Posts Tagged ‘Julian Casanova’

Rigor contra la manipulación del franquismo

7 agosto, 2017

Fuente: http://www.elpais.com

Los historiadores arrojan luz sobre ese pasado traumático y demuestran que el rigor es el primer paso para evitar el uso político de esa época

Franco visita las obras del pantano de Santa Ana, en la cuenca del Ribagorzana, en 1955.
Franco visita las obras del pantano de Santa Ana, en la cuenca del Ribagorzana, en 1955. PÉREZ DE ROZAS

Franco comenzó el asalto al poder con una sublevación militar y lo consolidó tras la victoria en una guerra civil. Hasta 1945, él y su dictadura no fueron una excepción en aquella Europa de sistemas políticos autoritarios, totalitarios o fascistas. Pero tras el final de la II Guerra Mundial, las dictaduras derechistas, que habían sido dominantes desde los años veinte, desaparecieron de Europa, salvo en Portugal y España. Muertos Hitler y Mussolini, Franco siguió 30 años más.

Han pasado ya cuatro décadas sin él y, aunque la dictadura es todavía objeto de controversia política, con memorias divididas que proyectan su larga sombra sobre el presente, los historiadores han elaborado, a través de enfoques y métodos de indagación muy distintos, una fotografía bastante completa de ese pasado.

Una foto completa de Franco y su dictadura 40 años después

El Ejército, la Falange y la Iglesia representaron a los vencedores de la Guerra Civil, y de ellos salieron el alto personal dirigente, el sistema de poder local y los fieles siervos de la Administración. Esas tres burocracias rivalizaron entre ellas por incrementar las parcelas de poder, con un reparto difícil que creó tensiones desde los primeros años del régimen, cuando se estaba construyendo, examinados por Joan Maria Thomàs en Franquistas contra franquistas.

Aunque aparecieran desde el comienzo luchas entre franquistas, en lo que todos estuvieron de acuerdo fue en el culto rendido al general Franco, tema ya estudiado hace tiempo de forma exhaustiva por Paul Preston en su magnífica biografía, ahora ampliada, y en cuyos mitos incide también la reciente aproximación de Antonio Cazorla. El Caudillo fue rodeado de una aureola heroico-mesiánica que le equiparaba a los santos más grandes de la historia. Aparecían por todas partes estatuas, bustos, poesías, estampas, hagiografías. La imagen de Franco como militar salvador y redentor era cuidadosamente tratada e idealizada, y su retrato presidió durante los casi cuarenta años de dictadura las aulas, oficinas, establecimientos públicos y se repetía en sellos, monedas y billetes.

La gran empresa de Franco y los vencedores consistía en la regeneración total de una nación nueva forjada en la lucha contra el mal, el sistema parlamentario, la República laica y el ateísmo revolucionario. Como recordaba el 1 de abril de 1939 Leopoldo Eijo y Garay, obispo de la diócesis de Madrid, era “la hora de la liquidación de cuentas de la humanidad con la filosofía política de la Revolución Francesa”.

El Ejército, la Falange y la Iglesia rivalizaron por incrementar las parcelas de poder con un reparto que creó tensiones

Y para liquidar esas cuentas y que los vencidos pagaran las culpas se puso en marcha un terror institucionalizado y amparado por las leyes del nuevo Estado, un engranaje represivo y confiscador que causó estragos entre los vencidos, abriendo la veda para una persecución arbitraria y extrajudicial que en la vida cotidiana desembocó muy a menudo en el saqueo y en el pillaje. Como confirman investigaciones recientes en Cataluña, Aragón y Andalucía, en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas se abrieron decenas de miles de expedientes a obreros y campesinos con recursos económicos escasos, pero también a clases medias republicanas con rentas más elevadas. Los afectados, condenados por los tribunales y señalados por los vecinos, quedaban hundidos en la más absoluta miseria. En muchos casos, las sentencias se impusieron a personas que ya habían sido ejecutadas.

Con el paso del tiempo, la violencia y la represión cambiaron de cara, la dictadura evolucionó, “dulcificó” sus métodos y, sin el acoso exterior, pudo descansar, ofrecer un rostro más amable, aunque nunca renunció a la Guerra Civil como acto fundacional, que recordó una y otra vez en un entramado simbólico de ritos, fiestas, monumentos y culto a los mártires.

Franco murió matando, como relata Carlos Fonseca en la reconstrucción de la semblanza de los últimos fusilados, pero los cambios producidos por las políticas desarrollistas a partir del Plan de Estabilización de 1959 y la machacona insistencia en que todo eso era producto de la paz de Franco dieron una nueva legitimidad a la dictadura y posibilitaron el apoyo, o la no resistencia, de millones de españoles.

Una foto completa de Franco y su dictadura 40 años después

Esos “buenos” años del desarrollismo, opuestos a la autarquía y el hambre, alimentaron la idea, sostenida todavía en la actualidad por la derecha política y defendida en el libro de Stanley G. Payne y Jesús Palacios, de que Franco fue un modernizador que habría dado a España una prosperidad sin precedentes. Y frente a ese mito del modernizador y salvador de la patria opone Ángel Viñas, con el rigor y exhaus­tiva aportación de pruebas que le caracteriza, La otra cara del Caudillo,la de las bases y naturaleza de su poder dictatorial.

Historias y mitos administrados por historiadores que persuaden, atraen al lector y demuestran que narrar con rigor, en obras bien informadas, es el primer paso para evitar el uso político de ese traumático pasado. Españoles, Franco ha muerto, titula su ensayo Justo Serna, quien recuerda que al franquismo no podemos liquidarlo con el olvido o la ignorancia.

Franquistas contra franquistas. Joan Maria Thomàs. Debate. Madrid, 2016. 318 páginas. 24,90 euros.

Franco. Paul Preston. Debate. Barcelona, 2015. 1.087 páginas. 32,90 euros.

Franco, biografía del mito. Antonio Cazorla. Alianza. Madrid, 2015. 392 páginas. 22,45 euros.

El “botín de guerra” en Andalucía. Miguel Gómez Oliver, Fernando Martínez y Antonio Barragán (coordinadores). Biblioteca Nueva. Madrid, 2015. 408 páginas. 28 euros.

Mañana cuando me maten. Carlos Fonseca. La Esfera de los Libros. Madrid, 2015. 392 páginas. 23,90 euros.

Franco, una biografía personal y política. Stanley G. Payne y Jesús Palacio. Espasa. Madrid, 2015. 800 páginas. 26,90 euros.

La otra cara del Caudillo. Mitos y realidades en la biografía de Franco. Ángel Viñas. Crítica. Barcelona, 2015. 448 páginas. 21,75 euros.

Españoles, Franco ha muerto. Justo Serna. Punto de Vista Editores, 2015. 288 páginas. 16 euros.

El espíritu de la Transición

19 junio, 2017

Fuente: http://www.elpais.com

Quienes más alaban sus virtudes son herederos de AP, partido que colaboró en dinamitar la UCD.

Julián Casanova, 10 de febrero de 2016.

La Transición española atrajo la atención de historiadores, científicos sociales y dirigentes políticos de otros países porque fue tomada como un modelo exitoso del que podían extraerse claras lecciones.

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La guerra que Japón no podía ganar

Han pasado ya cuatro décadas desde que comenzó, forma parte de la historia, pero en los últimos años se ha convertido también en objeto de controversia política para examinar y enjuiciar los defectos de nuestra democracia. Hay lecturas para todos los gustos, desde las que plantean la necesidad de una “segunda Transición” a quienes, ante la crisis actual y las dificultades para formar gobierno, reivindican su supuesto “espíritu” de convivencia y reconciliación. Suelen ser lecturas sesgadas, alejadas del conocimiento histórico y puestas al servicio de los proyectos políticos del presente.

Vistas las cosas desde su fruto final, todo parece, efectivamente, feliz. Porque aunque hubo que superar numerosos conflictos y obstáculos como montañas, desde una larguísima dictadura se pasó en tan sólo unos años a una democracia plena. Nada que ver con la traumática historia de España hasta entonces. Pero, ¿fue ese milagro consecuencia del llamado “espíritu de la Transición”?.

Poco espíritu de convivencia y reconciliación tenía el presidente del primer Gobierno de la Monarquía, Carlos Arias Navarro, nombrado por Franco, ratificado por el nuevo Rey, enemigo de cualquier cambio que amenazara la perpetuación en el poder de la élite política de la dictadura. Y es verdad que otros ministros de ese Gobierno, viejos servidores de Franco, presentaban un perfil más reformista, pero prescindieron de la oposición para su proyecto de reforma política y basaron su autoridad en el control del aparato represivo y de la Administración del Estado franquistas. Ante el aluvión de protestas, conflictos y demandas de todo tipo, la política de orden público de Manuel Fraga Iribarne seguía basada en la represión, la cárcel, las sanciones administrativas, las multas y la censura.

