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O llegan inmigrantes o entraremos en declive demográfico

29 agosto, 2023

Fuente: http://www.eldiario.es

  • En los próximos 15 años habrá en España 1,5 millones más de defunciones que de nacimientos, y solo la llegada de inmigrantes evitará un fuerte descenso de la población

Arsenio Escolar

Cinco migrantes caminan por el arcén de la carretera desde la ciudad marroquí de Nador hacia la localidad de Berkán. Según cuentan a EFE, dos de ellos habían estado en el monte Gurugú como paso previo a intentar cruzar a Melilla, pero las redadas de los últimos días les han hecho desistir del intento. EFE/ Mohamed Siali
Cinco migrantes caminan por el arcén de la carretera desde la ciudad marroquí de Nador hacia la localidad de Berkán. Según cuentan a EFE, dos de ellos habían estado en el monte Gurugú como paso previo a intentar cruzar a Melilla, pero las redadas de los últimos días les han hecho desistir del intento. EFE/ Mohamed Siali

18 de octubre de 2022 22:35h
Actualizado el 19/10/2022 09:35h 

La anécdota es muy significativa. A finales de los años ochenta del siglo pasado, Finlandia vivía una crisis demográfica severa, y el entonces primer ministro, Harri Holkeri, intentó concienciar a sus conciudadanos con un golpe de efecto. Se dirigió solemne a la nación: “Me dicen los expertos que, al paso que vamos, en el año 3000 solo quedarán dos finlandeses. Si ambos son del mismo sexo, Finlandia estará en apuros”. Finlandia no llegaba por entonces a los 5 millones, hoy supera los 5,5 millones. 

La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística (INE) español publicó unas proyecciones demográficas poco parecidas en lo alarmistas a las de Finlandia hace casi medio siglo, pero que sí deberían servir para alguna reflexión colectiva y debate público y para decidir algunas políticas a medio y largo plazo. No eran proyecciones cocinadas internamente por el instituto público, sino de demógrafos de toda España a los que el INE ha consultado mediante una encuesta. Sus conclusiones son, por tanto, una especie de consenso del mercado.

Las proyecciones de población no son una ciencia exacta. Muestran, eso sí, la evolución que seguirá un territorio si se mantienen las tendencias demográficas del momento en que las proyecciones se hacen. “No constituyen una predicción, en el sentido de que no tienen como objetivo determinar cuál es la evolución más probable”, afirma el propio INE en la nota con que las hizo públicas. 

Pese a no constituir una predicción, la proyecciones arrojaban datos tan interesantes como estos. Todas en condicional, si se mantienen las tendencias:

  • En los próximos 15 años, entre 2022 y 2036, el número medio de hijos por mujer pasaría en España del 1,19 actual a 1,27 en 2036, con lo que nacerían en el total de ese periodo en torno a 5,5 millones de niños, un 14,2% menos que en los 15 años previos. 
  • En ese mismo periodo de 15 años, las defunciones sumarían en torno a 7 millones, luego el saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones) sería negativo, perderíamos unos 1,5 millones de personas.
  • Y, sin embargo, nuestra población sería superior a la actual en unos 4,32 millones, y superaría en total los 51 millones en 2036. El factor diferencial estaría, en efecto, en las migraciones. Nuestro saldo migratorio, la diferencia entre los que vendrían a residir en España y los que se fueran desde aquí a residir en otro país, sería claramente positiva y evitaría nuestro declive demográfico.

La población es uno de los grandes activos de un país o de un territorio. El capital humano es tan valioso o incluso más que los recursos naturales. Perder población es un drama económico y social y genera desequilibrios gravísimos en muchos campos, de las pensiones a la educación, de la ordenación del territorio (¡ay, la España despoblada!) a las inversiones públicas.

La evolución de los nacimientos resume muy bien la crisis demográfica española: en las dos décadas del llamado baby boom, de 1957 a 1977, nacían en España entre 650.000 y 700.000 niños al año; en 1996 la cifra se había desplomado hasta los 362.626; el pasado año, 2021, el primero postpandemia, nacieron solo 336.247. En medio de los dos últimos datos hubo un vigoroso repunte: en 2008 nacieron 519.779 bebés. ¿Qué había pasado? Que las migraciones nos habían rescatado. Que a principios de siglo se abrieron en cierto modo nuestras fronteras a la inmigración, y la tasa de fecundidad, el número de hijos por mujer, subió gracias a esa nueva población femenina residente en España. La crisis financiera de 2007 redujo de modo radical los flujos migratorios hacia España, y poco después nuestra tasa de fecundidad volvía a caer. La pandemia la hundió aún más. 

No solo los demógrafos encuestados por el INE ven en la inmigración el mejor remedio a nuestra crisis demográfica, a la crisis que con diferentes altibajos lleva ya casi medio siglo entre nosotros, como una enfermedad crónica. En verano de 2018, un organismo internacional tan poco sospechoso de extremismos de izquierda como es el FMI recomendaba a España que acogiera 5,5 millones de personas extranjeras hasta el año 2050 para hacer sostenible nuestro sistema público de pensiones. 

¿Y los políticos? El debate con datos brilla por su ausencia. Se produzca o no se produzca el próximo año un cambio de ciclo electoral, hasta la derecha xenófoba -que la tenemos, y ya está dentro del gobierno de Castilla y León y aspira a sentarse en el Consejo de Ministros- debería reflexionar sobre todo esto. Además de por solidaridad y por memoria -a lo largo de la historia, hemos sido más veces un país exportador que importador de población, más de emigrantes que de inmigrantes-, deberíamos fomentar la inmigración por economía, por interés y provecho propio. 

El código postal es más importante que el código genético: los devastadores efectos para la salud de no tener un hogar

11 junio, 2023

Fuente: http://www.eldiario.es

  • Nuestras características socioeconómicas, que determinan dónde vivimos, influyen de forma decisiva en nuestra salud y longevidad, mucho más que nuestra genética
  • — Sinhogar: de la calle también se sale
Una persona sin hogar en la calle.
Una persona sin hogar en la calle. Bokatas Zaragoza

Esther Samper / Raquel Navarro Sánchez Valdepeñas

11 de septiembre de 2022 21:44h
Actualizado el 12/09/2022 14:08h 

En el ámbito de la salud pública existe un lema central: “El código postal es más importante que el ‘código genético”. Numerosos estudios científicos revelan que nuestras características socioeconómicas, que determinan de forma decisiva dónde vivimos, influyen de forma decisiva en nuestra salud y longevidad, mucho más que nuestra genética. En Madrid, por ejemplo, un reciente análisis de la mortalidad detectó que había una diferencia de hasta siete años en la esperanza de vida entre los habitantes de los barrios más ricos y aquellos más pobres.

Ganar tiempo para salir de la calle: historias de la vida sin hogar

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¿Qué ocurre, sin embargo, cuando alguien ni siquiera cuenta con un código postal porque no tiene un hogar que habitar? En España, un país donde hay alrededor de 3,4 millones de casas vacías, se calcula que hay entre 25.000 y 33.000 personas sin hogar. Sus vidas muestran realidades dramáticas, que rara vez tienen visibilidad en los medios de comunicación y en la sociedad. En este colectivo, las condiciones socioeconómicas más desfavorables se ceban con toda su crudeza sobre la salud. Las personas sin un techo bajo el que cobijarse tienen una mortalidad entre tres y cuatro veces superior a la de la población general y una esperanza de vida de entre 42 y 52 años, 30 años menos que el resto de las personas. Las muertes prematuras ocurren a lo largo de todo el año, no solo por el frío durante el invierno, y estas muertes se asocian principalmente a cuadros médicos crónicos más que a enfermedades mentales o abuso de sustancias.

Además, las probabilidades de que los individuos de este colectivo mueran de forma prematura aumentan cuanto más se exponen de forma continua en espacios públicos o si son jóvenes o padecen SIDA. Las mujeres jóvenes sin hogar son especialmente vulnerables, pues su mortalidad prematura es más de cuatro veces superior al resto de la población. Por otro lado, el 30 % de las personas sin hogar sufre enfermedades graves y un 25 % ha intentado suicidarse.

Las personas sin un techo bajo el que cobijarse tienen una mortalidad entre tres y cuatro veces superior al de la población general y una esperanza de vida de entre 42 y 52 años, 30 años menos que el resto

Las personas sintecho son extremadamente vulnerables por multitud de razones. Para empezar, los individuos de este colectivo viven una media de entre siete y ocho sucesos traumáticos encadenados (la población general sufre una media de tres o cuatro sucesos a lo largo de su vida). Estos sucesos pueden ser la pérdida de empleo, un desahucio, una guerra, una separación sentimental, la muerte de una persona querida… Todo ello, unido a una falta de apoyo familiar y social, puede llevar a una situación de calle.

La delicada situación sanitaria de las personas sin hogar se muestra también cuando intentan acceder a un tratamiento médico (algo que no siempre sucede) y reciben el alta hospitalaria. El proceso de recuperación se ve perjudicado al no contar con los recursos necesarios y vivir en la calle. Según la organización española que lucha contra el sinhogarismo “Hogar Sí”, entre los problemas de salud a los que se enfrentan están las “amputaciones, diabetes descompensada, cáncer, trasplante, cirugías” o la necesidad de oxígeno.

Para paliar este grave problema sanitario y social, iniciativas como las de Hogar Sí buscan apoyar a las personas que viven en la calle para que puedan afrontar la recuperación de su enfermedad o asegurar el adecuado tratamiento de una enfermedad crónica, acceder al sistema sanitario, reintegrarse posteriormente en la sociedad y tener un hogar permanente. El proceso de ayuda es multidisciplinar y en este se combinan intervenciones sociales, económicas (gestionar ayudas como el ingreso mínimo vital) y sanitarias (garantizar el acceso a servicios médicos). Las personas en fase terminal y en cuidados paliativos que no cuentan con un techo también reciben el apoyo de estos programas.

