Posts Tagged ‘historiadores’

Rigor contra la manipulación del franquismo

7 agosto, 2017

Fuente: http://www.elpais.com

Los historiadores arrojan luz sobre ese pasado traumático y demuestran que el rigor es el primer paso para evitar el uso político de esa época

Franco visita las obras del pantano de Santa Ana, en la cuenca del Ribagorzana, en 1955.
Franco visita las obras del pantano de Santa Ana, en la cuenca del Ribagorzana, en 1955. PÉREZ DE ROZAS

Franco comenzó el asalto al poder con una sublevación militar y lo consolidó tras la victoria en una guerra civil. Hasta 1945, él y su dictadura no fueron una excepción en aquella Europa de sistemas políticos autoritarios, totalitarios o fascistas. Pero tras el final de la II Guerra Mundial, las dictaduras derechistas, que habían sido dominantes desde los años veinte, desaparecieron de Europa, salvo en Portugal y España. Muertos Hitler y Mussolini, Franco siguió 30 años más.

Han pasado ya cuatro décadas sin él y, aunque la dictadura es todavía objeto de controversia política, con memorias divididas que proyectan su larga sombra sobre el presente, los historiadores han elaborado, a través de enfoques y métodos de indagación muy distintos, una fotografía bastante completa de ese pasado.

Una foto completa de Franco y su dictadura 40 años después

El Ejército, la Falange y la Iglesia representaron a los vencedores de la Guerra Civil, y de ellos salieron el alto personal dirigente, el sistema de poder local y los fieles siervos de la Administración. Esas tres burocracias rivalizaron entre ellas por incrementar las parcelas de poder, con un reparto difícil que creó tensiones desde los primeros años del régimen, cuando se estaba construyendo, examinados por Joan Maria Thomàs en Franquistas contra franquistas.

Aunque aparecieran desde el comienzo luchas entre franquistas, en lo que todos estuvieron de acuerdo fue en el culto rendido al general Franco, tema ya estudiado hace tiempo de forma exhaustiva por Paul Preston en su magnífica biografía, ahora ampliada, y en cuyos mitos incide también la reciente aproximación de Antonio Cazorla. El Caudillo fue rodeado de una aureola heroico-mesiánica que le equiparaba a los santos más grandes de la historia. Aparecían por todas partes estatuas, bustos, poesías, estampas, hagiografías. La imagen de Franco como militar salvador y redentor era cuidadosamente tratada e idealizada, y su retrato presidió durante los casi cuarenta años de dictadura las aulas, oficinas, establecimientos públicos y se repetía en sellos, monedas y billetes.

La gran empresa de Franco y los vencedores consistía en la regeneración total de una nación nueva forjada en la lucha contra el mal, el sistema parlamentario, la República laica y el ateísmo revolucionario. Como recordaba el 1 de abril de 1939 Leopoldo Eijo y Garay, obispo de la diócesis de Madrid, era “la hora de la liquidación de cuentas de la humanidad con la filosofía política de la Revolución Francesa”.

El Ejército, la Falange y la Iglesia rivalizaron por incrementar las parcelas de poder con un reparto que creó tensiones

Y para liquidar esas cuentas y que los vencidos pagaran las culpas se puso en marcha un terror institucionalizado y amparado por las leyes del nuevo Estado, un engranaje represivo y confiscador que causó estragos entre los vencidos, abriendo la veda para una persecución arbitraria y extrajudicial que en la vida cotidiana desembocó muy a menudo en el saqueo y en el pillaje. Como confirman investigaciones recientes en Cataluña, Aragón y Andalucía, en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas se abrieron decenas de miles de expedientes a obreros y campesinos con recursos económicos escasos, pero también a clases medias republicanas con rentas más elevadas. Los afectados, condenados por los tribunales y señalados por los vecinos, quedaban hundidos en la más absoluta miseria. En muchos casos, las sentencias se impusieron a personas que ya habían sido ejecutadas.

Con el paso del tiempo, la violencia y la represión cambiaron de cara, la dictadura evolucionó, “dulcificó” sus métodos y, sin el acoso exterior, pudo descansar, ofrecer un rostro más amable, aunque nunca renunció a la Guerra Civil como acto fundacional, que recordó una y otra vez en un entramado simbólico de ritos, fiestas, monumentos y culto a los mártires.

Franco murió matando, como relata Carlos Fonseca en la reconstrucción de la semblanza de los últimos fusilados, pero los cambios producidos por las políticas desarrollistas a partir del Plan de Estabilización de 1959 y la machacona insistencia en que todo eso era producto de la paz de Franco dieron una nueva legitimidad a la dictadura y posibilitaron el apoyo, o la no resistencia, de millones de españoles.