Será difícil encontrar las virtudes de su supuesto espíritu de pacto, y de superación de los intereses partidistas, en los Gobiernos de Suárez.

Con esos protagonistas, la reforma no podía ir más lejos. El Rey exigió a Arias su dimisión el 1 de julio de 1976 y nombró a Adolfo Suárez, un joven falangista católico que había pasado por la secretaría general del Movimiento.

Suárez tomó la iniciativa y en menos de un año puso en marcha un proyecto de Ley para la Reforma Política, que sirvió de guía hasta las elecciones generales de junio de 1977, en un escenario sembrado de miedo, terrorismo, recuerdos constantes al pasado traumático y llamadas a la paz, al orden y a la estabilidad. La Unión de Centro Democrático (UCD) de Suárez, constituida cinco semanas antes por grupos de origen muy distinto, ganó las elecciones con el 34,4% de votos y 165 escaños, pero para gobernar no tuvo que pactar con la oposición, el PSOE, 29,3% de los votos y 119 diputados, sino que le bastó el apoyo de los 16 diputados de AP, 13 de los cuales habían sido ministros de Franco.

Y aunque Suárez volvió a ganar en las elecciones de marzo de 1979, las que siguieron a la aprobación de la Constitución, de nuevo sin mayoría absoluta, su figura se deterioró con la misma rapidez con la que había brillado y tuvo que dimitir menos de dos años después, el 29 de enero de 1981, en medio de una profunda división en su partido, de enfrentamientos personales y de presiones de sus principales dirigentes. Cuando se celebraron las siguientes elecciones, en octubre de 1982, UCD, ese conglomerado de facciones y dirigentes procedentes la mayoría del franquismo, apenas sobrevivió con un 7% de los votos y Suárez había creado un nuevo partido, de escasa y corta vida política.

Resulta curioso que quienes más apelan ahora a ese “espíritu de la Transición” sean los herederos directos de AP, el partido que ni siquiera votó unánimemente la Constitución —cinco de sus 16 diputados los hicieron en contra—, y que con la “mayoría natural” que reclamaba Fraga contribuyó a dinamitar a la UCD para recoger después los restos de su naufragio.

La Transición, conducida desde arriba por las élites políticas procedentes de la dictadura, empujada desde abajo por la oposición democrática y una amplia movilización social, puede ser modelo de muchas o pocas cosas, dependiendo del relato, pero será difícil encontrar las virtudes de su supuesto espíritu de pacto, y de superación de los intereses partidistas, en aquellos Gobiernos. A no ser que se defienda la leyenda rosa del pasado ejemplar.

Julián Casanova es, junto con Carlos Gil Andrés, autor de Historia de España en el siglo XX (Ariel).

Raymond Carr, un maestro de historiadores

18 abril, 2017

Fuente: http://www.cultura.elpais.com

‘In memoriam’

Cargó con el peso de ofrecer una visión alternativa a la del franquismo

Julián Casanova, 23 de abril de 2015.

Los hispanistas británicos y norteamericanos fueron los primeros historiadores que se aproximaron a la historia contemporánea de España con un bagaje intelectual y académico riguroso. En un momento en que la historiografía española sobre el siglo XX apenas existía —depurada y rota la tradición liberal— e iniciaba su proceso de construcción, esos historiadores extranjeros cargaron con el peso de elaborar una interpretación histórica alternativa a la impuesta por el franquismo.

La obra de Raymond Carr, Spain, 1808-1939, publicada originalmente en Oxford en 1966 (traducida al castellano por Ariel en 1969), constituyó la piedra angular de esa historiografía y proporcionó por primera vez al lector en inglés una explicación global de la historia contemporánea de España, la historia de un fracaso por la ausencia de una auténtica revolución burguesa. La burguesía fue incapaz entre nosotros de desempeñar su misión histórica. El liberalismo no pudo, diría Carr, derribar el poder de la oligarquía terrateniente y hacer posible la modernización política y económica.

Sin burguesía ni demócratas liberales, con las estructuras del Antiguo Régimen pesando demasiado y con notables desequilibrios no resueltos, el primer experimento democrático —la Segunda República— fracasó y trajo como resultado la Guerra Civil.

Carr trataba de responder a la pregunta —que ya estaba implícita en The Spanish Labyrinth (1943), de Gerald Brenan— de por qué la historia de España culminaba, tras un proceso de diferenciación y anomalías respecto a la europea, en una guerra civil. Sus primeros discípulos educados en Oxford —Joaquín Romero Maura (La Rosa de Fuego, Grijalbo, 1974) y J. Varela Ortega (Los amigos políticos, Alianza, 1977)— aportaron nuevos datos a esa preocupación.

El liberalismo español había sido incapaz de “modernizar” una sociedad tradicional en la que se impuso un régimen de clientelas como único sistema posible. La Restauración se interpretaba así como un periodo de transición entre la autocracia isabelina —sustentada en el golpismo militar— y el afianzamiento de una sociedad democrática moderna.

Liberal es el término que mejor definía a Raymond Carr. Liberal porque, procediendo de un país con una profunda tradición democrática y parlamentaria, rechazó tanto las versiones de la historia contemporánea de España de la propaganda franquista como las interpretaciones elaboradas desde la extrema izquierda y el obrerismo organizado en el exilio. Según su interpretación, solo una democracia parlamentaria, libre de extremismos, podría haber evitado la tragedia. En este sentido, la República fue el primer experimento democrático ante el que sentía simpatía, una democracia, no obstante, demasiado débil y que no pudo sobrevivir.

Carr era también liberal por su posición intelectual reacia a considerar la historia de los movimientos populares, de las clases sociales y de los protagonistas colectivos, porque consideraba los factores socioeconómicos “realidades imperceptibles” e imposibles de verificar. Su historia estaba centrada en los grandes personajes, sostenida por el empirismo y el individualismo metodológico, tan cultivados en la tradición académica de Gran Bretaña. La política —y especialmente las actuaciones de los políticos— aparecía así como la única realidad perceptible para el historiador.

Miles de estudiantes de todo el mundo encontraron en ese libro de Raymond Carr su manual de referencia para aprender la historia contemporánea de España. Se convirtió en el cabeza de una escuela que ha elaborado algunos de los mejores libros sobre ese pasado, donde están nombres como Paul Preston, Martin Blinkhorn, Shlomo Ben-Ami y Frances Lannon; o los españoles Joaquín Romero Maura, José Varela Ortega y Juan Pablo Fusi. Tuve la suerte de conocerlo, de compartir debates y tertulias en Inglaterra y de aprender mucho de él, de la belleza literaria y elegancia narrativa con las que construía sus historias. Ese era Raymond Carr, un maestro de historiadores.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

Narración, síntesis e historia liberal: el legado de Raymond Carr

20 marzo, 2017

Fuente: http://www.cultura.elpais.com

Su obra, ‘España, 1808-1939’, publicada en Oxford en 1966, proporcionó por primera vez al lector en inglés una explicación global de la historia contemporánea española.

Julián Casanova, 21 de abril de 2015.

Raymond Carr, fotografiado en octubre de 1999.
Raymond Carr, fotografiado en octubre de 1999. GARCÍA FRANCÉS

Los hispanistas británicos y norteamericanos fueron los primeros historiadores que se aproximaron a la historia contemporánea de España con un bagaje intelectual y académico riguroso. En un momento en que la historiografía española sobre el siglo XX apenas existía –depurada y rota la tradición liberal– e iniciaba su proceso de construcción, esos historiadores extranjeros cargaron con el peso de elaborar una interpretación histórica alternativa a la impuesta por el franquismo.

La obra de Raymond Carr, Spain, 1808-1939, publicada originalmente en Oxford en 1966 (traducida al castellano por Ariel en 1969), constituyó la piedra angular de esa historiografía y proporcionó por primera vez al lector en inglés una explicación global de la historia contemporánea de España, la historia de un fracaso por la ausencia de una auténtica revolución burguesa. La burguesía fue incapaz entre nosotros de desempeñar su misión histórica. El liberalismo no pudo, diría Carr, derribar el poder de la oligarquía terrateniente y hacer posible la modernización política y económica.

Sin burguesía ni demócratas liberales, con las estructuras del Antiguo Régimen pesando demasiado y con notables desequilibrios no resueltos, el primer experimento democrático –la Segunda República– fracasó y trajo como resultado la guerra civil. Carr trataba de responder a la pregunta –que ya estaba implícita en The Spanish Labyrinth (1943) de Gerald Brenan– de por qué la historia de España culminaba, tras un proceso de diferenciación y anomalías respecto a la europea, en una guerra civil. Sus primeros discípulos educados en Oxford –J. Romero Maura (La Rosa de Fuego, Grijalbo, 1974) y J. Varela Ortega (Los amigos políticos, Alianza, 1977)– aportaron nuevos datos a esa preocupación.

