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Datos que cuestionan el desastre económico anunciado para Catalunya

13 noviembre, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

“Escenario estresado”. Así califican los economistas al peor escenario posible dentro de una simulación de lo que puede suceder en la economía a medio plazo. En ese escenario apocalíptico, el vigilante de las cuentas públicas (la Airef) ha imaginado un futuro en el que la incertidumbre catalana impacta de forma evidente en la economía hasta dejar el crecimiento económico esperado en 2018 en un más que moderado 1,5%, frente al 2,7% que predicen las distintas casas de análisis.

Esta ha sido la guinda al pastel de predicciones penumbrosas que diferentes organismos (empezando por el Gobierno), actores sociales como la CEOE, o lobbies, como casi todas las patronales, han enviado en los últimos días. Estas cifras están aderezadas por el contador de empresas a la fuga, que el Colegio de Registradores ha decidido de forma extraordinaria actualizar a diario. Un maremágnum de datos que rodea a la opinión pública y complica aún más el análisis de la situación.

Pero ¿es esto así? ¿Ha entrado la economía catalana ya en zona de peligro? Los datos aún no lo confirman y los expertos no lo ven tan claro. Daniel Fuentes Castro, economista de AFI, cree que “conviene ser prudente a la hora de evaluar el impacto económico de eventos de riesgo político como el actual”.

Señala como precedente “las primeras estimaciones del impacto del Brexit sobre el crecimiento en el Reino Unido”, cuyos peores efectos anunciados en la economía real aún no se han llegado a materializar. En todo caso, recuerda Fuentes, “las perspectivas de crecimiento para la economía de Catalunya en el trimestre actual no son buenas”. AFI mantiene una previsión de crecimiento del 2,8% para España en 2018, aunque procederá a revisarla a la baja próximamente, “en torno a dos décimas.”

Si en las próximas semanas se recrudece el conflicto, los riesgos se pueden hacer realidad. La incertidumbre cotiza a la baja en la economía y es un elemento a tener muy en cuenta como freno para el clima económico. Pero a día de hoy las cifras no hablan de una situación aparentemente tan desbocada como transmiten algunos titulares.

Cuánto restaría a la economía una Catalunya estancada

En los modelos que manejan los expertos, si Catalunya en lugar de crecer a ritmos del 0,9% se estanca, drenaría alrededor de una o dos décimas al conjunto del crecimiento de la economía española, unos datos similares a los que maneja la Airef.

La nueva hipótesis que manejan ahora de forma más coherente el Gobierno y la Airef, con un crecimiento del 2,3%, no está tan alejada de las que manejan el resto de los organismos. El FMI publicó una mejora de la actividad económica española el 10 de octubre, varios días después del 1-O, en la que estimó que la economía crecería un 2,5%, frente al 2,4%, previsto inicialmente. Las cifras son, en cualquier caso, a un año vista, y la experiencia de la reciente crisis nos indicó que son muy susceptibles de ser superadas.

Las bolsas apenas se mueven, la prima no sube

Las revisiones del Gobierno y los anuncios de bajada de empleo de la CEOE han hecho las veces del mantra que normalmente se utiliza en estos casos: el de la prima de riesgo y la caída de los mercados. En un primer impase, los mercados penalizaron con relativa fuerza la crisis catalana, con una caída el 4 de octubre del 2,85%, que casi recuperó en la siguiente sesión al repuntar un 2,51%. Estos vaivenes se debieron, sobre todo, a las caídas de la banca catalana que vieron que mejoraban su comportamiento en bolsa tras decidir trasladar sus sedes fuera de Catalunya. Desde la sesión previa al 1-O, la bolsa solo se ha dejado un 1,04%.

Además, la prima de riesgo cotiza hoy en los 123 puntos y se sitúa por debajo de otros países como Italia, donde está en 164 puntos, o Portugal, en 191 puntos. De hecho, la rentabilidad del bono español a diez años ha bajado desde la sesión del 29 de septiembre cuando marcaba el 1,63% hasta este martes cuando se sitúa en el 1,54%.

Con estas cifras, se puede decir que los inversores no ven un riesgo inmediato ni en España ni en la economía catalana, cuyas empresas han cosechado numerosas subidas en bolsa solo con cambiar el domicilio social, sin desplazar por el momento a un solo efectivo.

Las empresas se van y se cuenta en tiempo real

Precisamente, la salida de las empresas es uno de los elementos que se está ondeando con más virulencia para demostrar el dramático momento que vive Catalunya. Este miércoles, el Colegio de Registradores de España volvió a actualizar el minuto y resultado de la fuga de empresas desde el lunes, 2 de octubre, con un total de 805 sociedades catalanas frente a las 43 empresas que llegaron procedentes de otras comunidades autónomas.

Algunos de esos traslados corresponden a filiales de otras sociedades que ya han anunciado su mudanza, como es el caso de Caixabank, Gas Natural (que las está moviendo a Madrid) o Abertis, que desde el miércoles ya es oficialmente objeto de una contraopa de ACS. La constructora de Florentino Pérez quiere llevarse a Alemania la sede de la concesionaria (una de las primeras en anunciar su traslado de Barcelona a Madrid) y competirá con la oferta de Atlantia (Italia).

Publicar estos datos sobre movimientos de sociedades fuera de una comunidad autónoma es una práctica absolutamente inusual (normalmente, esta información se actualiza de forma trimestral) que, según fuentes del Colegio, el organismo ha decidido llevar a cabo tras recibir “cientos de llamadas” de los medios de comunicación en los últimos días para solicitar esa información.

El pasado 11 de octubre, la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de España proclamó “su firme e irrenunciable compromiso de defensa de la legalidad vigente, la Constitución y los principios y valores que la inspiran” ante “la grave situación que se está viviendo en Cataluña”.

Entre las salidas conocidas este miércoles está la de la sucursal de la aseguradora Zurich Insurance, que se trasladará de Barcelona a Madrid. Entre las cotizadas, quedan todavía 17 empresas en Catalunya, tras la marcha de trece compañías en una sola semana. De esas 17, solo una (Grifols) cotiza en el Ibex 35, que hace un mes tenía siete compañías radicadas en Catalunya.

Por el momento, el impacto de estos movimientos está minimizado hasta que no se inicie un éxodo real de efectivos. La mayoría no se atreve ni a comentar esta posibilidad, pero ayer mismo Reuters publicó que Banco Sabadell baraja comenzar a trasladar empleados, y puede mover algunas direcciones de la actual sede central. Si la situación persiste, son varios los empresarios que sí reconocen que harán las maletas y abandonarán Catalunya, pero decisiones tan drásticas se tomarán pasadas unas posibles elecciones.