Una foto completa de Franco y su dictadura 40 años después

Esos “buenos” años del desarrollismo, opuestos a la autarquía y el hambre, alimentaron la idea, sostenida todavía en la actualidad por la derecha política y defendida en el libro de Stanley G. Payne y Jesús Palacios, de que Franco fue un modernizador que habría dado a España una prosperidad sin precedentes. Y frente a ese mito del modernizador y salvador de la patria opone Ángel Viñas, con el rigor y exhaus­tiva aportación de pruebas que le caracteriza, La otra cara del Caudillo,la de las bases y naturaleza de su poder dictatorial.

Historias y mitos administrados por historiadores que persuaden, atraen al lector y demuestran que narrar con rigor, en obras bien informadas, es el primer paso para evitar el uso político de ese traumático pasado. Españoles, Franco ha muerto, titula su ensayo Justo Serna, quien recuerda que al franquismo no podemos liquidarlo con el olvido o la ignorancia.

Franquistas contra franquistas. Joan Maria Thomàs. Debate. Madrid, 2016. 318 páginas. 24,90 euros.

Franco. Paul Preston. Debate. Barcelona, 2015. 1.087 páginas. 32,90 euros.

Franco, biografía del mito. Antonio Cazorla. Alianza. Madrid, 2015. 392 páginas. 22,45 euros.

El “botín de guerra” en Andalucía. Miguel Gómez Oliver, Fernando Martínez y Antonio Barragán (coordinadores). Biblioteca Nueva. Madrid, 2015. 408 páginas. 28 euros.

Mañana cuando me maten. Carlos Fonseca. La Esfera de los Libros. Madrid, 2015. 392 páginas. 23,90 euros.

Franco, una biografía personal y política. Stanley G. Payne y Jesús Palacio. Espasa. Madrid, 2015. 800 páginas. 26,90 euros.

La otra cara del Caudillo. Mitos y realidades en la biografía de Franco. Ángel Viñas. Crítica. Barcelona, 2015. 448 páginas. 21,75 euros.

Españoles, Franco ha muerto. Justo Serna. Punto de Vista Editores, 2015. 288 páginas. 16 euros.

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Raymond Carr, un maestro de historiadores

18 abril, 2017

Fuente: http://www.cultura.elpais.com

‘In memoriam’

Cargó con el peso de ofrecer una visión alternativa a la del franquismo

Julián Casanova, 23 de abril de 2015.

Los hispanistas británicos y norteamericanos fueron los primeros historiadores que se aproximaron a la historia contemporánea de España con un bagaje intelectual y académico riguroso. En un momento en que la historiografía española sobre el siglo XX apenas existía —depurada y rota la tradición liberal— e iniciaba su proceso de construcción, esos historiadores extranjeros cargaron con el peso de elaborar una interpretación histórica alternativa a la impuesta por el franquismo.

La obra de Raymond Carr, Spain, 1808-1939, publicada originalmente en Oxford en 1966 (traducida al castellano por Ariel en 1969), constituyó la piedra angular de esa historiografía y proporcionó por primera vez al lector en inglés una explicación global de la historia contemporánea de España, la historia de un fracaso por la ausencia de una auténtica revolución burguesa. La burguesía fue incapaz entre nosotros de desempeñar su misión histórica. El liberalismo no pudo, diría Carr, derribar el poder de la oligarquía terrateniente y hacer posible la modernización política y económica.

Sin burguesía ni demócratas liberales, con las estructuras del Antiguo Régimen pesando demasiado y con notables desequilibrios no resueltos, el primer experimento democrático —la Segunda República— fracasó y trajo como resultado la Guerra Civil.

Carr trataba de responder a la pregunta —que ya estaba implícita en The Spanish Labyrinth (1943), de Gerald Brenan— de por qué la historia de España culminaba, tras un proceso de diferenciación y anomalías respecto a la europea, en una guerra civil. Sus primeros discípulos educados en Oxford —Joaquín Romero Maura (La Rosa de Fuego, Grijalbo, 1974) y J. Varela Ortega (Los amigos políticos, Alianza, 1977)— aportaron nuevos datos a esa preocupación.

El liberalismo español había sido incapaz de “modernizar” una sociedad tradicional en la que se impuso un régimen de clientelas como único sistema posible. La Restauración se interpretaba así como un periodo de transición entre la autocracia isabelina —sustentada en el golpismo militar— y el afianzamiento de una sociedad democrática moderna.

