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Vuelve la Inquisición

26 julio, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

“Confío en la Justicia y en las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero no en los responsables políticos de esas instituciones y, desde luego, tampoco confío en el fiscal general del Estado”. La frase es contundente, ¿no? Es de alguien que ha perdido la fe. Podría ser de cualquier ciudadano cabreado con la politización del sistema judicial o de un rojo peligroso que sufre la arbitrariedad del orden y la ley.

Pero no. La declaración es de Mariano Rajoy Brey. Año 2009. Rajoy estaba en la oposición y ya se sentía una víctima, porque al PP lo perseguía “la Inquisición”. Desde entonces, lleva el hombre huyendo de semejante tortura. No hay derecho a que sufra tan largo martirio.

Lo más duro de este prolongado sacrilegio es que ahora el PP gobierna, pero sigue clamando públicamente contra la persecución de “inquisidores” y “torquemadas”. ¿Nadie escucha sus plegarias? Y eso que “los responsables políticos” de “esas instituciones” ahora son ellos. Que alguien ponga fin a tanto tormento. Bienaventurados los perseguidos por corrupción, porque ellos heredarán el reino de los cielos.

Anótese que tanta congoja viene de atrás. Tenga en cuenta el lector, para valorar tan interminable sufrimiento, que cuando Mariano Rajoy interrumpió sus vacaciones en 2009, para revelarnos que “la Inquisición” le perseguía, unos miembros del PP habían aparecido esposados en las televisiones, detenidos por policías. Sin duda, eran agentes herederos de aquellas prácticas inquisitoriales, que actuaban contra inocentes acusados de llevarse unos milloncejos. Fue entonces cuando Rajoy dejó de sufrir en silencio.

Podía haber llamado al ‘Hablar por hablar’, pero optó por poner públicamente el grito en el cielo: “Son torquemadas. Hay una causa general contra el PP”. Y en esas estamos. La palabra de Mariano se ha extendido como los apóstoles propagan el Evangelio, pero nadie atiende sus lamentos. Ya no solo Rajoy, sino varios dirigentes de su partido denuncian que la “Inquisición” les sigue los pasos, pero nadie parece tener misericordia con ellos.

Cada vez los inquisidores parecen ser más y su última tortura es querer investigar en el Parlamento la Gürtel, la Púnica, Taula, Lezo y demás sacrificios de víctimas inocentes. Ya basta de tanto ensañamiento. Como el mal se propaga y la carne es débil, aumentan los que caen en la tentación de pensar que en España hay demasiados corruptos. Se están detectando episodios que indican que los preocupados por la corrupción suben 12 puntos en el barómetro del CIS.

Sin duda, “los chismes” están pervirtiendo al personal. Habría que neutralizar tal proliferación de la ignorancia. Que alguien ordene imprimir más estampitas. Que Mariano Rajoy sea aún más venerado como una víctima incomprendida. Si nadie lo impide, la última afrenta de los “adanes” del mal y del “tripartito de Inquisición” es querer investigar en el Congreso presuntas financiaciones ilegales, redes de donaciones irregulares, mordidas, adjudicaciones de contratos públicos, incompatibilidades, campañas electorales… Esto se nos va de las manos.

Siempre quedarán héroes, como el apostol Martínez-Maillo, que se afanan en exorcizar a la bestia amenazándola con “la relación de Podemos, Venezuela e Irán”. Amado lector, ¿y tú qué miras? Deja de leer y reza tres avemarías por los nuevos mártires de “la Inquisición”.

La señora de Urdangarín

22 julio, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

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A Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia habrá que llamarla a partir de ahora simplemente “señora de Urdangarin”. La sentencia del caso Nóos ha dado por bueno que la señora de Urdangarin no sabía nada de los delitos de su marido aunque es culpable de haberse beneficiado de ellos. Es decir, que es responsable de gastarse el dinero pero una irresponsable en cuanto a cómo conseguirlo. El fallo del tribunal convierte en jurisprudencia a la mujer florero, la señora de, la esposa de, y nos tememos que lo hace porque ella es la hija de y la hermana de.

Es una pena que tres juezas, tres mujeres, hayan aceptado la vieja idea de la mujer ingenua, ignorante e inocente que no se entera de los complejos negocios de su esposo porque eso es cosa de hombres y en casa no se habla de esos temas, sólo de la educación de los niños. Es lo que otras veces he llamado “infantalismo”, el presunto infantilismo del infantado, o sea, que la infanta se chupa el dedo. Chúpate esa.

Sabemos que tonta no es porque ha recibido la mejor formación y desempeña trabajos cualificados por los que gana un pico, así que la sentencia viene a decir que la señora de Urdangarin es como la esposa del mafioso, una Carmela Soprano, que no tiene un pelo de tonta y, justo por eso, para no meterse en problemas, no pregunta a su maridito sobre el origen del dinero. Ella sólo se lo gasta y echa un autógrafo en los contratos: señora de Urdangarin y a mí plin.

Tenemos que creernos que una mujer adulta, instruida y con empleo, asesorada por un secretario personal asignado por Zarzuela, desconocía a qué se dedicaba una sociedad de la que era copropietaria y de la que salía el dinero con el que pagaba gastos y reformas palaciegas. Tenemos que creernos que ella no sabía nada de la sociedad que el matrimonio creó después de que la Casa Real le dijese a su marido que dejara sus dudosos negociados. Habría que chuparse tanto el dedo como ella para creérselo.

Hemos visto demasiado para ser tan ingenuos. Hemos visto a un fiscal haciendo de abogado defensor de la señora de Urdangarin y anunciando este lunes que va a pedir prisión con fianza para él, con lo que no le veremos entrar en la cárcel. Hemos visto a la Hacienda española haciéndose la sueca con sus papeles y al presidente del Gobierno convencido de que le iba a ir bien. Y vaya que si le ha ido bien: como pagó más fianza que la multa, le ha salido a devolver. Le han aplicado el programa PADRE.

De su padre es la frase, la ley es igual para todos. Esta sentencia demuestra que no es igual para todos, ni para todas. La exculpación de la señora de Urdangarin, relega a la mujer al papel de jarrón decorativo, la devuelve a los tiempos en los que tenía que pedir permiso a su marido como si fuera su dueño. Es especialmente grave en una sociedad en la que, sólo este año, 10 mujeres han sido asesinadas por hombres que las matan porque creen que son suyas.

Mientras una manifestación multitudinaria se movilizaba este fin de semana contra la violencia machista y en apoyo de las mujeres que están haciendo huelga de hambre contra el feminicidio, el tribunal del caso Nóos eximía a dos mujeres de responsabilidad porque una de ellas es hija y hermana de. Para salvar a la monarquía, condenamos a las mujeres.

MARTES A LAS 10H EN WWW.CARNECRUDA.ES, LA ESPAÑA NEGRA, LA HERENCIA DE LOS ESCLAVOS NEGROS EN NUESTRO PAÍS

Recuerda que este programa es solo posible gracias a ti. 
Difúndelo y, si puedes, hazte Productor o Productora de #CarneCruda.

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Consecuencias inesperadas del caso Cassandra

3 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

La sentencia del Tribunal Supremo que revocó la absolución de Cesar Strawberry debería tener consecuencias procesales inesperadas para los delitos de enaltecimiento y humillación a víctimas del terrorismo.

Al no ser necesaria la intención especifica de cooperar con una banda armada, la Audiencia Nacional carecería de competencia para estos casos

Teniente Kaffee

02/04/2017 – 19:38h

Tuit de Cassandra en el que denunciaba la petición del fiscal
Tuit de Cassandra en el que denunciaba la petición del fiscal

Esta semana, se ha publicado la sentencia sobre un asunto al que ya le dediqué en su día un artículo: el de la usuaria de Twitter llamada Cassandra (@kira_95), juzgada por la Audiencia Nacional por un delito de enaltecimiento del terrorismo, en su modalidad de humillación a las víctimas.

Una vez que el público en general ha tenido acceso al texto íntegro de la sentencia, que todavía no es firme, hay muchas cuestiones que analizar y discutir, al margen de los hechos concretos del caso.

En primer lugar, se ha discutido en instancias políticas sobre la misma existencia del tipo penal de enaltecimiento del terrorismo, que se encuentra en el artículo 578 del Código Penal. En realidad, deberían preguntárselo a los integrantes del bipartidismo vigente en este país desde la Transición. Porque, aunque la redacción actual se introdujo en 2015, gobernando el PP, dicha reforma se limita a elevar las penas e introducir subtipos agravados, como el de difusión por Internet. Pero el núcleo del delito está vigente desde 2000, y sobrevivió a dos legislaturas de gobiernos socialistas sin que se modificara ni una coma.

¿Debe existir un tipo de enaltecimiento del terrorismo? En el momento en que apareció el tipo penal, rotundamente sí. No sólo era un momento en que la banda terrorista ETA estaba en plena actividad, es que el clima social en el que vivían las víctimas de sus crímenes era simplemente irrespirable.

¿Quieren un ejemplo? Salvador Ulayar, alcalde que fue del pueblo de Etxarri-Aranatz por la UCD. El 27 de enero de 1979, un pistolero de la banda lo mató a tiros. ¿Saben cómo reaccionó el consistorio, gobernado por una coalición nacionalista, cuando su asesino salió de prisión a finales de los años noventa? Nombrando al asesino hijo predilecto de la villa. Pero aún hay más. En el mismo lugar donde se segó aquella vida, la corporación municipal decidió colocar una señal inconfundible de su parecer sobre el crimen: un contenedor de basura.

