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La subida del SMI es necesaria y es beneficiosa

20 enero, 2019

http://www.economistasfrentealacrisis.com

Desde que el Gobierno anunció su voluntad de subir el SMI a 900 euros mensuales a partir de 2019 se ha desatado una verdadera tormenta, una campaña, contra esa medida. Campaña que está siendo significativa y reveladoramente protagonizada por los que impulsaron y defendieron las medidas del Gobierno anterior para forzar una devaluación de los salarios que es permanente (se mantiene independientemente de la situación de la economía, tras cinco ejercicios de crecimiento continuado, y de las empresas, cuyos beneficios han alcanzado los niveles anteriores a la crisis), y que se ceba –no parece un término inadecuado teniendo en cuenta los datos- en los grupos de salarios más bajos.

A pesar de lo innecesario de esa devaluación salarial ajena a cualquier consideración vinculada con el ciclo económico o con las necesidades de competitividad (por tanto, solo justificada por la intención de producir una permanente transferencia de rentas desde los salarios más bajos hacia los beneficios), ninguno de aquellos levanta su voz para manifestar la inconveniencia de mantener esa irracionalidad. Pero, se defiende sin empacho lo contrario, que la subida del SMI va a dañar a los que pretende defender, reduciendo sus oportunidades de empleo y aumentando la desigualdad.

Toda esta paradójica argumentación y, más en general, la forma fuera de todo contexto en la que se analiza la subida del SMI, hace conveniente que se recuerden algunos aspectos de la misma.

1- Un SMI suficiente es necesario en España al igual que en la mayor parte de los países

Comenzando por un plano conceptual. El Salario Mínimo oficial se denomina “interprofesional” precisamente porque se trata de un mínimo laboral independiente de las condiciones de los sectores y de las empresas concretas. Trata de fijar un umbral mínimo de salarios por debajo del cual no se admite retribuir legalmente el trabajo y, consiguientemente, se declaran no admisibles socialmente las iniciativas empresariales que se muestren incapaces de generar unos niveles de productividad del trabajo suficientes para garantizar ese mínimo. Es por lo tanto un mínimo basado en consideraciones sociales de cada país y de cada momento.

Obviamente su desaparición, o un nivel más bajo del mismo, permitiría la existencia de actividades empresariales de menor productividad y salarios, pero estas se consideran indeseables económicamente e inaceptables socialmente, debido a su incapacidad de mantener unos niveles mínimos de vida como contrapartida del trabajo asalariado: infra empleos. Por esa razón existen salarios mínimos legales en la mayoría de los países.

Cuando el nivel de desempleo de un país es bajo y el marco legal y las condiciones de funcionamiento de la negociación colectiva son adecuados, el SMI puede tener poca operatividad y puede resultar innecesario. Por eso no todos los países lo tienen. En sentido contrario, condiciones opuestas a las anteriores, como sucede en el caso de España, hacen que el SMI sea necesario. Incluso recientemente se ha introducido en determinados países (Alemania, Reino Unido…) que carecían de su tradición, ante la evidencia de que la situación laboral ocasionada por determinadas medidas había hecho caer la contrapartida salarial por debajo de esos mínimos socialmente admisibles.

¿Qué tipo de actividad empresarial es de tal carácter que resulta capaz de producir los rendimientos necesarios en España para retribuir el trabajo con un mínimo de 736 euros y no con 900 euros en jornada completa? ¿Merece la pena desde un punto de vista social y económico que un tipo de actividad empresarial semejante sea ‘protegida’ y se permitan las condiciones para darle viabilidad? ¿Tan incapaces desde el punto de vista empresarial (y de la política económica) somos en nuestro país que no sabemos ni podemos impulsar actividades que generen una productividad mínima y unos retornos suficientes para retribuir con 164 euros más al mes a un trabajador, y que necesitemos y deseemos tales actividades para crear empleo? Seguramente no es esa la cuestión, sino más bien el cambio en la dinámica salarial que supone la subida del SMI respecto a la política que se venía manteniendo desde la reforma laboral de 2012. Y las resistencias de todos aquellos que la han venido defendiendo.

2- La subida del SMI debía ser mayor en esta ocasión

Naturalmente, las reacciones a la subida del SMI han sido en esta ocasión incluso más fuertes debido a que el incremento propuesto es sustancialmente mayor al producido en ocasiones anteriores. Pero, dejando al margen las circunstancias políticas del asunto, ¿cuáles son las razones para que haya sido así?

En primer lugar, por la propia magnitud de la previa devaluación de los salarios más bajos desde el comienzo de la crisis y de la aplicación de las medidas de la reforma laboral de 2012, dirigidas a reforzar y hacer permanente esa devaluación. Y, con todo ello, el consiguiente incremento brutal de las desigualdades entre los niveles salariales más altos y los más bajos.

En segundo lugar, debido a la situación de debilidad y marginación del SMI español respecto al de los países de nuestro entorno. En el gráfico siguiente se constata que ocupamos la última posición de todos los países en la relación entre el SMI y los salarios mediano y medio. De hecho, con cálculos de 2016, España era el país en que mayor porcentaje de subida debía tener el SMI para alcanzar el umbral de referencia del 60% del salario medio recomendado por la Carta Social Europea.

En tercer lugar, por la negativa de los que ahora protestan por la subida del SMI a reconocer lo inadecuado de las medidas adoptadas para provocar una devaluación salarial que ha desconectado de forma permanente la evolución de los salarios de la evolución de la economía y de las empresas, y la asociada resistencia a que tales medidas fueran modificadas.

Junto a ello, la ausencia de tiempo y de consenso político suficientes para reformar y sustituir tales medidas.

En cuarto lugar, por la resistencia de las organizaciones empresariales a aceptar y aplicar a través de los convenios colectivos el acuerdo salarial firmado por ellas mismas con los sindicatos UGT y CCOO (en particular lo relativo a establecer un salario mínimo de convenio que alcanzase los 1.000 euros en 2020), que ha ocasionado una práctica rebelión en las filas patronales que no veían ‘necesidad’ u obligación alguna de aplicarlo en el contexto de una negociación colectiva en la que el desequilibrio de fuerzas a su favor, producido por el marco laboral de la reforma de 2012, les permitía continuar manteniendo la cuasi congelación de los salarios y en todo caso subidas inferiores al IPC.

El acuerdo salarial con los sindicatos permitía adaptar el ritmo y la magnitud de aplicación de ese objetivo de salario mínimo de convenio a las circunstancias y posibilidades de los sectores y de las empresas, asimilando fácilmente los incrementos de costes laborales, que por otra parte (en cuanto al salario mínimo) afectaban a una porción bastante minoritaria de los trabajadores. La falta total de voluntad para aplicar a través de la negociación colectiva, que es el instrumento más idóneo para hacerlo de forma eficiente, una subida de los salarios más bajos ha evidenciado la conveniencia de subir el SMI legal. La actitud empresarial y un marco legal inadecuado para la negociación colectiva han sido dos importantes motores para la aprobación a través de los instrumentos legales de una subida del SMI de tales características. Es un error pensar que actuaciones tan contrarias a una evolución razonable de los salarios no tendrían consecuencias.

3- El empleo seguirá creciendo mucho y se verá positivamente afectado por la subida del SMI

La subida del SMI elevará, obviamente, el umbral de ingreso marginal de las empresas a partir del cual crearán empleo. Pero, se seguirá creando empleo y con toda probabilidad muy poco menos porque:

1) la elasticidad del empleo respecto al PIB, que es con mucho la más alta de toda la UE (ver gráfico), será algo menor, pero seguirá siendo de las más elevadas, 2) el empleo creado será –por fin- mejor, de mayor productividad y con ello más sostenible, elevando a medio y largo plazo la tasa de empleo, y 3) los empleos afectados por la subida serán pocos, porque una parte seguramente muy grande de los que perciben ahora el SMI lo hacen debido no a que su cualificación y productividad sean tan bajas que no les permite a las empresas obtener retornos superiores al SMI, sino debido a que las condiciones depresivas del mercado laboral (paro, precariedad, debilitamiento de los convenios colectivos, reducido nivel del SMI, etc.) permiten a las empresas retribuirles simplemente con el SMI aunque su productividad sea mucho mayor. En definitiva, los cálculos realizados (significativamente los del Banco de España) para demostrar que el crecimiento del SMI hundirá la creación de empleo son burdos y muy poco rigurosos. Parecen mucho más fundados y menos ‘ideológicos’ los de la AIREF, que al menos intentan tener en cuenta los impactos simultáneos en variables relacionadas (consumo, renta bruta familiar, etc.).

Son, en todo caso, efectos positivos sobre el empleo: porque se creará mucho empleo por punto de crecimiento del PIB, pero será de mayor productividad, más resiliente y elevará más la tasa de empleo descontados los efectos del ciclo. No se puede mantener un SMI escaso para subvencionar actividades empresariales ínfimamente productivas solo porque hay una parte de los desempleados que tienen asimismo una ínfima cualificación. La racionalidad económica y el sentido común dicen que lo adecuado es mejorar la cualificación de estos e impulsar actividades empresariales más productivas.