Liberal es el término que mejor definía a Raymond Carr. Liberal porque, procediendo de un país con una profunda tradición democrática y parlamentaria, rechazó tanto las versiones de la historia contemporánea de España de la propaganda franquista como las interpretaciones elaboradas desde la extrema izquierda y el obrerismo organizado en el exilio. Según su interpretación, solo una democracia parlamentaria, libre de extremismos, podría haber evitado la tragedia. En este sentido, la República fue el primer experimento democrático ante el que sentía simpatía, una democracia, no obstante, demasiado débil y que no pudo sobrevivir.

Carr era también liberal por su posición intelectual reacia a considerar la historia de los movimientos populares, de las clases sociales y de los protagonistas colectivos, porque consideraba los factores socioeconómicos “realidades imperceptibles” e imposibles de verificar. Su historia estaba centrada en los grandes personajes, sostenida por el empirismo y el individualismo metodológico, tan cultivados en la tradición académica de Gran Bretaña. La política —y especialmente las actuaciones de los políticos— aparecía así como la única realidad perceptible para el historiador.

Miles de estudiantes de todo el mundo encontraron en ese libro de Raymond Carr su manual de referencia para aprender la historia contemporánea de España. Se convirtió en el cabeza de una escuela que ha elaborado algunos de los mejores libros sobre ese pasado, donde están nombres como Paul Preston, Martin Blinkhorn, Shlomo Ben-Ami y Frances Lannon; o los españoles Joaquín Romero Maura, José Varela Ortega y Juan Pablo Fusi. Tuve la suerte de conocerlo, de compartir debates y tertulias en Inglaterra y de aprender mucho de él, de la belleza literaria y elegancia narrativa con las que construía sus historias. Ese era Raymond Carr, un maestro de historiadores.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

Narración, síntesis e historia liberal: el legado de Raymond Carr

20 marzo, 2017

Fuente: http://www.cultura.elpais.com

Su obra, ‘España, 1808-1939’, publicada en Oxford en 1966, proporcionó por primera vez al lector en inglés una explicación global de la historia contemporánea española.

Julián Casanova, 21 de abril de 2015.

Raymond Carr, fotografiado en octubre de 1999.
Raymond Carr, fotografiado en octubre de 1999. GARCÍA FRANCÉS

Los hispanistas británicos y norteamericanos fueron los primeros historiadores que se aproximaron a la historia contemporánea de España con un bagaje intelectual y académico riguroso. En un momento en que la historiografía española sobre el siglo XX apenas existía –depurada y rota la tradición liberal– e iniciaba su proceso de construcción, esos historiadores extranjeros cargaron con el peso de elaborar una interpretación histórica alternativa a la impuesta por el franquismo.

La obra de Raymond Carr, Spain, 1808-1939, publicada originalmente en Oxford en 1966 (traducida al castellano por Ariel en 1969), constituyó la piedra angular de esa historiografía y proporcionó por primera vez al lector en inglés una explicación global de la historia contemporánea de España, la historia de un fracaso por la ausencia de una auténtica revolución burguesa. La burguesía fue incapaz entre nosotros de desempeñar su misión histórica. El liberalismo no pudo, diría Carr, derribar el poder de la oligarquía terrateniente y hacer posible la modernización política y económica.

Sin burguesía ni demócratas liberales, con las estructuras del Antiguo Régimen pesando demasiado y con notables desequilibrios no resueltos, el primer experimento democrático –la Segunda República– fracasó y trajo como resultado la guerra civil. Carr trataba de responder a la pregunta –que ya estaba implícita en The Spanish Labyrinth (1943) de Gerald Brenan– de por qué la historia de España culminaba, tras un proceso de diferenciación y anomalías respecto a la europea, en una guerra civil. Sus primeros discípulos educados en Oxford –J. Romero Maura (La Rosa de Fuego, Grijalbo, 1974) y J. Varela Ortega (Los amigos políticos, Alianza, 1977)– aportaron nuevos datos a esa preocupación.

El liberalismo español había sido incapaz de “modernizar” una sociedad tradicional en la que se impuso un régimen de clientelas como único sistema posible. La Restauración se interpretaba así como un período de transición entre la autocracia isabelina –sustentada en el golpismo militar– y el afianzamiento de una sociedad democrática moderna.