Hoy en día, el terrorismo del Daesh tiene, como una de las columnas que sustentan su estrategia, la propaganda de sus acciones a través de Internet, con técnicas cinematográficas propias de películas palomiteras, al estilo Michael Bay y la factoría Bruckheimer. En muchos de sus vídeos, se recrean en las carnicerías que cometen sobre sus víctimas, como quemarlas vivas o degollarlas. Difundir ese material es completamente nocivo para la sociedad, porque ayuda a estos criminales a conseguir sus fines. Ahí cabe la aplicación de este delito en la actualidad.

La cuestión es, como siempre he defendido en este rincón, que se trata de un tipo penal que hay que manejar con un cuidado exquisito, porque la línea que separa los actos punibles de las simples expresiones de mal gusto es muy delgada. Para evitar cruzarla, el Derecho Penal tiene que ser un escalpelo, no un martillo pilón.

¿Disponemos de una guía los profesionales del Derecho, que nos permita operar con la necesaria precisión? Podría serlo la reciente resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, para proponer una directiva comunitaria de lucha contra el terrorismo que sustituya a la actual Decisión Marco, de 2005. Es tan esclarecedora, que no me puedo resistir a transcribirles algunos párrafos (las negritas son mías):

Considerando nº 10: Los delitos de provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo comprenden, entre otros, la apología y la justificación del terrorismo o la difusión de mensajes o imágenes, ya sea en línea o no, entre ellas las relacionadas con las víctimas del terrorismo, con objeto de obtener apoyo para causas terroristas o de intimidar gravemente a la población. Esta conducta debe tipificarse cuando conlleve el riesgo de que puedan cometerse actos terroristas. En cada caso concreto, al examinar si se ha materializado ese riesgo se deben tener en cuenta las circunstancias específicas del caso, como el autor y el destinatario del mensaje, así como el contexto en el que se haya cometido el acto.

Considerando nº 40: La expresión pública de opiniones radicales, polémicas o controvertidas sobre cuestiones políticas delicadas queda fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva y, en especial, de la definición de provocación pública a la comisión de delitos de terrorismo.

En fin, tendrá que ser el Tribunal Supremo el que dilucide si la sentencia de la Audiencia Nacional sigue estos criterios que Europa nos impone, o si seguimos a nuestro aire, y esperamos a que algún tribunal internacional nos pegue un revolcón que nos deje con las vergüenzas al aire, como ya sucedió con el asunto de la llamada “doctrina Parot”.

Y esta es otra cuestión que me saca de mis casillas. En principio, dada la entidad de la pena de prisión solicitada, el caso de Cassandra y otros similares deberían haber ido a un juzgado de lo penal, en el que hubiera cabido recurso de apelación contra la sentencia. Sin embargo, la elevada pena de inhabilitación que contempla el 579 bis nos aboca necesariamente a un juicio de audiencia, ante tribunal colegiado de tres magistrados, y sin más recurso que el de casación.

La diferencia entre la apelación y la casación es que la primera permite que el tribunal que conoce el recurso vuelva a examinar los hechos, al considerarse una segunda instancia plena, cosa que no sucede cuando es el Supremo el que interviene. Por esta razón, a España ya le han obligado hace años a crear una sala de apelaciones contra las sentencias dictadas por tribunales colegiados, ya que lo contrario vulnera los derechos humanos.

Está previsto en la ley desde 2003, tanto para la Audiencia Nacional (que tendrá su propia sala de apelaciones), como para los Tribunales Superiores de Justicia, que conocerán de las apelaciones contra sentencias dictadas por audiencias provinciales. Sin embargo, no busquen tal órgano judicial en su palacio de justicia más cercano: no existe. Nunca se ha presupuestado dinero para ello, ni se han creado las plazas, ni se han designado magistrados que las ocupen. Parece ser que en breve se va a dotar de medios para ello. Que las sentencias de Gürtel y otras tramas corruptas estén a punto de salir debe de ser pura casualidad, como apuntaba certeramente Elisa Beni hace poco.

Por ir terminando, al hilo de este juicio se ha llegado a plantear, una vez más, la necesidad de la subsistencia de un tribunal como la Audiencia Nacional, a la vista de que la actividad de ETA prácticamente ha desaparecido. Sin ir más lejos, la citada Elisa Beni planteó la cuestión ayer mismo en este diario.

En realidad, al margen de que hay otras salas en la AN, como la de lo contencioso, o la de lo social, que son indispensables para el funcionamiento de sus respectivos organigramas judiciales, hay que examinar detalladamente el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial antes de sacar conclusiones apresuradas.

Las competencias en materia penal que contempla dicho artículo, como los delitos cometidos por bandas organizadas, incluyendo los de tráfico de drogas y los fraudes que afecten a varias provincias, o los delitos cometidos en el extranjero, sólo pueden ser afrontados por un órgano de jurisdicción nacional. En realidad, en dicho artículo no se habla por ningún lado de competencias en materia de terrorismo. ¿Y de dónde viene tal atribución a la Audiencia Nacional? De la Disposición Transitoria de la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que al margen de las competencias que ya tiene, le encarga, literalmente, de:

“[…] delitos cometidos por personas integradas en bandas armadas o relacionadas con elementos terroristas o rebeldes cuando la comisión del delito contribuya a su actividad, y por quienes de cualquier modo cooperen o colaboren con la actuación de aquellos grupos o individuos.”

¿Ven ustedes a Cassandra incluida en alguna de esas categorías? Ni de broma, con perdón de la expresión. Sin embargo, hasta hace bien poco, podía considerarse que la actitud de los que enaltecen el terrorismo o humillan a las víctimas del mismo, de alguna manera, entra en el cajón de sastre que supone ese “de cualquier modo cooperen o colaboren”, pues no se requiere pertenencia a la banda. Así se vio, exclusivamente en términos de competencia, por ejemplo, con la sentencia que ratificó la condena a Mikel Otegi por el asesinato de dos ertzainas en 1997, época en la que aún no estaba integrado en ETA.

Todo eso valía hasta la sentencia Strawberry, claro está. Ese día, el Tribunal Supremo dejó bien claro, negro sobre blanco, y para pasmo de muchos, yo mismo incluido, que no es precisa una intención de colaborar con los fines de una banda terrorista para incurrir en el delito de enaltecimiento/humillación del 578.

Ese pronunciamiento jurisprudencial, en mi humilde opinión, tiene un doble filo mucho más afilado que el de condenar a un rapero que había sido previamente absuelto. Si nos atenemos a la lógica interna de esa sentencia, y sobre todo, si hay alguna que lo confirma en el futuro, la Audiencia Nacional dejará de conocer procedimientos en materia de delitos de enaltecimiento y humillación a través de redes sociales. Recuerden, sus competencias se extienden a miembros de organizaciones terroristas o quienes cooperen de alguna manera con ellos, y el Supremo acaba de decir que no hace falta ninguna intención de cooperar en Twitter. Uno es dueño de sus silencios, pero esclavo de sus palabras.

“No creo que sea un problema de cuatro manzanas podridas, lo que está podrido es el cesto”

13 marzo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

“Que el tribunal que debe juzgar casos de una enorme relevancia dedique un porcentaje tan importante de su tiempo a perseguir tuiteros o chistes más o menos desafortunados, dice bastante del retroceso de libertades que estamos viviendo”, asegura el exportavoz de Jueces para la democracia.

Joaquim Bosch, de Jueces por la Democracia.

Joaquim Bosch, de Jueces por la Democracia. JESÚS CÍSCAR

“En nuestro país no dimite ni un rector por plagiar ni un cura por abusar ni un político por robar. No hay una cultura de la ética vinculada a que un cargo público se tiene que desempeñar de manera ejemplar. Esto daña la credibilidad de las instituciones”.

Ramón Lobo. 3 de marzo de 2017.

Joaquim Bosch (Cullera, 1965) ha sido hasta hace unos meses portavoz de Jueces para la Democracia, la organización que reúne a los magistrados progresistas. Rechazó ir en las listas de Podemos en las elecciones generales y declinó la oferta de Ximo Puig, actual presidente de la Generalitat valenciana, de ser consejero de Justicia. La entrevista se desarrolla en Valencia, en uno de los centros culturales tradicionales que han sobrevivido a la uniformización de marcas, tiendas, gustos e ideas. Han sido días de grandes alarmas: la sentencia del caso Noós, los cambios de fiscales clave y el escándalo en Murcia con la presunta corrupción de su presidente.

¿Ha tenido la infanta Cristina un trato de favor?

El proceso contra la infanta ha tenido todo tipo de singularidades. La Fiscalía se ha apartado de sus actuaciones habituales: ha recurrido la mera imputación a bombo y platillo, ha descalificado groseramente al juez instructor y ha sobreactuado en la defensa de la imputada, para ir incluso más lejos que sus propios abogados. La sentencia absolutoria tiene aspectos jurídicos discutibles, aunque no es un trato de favor. Es más bien una apuesta por una interpretación sobre autoría y cooperación en los delitos fiscales. Pero había argumentos jurídicos también para condenar a la infanta, como lo demuestran los autos del juez José Castro y de otra sección de la Audiencia de Palma.

¿Es normal que haya tenido tantos defensores: su abogado, el fiscal Pedro Horrach, la Abogacía del Estado, Hacienda?

No es normal. Jamás he visto en un juzgado a una persona imputada con semejante despliegue a su favor de instituciones públicas para exonerarle de cualquier culpa.

¿Es normal que Iñaki Urdangarin pueda seguir en Suiza sin fianza mientras que su socio, Diego Torres, se queda en España y sin pasaporte?