El equipo implicado en dar una atención integral es interdisciplinar y está compuesto por profesionales de trabajo social, enfermería, psicología, terapia ocupacional y auxiliares sociales y sociosanitarios. Las personas sin hogar pueden acceder al servicio a partir de los Centros de Servicios Sociales, de las unidades de trabajo social de los hospitales, de la red pública de atención a personas sin hogar y determinadas entidades sin ánimo de lucro autorizadas.

Otra iniciativa similar que ha destacado por aumentar la calidad de vida de las personas sin hogar ha sido la de Finlandia. Este país ha conseguido reducir en un 35 % el número individuos que viven en la calle gracias a la entrega de una vivienda permanente, sin condiciones. A diferencia de los albergues temporales y refugios, los hogares brindan una mejores condiciones a estas personas como punto de partida para rehacer su vida: su salud física y psicológica mejora, y se favorece su reinserción en la sociedad. Si se consideran los elevados costes que acarrea la atención sanitaria de las personas sintecho, este tipo de proyectos pueden considerarse una inversión en salud pública.

Por qué la vuelta al cole es especialmente difícil en España

14 enero, 2021

Fuente: http://www.blogs.publico.es

PENSAMIENTO CRÍTICO

VICENÇ NAVARRO

AGOSTO 31, 2020

Aula de un colegio.
Aula de un colegio.

Vicenç Navarro
Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra, Profesor de Public and Social Policy en The Johns Hopkins University y Director del JHU-UPF Public Policy Center

El bajo gasto público escolar en España y sus consecuencias para la reapertura

En un artículo anterior, Elementos esenciales pero olvidados de la reconstrucción social y económica (Público, 22.06.20) (basado en mi presentación a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de las Cortes españolas), ya señalé la gran urgencia de que la sociedad española se concienciara de la enorme importancia que los sectores sociales (sanidad, educación, seguridad social y servicios sociales) tienen para el bienestar de la población y para el buen hacer de la economía. Expresaba entonces mi preocupación por el hecho de que se estaban proponiendo grandes inversiones públicas para subsidiar sectores industriales (que han cristalizado en la aportación de 3.750 millones a la industria automovilística) a fin de asegurar su adaptación a las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia, mientras que se estaba dando poca atención entonces a la urgente y necesaria corrección de la enorme subfinanciación de dichos sectores sociales.

Los datos claramente muestran que en España, la sanidad, la educación, la protección y seguridad social y los servicios sociales públicos están muy subfinanciados en relación al promedio de los principales países europeos, y ello a pesar de que juegan un papel clave en configurar el bienestar y la calidad de vida de la población. El gasto público español en sanidad es, por ejemplo, solo del 6 % del PIB, frente al 7,2 % de la UE-15 (el grupo de quince países de la UE de semejante nivel de desarrollo económico que España) o al 8,3 % de Dinamarca; en educación es del 4 % del PIB, frente al 4,7 % de la UE-15 o al 6,9 % de Suecia; y en protección social es del 16,9 % del PIB, frente al 19 % de la UE-15 o al 24,1 % de Finlandia. No es por mera casualidad que, en general, los países que tienen mayor bienestar y menos desigualdades -los escandinavos- sean también los que tengan más desarrollados estos servicios.

En España, esta subfinanciación del sector público explica la dualidad público/privado en cada uno de los cuatro pilares del Estado del Bienestar (sanidad, educación, protección social y pensiones, y servicios sociales). En educación, por ejemplo, el 33 % de la población escolar (en general, de familias de renta superior a la mediana del país) van a escuelas privadas (incluyendo en esta última la privada-concertada, que recibe subsidios públicos), mientras que la gran mayoría de la población es atendida por las escuelas públicas (donde el gasto por alumno es menor que en las privadas). El hecho de que el primer grupo de la población (las clases pudientes) tiene más peso mediático e influencia política que el segundo (las clases populares) explica, en parte, que esta situación no se haya ido resolviendo, apareciendo ahora con toda claridad durante la pandemia, siendo las clases populares las más afectadas por ésta. El nuevo gobierno español es sensible a esta situación, destinando 2.000 millones de euros a las comunidades autónomas para educación. Hay que concienciarse de que esta cantidad es muy necesaria, y aplaudo tal decisión. Pero hay que subrayar que es una cantidad todavía insuficiente para corregir el gran déficit de gasto en las escuelas públicas y para permitirlas responder a las condiciones causadas por la pandemia. El déficit de personal, así como de espacios es enorme. Es más, 2.000 millones de euros es mucho menos de lo que se le ha asignado a la industria automovilística, a lo cual hice referencia al principio del artículo. Y les aseguro que la evidencia que muestra que para el futuro del país las escuelas son mucho más importantes que la industria automovilística, es clara y contundente.

Las consecuencias del déficit de gasto público escolar en la reapertura de las escuelas públicas

Hoy, la sociedad española se enfrenta a algunos de los mayores retos que tiene por delante, como es la reapertura de las escuelas a las criaturas y jóvenes en medio de una pandemia que continúa a unos niveles muy altos, lo cual es un dato preocupante pues las medidas a tomar en las escuelas dependen del nivel de gravedad de la pandemia en cada momento en las comunidades que las rodean. Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, España es el país de la UE con una mayor tasa de infectados por coronavirus (durante los últimos 14 días), con 192 positivos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra es mucho más elevada que la de países de semejante nivel de desarrollo económico: Finlandia (7), Noruega (13), Italia (18), Alemania (21), Reino Unido (22), Dinamarca (25), Suecia (35) o Francia (70). España supera incluso a Estados Unidos, con 190 casos por 100.000 habitantes.

Los datos presentados en el párrafo anterior demuestran que estamos en una situación muy preocupante. Este hecho condiciona sobremanera las medidas y condiciones de la reapertura de las escuelas en España, que básicamente son tres. Una es el número y composición del estudiantado por clase escolar y por docente (las famosas «ratios»); otra, el espacio entre los distintos componentes e individuos en cada lugar y momento (la «distancia de seguridad»); y el tercero, las medidas preventivas para minimizar el riesgo de infección (medidas de higiene y desinfección, el uso de mascarillas, la estanquidad de los grupos, la intensidad de los cribados, etc.). Estas tres dimensiones son clave y condicionan el éxito o fracaso de la reapertura en cualquier país.

En cuanto al primer condicionante, un análisis de los planes propuestos por las diferentes comunidades autónomas parece indicar que los promedios de estudiantes por grupo o unidad en todos los niveles educativos serán de los mayores de la UE-15 (en Dinamarca, el número máximo de estudiantes por clase es de 15, mientras que, en España, se prevén grupos de hasta 30 estudiantes, como plantea la Generalitat de Catalunya en la ESO). Y un tanto igual sucede en cuanto a las medidas de distanciamiento, que ha puesto en evidencia un problema de espacios disponibles que minimicen los riesgos de contagio. Este déficit de espacios es conocido en el sistema escolar español, déficit que con la pandemia se hace especialmente crítico, hasta el punto en que algunas comunidades autónomas (como la Comunidad de Madrid) tengan que hacer uso de equipamientos destinados a otros fines, como bibliotecas o polideportivos, o que el Ayuntamiento de Barcelona haya ofrecido más de un centenar de espacios municipales a la Generalitat para evitar las aglomeraciones en las aulas. En ambos casos se ve que hay un gran déficit de recursos, que se suma al ya existente debido a gran subfinanciación del sistema educativo en el Estado español, señalada anteriormente.

El otro gran problema: el contexto político que dificulta la construcción de consensos para la reapertura escolar

En el análisis de las causas de la enorme gravedad de la pandemia, hay que añadir a la escasa financiación de los servicios de los sectores sociales la gran descentralización de su financiación y gestión, siendo éstas responsabilidad de las CCAA, lo cual ocurre dentro de un contexto político en el que hay poca cultura de colaboración y cooperación entre los distintos niveles políticos que existen en el Estado español, así como los espacios políticos que lo gobiernan. La falta de apoyo y la gran hostilidad de las derechas ante las medidas adoptadas por el gobierno de coalición de izquierdas (anteponiendo sus intereses partidistas a los intereses generales del país) es un indicador de ello (ver mi artículo La politización de la pandemia por parte de las derechas en EspañaPúblico, 03.04.20). Países más descentralizados como la Alemania federal han sido capaces de mantener una dinámica de colaboración más estrecha, facilitando el liderazgo y orden constitucional a una dirección central en casos excepcionales como la situación actual, permitiendo así una respuesta muy satisfactoria tanto desde el punto de vista social como económico.

En España, en cambio, la oposición mayoritaria de derechas ha estado obstaculizando el desarrollo de un marco dentro del cual se hagan los cambios a nivel autonómico. La oposición de las derechas (PP, Cs y Vox en España, y de JxCat (con el apoyo de ERC) en Catalunya) a la prórroga del estado de alarma es también responsable de la expansión de la pandemia, que ha alcanzado dimensiones alarmantes. El anteponer los intereses partidistas a los generales ha influido en gran manera en el empeoramiento de la situación actual. Es importante notar que donde tales derechas gobernantes (a los dos lados del Ebro) han mostrado mayor hostilidad ante la prórroga del estado de alarma a nivel del Estado, tales como la Comunidad de Madrid y Catalunya, son las que han tenido una mayor expansión de la pandemia después de su finalización, junto a los mayores déficits en los programas de recuperación escolar. Son también, por cierto, las que tienen un mayor porcentaje de la población escolar matriculada en educación privada. De ahí que, en estas circunstancias, el gobierno central debería utilizar todos los recursos a su alcance para influenciar las prioridades educativas de las comunidades autónomas, por ejemplo, utilizando los 2.000 millones para resolver los problemas de falta de personal y de espacios.