Se siguen vendiendo coches

En este ambiente de guerra de cifras, la Asociación Española de Fabricantes  de Automóviles y Camiones (Anfac) desmintió este miércoles que las ventas de coches en Catalunya se hayan desplomado entre un 30% y un 40% en solo 15 días, como afirmó el Gremio del Motor de Barcelona.

Según Anfac, que es la fuente oficial de este dato, durante las dos primeras semanas de octubre las matriculaciones en Catalunya “se mantienen estables” e incluso registran una ligera subida del 0,5% si las comparamos con el mismo periodo del año 2016″, con crecimientos de los dos principales canales, particulares (1,3%) y empresas (5,9%).

En la provincia de Barcelona, que concentra el mayor volumen, “en las primeras dos semanas de este mes el mercado de turismos sube un 4,2% frente al mismo periodo del pasado año”, con un repunte del 8,1% en el canal de particulares y del 7,5% entre las empresas. En cuanto a las matriculaciones por parte de empresas alquiladoras, descienden un 37%, pero Anfac subraya que suponen “escaso volumen”.

Fuga de capitales sin cifras

Sin emitir comunicados, los bancos también desmienten que los datos que se están publicando de fuga de capitales desde entidades catalanas sean ciertos. Aunque el runrún de una estampida lleva desde prácticamente el 2 de octubre, no ha sido hasta el desliz de la ministra Dolors Montserrat en Onda Cero (asegurando que en un día se habían volatilizado 4.000 millones de euros de cuentas bancarias catalanas), cuando se ha intentando cifrar la supuesta salida de este dinero. Algunos medios han hablado de hasta 9.000 millones de euros, cifras todas ellas negadas por la banca.

Lo cierto es que datos oficiales no hay, ni en Economía ni en el Banco de España, ni los habrá nunca con el detalle suficiente para conocer la veracidad de estas filtraciones. Pero sí hay algunos elementos de contexto. Primero, que el pasado 10 de octubre se realizó una subasta de liquidez en el Banco Central Europeo en el que se pidió un número inusualmente alto para los últimos seis meses de liquidez.

Fuentes financieras aseguran que sí que esta alta demanda fue motivada por las entidades españolas pero también recuerdan que la subasta se realizaba antes de un puente, cuando es muy normal que los bancos se pertrechen de efectivo.

Normalización de la banca

En cualquier caso, la subasta venció el 17 de octubre, el dinero se devolvió con normalidad y lo que es más importante, se hizo una petición en línea con cualquier subasta de semanas anteriores. “Esto hace pensar que se ha frenado el problema”, asegura el experto de la Universidad de Valencia, Joaquín Maudos.

A este economista le preocupaba que el cambio de domicilio hubiera frenado las retiradas de los temerosos a la inseguridad jurídica pero no de los que quisieran hacer un boicot a la entidad, y estas cifras hablan de una aparente normalidad.

Con todo, cabe resaltar que los bancos tienen en Catalunya depósitos por valor de casi 190.000 millones de euros, el 16% de toda España, según los datos del BDE del segundo trimestre del año que precisamente se publicaron ayer (y que habían subido en Catalunya).

El ladrillo a la expectativa

Otros sectores muy sensibles a la incertidumbre y a la inversión, como el turismo y el comercio, también han estado en el punto de mira de los titulares de estos días. Las dudas sobre el ladrillo las lanzó la Asociación de Empresas de Consultoría Inmobiliaria en un comunicado en el que aseguraba que “los últimos acontecimientos afectan gravemente el normal funcionamiento de la actividad inversora y el desarrollo de nuestro mercado inmobiliario”.

Los datos concretos a operaciones y de la inversión todavía no se conocen, ya que, el sector maneja datos a cierre del tercer trimestre que terminó el 30 de septiembre, justo antes del referéndum convocado por el Govern. Fuentes del sector decían la semana pasada que algunas empresas que habían mostrado interés en alguna operación, estaban ahora estaban esperando a ver cómo se solucionaba la crisis antes de seguir adelante.

En el terreno de las agencias inmobiliarias, las que venden pisos directamente al gran público, no ven un gran impacto en su actividad. Fuentes de Tecnocasa señalan que su cliente principal, el que necesita comprar una casa sigue estando activo, aunque apunta que los que están pensándolo más son aquellos pequeños inversores que van a comprar algo sin que sea una necesidad principal.

Emiliano Bermúdez, subdirector de DonPiso, contó a eldiario.es la semana pasada que lo que habían notado era una bajada en el número de llamadas pidiendo información, pero que esto todavía no era alarmante.

Por lo pronto, ayer se inauguró la Barcelona Meeting Point, la principal feria del sector en Barcelona. Aunque ningún expositor se ha dado de baja, desde el Gobierno aseguran que la cifra de visitantes extranjeros ha descendido un 15%.

El turismo de hoteles, el más afectado

El turismo ha sido otro de los sectores donde puede notarse la incertidumbre de estos días. Este es el principal sector de la economía catalana al representar aproximadamente un 12% de su PIB. El principal lobby turístico, Exceltur, cifró en un 20% las reservas que se habrían cancelado hasta final de año por la incertidumbre que se ha generado.

La cifra se basa en las respuestas de sus asociados a las encuestas de la asociación y que todavía no se han materializado sino que son en libros. Esto supondría, en el caso de materializarse, una reducción de casi 1.200 millones de euros y una rebaja de un punto del PIB turístico nacional frente al escenario previsto.

El vicepresidente de Meliá, Alfonso del Poyo, aseguró tras el 1-O que habían notado una “relevante caída de la demanda”. Tras el 1-O ha habido algunos cruceros que han desviado su ruta de Barcelona. El 4 de octubre dos barcos de la compañía Tui Cruises cambiaron su parada en Barcelona por Valencia.

Sin embargo, otros directivos del sector hotelero no ven un impacto tan fuerte. Antonio Catalán, fundador y presidente de la cadena de hoteles AC Hoteles by Marriot, cree que “el año va a terminar de forma más o menos como estaba previsto”. “El cliente día a día está funcionando exactamente igual y anulación de grupos ha habido muy pocas”, decía ayer en una entrevista en la Cadena Ser y añadía que “si este tema no dura demasiado tiempo se puede recuperar”. Catalán señalaba que Barcelona parte de una situación de ventaja frente a otros destinos y que está muy preparada, por ejemplo, para el turismo de congresos. “Lo que más ha perjudicado ha sido el día 1 con la intervención que hubo y cómo se publicó en todo el mundo”, apuntaba el directivo.