Creo que Urdangarin debe entrar en prisión y que, incluso, merece una pena más elevada, pero han de seguirse las reglas de nuestro Estado de Derecho. Nuestras leyes indican con razón que, hasta que la sentencia condenatoria no sea firme, la regla general ha de ser la libertad. Hay que esperar a que hable el Tribunal Supremo. Si confirma la sentencia, Urdangarin habrá de ir a la cárcel. Puede haber matices sobre cómo se ha acordado la libertad provisional. Se le podría haber retirado el pasaporte. Pero la decisión de no aplicar la prisión provisional hasta el final del procedimiento es correcta desde el punto de vista jurídico. Lo digo desde el respeto hacia una ciudadanía comprensiblemente indignada hacia la corrupción.

Los fiscales progresistas están pie de guerra con el ministro de Justicia por su reunión con el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, imputado por casos de corrupción. Además, el fiscal del caso, ya destituido, se ha quejado de presiones.

Me merecen absoluta credibilidad estas quejas sobre presiones. He escuchado comentarios similares de otros fiscales que luchan contra la corrupción. Es intolerable que a menudo reciban más presiones que los propios corruptos. Hay que cambiar la configuración de la Fiscalía para que su cúpula no esté tan vinculada al poder político.

Parece que hay más dureza con un rapero que con un corrupto.

Nuestras leyes penales son muy duras con conductas vinculadas a la libertad de expresión, así como con la criminalización de la pobreza. Pero son extremadamente suaves con la delincuencia política y financiera.

Deberían crear una sala específica en la Audiencia Nacional que juzgue lo que se dice en Twitter. Parece que se dedica más a esta red social que a la corrupción; un tercio de sus casos, según le escuché en una entrevista en la Sexta.

Son los datos oficiales de la Audiencia Nacional. Los que nos pasan los magistrados.

Dice mucho del clima de libertad de expresión en España.

Estamos en una etapa de recortes de libertades, de retroceso en materia de libertad de expresión. En los primeros años de la democracia, con todas las críticas que podamos hacer a la Transición, había una sociedad más plural en la que se aceptaban posiciones discrepantes, aunque fueran minoritarias o marginales. Ahora se condenan discursos con poca capacidad para generar problemas al sistema político. Cuando ETA cometía asesinatos, llegaban a la Audiencia Nacional unos tres casos al año por enaltecimiento del terrorismo. Ahora, que hace años que ETA ha dejado de matar, llegan más de 30.

La Audiencia es un tribunal especial para delitos que no se juzgan en su territorio ordinario. Se crea por razones especiales contra el terrorismo, las grandes bandas de narcotráfico y otros delitos. Que el tribunal mejor dotado de instrumentos, el que debe juzgar casos de una enorme relevancia, dedique un porcentaje tan importante a perseguir tuiteros, expresiones de mal gusto o chistes más o menos desafortunados, dice bastante del tiempo de retroceso de libertades que estamos viviendo. En un Estado de Derecho, en una democracia avanzada, nunca está justificado castigar opiniones. Solo está justificado cuando son incitaciones directas y claras a cometer actos violentos.

Esto no sucede en otros países.

Esto es propio de España. Entiendo que está condicionado por lo que hemos vivido con el terrorismo de ETA. Lo que no tiene sentido es que los agentes de Policía que antes se dedicaban a perseguir terroristas, se dediquen ahora a perseguir descerebrados en la redes sociales. Es desproporcionado. Los pocos casos que se condenaban antes eran de incitación a cometer delitos: aplausos tras atentados terroristas, muestras claras de simpatía y apoyo a terroristas de ETA. Eran formas de incitación al odio o directamente al atentado. Es la única limitación que puede aplicar. Castigar las opiniones, aunque sean desafortunadas, groseras o desagradables, aunque sean expresiones de antipatía difíciles de aceptar, nos lleva en última instancia a preguntarnos quién lo va a prohibir y con qué criterios.

En el caso del concejal Guillermo Zapata, el juez nunca vio delito, pero la Fiscalía y dos jueces de la Audiencia que no esconden su simpatía por el PP, presionaron una y otra vez. Está el caso de César Strawberry, cantante de Def con Dos, a quien al final han conseguido condenar. Y la estudiante a la que se persigue por unos tuits sobre Carrero Blanco. Hasta a su nieta le parece una barbaridad. Cuando le mataron en diciembre de 1974, iba con unos amigos en un taxi; contamos varios chistes mejores que los de los tuits, que si iban a renombrar a la iglesia como La Milagrosa o La Ascensión. El taxista paró y dijo: “¿Y si ahora os llevo a la Dirección General de Seguridad?”. Era una dictadura, Franco estaba vivo. Fue hace más 40 años.

Esas discrepancias entre la nieta de Carrero Blanco y algunos jueces, algunos fiscales o determinados cargos de la Policía, nos muestra cuáles son los riesgos de castigar cualquier forma de expresión, a no ser que sea una incitación directa a la violencia. Me parece claro que estas ocurrencias, estos tuits, estos chistes o estas bromas no incitan a la violencia. Son más bien formas de expresión que molestan, de eso no hay ninguna duda. Dejar el castigo en manos de jueces, fiscales o policías nos lleva a un terreno de la absoluta inseguridad jurídica, a que se acabe castigando la libertad de expresión en una sociedad democrática con criterios ideológicos o morales que no tienen por qué ser compartidos.

Solo se castigan un tipo de tuits. Hay otros que piden tirotear a Pablo Iglesias o a Rita Maestre y no se persiguen con el mismo entusiasmo.

No se persiguen porque el poder político es quien controla la Policía y en parte también a determinados cargos de la Fiscalía. Esto permite castigar la libertad de expresión, hacer un uso arbitrario y abusivo de las persecuciones, pero también un uso político. Un caso de libro fue la prisión provisional de los titiriteros.

Ni siquiera entendieron el significado de la obra.

Pero siguió una dinámica. Se practica una detención, se les pone a disposición de la Audiencia Nacional y el ministro del Interior celebra una rueda de prensa en la que dice que se ha cogido a unos peligrosísimos terroristas que serán castigados como se merecen. Esto refuerza un discurso de orden público de un poder político que tiene unas concepciones muy determinadas y que cree reforzar con estas muestras de mano dura. Pero se hace a costa de unos recortes de libertades que son realmente peligrosos.

Hay que partir de una premisa: el precio de la libertad de expresión es tener que soportar determinada basura, porque la libertad de expresión es muy importante en una sociedad democrática. La alternativa es la que estamos viendo, que vayan los titiriteros a la cárcel, que se limite la libertad de expresión por contar chistes. Es evidente que los chistes de Carrero Blanco, cuando tú los contabas o cualquier otro que los ha contado, no pretenden apoyar una banda terrorista. Lo que se pretende es hacer una broma de un cargo de la dictadura, sobre un régimen dictatorial que ni siquiera fue perseguida en el franquismo. En la Transición, Tip y Coll editaron libros con estos chistes. Ahora, en un contexto de retroceso de libertades, se pretende castigar de manera arbitraria formas de expresión.

Casos así en el Reino Unido podrían llegar, como mucho, a una multa.

Digamos que el cambio de concepción respecto a los pactos sociales y políticos de la Transición, cuando atentaba ETA, es que en cuestiones relacionadas con la libertad de expresión no había esta limitación tan fuerte de derechos. En Reino Unido o EEUU -o en España hasta no hace tanto- se pueden perseguir estas cosas perfectamente. Digamos que el ordenamiento jurídico tiene reacciones. Lo grave es que se sea el Estado, a través de instrumentos policiales y penales, el que disuada e impida que la gente pueda decir lo que piensa.

La reacción proporcionada a actuaciones que pueden ser desagradables y molestas debe ser el rechazo de la sociedad. Una reacción proporcionada en el ámbito jurídico se puede dar a través de medidas de tipo civil de reparación del honor. La injuria se resuelve en una acción penal privada que tiene consecuencias fundamentalmente de tipo económico. No es lo mismo que se resuelvan estos problemas entre particulares a que sea el Estado, a través de su maquinaria penal y represiva, el que disuada del ejercicio de estas opiniones. Esa es la diferencia.

En EEUU está penado el uso torticero de la Justicia, su bloqueo, las denuncias falsas, el recurso a un juez para que juzgue otro más afín.

Su sistema jurídico es mucho más duro contra la temeridad y la instrumentalización de la Justicia. En nuestro país se están planteando reflexiones, incluso desde el Consejo General de la Abogacía, sobre cómo se podría regular la temeridad en el uso de nuestro sistema judicial. Si me permites un apunte, creo que no son hechos aislados. No es que al Gobierno se le haya ocurrido de repente utilizar el terrorismo de esta manera para legitimar su discurso político, sino que forma parte de un contexto general de castigo de la protesta motivada por el descontento ciudadano por las medidas económicas. Por eso se ha optado medidas disuasorias, como la Ley de Seguridad Ciudadana.

Conocida como  ‘Ley Mordaza’.

Pero también está el Código Penal que se ha reformado por completo en materia de orden público. Esto nos muestra la poca estima que tiene el poder político por nuestro sistema de derechos fundamentales, en especial los relacionados con la opinión. Deberíamos estar de acuerdo todos en que la pluralidad social es inherente a una democracia, que es bueno la gente se exprese libremente y se manifieste. Esto no es malo para una democracia. Lo malo sería que la gente no opinara y no se manifestara. Cuando surgen innovaciones tecnológicas que facilitan estos derechos, lo que tiene que hacer el Estado es favorecer que puedan ejercerse. Si hoy es más fácil expresarse y manifestarse gracias a la tecnología y a las redes sociales, la reacción del legislador tendría que ser articular mecanismos para hacer concordar la realidad de las nuevas tecnologías con los derechos. Pero hace lo contrario. En lugar de facilitar con normas la expresión de cualquier tipo de opinión, sea en el sentido que sea porque es buena para la democracia, lo que se hace es castigarla. La Constitución dice que el derecho de manifestación no se puede autorizar. El Gobierno no autoriza una manifestación, se le tiene que comunicar para que la pueda facilitar. Aquí sucede lo mismo. Si las redes sociales facilitan que la gente pueda expresarse y manifestarse, lo que hay que hacer es articular mecanismos para que sea posible, no castigarlos con penas económicas desorbitadas.