El liberalismo español había sido incapaz de “modernizar” una sociedad tradicional en la que se impuso un régimen de clientelas como único sistema posible. La Restauración se interpretaba así como un período de transición entre la autocracia isabelina –sustentada en el golpismo militar– y el afianzamiento de una sociedad democrática moderna.

Liberal es el término que mejor definía a Raymond Carr. Liberal porque, procediendo de un país con una profunda tradición democrática y parlamentaria, rechazó tanto las versiones de la historia contemporánea de España de la propaganda franquista como las interpretaciones elaboradas desde la extrema izquierda y el obrerismo organizado en el exilio. Según su interpretación, sólo una democracia parlamentaria, libre de extremismos, podría haber evitado la tragedia. En este sentido, la República fue el primer experimento democrático ante el que sentía simpatía, una democracia, no obstante, demasiado débil y que no pudo sobrevivir.

Carr era también liberal por su posición intelectual reacia a considerar la historia de los movimientos populares, de las clases sociales y de los protagonistas colectivos, porque consideraba a los factores socioeconómicos “realidades imperceptibles” e imposibles de verificar. Su historia estaba centrada en los grandes personajes, sostenida por el empirismo y el individualismo metodológico, tan cultivados en la tradición académica de Gran Bretaña. La política –y especialmente las actuaciones de los políticos– aparecían así como la única realidad perceptible para el historiador.

Miles de estudiantes de todo el mundo encontraron en ese libro de Raymond Carr su manual de referencia para aprender la historia contemporánea de España. Se convirtió en el cabeza de una escuela que ha elaborado algunos de las mejores libros sobre ese pasado, donde están nombres como Paul Preston, Martin Blinkhorn, Shlomo Ben-Ami y Frances Lannon; o los españoles Joaquín Romero Maura, José Varela Ortega y Juan Pablo Fusi. Tuve la suerte de conocerlo, de compartir debates y tertulias en Inglaterra y de aprender mucho de él, de la belleza literaria y elegancia narrativa con las que construía sus historias. Ése era Raymond Carr, un maestro de historiadores.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza.

El guardián del orden de Franco

14 marzo, 2017

Fuente: blogs.elpais.com/historias

Por: Julián Casanova | 19 de diciembre de 2013

PeticionImagenCAOACLGP

Luis Carrero Blanco saluda a Franco / EFE.

El día en que lo mataron, 20 de diciembre de 1973, el almirante Luis Carrero Blanco iba a presentar un documento en la reunión de ministros en el que mostraba su obsesión por los grandes demonios de la España franquista, el comunismo y la masonería. Eran, como se había repetido machaconamente desde la victoria en la guerra civil, los grandes enemigos de España, infiltrados ahora, tras el desarrollo y la modernización, en la Iglesia y en las universidades, en las clases trabajadoras y en los medios de información.

Frente a ellos, siempre quedaría “el espíritu de nuestro Movimiento, la virilidad, el patriotismo, el honor, la decencia….”. Y la receta que ofrecía para atajar la infiltración del comunismo en la enseñanza se parecía mucho a la que ya habían aplicado con tanto éxito los militares rebeldes y las autoridades franquistas durante la guerra y la posguerra: “Hay que borrar de los cuadros del profesorado de la Enseñanza General Básica y de la Universidad a todos los enemigos del régimen y hay que separar de la Universidad a todos los alumnos que son instrumento de subversión”.

España siempre fue, como le gustaba decir, la razón de ser de su vida política. Nacido el 4 de marzo de 1904 en Santoña (Cantabria), Carrero apenas había intervenido en la guerra civil, el bautismo de fuego de los militares de su generación, y no debió su ascenso hasta la cúspide de la dictadura a los méritos acumulados durante lo que él mismo llamó después “la primera victoria de Occidente contra el imperialismo soviético”. Era un militar sin condecoraciones de guerra, algo muy extraño en esa dictadura que se inauguró el 1 de abril de 1939 con la victoria ante el “cautivo y desarmado Ejército rojo”.

 

Carrero Blanco, alf+®rez de fragata

En julio de 1936 vivía en Madrid, destinado como profesor en la Escuela de Guerra Naval y, ante la incertidumbre de esos primeros días que siguieron a la sublevación militar, alegó enfermedad para no acudir a su destino y se refugió en la embajada de México, y después en la de Francia, antes de pasar al bando franquista. En un informe fechado el 5 de mayo de 1947 le explicó a Franco, sin embargo, que “en aquellos trágicos momentos”, con su hermano José fusilado y su familia expuesta a todos los peligros, “me hice a mí mismo el voto de dedicar el resto de mi vida al servicio de España, sin pensar para nada ni en mi porvenir ni en mis conveniencias particulares”.

A lo largo de su vida política, y en su relación con Franco, Carrero se inventó su personaje y es muy difícil discriminar entre la verdad y la falsedad, entre lo que ocultó o distorsionó y aquello que siempre subrayó en sus confesiones públicas o a su Caudillo. A los historiadores, en general, les ha preocupado poco ese tema, más interesados en el Carrero que consiguió ser el delfín o la mano derecha del dictador, gracias, se supone, a su habilidad, valentía y lealtad. Comenzó siendo monárquico por tradición familiar, no luchó ni conspiró contra la República y en su trayectoria política nunca pareció comprometerse con nada sin tener garantía de su éxito y rentabilidad.

Carrero no pertenecía al círculo de Franco, ni en lo profesional ni en lo personal, y terminada la guerra, inició un ascenso meteórico hacia el poder. Además de adjudicarse la autoría de informes en los que únicamente había colaborado –como el que el ministro de Marina, Salvador Moreno, presentó a Franco en noviembre de 1940 sobre la no intervención de España en la Segunda Guerra Mundial- y de conseguir destituciones de aquellos que entorpecían su ascenso –como la de Serrano Súñer tras en el enfrentamiento entre carlistas y falangistas en el santuario de Begoña en agosto de 1942-, se enorgulleció con frecuencia del impecable servicio que ofreció a España y a su máximo gobernante, al que le pertenecían “títulos de Caudillo, Monarca, Príncipe y Señor de los Ejércitos”. Sus muestras de desmesurada adulación hacia Franco fueron constantes y la que manifestó en las Cortes en 1957 las resumía todas: “Dios nos ha concedido la inmensa gracia de un Caudillo excepcional a quien solo podemos juzgar como uno de esos dones que, para un propósito realmente grande, la Providencia concede a las naciones cada tres o cuatro siglos”.

El orden y la unidad en torno al ejército fue la fórmula de Carrero para la supervivencia del régimen en los momentos difíciles. “Orden, unidad y aguantar” frente a los enemigos externos y “buena acción policial para prevenir cualquier subversión” interna. En un discurso ante el Estado Mayor en abril de 1968, advirtió “que nadie, ni desde fuera ni desde dentro, abrigue la más mínima esperanza de poder alterar en ningún aspecto el sistema institucional, porque aunque el pueblo no lo toleraría nunca, quedan en último extremo las fuerzas armadas”.

La advertencia no era baladí porque, justo en esos años, la aparición de altos niveles de conflictividad quebró la tan elogiada paz de Franco. Hasta su asesinato, Carrero desempeñó un papel crucial. En realidad, aunque convenció a Franco, que ya presentaba claros síntomas de envejecimiento, de que nombrara a Juan Carlos como su sucesor, al frente de una “Monarquía del Movimiento Nacional, continuadora perenne de sus principios e instituciones”, era él, y no tanto el Príncipe, quien aseguraba su continuidad. Sobre todo después del escándalo Matesa y de la formación de un nuevo Gobierno en octubre de 1969.

El asunto Matesa, las siglas de Maquinaria Textil, S.A., estalló de súbito en el verano de ese año y se convirtió en el mayor escándalo financiero de toda la dictadura. La empresa fabricaba maquinaria textil en Pamplona y tenía sucursales y compañías subsidiarias en América Latina. Su director, Juan Vilá Reyes, conectado con el Opus Dei y los grupos tecnocráticos, logró cuantiosos créditos oficiales de ayuda a la exportación, cerca de once mil millones de pesetas, justificados con pedidos que en la práctica no existían o estaban inflados. Las irregularidades fueron denunciadas y aireadas por la prensa del Movimiento, con la ayuda desde el Gobierno de Manuel Fraga Iribarne y José Solís Ruiz, para intentar desacreditar a los ministros del Opus Dei, un pulso más de la dura batalla por el poder que libraban esos dos grupos desde principios de los años sesenta.