Liberal es el término que mejor definía a Raymond Carr. Liberal porque, procediendo de un país con una profunda tradición democrática y parlamentaria, rechazó tanto las versiones de la historia contemporánea de España de la propaganda franquista como las interpretaciones elaboradas desde la extrema izquierda y el obrerismo organizado en el exilio. Según su interpretación, sólo una democracia parlamentaria, libre de extremismos, podría haber evitado la tragedia. En este sentido, la República fue el primer experimento democrático ante el que sentía simpatía, una democracia, no obstante, demasiado débil y que no pudo sobrevivir.

Carr era también liberal por su posición intelectual reacia a considerar la historia de los movimientos populares, de las clases sociales y de los protagonistas colectivos, porque consideraba a los factores socioeconómicos “realidades imperceptibles” e imposibles de verificar. Su historia estaba centrada en los grandes personajes, sostenida por el empirismo y el individualismo metodológico, tan cultivados en la tradición académica de Gran Bretaña. La política –y especialmente las actuaciones de los políticos– aparecían así como la única realidad perceptible para el historiador.

Miles de estudiantes de todo el mundo encontraron en ese libro de Raymond Carr su manual de referencia para aprender la historia contemporánea de España. Se convirtió en el cabeza de una escuela que ha elaborado algunos de las mejores libros sobre ese pasado, donde están nombres como Paul Preston, Martin Blinkhorn, Shlomo Ben-Ami y Frances Lannon; o los españoles Joaquín Romero Maura, José Varela Ortega y Juan Pablo Fusi. Tuve la suerte de conocerlo, de compartir debates y tertulias en Inglaterra y de aprender mucho de él, de la belleza literaria y elegancia narrativa con las que construía sus historias. Ése era Raymond Carr, un maestro de historiadores.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza.

España impide a los historiadores investigar en sus archivos

25 julio, 2015

Fuente: http://www.publico.es

Publicado: 12.07.2013 07:00 |Actualizado: 12.07.2013 07:00

300 investigadores piden al Gobierno que desbloquee de inmediato el acceso a la documentación diplomática española de carácter histórico y que desclasifique los 10.000 documentos militares de los años 1936 a 1968

ALEJANDRO TORRÚS

España tampoco es lugar para historiadores. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación mantiene clasificada como “secreta” y “reservada” desde 2010 la práctica totalidad de su documentación incluyendo los fondos históricos de su archivo compuestos por papeles diplomáticos del siglo XV al XX, mientras que el Ministerio de Defensa canceló en mayo de 2012 1a publicación de 10.000 documentos que estaban listos para su desclasificación.

La conclusión es contundente: “En España es imposible, a día de hoy, llevar a cabo una investigación histórica completa que tenga en cuenta algún aspecto internacional”, señala a Público David Jorge, investigador y profesor de la Universidad de Wesleyan (Connecticut).

En términos prácticos, el Estado español impide a los profesionales de la investigación histórica realizar investigaciones de temáticas tan diversas como la represión franquista, las negociaciones para la liberación de los españoles secuestrados en Malí y Somalia, las relaciones entre la dictadura de Primo de Rivera y la Sociedad de Naciones o la política del Protectorado español en Marruecos. “Es una cuestión de salud democrática . Me pregunto a qué tiene miedo el Estado para impedir la investigación”, incide David Jorge.

La situación se hace más dramática cuando se compara a España con los países de su alrededor. Ningún otro país ha bloqueado el acceso a documentación histórica que data de los siglos XVI al XX. Una decisión que ha motivado graves problemas en numerosas investigaciones históricas (muchas de ellas financiadas, paradójicamente, con dinero público), pero que también atenta, asegura David Jorge, contra “los principios de transparencia” que se le presuponen a un Estado democrático de derecho.

Para pedir el fin de esta situación de bloqueo que arrancó en 2010, y que aún no tiene fecha de solución, alrededor de 300 investigadores, entre los que se encuentran Ángel Viñas, Jean-Marc Delaunay, Helen Graham y Ángeles Egido León, así como personalidades del mundo de la cultura como la escritora -y ex directora de la Biblioteca Nacional de España- Rosa Regàs, han dirigido una petición al Gobierno y a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado para exigir que se desbloquee de inmediato el acceso a la documentación diplomática española de carácter histórico y se garantice el acceso a los 10.000 documentos militares de los años 1936 a 1968 que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha decidido retener pese a estar listos para su desclasificación desde 2011.

La clasificación del archivo de Exteriores fue descubierto por los investigadores Álvaro Jimena Millán y Carlos Sanz Díaz, del departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, cuando en en marzo de 2011 solicitaron autorización al Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores para consultar documentación en relación a sus investigaciones de carácter académico. Jimena trató de acceder a los informes sobre las relaciones de España con China, Japón y Filipinas de 1975 a 1982. Sanz investigaba las relaciones relaciones hispano-alemanas entre 1970 y 1982.