Condiciones inmediatas para que se desarrollen tales propuestas: los acuerdos entre los distintos agentes en la reforma

 Es fundamental que las autoridades educativas trabajen en estrecha colaboración con tres grupos cuya participación es clave para que el proyecto sea exitoso. Uno es el grupo del personal de los centros escolares, y muy en especial de sus docentes. Otro grupo es el de las asociaciones de padres y madres de los alumnos. Sin la plena participación de éstos, las medidas no serán exitosas. El último grupo es el de las autoridades públicas a nivel local o municipal. Sin su participación habrá problemas graves, pues necesitan estar en los procesos de toma de decisiones ya que su contribución (por ejemplo, en transporte) es también importante.

Un sector especial siempre olvidado: las escuelas de infancia

El grupo de criaturas más olvidado es el de los infantes de 0 a 3 años, que son 900.000 en España, 445.000 de los cuales no están escolarizados y que también necesitan tener atendidas sus necesidades emocionales, intelectuales y de socialización, preferiblemente de forma presencial, sin excluir la provisión digital de servicios en situaciones excepcionales. Estos servicios de atención y educación de la primera infancia están muy poco desarrollados en España, y es una de las causas más importantes de la limitada participación de la mujer en el mercado de trabajo. La situación en este nivel educativo ha adquirido unas dimensiones de auténtica crisis, pero parece ignorarse en el planteamiento de las necesidades de adaptación a la pandemia. De nuevo, las necesidades principales son de personal, que podría alcanzar la cifra de 143.000 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo en caso de universalizar el acceso a estos servicios, como parte de una expansión del 4º Pilar del Estado del Bienestar, tal y como ya se está proponiendo por parte de movimientos sociales de diferentes sensibilidades políticas (ver El 4º Pilar del Estado del Bienestar: liberar a las mujeres y salvar las pensionesPúblico, 21 de enero de 2020).

La gran necesidad de reabrir las escuelas

Permítanme que concluya esta breve exposición con una breve nota que considero urgente y necesaria para apoyar el objetivo final de reabrir las escuelas. La enorme gravedad de la pandemia no puede paralizar o ralentizar el esfuerzo de abrir las escuelas. Antes al contrario. Tal reapertura es esencial. La necesidad de reabrir las escuelas se basa en criterios de justicia social y de eficiencia económica. Tenemos evidencia de que la docencia digital no presencial es menos educativa que la presencial. Los datos son claros, como también son claros y contundentes los que muestran que los estudiantes más perjudicados por el cierre de las aulas son los procedentes de familias con menos recursos, que tienen menos herramientas educativas a su alcance y entornos menos favorables para la formación en el domicilio. La docencia online en las condiciones actuales desmonta el principio básico de cualquier sistema democrático: el de proporcionar la igualdad de oportunidades a todos los infantes y jóvenes de un país, independientemente de su clase y origen social.

Es también importante porque la educación se basa en la socialización de los estudiantes, lo que fortalece su espíritu colectivo, solidario, así como los sentimientos de pertenencia a la sociedad y de ciudadanía a través de dicha socialización. No es por casualidad que uno de los mejores sistemas educativos de la UE-15 sea el finlandés, donde hay una verdadera transversalidad de clase social y heterogeneidad en la escuela (en la que, por ejemplo, el hijo del banquero y el del empleado de banca van a la misma escuela), lo cual caracteriza su exitoso sistema educativo. La polarización por clase social del sistema educativo, como ocurre en el español, es muy perjudicial para todas las clases sociales y un gran obstáculo para la cohesión social. El nivel educativo de las universidades estadounidenses, por ejemplo, descendió cuando el presidente Reagan acabó con las becas que permitían a estudiantes procedentes de las clases trabajadoras de bajos ingresos asistir a la universidad.

Y un tercer componente que justifica la urgencia de reabrir las escuelas es la necesidad de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, permitiendo la vuelta al trabajo y reduciendo así la enorme sobrecarga a la cual está especialmente sometida la mujer española (con el triple de incidencia de enfermedades debidas al estrés que los hombres), que aumentó alarmantemente con el cierre de las escuelas y que es insostenible de alargarse en el tiempo. La recuperación económica no será posible sin que se resuelva esta situación. Esta ha sido la experiencia en otros países y así ocurrirá en España. Así de claro.

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«La renta básica universal es anticapitalista pero también puede hacer más equitativo al capitalismo»

18 abril, 2019

Fuente: http://www.eldiario.es

«Tener a millones de personas sin ingresos de ningún tipo puede dar lugar a un grave problema social y la renta básica universal puede ser una solución», argumenta Juan Torres López (Granada, 1954), catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. El economista acaba de publicar La renta básica (Editorial Deusto), un libro donde explica y analiza una medida que se empieza a pergeñar en la Grecia clásica y ha llegado hasta nuestros días como una posible solución social al proceso de robotización del mercado laboral.

Torres desarrolla en su libro los argumentos de detractores y partidarios de la renta básica universal cuando admite que El debate político, que a veces no es muy riguroso, ha amplificado esa confusión alrededor de la renta básica porque se ataca sin saber a qué se refiere».

¿Por qué hay tanta confusión a la hora de definir la renta básica?

Es un concepto que se ha introducido en el debate de las políticas económicas y sociales con un sentido muy amplio. El problema es cuando se utiliza la expresión renta básica y nadie sabe a qué se está refiriendo. Inicialmente cuando se hablaba de renta básica se hacía referencia a la renta básica universal, que se establece sin condiciones a todas las personas solo con el hecho de ser ciudadano, pero hoy día el término encubre incluso a normas jurídicas que están en estatutos de autonomía en España, tipos de rentas mínimas o garantizadas que no deberían ser definidas como renta básica universal. El debate político, que a veces no es muy riguroso, ha amplificado esa confusión porque se ataca sin saber a qué se refiere.

En su libro se define la renta básica como una propuesta moral, un proyecto ético de justicia y libertad, una postura difícil de establecer en una época dominada por el utilitarismo mal entendido.

El utilitarismo es una propuesta moral también. Todas las propuestas que se hacen que tienen que ver con la forma de vivir son propuestas morales y éticas. La defensa y el ataque a la renta básica tiene que ver también con posiciones éticas, ya que responde a la idea de repartir lo común, pero aquí se puede plantear: ¿qué es lo común?¿Es necesario repartir lo común o está ahí para que se lo apropie quién quiera?¿Es justo que se reciba algo sin dar nada a cambio? Realmente son preguntas que no tienen respuesta objetiva ya que dependen de los criterios morales de cada persona, algo extensible a cualquier medida de política económica. La Economía no aporta soluciones sino políticas, siempre hay detrás un juicio moral.

Finlandia ha realizado un experimento cediendo una renta a un grupo de personas. Las conclusiones del experimento es que los beneficiarios se han sentido más seguros, al mando de sus vidas y con mejor salud mental y física, pero no ha tenido grandes efectos sobre la situación laboral de estas personas. ¿Es un fracaso? Por qué se relaciona siempre con el empleo?

Las teorías que explican el desempleo y cómo se crea empleo se pueden ubicar en dos extremos: en un lado, las más neoclásicas o liberales que establecen el trabajo como una mercancía más y que para crear empleo lo que hace falta es que los mercados sean flexibles. Algunos defensores de la renta básica dicen que gracias a la ella los mercados puede ser más flexibles y contribuiría a crear empleo. Desde otro punto de vista, el paro se origina por escasez de demanda de bienes y servicios, si se le da a todo el mundo la capacidad de compra añadida se incrementaría esa demanda. Para criticarla se argumenta que va a convertir en más reacias a las personas para encontrar empleo o que puede crear un problema de precios si la mayor demanda no va acompañada de una mayor oferta. Se la vincula con la condición laboral porque hoy día es la mayor preocupación, pero incluso entre los defensores de la renta básica lo menos esperado es que haya más empleo, al menos del convencional, la renta básica no se justifica por la creación de empleo.

Dentro de la izquierda se postula el trabajo garantizado como alternativa a la renta básica. ¿Es preferible?

Volvemos a entrar en una preferencia ética. En los países donde hay más nivel de empleo, como Japón o EEUU, nos encontramos trabajos que nos parece que tienen poco contenido, pero se trata de proporcionar ingresos a personas que por su capacidad o por su formación no tienen opciones para alcanzar otro empleo. Se entiende como una fórmula para facilitar una renta mínima o decente o garantizada a personas que no tienen otra fuente y hacerlo con un prerrequisito moral en forma de «a cambio de».

Comparte la idea del sector más liberal que apunta que la renta básica podría sustituir al resto de medidas de protección social. 

No comparto la propuesta, ya que el efecto podría ser más negativo porque sería más caro, pero ciertamente se podría hacer. Una renta básica podría sustituir a todas las demás prestaciones, incluidas las educativas y sanitarias, y ofrecer esos bienes públicos como privados. Con la experiencia que tenemos, sin sanidad pública la sanidad privada sería más cara y no se podría garantizar el acceso a todo el mundo. Si se deja en manos del mercado no habrá igualdad de condiciones porque dependerá de la renta. Detrás de este planteamiento hay un posicionamiento ideológico en contra de todo lo que gestiona el Estado porque lo asocian a una coerción  pero no hay razones objetivas que lo avalen.

Desde hace unos años se está replanteando si medidas económicas como el PIB sirven para medir adecuadamente el desarrollo ya que no tienen en cuenta el bienestar de las personas. ¿Habría que dar un salto y redefinir los elementos que deben formar estas herramientas para que la renta básica sea aceptada?

Cada día está más claro que el Producto Interior Bruto es muy bruto: no refleja adecuadamente la actividad económica. No permite conducir la economía contemplando todos los factores. Con un conjunto o una cesta de indicadores diferentes —porque es muy difícil tener un indicador complejo que refleje al completo el bienestar humano y la eficiencia económica— veríamos que la renta básica sería fácilmente encajable como política económica.

Con la robotización de la economía se ha puesto la renta básica como una solución.