En el caso de los apartamentos, fuentes de Friendly Rentals señalan que por ahora “no lo están notando”. La empresa tiene alrededor de 200 apartamentos en Catalunya.  También la plataforma de alquiler de pisos turísticos Homeaway apunta que no han notado en su servicio de atención al cliente un repunte especial de llamadas por cancelaciones en pisos de Barcelona.

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El Gobierno repatria a miembros de la División Azul mientras ignora las fosas de republicanos

27 febrero, 2016

Fuente: http://www.publico.es

Defensa ha reconocido su participación en la las repatriaciones de restos de españoles que lucharon en la División Azul tras una pregunta parlamentaria formulada por Amaiur

Imagen de fosas comunes en septiembre de 2007. Los familiares depositaron ramos de flores junto a los restos exhumados.

Imagen de fosas comunes en septiembre de 2007. Los familiares depositaron ramos de flores junto a los restos exhumados.

MADRID.- El Ministerio de Defensa ha admitido su participación en el proceso de repatriación de los restos de los españoles que durante la Segunda Guerra Mundial lucharon en la División Azul del lado de la Alemania de Hitler y su colaboración, para ese fin, con la Asociación de Españoles desaparecidos en Rusia. Sin embargo, no dedica ni un euro desde el año 2012 a financiar la exhumación de republicanos fallecidos durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

Esta se la respuesta que ha remitido el Ejecutivo al diputado de Amaiur Sabino Cuadra, quien interrogó al Gobierno sobre las repatriaciones de los restos de los voluntarios españoles que lucharon en el frente ruso con las tropas de Hitler.

Según detalla en su contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el departamento que dirige Pedro Morenés participa en este proceso mediante la recepción de las peticiones de familiares para la recuperación de restos, la identificación personalizada de los mismos, el apoyo a la realización de trámites de traslado por vía aérea, la recepción de restos en el aeropuerto de Barajas y su posterior entrega a los familiares.

El legítimo esfuerzo del Gobierno en este aspecto contrasta con la política del Gobierno de Rajoy para localizar las fosas de republicanos asesinados durante la Guerra Civil. El Ejecutivo no ha dedicado ni un euro desde el año 2012 a financiar exhumaciones de víctimas de la guerra y de la dictadura de Franco en España.

La justificación aportada desde el Gobierno para explicar este desequilibrio es que entre 2002 y 2011 se han realizado “importantes actividades de localización y exhumación” gracias a los 8,2 millones de euros destinados a las asociaciones de memoria que se dedicaban a localizar fosas.

Centenar de pensiones a homosexuales

En otras respuestas sobre preguntas relativas a estas cuestiones formuladas por el diputado del PSOE Odón Elorza, el Gobierno reitera su compromiso con el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y apunta como dato que hasta la fecha se han reconocido más de un centenar pensiones a homosexuales que fueron encarcelados en aplicación de las Leyes de Vagos y Maleantes o de Peligrosidad Social.

Asimismo, el Ejecutivo deja claro que no cree necesario reabrir la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura porque las funciones que ésta tenía asignadas las realiza igualmente la División de Derechos de Gracia y otros Derechos del Ministerio de Justicia.

Y para demostrar que ahora hay una menor “demanda ciudadana” sobre estas cuestiones que la que había tras la aprobación de la Ley de Memoria en 2007 aporta el número de llamadas relacionadas con esta norma que se reciben en el Ministerio de Justicia. Así, detalla que si en los primeros años de vigencia de la ley rondaban las 10.000 anuales, en 2012 fueron 4.295 y en 2013 descendieron a 1.316.

El Gobierno afirma que los crímenes del franquismo no pueden ser llamados genocidio

7 junio, 2015

Fuente: http://www.publico.es

Publicado: 01.06.2015 19:02 | Actualizado: 01.06.2015 07:00

El Ejecutivo justifica de esta manera su rechazo a extraditar a Argentina a 17 responsables franquistas. También refuta derogar la Ley de Amnistía y considera que una “Comisión de la Verdad” no sería adecuada para el sistema constitucional.
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Franco, en octubre de 1975 en la plaza de Oriente, cuando calificó de “conspiración masónica izquierdista” la repulsa mundial a las cinco ejecuciones de septiembre del mismo año .- EFE

Alejandro Torrús.

MADRID.- Al menos, 132.202 ciudadanos, que defendieron la legalidad y la democracia de la II República, fueron asesinados durante la Guerra Civil. Otros 200.000 ciudadanos, que el régimen fascista consideró como republicanos, murieron en las cárceles y campos de concentración de la España franquista. Y en las cunetas de cualquier carretera secundaria del país hay enterrados cerca de 114.000 desaparecidos. De hecho, las Administraciones Públicas tienen constancia de 1.204 fosas comunes sin abrir. A estas cifras hay que añadir el aterrador balance represor de la dictadura que desde 1939 hasta 1978 manejó cualquier espacio de poder del Estado español.

Sin embargo, el Gobierno español afirma que estos hechos “difícilmente podrían encajarse en la figura de ‘genocidio’ que exige ‘la eliminación, de forma total o parcial, de un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.

Así lo ha asegurado en una respuesta parlamentario al diputado de Amaiur, Jon Iñarritu, que preguntaba al Ejecutivo por los motivos por los que el Gobierno denegó la extradición a Argentina de los 17 responsables de la dictadura franquista que fueron reclamados por la Justicia del país sudamericano en aras de la Justicia Universal, y entre los que se encontraban, los exministros Martín Villa y José Utrera Molina, el suegro de Alberto Ruiz Gallardón.

El Ejecutivo alega también que la Audiencia negó la calificación de dichos delitos como de “lesa humanidad” cuando rechazó la extradición de otros tres torturadores.

De esta manera, el Ejecutivo alega también que la Audiencia Nacional negó la calificación de dichos delitos como de “lesa humanidad” cuando rechazó la extradición de otros tres torturadores de la dictadura franquista, entre ellos se encuentra ‘Billy el niño’, por considerar que los delitos no formaban parte de un “ataque sistemático y organizado a un grupo de población”.

“De probarse que los ciudadanos españoles encausados en Argentina fueron culpables de los delitos de los que se les acusa, éstos no serían ni genocidio ni lesa humanidad y, por tanto, habrían prescrito. El principio de la extinción de la responsabilidad penal es otro de los principios básicos de nuestro derecho que no cabe soslayar”, señala el escrito del Gobierno al que ha tenido acceso este diario.

Imposibles de juzgar

La respuesta del Ejecutivo a las preguntas planteadas por el diputado de Amaiur trasladan la idea de que los crímenes de la dictadura son imposibles de juzgar. Ni en España, ni en ningún lugar del mundo.