Los efectos políticos de ese escándalo fueron inmediatos. Carrero pidió a Franco una remodelación total del gobierno y el 29 de octubre formó lo que ha pasado a la historia como el “gobierno monocolor”. Carrero continuaba de vicepresidente, con más poder que nunca, y casi todos los ministros en puestos clave eran miembros del Opus Dei, de la ACNP, o se identificaban con la línea tecnocrática-reaccionaria que compartía con Laureano López Rodó. Manuel Fraga Iribarne y Solís Ruiz fueron cesados y aunque Carrero no asumió todavía la presidencia del Gobierno, era él quien dirigió la política gubernamental.

Esa pugna por el control del proceso político entre Carrero y el Opus Dei por un lado y el sector azul del Movimiento por otro, abrió definitivamente la crisis en el interior del franquismo, aunque no fueron solo conflictos internos por el poder los que complicaron la vida a la dictadura en sus últimos años. La conflictividad alcanzó en 1970 el nivel más alto de la dictadura, con casi medio millón de trabajadores metidos en reivindicaciones y nueve millones de horas perdidas. Muchas de esas huelgas derivaban en enfrentamientos con la policía y con muchos huelguistas torturados y en la cárcel. La represión fue especialmente dura en el País Vasco, donde ETA había empezado a desafiar a las fuerzas armadas de la dictadura con asesinatos y atracos a bancos y empresas. La mezcla de agitación laboral, universitaria y terrorista provocó una dura reacción de militares y políticos ultraderechistas que convencieron a Franco para que respondiera con un juicio ejemplar contra dieciséis prisioneros vascos, entre ellos dos sacerdotes. El proceso comenzó en diciembre en Burgos, sede de la región militar a la que pertenecía el País Vasco, y concluyó con la condena a muerte a seis de los acusados y con 519 años de prisión para los demás, aunque unos días después, en su mensaje de fin de año transmitido por televisión, Franco anunció su magnánima decisión de conmutar las penas de muerte por años de cárcel.

Carrero con Kissinger, el d+¡a antes del atentado

Pese al perdón, todo ese proceso tuvo consecuencias muy negativas para el régimen, que vio cómo un sector de la sociedad respondía con huelgas y manifestaciones, los obispos vascos pedían clemencia y en el exterior se protestaba contra Franco como no se recordaba desde los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial.

Los años que siguieron fueron los más agitados de la dictadura. Algunos miembros de la jerarquía eclesiástica, muy renovada tras la desaparición de los principales exponentes de la cruzada y del nacionalcatolicismo, empezaron a romper el matrimonio con la dictadura, presionados también por muchos sacerdotes y comunidades cristianas que, especialmente en Cataluña, el País Vasco y las grandes ciudades, reclamaban una Iglesia más abierta, comprometida con la justicia social y los derechos humanos.

Curas y católicos que hablaban de democracia y socialismo y criticaban a la dictadura y a sus manifestaciones más represivas. Todo eso era nuevo, muy nuevo, en España y parece lógico que provocara una reacción en amplios sectores franquistas, acostumbrados a una Iglesia servil y entusiasta con la dictadura. Un documento confidencial de la Dirección General de Seguridad, fechado en 1966, ya advertía que de los tres pilares de la dictadura, “el Catolicismo, el Ejército y la Falange”, únicamente el segundo aparecía “firme, unido como realidad y esperanza de continuidad”, mientras que el catolicismo mostraba signos de división en torno a tres problemas: “el clero separatista; la lucha interna entre sacerdotes conservadores y sacerdotes avanzados; y la actitud de cierta parte del clero frente a las altas jerarquías eclesiásticas”.

Carrero Blanco llamó a esa disidencia de una parte de la Iglesia católica “la traición de los clérigos”, porque el manto protector que la dictadura había dado a la Iglesia no se merecía eso. Y para demostrar los servicios prestados, “aunque sólo sea en el orden material”, prueba de cómo Franco “quiso servir a Dios sirviendo a su Iglesia”, Carrero daba cifras: “desde 1939, el Estado ha gastado unos 300.000 millones de pesetas en construcción de templos, seminarios, centros de caridad y enseñanza, sostenimiento del culto”.

Agujero de la bomba contra Carrero Blanco

Cráter en la calle madrileña de Claudio Coello tras el atentado contra Carrero Blanco.

En 1973, el último año de su vida, el aumento de los conflictos fue espectacular, con la provincia de Barcelona a la cabeza de las huelgas, como en casi todo ese período. En realidad, desde 1970 hasta la muerte de Franco, los conflictos se extendieron por todas las grandes ciudades y se radicalizaron por la intervención represiva de los cuerpos policiales, cuyos disparos dejaban a menudo muertos y heridos en las huelgas y manifestaciones. La violencia policial llegaba también a las Universidades donde crecían las protestas y se multiplicaban las minúsculas organizaciones de extrema izquierda. La respuesta de las autoridades franquistas, con Carrero a la cabeza, fue siempre mano dura, represión y una confianza inquebrantable en las fuerzas armadas para controlar la situación.

El asesinato de Carrero, presidente del Gobierno desde junio de ese año de 1973, aceleró la crisis interna del régimen. Cuando Franco murió, su dictadura se desmoronaba. La desbandada de los llamados reformistas o “aperturistas” en busca de una nueva identidad política era ya general. Muchos franquista de siempre, poderosos o no, se convirtieron de la noche a la mañana en demócratas de toda la vida. Era improbable que el franquismo continuara sin Franco, pero el gobierno de Carlos Arias Navarro mantenía intacto el aparato represivo y tenía a su disposición ese ejército salido de la guerra, educado en la dictadura y fiel a Franco.

Hay quienes creen que con Carrero todo se hubiera prolongado y otros que consideran que su lealtad a la Monarquía de Juan Carlos le hubiera impedido oponerse al proceso de transición. Pero eso pertenece al terreno de la historia contrafactual. Mientras estuvo vivo, fue uno de los principales instigadores de que el ejército defendiera siempre su victoria en la guerra por medio del terror institucionalizado y de la legislación represiva del Estado. Y así forjó su carrera, con alegatos en defensa del orden y construyendo e inventando un personaje austero, listo, sin ambiciones y siempre dispuesto a trabajar por España y por su Caudillo.

La guerra que Japón no podía ganar

18 febrero, 2017

Fuente: http://www.elpais.com

La historiadora Eri Hotta relata los meses que condujeron al ataque a Pearl Harbor y sus consecuencias en un libro que ayuda a derribar interpretaciones politizadas e incompletas

JULIÁN CASANOVA

Imagen de Pearl Harbor tras el ataque.

Imagen de Pearl Harbor tras el ataque. AP

8 ABR 2015 – 10:43 CEST

En las primeras horas de la mañana del 7 de diciembre de 1941, la división aérea de la Armada Imperial japonesa atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor en la isla de Oahu (Hawái). Unas 2.400 personas murieron durante el bombardeo, que dejó inutilizados numerosos barcos, aviones e instalaciones. Sin declaración de guerra, sin ruptura formal de las relaciones diplomáticas, aquella operación, seguida de otra en las principales bases de Estados Unidos en Filipinas, marcó el paso de una guerra europea a otra global, donde sólo unos pocos países quedaron fuera del conflicto.

La mayoría de los japoneses celebraron el ataque. Poetas y novelistas se apresuraron a alabar aquella “gran hazaña”. El ambiente festivo parecía dejar atrás años de penuria, de escasez de productos básicos, de cupones de racionamiento para obtener arroz, el alimento fundamental de la dieta nacional, que se habían vuelto más duros a medida que se prolongaba la guerra con China iniciada a mediados de 1937.

Pero no es el relato de Pearl Harbor, muy conocido en la historiografía de la II Guerra Mundial, el objeto de la obra de Eri Hotta, sino la historia de quiénes y qué llevaron a Japón a ese ataque. Como las consecuencias de esa “funesta decisión” fueron terribles para la población japonesa y de otros países, la autora traza una fotografía magistral de los principales actores, los líderes imprudentes que apostaron por una guerra que no podían ganar, y proporciona también al lector las claves para entender la conversión de Japón, en las décadas finales del siglo XIX y comienzos del XX, desde un régimen feudal hasta un Estado-nación moderno, industrial y militarizado, convencido de que el poder obtenido por las guerras y el expansionismo era el requisito esencial para sobrevivir al colonialismo occidental.