Esto contrasta con otras actitudes. Cuando gana un equipo de fútbol, la gente toma las calles, o cuando hay una fiesta popular se invaden las plazas y a nadie se le ocurre castigarlo. ¿Por qué? Porque la idea es que expresarse y manifestarse es malo, lo otro no molesta al poder político. Hay un cambio importante. Hasta ahora se partía de unas concepciones difusas de sociedad abierta, plural, pero volvemos a concepciones propias del régimen anterior. Hay un artículo curioso de la Ley de Orden Público del Franquismo de 1959, que es el antecedente claro de la Ley de Seguridad Ciudadana. No era una ley penal, para eso estaban otras leyes, sino de sanciones, de multas administrativas. El gobernador civil podía castigar una serie de conductas que se concretaban en el artículo 2 de la ley. Decía que serán castigados con estas multas quienes atentaran contra la unidad espiritual, nacional y política de España. Volvemos un poco a eso: cualquier protesta es una protesta contra el régimen, contra el sistema, debe ser acallada en lugar de facilitar que pueda expresarse.

Joaquim Bosch, de Jueces por la Democracia.
Joaquim Bosch, de Jueces por la Democracia. JESÚS CÍSCAR

Lo que daña el prestigio de la Justicia es la celeridad con la que se mete a los titiriteros en la cárcel mientras que los corruptos siguen en la calle, en libertad de manejar el dinero robado. No parece que haya un entusiasmo perseguidor de la corrupción.

Estamos tan saturados de corrupción que los informes policiales y las sentencias parecen novelas de costumbres. La corrupción está instalada en el sistema. Se ha convertido en sistémica porque el poder político no ha tenido voluntad de acabar con ella. Si leemos la sentencia del caso Roldán, por hechos de hace casi 30 años, y leemos la sentencia caso Fitur, relacionada con la Gürtel, es evidente que la dinámica es la misma: amañar contratos, burlar cualquier control y el reparto de los beneficios entre unos y otros. Esto se sabe desde hace tiempo, pero no se ha querido solucionar, ni siquiera agilizar los procedimientos judiciales. ¿Cómo puede ser que unas cosas sean tan rápidas y las otras se puedan ralentizar? Pues porque la ley permite que los procedimientos por corrupción se puedan…

…dilatar hasta que prescriban. Hay delitos, como la malversación o robo de un euro público que no debería prescribir nunca porque son atentados contra la comunidad.

No es exactamente que los procedimientos prescriban porque se han dilatado. La prescripción se interrumpe cuando hay un procedimiento en marcha. Es decir, no influye en la prescripción que un proceso sea muy largo. Mientras se está tramitando, el plazo de prescripción se detiene. El problema para la prescripción en el ámbito de la corrupción es que a veces se tarda mucho en conocer los hechos, en determinar los culpables y en iniciarse un proceso, porque son hechos ocultos. Y, cuando se inician las investigaciones, el delito ya ha prescrito, porque los plazos son cortos. A la vez, no tengo claro que los delitos no deban prescribir, aunque es cierto que se deberían ampliar esos plazos. En materia de prescripción no se han adecuado las normas para que haya una mayor proporción entre la gravedad del delito, y las dificultades para investigarlo, y el resultado final. ¿Por qué el poder político no ha tenido voluntad de acabar con esto? Porque la corrupción ha sido funcional para los aparatos de los principales partidos políticos que han gobernado: ha reforzado sus cúpulas a través de una burocracia de cargos. Eso se ha financiado, como se ha visto en muchos procedimientos judiciales, a través de los ingresos por corrupción. Ha enriquecido a muchos políticos y a muchas empresas, que les ha permitido adjudicaciones directas sin competencia.

No creo que todos los políticos de este país sean corruptos, ni tampoco la mitad. Creo que la mayoría son honestos. Basta que haya una minoría bien situada en cargos clave para que contamine todo el sistema. No creo que sea un problema de cuatro manzanas podridas, lo que está podrido es el cesto. Tenemos un sistema institucional que potencia y favorece la corrupción.

Ha sido increíble la resistencia del Parlamento a investigar el rescate bancario. Debería ser una investigación a lo anglosajona, no solo para señalar a los culpables, sino para saber qué ha fallado y qué medidas se deben tomar para que no vuelva a suceder. No es normal que un banco pueda echarte de tu casa por unos impagos, y te quedas sin casa pero con deuda, y un banco reciba miles de millones a cargo de nuestra Sanidad, Educación y pensiones, sin tener que devolverlos. Debería hacerlo y con intereses. Hay sensación de manga ancha en un sistema donde la separación de poderes no es real. El poder ejecutivo controla el legislativo y el judicial. Si la hubo en la Transición, se ha ido perdiendo.

Me planteas dos cosas y me gustaría contestar a las dos porque ambas son importantes. Me consta que los magistrados del Tribunal de Justicia de la UE empiezan a desesperarse de los privilegios y tratos de favor que tienen las entidades bancarias españolas por parte del poder político. Es evidente que hay amistades peligrosas que explican que hayan tenido un trato tan generoso en unas cláusulas abusivas que cada vez que llegan al tribunal europeo son anuladas de manera sistemática. Las leyes españolas favorecen a los bancos frente a  los ciudadanos, normas que siguen estando en vigor y que en gran parte han tenido que ser anuladas por los jueces de la UE. Pero hay que decir que han sido anuladas porque ha habido jueces españoles que han acudido al tribunal europeo porque algunas instancias españolas, como el Tribunal Constitucional, no han estado a veces a la altura de las circunstancias.

Y luego está el asunto de los bancos que han actuado de una manera desregulada, sin ningún tipo de control. Es sencillo controlar a las entidades bancarias. Son pocas y repiten de manera casi sistemática sus cláusulas abusivas en todo tipo de contratos. Se pueden controlar si hay voluntad de hacerlo. No se hizo nada a pesar del conocimiento de la existencia de una cláusulas abusivas que les han permitido ingresar muchísimo dinero. En las cláusulas suelo estamos hablando de 5.000 millones de euros.

“Me consta que los magistrados del Tribunal de Justicia de la UE empiezan a desesperarse de los privilegios y tratos de favor que tienen las entidades bancarias españolas por parte del poder político. Es evidente que hay amistades peligrosas que explican que hayan tenido un trato tan generoso en unas cláusulas abusivas”

Menos mal que tenemos a la UE.

Sí, sí.

Tras la sentencia europea de las cláusulas suelo, el Gobierno estaba más preocupado en no dejar mal al Tribunal Supremo que en aplicarla. El Banco de España dijo que esto podía afectar al sistema financiero. Lo que afecta al sistema financiero es que el Banco de España no haga su trabajo.

Claro, porque el Banco de España ni ha controlado ni ha aceptado ningún control sobre las entidades bancarias que se estaban hundiendo ni sobre las actuaciones abusivas. En el proceso de las cláusulas suelo, el Gobierno español podía elegir, a través de la Abogacía General del Estado, ponerse del lado de los bancos o de los consumidores, los ciudadanos. Defendió la tesis de las entidades bancarias. Las instituciones europeas, que tenían un interés más lejano, defendieron a los consumidores, no los bancos. Que sea Europa la que defienda los intereses ciudadanos y no sea el Gobierno español pone al descubierto el problema de las complicidades y las amistades peligrosas.

Cuando la gente dice que no sabe para qué sirve la Unión Europea, se les puede decir que sirve para esto.

Sí, efectivamente. El Tribunal de Justicia de la UE sirve de elemento igualador en nuestra protección como consumidores frente a grandes empresas y bancos.

¿Se podrán revertir los desahucios que ya se han producido?

El problema de las cláusulas suelo es si son nulas desde el principio. La discrepancia entre el Supremo y el tribunal europeo, y muchos jueces españoles que apoyábamos lo que ha decidido finalmente el tribunal europeo, se centra en esto. El Supremo dijo que solo era nulo el cobro de la cláusula suelo desde el 2013, cuando dictó la sentencia. Pero hay una regla importante en Derecho: lo que es nulo es nulo desde el principio, desde que opera la nulidad. Siguiendo ese hilo argumental, si se tiene que devolver el dinero desde el principio porque es nulo, también pudieran ser nulas todas las actuaciones que se han aplicado haciendo operativa esa cláusula. Ahí se plantea una contradicción entre la cosa juzgada, la nulidad y los derechos de los afectados.

¿Y quién resuelve al final?

Lo resolverán los tribunales por diversas vías. Me consta que hay afectados que están planteándose reclamar al Estado por funcionamiento anormal de la Administración, por haber actuado los tribunales de manera inadecuada en función de lo dicho por el tribunal europeo. Hay otros que se están planteando reclamar la nulidad para que les devuelvan sus viviendas. Muchas de estas viviendas se han vendido a terceros de buena fe que han inscrito registralmente su derecho. Es un tema complejo que va a provocar muchos debates jurídicos.

Por regresar a la politización de la Justicia. Da envidia la Corte de Apelaciones de San Francisco: cuatro jueces, dos nombrados por presidentes republicanos y dos por demócratas,  votaron por mantener la suspensión de la llamada ley anti musulmana de Donald Trump. Solo la Justicia se atreve a poner límites al presidente.