En primer lugar, porque “el ordenamiento jurídico español establece que corresponde a España, y no a un tercer país, la competencia de juzgar los delitos cometidos por españoles en territorio español”. “Se trata del principio de jurisdicción preferente”, acota el escrito que prosigue afirmando que, en este caso, no es aplicable el llamado “principio de jurisdicción universal”.

La respuesta del Ejecutivo a las preguntas planteadas por el diputado de Amaiur trasladan la idea de que los crímenes de la dictadura son imposibles de juzgar.

En segundo lugar, porque estos crímenes están protegidos por la Ley de Amnistía de 1977, “instrumento fundamental de reconciliación entre los españoles”. Y en tercer lugar porque, aún en el hipotético caso de que el Estado derogara la Ley de Amnistía, las exigencias “del principio de legalidad” no permitirían que fueran juzgadas de manera retroactiva “sucesos ocurridos bajo el ámbito objetivo de la aplicación de la Ley de Admnistía”.

Asimismo, el Gobierno insiste en que en este hipotético caso ya mencionado, los delitos de la dictadura estarían prescritos y señala que también habría que tener en cuenta la concurrencia de otras circunstancias como “la extinción de la acción por fallecimiento”.

La ONU, en contra

Los argumentos del Gobierno, por tanto, se basan en los principios de prescripción y de extinción de la responsabilidad penal para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura. Sin embargo, expertos de la ONU en Derechos Humanos ya han advertido reiteradamente al Gobierno que estos argumentos “carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los Derechos Humanos”.

Grupo de expertos de la ONU señaló que estos argumentos del Gobierno “carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los Derechos Humanos”

“El Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos”, señalaron, al insistir en que “la tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa Humanidad”, señalaron cuatro expertos de la ONU en Derechos Humanos tras la negativa de España a extraditar a Argentina a responsables de la dictadura argentina.

No a la Comisión de la Verdad

El Gobierno también rechaza de plano en el escrito la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad, que investigue lo sucedido durante la Guerra Civil y la dictadura y establezca una relato riguroso de los hechos. En este sentido, el Ejecutivo considera que “crear comisiones o grupos de averiguación que tiendan a investigar conductas delictivas”, no resultarían “en modo alguno adecuadas a nuestro sistema constitucional”. Sobre todo, cuando los hechos a investigar por la Comisión de la Verdad se hallarían bajo “el ámbito de la aplicación de la Ley de Amnistía”.

Banqueros contra la justicia y la democracia

9 marzo, 2015

Fuente: http://www.juantorreslopez.com

19 de julio de 2012. Publicado en Sistema Digital el 19 de julio de 2012.

Los Bancos españoles vienen cometiendo desde hace años estafas que han arruinado a millones de personas. Lo han hecho directamente, sometiéndolas en las sucursales bancarias a todo tipo de engaños y trampas, e indirectamente, imponiendo a todos un modelo económico basado en el endeudamiento creciente que lleva consigo pérdida de ingresos, empleo cada vez más escaso y precario y hasta la ruina del Estado si no se le pone freno pronto. Pero las autoridades no les piden cuentas. La relación de las malas prácticas y los engaños es amplísima y no es fácil determinar cuál es el más grande, por las personas a las que afecta y por el daño económico que ha provocado. Pero ahora que las más graves han salido ya a la superficie comprobamos que son mucho peores que lo que pudiera pensarse.

Son gigantescas la estafa de las participaciones preferentes y la de las cláusulas suelo, ésta última producida bajo diferentes formas. Entre ambas pueden haber afectado, según las organizaciones de usuarios más solventes, a dos millones de españoles. Es más difícil de calcular aún el quebranto económico provocado. Parece que los Bancos españoles colocaron 30.000 millones de euros en preferentes entre 1999 y 2011 y que los titulares pueden haber perdido, en muchos casos, hasta el 90% del valor suscrito. Y menos se sabe del coste exacto que ha podido suponer para los afectados la estafa consistente en colocar productos financieros muy arriesgados para los hipotecados (swap) como si fueran seguros favorables para ellos, aunque podemos hacernos una idea de su magnitud y gravedad si tenemos en cuenta que el número de sentencias condenatorias de los Bancos pueden pasar ya de 600.

Sin embargo, a pesar de que estas dos estafas son multimillonarias, se quedarían casi en nada frente a la que conlleva el premio gordo para la banca: la manipulación del euríbor que, como casi todo el mundo sabe, es el índice que en España se toma como referencia para calcular el tipo de interés de las hipotecas.

Ya se ha descubierto que el Líbor, es decir, el que se utiliza en el Reino Unido, ha sido manipulado a su favor por los Bancos, la mayoría de los cuales son los que tienen que ver con el euríbor. Y las sospechas de que éste también lo ha sido son mucho más que consistentes, como está demostrando el abogado Juan Moreno y varios grupos de ciudadanos que han comenzado a presentar reclamaciones y denuncias en los juzgados españoles (Moreno Yagüe: “El Euribor es una monumental estafa”). Si se confirma, estaríamos hablando de cientos de miles de millones de euros que han ido indebidamente del bolsillo de los hipotecados a la cartera de los banqueros.

Y detrás de estas grandes estafas vienen otras de menor escala, pero igualmente costosas para los clientes.

He hecho una consulta rápida en algunas asociaciones, foros y denuncias públicas y no me ha sido difícil descubrir este rosario de engaños al menudeo, pero que en conjunto deben haber supuesto cientos de millones de beneficios extraordinarios a los Bancos. Relaciono a continuación los que aparecen más habitualmente.

– Cobros indebidos y fraudulentos por razones varias:

-Por “comisión de descubierto” en cuentas en la que no se han autorizado descubiertos.
-Por retraso en la firma de pólizas cuando no es causado por el cliente, sino por la entidad.
-Por cuentas que se creían canceladas y que por error u olvido no se cancelaron en su momento sin que las entidades avisaran de ello.
-Por emisión del cheque destinado a la cancelación el préstamo en las subrogaciones en la hipoteca, cuando es una actuación obligada y no un servicio prestado por el Banco.
-Por gastos de reclamación por un solo concepto pero en diversas ocasiones y en el mismo periodo.
-Por los descubiertos producidos por el uso ilegítimo de tarjetas de débito o crédito.
-Por descubierto a personas físicas que exceden de 2,5 veces el interés legal del dinero, para lo cual a veces las presentan como gastos de reclamación.

-Inclusión en los contratos de hipotecas de una clausula que permite a los Bancos vender los pisos hipotecados en subasta notarial si se produce el impago.

-Utilización del indebido concepto de “cargos varios” para aplicar comisiones cobradas conjuntamente por uno o varios conceptos.

