias estadounidenses ha descendido un 4%. Y ello, como consecuencia de las políticas públicas realizadas por el Estado. Ha habido lo que se llama un impacto Robin Hood, “Robin de los bosques”, al revés, es decir, una redistribución de las rentas de la mayoría a la minoría, debido a la enorme influencia de esta minoría sobre el Estado, y que se traduce tanto en las políticas fiscales como en otros tipos de intervenciones públicas (como los subsidios a la banca) que sistemáticamente favorecen a los sectores más pudientes de la población.

El factor más importante para explicar el nivel de las desigualdades existentes en un país es el grado de influencia que los instrumentos del capital tienen sobre el Estado (tanto central como autonómico o local). En los países como EEUU y España, donde esta influencia es muy marcada, las desigualdades y la pobreza son mayores que en los países, como en el norte de Europa, donde tal influencia ha sido menor (donde, hasta hace poco, el mundo del trabajo tenía mayor influencia en Europa). No es por casualidad tampoco que los países más desiguales sean también los países con menos calidad democrática (como EEUU y España), donde el grado de insatisfacción de la mayoría de la población hacia las llamadas instituciones representativas es mayor. La concentración de las rentas y de las riquezas aumenta la influencia política y mediática de los grupos más pudientes de la sociedad, causa del deterioro de las instituciones democráticas. EEUU y España son un claro ejemplo de ello. Es precisamente la instrumentalización de los Estados por el capital lo que está generando una de la rebeliones pro democracia existente hoy en el mundo (ver mi artículo “La revolución democrática a nivel mundial”. Público, 30.12.13).

Las consecuencias del machismo: el subdesarrollo del cuarto pilar del Estado del Bienestar

13 enero, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 8 de diciembre de 2016.

Este artículo es una crítica del machismo dominante en este país, que se expresa en el escaso desarrollo de las transferencias y servicios públicos que benefician a las familias, y muy en particular a las mujeres, requiriéndose una expansión muy notable del cuarto pilar del Estado del Bienestar, así como un cambio de mentalidad del hombre. El artículo muestra que el subdesarrollo social de España se debe al enorme poder de la clase y el género dominantes.

España es uno de los países de la Unión Europea de los Quince (UE-15) que tiene un menor gasto público social por habitante. Y ello no se debe a que sea un país pobre (no lo es, pues ya antes de la crisis su PIB per cápita era el 94% del PIB per cápita del promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE que tienen mayor riqueza en la UE), sino al gran dominio que las fuerzas conservadoras y liberales han tenido y continúan teniendo sobre el Estado español. En realidad, el gasto público social (que incluye transferencias y servicios públicos, como sanidad, educación o servicios sociales, entre otros) per cápita era solo el 74% del promedio de la UE-15. Si hubiera sido el 94%, el Estado del Bienestar se habría gastado 66.000 millones más de lo que se gastaba.

En otro trabajo (El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. Anagrama, 2006) documenté cómo la raíz del subdesarrollo social de España se debe al enorme poder que la clase dominante de este país, es decir, los propietarios y gestores de sus mayores entidades financieras y económicas (y que derivan sus rentas de la propiedad del capital), y las clases medias de renta superior, han tenido y continúan teniendo en el desarrollo de las políticas fiscales (altamente regresivas) que determinan la pobreza de ingresos a las arcas de Estado. Poder de clase es el factor determinante de dicho retraso social de España.

Los costes humanos del machismo

Pero la parte menos desarrollada del Estado del Bienestar español son las transferencias y servicios públicos orientados hacia las familias. Servicios tales como escuelas de infancia y servicios domiciliarios para las personas discapacitadas están muy poco desarrollados en España, y la causa de tal subdesarrollo es otro tipo de poder, además del poder de clase. Me estoy refiriendo al poder de género dominante, es decir, al machismo. En España, cuando decimos familia en realidad queremos decir mujer, pues son las mujeres las que juegan un papel clave en el cuidado de los miembros de la familia, sean niños o niñas, jóvenes (que viven en casa de sus padres hasta que tienen 32 años como promedio), esposos o compañeros y ancianos. Y además de tanto cuidado, el 52% de las mujeres también trabajan en el mercado laboral. Las mujeres españolas cubren las enormes insuficiencias del Estado del Bienestar.