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La excepción española con el fascismo: Europa señala a la Fundación Francisco Franco, Falange y Hogar Social

17 enero, 2019

Fuente: http://www.eldiario.es

La Europa reciente es hija del fascismo y del antifascismo. La Segunda Guerra Mundial dividió el continente entre los países del Eje y los de la resistencia; entre los aliados de la Alemania nazi y la Italia fascista, como la España de Franco, y aquellos que la combatieron. Y, al terminar la Guerra, todos tenían presente la tragedia del nazismo y el fascismo; muchos de ellos lo tuvieron presente en sus Constituciones –como Italia–, y otros intentaron reconvertir la herencia en una herramienta de aprendizaje para el futuro –como Alemania–.

Pero hubo algunos, como España –o Portugal, o Grecia–, que se convirtieron en excepción: su fascismo se prolongó después de 1945 con una dictadura que perduró hasta la muerte del dictador en 1975 y un poco más –hasta las elecciones de 1977–.

La excepción española hizo que en lugar de perseguir los crímenes del franquismo, una ley de amnistía permite que torturadores como Billy el Niño se paseen por las calles; y facilitó que una organización dedicada a la loa y exaltación del dictador y su dictadura siga abierta en 2018.

La Fundación Francisco Franco, que incluso ha recibido dinero público, ha sido señalada este jueves en el Parlamento Europeo –a instancias de Podemos y BNG, a través del GUE y Verdes/EFA–, que ha pedido su prohibición –como la del resto de organizaciones profascistas– por extensión, al ser una entidad que exalta una dictadura.

Y lo ha hecho con el voto en contra del PP de Pablo Casado, que votó a favor de la resolución consensuada y en contra de las tres enmiendas incorporadas que mencionan a la Fundación Francisco Franco, al Valle de los Caídos y a Hogar Social Madrid.

“Considerando que diecinueve personas han sido acusadas por la Fundación Francisco Franco —entidad que glorifica una dictadura y sus delitos— y por la familia Franco de varios delitos que podrían sumar hasta trece años de prisión tras realizar una acción pacífica y simbólica en la que desplegaron dos grandes pancartas en el Pazo de Meirás en las que instaban a las autoridades públicas a intervenir para reclamar la devolución de esta propiedad al pueblo gallego”

“[El Parlamento Europeo] insta a los Estados miembros a respetar las disposiciones de la Decisión Marco del Consejo, a luchar contra las organizaciones que propaguen discursos de odio y violencia en espacios públicos y en línea imponiendo las sanciones establecidas por la Decisión Marco del Consejo y a prohibir efectivamente los grupos neofascistas y neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y el fascismo, respetando el orden jurídico nacional y las jurisdicciones nacionales”.

Pero no sólo señala a la Fundación Francisco Franco, también lo hace con Hogar Social Madrid, Falange, Alianza Nacional y Democracia Nacional, como argumentos en la exposición de la resolución:

Considerando que, en España, se investiga a doce miembros de la organización neonazi Hogar Social Madrid por incitación al odio; que miembros de los grupos fascistas españoles Falange, Alianza Nacional y Democracia Nacional fueron detenidos y condenados por el Tribunal Supremo español tras atacar el Centro Cultural Blanquerna en Madrid durante la celebración de la Diada Nacional de Cataluña en 2013; que, en 2016, la ONG antirracista SOS Racismo documentó 309 casos de violencia xenófoba5; que el presidente de esta organización ha recibido amenazas de muerte tras señalar dichos casos y ha condenado la falta de mecanismos eficaces para denunciar estos delitos;

La mención a estos grupos españoles en los considerandos se suma a otros ataques fascistas ocurridos recientemente en Europa, como las 77 personas asesinadas y 151  heridas en los atentados de Noruega de 2011; el asesinato en 2016 de Jo Cox, diputada británica; los asesinatos cometidos por Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU) entre 2000 y 2006 en Alemania; el juicio contra el partido neonazi Amanecer Dorado, acusado de organización delictiva y del asesinato de Pavlos Fyssas-.

El caso más reciente: el 21 de septiembre de 2018, cuando militantes del partido neofascista Casa Pound atacaron a un grupo de activistas, entre ellos la eurodiputada Eleonora Forenza y su asistente Antonio Perillo, que sufrieron lesiones graves, tras una manifestación antifascista y antirracista en Bari, Italia.

En el caso español, además, la resolución pide al Gobierno que acabe con toda herencia de la dictadura:

“Acoge con satisfacción la decisión aprobada por el Congreso de los Diputados de trasladar los restos de Francisco Franco de su tumba en el Valle de los Caídos, convertida en lugar de peregrinación de la extrema derecha; pide a las autoridades españolas que supriman de manera efectiva todos los demás símbolos o monumentos que exalten el levantamiento militar, la guerra civil y la dictadura de Franco, y pide que aquellos que no puedan ser retirados se sometan a la necesaria contextualización e interpretación, para que contribuyan a la concienciación pública y a la memoria histórica”

El texto, además, intenta juntar la línea de puntos con los actuales grupos de extrema derecha que están intentando construir una alianza continental con vistas a las próximas elecciones europeas de mayo de 2019, y aquellos líderes que están personificando la Europa de los “cero migrantes”, como Matteo Salvini –Liga Norte–, Marine Le Pen –Frente Nacional– y Vicktor Orbán:

“Considerando que personas vinculadas a grupos de extrema derecha, entre ellos Acción Francesa, planeaban un atentado terrorista contra varios políticos franceses y contra mezquitas durante las elecciones presidenciales de 2017; que se presentaron varias solicitudes de cierre de los locales de Acción Francesa; que previamente muchos miembros del grupo se unieron a las filas del Frente Nacional”

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“Considerando que Cécile Kyenge, diputada al Parlamento Europeo, ha sido llevada a juicio por la Liga Norte por tratar a este partido de racista”

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“Considerando que el primer ministro húngaro Viktor Orbán elogió en su discurso del 21 de junio de 2017 al colaborador nazi Miklós Horty como un ‘estadista excepcional”

De este modo, la resolución mira hacia atrás, pero también al presente y al futuro: “Considera que entre las causas profundas del auge de la ideología y los grupos neofascistas se encuentran las siguientes: las políticas que afectan negativamente a la situación socioeconómica de los trabajadores y de las personas, así como el aumento de las desigualdades sociales, el no respeto del Derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y la propagación de ideas racistas y xenófobas en las políticas oficiales, en particular en la Unión”.

La Europa de los últimos 70 años es hija del fascismo y del antifascismo, y el Parlamento Europeo ha dado este jueves una voz de alarma. Y en esa voz de alarma ha señalado a España por la Fundación Francisco Franco, Hogar Social Madrid, Falange, Alianza Nacional y Democracia Nacional.

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El alarmismo sobre los efectos en el empleo del aumento del salario mínimo no se sustenta en datos

14 enero, 2019

Fuente: http://www.eldiario.es

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) recogida en el acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos acaparó la mayoría de los titulares. No es para menos: el aumentoascendería al 22,3% en un año, el mayor de la democracia. El alza ha revitalizado un histórico debate entre economistas sobre los efectos en el empleo de las subidas del salario mínimo. También el alarmismo de algunos sectores conservadores que auguran la destrucción de puestos de trabajo. Varios expertos que advierten de las posibles consecuencias negativas reconocen, no obstante, que por el momento no hay evidencias empíricas contundentes sobre ellas en la práctica del mercado laboral en España.

Tras el anuncio de la subida pactada hasta los 900 euros mensuales en 14 pagas, las alarmas sobre la destrucción de puestos de trabajo saltaron desde la patronal y otros gabinetes de estudios liberales, como suele ser habitual en estos casos. El candidato a suceder a Joan Rosell al frente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que “puede llegar un momento en el que las empresas no puedan pagar ni contratar a la gente” y desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE, think tankde la patronal) han lanzado el mismo mensaje: “Ralentizará la creación de empleo a tiempo completo, fomentará la contratación temporal y la economía sumergida y elevará el paro estructural de los jóvenes y de los trabajadores menos cualificados”.

Esos mensajes ya se han difundido con anterioridad, con la subida del 8% del SMI en 2017  –de las más contundentes de los últimos años–, pero el incremento  se compaginó con una fuerte creación de empleo. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha reconocido que la literatura económica da cuenta de un “impacto mixto” de las subidas del SMI, con efectos negativos y positivos, pero que “a ella le gusta reflexionar sobre los hechos”.

Calviño ha subrayado además que “la creación de empleo no se resintió, sino que aceleró en los grupos de edad más bajos”, uno de los colectivos que según la teoría económica resultaría más afectado por la destrucción de empleo según los críticos a la subida del SMI. En los dos últimos años –con subidas del 8 y del 4% del salario mínimo– el crecimiento del número de asalariados menores de 25 años ha sido muy superior al del conjunto de empleados: por encima del 10% y en torno al 3%, respectivamente. Aun así la tasa de paro juvenil en España se mantiene muy elevada (33,6%), la segunda más alta de la UE solo por detrás de Grecia (39,1%).

Sin estudios concluyentes sobre los efectos negativos

“Con los estudios que tenemos de momento, dadas las evidencias del mercado laboral español, no podemos llegar a conclusiones muy contundentes, porque no se han dado circunstancias como las de ahora”, afirma a este medio Florentino Felgueroso, economista investigador de Fedea. En  un artículo junto a Marcel Jansen en el blog ‘Nada es Gratis’, los dos especialistas en el funcionamiento de los mercados de trabajo defienden aun así que el incremento del SMI acordado es “arriesgado, por no decir imprudente”.