Si la robotización, como otras revoluciones tecnológicas, se acompaña de un mantenimiento de la jornada laboral se va a producir un paro masivo. Si los beneficios de los incrementos de productividad se distribuyen de una manera desigual se producirá una situación social explosiva. Esta amenaza lleva a que personas defensoras del capitalismo en su forma más libre contemplen la necesidad de la renta básica. Lo lógico sería no dejar a un ejercito de personas condenadas a no tener una asistencia que garantizara un mínimo de bienestar sino abordar esta revolución tecnológica para que beneficie a todos. Lo que está ocurriendo es que todas estas innovaciones van de la mano de la una legislación que favorece jornadas de trabajo aun más largas, con independencia del sueldo, sin que se dé una negociación laboral simétrica.

En su libro destaca los comentarios de Karl Polanyi sobre la medida de Speenhamland, una especie de complemento salarial que Ciudadanos parece haber recogido en su programa. 

Polanyi explica que se trata de una medida que daba tantos derechos a los trabajadores frenó el desarrollo del capitalismo porque estaba en contra de la liberalización, de la mercantilización del trabajo.

¿La renta básica es una medida contra el capitalismo?

Filosóficamente es contraria al capitalismo, al igual que la sanidad pública. El capitalismo se basa en la libre compra y venta de la fuerza del trabajo y los recursos naturales. La renta básica supone llevar una retribución a un factor con independencia del valor que esté creando, en este sentido es anticapitalista. Otra cosa es que sea perfectamente compatible con el capitalismo, porque lo puede hacer más eficiente, más equitativo y crear más paz social.

La renta básica, libro de Juan Torres López.
La renta básica, libro de Juan Torres López. DEUSTO

El debate de la renta básica es cómo se financia. Recoge en su libro un estudio de Arcarons, Raventos y Torrens por el que el coste neto estaría sobre los 187.870 millones de euros, un 17,4% del PIB español.

Hay varios errores a la hora de calcular su coste. El coste bruto de la renta básica es fácil de calcular: cuánto dinero le queremos pagar a un número determinado de personas. Ahora bien, ese montante total que es una cantidad bruta hay que definirlo posteriormente en términos efectivos. Esa cantidad de 187.870 millones va a generar una serie de ahorros como subsidios o subvenciones que se van a eliminar. Además, hay que tener en cuenta cómo se va a financiar porque si se financia con el IRPF estamos haciendo una transferencia de renta que va a suponer también una serie de ahorros, con lo que el coste final sería mucho menor.

¿Una herramienta como la renta básica solo tiene sentido si es universal? 

Puede ser una renta condicionada a lo que se decida, desde la nacionalidad a la renta, pero una renta básica universal sí se puede instaurar en un territorio concreto, aunque creo que sería desnaturalizarla. Deben percibirla todas las personas que son ciudadanas de un territorio. No soy partidario de entender un Estado como el español repartido en 17 cuasi miniestados y que haya diferencias entre los diferentes territorios: hay derechos que deberían ser garantizados a escala estatal. Una comunidad autónoma podría poner en marcha una renta básica universal pero se produciría lo que los economistas llamamos votos con los pies, desplazamientos de población a esas comunidades.

¿No se debe aplicar criterios de renta para dar la renta básica?

La renta básica universal la debe recibir cualquier persona sin tener en cuenta su renta, sus ingresos o su situación laboral o personal. Es incondicional. Dependiendo de la edad si se podrían definir niveles para establecer cantidades diferentes. A la hora de financiarla es cuando entran los matices porque si se hace con el Impuesto sobre la Renta había un grupo de pagadores y otro de receptores, con lo que en términos netos los que la financian no recibirían esa renta básica.

Si una renta básica es tan positiva ¿por qué fue rechazada en referéndum en Suiza?

Los porcentajes de apoyos y rechazos a la renta básica universal están muy igualados en la sociedad europea. En las últimas encuestas se ofrecen razones un tanto sorprendentes para su rechazo, por ejemplo hay un porcentaje mayor entre los católicos en España que se posicionan en contra de la renta básica porque alegan que hay otras fórmulas para evitar la necesidad. Pesa la idea de que es muy caro y cuesta asumir el razonamiento de que se le dé la misma cantidad de dinero a cualquiera que sea la persona independientemente de lo que haga, cuando lo que se hace es repartir un acervo común, una herencia común. Estamos viviendo el conflicto que ocurría en las primeras ciudades cuando se planteaba hacer canalizaciones que eran costosas y había grupos de ciudadanos que defendía que solo bebiera agua limpia el que la pagase hasta que se razonó que sin canalizaciones y saneamientos se expandía más fácilmente el cólera, una enfermedad que cuando se extienda no va a hacer una diferencia por renta. Tener a millones de personas sin ingresos de ningún tipo puede dar lugar a un grave problema social y la renta básica universal puede ser una solución.

Finlandia demuestra que una renta básica para todos puede funcionar

25 noviembre, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

En un pequeño pueblo rural de Finlandia, un hombre recibe dinero gratis. Casi 560 euros entran en su cuenta corriente cada mes, sin ningún tipo de ataduras. Puede usar el dinero como quiera. ¿Quién es el benefactor? El Gobierno finlandés. Parece el preludio a una película de suspense, o a lo mejor a un reality de televisión. Aunque la historia de Juha Järvinen es más interesante. Es básicamente un ratón de laboratorio en un experimento que puede definir el futuro de Occidente.

Järvinen fue elegido la Navidad pasada por el Estado para formar parte junto a otros 2.000 desempleados en un ensayo de la renta básica universal. Puede que hayas oído hablar de la renta básica universal, o la política que se basa, literalmente, en dar dinero a la gente a cambio de nada. Es una idea que emociona tanto a gente abiertamente de izquierdas –John McDonell y Bernie Sanders– como a la élite económica de Silicon Valley –Mark Zuckerberg y Elon Musk–. Y en el largo período que ha transcurrido tras la crisis financiera, esta es una de las pocas alternativas que no dejan un sabor a refrito pasado de fecha.

Aun así, casi nadie sabe cómo sería. A raíz de todo el alboroto generado por esta propuesta, Finlandia será el primer país europeo en realizar un ensayo. No es la versión purista de la renta básica universal que daría un sueldo mensual a todos, incluyendo a los millonarios. Finlandia tampoco publicará resultados hasta que el periodo de prueba de dos años finalice en 2018. Mientras tanto, dependemos de los testimonios de los participantes como Järvinen. Así que vuelo a Helsinki y conduzco cinco horas para encontrarme con él.

Pregúntale a Järvinen que ha significado para él recibir dinero gratis cada mes y te conducirá a su taller. Ahí encontrarás equipos de producción cinematográfica, una pizarra con planes para una versión de Airbnb para artistas, y un pequeño cuarto en el que hace tambores Batá que vende por hasta 900 euros. Todo esto mientras que ayuda a criar seis niños. Todos esos euros gratis le han llevado a trabajar más duro que nunca.

Nada de esto habría sido posible sin la renta básica universal. Hasta este año, Järvinen vivía de su paga de desempleo. La oficina de empleo de Finlandia siempre estaba estudiando su caso, siempre entre solicitudes de empleo y talleres de formación. Las ideas brotan de Järvinen con la misma facilidad que el agua de un grifo, pero nunca podía desarrollar sus ideas por miedo a suscitar restricciones burocráticas.

Prestaciones sociales clásicas que imponen barreras

En un caso muy debatido el año pasado, un finés llamado Christian fue pillado tallando y vendiendo púas para guitarra. Era más un pasatiempo que un negocio, le sacaba poco más de 2.000 euros al año. Pero la suma no fue lo que enfureció a las autoridades, sino el tiempo que había dedicado a realizar cada púa, que podría haber empleado en la carrera de obstáculos oficial para encontrar trabajo.

Este era también el caso de Järvinen, hasta este año. Al igual que muchos británicos que sobreviven de las prestaciones sociales, él estaba atrapado en un sistema «humillante» que le daba poco menos que para alimentarse, al mismo tiempo que le negaba cualquier esperanza de satisfacción.

Entonces, ¿a qué se debe su cambio? Al dinero de la renta básica universal está claro que no. En Finlandia, 560 euros es menos de un  quinto del sueldo medio en el sector privado. «Tienes que ser un mago para sobrevivir con ese dinero», dice Järvinen. Una y otra vez, se describe como «pobre», sin rodeos.

Su liberación vino con la falta de condiciones ligadas al dinero. Si así desean, los finlandeses pueden meter el dinero en el banco y no hacer nada más. Pero al menos en el caso de Järvinen, la suma le ha quitado el miedo a la profunda miseria, dándole la libertad necesaria para hacer trabajos que para él son relevantes.

Suena simple. Es simple. Pero para los visitantes a la Gran Bretaña de la Austeridad, con su amplio abanico de escándalos relacionados con los subsidios sociales, desde el crédito universal a Concentrix o Atos, suena casi a fantasía.

Los parados no son vagos que no quieren trabajar

Este ensayo ha sido introducido por un gobierno de centroderecha que está llevando a cabo su propia versión de las políticas de austeridad, con grandes recortes a las prestaciones sociales y a las escuelas. Aún así, por mucho que intente imaginar a Theresa May o a Philip Hammond permitiendo el más mínimo cambio a los pobres sin cuestionarlo de manera alguna, no puedo imaginarlo.

Visito a la equivalente finlandesa del británico Ian Duncan Smith, la ministra de Asuntos Sociales, Pirkko Mattila. Recientemente alejada del partido populista Verdaderos Finlandeses, no tiene tendencias hippies a simple vista –ni siquiera unas varillas de incienso–. Aún así se muestra verdaderamente perpleja de que pueda haber resistencia política alguna a darle dinero a gente pobre para que se quede sentada en casa. «Personalmente, creo que los ciudadanos finlandeses quieren trabajar de verdad», dice Mattila.