Todos estos datos permiten concluir que la cultura política dominante en España, que retóricamente da tanta importancia a la familia, se caracteriza por una gran hipocresía. En tal discurso oficial se pone a la familia (a la mujer) en un pedestal, para luego crucificarla. Si alguien cree que estoy exagerando, léase mi libro antes citado. Las mujeres españolas tienen tres veces más enfermedades debidas al estrés que los hombres. Poder de clase (clasismo) y poder de género (machismo) es lo que está causando esta situación.

Los costes económicos del machismo

El gran domino de los hombres (que proceden en su mayoría de las clases más pudientes) en las estructuras de poder explica este subdesarrollo de las transferencias y servicios públicos a las familias. Pero tanta insensibilidad, además de crear un problema humano enorme, está también creando un problema demográfico y otro económico enormes. España tiene una de las fertilidades (número de nacidos por cada mujer fértil) más bajas de la UE-15, aun cuando a la mayoría de familias españolas les gustaría tener dos niños o niñas; el promedio es de solo 1,3, que es una cifra menor de lo que se requeriría para que se equilibrara el descenso de la población debido a la mortalidad. Si muere más gente de la que nace, la población desciende. Si a ello se le suma el creciente sentimiento anti-inmigración que se está esparciendo por toda Europa, se puede concluir que la población española ira descendiendo de tamaño.

Pero tanto machismo está creando también un problema económico enorme, del cual el establishment (expresión anglosajona que quiere decir la estructura de poder) político-mediático que gobierna el país no es ni consciente. Parte de la escasa creación de empleo se debe precisamente al escaso desarrollo del Estado del Bienestar en España (incluyendo los servicios de ayuda a las familias). Solo una persona de cada diez personas adultas en España trabaja en los servicios públicos (incluyendo los servicios públicos del Estado del Bienestar) cuando en Suecia es uno de cada cinco. En contra de lo que proclaman los economistas liberales (que son la mayoría de los gurús mediáticos), el sector público está subdesarrollado en España.

Y lo que es ignorado por parte del establishment político-mediático del país es que empleo crea la demanda para más empleo, una situación particularmente acentuada con el empleo de las mujeres, pues alguien tiene que hacer las labores que el ama de casa realiza cuando esta se incorpora al mercado del trabajo. Se ha calculado que la entrada de cada mujer al mercado de trabajo crea la necesidad de 0,3 puestos de trabajo para que otras u otros deban realizar la labor que ella realizaba en casa.

Las desigualdades de género retrasan económicamente al país

Pero existe otra situación ignorada por aquel establishment, y es que la equidad es necesaria para la eficiencia económica. Hoy la mujer española recibe por el mismo trabajo solo el 81% de la retribución bruta media por hora trabajada de los hombres, según Eurostat, siendo el tercer país con la mayor brecha salarial de la UE-15. Ello se debe a muchos factores, pero uno de ellos es que la mujer interrumpe su vida laboral con mayor frecuencia que el hombre. Hay más mujeres a tiempo parcial que hombres, situación que se justifica en la ideología dominante como consecuencia de que la mujer tiene mayores responsabilidades familiares que el hombre. Y la continuidad laboral en el mismo puesto de trabajo es también menor en la mujer que en el hombre, explicándose con el mismo argumento. Pero ello tiene un coste no solo humano, como indiqué antes, sino también económico, puesto que si las mujeres tuvieran la misma tasa de participación en la fuerza laboral que los hombres, el PIB aumentaría un 6%, siendo una de las causas mayores de crecimiento económico que podría tener el país. De ahí que las correcciones necesarias para conseguir la igualdad (incluyendo la de género) sean enormemente necesarias tanto por razones éticas como sociales y económicas.