Felgueroso y Jansen subrayan el “brusco” aumento, para el que no ven justificación posible “en que no existe evidencia suficientemente consistente de impactos negativos de las subidas recientes del SMI”. Felgueroso explica a este medio que la subida del 8% de 2017 se dio en circunstancias distintas: con varios años previos de congelación salarial y con una cobertura del SMI (o porcentaje de asalariados perceptores del salario mínimos sobre el total) muy baja.

Si se cumple el incremento hasta los 900 euros en 2019, apunta el investigador de Fedea, la cobertura aumentará notablemente: de entre un 3,2% y 3,8%, en 2018 (según el mes) hasta una tasa del 7,6 a 8,9% en 2019. Dentro de los trabajadores que perciben el SMI, además de los jóvenes y los empleados poco cualificados del sector servicios, destaca la mayor presencia de mujeres que de hombres. El 17% de los trabajadores en España tiene ganancias bajas, esto es, por debajo de 12.900 euros al año aproximadamente. De ellos, el 64% son mujeres, según la Encuesta de Estructura Salarial.

En cualquier caso la baja tasa empleados que perciben el sueldo mínimo ha limitado mucho hasta ahora los posibles efectos de esta medida. El Banco de España analizó la subida del 8% del pasado año con un modelo de “probabilidad de perder el empleo” en los siguientes doce meses tras la subida del SMI. El resultado apuntaba a “un impacto potencial relativamente reducido para la economía en su conjunto”: un descenso del empleo del 0,1% en el caso de la subida del SMI aprobada en 2017, que llegaría al 1,4% con una simulación de 950 euros mensuales en 2020.

Un aumento del 22% en un año

José Moisés Martín, miembro de Economistas Frente a la Crisis, sostiene que “los estudios que tenemos no permiten asegurar que una subida del SMI tenga un efecto negativo en el empleo”, aunque sí reconoce que existe un reto en comprobar qué ocurriría ante un incremento tan fuerte de golpe del salario mínimo: “No hay evidencias sobre qué es lo que pueda ocurrir, los estudios analizan subidas graduales”. El economista, así como Felgueroso, no encuentra un ejemplo a nivel internacional que pueda servir de referencia a España en este sentido.

El  World Economic Forum destacaba recientemente que Corea del Sur ha pasado de ser uno de los países del mundo que menor reducía la desigualdad a convertirse en uno de los mejores en este sentido. El organismo enumeraba tres medidas que ha tomado el país asiático en el último año, entre las que figura un aumento del salario mínimo del 16,4%.

Florentino Felgueroso precisa que lo que sí ha quedado probado empíricamente es que el aumento del SMI “no es mejor instrumento para reducir desigualdad” y recomienda abordar cuestiones como la baja intensidad del trabajo (trabajadores empleados durante menos tiempo del que están disponibles para trabajar). Expertos en desigualdad y precariedad laboral, como Raül Segarra y Luis Sanzo González, coinciden en esta idea y señalan la necesidad de abordar otras medidas complementarias más allá de incrementar los salarios.

José Moisés Martín indica como posible efecto positivo el aumento del consumo privado de los beneficiarios de la subida del SMI, aunque sea limitado por su pequeña proporción respecto al total de trabajadores, y subraya también que España tiene margen para incrementar su salario mínimo dada su productividad, en comparación con otros países europeos, como Países Bajos y Portugal.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)  señala que, aunque el debate sobre las consecuencias del SMI en el empleo es controvertido, “son cada vez más numerosos los autores que consideran que los efectos de los salarios mínimos en el empleo suelen ser reducidos o incluso insignificantes (y, en algunos casos, positivos)”. En un estudio de 2017 sobre las subidas del salario mínimo en varios países de América Latina, la OIT concluye que “no es posible anticipar efectos determinísticos sobre el empleo a partir de aumentos del salario mínimo”.

De cumplirse el aumento del 22%, España comprobará sus efectos en la práctica y los analistas deberán esperar para estudiar sus efectos. Flotentino Felgueroso destaca que “la preocupación está ahí” de cara a un “cambio tan brusco” en un momento en el que se aprecia el inicio de una cierta desaceleración económica, mientras que José Moisés Martín considera que por el momento “no se puede adelantar nada” y advierte que los que ahora anticipan una “hecatombe del empleo son los que hubieran dicho lo mismo con un subida del 5%”.

Los okupas y los rabiosos

11 enero, 2019

Fuente: http://www.eldiario.es

Escribo en defensa del reino

del hombre y su justicia.

Pido la paz y la palabra.

Blas de Otero

Están rabiosos. Uno lo siente en las miradas torvas, en los cuchicheos e incluso en las invectivas fuera de todo límite educacional. Lo peor del desfile militar que oficialmente pretende conmemorar el día de toda una nación no reside en los vuelos rasantes sobre tu cabeza días antes ni en quedarte atrapado en una ratonera de tráfico –todo eso son incomodidades que un madrileño asume bien sea por esto, por la Cabalgata o por el desfile de Orgullo–, lo peor fueron esas miradas que pretendían hacerte sentir fuera de lugar en la que es tu casa. Lo que podría resultar una metáfora –España es amplia, diversa y tan plural como lo somos los españoles– se convierte en este día en una realidad tan ramplona como esas miradas que te reconocen y conocen y que, por tanto, se identifican contrarias a un pensamiento que tu expresas en libertad y pretenden hacerte sentirte mal, fuera de lugar y extranjero en aquel lugar que no sólo es tu patria también, sino que literalmente es tu propio hogar.

Están rabiosos y se envuelven en una bandera que pretenden común para gritarle okupa y golpista a aquel que gobierna con tu aquiescencia y tu apoyo bien sea directo o indirecto. Se ponen la enseña nacional por capa y hacen de su capa un sayo y de su visión de la vida un gálibo por el que no entra ninguna otra posición. Muestran su cara más inconstitucional cuando pretenden quitarle legitimidad a una de las formas constitucionales de llegar al poder en este país y cuando pretenden que no existe respaldo popular tras la formación de un gobierno que se sostiene gracias al voto de 11.574.044 personas cuyos representantes apoyaron la moción de censura que derribó al gobierno de Rajoy. Okupar el poder con el respaldo de once millones y medio de ciudadanos incorrectos, ciudadanos cuyos intereses, problemas y pensamientos no merecen llegar al poder porque no son los adecuados, no son los únicos, no son los verdaderos. Ese es el nivel del debate político en este país.

Están rabiosos y no van a parar en mientes para hacérnoslo saber. Ni siquiera la ciencia afirma que exista una sola solución para un problema dado, pero ellos sí. Machacan e insisten: o su visión de la sociedad o el caos. El caos para ellos y para sus intereses porque el caos social, el caos personal, ya lo han sembrado durante más de una década sin que les haya importado ni lo más mínimo. Están tan rabiosos por la pérdida de ese poder que creen les corresponde por mandato imperativo del orden de las cosas que ya han perdido el sentido del ridículo y de la mesura y nos hablan de hambrunas y de venezuelas como si hubieran olvidado que vivimos en el euro y que la ministra de Economía procede del núcleo de su sistema.

Y cuanto más sube su rabieta por la pérdida del poder –que de eso se trata ni más ni menos– y más garrotazos patrióticos quieren darnos a golpe de roja y gualda y de sacrosanta unidad y de blanqueamiento del dictador siquiera a golpe de inhibirse, más consiguen que persistamos en que esta España que muchos queremos está a años luz de su pacatismo y de su imposición y nos hace más consciente de que existe un camino de solidaridad, libertad, progreso y futuro que no hace caja en euros ni habita en sus mástiles.

Están rabiosos. Son patanes lanzándose al calcañar de un presidente porque, pobre plebeyo usurpador, no ha sabido encontrar su sitio en los salones del poder. No importa que sea incierto. Es la rabia y la espuma y la bilis de aquel que siente usurpado el armiño por el indigno, aunque sea que ellos mismos no pisarán ni en sueños ni esas alfombras ni esas alturas. Sea que ellos mismos sean unos parias de la tierra dejando el rastro del sudor en cada amanecer de lunes. El okupa es el otro porque el paraíso del poder es de los suyos, que les oprimen y les pagan salarios de mierda igual que a los demás, pero que les permiten soñarse dentro de una élite redentora de bienpensantes y bienhacientes. Dóciles con ese poder que se ríe de ellos con la misma fuerza que de los demás mientras se revuelca en otros mundos que ni siquiera pueden imaginar cuando les entregan su vida en las urnas. Porque esos que han sustentado durante años a los ladrones, a los tahures, a los infames son los que van a guardar por nosotros las esencias de este país en el que son ya tan inquilinos como el resto.

Están rabiosos y prefieren una sociedad hostil en la que el poder lo ostenten los que se arrogan ese derecho desde siempre. Dispuestos a emprenderla contra un mínimo salario de dignidad porque creen que nunca será el que a ellos se les adjudique o porque, incluso siendo el suyo, sienten que estarán más cerca de la fuente de la abundancia si renuncian a reivindicarlo como injusto.