Hay que distinguir cuando hablamos de politización de la Justicia. Hay dos niveles. Los jueces de base que no han sido nombrados por políticos, sino que han accedido a través de una oposición o un concurso y no deben su cargo a nadie, y las cúpulas. La sociedad puede estar tranquila en cuanto a la independencia e imparcialidad de los jueces de base. Esto se ha demostrado especialmente en los últimos años. Si hay cerca de 2.000 imputados por corrupción en España es porque hay cerca de 2.000 jueces que con pocos medios y muchas presiones han seguido sacar los sumarios adelante. Con problemas, con lentitud, pero van llegando los juicios y empiezan a dictarse las sentencias. Esto no pasa por arriba. Lo de arriba es muy importante porque al final los asuntos se pueden recurrir y llegan a las cúpulas.

Mi impresión es que el diseño de los espacios de vigilancia y de control institucional, los espacios que son la garantía de la separación de poderes están muy mal diseñados en nuestro país. El poder político se ha encargado de tenerlos bajo control, incluso en cosas que pueden parecer poco relevantes. El actual Defensor del Pueblo es militante destacado del PP; el anterior, era militante destacado del PSOE. No cuestiono sus trayectorias personales pero, hombre, ¿no hay en España personas independientes que puedan ocupar un cargo esencial en la ayuda al ciudadano cuando no funcionan las instituciones? La Fiscalía General del Estado es, a través de un mecanismo que todos sabemos, una correa de transmisión del poder político. El Tribunal Constitucional cubre desde siempre por cuotas entre el poder político. El Consejo General del Poder Judicial, también, y es fundamentalmente porque tiene la posibilidad de premiar y castigar, es decir, el juez que hace algo que no gusta puede ser sancionado; el juez obediente con las consignas políticas sabe que es posible que sea promocionado.

Tenemos un Tribunal Constitucional que está decidiendo por unanimidad en los asuntos relacionados con Cataluña. Eso estaría bien si no tuviera su prestigio tan dañado. De alguna forma parece un tribunal político. En un momento en el que se está dilucidando un asunto tan grave no hay una Justicia independiente. En EEUU, el Supremo, que ejerce de tribunal constitucional, interviene en muchos asuntos ya que la política está muy judicializada. Ahora son cuatro conservadores y cuatro progresistas en espera de la aprobación del elegido por Trump para ocupar el puesto del fallecido Scalia. En la sentencia que legalizó el matrimonio homosexual uno de los jueces conservadores votó a favor. Eso da un prestigio a la institución. Cuando llegan los casos relevantes, ese prestigio es fundamental. Y el Tribunal Constitucional español no lo tiene.

No tiene ese prestigio ni siquiera entre los juristas. La diferencia entre países como EEUU, en los que los políticos intervienen, y uno como España es que allá está fuera de discusión que los juristas que llegan a los altos tribunales, más allá de sus convicciones ideológicas tienen que ser juristas de mérito, y los juristas de mérito en líneas generales no se dejan manejar. Pueden tener sus concepciones ideológicas, todo el mundo en la Justicia tiene su ideología, eso es evidente, y en la Justicia española también, pero el problema es que al Constitucional español han llegado juristas sin la menor relevancia ni solvencia profesional. Han llegado ahí en muchos casos por su afinidad o su obediencia a un partido político. Y eso es lo que es inaceptable. Hemos visto casos que dañan la imparcialidad y la credibilidad del tribunal. Por ejemplo, el actual presidente, Francisco Pérez de los Cobos, entró con el carné de militante del PP. Una cosa es que uno tenga ideología y otra que sea militante de un partido.

El Constitucional alemán ha cerrado la vía a un referéndum en Baviera, y se acaba la discusión. Aquí no, porque aquí existe una doble utilización política. Unos utilizan Cataluña para tapar cosas y otros, como todo lo que rodea al juicio del 9N, para tapar la corrupción que también afecta a Cataluña. Lo que se busca es la cortina de humo permanente.

Mi impresión es que unos y otros, Gobierno central y Gobierno catalán, han creído que el conflicto les beneficiaba electoralmente y, tal vez, en parte tienen razón. La cuestión es si ese beneficio electoral está legitimado cuando genera conflictos sociales y cuando las cosas pueden tener soluciones.

En países avanzados democráticamente, como Canadá respecto a Quebec o el Reino Unido respecto a Escocia, se han celebrado referéndums, pero se han celebrado con unas reglas claras, con unos consensos muy amplios que permiten el ejercicio de los derechos. No me perturba el derecho a decidir, siempre y cuando existan esas condiciones de pacto entre las instituciones y unas reglas comprensibles para todo el mundo. Hay que ser respetuoso con el hecho de que hay millones de catalanes que no se sienten a gusto en España.

Eso está claro.

Es un dato objetivo, no se lo inventa nadie. El problema es que los protagonistas no han mostrado voluntad de explorar soluciones para que la gente esté satisfecha, que vayamos a estructuras más federales o que determinadas reivindicaciones en el ámbito de las competencias sean satisfechas.

También existen millones de españoles que no están contentos en España.

Ya, y no tienen la posibilidad de independizarse. Por eso digo que la solución para esos miles de españoles y para esos millones de catalanes es ver cuáles son sus preocupaciones y buscar soluciones. Pero aquí, en lugar de buscar soluciones, se va a choques de trenes. Está claro a quiénes han beneficiado hasta ahora.

Entrevisté para eldiario.es a José Enrique Ruiz-Domènec, experto en la Edad Media. Dijo que España lleva cinco siglos sin resolver su estructura de Estado. Bru Rovira, periodista, ex de La Vanguardia, sostiene la solución de la cuestión catalana podría ser la excusa para solucionar la cuestión española. Hay miedo a enfrentarnos a lo que somos y no somos, y decidir qué queremos ser. Sería necesario abrir la Constitución, impulsar un Estado federal, repartir instituciones e ir a una bicapitalidad Madrid-Barcelona.

La dictadura de Franco causó muchos daños. Es un error pensar que cuando se acaba una dictadura tan larga se acaban los problemas. Es evidente que quedan los efectos. Y un efecto es que cuando en otros territorios europeos se estaban construyendo Estados modernos, aquí vivíamos en un país monolítico cultural y políticamente y cerrado al exterior. La Transición abrió esto de manera tímida, con concepciones que estaban aún influidas por el Franquismo.

Si nos comparamos con otros modelos pluriculturales, Suiza o Canadá, por ejemplo, está claro que aquí no es especialmente sentida. Es una cuestión que hay que resolver porque, de alguna manera, los catalanes no se sienten a gusto en el Estado español. A muchos españoles que les molesta la existencia de los catalanes no tienen la menor curiosidad por conocer su lengua, su cultura. En cualquier centro de Madrid o de Sevilla se puede estudiar japonés, pero no catalán, que es una lengua cooficial en el Estado. Hace falta saber cómo construimos una España en la que todos se sientan integrados y reconocidos. Eso pasa por una concepción pluricultural. Pero hasta ahora no ha habido voluntad política.

¿Cómo ve a Trump con un discurso tan xenófobo y nacionalista, y el peligro de contagio en Europa? Este año tenemos, además de la negociación del Brexit, elecciones en Holanda, Francia, y Alemania. Parece que todo está en cuestión.

Vivimos nuestra versión de determinado desastres. Como el económico, provocado por las convulsiones internacionales del mundo financiero y la imposición de políticas económicas únicas frente a las que no caben disensiones. Otro es el de la irrupción del fundamentalismo y la falta de respuestas proporcionadas del mundo occidental.

Trump es un fenómeno vinculado a insatisfacciones crónicas y a la demanda de seguridad. Hitler también fue un fenómeno propio de inestabilidades económicas y cuestiones de seguridad. No es que los esté comparando. Digo que determinadas respuestas políticas ante fenómenos pueden tener consecuencias indeseables. A veces generamos monstruos que se escapan a los mecanismos de control. El misterio es saber hasta dónde puede llegar Trump. A pesar de mis amigos norteamericanos me aseguran que la cosa no llegará tan lejos, lo cierto es que hay motivos para estar alerta.

Joaquim Bosch, de Jueces por la Democracia.
Joaquim Bosch, de Jueces por la Democracia. JESÚS CÍSCAR

El juez Marc Trévidic, exmagistrado antiterrorista en París, denuncio antes de los ataques de noviembre de 2015 que se habían recortado los medios y que había peligro de un atentado. ¿Tienen los jueces y fiscales españoles, y la Policía, los instrumentos necesarios para luchar contra el fenómeno yihadista?

Me perturba que con el pretexto del miedo, que es evidente que existe, se utilice para imponer recortes en materia de libertad, como ha ocurrido en Francia. El ejemplo español nos demuestra que, sin grandes intromisiones como las que Hollande planteó con el estado de emergencia, es decir, sin vulnerar normas básicas del Estado de derecho, se consiguió enjuiciar en un tiempo razonable los atentados del 11-M y después de ellos se han desarticulado células yihadistas. Aunque es cierto que faltan medios policiales y en las fiscalías especializadas, la situación funciona razonablemente bien en España.

En el 11-M no teníamos suficientes traductores en árabe. ¿Hemos mejorado?

Se ha mejorado, aunque me consta, por parte de compañeros magistrados de la Audiencia Nacional y de amigos de la Fiscalía, que harían falta más recursos,.

La cooperación judicial en la UE y la coordinación policial deja mucho que desear, como demostraron los atentados de París y de Bélgica. ¿Se está corrigiendo o sigue habiendo 27 países con sus 70 u 80 policías compitiendo entre ellas?

Es complicado por las particularidades de cada país, la idiosincrasia y la propia estructuración de los sistemas policiales. Mi impresión es que sí que mejora la coordinación, pero todavía queda mucho camino por recorrer para llegar a lo que es deseable, que es una auténtica Policía europea, con todas las particularidades nacionales que queramos. Todavía hay muchos elementos que influyen negativamente en que se pueda ser eficaz y ágil en una actuación conjunta. Todavía hay mucho camino que recorrer.