La necesidad del cuarto pilar del Estado del Bienestar

Y de ahí que una de las políticas públicas más importantes sea la de facilitar la integración de la mujer en el mercado de trabajo mediante el establecimiento de un derecho universal de acceso a los servicios de ayuda a la familias que incluyeran las escuelas de infancia y los servicios domiciliarios a la personas con dependencia, lo cual ha pasado a conocerse como el cuarto pilar del Estado del Bienestar, expresión que generé yo en una discusión que tuve con el que era entonces el candidato a la presidencia de España, el Sr. Josep Borrell, al cual asesoré en aquellos momentos. Estábamos él y yo sentados en un bar de Sants (Barcelona), cerca de la estación, preparando su programa electoral, cuando la silla en la que yo me sentaba se rompió, quebrándose una pata. Aproveché aquella ocasión para indicar a Borrell que el Estado del Bienestar de España era como aquella silla. Tenía ya tres patas (el derecho a la sanidad, el derecho a la educación y el derecho a la pensión –derecho todavía limitado-), pero le faltaba una cuarta pata, que era el derecho a los servicios de ayuda a las familias, que debían incluir el derecho a las escuelas de infancia –mal llamadas guarderías en este país- y servicios domiciliarios a las personas dependientes. Fue así como nació la expresión “el cuarto pilar del Estado del Bienestar”, que ha hecho fortuna, aun cuando se limita a los servicios domiciliarios, excluyéndose las escuelas de infancia, lo cual fue un enorme error del gobierno Zapatero. El establecimiento de los servicios domiciliarios ha sido un gran paso, aunque su financiación ha sido muy insuficiente, insuficiencia que ha alcanzado niveles escandalosos durante los años de gobierno del PP.

La promoción pública de tales servicios es una de las políticas públicas más necesarias hoy en España, a fin de mejorar la calidad de vida y bienestar de las clases populares, aumentando además su capacidad adquisitiva, corrigiendo el déficit de salarios de las mujeres y creando empleo. Existen muchos trabajos de investigación que muestran que aquellos países que tienen más desarrollados estos servicios tienen un porcentaje mayor de mujeres integradas en el mercado de trabajo, y menos diferencias salariales entre mujeres y hombres. Los países escandinavos (Suecia, Noruega y Dinamarca) son los que tienen menos diferencias salariales entre hombres y mujeres, y mayor desarrollo del cuarto pilar del Estado del Bienestar, mientras que EEUU, Japón y los países del sur de Europa tienen más diferencias salariales y menor desarrollo del cuarto pilar del Estado del Bienestar. Por desgracia, el establishment político-mediático no ve tales servicios como una inversión necesaria y urgente, escogiendo en su lugar invertir en trenes de alta velocidad que benefician solo a un sector minoritario del país (predominantemente hombres de las clases dominantes).

Ni que decir tiene que para que ocurran tales cambios se necesita una revolución cultural en el país, corresponsabilizando a los hombres en las tareas familiares. La mujer sueca dedica 28 horas a la semana a tareas familiares. El hombre dedica 22 horas. En España son 48 y 8 respectivamente. Y usted, lector sabe quién hace qué. Pero sepa que el enorme machismo tiene un coste económico, creando un enorme sufrimiento (recuerde las enfermedades por estrés) y una gran insuficiencia económica. Hoy, la eliminación del machismo es una de las tareas más importantes desde el punto de vista social, así como económico de este país. Las evidencias de que el gran retraso social y económico de España se debe precisamente al poder de la clase y del género dominantes son enormes. Así de claro.

El abandono del socialismo por la socialdemocracia española

3 octubre, 2016

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 23 de junio de 2016.

Este artículo analiza la evolución de la socialdemocracia, con una descripción de las causas de que esta deje de ser socialdemócrata.