Están tan rabiosos que sus líderes no tienen límites y están dispuestos a rugir su rabia incluso con el riesgo cierto de hacer el ridículo. Iremos a pasar hambre, dicen. Si esta España que reclamamos también nuestra tiene su límite entre el crecimiento y la hambruna en unos cientos de euros de salario digno ¡poco país y poca patria y poca justicia nos han construido!

Están rabiosos y lo sabemos. Lo sabe cada una de las personas que votó por sacarles del poder y también aquellas que fueron reticentes o que no dieron el paso. Están rabiosos, pero con su rabia sólo logran encender más nuestra ansía de justicia y de libertad. Las cosas han cambiado. Están rabiosos y van perdiendo.

Así usa Arabia Saudí las armas que le venden países como España

11 noviembre, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

La crisis diplomática entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Arabia Saudí a cuenta de  la paralización de una venta de 400 bombas de precisión a la monarquía absolutista ha reabierto el debate sobre la venta de armamento a este país.

La recurrente polémica que provoca la venta de armas desde países occidentales como España, Estados Unidos o Reino Unido a Arabia Saudí tiene su origen en las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de los Saud tanto en el interior del país como en conflictos como el de Yemen, y que han sido denunciadas por numerosas ONG.

El 9 de agosto, un bombardeo de la coalición dirigida por Arabia Saudí en Yemen dirigido contra un autobús escolar mató a 50 personas, 29 de ellas niños de menos de 15 años. El ataque tuvo lugar cuando el conductor del autobús, lleno de niños que volvían de excursión, paró en una calle muy concurrida para comprar agua.

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Ahmad Algohbary

@AhmadAlgohbary

Watch this video and share it to the world:
This child was happy with his new BAG, but led coalition targeted his school bus today and killed\injured dozens of his classmates in a local market in Dahian area ..

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El Gobierno saudí, a través de un comunicado difundido por la agencia oficial del país, lo calificó de “acción militar legítima” al estar dirigido contra los supuestos responsables de un ataque con misiles contra la ciudad saudí de Jizan el día anterior.

Posteriormente, la coalición de países que ataca Yemen admitió que se había tratado de un ataque “injustificado” y en esa operación se habían cometido “errores”, según informó Al Jazeera.

Ataque a una boda

El 23 de abril la aviación saudí bombardeó la celebración de una boda en la provincia yemení de Haya, controlada por los rebeldes hutíes, la milicia yemení que controla el noroeste del país.  33 personas fallecieron y 41 resultaron heridas a causa del ataque, cuyo objetivo fueron las dos tiendas de invitados, la de mujeres y la de hombres.

Una de las imágenes más difundidas tras el bombardeo fue la de un niño yemení que se aferraba al cadáver de su padre, fallecido momentos antes durante la celebración de la boda.

Embedded video

I4Yemen@I4Yemen

No words can describe this sad scene 😭😭😭😭

The child Clings to his father, who died in the war crime of US-backed Saudi/UAE aggression in wedding ceremony yesterday evening in “Bani Qais” directory province North West

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Tras la agresión saudí, la llegada de ambulancias se vio dificultada por la presencia continuada de aviones en la zona. Es frecuente que los saudíes esperen a la llegada de los equipos de emergencia para realizar un segundo o tercer ataque.

El régimen saudí ha justificado ataques a bodas con la excusa de que en ellas se encontraban dirigentes hutíes.

Una imagen difundida por medios locales permitió identificar el  origen de la munición utilizada en el ataque. Se trataba de los restos de una bomba guiada por láser GBU-12 Paveway II, fabricada por la empresa norteamericana Raytheon.

En 2015, la Administración de Obama vendió a Arabia Saudí 4.000 bombas GBU-12 Paveway II. Trump, por su parte, prometió vender 104.000 bombas guiadas a los saudíes.

Este tipo de armamento es muy similar al que España iba a suministrar al mismo país y cuya venta paralizó, para después dar marcha atrás y dejar abierta la posibilidad de llevarla a cabo.

En el año 2015, con Pedro Morenés a cargo de la cartera de Defensa, se autorizó la venta de 400 bombas guiadas por láser al régimen saudí, pero el ministerio de Defensa de Margarita Robles decidió en un primer momento paralizar su exportación por miedo a que dichas armas se usen contra la población yemení. Sin embargo, las presiones del reino saudí, que ha amenazado con cancelar el contrato multimillonario de compra de cinco corbetas, han hecho que el Gobierno recule y busque otra solución.

Objetivo: un funeral

Pero en el elenco de objetivos militares de la coalición liderada por Arabia Saudí no están solo las bodas y las excursiones. En octubre del año 2016 la aviación saudí  bombardeó un funeral en la capital yemení, Sanaa, también bajo control de los hutíes. Un total de 140 personas murieron en este ataque.

El fallecido por el que se celebraba el acto era el padre de Galal al-Rawishan, ministro de Interior en el Gobierno apoyado por las milicias rebeldes y el expresidente Saleh. También había formado parte del Gobierno del anterior presidente, ahora apoyado por los saudíes, por lo que era una persona muy conocida en la capital.

Una vez más, la aviación saudí esperó a la llegada de los servicios de emergencia para realizar un segundo ataque, como se puede comprobar en este vídeo.

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عاجل – المركز الإعلامي لأنصار الله@AnsarAllahMCB

شاركوا .. مشهد يظهر مدى الحقد وحجم الاجرام لدى العدوان السعودي الأمريكي باستهداف المسعفين في لحظة تجمعهم بغارة ثانية

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Posibles crímenes de guerra

A finales del mes de agosto de este año,  un grupo de expertos creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU presentó un informe en el que acusó a todas las partes involucradas en la guerra de Yemen de haber cometido potenciales crímenes de guerra.

En él, explican que los ataques aéreos de la coalición árabe han causado la mayoría de las muertes civiles contabilizadas en tres años de guerra como consecuencia directa de los bombardeos “contra áreas residenciales, mercados, funerales, bodas, prisiones, barcos civiles e incluso centros médicos”.

Por su parte, Amnistía Internacional ha documentado más de 36 bombardeos que “podrían constituir” violaciones y crímenes en virtud del derecho internacional.

Desde el inicio del conflicto, según datos de Naciones Unidas, 6.660 civiles han muerto y 10.563 han resultado heridos, aunque “la cifra real es probablemente significativamente más alta”, apuntan los expertos. Las fuerzas saudíes también han cometido “tratos crueles y tortura, actos denigrantes, violaciones y al reclutamiento de niños menores de 15 años o haberlos utilizado como parte activa en las hostilidades”, según la ONU. Un total de 2,3 millones se han desplazado internamente a causa de la violencia.

El papel de España

España vendió el pasado año  material de defensa por más de 361 millones de euros a los países que forman parte de la coalición internacional liderada por Arabia Saudí.

Así consta en el informe ‘Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso’ del año 2017, que anualmente remite la Secretaría de Estado de Comercio a las Cortes Generales.

En total, España exportó 4.346,7 millones de euros el pasado año en material de defensa y doble uso, un 7,3% más que en 2016 y la cifra más elevada de los últimos años.

Entre ellos, Arabia Saudí es el principal cliente de la industria de defensa española fuera de la OTAN y la Unión Europea. En concreto, España exportó al país 270,2 millones de euros entre los que se encuentran un avión de transporte, repuestos para aeronaves, drones, plataformas portamorteros, granadas de mortero, munición de artillería, equipos de detección y cámaras de infrarrojos.

El abril de este año, el Gobierno de Rajoy reconoció que no existe, “ni nunca ha existido en España”, un protocolo que detalle los procesos a seguir para la vigilancia de las armas que vende la industria de armamento una vez que estas llegan a su destino.

Cuando las armas españolas atraviesan las fronteras es imposible su fiscalización: no hay ningún organismo encargado de controlar cuál es su verdadero destino final, ni mecanismos de alarma sobre el posible uso ilegal del material ni, por tanto, una manera reglada y efectiva de comprobar si el Gobierno ha cumplido la ley al autorizar su exportación.

Qué dice la ley española

En España, el organismo encargado de aprobar o denegar cada exportación de armas es la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), dependiente del Gobierno. Pese a que las actas de sus reuniones son secretas, los resultados de sus dictámenes pueden comprobarse en los resúmenes de material de defensa exportado que el Gobierno debe trasladar al Congreso cada año. Ninguna exportación de armas puede realizarse sin el consentimiento previo del Ejecutivo.

El porcentaje de denegaciones de la JIMDDU no suele superar el 1%. Sin embargo,  la  Ley española de comercio de armas establece la prohibición de autorizar las exportaciones “cuando existan indicios racionales” de que las armas puedan “ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos o tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos”.

Además, la ley explica que el objetivo es “impedir la proliferación de armamentos y tecnologías sensibles a favor de Estados o actores no estatales susceptibles de actuar contra la paz”.

Seguimos siendo cómplices de la catástrofe en Yemen

5 noviembre, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

Desde el martes no dejan de llegarme mensajes y llamadas de enhorabuena, porque al parecer hemos logrado el objetivo por el que tanto hemos luchado. Leyendo los titulares de algunos medios casi me lo llego a creer: “Defensa paraliza la venta de bombas a Arabia Saudí”.