La contestación fue la misma para los dos. “Recibimos una negación por escrito en las que se nos decía que esa documentación era secreta en función de una acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010, que no estaba publicado”, explica Sanz a Público. El acuerdo secreto al que remitió Exteriores fue tomado en el Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010, con Zapatero de presidente. En él se otorgó la clasificación de secreto a todo documento relacionado con 17 materias comprendidas en un listado tan genérico que blinda prácticamente cualquier dato que afecte a las relaciones diplomáticas.

En junio de 2012, el actual ministro de Exteriores José Manuel García Margallo aseguró que revisaría el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo de Zapatero para determinar con mayor precisión las materias que afectan a la seguridad y defensa nacional procediendo, después, a poner a disposición de los investigadores todos aquellos documentos que no afectaran a la seguridad nacional.

Sin embargo, muy lejos de solucionar la situación, la acción del Ministerio de Margallo ha dado otra vuelta de tuerca al asunto. En septiembre de 2012, Exteriores cerró el acceso a su Archivo General y dispersó sus fondos entre el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración sin comunicar si esos fondos serán algún día consultables de nuevo, y en su caso cuándo y en qué condiciones.
El profesor de Historia de la Universidad Complutense de Madrid Carlos Sanz considera que el problema generado por la opacidad del Estado respecto a sus archivos va más allá que los daños ocasionados a los “innumerables proyectos de investigación en marcha”. “Se trata del daño a la imagen y el prestigio del país más allá de nuestras fronteras, así como de la degradación de la calidad de la democracia española que se derivan de unas decisiones que nos alejan de los estándares europeos e internacionales de protección de derechos democráticos básicos como el de libertad de información e investigación”, sentencia Sanz.

Los historiadores, contra Margallo por negarse a abrir los archivos

6 abril, 2015

Fuente: http://www.elmundo.es

Denuncian ‘el bochorno’ de que no les dejen ‘investigar’ con la documentación pública.

El Gobierno de González lo abrió en 1984, pero Moratinos propició el cierre en 2010.

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA, Madrid Actualizado: 30/03/2015 00:52 horas

Los historiadores españoles se han puesto en pie de guerra frente al Ministerio de Asuntos Exteriores. Y no es la primera vez. Más de cuatro años llevan clamando contra el progresivo cierre de los mismos archivos documentales sobre la política exterior española que el Gobierno de Felipe González había abierto a los investigadores en 1984.

Una sorda batalla que arrancó tras el 15 de octubre de 2010 en que, por una mera orden ministerial -por cierto, ni siquiera recogida en la relación de acuerdos del Consejo de Ministros-, el entonces canciller socialista Miguel Ángel Moratinos declaró «secreto» el grueso de los fondos. Una pelea que se mantuvo abierta pese al cambio de Gobierno, que se reactivó entre 2012 y 2013 con el apoyo de 300 investigadores de 17 países, y que ahora se reanuda de la mano de los profesores más combativos de la comunidad científica.

‘Se han paralizado tesis y proyectos financiados por el Gobierno’, aseguran.

«En ningún país democrático se ha producido un retroceso tan drástico y repentino en la posibilidad de investigar el pasado como en el caso español», escriben en el número 96 de la revista Ayer -perteneciente a la Asociación de Historia Contemporánea, que agrupa a 500 socios españoles y extranjeros- los catedráticos de la Universidad Complutense Juan Carlos Pereira y Carlos Sanz Díaz. Ambos hablan del «bochorno» que sienten al «conocer, por la apertura de los archivos extranjeros, aspectos de la Historia de España que no se nos deja investigar en los de nuestro propio país».

Los historiadores traen a colación el caso Wikileaks y las revelaciones del exempleado de la CIA Edward Snowden, para subrayar la paradoja y la «batalla» que se está librando en todo el mundo entre «el secreto estatal y la transparencia, que afecta muy especialmente a la información sobre la política exterior, de seguridad y de defensa». Pero para Pereira y Sanz, la batalla concreta se traduce en reclamar al ministro José Manuel García-Margallo el cumplimiento de su promesa, de agosto de 2013 -la última vez que arreciaron las quejas-, de alumbrar un nuevo acuerdo que sustituyera al de Moratinos.