Cuarenta años de dictadura hicieron mucho daño a España y continúan haciéndolo. Y uno de estos daños es que continúa habiendo hoy en este país una visión de la historia de España y de Europa muy conservadora, que no se corresponde ni con la historia real de España ni con la europea. El hecho de que no haya habido una “desnazificación” de España explica que predomine, a nivel popular, un franquismo sociológico que aparece incluso de vez en cuando en voces que se consideran o autodefinen de izquierdas. En lenguaje común, se continúa hablando en España de franquismo en lugar de fascismo, se confunde estalinismo con comunismo, se desconoce qué es el socialismo y se ignora el protagonismo del Partido Comunista en la lucha contra la dictadura en España. La enorme oposición de las derechas a recuperar la memoria histórica tiene como objetivo precisamente propagar la visión conservadora (reprimiendo la lectura progresista) de lo que ha ocurrido en España y en Europa.

Este desconocimiento generalizado explica que, nada menos que una dirigente del PSOE, que aspira a ser su Secretaria General, la Sra. Susana Díaz, llegue a decir que Marx y Engels no tienen nada que ver con la socialdemocracia (cuando ambos fueron los fundadores del socialismo que la socialdemocracia hizo suyo por muchísimos años), o que el PSOE nunca apoyó el derecho de autodeterminación de los pueblos y naciones existentes en España (cuando, durante la clandestinidad, el PSOE hizo explícito tal apoyo, como consta en los documentos de tal partido durante la lucha contra la dictadura). Dicho desconocimiento también explica que no solo las derechas, sino incluso voces del PSOE, demonicen al comunismo español, ignorando que la labor de tal partido fue muy importante para conseguir los escasos derechos laborales, sociales y políticos existentes hoy en día en España. Escuchando a la Sra. Susana Díaz, uno no puede dejar de preguntarse: ¿si esta señora, dirigente del PSOE, desconoce estos hechos históricos, qué es lo que conocerá un ciudadano normal y corriente en este país?

Una ignorancia semejante de la historia real del socialismo aquí y en Europa aparece cuando un gran número de los medios de información y dirigentes políticos de las derechas (PP y Ciudadanos) presentan al 15-M, antes, y ahora a Unidos Podemos y las otras fuerzas progresistas (En Marea, En Comú Podem, Compromís o Units Podem Més) como partidos “antisistema”, situación que alcanza unos niveles más sorprendentes y paradójicos cuando dirigentes del PSOE añaden su voz a esta descripción. Puesto que el movimiento 15-M pedía democracia, criticando las instituciones representativas por no ser democráticas (“no nos representan”) y por carecer de transparencia y honestidad en su gobierno (“no hay pan para tanto chorizo”), llamarlos “antisistema” parece asumir que, por definición, el sistema democrático no es representativo ni honrado. Una situación semejante ocurre en cuanto a los partidos emergentes de izquierdas, también definidos como “antisistema”, los cuales están todos ellos pidiendo más democracia y más representatividad de las instituciones democráticas y más justicia social. Llamarlos antisistema quiere decir que los que así los definen asumen y dan por hecho que lo que el establishment político-mediático describe como instituciones democráticas no son ni representativas, ni decentes y honradas.

Correcciones históricas necesarias

Marx y Engels fueron los fundadores del proyecto socialista, del cual un componente fue la socialdemocracia. Decir que ni Marx ni Engels no tienen nada que ver con la socialdemocracia es semejante a decir que Jescristo no tiene nada que ver con el cristianismo. Este es el nivel de absurdidad al que se ha llegado en algunas esferas de la dirección del PSOE. En realidad, el marxismo fue la ideología imperante en la mayoría de partidos socialdemócratas hasta épocas muy recientes. Como he indicado en otro artículo (“Contestación a Susana Díaz: ¿qué es la socialdemocracia?”, Público, 08.06.2016), ha habido dos grandes tradiciones políticas establecidas por el mundo obrero basadas en el marxismo que, coincidiendo en su objetivo (alcanzar la sociedad regida por el principio de “a cada uno según su necesidad, de cada uno según su habilidad y capacidad”), diferían en cómo alcanzarlo. Una de tales vías, la socialdemocracia, consideró que la vía para alcanzar el socialismo era la democrática, mientras que para el comunismo la vía era la sublevación militar (la toma militar del Palacio de Invierno) que consistía en la toma por la fuerza del poder y los aparatos del Estado. Es importante subrayar que la tradición comunista ha sido más exitosa en el mundo en vías de desarrollo, mientras que la socialdemócrata lo ha sido en los países capitalistas desarrollados.