Es cierto que el anuncio confirmado este martes por el Gobierno es una muy buena noticia, pero hay que ponerla en su contexto. En primer lugar, la medida anunciada afecta exclusivamente a un lote concreto de armas, sin que al parecer haya intención de extenderla a otros. Se ha revocado una autorización de exportación para 9,2 millones de euros, mientras que en tres años de bombardeos hemos vendido a Arabia Saudí 932 millones de euros en armas. La gran medida anunciada, siendo importante, afecta a menos de una centésima parte del problema total.

Por otro lado, al contrario de lo que nos quieren hacer creer, esto no es algo que haya llegado de forma espontánea, es fruto del trabajo de gente muy comprometida que lleva tiempo denunciando nuestra complicidad en las violaciones de Derechos Humanos en Yemen, despertando una considerable sensibilidad en la sociedad.

Cabría pensar que el 9 de agosto tocamos fondo con el bombardeo de un autobús escolar y que eso ha  hecho recapacitar al Gobierno. Ver esos cuerpecitos rotos amontonados y sus mochilas azules de Unicef desperdigadas por el suelo nos llegó al alma, pero lo cierto es que no ha sido este el más abyecto crimen de guerra de la coalición saudí, ni será el último. El gobierno sabe desde hace tiempo que Arabia Saudí bombardea a diario hospitales, colegios, mercados y campos de refugiados, y que son ya más de 3.000 los niños asesinados. Lo que realmente les preocupa de lo que ocurrió el pasado día 9 no son los cadáveres, sino que se lograra relacionar el ataque con una bomba concreta, fabricada en una fábrica concreta y en un país concreto, en este caso EE.UU.

El Gobierno sabe que las armas que vendemos a Arabia Saudí se usan en Yemen, no cabe otra posibilidad, ningún país en guerra compra decenas de miles de toneladas de bombas para guardarlas en un almacén. Y también sabe que si la bomba utilizada para atacar el autobús hubiera sido fabricada en España, les hubiera dejado en una situación muy delicada. En este contexto es comprensible que se haya revocado esta autorización en concreto, ya que es del tipo de bombas que les podría ocasionar este problema.

Pero el revocar una licencia de exportación tiene una consecuencia mucho más importante y que no se ha valorado debidamente.

La venta de armas a Arabia Saudí es ilegal según el Tratado de Comercio de Armas, la Posición común 944/2008 y la ley 53/2007, las tres coinciden en que cualquier solicitud de exportación de armas que puedan ser usadas contra población civil debe ser rechazada. Pero el Gobierno de España ha venido concediendo hasta el momento todas las que se han solicitado con una excusa muy débil: Arabia Saudí firma una cláusula según la cual se compromete a no usarlas.

Ahora, con esta decisión, el Gobierno español está admitiendo que las bombas pueden usarse contra civiles pese a la cláusula incluida, acabando con el único argumento que defendía estas exportaciones.

Si el propio Gobierno considera que las cláusulas y los compromisos de Arabia Saudí son papel mojado, no solo debería revocar inmediatamente todas las autorizaciones dadas hasta la fecha y no conceder ninguna más, sino que se debería incluso acusar de prevaricación a los miembros de la Junta Interministerial que han otorgado autorizaciones sabiendo que eran ilegales.

Es evidente que esta noticia ha supuesto un punto de inflexión. El martes mismo se reunieron representantes de la campaña Armas bajo control con la Secretaria de Estado de Comercio y le dejaron clara la postura de las organizaciones más prestigiosas, exigiendo inmediatamente el fin de la venta de armas a Arabia Saudí e Israel. Además, este miércoles llega a Santander un buque saudí dispuesto a llenar sus bodegas de bombas españolas. Habrá que ver si finalmente se cargan.

Por otro lado, queda pendiente para las próximas semanas la ratificación del contrato de las famosas corbetas. A pesar de que se pretende dejar estos barcos de guerra al margen, lo cierto es que su papel en el conflicto de Yemen puede ser devastador. Pese a la crueldad de las bombas, la mayoría de la gente que muere allí no lo hace de forma violenta, si no por culpa de un bloqueo brutal que ha desencadenado la mayor catástrofe humanitaria del planeta (muere un niño cada 10 minutos). Nuestras corbetas ayudarían sin duda a reforzar ese bloqueo, ya que hasta Navantia alardea en la web de sus capacidades para interceptar buques mercantes.

Sospecho que habrá movimientos interesantes en los próximos días, habrá que estar atento.

El Valle sí se toca

25 octubre, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

Desde que Pedro Sánchez anunciara la futurible exhumación de Franco del conocido como Valle de los Caídos, los medios de comunicación han generado una ingente cantidad de artículos, tertulias televisivas y editoriales acerca de este asunto tan clave en lo simbólico para cualquier democracia que se precie. Sería impensable que en cualquier otra democracia europea se rindieran honores a la tumba de un dictador. Es por ello que creo necesario explicar la posición fundamentada de Izquierda Unida sobre este tema, también -por qué no- para hacer pedagogía sobre un lugar muy popular del que creemos conocer más de lo que realmente sabemos.

Qué sabemos del valle de Cuelgamuros

El Valle de los Caídos se erigió para “perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra Gloriosa Cruzada”, según reza el artículo 1 del Decreto del 1 de abril de 1940 que le dio lugar. Fue en 1958 cuando, antes de inaugurar el complejo, se cambiaron sus objetivos fundacionales y se exhumaron –la mayoría sin consentimiento ni información a los familiares– los restos de decenas de miles de asesinados “del otro bando” llegando a contar con más de 33.000 cuerpos enterrados en lo que es la fosa común más numerosa del Estado. En el interior de la basílica en un lugar preeminente se hallan las tumbas de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, y del dictador Francisco Franco, llegando a incumplir los preceptos del derecho canónico que salvaguardan ese espacio sacro a obispos y al Papa.

Las obras acabaron en 1958 con un coste de unos 1.086 millones de pesetas. Si lo reconvertimos a la moneda y al valor actuales serían unos 226 millones de euros. En 1942 el Gobierno se ve desbordado por la ingente tarea de la faraónica construcción e integra en los trabajos a batallones de trabajadores. En este caso, sería la Compañía del Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores Penados nº 95 la que se sumó a la construcción del que sería el mausoleo para la tumba del dictador.

El periodista José María Calleja escribió un libro y un reportaje acerca de las condiciones de trabajo de los presos en el Valle, en los que recogió el testimonio de Trinitario Rubio, uno de esos trabajadores: “Lo cierto es que nos daban 50 céntimos por día, que los pagaban al final de la semana, y que el Estado se quedaba con 1,5 pesetas al día, en concepto, decían, de manutención. Fuera, en la calle, el jornal era de 13 o 14 pesetas diarias. La diferencia entre lo que se cobraba en Cuelgamuros y lo que cobraban los obreros que no estaban allí iba para un fondo que servía para pagar las obras del Valle”.

A través del sistema de redención de penas por el trabajo, tanto empresarios como el propio régimen franquista se beneficiaron económicamente de las enormes plusvalías que el trabajo semiesclavo les proporcionaba. En otro reportaje de Alejandro Torrús, “Del Valle de los Caídos al IBEX 35”, se explica el funcionamiento de esta perversa relación de poder cuyos frutos han llegado hasta nuestros días. Un claro ejemplo fue el de la empresa Huarte y Cía, una de las encargadas de la construcción del Valle a partir de 1952 y que, en la actualidad, forma parte del gigante de la construcción OHL, dirigido por Juan Miguel Villar Mir, quien fuera alto cargo durante el franquismo y ahora se encuentra imputado en los casos Lezo y Púnica por supuestas mordidas al PP de Madrid.

La silicosis, los accidentes laborales y decenas de muertos –apenas 14, según la documentación oficial del régimen– formaban parte del día a día de los presos. Algunos testimonios no conceden autoridad alguna a las cifras oficiales, ya que era raro el día en que los obreros no sufrían algún percance, y consideraban que fueron muchas más las víctimas que perecieron fruto de la inseguridad y la peligrosidad de los trabajos.

Qué hacer con el Valle de los Caídos

En el equipo de Memoria de Izquierda Unida trabajamos durante 2017 y 2018 en una Ley integral de memoria democrática y de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo y la Transición, que registramos como Unidos Podemos en junio de este año. En ella planteamos una solución integral para el Valle que va en la línea de lo exigido por la ONU y de lo solicitado por las víctimas del franquismo a través de decenas de asociaciones memorialistas con quienes consensuamos el texto final.

Es en el Artículo 53 de esta ley donde desarrollamos las medidas a implementar en el Valle de los Caídos. Una cuestión fundamental para nosotras reside en la desacralización del lugar. Es urgente recuperar la gestión directa del Valle por parte de Patrimonio Nacional dejando sin efecto el Decreto Ley del 23 de agosto de 1957 a partir del cual se delegaron las tareas de representación y administración a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz.

El siguiente paso sería la resignificación del espacio convirtiéndolo en un lugar de memoria en el que se expliquen los crímenes del franquismo, con especial atención al sistema concentracionario, el funcionamiento del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, su relación con las grandes empresas y el crucial papel de la Iglesia católica como sostén de la dictadura. Para ello se procederá al desmantelamiento o demolición de aquellos elementos arquitectónicos y simbólicos incompatibles con un Estado democrático, entre los que cabe destacar la monumental cruz-espada de 150 metros de altura y 200.000 toneladas de peso, cuyo mantenimiento haría imposible el citado proceso de resignificación.