En realidad, según fuentes del propio Ministerio, Margallo ya había llegado a redactar un borrador de nuevo acuerdo en septiembre de 2012, que aplicaba las mismas reglas de acceso a los documentos que las contenidas en los reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo en 2001. Sin embargo, Presidencia decidió frenar su aprobación hasta la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, finalmente aprobada en diciembre de 2014.

Así que, pasados tres meses, los investigadores han vuelto a la carga… con una doble queja. La primera, «lo farragoso del procedimiento de pregunta» de la propia ley; la segunda, la dispersión que en todo este tiempo, el Gobierno del PP ha hecho del archivo original de Ministerio de Exteriores. Y es que, entre 2012 y 2013, los documentos anteriores a 1933 se trasladaron al Archivo Histórico Nacional; y los comprendidos entre 1933 y 1980, al Archivo General de la Administración (ambos pertenecientes al Ministerio de Cultura); mientras que los correspondientes a los últimos 35 años de historia diplomática se quedaron en el Archivo central de Exteriores.

Según los historiadores, el primero de los tres empezó a funcionar con normalidad desde abril de 2014, pero los otros dos siguen presentando serias restricciones de acceso. «A falta de una nueva norma, o siquiera de directrices claras, los archiveros no se atreven a darnos acceso a los fondos», clama Pereira en contra de la versión de Exteriores, que señala que el grueso de los fondos corresponden ahora a Cultura y asegura que «el 90% de las solicitudes, al menos, en lo que se refiere a nuestro archivo, se resuelve favorablemente». Por su parte, en Cultura argumentan que la norma de 2010 está en vigor y que a quien corresponde cambiarla es a Exteriores. En cuanto a Presidencia, tampoco se hace cargo.

Además, los investigadores apuntan al ministro de Defensa, Pedro Morenés, por «bloquear la consulta de 10.000 documentos históricos de los años 1936-1968 que la ministra Carme Chacón había dejado preparados para su acceso público»; y también se quejan de la denegación de algunos documentos en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.

Un problema administrativo.

Fuentes políticas y diplomáticas aseguran a este diario que no existe ningún problema político en relación con la consulta de documentos, sino meramente administrativo. Y en todo caso, añaden en relación con el cambio de norma que «se está estudiando». Pero los historiadores no parecen dispuestos a dejarse convencer.

«Se han paralizado investigaciones, tesis, libros, proyectos financiados por el propio Gobierno, tanto de investigadores españoles como extranjeros», aseguran. «Si antes éramos el ejemplo de Europa por la apertura, ahora somos el país de los secretos, a la cola de la UE en el acceso a determinados fondos históricos»», añaden, para insistir: «La causa de la apertura de los archivos no es una cuestión que interese sólo a los historiadores, sino a todos los ciudadanos, y más aún en tiempos de acuciante regeneración democrática y de una clara necesidad de transparencia».

La ley de los secretos para siempre

28 junio, 2013

Fuente: diario EL PAÍS

Un centenar de investigadores pide la difusión de 10.000 documentos históricos clasificados

Villa Bens,10-1-1958.- Guerra de Ifni. Un buque anfibio descarga material para las tropas españolas en las proximidades de Cabo Juby. / EFE

Los historiadores británicos pueden hurgar en los papeles más escondidos de la guerra de las Malvinas (1982) —acaban de salir a la luz los documentos privados que Margaret Thatcher conservó y que prueban las disensiones en el seno de los conservadores— pero los españoles no pueden ni echar un ojo a documentos de guerras bastantes anteriores, como la de Ifni (1957-58) o el conflicto civil de 1936-39, que se custodian en archivos militares y que en su día fueron clasificados por tratarse de información sensible.

La anterior ministra de Defensa, Carme Chacón, trató de remediar en parte esta opacidad al proponer la desclasificación de 10.000 documentos, relativos a episodios comprendidos entre 1936 y 1968, que ya no representaban riesgo alguno para la seguridad del Estado. Los papeles se referían a aspectos como los campos de concentración y batallones de trabajo creados por el régimen franquista al inicio de la posguerra, la política del Protectorado español en Marruecos, proyectos para la construcción de armamento anteriores a 1968, la organización de unidades militares durante la Guerra Civil, operaciones en Sidi Ifni, dotaciones de buques de guerra italianos y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial en puertos españoles o planes de fortificaciones en Baleares y Ceuta, entre otros.

Su iniciativa no llegó a buen puerto ya que las elecciones generales frustraron que el asunto llegase al Consejo de Ministros, si bien el procedimiento quedó listo, según fuentes del anterior equipo de Defensa. “El trabajo interno se dejó hecho”, indicaron, antes de achacar a una cuestión de “calendario” la paralización de la medida.