Esto demuestra cómo de moralmente corruptas se han vuelto las políticas de subsidios sociales en el Reino Unido en comparación con muchas otras partes de Europa. Se puede culpar a la austeridad del Partido Conservador, a los programas de trabajo a cambio de beneficios sociales del Nuevo Partido Laborista de Tony Blair, a los intentos thatcheristas de mandarnos a paseo, pero lo cierto es que hemos acabado con un sistema atravesado por dos creencias tóxicas.

Falsas creencias sobre la pobreza

En primer lugar, que la pobreza es el producto del fracaso moral personal. Para el ministro de Hacienda durante el mandato de David Cameron, George Osborne, era una cuestión de vagos contra luchadores. Para Iain Duncan Smith, la pobreza era la fruta podrida de las familias disfuncionales, la adicción o la deuda. Ninguno de ellos, ni los miembros de sus partidos, pueden admitir los que sus homólogos finlandeses sí hacen: que la pobreza no es más que la falta de dinero.

De ahí surge la segunda creencia falsa británica: la idea de que el sistema de ayudas sociales no es una red de seguridad para todos, sino un sistema de clasificación desmoralizado y falto de recursos para los vagos y los inútiles de los estratos más bajos de la sociedad.

Tratar a los pobres como a criminales en ciernes coloca al sistema de bienestar social como adjunto al sistema de justicia criminal. Significa declarar a gente moribunda como apta para el trabajo. Deja a las personas con minusvalía con temor a la próxima evaluación de su capacidad funcional; y a gente desempleada, castigada sin razón alguna.

Y todo esto es prácticamente inútil. La burocracia y los costes se trasladan a todas partes, desde la sanidad pública a la administración local y de ahí a las oficinas de atención al ciudadano. El gobierno no ha conseguido, basado en sus propias evaluaciones, en destinar una pequeña fracción de sus recortes a reformar las prestaciones por discapacidad. Piensa en todas las vidas que se han visto hechas pedazos, arruinadas. Y no se ha ahorrado casi ni un céntimo.

Si esta fuese la filosofía de los finlandeses, nunca habrían llevado a cabo este experimento, y Järvinen no estaría ahora soñando con decenas de proyectos.

Vete a Finlandia a buscar respuestas en relación a la renta básica universal, por supuesto. Pero ve preparado para volver con aún más preguntas de por qué Gran Bretaña maltrata a sus pobres.

Traducido por Marina Leiva

Finlandia empieza a emitir señales de éxito en su Renta Básica Universal

27 octubre, 2017

Fuente: http://www.publico.es

La OCDE dice que la Renta Básica Universal (RBU) no es una “bala mágica” contra la pobreza, pero admite sus efectos positivos, por ejemplo, en la sostenibilidad de las pensiones. Iniciativa que gusta a las grandes fortunas. Desde Bill Gates (Microsoft) a Mark Zuckerberg (Facebook), pasando por Elon Musk (PayPal o Tesla) o Jeff Bezos (Amazon) se declaran entusiastas de esta medida, cuyo nuevo estandarte lo porta, en la actualidad, el Gobierno de centro-derecha de Finlandia. Con visos de éxito.

Bandera de Finlandia./AFP

Bandera de Finlandia./AFP

Los grandes empresarios apoyan la RBU

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, también respalda la idea, pide su universalización e incide, concretamente, en el ejemplo del Permanent Fund Dividend de Alaska, donde realiza labores de filantropía y para cuyo beneficio, vigente a lo largo de todo el año, sólo se requiere el permiso de residencia en el estado norteamericano y no planear dejar el territorio más septentrional de EEUU.

Pero no son los únicos casos de empresarios que dominan la lista de riqueza personal de Forbes que muestran sensibilidad hacia la renta básica y su propagación planetaria. Jeff Bezos, el jefe de Amazon y actual hombre más rico del planeta, también lo valora para amortiguar los efectos de la crisis en términos de desigualdad y afrontar la automatización del futuro inmediato. Eso sí, de forma menos entusiasta que Elon Musk (creador de PayPal, SpaceX o Tesla, entre otros éxitos empresariales de este gurú de la tecnología), para quien “acabaremos viendo la RBU más pronto que tarde”, ya que su implantación “es absolutamente necesaria” para afrontar los desafíos del mercado y las nuevas tendencias en la producción de bienes y servicios.

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en una foto de archivo. / REUTERS

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en una foto de archivo. / REUTERS

En apoyo de estos argumentos surgen predicciones científicas oficiales en EEUU que alertan, en comisiones del área económica-financiera del Congreso, de que la mitad de los puestos laborales del país serán reemplazados por robots en 2030.

Pero la batería de primeros espadas empresariales no se reduce a este póker de poderosos. La sombra de defensores de la renta básica universal es alargada.
Pierre Omidyar. El fundador de eBay ha donado cerca de medio billón de dólares a través de su fundación a desarrollar GiveDirectly, proyecto de renta básica para reducir la pobreza en Kenya.

Andrew Ng. Cofundador de Coursera y responsable de investigación en Baidu, escribió un tweet al presidente de EEUU en el que le escribió que, “ahora más que nunca, necesitamos una renta básica que limite las penurias de la gente y mejora la educación para dar oportunidades a todo el mundo”.

Sam Altman. Presidente de Y Combinator, la incubadora de start-up más importante de Sillicon Valley, vaticina que la robotización será casi plena a lo largo de este siglo y ha sido el impulsor de la renga básica en Oackland (California).
Bill Gross. Cofundador del fondo de inversión Pacific Investment Management, sugiere en su análisis de mercado de 2016, que EEUU debería emplear ya recursos a “la revolucionaria” idea de la RBU. Aunque -matiza- dado que emergió en la década de los sesenta del siglo pasado, “a lo mejor tampoco es una idea tan rebelde”. Su argumento incide en la consigna de defensa de la RBU: “si cada vez más trabajadores van a ser reemplazados por robots, se necesitarán nuevas fórmulas para distribuir la riqueza”. Pero su epitafio es de especial rotundidad: “Habrá alguien que siga pensando en ello como una vieja idea del socialismo, pero yo les digo, tendremos que usarla, porque se trata de una buena idea y una mejor solución”.

Tim O’Reilly. CEO de O’Reilly Media, también lo cataloga de “magnífica idea” para tratar de diluir la amenaza de la automatización productiva en ciernes, “aunque aún estemos en el comienzo de su discusión”.

Chris Hughes. El otro cofundador de Facebook, recuerda que la fe social en el actual patrón de crecimiento de EEUU “se romperá en múltiples formas” a medio plazo. Cualquier tratado de “reconversión de nuestra economía”, en consecuencia, “debería incluir propuestas honestas” como la RBU, tal y como ha sucedido desde el término de la Segunda Guerra Mundial.

Chris Hughes, ayer, en la Conferencia Europea de Comercio Electrónico.

Chris Hughes

Finlandia, en el observatorio mundial

La RBU finlandesa ha sido motivo de debate en la OCDE. No es para menos. Después de que los estamentos empresariales y políticos hayan azuzado el debate a escala global. En este asunto, el club de las potencias industrializadas considera que “no es la panacea” para corregir la brecha de desigualdad que se ha ensanchado, en mayor o menor medida, entre sus socios por efecto de la crisis de 2008. De hecho, enfatizan en su cuartel general en París, perjudica “la disparidad de poder adquisitivo entre ricos y pobres” y no contribuye, en absoluto, a la recuperación de la vilipendiada clase media. Incuso vaticina que ni siquiera corregirá las bolsas de pobreza. Aunque reconoce, eso sí, su aportación a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. En un momento en el que todo acopio de riqueza sirve para contener la bomba demográfica en las sociedades civiles de sus países miembros. Para justificar su sesudo diagnóstico, se ampara en la experiencia acumulada en latitudes como Alaska, donde lleva años de vigencia; Irán, desde 2011, mientras llama la atención sobre la negativa de Suecia, estandarte del estado de bienestar, a implantar el modelo finlandés. Aunque, en realidad, el Gobierno de Estocolmo, vigile de cerca los resultados de su vecino del Este.

Aun así, los expertos de esta institución multilateral realizan el siguiente diagnóstico, sustentado en estudios comparativos, sobre los costes de su instauración, en cuatro de sus socios. Francia, Italia, Reino Unido y, por supuesto, Finlandia.

Premisa número uno: La RBU supondrá desembolsos desde los estados de bienestar mucho más significativos que los actuales. Sin que pueda asegurarse -dice la OCDE- que sea una bala mágica para reducir la pobreza. Fuente: OCDE

Premisa número dos: La RBU obligará, en consecuencia, a masivos incrementos de impuestos, superiores al 10% del PIB en algunos países, además de reducir, simultáneamente, algunos otros beneficios sociales, para acometer el fondo de renta universal.

Premisa número tres: El modelo de renta universal -no exclusiva para desempleados, como el caso finlandés y otro muchos en vigor- de la OCDE recalca que beneficiará a las clases medias, pero que no repercutirá apenas entre las capas bajas y altas de la sociedad. Incluso asegura que perderán poder adquisitivo aquellos que adelanten su edad de jubilación. Y que perjudicaría a países con protecciones sociales equlibradas y saneadas.

Conclusión: La OCDE finaliza su deliberación con una radiografía contundente: Sin beneficios claros y bien calculados, los gastos de cualquier modalidad de RBU se dispararían y el riesgo de elevar las cotas de pobreza seguiría su estela alcista al tiempo que los ciudadanos de estos países verían reducidos sus ayudas sociales. Aunque también deja su respaldo abierto a alternativas de RBU, más restrictivas, que no eliminen las opciones de retiros anticipados o las que se entreguen durante periodos concretos de la vida laboral. Como el caso finlandés. Sólo para desempleados, mientras residan en el país.

Sobre las fórmulas de financiación, en el supuesto de que se pongan en marcha modalidades de renta universal, las instituciones multilaterales se dividen entre partidarias de inyectar liquidez mediante acciones, dentro de una Oferta Pública Inicial (IPO), cuyos beneficios irían a parar a un Depósito de Capital Común.