Es urgente que deje de formar parte del paisaje un elemento gigantesco creado expresamente para celebrar la dictadura. Obviamente, se prohibirán los actos de homenaje a quienes promovieron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y apoyaron el franquismo. El lugar deberá dejar de nombrarse de la forma que concibió el régimen franquista para recuperar su nombre original, es decir, valle de Cuelgamuros.

En quinto lugar, planteamos la obligatoria exhumación de Franco junto a la de José Antonio Primo de Rivera, ya que una democracia no puede otorgar honores ni rendir culto a figuras representativas de los principios que impulsaron el golpe de Estado a la II República y la posterior dictadura franquista. Seguidamente no podemos olvidar al resto de víctimas inhumadas en el recinto y, por lo tanto, deberán atenderse todas las reclamaciones y peticiones de exhumación de los familiares de las más de 33.000 víctimas cuyos restos mortales se encuentren en el lugar. Por último, consideramos la creación de una comisión científico-técnica para la realización de un estudio científico integral sobre el estado en que se encuentran los restos de quienes fueron llevados allí.

El Valle de la Memoria

Estos últimos días hemos asistido a una intensificación del proceso de revisionismo de nuestra historia democrática en el que se iguala a golpistas y demócratas; y en el que se habla de reconciliación antes que de reparación y justicia. Vivimos en una democracia cimentada sobre miles de fosas comunes que nos sitúan como el segundo país del mundo en número de desaparecidos forzosos. Es por tanto una urgencia democrática que el Gobierno estudie nuestras peticiones y abandone el acercamiento a posiciones equidistantes. El Valle debe convertirse en un lugar de dignificación de las víctimas que trabajaron, sufrieron y murieron durante la construcción del mausoleo. No debemos dejarlo como está porque sigue siendo un lugar de peregrinación del fascismo organizado. Tampoco podemos demolerlo en su totalidad porque cometeríamos el error de borrar las huellas del crimen.

Es por ello que, para avanzar hacia la verdad, la justicia y la reparación, el valle de Cuelgamuros debe ser un lugar de memoria. Del mismo modo que Auschwitz y Mauthausen se convirtieron en memoriales para educar en los horrores del nazismo; como Chile hizo con Villa Grimaldi y Argentina con la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), lugares clave de la represión durante las dictaduras de Pinochet y Videla. Si no explicamos qué ocurrió en España, el olvido nos pasará factura, porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Estamos a tiempo, dejémoslo claro: ¡El Valle sí se toca!

La inmigración, un problema y una oportunidad

16 octubre, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

La inmigración ha sido, un año más, uno de los grandes temas de debate del verano. Y un año más, también, ni el Gobierno de turno ni la oposición –ni el resto de los países de la UE ni las instituciones europeas, que deberían ser las más interesadas en encontrar caminos de consenso y de soluciones al problema, uno de los mayores de la Unión – han sido capaces ni de fomentar un debate sosegado ni de evitar demagogias.

El Gobierno de Pedro Sánchez se apuntaba en junio un tanto ante la mayor parte de la opinión pública española –por lo general, mucho más solidaria y comprensiva con la inmigración que muchos de sus representantes políticos – y ante las propias instituciones comunitarias al ofrecer el puerto de Valencia para el Aquarius desembarcara a los 629 inmigrantes que habían quedado a la deriva en el Mediterráneo ante la pasividad de otros países vecinos. Pero pocas semanas después, ese mismo Gobierno de Sánchez se echaba una mancha en su reputación y se creaba tensiones con su socio parlamentario, Unidos Podemos, con la devolución en caliente a Marruecos de 116 migrantes que habían saltado la valla en Ceuta. El método era prácticamente el mismo que el PSOE le criticaba al PP cuando aquel estaba en la oposición y este en el Gobierno.

En el otro lado del arco político, PP y Ciudadanos se cargaban de razón cuando señalaban las contradicciones y volantazos sobre inmigración del Gobierno y del PSOE y la perdían cuando competían entre sí al echar gasolina al incendio difundiendo bulos, exagerando datos o poniendo en boca del rival frases que nunca dijo. “No es posible que haya papeles para todos, ni es sostenible un estado de bienestar que pueda absorber a los millones de africanos que quieren venir a Europa y tenemos que decirlo, aunque sea políticamente incorrecto”, publicaba en su cuenta de Twitter el 27 de julio Pablo Casado, recién elegido presidente del PP. ¿”Papeles para todos”? ¿”Millones” de africanos? A esas alturas del año habían llegado desde África a las costas o a las fronteras españolas unos 24.000 inmigrantes, y la mayoría de ellos siguen hoy sin papeles.

Mientras Gobierno y oposición convierten la inmigración en un campo de batalla política al igual que ocurre, por desgracia, en muchos otros países de la UE, especialmente desde el auge o la llegada al poder de partidos racistas y xenófobos, un organismo internacional tan poco sospechoso de veleidades de izquierda como es el FMI propone a España que acoja  5,5 millones de personas extranjeras hasta el año 2050 para hacer sostenible nuestro sistema público de pensiones. En conclusión: además de por solidaridad y por memoria históricamente, hemos sido muchas más veces exportadores de población que importadores, más un país de emigrantes que de inmigrantes –, deberíamos facilitar e incluso fomentar la inmigración también por razones económicas. Una inmigración ordenada y midiendo muy bien antes su impacto en el mercado laboral español y en el conjunto de nuestra sociedad, por supuesto. Una inmigración planificada y pactada con nuestros socios en la UE, por supuesto. Pero una inmigración cuantiosa, no testimonial, y argumentada tanto por razones de conciencia como por razones de cartera. Por principios y por responsabilidad internacional y también por interés propio, por puro egoísmo.

“Los extranjeros son más una oportunidad que una amenaza”, explicaba a primeros de agosto en una comparecencia pública el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. “Su llegada debe verse como una oportunidad de reponer la pirámide demográfica”. Granado sabe de lo que habla. Aunque ahora lleva pocas semanas en el cargo, ya lo desempeño durante casi ocho años en una etapa anterior, desde abril de 2004 a diciembre de 2011, en todos los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. “El incremento de sus cotizaciones [las de los inmigrantes de los años anteriores a la crisis, cuando la población extranjera residente en España pasó en una década de menos de un millón de personas a 5,7 millones] fue lo que permitió el incremento de aportaciones al Fondo de Reserva”, añadía Granado. Es decir, que gracias entre otros factores a la ola inmigratoria de la década pasada la hucha de las pensiones que Zapatero dejó en herencia a Rajoy tenía dentro 66.815 millones de euros.

Más que la inmigración, la desequilibrada pirámide de población, el conjunto de la demografía, es uno de nuestros grandes problemas nacionales. Somos una sociedad envejecida y salvo milagro, y en este asunto el único milagro posible es el de una nueva ola inmigratoria, lo seremos mucho más en pocos años, lo que pone en peligro no solo nuestro sistema de pensiones, sino toda la arquitectura del Estado del bienestar y nuestro modelo de vida.

La demografía es, en esencia, la interacción y suma o resta de tres factores: la natalidad, la mortalidad y las migraciones. En menos de medio siglo, nuestra natalidad se ha derrumbado: hemos pasado de estar en el entorno de los 700.000 nacimientos al año a poco más de 400.000 y de una tasa de fecundidad cercana a los 3 hijos por mujer en edad fértil a 1,33, una de las tasas más bajas del mundo. Más datos: en España, ya empieza a haber cada año menos nacimientos que defunciones, y al mismo tiempo nuestra esperanza de vida sigue creciendo. Otro dato más: hace poco más de diez años, en la Seguridad Social había 2,71 afiliados que aportaban a la caja por cada pensionista que cobraba de ella, y ahora solo tenemos 2,23. Y el remate: la despoblación de una gran parte de nuestro territorio. En el 53% de nuestra superficie solo vive el 15,8% del total de la población.

Las migraciones, que a comienzos del siglo paliaron en parte los desequilibrios de la natalidad y de la mortalidad y nutrieron, según Granado, la hucha de las pensiones –, ahora son un nuevo factor de incertidumbre. Más datos. En 2010, residían en España 5.747.734 extranjeros, y 1,57 millones de españoles residían en el extranjero. En 2017, el número de extranjeros en España había bajado a 4.549.858 y el de españoles residentes en el extranjero había subido a 2,40 millones, muchos de ellos por la diáspora económica de jóvenes compatriotas que durante la crisis tuvieron que salir a buscarse la vida fuera.

No sólo estamos perdiendo población en términos absolutos sino que nos estamos convirtiendo de nuevo en un país exportador de población, y esa es una de las peores exportaciones posibles pues supone la pérdida de uno de los capitales más valiosos, el capital humano, y de una de las principales fuentes de financiación de nuestro Estado del bienestar. Y mientras de todo esto se debate poco o nada, parte de la clase política, de nuestros representantes, siguen pasando los veranos, los otoños, los inviernos y las primaveras hablando de la inmigración ilegal. Un problema, sí. Incluso un problema de orden público y de seguridad. Pero gestionado de otra manera, también una oportunidad, una solución a un problema mucho mayor: el de nuestra crisis demográfica.