-Prohibición o incluso cobro en ocasiones por cancelación de cuentas en sucursal distinta a la de su apertura.

-”Colocación” por los directores de sucursales de inversiones, sin explicar su verdadera naturaleza ni informar debidamente del riesgo que conllevan.

-Limitación de los horarios y fechas para efectuar pagos de recibos por ventanilla.

-Girar sucesivamente recibos inatendidos por el cliente para generar gastos múltiples de reclamación por la misma deuda.

-Exigir nuevas tasaciones de los inmuebles, cuando ya han sido tasados por otra entidad, alegando que no son tasaciones homologadas, para que la empresa de tasación del Banco vuelva a cobrar a los clientes.

-Requerir el pago de los préstamos vencidos sin respetar la confidencialidad, enviando comunicaciones abiertas, faxes a lugares de trabajo u otros donde se hace pública la situación de los clientes afectados para presionarlos, o incluso comunicándolo a terceras personas.

-Negativa a hacerse cargo de los importes sustraídos por uso fraudulento de tarjetas bancarias, aduciendo para ello razones inapropiadas o simplemente aprovechándose de la ignorancia de los clientes.

-Incluir a los deudores directamente en las listas de morosos sin presentar previamente la debida reclamación.

-Ocultación de la documentación relativa a las operaciones bancarias a petición de los clientes, argumentando que son estos los que deben conservarlas.

-Embargo, sin respetar las limitaciones establecidas por la ley, de saldos en cuentas que sirven habitualmente para el abono de sueldos, salarios o pensiones.

-Envío de tarjetas de crédito que no han sido solicitadas por los clientes y reclamación de comisiones de emisión, renovación o mantenimiento si los clientes tratan de recharzalas.

-Realización de anotaciones en cuenta sin el consentimiento de su titular o sin disponer una autorización genérica para el adeudo.

-Negativa de las entidades a pagar recibos de hipotecas o tarjetas de crédito cuando las cuentas están al descubierto, una forma indebida de presión para que los clientes se pongan al día y regularicen la cuenta.

-Hacer cargar a los clientes con gastos de correo excesivos, por ejemplo, cargando tantos como documentos vayan en el envío, o haciendo que los pague íntegramente el cliente cuando se acompaña información de la que se beneficia el Banco.

-Sustitución de las hojas de reclamaciones oficiales por otras sin sello ni validez.

-Modificación sin el consentimiento de los clientes de condiciones de contrato relativos, sobre todo, a tarjetas o mantenimiento de cuentas.

-Sustracción de dinero de cuentas con varias personas titulares por deudas de una de ellas.

-Ignorar órdenes de clientes.

-Reintegrar al portador sin comprobar su identidad, o permitir que personas no autorizadas puedan ordenar operaciones que afectan a un tercero.

-Redondeo al alza de los tipos de interés.

No digo que todos los Bancos hayan cometido este tipo de engaños, ni con todos sus clientes. Es simplemente una escueta relación de los que han sufrido muchos miles de españoles. No en una o dos ocasiones, sino también en miles de ellas. Tampoco digo que todas se hayan quedado sin castigo o que no se haya resarcido nunca a los clientes afectados. Pero sí creo que se puede afirmar que cuando todo esto ha sido tan generalizado, cuando la estafa, el engaño y las malas prácticas bancarias se han extendido tanto y han producido daños a tantísimas personas, lo lógico en un país mínimamente democrático hubiera sido que las instituciones se hubieran levantado y hubieran tratado de actuar, sin obligar a que la defensa ante esa pandemia de abusos fuese una pura acción individual.

En lugar de eso, las autoridades han llamado a los banqueros a sus despachos, les han reído la gracia y se han puesto a aplicar con la mayor diligencia las medidas que les reclamaban, hundiendo así mucho más a nuestra economía y arruinando a más personas. Han creado y consentido un régimen de auténtica impunidad para los banqueros, que es totalmente incompatible con la democracia, con la justicia y con la eficiencia económica que se necesita para salir de la crisis.

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¿”Podemos” hablar de Venezuela?

8 marzo, 2015

Fuente: http://www.eldiario.es

Isaac Rosa, 24/02/2015 – 00:02h
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Marchas y enfrentamientos marcan primer aniversario de protestas en Venezuela
Foto: Efe

¿Podemos hablar de Venezuela? Es decir, hablar en serio. Hablar sobre qué ha pasado en el país sudamericano en los últimos dieciséis años, y qué está pasando hoy. Sobre los fracasos del chavismo, y sus éxitos. Sobre las responsabilidades del Gobierno, y las de la oposición. Sobre la política de relaciones internacionales seguida por el país, y sobre las injerencias extranjeras en él.

No, evidentemente, no podemos. Para muchos lectores, la sola lectura del anterior párrafo ya provoca el levantamiento de cejas, asoma el colmillo. Decir que queremos “hablar en serio”, insinuar que pueda haber algún “éxito”, colocar la mínima responsabilidad en la oposición o mencionar la injerencia extranjera hace saltar los resortes de una opinión pública educada en dieciséis años de información parcial. Sí, parcial. E interesada. Digámoslo sin rodeos: desde el principio, los grandes medios españoles tomaron partido en el proceso venezolano. Algunos con una agresividad digna de mejores causas, pero en todos los casos sin advertir a sus lectores y espectadores del alineamiento decidido. Y estos dieciséis años han causado estragos.

Yo mismo doy la batalla por perdida, y no pienso dedicar una sola línea a convencerles de esa parcialidad y esos intereses. Cualquiera que se tome la molestia de contrastar la información que consume, habrá tenido en los últimos dieciséis años sobrados ejemplos, y habrá desarrollado una mínima prevención.

Estos días, por ejemplo, leyendo y oyendo lo que se publica en España, sabemos que en Venezuela hay opositores detenidos, colas ante tiendas desabastecidas, graves problemas económicos y una creciente fractura política. Todo rigurosamente cierto, es verdad que está pasando. Pero leyendo y oyendo lo que se publica en España no sabemos gran cosa de quiénes son esos opositores ni por qué se les detiene, por qué faltan productos básicos, qué decisiones han conducido a la situación económica actual, o por qué la división entre partidarios y detractores se agranda.

Insisto: solo con plantear estas dudas, uno ya es señalado como chavista, y no hay más discusión posible. Y así dieciséis años, en los que han pasado muchas cosas en Venezuela, pero todas han servido aquí para lo mismo: para alimentar un antichavismo feroz que en pocos países alcanza el nivel de España; y que está presente en la mayoría de los medios, en los gobernantes, pero también en la sociedad, incluida parte de la izquierda.