Con el “Brexit” y Trump tenemos la oportunidad de decidir, si queremos más Europa.

La cuestión cuando hablamos de “más Europa” es qué Europa es la que queremos más. La Europa del euro controlada por los grandes tecnócratas del Banco Central europeo y otros organismos internacionales ha sido peligrosa para las democracias, para la propia concepción de la política, al margen de los intereses financieros. Recuerdo una reflexión de Jürgen Habermas, uno de los principales pensadores, en la que alertaba de que la democracia corría serio riesgo en Europa con países que no pueden decidir democráticamente qué es lo mejor para los ciudadanos y están hipotecados por lo que decidan organismos no democráticos. Me parece peligroso ir más hacia esa Europa.

Europa necesita una reflexión que nos devuelva a sus principios fundacionales tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que se buscaba? Una Europa respetuosa con los derechos humanos, un territorio de acogida, donde el Estado social tuviera un desarrollo muy amplio. La crisis de los refugiados nos demuestra que Europa está renunciando a sus principios fundacionales. Una Europa que limite la capacidad política de sus ciudadanos, que limite las concepciones sociales con las que fue fundada, que rechace a personas que huyen de guerras… No hay que ir más hacia ese modelo de Europa, sino hacer una reflexión para profundizar en lo que genera Europa de verdad.

Parece que Angela Merkel es la líder más de izquierdas de la UE. Tenía una política de refugiados más abierta hasta que cedió a las presiones de su partido.

Depende de en qué materias. No hay duda que Merkel ha ido infinitamente más lejos que Rajoy en el tema de los refugiados, y que muchos otros dirigentes europeos. Mi impresión es que Alemania ha jugado un papel relevante en el diseño económico de esta última Europa y que hay una especie de mala conciencia de querer demostrar que, a pesar de que en algunos ámbitos esa gestión económica ha sido insolidaria, todavía queda algo de humanidad y de solidaridad. Tengo una concepción en estas cuestiones como jurista, que me influye mucho. Desde que dejé de creer en grandes utopías ideológicas o religiosas, solamente mantuve la fe en el Estado social y democrático de Derecho. Mi impresión de que la política o el Derecho no sirven para crear el cielo en la Tierra, y que las grandes utopías que han intentado esto han sido en general un desastre.

En nuestro país hay mucha gente que ve el infierno todos los días. Creo más bien que el Derecho, y la política, para lo que deben servir no es para traer el cielo, sino para evitar que en la Tierra se genere el infierno, y esto se debe conseguir respetando unos derechos básicos. Eso es lo que está fallando en el proyecto europeo, especialmente en algunos países. Hay algunos que se han mantenido mejor, Suecia, Dinamarca, Alemania con sus propios ciudadanos. Hay que garantizar que no haya infierno para nadie a través de una cobertura esencial de los derechos –renta básica, un desarrollo de las potencialidades de cada persona que pueda…–, y a partir de ahí todo puede ser discutible, pero digamos que esto, el Derecho debería garantizarlo. Me parece que eso está quebrando en el proyecto europeo, sobre todo a los países del sur de Europa, pero también en los países escandinavos, que conozco por razones familiares. Allí también se están produciendo retrocesos importantes en los últimos 20 años.

El gran fracaso de la Transición ha sido la educación.

Sí, la educación debiera haber garantizado que cualquier ciudadano pudiera acceder a todas las instituciones sociales en condiciones de igualdad, y no lo ha garantizado. Un país con un sistema educativo deficiente lo que hace es actuar en contra de la igualdad y favorecer todavía más todas las desigualdades sociales.

No sabemos cómo va a ser el mundo dentro de dos años y estamos educando a los niños con instrumentos de hace 150 años. Aquí aún discutimos si la religión debe estar dentro o fuera cuando vamos hacia un mundo de robots que va a cambiar todo. César Alierta dijo antes de jubilarse que el 63% de los empleos de los niños que empezaban Primaria en 2016 trabajarían en empleos que todavía no existen.

Qué interesante.

Han cambiado los hospitales, pero la escuela sigue siendo la misma.

En la Justicia pasa algo parecido. Tenemos un sistema de juzgados que es un sistema del siglo XIX, se mantiene la estructura del partido judicial, el juzgado. Todo eso está superado en Europa desde hace mucho tiempo. Nuestras leyes más importantes son todavía del XIX, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la que queremos perseguir la delincuencia en el siglo XXI. Queremos perseguir una delincuencia informática de delitos tremendamente sofisticados en la que los beneficios acaban en paraísos fiscales con una ley que cuando la lees notas ese aroma de las novelas de Pérez Galdós cuando la gente iba en carruaje y no había luz eléctrica.

Y la hipotecaria también.

También. Pero en las leyes procesales es especialmente peligroso. Las tramas corruptas cuentan con despachos especializados, tienen más medios para eludir a la Justicia de los que tenemos los jueces para perseguirlos. Tienen grandes expertos en ingeniería financiera para el dinero saqueado, para esconderlo y llevarlo a paraísos fiscales. Somos jueces, no tenemos por qué saber de todo. No tenemos peritos que actúen rápidamente para frenar los movimientos económicos. El Gobierno puede decir que no crea juzgados porque cuestan dinero, pero no cuesta dinero cambiar la ley procesal. Un simple cambio legal permitiría un procedimiento ágil y eficaz para que los procesos acabaran los plazos razonables.

Faltan leyes, medios y cultura.

Hay poca cultura ética en nuestra política. Además de los procedimientos, que tienen las dificultades que sabemos, está el hecho de que aquí no dimite nadie. En Alemania dimitió una ministra de Educación [Anette Schavan] por un plagio y en Suecia dimitió una vice primer ministra [Mona Sahlin] porque pagó unas chocolatinas con la tarjeta oficial.

Por unas Toblerone que costaban algo más de 35 euros.

Aquí siempre se dice que si no hay sentencia no tienen que dimitir. Pero es que si hay una sentencia no dimiten, son los jueces quienes les echan, que no es lo mismo. Dimitir se dimite voluntariamente cuando se manifiestan una serie de indicios de falta de ejemplaridad que no tienen ni siquiera por qué ser delito. Basta con que haya una falta de credibilidad o de daño a las instituciones. En nuestro país no dimite ni un rector por plagiar ni un cura por abusar ni un político por robar. No hay una cultura de la ética vinculada a que un cargo público se tiene que desempeñar de manera ejemplar. Esto daña mucho la credibilidad de las instituciones.

Tendría que haber una ley de transparencia radical.

No me atrevo como juez a utilizar el término “radical”.

Me refiero a una ley de transparencia en la que cualquier ciudadano pueda demandar cualquier información. En Suecia, que tiene la ley de transparencia más antigua del mundo, si pides un papel, la persona afectada tiene que dejar de hacer lo que está haciendo para responder, aunque sea el primer ministro. Aquí no sabemos cuánto y en qué gastan los diputados y los senadores en viajes. Una ley que nos permita saber cuánto gasta un ministerio en papel de váter y quién ha decidido que sea esa marca. Si se tiene la sensación de que la ciudadanía, los periodistas, las redes sociales, están vigilantes, habría menos corrupción.

Hay estudios de instituciones europeas que demuestran que los países con mayor índice de lectura de periódicos tienen más normas de transparencia y menos corrupción, y al contrario. Nuestro país está en los niveles más bajos en todos los sentidos. Una sociedad menos informada es una sociedad en donde la gente puede corromperse mejor. Las paredes de las instituciones y de los partidos deberían ser de cristal. No hay que tener miedo a que se sepa en qué se gastan el dinero.

Historia, tradición, memoria

28 febrero, 2017

Fuente: http://www.elpais.com

Tribuna: El recuerdo de José Antonio Maravall

Carmen Iglesias, 19 de diciembre de 2006.

“Viviremos con mayor negligencia, hurtados a la querida autoridad de su mirada”, decía Plinio el joven en la oración fúnebre dedicada a su tío, el gran naturalista y sabio Plinio, víctima de la gran erupción del Vesubio del 79. Es un sentimiento que algunos hemos sentido intensamente ante la desaparición de contados maestros muy queridos. José Antonio Maravall Casesnoves ha sido uno de ellos. Hoy se cumplen 20 años de su fallecimiento y el mejor homenaje que se le puede hacer es recordar una vez más su rico legado historiográfico, del que se siguen publicando nuevas ediciones de sus obras tanto en España como en otros países europeos y americanos.

De ese riquísimo legado que escapa brillantemente, como es sabido, a los límites del especialismo y que abarcó amplios períodos de la historia de España, en cuya investigación supo aunar el detalle singular histórico, y siempre documentado rigurosamente, con un contexto europeo, podríamos preguntarnos qué temas actuales le interesarían más desde el punto de vista historiográfico en estos 20 años transcurridos en su ausencia. Pienso que, entre muchos otros -pues su curiosidad científica y humana era inagotable-, hay tres asuntos que inciden en lo que fue siempre para él preocupación constante en su quehacer historiográfico y que aparecen una y otra vez tanto en sus escritos sobre la España medieval como en la renacentista, en la barroca o en la ilustrada y, desde luego, en la contemporánea. Uno fue la insistente inserción de la historia de España dentro de la historia de Europa y homologable a la de cualquier otro país europeo; con sus caracteres particulares, pero fuera de todo excepcionalismo o diferencialismo narcisista. Junto con Caro Baroja, fueron dos principales y autorizadas voces combativas contra todo esencialismo hispano y contra el mito de los caracteres nacionales. Una segunda obsesión historiográfica fue siempre la articulación entre el sentimiento de unidad y la diferenciación de los distintos territorios de España en la formación y consolidación del Estado nacional. Como tercera preocupación, la necesidad de conocer y estudiar la historia de cada época, con los instrumentos historiográficos más depurados y distanciados posibles, frente a los estereotipos de la tradición y frente a los tópicos maniqueos que dividen la historia en “buenos y malos” y, erigidos en “jueces historiográficos”, condenan y absuelven a su gusto, utilizando la historia como arma política, como “un ladrillo que arrojar a la cabeza del contrario”.