En los años treinta, cuando en casi todo el mundo se buscaban soluciones ideológicas extremas a los problemas socioeconómicos, una parte de la sociedad japonesa “sucumbió a la tentación fácil de culpar de sus males sociales a potencias extranjeras” (página 42), y la consecución de antiguos objetivos imperialistas, ya imposibles, se convirtió en el principal fin de la movilización ultranacionalista. Amparadas por ese nacionalismo agresivo, las tropas niponas invadieron Manchuria en septiembre de 1931, ocupando todo el noreste del país en los cinco meses siguientes, y establecieron allí el régimen títere del Manchukúo. Unos años después, la guerra abierta con China impulsó un nuevo sistema de reclutamiento militar que duplicó el número de hombres aptos para el servicio militar. Esa rápida expansión de las fuerzas armadas japonesas proporcionó una gran oportunidad a los soldados profesionales para ascender rápidamente. La sociedad se militarizó, con la puesta en marcha de asociaciones patrióticas de mujeres, vigilancia estricta de los disidentes y una rígida censura de los medios de comunicación.

Los éxitos militares de Hitler en Europa animaron todavía más a los estrategas japoneses a cumplir sus sueños imperiales. En septiembre de 1940, al mismo tiempo que ocupaban el norte de Indochina, firmaron el Pacto Tripartito con Alemania e Italia, lo cual provocó tensiones y represalias casi irresolubles entre Estados Unidos y Japón. El príncipe Fumimaro Konoe estuvo al frente del país en todo ese periodo en el que se agudizó la crisis internacional, con una política exterior “indecisa e impulsiva” (página 83). Cuando dimitió en octubre de 1941, le sustituyó su ministro del Ejército, el poderoso general Hideki Tojo. Con un militar en el Gobierno, los jefes del Estado Mayor de la Armada y del Ejército presionaron insistentemente para que se aceleraran los preparativos bélicos. El 1 de diciembre de 1941, el emperador Hirohito dio su aprobación a la guerra contra Estados Unidos. Lo que acaeció en los años siguientes fue una auténtica catástrofe nacional, de sufrimiento y muerte, que tuvo el más trágico de los finales con el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945.

Hotta concluye, tras ese minucioso relato de los ocho meses que condujeron a Pearl Harbor, que ninguno de los máximos líderes de Japón “tuvo suficiente voluntad, deseo o valor para frenar el impulso hacia la guerra” (página 344). Con su lenguaje agresivo y fatídicas decisiones, llevaron a Japón al desastre como si se tratara de un juego del que podían retirarse.

Tras la catástrofe, la tendencia oficial en Japón fue y ha sido hasta los debates recientes, como en otros muchos países con pasados traumáticos, buscar responsabilidades colectivas y “apartar la mirada de lo que no es agradable ni deseable en su historia” (página 351). Frente a esos intentos de huir del pasado, libros como el de la historiadora Eri Hotta ayudan a derribar interpretaciones parciales politizadas e incompletas.

Japón 1941. El camino a la infamia: Pearl Harbor.  Eri Hotta. Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2015. 400 páginas. 26 euros.

Golpe de Estado, guerra civil y políticas de exterminio

16 julio, 2016

Fuente: http://www.infolibre.es

  • Los militares sublevados ganaron la guerra porque tenían las tropas mejor entrenadas del ejército español, al poder económico, estaban más unidos que el bando republicano y los vientos internacionales soplaban a su favor
  • En la larga y cruel dictadura de Franco reside, en definitiva, la gran excepcionalidad de la historia de España del siglo XX
Julián Casanova. Publicada 16/07/2016 a las 06:00. Actualizada 15/07/2016 a las 19:52  EL AUTOR
Mujeres preparándose para ir al frente durante la Guerra Civil española.

Mujeres preparándose para ir al frente durante la Guerra Civil española.

Italia y Alemania hicieron mucho por España en 1936(…) Sin la ayuda de ambos países no existiría Franco hoy”, le dijo Adolf Hitler a Galeazzo Ciano, ministro de Asuntos Exteriores italiano y yerno de Benito Mussolini, en septiembre de 1940. Es una sentencia que resume perfectamente lo que muchos contemporáneos creyeron entonces y algunas investigaciones confirmaron décadas después: que la intervención fascista y nazi había sido decisiva para la derrota de la República o para la victoria de los militares que se sublevaron contra ella en julio de 1936.

El golpe de Estado de julio de 1936 inauguró en España un tiempo sin ley. La obediencia a la ley fue sustituida por el lenguaje de las armas, el desprecio a la vida y el culto a la violencia. Bajo esas circunstancias, sin ley que obedecer, sin miedo al castigo, aparecieron por todas partes bandas de asesinos, amparadas por los militares, por terratenientes y burgueses asustados por la revolución, que organizaban cacerías y ajustes de cuentas. Donde el golpe militar fracasó, sonó la hora de la ansiada revolución y del juicio final a los patronos, ricos y explotadores. Sin reglas ni gobierno, sin mecanismos de coerción obligando a cumplir leyes, la venganza y los odios de clase se extendieron como una fuerza devastadora para aniquilar al viejo orden.

Porque la guerra civil española ha pasado a la historia, y al recuerdo que de ella queda, por la deshumanización del contrario, por la espantosa violencia que generó. Simbolizada en las “sacas”, “paseos” y asesinatos masivos, sirvió en los dos bandos en lucha para eliminar a sus respectivos enemigos, naturales o imprevistos.

En esa operación de limpieza, los militares sublevados contaron desde el principio con la inestimable bendición de la Iglesia católica. El clero y las cosas sagradas, por otro lado, constituyeron el primer blanco de las iras populares, de quienes participaron en la derrota de la sublevación y de quienes protagonizaron el “terror popular” emprendido en el verano de 1936. De esa forma, la religión católica y el anticlericalismo se sumaron con ardor a la batalla que sobre temas fundamentales relacionados con la organización de la sociedad y del Estado se estaba librando en territorio español.

Dentro de esa guerra hubo varias y diferentes contiendas. En primer lugar, un conflicto militar, iniciado cuando el golpe de Estado enterró las soluciones políticas y puso en su lugar las armas. Fue también una guerra de clases, entre diferentes concepciones del orden social, una guerra de religión, entre el catolicismo y el anticlericalismo, una guerra en torno a la idea de la patria y de la nación, y una guerra de ideas, de credos que estaban entonces en pugna en el escenario internacional. Una guerra imposible de reducir a un conflicto entre comunismo o fascismo o entre el fascismo y la democracia. En la guerra civil española cristalizaron, en suma, batallas universales entre propietarios y trabajadores, Iglesia y Estado, entre oscurantismo y modernización, dirimidas en un marco internacional desequilibrado por la crisis de las democracias y la irrupción del comunismo y del fascismo.

En julio de 1936, el ejército español carecía de armamento moderno, tenía un cuerpo inflado de jefes y oficiales y exceptuando a los efectivos destinados en África, el grado de organización y preparación de las distintas unidades era bastante deficiente. Era una institución anticuada y todos sus altos mandos eran veteranos del conflicto de Marruecos, donde habían adquirido la experiencia de luchas coloniales contra un enemigo “primitivo”, pero ninguno de ellos había participado en una guerra moderna.

Como consecuencia del triunfo o fracaso de la sublevación militar de julio de 1936, que dejó a España partida en dos zonas con dos contendientes enfrentados, el Gobierno de la República, que disponía en principio de más territorio, recursos económicos y con las ciudades más importantes y pobladas en su poder, se quedó sin fuerzas militares y sin capacidad para organizar de forma disciplinada a las milicias revolucionarias que nacieron en lugar del ejército. Los militares sublevados, por el contrario, contaban con las tropas de África, que pudieron pasar muy pronto a la Península gracias a la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista y eran profesionales que sabían las reglas básicas de la técnica militar.

La guerra fue larga, casi tres años, y antes de perderla, la República fue castigada de forma lenta, abandonada a su suerte por las potencias democráticas, con batallas que dejaban a sus tropas diezmadas frente a un ejército, el de Franco, que siempre pudo disponer de la ventaja de la ayuda exterior.

En los tres meses que siguieron a la sublevación de julio de 1936, la guerra fue una lucha entre milicianos armados, que carecían de los elementos básicos que caracterizan a los ejércitos, y un poder militar que concentraba todos los recursos a golpe de autoridad, disciplina, con la declaración del estado de guerra, y que pudo contar casi desde el principio con los efectivos bien adiestrados del ejército de África.

La batalla de Madrid, en noviembre de ese año, inauguró una nueva forma de hacer la guerra y transformó a ese grupo de milicianos en soldados de un nuevo ejército. Tras el fracaso en diferentes intentos de tomar Madrid, desde noviembre de 1936 a marzo de 1937, Franco cambió su estrategia bélica y optó por librar una guerra de desgaste, de ocupación gradual del territorio y de aplastamiento completo del ejército republicano. Su superioridad material y ofensiva le condujo dos años después al triunfo definitivo.