De ahí la manera en que se frotan las manos los detractores de Podemos. Han encontrado un filón inagotable para desgastar al partido, una vía de agua por la que esperan que se escurran muchos de sus apoyos. Las relaciones que algunos fundadores de Podemos tuvieron con la Venezuela oficialista en el pasado reciente les van a pasar factura, ya veremos de qué tamaño. Y cuanto más empeore la situación venezolana (y empeorará, pero ni siquiera podemos discutir por qué empeorará), más daño para Podemos.

A mí me gustaría que pudiésemos hablar en serio, también de esas relaciones. De qué hicieron allí, qué aprendieron, qué lecciones sacaron de la experiencia. Pero los dirigentes de Podemos han asumido que cualquier intento de explicación está condenado al fracaso, por el peso de esos dieciséis años de condicionamiento. Así que optan por esquivar los ataques, negar, cambiar de tema. Sin éxito: sus detractores han mordido una presa que no van a soltar.

La situación tiene algo de callejón sin salida. Porque para escapar de esa encerrona, los fundadores de Podemos tendrían que empezar por contestar afirmativamente a la pregunta con que empezaba este artículo. Y la respuesta ya la sabemos: no, no podemos. En España no.

El fin del plan perfecto de la impunidad

18 febrero, 2015

Fuente: http://www.eldiario.es

No hay precedentes para la imputación de 16 guardias civiles por el caso de las muertes de Ceuta.

Durante 10 años, las muertes en la frontera han tenido la misma explicación oficial: ha sido Marruecos, ha sido “por apelotonamiento”, no tiene que ver con nosotros.

Especial: Las muertes de Ceuta.

Juan Luis Sánchez, 11/02/2015 – 21:32h

Un protocolo regulará la actuación de fuerzas de seguridad en Ceuta y Melilla.

Nos dijeron que no había cámaras de seguridad en la zona. Nos dijeron que la guardia civil no había intervenido. Nos dijeron que los marroquíes se habían ocupado de todo.

Y todo era mentira. Creímos que este caso sería un caso más sobre derechos humanos y fuerzas de seguridad donde un gran manto de silencio, confusión, opacidad, cubre el empeño de periodistas o activistas por descubrir la verdad.

Hay que escarbar mucho en la hemeroteca para encontrar una imputación simultánea de 16 guardias civiles en España. Mucho. Y, desde luego, no hay precedentes relacionados con la frontera, con la violación de derechos humanos, con la inmigración. Y no será porque no hay episodios que son poco claros, que habrían merecido una investigación más seria. En todos se aplicó la misma plantilla, el mismo plan perfecto para la impunidad.

Como el caso de la patera de Lanzarote arrollada por una patrullera de la Guardia Civil, que hizo saltar por los aires a sus tripulantes. Cinco muertos y un único imputado: el inmigrante que conducía el motorcillo de la patera. Y eso que había un vídeo tan claro como los que vemos hoy sobre Ceuta.

La jueza concluyó que “la culpa exclusiva fue del patrón de la patera”, que “interceptó la trayectoria de la patrullera”.

O como aquella muerte en Melilla de un inmigrante hospitalizado por “graves problemas respiratorios”. Minutos antes, la guardia civil había utilizado material antidisturbios en un intento de salto, pero la Delegación del Gobierno dijo que lo había investigado y que no había relación entre ambas cosas. Sin juicio. Circulen.

O como aquel terrible 2005 en el que murieron decenas de personas en las vallas. Un reguero de sangre inocente provocado en ocasiones por disparos de bala, de bala real, no de pelotas de goma. De aquello, de nuevo, solo se hizo responsable a Marruecos: las autopsias marroquíes dictaminaron por los orificios de bala que los disparos se realizaron desde su lado; el tipo de munición, se dijo, no se usa en las armas de las fuerzas españolas, etc. De los muertos aparecidos en la parte española, también siempre la misma explicación: apelotonamiento, asfixia, etc.

En España, desde luego, no ha ocurrido hasta ahora, pero jamás supimos si alguien pagó ante la justicia marroquí para depurar responsabilidades. Solo se recuerda una sentencia al respecto: un tribunal de Nador, en Marruecos, dictaminó que la muerte de un joven aparecido en el lado marroquí de la valla, apaleado con culatas de fusiles, era responsabilidad española, cuyos agentes habían luego abierto la puerta de la valla y arrojado al otro lado. Meses después, la justicia española decidió abrir un caso sobre esa muerte (no sobre el resto, por esa) y dictaminó que los responsables fueron los gendarmes marroquíes. Es uno de esos momentos donde se descontrola la coordinación entre España y Marruecos y por esas grietas se cuela la evidencia de una pasmosa omertà.

Obviamente no es lo mismo ser el autor material que no serlo, pero aunque todas las muertes producidas en la valla durante una década fueran cosa solo de Marruecos, eso no exime de responsabilidades a España: Marruecos está ‘defendiendo’ nuestra frontera –no la suya– para evitar que personas que ya viven en su país pasen al nuestro. Se quedan con ‘el problema’ a cambio de nuestra cooperación política en otros asuntos, y la coordinación entre policías y Gobiernos en esta materia es total. Marruecos nos hace el trabajo sucio y España participa del plan de impunidad.

Parte del plan es decir siempre que la culpa la tiene Marruecos. Y eso nos dijeron el 6 de febrero de 2014: fueron los marroquíes. No nos lo creímos. Hoy tenemos sobre la mesa la imputación de 16 guardias civiles y los goterones de sudor frío del ministro de Interior.

A Rosa Montero

17 febrero, 2015

Fuente: http://www.eldiario.es

¿Por qué no hemos hecho un escándalo?

Rafael Reig, 09/02/2015 – 20:34h

Por lo visto, a Marruecos no hay que hacerle enfadar, así lo admite nuestro periódico. Estamos a merced de este impresentable reyezuelo de una de las dictaduras más siniestras del mundo y hemos decidido seguir así. De hecho en este artículo apenas se menciona el tema del Sáhara, que sin duda es un asunto que agrada poco al sátrapa Mohamed VI, ante el cual se arrodillan nuestras autoridades. Incluso los presidentes y jefes de Estado españoles realizan el primer viaje a rendir pleitesía a semejante estafermo con chilaba, en lugar de visitar a los saharauis en los campos de refugiados.