Mientras otras se decantan por sufragar los gastos vía impuestos, a través de tributos ecológicos, como nuevas figuras fiscales a empresas por exceso de polución, por transacciones financieras o a las grandes fortunas.

Debate multilateral y científico

También desde el World Economic Forum (WEF) se ponen trabas. Margareta Drzeniek, su jefa de Competitividad y Riesgos Globales, tampoco cree que sea la piedra filosofal. “Deberíamos de explorar otras opciones”, explica. “Necesitamos más política de innovación y proyectos pilotos que nos aseguren la sostenibilidad de los sistemas de bienestar y que nos garanticen una justa distribución de las rentas en la Cuarta Revolución Industrial”, la Era de la Robotización. Estrategia que exige, a su juicio, la transformación reformista en áreas como la Educación, el Conocimiento, las compensaciones laborales para elevar los niveles de vida, y el asentamiento del crecimiento económico.

Crece el número de las grandes fortunas mundiales que apuestan por implantar la renta básica, “más pronto que tarde”, para afrontar la robotización de la producción de bienes y servicios.

Alaska es, en la actualidad, el único ejemplo con renta universal mediante un único pago anual. Desde 1976, el Fondo Permanente de Alaska, que recibe un mínimo del 25% de los ingresos de tránsito de petróleo a través de su red de oleoductos, se distribuye entre cualquier residente habitual del estado más septentrional de EEUU. Su trayectoria, de más de cuatro décadas, revela que sus beneficiarios no trabajan menos. Ni tampoco se ha producido un movimiento migratorio hacia Alaska, como reclamo de su RBU. Tampoco en Irán, donde las familias reciben casi la tercera parte (el 29%) del gasto medio de adquisición de una vivienda, se ha registrado una pérdida de horas laborales. Al contrario, la economía iraní ha elevado su productividad. Motivo por el que varios millones de beneficiarios han renunciado a la ayuda.

Incluso, en ambos ejemplos, sus pensiones se han fortalecido. La OCDE, en este punto, no sólo reconoce, sino que ensalza, el efecto positivo de este tipo de iniciativas, que “alivian las tasas de cobertura” de los retiros laborales.

Un think-tank, Brookings Institution, con sede en Washington, considera que la RBU erradicaría la pobreza en 66 países, beneficiando a 185 millones de personas, y que apenas costaría el 1% del PIB de esas economías. Su economista jefe, John McArthur, precisa que “el resultado sería visible a corto plazo, y sin necesidad de aportar un solo dólar extra de cooperación al desarrollo”; es decir, de ayuda internacional. Como ya está sucediendo con proyectos como GiveDirectly, una ONG que, entre otras acciones en países en desarrollo, financia iniciativas de renta básica en Kenia. McArthur hace hincapié en que planes similares podrían lanzarse, de inmediato, para ayudar con coberturas anuales a los 650 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza.

Ocho experimentos emblemáticos de RBU

Entre 2016 y 2017, han empezado a funcionar ocho nuevos experimentos de RBU en el mundo. Con sus particularidades, aciertos y errores, y sus diferentes asignaciones dinerarias.

Kenia. En octubre de 2016 se lanzó GiveDirectly. Desde entonces, los habitantes de 40 poblados reciben 22,5 dólares mensuales durante doce años. Esta ONG tiene en previsión añadir a otras 80 aldeas, con dotaciones de dos años de ayudas, otras 80 que recibirán una retribución única equivalente al montante de dos años de renta y analizar las tres fórmulas junto a otras 100 villas que no recibirán respaldo financiero alguno. Para cuyo estudio, utilizarán herramientas de Big Data.

Finlandia. El experimento, concedido a 2.000 empleados, tiene un objetivo esencial: medir cómo la renta básica podría transformar y modernizar la estructura del estado de bienestar finlandés y comprobar si los niveles productivos del país mejoran con estas garantías a parados.

Oakland, California. Y Combinator anunció a mediados de 2016 que pagaría salarios mensuales de entre 1.000 y 2.000 euros a 100 familias de esta ciudad californiano de distintos rangos socio-económicos y sin requerimiento de residir permanentemente en EEUU. Si frutifica en éxito, le sucederá un programa pentanual.

Think-tanks como Brookings Institution considera que la RBU erradicaría la pobreza en 66 países, beneficiando a 185 millones de personas, y que apenas costaría el 1% del PIB de esas economías.

Utrecht, Holanda. La iniciativa de renta básica se retomó a comienzos de 2017 y tendrá dos años de vigencia. Involucrará a 250 ciudadanos holandeses que recibirán una asistencia oficial de 1.100 dólares mensuales. Aunque esos son los números promedio. Porque existen seis grupos con distintas retribuciones y requerimientos. En uno de ellos, por ejemplo, pueden conseguir 161 dólares adicionales al mes, si realizan trabajos de voluntariado. En otro, sus integrantes pueden acceder a proyectos empresariales concretos y en funcionamiento de la ciudad, con los que pueden rentabilizar sus ingresos, pero deben devolver una parte de esos beneficios en caso de que decidan no cooperar con programas filantrópicos.
Ontario, Canada. Las autoridades de este estado canadiense han presupuestado 19 millones de dólares a replicar el experimento de Manitoba, en vigor desde la década de los setenta del siglo pasado. Los planes oficiales, todavía en fase de estudio, incluyen renta básica y provisiones de fondos, y baraja las exigencias que deben cumplir los beneficiarios de la misma.
India. El Gobierno indio ultima la puesta en marcha de experimentos, en otras ciudades, como el de su Estado de Madhya Pradesh, en el que, desde 2010, más de 6.000 personas reciben una pequeña aportación mensual durante 18 meses. En octubre de 2016, el equipo económico de Nueva Dehli anunció que la RBU empezaría a integrarse en la estructura económica de la mayor democracia del mundo y, desde comienzos de este año, una comisión parlamentaria específica tiene encomendada la tarea de encontrar la fórmula de expandirla por todo el país.
Livorno, Italia. Filippo Nogarin, alcalde de la localidad italiana, empezó a dar a cien ciudadanos de su municipio costero, de 150.000 habitantes, una renta mensual de 537 dólares, que amplió este año a otras cien familias. Para Nogarin, el resultado del primer año ha sido muy positivo. A su juicio, ha ayudado a sus conciudadanos a reconducir sus carreras profesionales y a mejorar sus perspectivas de futuro. Ragusa y Naples valoran incorporar esta iniciativa.
Uganda. También se inició este año. La ONG Eight suministrará ocho euros (8,6 dólares), como el nombre de su organización, de renta básica a 50 familias del poblado ugandés Fort Portal. La prueba durará, al menos, dos años y su experiencia será relatado en un documental, Village One.

Salto a la arena política

La RBU ha formado parte del ideario de Jeremy Corbyn, con el que el líder de la oposición en Reino Unido pretende inculcar “mayor progresismo” al laborismo británico y, según sus propias palabras, también a los partidos de izquierdas europeos. Su propuesta de renta básica sustituiría al abanico de programas, subsidios, deducciones fiscales y contribuciones sociales por trabajo del país e, incluso, los gastos administrativos asociados a estas tramitaciones. De forma que se convertiría en una retribución para personas con bajos o nulos niveles de ingresos, con la que se autofinanciaría su futura pensión. Aunque admite múltiples interpretaciones.

Su implantación también se incluyó en el programa electoral de Benoît Hamon, líder socialista francés, que apenas recibió el 6% de respaldo en la cita presidencial de la pasada primavera. En su opinión, la RBU “es un instrumento que libera trabajo y permite a cada persona poder eligir sus ocupaciones profesionales sin necesidad de tener que sufrir por ello”. El plan de Hamon se sintetizaba en cuatro ideas-fuerza: instaurar una renta básica para jóvenes entre 18 y 25 años; aumentar los beneficios por desempleo o subempleo hasta los 600 euros al mes; implantar un sistema automático para estos pagos y universalizar la retribución con un mínimo de 750 euros mensuales. Jean-Luc Mélenchon, político izquierdista francés, antecedió al Partido Socialista en este cometido. Igual que Podemos, en España, que la incorporó a su programa para los comicios de 2015 y 2016. En línea con la proclama de IU, antes y después de su coalición con la formación morada. A la espera de que el nuevo PSOE-2.0 de Pedro Sánchez concrete su posición al respecto -y su plan de financiación adicional de las pensiones-, a partir de su sugerencia de reformular la socialdemocracia y sufragar con mecanismos como la Tasa Tobin, que grava las transacciones financieras, determinadas medidas de política social.

El recurso a la RBU es, en realidad, una vieja receta. Incluso de siglos precedentes. Aunque ha sido la crisis y sus devastadores efectos sobre la población la que ha puesto de nuevo de moda esta propuesta. En ese contexto se enmarcan también las palabras del ex ministo de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, uno de sus más firmes defensores: “Es una urgencia inaplazable para civilizar el capitalismo y evitar los espasmos que generará por la nueva generación tecnológica”. Un mensaje que comulga con las concepciones cosmopolitas y favorables a la globalización de los partidos progresistas y con voces como la de premios Nobel Paul Krugman o Joseph Stiglitz, o de economistas también ilustres como Jefrey Sachs, James Galbraith o Thomas Pikkety. Pese a que países como Suiza hayan renunciado a ella (la aportación llegaba a 2.500 euros mensuales) en referéndum, en junio de 2016.

De momento, detractores y defensores observan el paso de la RBU finlandesa. Entre argumentos que critican su despilfarro, que alaban su capacidad de ahorro y solución a la precariedad laboral y los que, en un limbo intermedio, consideran que los meses de funcionamiento del proyecto en Finlandia abren la puerta a futuros experimentos mejor pertrechados, más sofisticados y que sean capaces de generar mayores cuotas de retorno en beneficios sociales

Estos son los perdedores y ganadores de una hipotética renta básica

5 julio, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

La propuesta de una renta básica es simple: un ingreso asegurado y universal para toda la población sean cuales sean sus circunstancias e ingresos. Cómo hacerlo y qué efectos tendría, no tanto. El último informe de la OCDE sobre renta básica alerta de que los sistemas de protección social y beneficios sociales actuales son tan complejos que su reemplazo por una renta básica crearía un complicado balance de ganadores y perdedores. De hecho, este ingreso podría no contribuir apenas a reducir la pobreza en algunos países.