El anticomunismo cavernario de las derechas y algunas izquierdas españolas

En cuanto al comunismo, hay que tener en cuenta que las derechas españolas (homologables a la ultraderecha según el espectro político europeo) se caracterizan por un anticomunismo enormemente cavernario y agresivo, agresividad que contagia en ocasiones a sectores y autores que se declaran de izquierdas. En general, las voces más extremistas en su anticomunismo en España suelen haber sido comunistas en su juventud que, para recuperar su aceptabilidad en los centros mediáticos del establishment y hacer que se olvide su pasado -considerado como un “sarampión”-, muestran odio hacia tal tradición política, como es el caso de Antonio Elorza, de El País, que en un artículo reciente escribió que el comunismo ha sido responsable de los mayores desastres en el siglo XX.

Cualquier académico, estudioso del tema, capaz de alcanzar mayor equilibrio en su evaluación de tal tradición política reconocerá que junto con páginas oscuras, el comunismo también ha tenido páginas positivas, mejorando la calidad de vida de las clases populares de sus países. Los datos así lo muestran. La esperanza de vida aumentó más rápidamente en la China comunista que en la India capitalista, siendo los indicadores vitales mejores en China que en India a pesar de tener China peores indicadores que India antes de que ocurriera la revolución comunista en aquel país. Y nunca hay que olvidar que la Unión Soviética, cuya revolución triunfó en un país casi feudal, fue la que derrotó al nazismo alemán en Europa, como reconoció incluso Winston Churchill, uno de los dirigentes más conservadores que ha tenido Europa. El problema que tuvo el comunismo fue que la identificación del Partido con el Estado, una vez conquistado el poder, estableció una nueva clase dominante que, al reproducirse, tergiversó negativamente aquel proyecto. Pero definir la experiencia global del comunismo como un desastre me parece una enorme frivolidad impropia de un Catedrático de Ciencias Políticas, como es tal personaje. Incluso hoy, hay que reconocer objetivamente el atractivo que representa Cuba en el mundo en vías de desarrollo. Incluso sus adversarios, como el Presidente Obama, han felicitado a Cuba por lo conseguido en muchas áreas del Estado del Bienestar, tales como sanidad y educación, así como en su ayuda internacional. Sería impensable que una personalidad política de este país, tanto de derechas como de centroizquierda, reconociese tal realidad, y todavía menos que lo dijera en público.

Los éxitos de la socialdemocracia

En los países capitalistas, sin embargo, fue la socialdemocracia la versión del socialismo que alcanzó mayor desarrollo. Su máxima expresión fue la universalización de los derechos civiles, sociales y laborales a través de políticas progresistas, lo cual incluyó el desarrollo del Estado del Bienestar, medidas que empoderaron enormemente a la clase trabajadora y otros componentes de las clases populares. Estas reformas, en contra de la visión presente en algunos grupos minoritarios y supuestamente muy radicales dentro de las izquierdas, “no coaptaron a las clases trabajadoras” en el orden capitalista, diluyendo su deseo transformador. De acuerdo con esta visión, profundamente errónea, tales avances en derechos laborales y sociales se veían e interpretaban como “la humanización del capitalismo”, contribuyendo con ello a la salvación de este sistema. Según este entendimiento, “como peor sea la situación, mejor y más alta la probabilidad de que ocurra la revolución”. Tal suposición ha demostrado ser profundamente errónea, y ha contribuido al aislamiento de estos sectores radicales, que por lo general son sectores marginales.