En la España actual, los avatares de la Unión Europea, las crecientes competencias autonómicas que en ciertos casos plantean serios problemas de funcionamiento y lindan con el nacionalismo separatista y, por último, la discusión sobre la llamada ley de “memoria histórica” con su guerra de esquelas y el resurgimiento de reivindicaciones fratricidas, creo que hubieran ocupado -y preocupado- toda la atención de nuestro gran historiador.

El europeísmo de Maravall se basaba en una doble vertiente, especialmente destacada en su momento por el padre Batllori, que aunaba el interés por específicos problemas europeos y su organización supranacional con la citada insistencia en considerar siempre la historia de España inserta en la historia y en la vida de Europa, su obsesión por salir de cualquier ensimismamiento historiográfico de la “España diferente” como tópico que seguía enlazado con el nacionalismo histórico del siglo XIX y también con una corriente regeneracionista que admiraba a Europa pero que creía en caracteres esencialistas hispanos. Sin Europa no es concebible una libertad efectiva: “La libertad”, escribía ya en 1965, “es un modo de vida del europeo de hoy, radicalmente diferenciado de cuanto antes ha sido, un modo nuevo como resultado difícil de la tensión política y económica supranacional de nuestros días. Y ni que decir tiene que el que no participe en ese plan se queda sin Europa y sin libertad”. El desafío actual de una Europa inserta en un mundo globalizado que tantea las posibilidades de funcionar con cierta unidad económica y política y que, sin embargo, sigue al tiempo desunida en cuestiones decisivas para el futuro, entraría de lleno en la compleja reflexión histórica de lo que ha sido la formación de la cultura y civilización europeas. Y desde luego -ahora y para nosotros, como historiadores y ciudadanos, y en la estela de una de las direcciones del pensamiento maravalliano-, debería estar alejado de todo casticismo nacionalista, deudor de una tradición romántica que, si fue un lastre a escala nacional, sigue siéndolo en los nacionalismos periféricos y en las diferenciaciones narcisistas e interesadas para la afirmación de grupos políticos que crean sus propias clientelas y divisiones partidarias. “La historia es precisamente lo contrario de la tradición”, repitió nuestro historiador en varias ocasiones, y creer que existe en determinados pueblos o grupos humanos una esencia inmóvil que permanece por encima y por debajo de los acontecimientos históricos y evoluciones complejas, no como sedimento de la historia y de la acción de los seres humanos concretos, sino como caracteres fijos, no es más que uno de esos estereotipos rentables que hay que desmontar dondequiera que se reproduzcan. Y se reproducen desde luego con facilidad: por la propia inercia y pereza natural, por la seguridad que da el calor del grupo o de la tribu que descarga de responsabilidad individual a sus miembros, por el beneficio que a corto plazo procura a sus promotores y seguidores.

“En España -explicaba Maravall- es absolutamente imprescindible afirmar el pluralismo y la entidad propia de los grupos que por razones de múltiple naturaleza lo han constituido, pero no menos es necesario afirmar lo contrario, porque no serían lo que han sido ni se hubieran desarrollado como se han desarrollado si no hubiera sido por la combinación de los dos aspectos”. Maravall investigó rigurosamente “tanto en fuentes del lado castellano-leonés como en fuentes del lado catalán-aragonés” para desmontar uno de los estereotipos, “común en 1950”, que partía de que España no había sido durante siglos más que “una mera referencia geográfica”. “Y eso carece de sentido (…). Hay textos inequívocos que hablan de los de fuera, en el sentido de los de más allá del grupo de dentro, de modo que la historia de España está establecida en tres planos: los de fuera, los del grupo de los de España y el grupo particular al que se pertenece. Y eliminar cualquiera de esas tres dimensiones es falsear la historia de España”. Expresiones tan fuertes -proseguía- como la de Ramón Muntaner afirmando que “todos estos reyes -medievales- son una carne y una sangre, si se juntaran podrían contra todo otro Poder del mundo” no se hacen sobre un simple risco geográfico. Y buena parte de su inmenso trabajo sobre la formación del Estado nacional a través de los siglos, del carácter “protonacional” que aparece tempranamente y sobre el complejo desarrollo de lo que fue la monarquía hispánica y las múltiples corrientes reformistas que recorren el barroco y la ilustración, inciden en mostrar y explicar lo que fue una historia común, no exenta de tensiones y enfrentamientos, pero que abarca conjuntamente los distintos territorios de la historia española.

La constante preocupación de Maravall por una historia plural y rigurosa, por la historia comparada, por las evoluciones metodológicas en historiografía que permitieran una aproximación veraz al pasado, estarían desde luego, a mi parecer, muy lejos de las tristes polémicas sobre una ley de memoria histórica o sobre la “guerra de esquelas”. La historia es cosa muy distinta de la memoria, igual que lo era de la tradición. Como escribió en una de sus últimas monografías -precisamente sobre la concepción de la historia en Altamira-, toda la moderna historiografía ha luchado para “desalojar al juez historiográfico, esos jueces suplentes del Valle de Josapaht”, como los llamara Lucien Febvre, quien afirmaba que el historiador como tal “no era ni siquiera un juez de instrucción”. El historiador como tal no está en contra de tal o cual cosa, de tal o cual período histórico; como ciudadano claro que elige y se compromete, pero como científico social expone. Maravall comentaba gustoso una expresiva conversación con el duque de Maura, por el año 1945, cuyo libro sobre Carlos II estimaba como lo mejor en historia política que se había hecho: “Yo había publicado mi libro sobre el pensamiento político en el XVII español y Maura me comentó: ‘La diferencia entre nosotros y ustedes está en que nosotros, cuando hacíamos un libro de Historia, lo entendíamos como un ladrillo para arrojar a la cabeza del contrario y ustedes hacen libros para dar a entender el tema y dejan a los lectores que se peleen si quieren”. Frases -comentaba Maravall- llenas de humor y generosidad, que hoy en día, añadiría yo, con la nefasta intervención de los políticos y de la política en el juicio de la historia y en la distribución de bondades y maldades de forma maniquea, están lejos de ser realidad. La historia como piedra para arrojar al contrario no es la de los verdaderos historiadores.

Carmen Iglesias es catedrática de Historia de las Ideas y académica de la Española y de la Historia.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Martes, 19 de diciembre de 2006

Aquellos héroes

24 enero, 2017

Fuente: EL PAÍS SEMANAL

La matanza de Atocha marcó a una generación que vivió con ilusión pero también con miedo los años de la Transición

ROSA MONTERO31 ENE 2016 – 00:00 CET

En el ámbito periodístico se dice “usar una percha” al hecho de hacer coincidir una noticia con una efemérides o con cualquier motivo contextual que le dé actualidad al tema y, por tanto, subraye su importancia. El estupendo libro-reportaje de Jorge M. Reverte e Isabel Martínez Reverte La matanza de Atocha (editorial La Esfera de los Libros) se acaba de publicar sin el amparo de esa excusa. De hecho, ahora se cumplen 39 años de aquel funesto 24 de enero de 1977, cuando unos pistoleros de extrema derecha irrumpieron a las diez y media de la noche en el despacho laboralista de CC.OO. de la calle de Atocha de Madrid y vaciaron los cargadores de sus Browning y Star sobre los allí reunidos, siete abogados, un estudiante y un administrativo, asesinando a cinco e hiriendo de extrema gravedad a los cuatro restantes. Y publicar algo a los 39 años de haber sucedido es como llegar el cuarto en los Juegos Olímpicos: una cifra fastidiosa y nada memorable, porque roza lo redondo pero se queda en nada. El libro de los Reverte, pues, se presenta a pecho descubierto, basando su importancia en el hecho en sí, en la relevancia imborrable de lo sucedido, en la necesidad de recordar aquel suceso crucial de nuestra Transición.

“Lo primero que recuerdo es el terror. La noticia se extendió como una llamarada.”

La matanza de Atocha fue uno de esos acontecimientos que marcan a una generación; creo que todos los que teníamos edad para vivirlo guardamos una viva memoria de aquello. Y lo primero que recuerdo es el terror. La noticia se extendió como una llamarada en la noche de enero y cundió el temor de que se hubiera desatado una purga, de que la extrema derecha hubiera comenzado su “noche de los cuchillos largos” y se dedicara a asesinar a la gente más o menos progresista, a todos aquellos que aparecían en las dudosas y arbitrarias listas de amenazados que circulaban por ahí. Una cosa que pocas veces se dice de la Transición es el miedo tremendo que se pasaba. Aquella noche fue de mucha angustia para todos.

En mi caso, por añadidura, se dio una implicación especial con la matanza. Ese despacho de Atocha era el de mis abogados laboralistas; uno de los letrados, mi querido Nacho Montejo, fallecido en 2013, que se salvó por un pelo de la masacre (salió cinco minutos antes para ir al cine), nos llevaba a unos colegas y a mí un caso por lock out: un día llegamos a la fugaz e inestable revista en la que trabajábamos y nos encontramos con la puerta cerrada. Este tipo de cosas sucedían a menudo en aquella España transitoria: todo era efímero y escurridizo. De modo que en esos días yo frecuentaba bastante aquel despacho.