¿Por qué? Sin duda porque el volumen de negocio que obtienen de Marruecos es suficiente para perder la dignidad. Quizá el primer acto público de Juan Carlos I, entonces el heredero de Franco, fue visitar el Sáhara. ¿Qué hizo allí? Pues no sabemos bien, quizá algún negocio, porque el caso es que desde entonces el Sáhara es tema tabú (también para el PSOE, por cierto, que dejó de recibir al Polisario). Luego el tal Juan Carlos fue rey (quizá algo grave habríamos hecho para merecer semejante castigo) y se consideró primo o algo así del dictador de Marruecos. Parece normal en el heredero político del general africanista de voz aflautada que asoló el país durante casi cuarenta años. Del Sáhara el rey Juan Carlos no volvió a acordarse. Estaba en otra cosa: cazar osos y elefantes, diseminar esperma por Europa, regatear en su yate, cosas así. Pero el caso es que España fue la potencia colonizadora del Sáhara y decidió venderla a otros estados, sobre todo a Marruecos. A cambio ¿de qué?

Lo que obtuvieron con esto no lo sabemos, lo que sí conocemos es el precio que han pagado los saharauis. El caso de Zahra es un ejemplo más. Nació en los campamentos de refugiados, hija y madre de españoles, pero no puede obtener la nacionalidad española, después de dieciocho años viviendo aquí, la mayor parte de ellos trabajando como enfermera, pagando impuestos, con dos hijas españolas y tras solicitar repetidas veces la nacionalidad, siempre con la misma respuesta: o vuelva usted mañana o que nones. ¿Por qué? Pues porque (¡ojo al dato!, como dirían los “monstruos de la radio”) no es nacional de “ningún país reconocido por España”. Ese derecho, del que goza un ciudadano de cualquier país, se le niega a los saharauis… para no enfadar al tirano que se llama Mohamed VI (y para no perjudicar los muy saludables negocios que tienen algunos en Marruecos).

Aquel Gobierno del dictador Franco se comprometió, como potencia colonizadora, a que en los territorios del Sáhara habría un referéndum. ¿Lo ha cumplido? Estamos hablando ya de generaciones que han nacido y vivido en unos campamentos de refugiados. Pero ahora les negamos la nacionalidad. Es fácil solidarizarse con Charlie Hebdo, los palestinos o las víctimas de un tornado… la cosa es un poco más complicada cuando nosotros tenemos parte de la culpa y obtenemos beneficio de ello.

Es un escándalo, querida Rosa Montero, como bien decías hace casi un año comentando el caso de Zahra, que es el otros muchos: hagamos de esto un escándalo.

Por los saharauis, desde luego. Pero también por nosotros: nos debería dar vergüenza que el caso de Zahra, que es el de todos los nacidos en los campamentos de refugiados, no nos pusiera en pie. Nos debería dar vergüenza que ese que se hace llamar Felipe VI hiciera su primer viaje como rey a Marruecos, a arrodillarse ante el dictador local, un tal Mohamed también con el número 6. Hay una antigua colonia española cuyos habitantes viven en campos de refugiados y ese tipo, el rey de España, se va a darle besitos al reyezuelo de Marruecos, igual que hacía Franco. Tal para cual. A esos refugiados, hijos de españoles y con hijos españoles en muchos casos y madres, que llevan años trabajando en España, les negamos la nacionalidad, porque no reconocemos su Estado. ¿No dan ganas de llorar o de coger un arma?

Mi pregunta, querida Rosa, es sencilla: ¿por qué no hemos hecho de esto un escándalo? ¿Tanto nos importan los negocios de los ricos en Marruecos? ¿Tan poca vergüenza tenemos? ¿Tan fácil y tan barata nos resulta la solidaridad con lo que no nos señala como culpables? ¿No sería un escándalo, querida Rosa, que esto no nos escandalizara?

¿Y tú no tienes cuenta en Suiza, ‘pringao’?

12 febrero, 2015

Fuente: http://www.eldiario.es

No es que no nos pudiéramos permitir ese modesto Estado de bienestar que ahora desahuciamos rápido y sin piedad, como si el mundo se fuera a acabar mañana. Se trata más bien de que quienes guardan su dinero en el país helvético no lo quieren pagar

Antón Losada, 10/02/2015 – 20:00h.

Los patrióticos fundadores del ABC, los Luca de Tena; el “fast and furious” hispano, Fernando Alonso; un exmagistrado del Supremo, López Vilas; el abogado justiciero, Jorge Trías; por supuesto la familia Pujol… Cáspita, tenían una cuenta en Suiza hasta los Botín, ese referente de familia rica pero con conciencia social que tanto gusta poner como ejemplo entre la dirección de Podemos.

No hay duda. Los buenos españoles poseen una cuenta en Suiza y si no escondes una cuenta en Suiza, ni eres español, ni eres nada; apenas un pobre ‘pringao’ que se merece todos los recortes y desgracias que le pasen.

Más de dos mil millones de euros propiedad de más de dos mil ricos españoles ocultos solo en el HSBC. Al parecer, la mayoría de ellos abrieron sus cuentas declarando que su oficio era ser “amas de casa”. Pero no lo consignaron así con ánimo de defraudar o para engañar a la Hacienda española. Fue por discreción y para despistar a los fans, que se ponen muy pesados en la puerta del banco cada vez que vas a hacer un ingreso.

Si llevaba tiempo preguntándose por qué un país como España, que ha triplicado su PIB y ha duplicado su renta durante los últimos treinta años, había llegado a estar tan mal, o por qué hemos tenido que recortar más de treinta mil millones en inversión social en sanidad, educación, dependencia o pensiones y aún nos quedan por recortar otros diez mil, ahí tiene la respuesta que buscaba.

Porque la gente que más riqueza ha acumulado en España durante las últimas décadas se niega a pagar y, si hace falta, incluso delinque para no hacerlo. Mientras eso no se arregle, jamás saldremos de pobres.

No es que no nos pudiéramos permitir ese modesto Estado de bienestar que ahora desahuciamos rápido y sin piedad, como si el mundo se fuera a acabar mañana. Se trata más bien de que quienes guardan su dinero en el país helvético no lo quieren pagar. Les encanta España, pero para tomar el sol, amarrar el yate y llevar la banderita en el reloj. Para todo lo demás, Suiza, dónde va a parar.

Anuncia el ministro Montoro, muy ufano, que este año se han recuperado más de doce mil millones de euros del fraude fiscal, un 12% más que en 2013. Imagínense lo que recuperaríamos si no fuéramos el país de la zona euro que menos inspectores de Hacienda tiene por cada mil habitantes, o si de cada diez euros que dedicamos a la inspección fiscal ocho se emplearan en inspeccionar a las grandes empresas y patrimonios, no a revisar las declaraciones de los curritos con nómina y los pequeños y medianos autónomos, como sucede ahora. Entonces España sí que sería diferente, pero diferente de verdad.