La sublevación militar de julio de 1936 obligó a la República, un régimen democrático y constitucional, a combatir en una guerra que ella no inició. Lo que siguió a ese golpe militar, además, fue el estallido de una revolución social que el Estado republicano, al perder una buena parte de su fuerza y soberanía, tampoco pudo impedir. Un proceso revolucionario iniciado de forma súbita, violenta, dirigido a destruir las posiciones de los grupos privilegiados, de la Iglesia, del ejército, de los ricos, pero también de las autoridades republicanas que querían mantener la legalidad.

Hasta que fue derrotada, el 1 de abril de 1939, la República pasó por tres diferentes etapas, con tres presidentes de Gobierno. La primera, presidida por el republicano José Giral (1879-1962), estuvo marcada por la resistencia a la sublevación militar y la revolución. Como Giral no representaba a los nuevos poderes revolucionarios y sindicales que emergieron en el verano de 1936, tuvo que dimitir y dejar paso al dirigente obrero y socialista Francisco Largo Caballero (1869-1946), quien inició, con la colaboración de todas las fuerzas políticas y sindicales, la reconstrucción del Estado, la creación de un ejército regular y el control de la revolución. Tras los graves sucesos de mayo de 1937, le sustituyó Juan Negrín (1892-1956), diputado socialista y catedrático de Universidad, que se propuso como uno de sus principales objetivos cambiar la política de No Intervención de las potencias democráticas. Los tres presidentes murieron en el exilio: Giral en México y Largo Caballero y Negrín en París.

Quienes se alzaron contra la República tuvieron menos dificultades para encontrar un mando único militar y político. El general Francisco Franco fue desde el 1 de octubre de 1936 “Jefe de Gobierno del Estado Español”. Sus compañeros militares que le encaramaron al poder pensaban que ese cargo era provisional, que la guerra acabaría pronto con la conquista de Madrid y que después sería el momento de pensar en la organización política del nuevo Estado. Tras el fracaso de los diferentes intentos de tomar la capital, sin embargo, Franco se convenció, guiado por su cuñado Ramón Serrano Suñer, de que hacía falta la unificación de todas las fuerzas políticas en un partido único.

“Jefe del Gobierno del Estado Español”, Caudillo, Generalísimo de los Ejércitos, líder indiscutible del “Movimiento”, como se le llamó al partido único, Franco confirmó su dominio absoluto con la creación el 30 de enero de 1938 de su primer Gobierno, en el que distribuyó cuidadosamente los diferentes ministerios entre militares, monárquicos, falangistas y carlistas. La construcción de ese nuevo Estado fue acompañado de la eliminación física del oponente, la destrucción de todos los símbolos y políticas de la República y de la búsqueda de una victoria rotunda e incondicional sin posibilidad de mediación alguna.

En ese camino Franco contó con el apoyo y bendición de la Iglesia católica. Obispos, sacerdotes y religiosos comenzaron a tratar a Franco como un enviado de Dios para poner orden en la “ciudad terrenal” y Franco acabó creyendo que, efectivamente, tenía una relación especial con la divina providencia. Emergió así la Iglesia de Franco, que se identificaba con él, que lo admiraba como Caudillo, como un enviado de Dios para restablecer la consustancialidad de la cultura tradicional española con la fe católica.

Partida España en dos, la guerra civil se manifestó en un violento combate político sobre los principios básicos en torno a las cuales debía organizarse la sociedad y el Estado. Pero, pese a lo sangrienta y destructiva que pudo ser, la guerra civil española debe medirse también por su impacto internacional, por el interés y la movilización que provocó en otros países.

El apoyo internacional a los dos bandos fue vital para combatir y continuar la guerra en los primeros meses. Conforme avanzaba la guerra, la política de No Intervención, los desequilibrios de las fuerzas materiales, la participación de la Alemania nazi y de la Italia fascista y la retracción, en el mejor de los casos, de las democracias occidentales, fueron, junto con la desunión en la zona republicana y la unión en la franquista, factores decisivos para inclinar la victoria final del lado de los militares sublevados.

Los militares sublevados en julio de 1936 ganaron la guerra, efectivamente, porque tenían las tropas mejor entrenadas del ejército español, al poder económico, estaban más unidos que el bando republicano y los vientos internacionales soplaban a su favor. Después de la Primera Guerra Mundial y del triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, ninguna guerra civil podía ser ya sólo “interna”. Cuando empezó la guerra civil española, los poderes democráticos estaban intentando “apaciguar” a toda costa a los fascismos, sobre todo a la Alemania nazi, en vez de oponerse a quien realmente amenazaba el equilibrio de poder. La República se encontró, por lo tanto, con la tremenda adversidad de tener que hacer la guerra a unos militares sublevados que se beneficiaron desde el principio de esa situación internacional tan favorable a sus intereses.

A la República no le faltó dinero ni tampoco tuvo escasez de armamento. En realidad, la República gastó una cantidad de dinero similar para perder la guerra a la que Franco utilizó para ganarla, unos setecientos millones de dólares en cada bando, pero el material bélico que adquirió a través de las reservas de oro del Banco de España fue inferior, en cantidad y calidad, al que las potencias fascistas suministraron a los militares rebeldes. Y lo más importante es que Franco recibió siempre esa ayuda de forma constante, mientras que la ayuda soviética dependió, además de otros factores, del entendimiento entre Moscú y las potencias democráticas occidentales.

Los bandos que se enfrentaron en España eran tan diferentes desde el punto de vista de las ideas, de cómo querían organizar el Estado y la sociedad, y estaban tan comprometidos con los objetivos por los que tomaron las armas, que era difícil alcanzar un acuerdo. Y el panorama internacional, de nuevo, tampoco dejó espacio para las negociaciones. De esa forma, la guerra acabó con la aplastante victoria de un bando sobre otro, una victoria asociada desde ese momento a los asesinatos y atrocidades que se extendían entonces por casi todos los países de Europa.

Atrás había quedado una guerra de casi mil días, que dejó cicatrices duraderas en la sociedad española. El total de víctimas mortales se aproximó a 700.000, de las cuales 100.000 corresponden a la represión desencadenada por los militares sublevados y 55.000 a la violencia en la zona republicana.

El éxodo que emprendió la población vencida dejó también huella. “La retirada”, como se conoció a ese gran exilio de 1939, llevó a Francia a unos 450.000 refugiados en el primer trimestre de ese año, de los cuales 170.000 eran mujeres, niños y ancianos. Unos 200.000 volvieron en los meses siguientes, para continuar su calvario en las cárceles de la dictadura franquista.

Tras el final oficial de la guerra civil, el 1 de abril de 1939, la destrucción del vencido se convirtió en prioridad absoluta. Comenzó en ese momento un nuevo período de ejecuciones masivas y de cárcel y tortura para miles de hombres y mujeres. El desmoronamiento del ejército republicano en la primavera de 1939 llevó a varios centenares de miles de soldados vencidos a cárceles e improvisados campos de concentración. A finales de 1939 y durante 1940 las fuentes oficiales daban más de 270.000 reclusos, una cifra que descendió de forma continua en los dos años siguientes debido a las numerosas ejecuciones y a los miles de muertos por enfermedad y desnutrición. Al menos 50.000 personas fueron ejecutadas entre 1939 y 1946.

Las aguas volvieron a su cauce. La victoria del ejército de Franco en la guerra supuso el triunfo absoluto de la España católica. El catolicismo volvía a ser la religión oficial del Estado. Todas las medidas republicanas que la derecha y la Iglesia habían maldecido fueron derogadas. La Iglesia recuperó todos sus privilegios institucionales, algunos de golpe, otros de forma gradual. Y la Iglesia católica vivió una larga época de felicidad plena, con un régimen que la protegió, la colmó de privilegios, defendió sus doctrinas y machacó a sus enemigos.

España vivió a partir de abril de 1939 la paz de Franco, las consecuencias de la guerra y de quienes la causaron. Quedó dividida entre vencedores y vencidos. Las iglesias se llenaron desde antes del final de la guerra de placas conmemorativas de los “caídos por Dios y por la Patria”. Por el contrario, miles de asesinados por la violencia iniciada por los militares sublevados en julio de 1936 nunca fueron inscritos ni recordados con una mísera lápida y sus familiares andan todavía buscando sus restos. El proyecto reformista de la República y todo lo que esa forma de gobierno significaba fue barrido y esparcido por las tumbas de miles de ciudadanos; y el movimiento obrero, sus organizaciones y su cultura, resultaron sistemáticamente eliminados en un proceso más violento y duradero que el sufrido por otros movimientos europeos de resistencia al fascismo.