Pedro Sánchez subirá impuestos, pero menos de lo que proponía hace tres meses en la oposición

24 julio, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

Está aún por ver cuánto de lo que se ha filtrado era globo sonda y cuánto decisión firme ya tomada, pero el anuncio de que el Gobierno de Pedro Sánchez prepara una subida de impuestos ha desatado una cierta polémica que puede convertirse en un vendaval en las próximas semanas.

No vamos a subir los impuestos “a la ciudadanía”, solo a la banca y a las empresas tecnológicas, ha dicho este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Cuando el Gobierno sube un impuesto a la banca, lo acaba pagando el cliente, replican en la oposición. La semana pasada, la ministra concretó algo más: a la banca, a las tecnológicas… y a todas las grandes corporaciones el Impuesto de Sociedades…

A primeros de abril, hace apenas tres meses, cuando el PSOE estaba en la oposición y nadie o casi nadie en el partido pensaba que llegaría al Gobierno en pocas semanas, Pedro Sánchez presentó en la sede central socialista sus Presupuestos Alternativos a los de Mariano Rajoy y el PP. Los socialistas abogaban en ellos por elevar la recaudación tributaria en unos 8.000 millones anuales para -decían- financiar un plan de inversiones y atender mejor el gasto social, y combatir así la desigualdad, que crecía en la sociedad española postcrisis como un mal irrefrenable.

Los mayores ingresos, según aquel plan elaborado por Manu Escudero, el secretario de Política Económica y Empleo del partido, saldrían de varias fuentes. De nuevos impuestos a la banca, entre ellos uno específico finalista destinado a mejorar las cuentas de la Seguridad Social que ya habían anunciado los socialistas en enero. De la llamada ‘fiscalidad verde’, aumentando los impuestos al gasóleo para acercarlos progresivamente a los de la gasolina. De eliminar deducciones, exenciones y bonificaciones a las grandes corporaciones, de modo que en el Impuesto de Sociedades pagaran un tipo efectivo del 15%, y no el 12% de media que actualmente pagan y que ha hecho que el conjunto de este impuesto recaude hoy unos 20.000 millones al año, cuando antes de la crisis aportaba 40.000 millones. Y, atención asalariados con altas retribuciones, de un incremento del IRPF a quienes ganen más de 120.000 euros al año.

Como en el Gobierno nadie hace exactamente lo mismo que prometió en la oposición, algunas de aquellas medidas parece que no están ahora en el plan del Gobierno Sánchez. Entre las que se han quedado en el camino, por lo que se deduce de las palabras de la ministra Montero, está lo del IRPF. Los asalariados muy bien pagados también son “ciudadanía”, luego de atenernos a la palabra de la titular de Hacienda no verán aumentada su carga fiscal. Y entre las medidas que no estaban entre las del PSOE de abril pasado y ahora sí estarán, la principal será el nuevo impuesto a las tecnológicas, un invento de última hora de Montoro del que Montero parece que se adueñará, quizás con algún matiz.

Ha dicho la ministra de Hacienda que pretende construir “una nueva fiscalidad del siglo XXI”. Salvo sorpresa y gorda de última hora, demasiada frase para tan escasos cambios. La reforma fiscal que necesita España –uno de los países europeos con menor presión fiscal respecto al PIB- debería ser mucho más ambiciosa, ahora que ya va bastante avanzado el siglo XXI. Aunque también es cierto que no se le puede pedir esa ambición a un Gobierno que acaba de llegar, que sólo tiene 84 escaños seguros en el Congreso y que afronta un mandato que durará, como mucho, dos años.

La que bien podríamos llamar “nueva fiscalidad para 2019 y como mucho 2020” es un parche de tamaño pequeño tirando a mediano que, si el PSOE logra pactarlo en el Congreso y sacarlo adelante, le dará al Gobierno entre 6.000 y 8.000 millones adicionales para, en 2019 –año electoral, no se olvide: con al menos urnas municipales, autonómicas y europeas-, atender necesidades productivas y sobre todo emergencias sociales. Un parche pequeño tirando a mediano que se resumiría en “no tocar a las clases medias” y en que paguen algo más los más ricos, pero con un importante matiz: los más ricos de entre los grandes consorcios corporativos; no las personas físicas más ricas o las grandes fortunas o los partícipes de las sicav. Es decir: aumentar la progresividad fiscal, pero sólo un poquito. Y si al siguiente mandato, y gracias entre otros factores a esos recursos adicionales con que contará el Gobierno, tiene el PSOE más fuerza en el Congreso, ya se verá si se afronta de verdad una nueva fiscalidad para el siglo XXI.

La progresividad fiscal, por cierto, es un principio que está en nuestro ordenamiento jurídico desde hace dos siglos largos. La Constitución de Cádiz de 1812, la Pepa, decía en su artículo 339: “Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno”, y “facultades” en aquellos tiempos remotos era sinónimo de dinero.  En el Diccionario de la Real Academia Española aún está recogida la palabra en ese sentido,  en la acepción 10. 

La Constitución vigente, en su artículo 31, dice: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad…”.

¿Insistiremos tanto en el asunto, en Cartas Magnas tan alejadas en el tiempo, porque eso de que los que más tienen más paguen sea solamente un sueño colectivo, apenas un aspiracional?

Datos que cuestionan el desastre económico anunciado para Catalunya

13 noviembre, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

“Escenario estresado”. Así califican los economistas al peor escenario posible dentro de una simulación de lo que puede suceder en la economía a medio plazo. En ese escenario apocalíptico, el vigilante de las cuentas públicas (la Airef) ha imaginado un futuro en el que la incertidumbre catalana impacta de forma evidente en la economía hasta dejar el crecimiento económico esperado en 2018 en un más que moderado 1,5%, frente al 2,7% que predicen las distintas casas de análisis.

Esta ha sido la guinda al pastel de predicciones penumbrosas que diferentes organismos (empezando por el Gobierno), actores sociales como la CEOE, o lobbies, como casi todas las patronales, han enviado en los últimos días. Estas cifras están aderezadas por el contador de empresas a la fuga, que el Colegio de Registradores ha decidido de forma extraordinaria actualizar a diario. Un maremágnum de datos que rodea a la opinión pública y complica aún más el análisis de la situación.

Pero ¿es esto así? ¿Ha entrado la economía catalana ya en zona de peligro? Los datos aún no lo confirman y los expertos no lo ven tan claro. Daniel Fuentes Castro, economista de AFI, cree que “conviene ser prudente a la hora de evaluar el impacto económico de eventos de riesgo político como el actual”.

Señala como precedente “las primeras estimaciones del impacto del Brexit sobre el crecimiento en el Reino Unido”, cuyos peores efectos anunciados en la economía real aún no se han llegado a materializar. En todo caso, recuerda Fuentes, “las perspectivas de crecimiento para la economía de Catalunya en el trimestre actual no son buenas”. AFI mantiene una previsión de crecimiento del 2,8% para España en 2018, aunque procederá a revisarla a la baja próximamente, “en torno a dos décimas.”

Si en las próximas semanas se recrudece el conflicto, los riesgos se pueden hacer realidad. La incertidumbre cotiza a la baja en la economía y es un elemento a tener muy en cuenta como freno para el clima económico. Pero a día de hoy las cifras no hablan de una situación aparentemente tan desbocada como transmiten algunos titulares.

Cuánto restaría a la economía una Catalunya estancada

En los modelos que manejan los expertos, si Catalunya en lugar de crecer a ritmos del 0,9% se estanca, drenaría alrededor de una o dos décimas al conjunto del crecimiento de la economía española, unos datos similares a los que maneja la Airef.

La nueva hipótesis que manejan ahora de forma más coherente el Gobierno y la Airef, con un crecimiento del 2,3%, no está tan alejada de las que manejan el resto de los organismos. El FMI publicó una mejora de la actividad económica española el 10 de octubre, varios días después del 1-O, en la que estimó que la economía crecería un 2,5%, frente al 2,4%, previsto inicialmente. Las cifras son, en cualquier caso, a un año vista, y la experiencia de la reciente crisis nos indicó que son muy susceptibles de ser superadas.

Las bolsas apenas se mueven, la prima no sube

Las revisiones del Gobierno y los anuncios de bajada de empleo de la CEOE han hecho las veces del mantra que normalmente se utiliza en estos casos: el de la prima de riesgo y la caída de los mercados. En un primer impase, los mercados penalizaron con relativa fuerza la crisis catalana, con una caída el 4 de octubre del 2,85%, que casi recuperó en la siguiente sesión al repuntar un 2,51%. Estos vaivenes se debieron, sobre todo, a las caídas de la banca catalana que vieron que mejoraban su comportamiento en bolsa tras decidir trasladar sus sedes fuera de Catalunya. Desde la sesión previa al 1-O, la bolsa solo se ha dejado un 1,04%.

Además, la prima de riesgo cotiza hoy en los 123 puntos y se sitúa por debajo de otros países como Italia, donde está en 164 puntos, o Portugal, en 191 puntos. De hecho, la rentabilidad del bono español a diez años ha bajado desde la sesión del 29 de septiembre cuando marcaba el 1,63% hasta este martes cuando se sitúa en el 1,54%.

Con estas cifras, se puede decir que los inversores no ven un riesgo inmediato ni en España ni en la economía catalana, cuyas empresas han cosechado numerosas subidas en bolsa solo con cambiar el domicilio social, sin desplazar por el momento a un solo efectivo.