Ese balance dependería de dos factores: quiénes son los beneficiarios de los sistemas actuales y cómo se plantearía la renta básica, es decir, cómo se financiaría y a qué beneficios sustituiría. Una foto del estado actual ayuda a mostrar qué población recibe más transferencias sociales. Estas transferencias sociales se hacen en forma de subsidios, prestaciones, pero también a través del sistema de pensiones, de la educación o del sistema fiscal.

En Finlandia, por ejemplo, el 20% más pobre recibe cuatro veces más transferencias que el 20% más rico. En Francia, los dos estratos de población acaban por recibir prácticamente lo mismo por diferentes vías. En otro grupo de países, entre los que se encuentran España, Grecia, Portugal e Italia, el 20% más rico se beneficia del triple de transferencias sociales que el 20% más pobre, una irregularidad que marca la ineficienca del sistema de protección social de los países del sur de Europa.

Este reparto es clave para saber quién gana y quién pierde. Si la renta básica sustituyera a los beneficios actuales, es decir, si el dinero que ahora se gasta en todas las prestaciones se sumara y se repartiera en cantidades iguales a cada ciudadano, los más pobres de algunos países con fuertes sistemas de protección (como los nórdicos) saldrían perdiendo. «Como en la mayoría de países estas transferencias están dirigidas a la población con niveles más bajos de ingresos estas personas ya están recibiendo unos beneficios mayores que lo que percibirían si se sustituyen por la renta básica», explica el politólogo Pepe Fernández Albertos. En esos casos, la renta básica no solo no serviría para reducir la pobreza, sino que harían que gente que ahora está fuera de ese umbral cayera en él al reducir sus ingresos.

No es el caso de España. Al pertenecer al grupo de países donde las transferencias sociales benefician tan poco a los grupos más desfavorecidos, estas personas podrían salir ganando si se sustituyeran por una renta básica. «En España los programas de transferencia son muy poco redistributivos», apunta Fernández Albertos. Las clases medias que ahora apenas se benefician de alguna ayuda también ganarían al empezar a recibir un cheque mensual con su renta básica.

El otro factor a tener cuenta es a qué sustituye y cómo se paga esa renta básica. Un argumento muy usado por sus defensores es que esta medida podría tener un coste cero: al sustituir a muchos programas de ayudas y prestaciones actuales se usaría ese dinero para financiarla. Pero, ¿cuál sería la cuantía de la renta básica que saldría? Los cálculos de la OCDE señalan que, en general, derivaría en una prestación de cuantía inferior a los sistemas de rentas mínimas que ya están funcionando en cada país. Es el caso de España: esos ingresos mínimos representan ahora  el 60% del umbral de la pobreza, mientras que una renta básica financiada de esta manera (a coste cero) estaría en el 35% de ese umbral.

La OCDE dice, por tanto, que sin impuestos adicionales una renta básica a coste cero «estaría muy lejos de erradicar la pobreza», pero que conseguir una renta por encima del umbral de la pobreza sería «muy cara». «La idea es que si quieres tener una renta básica que esté por encima del umbral de la pobreza o bien introduces algunos criterios de condicionalidad para percibirla, lo que lleva a perder algunas de sus características, o bien tienes que aumentar tu presupuesto, lo que acaba con la idea de presupuesto cero, de que implantarla no supondría un aumento del gasto», señala el politólogo.

La OCDE concluye que la introducción de una renta básica debería ser, por tanto, paulatina e ir acompañada de un debate sobre cómo asumir una distribución más equitativa del crecimiento económico. Lo que parece claro, constata el organismo, es que las nuevas formas de empleo, el aumento de la desigualdad, la amenaza de miles de trabajos perdidos por la robotización y los desequilibrios entre vida laboral y personal están haciendo que el debate sobre la renta básica esté cada vez más presente.

El experimento de la renta básica en Finlandia da sus frutos: primeros signos positivos

15 junio, 2017

Fuente: http://www.eleconomista.es

ELECONOMISTA.ES

8:34 – 10/05/2017
  • Los desempleados ha logrado que su salud mental mejore con la ayuda
  • Los niveles de estrés han caído y se puede buscar un trabajo más adecuado
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Foto: Getty.

Más de cuatro meses después de que se pusiese en marcha el experimento con 2.000 desempleados de la renta básica en Finlandia, llegan los primeros resultados y parece que son positivos. Algunos parados que pasan por situaciones personales complejas ven como su estrés se reduce gracias a esta prestación. Además, como su cuantía es relativamente pequeña no desincentiva la búsqueda de trabajo, por el momento.

Este experimento comenzó el 1 de enero de 2017. Kela, la institución de la Seguridad Social que se encarga de llevar a cabo este programa, transfiere mensualmente 560 euros al mes a 2.000 desempleados con edades comprendidas entre los 25 y los 58 años. En principio se prevé que este plan se extienda durante dos años para poder analizar sus efectos a medio plazo. Este tipo de renta garantizada sustituye el resto de subvenciones o transferencias públicas, lo que mejora la eficacia del sistema público.

Marjukka Turunen, directora de gestión de cambios de Kela, explica que el plan está teniendo algunos efectos positivos: «La idea es darle a estas personas una seguridad financiera para que puedan liberar sus mentas y no preocuparte por el tiempo, por el dinero y por las necesidades básicas».

Una red de seguridad básica

Las personas que reciben la renta básica pueden centrarse en reciclar sus habilidades y sus conocimientos para alcanzar un puesto de trabajo acorde con sus preferencias, mientras que sin esta red de seguridad muchos de ellos tendrían que aceptar cualquier trabajo, incluso a tiempo parcial, con el objetivo de no perder la prestación por desempleo convencional.

Según Turune, las personas que están recibiendo este ingreso básico garantizado han dado muestras de una mejora en la calidad de su vida, debido a una reducción del estrés que soportan.

«Hubo una mujer que aseguraba que temía que sonase su teléfono porque podían ser los servicios de desempleo ofreciendo un trabajo cualquiera… ella explicaba que no podría asumir cualquier trabajo porque está cuidando a sus padres de edad avanzada en su casa. Este experimento tiene un impacto real sobre la salud mental de las personas», explica este funcionario finlandés.

Este experto señala que la cifra monetaria de la renta básica es fundamental para no distorsionar el mercado: «Si usted da a la gente 1.450 euros, no habría ningún incentivo para buscar trabajo porque muchas personas podrían subsistir fácilmente con esa cantidad en Finlandia».

«Tratamos de averiguar la cantidad precisa para que las personas encuentren cierta seguridad, pero a la vez sigan buscando empleo en lugar de quedarse en casa sin hacer nada», explica Turune.

Con 560 euros al mes se puede sobrevivir en algunos casos, pero si tienes un hijo o personas a cargo la situación cambia radicalmente. «La idea es que den por seguros esos 560 euros al mes».

La renta universal no crea vagos

16 agosto, 2016

Fuente: blogs.publico.es

08Jun 2016
Suiza, cuya mayor contribución a la humanidad sea, posiblemente, haber perfeccionado el reloj de cuco y la navaja multiusos, se ha hecho aquí muy popular por sus cuentas numeradas, que son el orgullo de nuestra delincuencia de cuello blanco. Estos días, sin embargo, los suizos han vuelto a ocuparnos por su rechazo en referéndum a que el Estado proporcione una renta básica mensual de 2.250 euros a cada ciudadano por el mero hecho de serlo. Nuestro liberales de cabecera se han apresurado a alabar la sabiduría helvética y sus raíces calvinistas que, según entienden, han hecho que triunfe el trabajo frente a la molicie.
De la renta básica incondicionada hemos tenido pocos profetas. La propuso Podemos en algún momento y tardó poco en meterla en un cajón y sustituirla por una renta mínima de 600 euros para hogares sin ingresos cuando empezó a darse cuenta de que el partido terminaría haciéndose socialdemócrata, pero a la española. Se trata, sin embargo, de la culminación lógica del Estado del Bienestar, y así se ha entendido en el norte de Europa, donde ya se ha pasado la etapa del debate y se camina hacia su implantación.
Si aceptamos que el ser humano al nacer tiene derecho a tener cubiertas sus necesidades más básicas, la única pregunta que cabe hacerse es si el modelo es financiable y sostenible o, por el contrario, se trata de una idea peregrina que hay que rechazar de plano. Según se verá ahora, es perfectamente realizable tal y como demuestran los estudios económicos y las experiencias prácticas de las que ya se disponen.
Varios de los promotores de la Red Renta Básica (Daniel Raventós, Antoni Doménech, Jordi Arcarons y Lluís Torrens, llevaron a cabo hace unos años una simulación para el conjunto de España con una muestra de casi dos millones de liquidaciones del IRPF de 2010. Los criterios fueron los siguientes: asegurar una renta incondicionada de 7.500 euros anuales a los mayores de 18 años (que es donde se sitúa el umbral de la pobreza en España) y de hasta un 30% de esta cantidad a los menores. Dicho importe estaría libre de impuestos y sustituiría a toda prestación pública inferior o se subsumiría en las superiores (los pensionistas que cobren 1.000 euros en la actualidad recibirían la misma cantidad, de la que 625 euros serían renta básica y 375 euros de pensión, y los que no llegaran a 625 euros verían complementado lo que reciben). Y todo ello asegurando que no se generase déficit y que se pudiera seguir financiando el gasto público actual, especialmente sanidad y educación.
Pues bien, con una reforma fiscal que eliminase el tratamiento favorable a las rentas del capital, que se integrarían en la base general, hiciera desaparecer todas las reducciones y deducciones actuales y aplicase un tipo único del 49%, la reforma no generaría déficit, haría ganar renta a más del 50% de la población y tendría un impacto distributivo muy progresivo. En resumen, sería perfectamente aplicable.
La propia Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que no es sospechosa de rojerío, entre otras razones porque está vinculada al Banco de España, revelaba ayer mismo que en la actualidad el 20% de los hogares más pobres soporta una carga fiscal casi similar al del 10% más rico. Lo que viene a significar que el actual sistema impositivo no redistribuye la riqueza sino que consolida la desigualdad, y que sólo las prestaciones públicas directas son las que logran acortar hasta en un 33% la distancia entre hogares pobres y ricos.
La primera aplicación práctica de la renta básica de la que se tiene conocimiento tuvo lugar en un pequeño pueblo canadiense, Dauphin (Manitoba), dentro de una experiencia piloto que se prolongó cinco años, de 1974 a 1979. Cada residente recibió una renta mensual incondicionada que oscilaba entre los 100 dólares al mes para quienes ya trabajaban y los 5.800 dólares anuales para quienes carecían de otros ingresos. Los resultados se arrumbaron hasta que una socióloga, Evelyn Gorget, publicó en 2011 sus conclusiones. ¿Qué se conseguía eliminando la pobreza? De entrada, reducir los accidentes, la violencia doméstica y las hospitalizaciones psiquiátricas. Los beneficiarios no se entregaban a la pereza sino que siguieron trabajando, con un pequeño descenso de la ocupación en adolescentes que completaron sus estudios y madres con niños pequeños, que cumplieron así una inestimable función social.