El discurso del orden, de la patria y de la religión se había impuesto al de la democracia, la República y la revolución. En la larga y cruel dictadura de Franco reside, en definitiva, la gran excepcionalidad de la historia de España del siglo XX, si se compara con la de los otros países capitalistas occidentales. Fue la única dictadura, junto con la de Antonio de Oliveira Salazar en Portugal, creada en la Europa de entreguerras que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Muertos Hitler y Mussolini, Franco siguió treinta años más. El lado más oscuro de esa guerra civil europea, de ese tiempo de odios, que acabó en 1945, tuvo todavía larga vida en España.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, autor de España partida en dos. Breve historia de la guerra civil española (Crítica)

 

“Hoy no hay posibilidad ni escenarios para proponer la República”

15 julio, 2016

Fuente: http://www.eldiario.es

Entrevista | Julián Casanova

El catedrático de Historia Contemporánea Julián Casanova acusa al PP de actuar como un “obstáculo” en la recuperación de la memoria de los represaliados en la dictadura: “Cuando huelen a franquismo se ponen colorados”

“Podemos se ha dado cuenta de que no podía tomar la República como signo de identidad”

El historiador Julián Casanova.

Casi dos años después del relevo en la Corona española, ¿hay lugar para un debate público sobre la Monarquía? El catedrático de Historia Contemporánea Julián Casanova (Teruel, 1956) sostiene que no. “Solo ha habido una crisis antes de la abdicación de Juan Carlos I y la llegada de su hijo la limitó”. La entrada de nuevos partidos, añade, tampoco ha relanzado la discusión porque “ninguno quiere tomar la República como signo de identidad por miedo a perder electorado”.

Autor de libros como Europa contra Europa (2011) o La guerra civil española (coordinado junto a Paul Preston), Casanova lleva más de treinta años observando los acontecimientos del siglo XX. Y hasta finales, recalca, no percibió una verdadera voluntad de recuperar la memoria y la dignidad de los represaliados por el franquismo. “Hubo muchos documentales, asociaciones muy activas y hasta una Ley de Memoria Histórica, pero la crisis lo evaporó”.

Atribuye al Gobierno del PP buena parte de la responsabilidad al actuar  como un “obstáculo”cuando se ha reclamado la colaboración de la justicia española en una causa (la única) abierta por una jueza argentina para investigar los crímenes de la dictadura.

Felipe VI apoyó al imputado Javier López Madrid. ¿Estamos ante la primera crisis de imagen del nuevo rey?

No, creo que la imagen del rey no se ha visto deteriorada entre otras cosas porque hay un sector importante de la población que no castiga la corrupción. También por una cuestión histórica: si miramos hacia atrás, está clarísimo que el elogio de la Monarquía de Juan Carlos I iba en paralelo al desprecio por la experiencia republicana, incluso tratándola como fuente de todos los males que vinieron después. Esto contrastaba a menudo con la excelencia del reinado de Juan Carlos, y así también se proyectaba en las aulas.

La llegada de su hijo sirvió para limitar su primera crisis, provocada fundamentalmente por la cacería de elefantes en Botsuana. Ese dique de contención también estuvo formado por muchos medios de comunicación. Así que, hoy por hoy, no hay posibilidad ni escenarios para proponer la República como alternativa a la Monarquía.

¿Los nuevos partidos se han puesto de perfil en lo que se refiere a su postura sobre la institución?

Podemos se ha dado cuenta de que no podía tomar la República como signo de identidad, como sí ha hecho históricamente Izquierda Unida, porque eso les alejaba de un electorado amplio. Ya había precedentes sobre esto: pasó con el Partido Comunista durante la Transición, cuya popularidad se limitó, además de por la palabra comunista, por tomar la República como bandera. Podemos viene a decir que primero hay que cambiar lo importante y luego ya se verá, el típico accidentalismo de las formas de gobierno.

¿Hay esperanza de que con un cambio de Gobierno se relancen las políticas públicas para la recuperación de la memoria de las víctimas del franquismo?

Depende de qué cambio sea. Creo que un Gobierno del PSOE relanzaría de algún modo lo que ya empezaron y Podemos también. Habría que ver cuánto dinero hay a disposición para hacerlo, pero está claro que la voluntad sería mucho mayor, porque en estos años el PP no ha sido más que un obstáculo. Cuando huelen a franquismo se ponen colorados.

El PP tiene un cordón umbilical muy claro. No es un partido de derecha normal, sino que, con la figura de Manuel Fraga, evidencian que viene de una dictadura. Otras derechas europeas surgen después de la derrota de los fascismos en los años cuarenta y, en muchos casos, no tienen dudas sobre el pasado fascista. El PP, sin embargo, nunca ha colocado la violación de los derechos elementales como hilo conductor del franquismo. Siempre que sale el tema, nos dicen que no removamos el pasado y aluden a que todos mataron. Esto, además, no les quita votos, así que les preocupa poco.

¿Va a prosperar la causa argentina contra los crímenes franquistas?

Lo veo difícil. Como historiador, creo más en la compensación jurídica y moral que punitiva. Teniendo en cuenta la experiencia de otros países, es difícil que vayan a pillar y castigar a Martín Villa (uno de los imputados por la jueza Servini de Cubría en Argentina). Pero si todo esto sirve para abrir un proceso de información y verdad ya sería un triunfo. En cualquier caso, comprendo y empatizo con la necesidad de compensación de las familias de las víctimas.

¿Hemos avanzado como sociedad en devolver la dignidad a los represaliados y represaliadas?

Hay un momento a principios de este siglo en el que se produce el auge de documentales, asociaciones, leyes… Pero la crisis lo para todo. En la comisión de investigación fallida creada por Baltasar Garzón en la que participé como representante de las familias, la prioridad era exhumar los restos, darles dignidad. Esto es importante, pero no suficiente si no lo trasladamos a la educación.

En general no ha habido una gestión política y pública de la memoria del pasado. Creo que aún no tenemos muy claro qué hacer con los lugares de memoria de los vencedores. Las memorias puedes coexistir si sabemos explicarlas. La exaltación no cabe en esta democracia, eso es evidente, pero no significa que borremos todos los restos. No se trata de borrar, sino de no exaltar. A nadie se le ocurrió cargarse los campos de concentración, como a nadie se le ocurre visitarlos y explicarlos con una teoría negacionista del Holocausto. Y esto es justo lo que pasa en España, que muchos siguen mirando el Valle de los Caídos negando la represión del franquismo e ignorando la connivencia entre Iglesia y dictadura.

El día después del 26-J

27 junio, 2016

Vuelvo a escribir personalmente en mi blog tras la fecha histórica de ayer (primera vez que en la democracia española se repiten elecciones tras no haberse podido llegar a un acuerdo de gobierno entre las diversas fuerzas políticas). No voy a cambiar mucho mi tarea diaria de compartir noticias que considero relevantes, pero esta vez quiero hacerlo de una forma diferente. Para ello reproduciré un par de reflexiones surgidas tras el día de ayer que me han gustado. Por una parte, la del conocido historiador catedrático de Historia Contemporánea, Julián Casanova. Por otra parte, la de mi amigo Santi, compañero diario de penas y glorias. Por último, acabo con un vídeo esperanzador de José Luis Sampedro para todos los decepcionados, no sólo con los resultados sino también con la falta de autocrítica en los partidos de izquierda, seña fundamental en ellos.

Julián Casanova:

El día después.

1. No voy a examinar las posibles culpas de unos y otros, que eso no es un análisis y la gente en las redes se enciende cuando, en vez de análisis, sólo hay opiniones.

2. Ha ganado el PP, un partido que ha puesto las instituciones públicas al servicio de intereses particulares, que evita los mecanismos de control político por parte de poderes independientes, a los que maneja a su gusto, y que respira y se muestra feliz con la corrupción y la impunidad que le rodea.

3. Pero no es sólo un problema de una falta de alternativa. En España hay un amplio sector conservador, ultra conservador, que se consolidó después de 1996, que siempre reacciona en contra de cualquier cambio decisivo. Por supuesto, controla los medios de comunicación, ha puesto la educación en manos de tecnócratas -que han convencido a los jóvenes que es antes la profesión, ganar dinero, que la formación- y dirige el ocio en los grandes medios audiovisuales con programas basura, comedias machistas y series de reinvención de la historia.

4. La crítica global al sistema, al corrupto sistema político, al “regimen” de 1978, con el objetivo de conquistar el poder con los votos de quien sea, sin buscar caminos concretos y posibles, dan la apariencia de que detrás hay un gran cambio, pero el resultado suele ser cosmético.

5. Yo no me siento estupendo, el día después, el típico crítico que desprecia lo que han votado millones de personas, tan solo que no me identifico con ellos, no formo parte de su cultura política, del elogio de la riqueza y poder, de la España indecente, con corrupción y mala administración.