Las empresas se van y se cuenta en tiempo real

Precisamente, la salida de las empresas es uno de los elementos que se está ondeando con más virulencia para demostrar el dramático momento que vive Catalunya. Este miércoles, el Colegio de Registradores de España volvió a actualizar el minuto y resultado de la fuga de empresas desde el lunes, 2 de octubre, con un total de 805 sociedades catalanas frente a las 43 empresas que llegaron procedentes de otras comunidades autónomas.

Algunos de esos traslados corresponden a filiales de otras sociedades que ya han anunciado su mudanza, como es el caso de Caixabank, Gas Natural (que las está moviendo a Madrid) o Abertis, que desde el miércoles ya es oficialmente objeto de una contraopa de ACS. La constructora de Florentino Pérez quiere llevarse a Alemania la sede de la concesionaria (una de las primeras en anunciar su traslado de Barcelona a Madrid) y competirá con la oferta de Atlantia (Italia).

Publicar estos datos sobre movimientos de sociedades fuera de una comunidad autónoma es una práctica absolutamente inusual (normalmente, esta información se actualiza de forma trimestral) que, según fuentes del Colegio, el organismo ha decidido llevar a cabo tras recibir “cientos de llamadas” de los medios de comunicación en los últimos días para solicitar esa información.

El pasado 11 de octubre, la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de España proclamó “su firme e irrenunciable compromiso de defensa de la legalidad vigente, la Constitución y los principios y valores que la inspiran” ante “la grave situación que se está viviendo en Cataluña”.

Entre las salidas conocidas este miércoles está la de la sucursal de la aseguradora Zurich Insurance, que se trasladará de Barcelona a Madrid. Entre las cotizadas, quedan todavía 17 empresas en Catalunya, tras la marcha de trece compañías en una sola semana. De esas 17, solo una (Grifols) cotiza en el Ibex 35, que hace un mes tenía siete compañías radicadas en Catalunya.

Por el momento, el impacto de estos movimientos está minimizado hasta que no se inicie un éxodo real de efectivos. La mayoría no se atreve ni a comentar esta posibilidad, pero ayer mismo Reuters publicó que Banco Sabadell baraja comenzar a trasladar empleados, y puede mover algunas direcciones de la actual sede central. Si la situación persiste, son varios los empresarios que sí reconocen que harán las maletas y abandonarán Catalunya, pero decisiones tan drásticas se tomarán pasadas unas posibles elecciones.

Se siguen vendiendo coches

En este ambiente de guerra de cifras, la Asociación Española de Fabricantes  de Automóviles y Camiones (Anfac) desmintió este miércoles que las ventas de coches en Catalunya se hayan desplomado entre un 30% y un 40% en solo 15 días, como afirmó el Gremio del Motor de Barcelona.

Según Anfac, que es la fuente oficial de este dato, durante las dos primeras semanas de octubre las matriculaciones en Catalunya “se mantienen estables” e incluso registran una ligera subida del 0,5% si las comparamos con el mismo periodo del año 2016″, con crecimientos de los dos principales canales, particulares (1,3%) y empresas (5,9%).

En la provincia de Barcelona, que concentra el mayor volumen, “en las primeras dos semanas de este mes el mercado de turismos sube un 4,2% frente al mismo periodo del pasado año”, con un repunte del 8,1% en el canal de particulares y del 7,5% entre las empresas. En cuanto a las matriculaciones por parte de empresas alquiladoras, descienden un 37%, pero Anfac subraya que suponen “escaso volumen”.

Fuga de capitales sin cifras

Sin emitir comunicados, los bancos también desmienten que los datos que se están publicando de fuga de capitales desde entidades catalanas sean ciertos. Aunque el runrún de una estampida lleva desde prácticamente el 2 de octubre, no ha sido hasta el desliz de la ministra Dolors Montserrat en Onda Cero (asegurando que en un día se habían volatilizado 4.000 millones de euros de cuentas bancarias catalanas), cuando se ha intentando cifrar la supuesta salida de este dinero. Algunos medios han hablado de hasta 9.000 millones de euros, cifras todas ellas negadas por la banca.

Lo cierto es que datos oficiales no hay, ni en Economía ni en el Banco de España, ni los habrá nunca con el detalle suficiente para conocer la veracidad de estas filtraciones. Pero sí hay algunos elementos de contexto. Primero, que el pasado 10 de octubre se realizó una subasta de liquidez en el Banco Central Europeo en el que se pidió un número inusualmente alto para los últimos seis meses de liquidez.

Fuentes financieras aseguran que sí que esta alta demanda fue motivada por las entidades españolas pero también recuerdan que la subasta se realizaba antes de un puente, cuando es muy normal que los bancos se pertrechen de efectivo.

Normalización de la banca

En cualquier caso, la subasta venció el 17 de octubre, el dinero se devolvió con normalidad y lo que es más importante, se hizo una petición en línea con cualquier subasta de semanas anteriores. “Esto hace pensar que se ha frenado el problema”, asegura el experto de la Universidad de Valencia, Joaquín Maudos.

A este economista le preocupaba que el cambio de domicilio hubiera frenado las retiradas de los temerosos a la inseguridad jurídica pero no de los que quisieran hacer un boicot a la entidad, y estas cifras hablan de una aparente normalidad.

Con todo, cabe resaltar que los bancos tienen en Catalunya depósitos por valor de casi 190.000 millones de euros, el 16% de toda España, según los datos del BDE del segundo trimestre del año que precisamente se publicaron ayer (y que habían subido en Catalunya).

El ladrillo a la expectativa

Otros sectores muy sensibles a la incertidumbre y a la inversión, como el turismo y el comercio, también han estado en el punto de mira de los titulares de estos días. Las dudas sobre el ladrillo las lanzó la Asociación de Empresas de Consultoría Inmobiliaria en un comunicado en el que aseguraba que “los últimos acontecimientos afectan gravemente el normal funcionamiento de la actividad inversora y el desarrollo de nuestro mercado inmobiliario”.

Los datos concretos a operaciones y de la inversión todavía no se conocen, ya que, el sector maneja datos a cierre del tercer trimestre que terminó el 30 de septiembre, justo antes del referéndum convocado por el Govern. Fuentes del sector decían la semana pasada que algunas empresas que habían mostrado interés en alguna operación, estaban ahora estaban esperando a ver cómo se solucionaba la crisis antes de seguir adelante.

En el terreno de las agencias inmobiliarias, las que venden pisos directamente al gran público, no ven un gran impacto en su actividad. Fuentes de Tecnocasa señalan que su cliente principal, el que necesita comprar una casa sigue estando activo, aunque apunta que los que están pensándolo más son aquellos pequeños inversores que van a comprar algo sin que sea una necesidad principal.

Emiliano Bermúdez, subdirector de DonPiso, contó a eldiario.es la semana pasada que lo que habían notado era una bajada en el número de llamadas pidiendo información, pero que esto todavía no era alarmante.

Por lo pronto, ayer se inauguró la Barcelona Meeting Point, la principal feria del sector en Barcelona. Aunque ningún expositor se ha dado de baja, desde el Gobierno aseguran que la cifra de visitantes extranjeros ha descendido un 15%.

El turismo de hoteles, el más afectado

El turismo ha sido otro de los sectores donde puede notarse la incertidumbre de estos días. Este es el principal sector de la economía catalana al representar aproximadamente un 12% de su PIB. El principal lobby turístico, Exceltur, cifró en un 20% las reservas que se habrían cancelado hasta final de año por la incertidumbre que se ha generado.

La cifra se basa en las respuestas de sus asociados a las encuestas de la asociación y que todavía no se han materializado sino que son en libros. Esto supondría, en el caso de materializarse, una reducción de casi 1.200 millones de euros y una rebaja de un punto del PIB turístico nacional frente al escenario previsto.

El vicepresidente de Meliá, Alfonso del Poyo, aseguró tras el 1-O que habían notado una “relevante caída de la demanda”. Tras el 1-O ha habido algunos cruceros que han desviado su ruta de Barcelona. El 4 de octubre dos barcos de la compañía Tui Cruises cambiaron su parada en Barcelona por Valencia.

Sin embargo, otros directivos del sector hotelero no ven un impacto tan fuerte. Antonio Catalán, fundador y presidente de la cadena de hoteles AC Hoteles by Marriot, cree que “el año va a terminar de forma más o menos como estaba previsto”. “El cliente día a día está funcionando exactamente igual y anulación de grupos ha habido muy pocas”, decía ayer en una entrevista en la Cadena Ser y añadía que “si este tema no dura demasiado tiempo se puede recuperar”. Catalán señalaba que Barcelona parte de una situación de ventaja frente a otros destinos y que está muy preparada, por ejemplo, para el turismo de congresos. “Lo que más ha perjudicado ha sido el día 1 con la intervención que hubo y cómo se publicó en todo el mundo”, apuntaba el directivo.

En el caso de los apartamentos, fuentes de Friendly Rentals señalan que por ahora “no lo están notando”. La empresa tiene alrededor de 200 apartamentos en Catalunya.  También la plataforma de alquiler de pisos turísticos Homeaway apunta que no han notado en su servicio de atención al cliente un repunte especial de llamadas por cancelaciones en pisos de Barcelona.