Aparte de la noticia, os dejo una canción de moda, del último disco de Los Chikos del Maíz, ‘Vacaciones en Suiza’. Por desgracia, de actualidad más que nunca con el destape de la lista Falciani y la inactividad de los gobiernos, especialmente el español, que no duda en atacar a actores o a otros (como a Juan Carlos Monedero), pero no a los que más dinero defraudan en nuestro país:

“La recuperación de la que habla Rajoy es cierta. Los ricos, los banqueros y las grandes corporaciones, se han puesto morados con los millones de euros robados de las arcas públicas”

7 febrero, 2015

Fuente: http://www.rojoynegro.info

CGT denuncia la gran estafa que el gobierno del PP y la Troika están llevando a cabo desde el inicio de la “gran crisis”, a costa de la mayoría social, a la cual se les deja morir por no poder pagar un medicamento, como en los casos de la hepatitis C.

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT Enviado por RojoyNegro_Digital el Jue, 05/02/2015 – 18:54.

CGT denuncia que hay cientos de miles de personas, migrantes, a las cuales se les niega la asistencia sanitaria, muertes producidas por no tener personas profesionales formadas y suficientes en las Urgencias, miles de personas desahuciadas de sus casas, millones de trabajadores y trabajadoras sin ningún tipo de protección, por estar paradas en contra de su voluntad.

CGT denuncia también que se dediquen miles de millones para las Fuerzas de Seguridad, con el único fin de que, por medio de una ley liberticida como es la “Ley Mordaza”, aseguren los negocios, criminalizando a quien proteste por ser despedido/a o desahuciado/a, violando el derecho fundamental de todo ser humano (derecho a techo) o, simplemente proteste porque no quiere morir (hepatitis C, Urgencias, etc.), habiendo medicamentos y conocimientos suficientes para tener una salud y una vida digna.

CGT denuncia la desvergüenza de todos los gobiernos de la troika que han posibilitado que en el 2014, los cinco grandes bancos españoles (Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Popular) hayan aumentado sus beneficios en ese año en un 27,1%, lo que en términos absolutos supone 10.000 millones de euros.

El sistema financiero ha recibido del “estado”, es decir, de todos nosotros y nosotras, de manera directa, cerca de 100.000 millones y, de manera indirecta (avales, garantías, etc.), hasta 300.000 millones, desde los inicios de su gran “crisis-estafa”. El banco Santander, él solito, ha obtenido en el 2014 la friolera de 5.816 millones de euros de beneficios, el 39% más que en el ejercicio anterior; el BBVA 2.618 millones, el 27,1% más que en el 2013; Caixabank 620 millones, un 23,2% más; el Popular 330,4 millones, un 31,4% más; el Sabadell 371,7 millones, un 50% más.

El mes de enero, en términos de empleo, paro y afiliaciones a la seguridad social, vuelve a pinchar el “gran globo mediático de la recuperación del PP y de la troika”, se destruyeron 200.000 puestos de trabajo. Los contratos realizados en el mes de enero ascendieron a 1,36 millones, de los cuales solamente el 8,8% fueron contratos indefinidos (120.239), el resto, es decir, 1.239.761, fueron temporales, de todo tipo pero temporales, con un incremento de los contratos a tiempo parcial del 27%. El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo aumentó en 77.980 personas, situando el paro registrado en 4.525.691 personas, a 31 de enero de 2015. La EPA da un millón más, es decir hasta los 5,5 millones de personas paradas.

Son tiempos de recuperación de “la gran vida de empresarios, banqueros y oligarquía política”, los cuales cada vez roban más y las leyes les otorgan mayor impunidad, a la vez son los tiempos en que, las personas trabajadoras, paradas, mujeres, migrantes, las personas más conscientes, luchadoras, en definitiva, la mayoría social, SEGUIMOS EN MARCHA por el PAN, TRABAJO, TECHO Y DIGNIDAD, es decir, en lucha por la LIBERTAD. Por eso volvemos a Madrid el 21 de Marzo de 2015.

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT

Matar la sanidad pública

30 enero, 2015

Fuente: http://www.eldiario.es

No es que no se pueda hacer mejor o que no tengamos dinero. Es una estrategia. Así se hunden los servicios públicos y se alimenta el mito de la superioridad de lo privado

ANTÓN LOSADAm 27/01/2015 – 19:56h

Los defensores del pueblo, ya saben, esa institución que no sirve para gran cosa y estamos eliminando por la austeridad y por el bien de la democracia, acaban de denunciarlo. Saturar urgencias no supone una excepción, fruto de los atracones navideños y la gripe. Responde a una estrategia. Lo han denunciado con un informe que ha ocupado varios meses de trabajo y muchas horas de visitas y estancia en las urgencias. No se basan en una colección de chascarrillos y anécdotas, como acostumbran a hacer muchos responsables de sanidad para justificar su gestión.

Las urgencias se saturan porque faltan camas en los mismos hospitales donde se cierran plantas enteras porque no hacen falta, o se deriva a la fuerza a los pacientes a la sanidad privada a la que estamos rescatando entre todos con nuestros impuestos, igual que hicimos con los bancos.

Las urgencias se bloquean por razones estadísticas. Porque se utilizan para camuflar las listas de espera o porque mientras estás en urgencias no cuentas. Todo lo que habíamos avanzado en veinte años de luchar contra la opacidad y la manipulación en las listas de espera y las estadísticas sanitarias se ha ido por el desagüe. Las ruedas de prensa de los responsables sanitarios se parecen a aquellas que daban los militares americanos todas las tardes en Vietnam y que la prensa acabó llamando “las juergas de las cinco”. Todo es mentira y lo que no es mentira, es aún peor.

Las urgencias se colapsan por la misma razón que los colegios y los institutos carecen de profesores, porque entre los cuatrocientos mil empleados públicos despedidos desde 2011, la mayoría eran personal sanitario y educativo.

No se confundan. No es que no se pueda hacer mejor o que no tengamos dinero. Es una estrategia. Así se hunden los servicios públicos, se alimenta el mito de la superioridad de lo privado y se convence a la gente para irse a las mutuas y aseguradoras.

Se trata de un abordaje en toda regla a cargo de auténticos piratas de lo público. Primero se deterioran los servicios mediante la aplicación de políticas de recorte indiscriminado y ajuste fiscal exprés, y en medio de una estrategia de confusión informativa deliberada se reducen drásticamente la oferta y la calidad de bienes, procesos y personal. Luego se procede a descapitalizar el valor añadido aportado por el carácter público y se debilita la confianza de los ciudadanos volviendo todo lo público opaco y discrecional. Finalmente se privatizan “a la carta” mediante procesos de venta opacos, confusos y donde primero se selecciona al comprador y luego se privatiza a su medida.

Así se mata a la sanidad pública para que sobreviva la privada. Es el crimen perfecto.