6. El 6 de abril de 2013 publiqué esto:

“Lo primero que hay que decir es que, desde arriba, hay muy poca voluntad de emprender el camino del cambio. Los políticos forman partidos de notables y clientelas, que repiten los mismos nombres y vicios adquiridos y solo movilizan a la opinión pública en tiempos de elecciones. Y desde abajo, pese a lo mucho que podemos gritar o escandalizarnos, y al tono de condena moral presente en muchas declaraciones, hemos aceptado con bastante conformidad, y hasta deferencia, la trama de intereses, corruptelas y negocios privados que, desde la política local al Parlamento, se ha tejido en varios lustros de bonanza económica. Por arriba y por abajo, el espacio para la acción política alternativa, de oposición, es ahora, como consecuencia también de años de inmovilismo y apatía, escaso, casi inexistente.

La derecha en el poder, amparada por una amplia red de medios de comunicación afines, va a mover pocas fichas, porque sabe que el problema lo tiene la izquierda, donde cunde el desaliento, fragmentada, sin liderazgo y a la que puede echar sobre sus espaldas el origen de la crisis, las expresiones de disidencia y la radicalización de la movilización social en la calle —desde el 15-M al escrache—. Y aunque esas acusaciones sean falsas, es indiscutible que la izquierda parlamentaria tiene hoy serios problemas para representar el descontento popular y plantar cara al acoso y derribo del Estado de bienestar”.

7. Y REPITO MI ARGUMENTO SOBRE EL CAMBIO: El cambio en España tiene que ir acompañado de una renovación cultural y educativa, de nuevas ideas sobre el mundo del trabajo y de una lucha por la democratización de las instituciones. Un movimiento político que reaccione frente a los excesos del poder, que persiga el establecimiento de un Estado laico, que recupere el compromiso de mantener los servicios sociales y la distribución de forma más equitativa de la riqueza. Esa nueva cultura cívica y participativa puede, y debe, alejarse del marco institucional monárquico y retomar la mejor tradición del ideal republicano. Hacer política sin oligarcas ni corruptos, recuperar el interés por la gestión de los recursos comunes y por los asuntos públicos. En eso consiste la república.

¿Quién proponía eso en estas elecciones? Reducir la política a la conquista del poder es comenzar la casa por el tejado.

Mi amigo Santi:

De los 36.518.100 personas con derecho a voto de este país, 7.903.928 ósea el 21,9% han demostrado con su voto que les da igual que una banda organizada de corruptos con más de 200 personas imputadas (por el momento) en sus filas les roben y se les rían en la cara. Esos que van de patriotas pero luego su dinero no lo es tanto porque se lo llevan a Suiza o Panamá… Y ya no hablemos de sus recortes en educación, sanidad, derechos laborales, I+D, dependencia, subida del IVA, ley mordaza, paro, desigualdad social, contratos precarios, desahucios, privatizaciones, ley del suelo, impuesto del sol, caja B, aforamientos, caso bankia, tramas gurtel y púnica, amnistía fiscal, tarjetas black, sobres, sobresueldos, Rato, Blesa, Barcenas, Granados, Camps, Barberá y un larguísimo etc… Así que enhorabuena y disfrutad de lo votado.

José Luis Sampedro, por favor, no os rindáis, mañana se abrirán las nuevas alamedas:

“No hay posibilidad ni escenarios para proponer la República”

14 junio, 2016

Fuente: http://www.eldiario.es

El catedrático de Historia Contemporánea Julián Casanova acusa al PP de actuar como un “obstáculo” en la recuperación de la memoria de los represaliados en la dictadura: “Cuando huelen a franquismo se ponen colorados”

“Podemos se ha dado cuenta de que no podía tomar la República como signo de identidad”

El historiador Julián Casanova.

El historiador Julián Casanova.

Casi dos años después del relevo en la Corona española, ¿hay lugar para un debate público sobre la Monarquía? El catedrático de Historia Contemporánea Julián Casanova (Teruel, 1956) sostiene que no. “Solo ha habido una crisis antes de la abdicación de Juan Carlos I y la llegada de su hijo la limitó”. La entrada de nuevos partidos, añade, tampoco ha relanzado la discusión porque “ninguno quiere tomar la República como signo de identidad por miedo a perder electorado”.

Autor de libros como Europa contra Europa (2011) o La guerra civil española (coordinado junto a Paul Preston), Casanova lleva más de treinta años observando los acontecimientos del siglo XX. Y hasta finales, recalca, no percibió una verdadera voluntad de recuperar la memoria y la dignidad de los represaliados por el franquismo. “Hubo muchos documentales, asociaciones muy activas y hasta una Ley de Memoria Histórica, pero la crisis lo evaporó”.

Atribuye al Gobierno del PP buena parte de la responsabilidad al actuar  como un “obstáculo”cuando se ha reclamado la colaboración de la justicia española en una causa (la única) abierta por una jueza argentina para investigar los crímenes de la dictadura.

Felipe VI apoyó al imputado Javier López Madrid. ¿Estamos ante la primera crisis de imagen del nuevo rey?

No, creo que la imagen del rey no se ha visto deteriorada entre otras cosas porque hay un sector importante de la población que no castiga la corrupción. También por una cuestión histórica: si miramos hacia atrás, está clarísimo que el elogio de la Monarquía de Juan Carlos I iba en paralelo al desprecio por la experiencia republicana, incluso tratándola como fuente de todos los males que vinieron después. Esto contrastaba a menudo con la excelencia del reinado de Juan Carlos, y así también se proyectaba en las aulas.

La llegada de su hijo sirvió para limitar su primera crisis, provocada fundamentalmente por la cacería de elefantes en Botsuana. Ese dique de contención también estuvo formado por muchos medios de comunicación. Así que, hoy por hoy, no hay posibilidad ni escenarios para proponer la República como alternativa a la Monarquía.

¿Los nuevos partidos se han puesto de perfil en lo que se refiere a su postura sobre la institución?

Podemos se ha dado cuenta de que no podía tomar la República como signo de identidad, como sí ha hecho históricamente Izquierda Unida, porque eso les alejaba de un electorado amplio. Ya había precedentes sobre esto: pasó con el Partido Comunista durante la Transición, cuya popularidad se limitó, además de por la palabra comunista, por tomar la República como bandera. Podemos viene a decir que primero hay que cambiar lo importante y luego ya se verá, el típico accidentalismo de las formas de gobierno.

¿Hay esperanza de que con un cambio de Gobierno se relancen las políticas públicas para la recuperación de la memoria de las víctimas del franquismo?

Depende de qué cambio sea. Creo que un Gobierno del PSOE relanzaría de algún modo lo que ya empezaron y Podemos también. Habría que ver cuánto dinero hay a disposición para hacerlo, pero está claro que la voluntad sería mucho mayor, porque en estos años el PP no ha sido más que un obstáculo. Cuando huelen a franquismo se ponen colorados.

El PP tiene un cordón umbilical muy claro. No es un partido de derecha normal, sino que, con la figura de Manuel Fraga, evidencian que viene de una dictadura. Otras derechas europeas surgen después de la derrota de los fascismos en los años cuarenta y, en muchos casos, no tienen dudas sobre el pasado fascista. El PP, sin embargo, nunca ha colocado la violación de los derechos elementales como hilo conductor del franquismo. Siempre que sale el tema, nos dicen que no removamos el pasado y aluden a que todos mataron. Esto, además, no les quita votos, así que les preocupa poco.

¿Va a prosperar la causa argentina contra los crímenes franquistas?

Lo veo difícil. Como historiador, creo más en la compensación jurídica y moral que punitiva. Teniendo en cuenta la experiencia de otros países, es difícil que vayan a pillar y castigar a Martín Villa (uno de los imputados por la jueza Servini de Cubría en Argentina). Pero si todo esto sirve para abrir un proceso de información y verdad ya sería un triunfo. En cualquier caso, comprendo y empatizo con la necesidad de compensación de las familias de las víctimas.

¿Hemos avanzado como sociedad en devolver la dignidad a los represaliados y represaliadas?

Hay un momento a principios de este siglo en el que se produce el auge de documentales, asociaciones, leyes… Pero la crisis lo para todo. En la comisión de investigación fallida creada por Baltasar Garzón en la que participé como representante de las familias, la prioridad era exhumar los restos, darles dignidad. Esto es importante, pero no suficiente si no lo trasladamos a la educación.

En general no ha habido una gestión política y pública de la memoria del pasado. Creo que aún no tenemos muy claro qué hacer con los lugares de memoria de los vencedores. Las memorias puedes coexistir si sabemos explicarlas. La exaltación no cabe en esta democracia, eso es evidente, pero no significa que borremos todos los restos. No se trata de borrar, sino de no exaltar. A nadie se le ocurrió cargarse los campos de concentración, como a nadie se le ocurre visitarlos y explicarlos con una teoría negacionista del Holocausto. Y esto es justo lo que pasa en España, que muchos siguen mirando el Valle de los Caídos negando la represión del franquismo e ignorando la connivencia entre Iglesia y dictadura.