El tímido afán de transparencia histórica se aguó en la actual legislatura. “El nuevo ministro entrante, Pedro Morenés, no necesitó mucho tiempo para decidir que, si el PSOE no había considerado oportuno desclasificarlos, no sería él quien decidiera hacerlo”, señala Francisco Espinosa, uno de los tres historiadores, junto a Mirta Núñez Díaz-Balart y Manuel Álvaro Núñez, que solicitaron a Defensa el acceso a toda la información en junio de 2012. No estaban solos, respaldaban su petición un centenar de historiadores y juristas, incluidos Paul Preston, Josep Fontana, Ángel Viñas, Carlos Jiménez Villarejo, Matilde Eiroa, Ricardo Robledo o Ana Martínez Rus.

El intercambio burocrático entre Defensa y los historiadores, asesorados por Eva Moraga, abogada experta en acceso a la documentación pública, concluyó finalmente a comienzos de este año con un acuerdo de la Secretaría General Técnica de Defensa, que inadmitía el recurso de alzada de los historiadores Espinosa, Núñez y Álvaro al considerar que se dirigía contra un escrito que no era objeto de impugnación. Con él se cierra, al menos de momento, la posibilidad de que los historiadores puedan acceder a toda esa documentación para sus proyectos de investigación sobre el siglo XX español. Solo cabría un recurso contencioso-administrativo, que no está claro que vaya a ser interpuesto de momento. “Tendremos que reunirnos y ver qué se puede hacer a partir de ahora porque es increíble que existan reparos para que podamos investigar en determinadas áreas”, señala Mirta Núñez, directora de la cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense. La negativa del actual equipo de Defensa a liberar del apartado de material secreto a esos 10.000 documentos se trasluce del texto en el que rechazaron el recurso de alzada.

Por un lado afirman que no existió tal informe a favor de la desclasificación de la etapa de Carme Chacón: “No existía ninguna exteriorización formalizada por parte de los sucesivos responsables del Ministerio de propuesta, informe o resolución encaminada a someter al Consejo de Ministros la desclasificación de documentos relativos al periodo indicado”. En síntesis: no existió ningún escrito, aunque este periódico se hizo eco en diciembre de 2011 de la decisión de Defensa.

Por otro lado, recuerdan que se trata de material clasificado “al que no afectaban los tiempos establecidos en la ley reguladora del Patrimonio Histórico Español” (50 años tras el acontecimiento). La Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, tiene un efecto anómalo en comparación con otras democracias occidentales: el cerrojazo sobre un documento es para siempre salvo que se ordene desclasificar el documento por el Gobierno (o, según la ley, la Junta de Jefes de Estado Mayor, órgano que ya ni siquiera existe). Los historiadores contemporáneos tienen pues un limitado campo de actuación para desarrollar su trabajo, ya que sus búsquedas de información se detienen siempre ante el muro del secreto oficial. En la práctica, el acceso a la documentación reservada de los archivos militares depende a menudo de la arbitrariedad de sus responsables.

La abogada Eva Moraga considera que la ley debería establecer el tiempo máximo de la clasificación de un documento. “No puede ser que sea perenne y si el Gobierno de turno no decide desclasificarlo, nunca podrá salir a la luz”, señala. La segunda puntualización legal que debería introducirse, en su opinión, afectaría a los documentos con su condición de reservados en vigor. “Aún siendo clasificados deberían ser de acceso en caso de que exista un interés público mayor para difundirlos”, añade.

La posición de Defensa, con independencia del color del ministro de turno, suele ser “opaca”, según la abogada. “Consideran que las peticiones afectan al ministerio y, por lo tanto, a la seguridad nacional”, añade. O a las relaciones internacionales. Algo que en EE UU debe preocupar menos porque la desclasificación de documentos puede sacar a la luz información tan comprometida para su política internacional como fue la difusión del activo apoyo de Richard Nixon y Henry Kissinger para derrocar al chileno Salvador Allende en 1973.