La renta básica universal está ahora sobre la mesa en Finlandia, donde un gobierno de centro derecha se dispone a ensayar su aplicación en una muestra piloto antes de generalizarla a toda la población. Una experiencia similar se llevará a cabo en la ciudad holandesa de Utrech con tres grupos de control. Y existe desde hace años en Alaska, donde desde hace años se reparte entre la población un cheque petrolífero de alrededor de 2.000 euros anuales, que ha hecho de este estado el segundo de EEUU con menor desigualdad. En Namibia, tras comprobar cómo en una región del país la entrega de 100 dólares a cada residente menor de 60 años disminuyó la pobreza del 76% al 16%, aumentaron los negocios, se eliminó prácticamente el absentismo escolar y la delincuencia se redujo casi a la mitad, el Gobierno estudia su introducción en todo el país. Son sólo algunos ejemplos.

Si puede establecerse que la distribución de un ingreso mínimo a cada ciudadano es viable, se daría un paso de gigante contra la pobreza, justamente lo contrario de lo que ocurre ahora con las ayudas del Estado, ligadas a que los receptores sigan siendo pobres. ¿Por qué va a aceptar un trabajo precario de 600 euros, con los gastos de transporte y comida aparejados, quien recibe un subsidio de 400 que perdería de inmediato? ¿Cuál es el incentivo?

Los estudiosos de la renta universal han enumerado sus ventajas, que son muchas. En primer lugar, no disuade de trabajar sino justamente lo contrario. Al no estar condicionada por ningún requisito la percepción del ingreso, facilitaría la aceptación no sólo de trabajos estables sino de ocupaciones temporales u ocasionales, lo que aumentaría la ocupación y la recaudación fiscal. Al mismo tiempo, impediría los abusos laborales, ya que nadie se vería obligado a aceptar trabajos penosos por necesidad, y paralelamente elevaría los sueldos y contribuiría a aflorar en parte esa economía sumergida de quienes se ven obligados a compatibilizar ayudas oficiales y trabajos puntuales.

En segundo lugar, serviría para eliminar de un plumazo los costes administrativos de un sistema de ayudas que exige control, verificación e inspección de cada una de ellas. Eliminar la pobreza haría disminuir drásticamente además sus consecuencias asociadas, ya sean sanitarias –drogodependencia o alcoholismo- o sociales –desestructuración familiar, violencia y delincuencia-, que también tienen un coste elevadísimo.

Ahora que tanto se habla del emprendimiento, facilitaría el autoempleo, un camino vedado para quien no tiene recursos ni para pagar la calefacción en invierno y ha de ocuparse de conseguir de cualquier manera el dinero necesario para sobrevivir. Habría, en consecuencia, más actividad económica y más recursos para el Estado. ¿Qué existiría gente que se conformara con la renta básica y se dedicara a la vida contemplativa? Quizás en un porcentaje mínimo, aunque es algo que también ocurre ahora. Lo que sin duda facilitaría es la autonomía necesaria para elegir un camino en la vida, que no sea forzosamente el que imponen las circunstancias.

Los suizos, gente tan previsora que ante un eventual conflicto nuclear tienen montado un sistema de refugios antiatómicos para más del 110% de su población, no han visto claro lo de la renta universal, posiblemente porque la pobreza y la desigualdad no les atenaza. Sólo les preocupa la radicación. Igual les ocurre a nuestros nacionales que tienen en Suiza o en distintos paraísos fiscales el fruto de sus robos, y que en caso de ataque nuclear también se salvarían porque seguro que les pillaba en alguna sucursal del Credit Suisse en Berna. Para el resto, que lo del átomo nos pilla lejos por ahora y que respiramos los neumáticos ardientes de Seseña, es una opción que merece la pena ser estudiada.

Renta básica a la finlandesa

17 diciembre, 2015

Fuente: http://www.eldiario.es

El país nórdico proyecta dar 800 euros mensuales a todos sus ciudadanos

Una calle de Helsinki

Calle Aleksanterinkatu, en el centro de Helsinki MAHLUM / CREATIVE COMMONS

Si todo va como está previsto, cada ciudadano finlandés mayor de edad recibirá del Estado una renta básica de 800 euros al mes antes de que concluya la década. El país nórdico se convertirá así en el primer socio de la Unión Europea en poner en práctica una medida que hasta el momento sólo se ha ensayado a nivel local o regional. La experiencia finlandesa puede servir de referencia a aquellos países que buscan nuevas formas de combatir el paro, reducir las desigualdades y apuntalar el Estado de bienestar.

El Instituto de la Seguridad Social de Finlandia (KELA) llevan meses trabajando en el proyecto, que cuenta con un amplio apoyo entre las fuerzas políticas. Antes de marzo de 2016, los expertos deberán presentar varias opciones al Gobierno, que elegirá una de ellas para dar comienzo a la fase de prueba en 2017. Los ciudadanos participantes en el ensayo serán elegidos por sorteo.

El director de KELA, Olli Kangas, ya ha adelantado que la prestación que recibirá cada finlandés será de 800 euros al mes. Todos los ciudadanos mayores de edad tendrán derecho a recibir esa renta, cuya percepción sería incondicional y no estaría sujeta a impuestos.

¿Cuáles son los objetivos del Gobierno finlandés? Principalmente, reducir una tasa de paro inusualmente alta, que afecta al 10% de la población activa y al 22% de los jóvenes. Uno de los defensores de la renta básica es el primer ministro, Juha Sipilä, líder de la coalición de centroderecha que gobierna Finlandia desde la primavera pasada. Sipilä piensa que la iniciativa también ayudará a reducir la burocracia y simplificar el complejo sistema de Seguridad Social finlandés.

Aún quedan por despejar importantes interrogantes sobre la renta básica; uno de ellos, el modo de financiarla. Algunos expertos sostienen que la medida ahorrará a la Hacienda pública miles de millones de euros; otros piensan que costará más o menos lo mismo que las actuales prestaciones sociales, y hay quienes creen que acabará siendo inasumible para las arcas públicas. Teniendo en cuenta que la población adulta finlandesa es de 4,9 millones de personas, la renta básica le costaría al Estado 46.700 millones de euros al año, una cifra ligeramente inferior a la recaudación fiscal prevista para 2016. En principio, la renta básica reemplazaría a todas las demás ayudas sociales, incluyendo las prestaciones por desempleo, pero algunos expertos subrayan que será muy difícil eliminar por completo ayudas como las destinadas a los hijos o la vivienda.

¿Y por qué 800 euros? Los promotores del proyecto consideran que la renta básica no debe desincentivar a un ciudadano a buscar trabajo. Actualmente, con 800 euros al mes es muy difícil que una persona sola puede pagar vivienda, alimentación y vestido en la zona metropolitana de Helsinki. Una prestación de esa cantidad, dicen sus defensores, animaría a quienes están en paro a aceptar, al menos, trabajos temporales. En estos momentos, sostienen, hay finlandeses que prefieren quedarse en casa y no trabajar antes que perder el derecho a recibir determinadas prestaciones sociales. Los promotores de la medida esperan que sumando dos ingresos –la renta básica más un salario, por bajo que sea- una persona pueda vivir dignamente.

Según una encuesta encargada por los responsables de la Seguridad Social, el 69% de los finlandeses está a favor de la renta básica. Al contrario de lo que sucede en España, donde la medida es defendida principalmente por los partidos de izquierda -PSOE, Podemos e Izquierda Unida la llevan en sus programas electorales-, en Finlandia cuenta con más apoyos en sectores conservadores. Los sindicatos se oponen a la idea porque creen que traerá consigo una bajada de salarios y beneficiará a las grandes empresas.

Quienes defienden la renta básica creen que es necesaria para afrontar el hecho de que nunca más volverá a haber trabajo para todos, al menos en las condiciones conocidas hasta hace unos años. Argumentan que los avances técnicos eliminan puestos de trabajo a un ritmo mayor del que lo crean y que, por motivos medioambientales, ya no va a ser posible aumentar sin límite la producción. Una alternativa sería reducir el tiempo de trabajo (y con ello los salarios) para que más gente tenga empleo; otra, pagar a quienes se involucren en actividades no estrictamente productivas (arte, cultura, asistencia social…) a través de una renta básica. Finlandia parece decidida a abrir camino.