En realidad, donde la socialdemocracia ha estado más próxima al socialismo ha sido en Suecia, cuando se aplicaron las reformas Meidner a finales de los años setenta, propuestas por los sindicatos (que en Suecia gozan de gran influencia en el Partido Socialdemócrata) y apoyadas también por el Partido Comunista sueco. Estas reformas establecían que un porcentaje de los beneficios adquiridos por las empresas pasaba a ser controlado por sus trabajadores, los cuales podrían comprar acciones de la propia empresa, con lo cual, a la larga, controlarían la empresa, pasando a ser los propietarios. Esta medida, aplicada en todo el territorio del país, hubiera significado la democratización de la propiedad, trascendiendo la concentración de la misma, que al ser privada y gozar de gran influencia en las instituciones mediáticas y representativas, reduce enormemente el ejercicio de la democracia.

Se culminaba así la vía reformista, confirmándose el fenómeno conocido de que si los trabajadores no tienen trabajo, quieren tener trabajo; cuando lo tienen, quieren tener un buen trabajo; cuando tienen un buen trabajo, quieren tener control de las condiciones del trabajo; y, cuando tienen esto, entonces quieren controlar la fábrica o la institución donde trabajan. Durante el Mayo francés y el Otoño caliente italiano, los trabajadores que lideraron la toma de las fábricas fueron los trabajadores de la manufactura que, según las teorías radicales, tendrían que haber sido los más coaptados e integrados en el sistema, al haber conseguido mejores salarios y mejores condiciones de trabajo.

Y ahí está la historia de la socialdemocracia, la cual considera el socialismo como su objetivo. Según esta vía, el socialismo se construye o destruye día a día. Cuando el mundo del trabajo se empodera y cuando se aplican políticas públicas que responden a la necesidad de la población y de los individuos que la componen (financiadas con recursos obtenidos de los que más tienen), se está construyendo el socialismo, aun cuando el gobierno o la fuerza política que lo aplique no sea o no se considere socialista. Y cuando los partidos comunistas han gobernado en los países capitalistas, han aplicado políticas socialistas semejantes a las realizadas por la socialdemocracia.

¿Cuándo los partidos de la socialdemocracia dejan de ser socialdemócratas?

La respuesta es fácil: cuando abandonan el objetivo de establecer el socialismo. Y esto lo hacen cuando dejan de ser parte de las clases populares, desarrollando sus propios intereses corporativos, que los distancian de las clases populares, y estableciendo, en su lugar, alianzas con los grupos financieros y económicos dominantes, que siempre ejercen un gran dominio e influencia sobre las instituciones políticas representativas y las instituciones mediáticas. El libro Parliamentary socialism, de Ralph Miliband, es el mejor libro sobre cómo suele ocurrir este abandono del socialismo por parte de los partidos socialdemócratas, abandono que es facilitado por la forma de desarrollo de la democracia representativa, que puede facilitar el surgimiento de este corporativismo, alcanzando su máxima expresión con la profesionalización de la política, es decir, la conversión de la política en el politiqueo que hacen los aparatos de los partidos. Esta situación facilita el establecimiento de la casta, peligro constante en el régimen representativo, lo que requiere cambios en el sistema de representatividad y el desarrollo de otras formas de democracia, incluyendo la democracia directa, tales como referéndums. Y es aquí donde las demandas de las nuevas izquierdas, basadas en el 15-M, permiten albergar una esperanza entre los partidos emergentes, basados en movimientos que exigen democracia y reviven el proyecto socialista. El vacío creado por la socialdemocracia española y su adaptación al neoliberalismo justificó la protesta popular y la demanda de recuperación de dicho proyecto, claramente abandonado por los aparatos del PSOE. De ahí la urgencia de una rebelión de los votantes de tal opción política (la gran mayoría personas claramente de izquierdas) frente al aparato de su partido, para forzar un movimiento del PSOE a la izquierda, impidiendo que obstaculice el establecimiento de un gobierno de izquierdas en España que probablemente será posible en un futuro próximo.