John H. Elliot: “Es un disparate”

18 junio, 2013

Fuente: http://www.elpais.es

 Madrid 6 JUN 2013 – 22:29 CET1373

 

El enfoque escogido por el Centro de Historia Contemporánea ha sido cuestionado por historiadores consultados por este diario. El hispanista inglés, John H. Elliot, mostró su perplejidad al conocer el contenido de las jornadas y no quiso conocer ni la primera circular del programa. “No vale la pena ni hablar. Con ese título (España contra Cataluña) ya sé que no me interesa. Es muy poco histórico y no tiene rigor ninguno. Es un disparate”, dijo el historiador en una breve conversación telefónica. José Álvarez Junco, catedrático de Historia de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, afirmó tras leer la circular que el esquema previo no tiene nada que ver con un simposio histórico o debate científico porque ya se dan por predeterminadas las conclusiones. Y cita que el mismo prólogo ya da por sentado las relaciones “siempre represivas” de España hacia Cataluña o las “condiciones de opresión del pueblo catalán”. A juicio de Álvarez Junco, la obligación de un historiador es conocer el pasado de la mejor forma posible aunque no necesariamente debe ser aséptica. “Pero una cosa es conocer el pasado y otra utilizarlo para fines políticos”, afirmó. “Lo que hubo entonces eran guerras internacionales y de dinastías entre los Borbones y los Hasburgo, que tenían el apoyo de Inglaterra. Y eso no tiene nada que ver absolutamente con los catalanes”, cuenta.

A su juicio, cualquier nacionalismo intenta utilizar el pasado y sospecha que eso intentarán las entidades catalanistas e independentistas de la misma forma que, por ejemplo, el nacionalismo español tiende a idealizar a “Viriato y Don Pelayo al decir que defendían la identidad española, monárquica y católica cuando España aún no existía. Era solo una denominación geográfica”, apuntó Álvarez Junco, nacido en Lleida aunque vive en Madrid. “En ese simposio sobre 1714 los historiadores por tanto no tenemos nada que opinar porque no es una reunión de tales. A mí no me han invitado. No soy muy nacionalista. Más bien soy antinacionalista español. Me critican por los dos lados. Pero yo no estoy dispuesto a que los nacionalismos me deformen”.

Frente a esta postura tan crítica, Josep Fontana, uno de los historiadores catalanes de más prestigio y que dictará la lección inaugural, confía de entrada en el rigor de las jornadas al garantizar que se habían encargado las conferencias a académicos “bastante serios”. Fontana asegura que el Centro de Historia no tiene ninguna conexión política y asegura que no es nada que organice el Gobierno catalán. “No conocía el título del simposio y puedo entender que es provocativo o desafortunado”, dijo para insistir en que no responde a una inspiración política concreta. “Si la hubiera habido yo no participaría. Se trata de hacer un análisis histórico y no político y si yo viera que se trata de propaganda no iría. Para formular un juicio tendré que esperar a ver quién interviene en el simposio”, afirmó Fontana, que no conocía aún al resto de participantes. Los organizadores han encargado a Fontana la lección inaugural titulada España y Cataluña, 300 años de conflicto. “Desde mi perspectiva, a partir de 1714 se inicia un proceso represivo, histórico y cultural”, afirmó.

Falleció el historiador Julio Aróstegui

4 febrero, 2013

Fuente: diario EL PAÍS

El catedrático, que murió ayer en Madrid, acababa de publicar una monumental biografía sobre Largo Caballero

Tereixa Constenla Madrid 29 ENE 2013 – 11:27

Julio Aróstegui (Granada, 1939) falleció el lunes en Madrid, pocas semanas después de la publicación de su obra cumbre como historiador: una monumental biografía sobre Largo Caballero de casi un millar de páginas, titulada Largo Caballero. El tesón y la quimera (Debate). Una serie de complicaciones cardiacas habían forzado su hospitalización hace dos semanas, justo cuando estaba prevista la promoción de su obra.

Ya no pudo hacerlo, aunque sí llegó a conversar con este diario por teléfono para hablar de la figura de Largo Caballero, un personaje injustamente maltratado por la historia, en su opinión. En la obra se recorren los principales acontecimientos del siglo XX hasta la muerte del socialista en el exilio de París. Aróstegui dispuso para ello de material novedoso, que le permite documentar la reconciliación entre Largo Caballero e Indalecio Prieto en el exilio.

Premio Nacional de Historia en 1981, Aróstegui era catedrático emérito de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense, fue el artífice de la creación de la Cátedra de Memoria Histórica en dicha universidad. En sus años como investigador trabajó en materias como la Guerra Civil, el carlismo, el movimiento obrero y la memoria colectiva. También fue profesor en la Universidad del País Vasco y en la Carlos III de Madrid.

La importancia que dio a su labor docente le permitió forjar una notable cantera de discípulos, que se sumaron a un homenaje cuando Aróstegui cumplió 70 años. Casi medio centenar de historiadores participaron en aquel acto que culminó con la publicación de un libro sobre Aróstegui.