Y luego hubo algo más: al año siguiente, con motivo (con la percha) del aniversario de la matanza, escribí tres reportajes en El PAÍS sobre el tema. El primero, la reconstrucción narrativa del crimen; el segundo, la historia de los asesinos; el tercero, la historia de las víctimas. Fue uno de los trabajos de los que más orgullosa estoy en toda mi carrera, pero también fue el que más me hizo sufrir. Por el tema en sí y por tener que hablar con los asesinos en la cárcel; pero, sobre todo, porque fui apaleada implacablemente por casi todos los lectores, que consideraban que en el segundo capítulo no condenaba a los criminales como ellos querían que se les condenara. Tenían razón: no condenaba aunque tampoco disculpaba; simplemente intentaba comprender qué conduce a una persona a cometer un acto tan horrible, porque creo que sólo podemos evitar las atrocidades si sabemos por qué se originan. Pero hice ese esfuerzo de entendimiento al año de la masacre, demasiado pronto, con las heridas aún sangrando, y la gente lo único que quería oír por entonces era una repulsa furiosa, un rugido de rabia. Me equivoqué y lo pagué.

“En aquella España transitoria todo era efímero y escurridizo.”

Este libro, en cambio, está escrito con la suficiente perspectiva temporal, y a la vez con pasión y con rigor. Al leerlo tienes la sensación de que lo entiendes todo o casi todo, de que completas la visión de aquellos tiempos. Y además es un merecido, necesario homenaje a aquellos abnegados y estoicos abogados veinteañeros. Y cuidado, con esto no estoy glorificando a CC.OO. ni desde luego al partido comunista, que en otros momentos fue cómplice de barbaridades estalinistas, como en el caso cubano. Tan sólo estoy rescatando a los héroes anónimos de unos tiempos confusos, gente generosa que era capaz de trabajar hasta la extenuación por sueldos miserables, que carecían de tiempo para su vida privada (si Nacho Montejo se fue al cine aquel día fue porque su mujer le puso un ultimátum), que se sabían amenazados y aun así siguieron adelante. Hombres y mujeres con ideales que dieron literalmente su vida por una sociedad mejor. Es decir, por nosotros. Siempre me conmueve recordar que los mataron a las diez y media de la noche y que los pobres seguían allí metidos, trabajando.

@BrunaHusky

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Una oportunidad para Isabel

24 diciembre, 2016

Fuente: EL PAÍS SEMANAL

Una oferta laboral real que cuesta dinero: consta de una jornada de 11 horas diarias, sin transporte ni comida por 350 euros al mes

Una oportunidad para Isabel
Es una oportunidad, le dijo su padre, una oportunidad, insistió su madre, una oportunidad, concluyó ella misma.
Hace seis años, Isabel trabajaba en una tienda de ropa de una gran cadena, en un centro comercial del Puerto de Santa María. Aquel trabajo se le daba tan bien, y le gustaba tanto, que compensaba con creces los 90 kilómetros, casi dos horas en cuatro trayectos de ida y vuelta entre Rota y El Puerto, que tenía que hacer a diario. Entonces, un buen día, empezó a oír hablar de la crisis como de un animal mitológico, un país lejano, una tormenta que apenas se insinuaba en el inmaculado horizonte de un cielo azul y veraniego. ¿Qué pasó después? Todavía no es capaz de explicárselo. Todavía no ha cumplido 30 años y ya lleva cinco en el paro.
Durante cinco años, el paro ha sido para Isabel un desierto plano e infinito, sin forma y sin relieve, un paisaje absolutamente estéril donde, por no haber, ni siquiera subsiste el espinoso esqueleto de algún matorral seco. Nada por delante, nada a los lados, nada por arriba y nada por abajo, nada. Y no será porque no lo haya intentado. Todos los supermercados, todas las oficinas, todas las tiendas y hasta las farolas de su pueblo, han dispuesto muchas veces de su nombre y su teléfono. Lo demás, que está dispuesta a hacer cualquier cosa, lo que sea, se sobreentiende. Por eso, cuando la llamaron de un hotel de Costa Ballena para ofrecerle una plaza de animadora, ni siquiera se paró a pensar que nunca había hecho nada parecido, que no tenía experiencia para entretener a un montón de niños. Era una oportunidad, así que se arregló, respiró hondo, le pidió prestado el coche a su padre y se fue a hacer la entrevista. Cuando entró en aquella oficina, seguía creyendo que estaba dispuesta a todo. Aún no sabía lo que significaba exactamente esa palabra.
Isabel es joven, atractiva, tiene buena presencia, una voz agradable, así que todo fue sobre ruedas hasta que llegó el momento de pactar las condiciones económicas del trabajo. Después, durante un rato, tampoco pasó nada, porque necesitó algún tiempo para procesar lo que estaba escuchando, y sumar, y restar, y comprender al fin qué clase de oportunidad le habían puesto entre las manos.
“Durante cinco años, el paro ha sido para Isabel un desierto infinito, un paisaje estéril”
–Pero… Si entro a las nueve y media, y salgo a las nueve y media –recapituló en voz alta–, no puedo venir en autobús porque no me encajan los horarios.
–Ya, pero me has dicho que conduces y tienes coche.
–Sí, eso sí, pero… Claro, son doce horas…
–Once –su interlocutor seguía impertérrito, una sonrisa tan firme como si se la hubieran tatuado encima de los labios–, porque tienes una para comer.
–Claro –volvió a repetir ella–, pero en una hora, entre ir y volver… No me merece la pena comer en Rota, así que tendría que tomarme aquí un bocadillo.
–Claro –el hombre sentado al otro lado de la mesa pronunció aquella palabra por tercera vez–, o lo que quieras. Podrías traértelo de casa, porque el empleo no incluye la comida.
–Claro –y nada estuvo nunca tan oscuro–. Pero entre lo que me gasto en gasolina, en comida… –antes de llegar a una conclusión definitiva pensó que todavía le quedaba un clavo al que agarrarse–. ¿Y la Seguridad Social?
–Una hora.
– Una hora… ¿Qué?
–Te aseguramos una hora por cada día trabajado.Isabel recapituló para sí misma. La oportunidad que le estaban ofreciendo consistía en trabajar 11 horas diarias, sin transporte y sin comida, por 350 euros al mes y una cotización 10 veces inferior a la que le correspondería. No se lo podía creer, pero todavía le quedaba una pregunta.
–Perdone, pero… ¿Esto es legal?
Su interlocutor se recostó en la butaca y se echó a reír.
–Por supuesto que sí. ¿Qué te creías?
(Esta es una historia real. Isabel existe, y la oferta de empleo que no aceptó, porque trabajar 11 horas diarias casi le habría costado dinero, existe también. Costa Ballena está en la provincia de Cádiz, a un paso de Sanlúcar de Barrameda, que mira a Doñana desde la otra orilla del río Guadalquivir. Para llegar a la ermita del Rocío desde allí, sólo hay que atravesar el Coto, y por eso tengo el gusto de dedicarle este artículo a doña Fátima Báñez, devota rociera, autora de la reforma laboral en vigor y ministra de Trabajo del Gobierno de España).

Ley, Justicia y Democracia

6 noviembre, 2016

Fuente: http://www.elpais.com

La virtud de la justicia, que exige también la práctica de la prudencia, recomienda tener cuidado con experimentos tan peligrosos como aquellos que llaman al incumplimiento de la ley

En una reciente entrevista radiofónica en la cadena Onda Cero, Antonio Baños, líder de la CUP, explicó su posición secesionista con una razón suprema recurrente en los últimos tiempos en el debate político catalán: “Nosotros lo que queremos es trascender una legalidad para crear otra legalidad. (…) Como nación soberana, lo trascendemos creando la legalidad catalana”. Una afirmación que plantea la reconsideración de varios supuestos implícitos de orden histórico-jurídico (y cívico) que están en el núcleo de esa justificación de ruptura legal “democrática”.

En el proceso civilizatorio que registra la historia hay un elemento crucial que, desde tiempos clásicos greco-romanos, suele llamarse “el principio de legalidad”. Está en la base de la constitución del derecho como patrón normativo de conductas aceptadas o rechazadas que sirve de referente a una comunidad política de individuos heterogéneos. Esto es: grupos colectivos que no son familia (y que por tanto no se rigen por vínculos de sangre y parentesco “naturales” de afecto, respeto y consideración) y que sí son vecinos (oriundos de familias diversas que conviven en el mismo tiempo y sobre un mismo espacio de acuerdo a algún tipo de reglas instituidas y ya no instintivas).

Desde las primeras civilizaciones mesopotámicas hasta la cristalización del derecho romano, ese principio de legalidad deriva de algo tan simple como transcendente: el derecho, como código más o menos sistémico de normas acordadas, funda el Estado como institución terrenal y temporal de convivencia supra-familiar. Porque sin Estado, no hay Derecho. Y así tenemos el llamado “código de Hammurabi” (siglo XVIII antes de Cristo) que recoge los “decretos” del rey babilónico inspirados en un ideal de justicia labrado en torno al binomio de “estabilidad y equidad”. Los griegos, que también consideraron que el ideal de justicia exigía equidad y norma conocida, llamaron a ese objetivo eutaxia (equilibrio ordenado).

Los romanos dieron el salto lógico y establecieron la fórmula jurídica del principio de legalidad de la mano de Cicerón (siglo I a. C.): Salus Publica in legibus sita est. A saber: la “salud” (bienestar y equilibrio) del Estado (o sociedad política) radica en las leyes. El corolario de esa máxima era evidente y acuciante: la paz pública (concordia interna y seguridad externa bajo la ley) sólo era posible eliminando la guerra y la violencia: Silent leges inter arma (las leyes callan cuando hablan las armas). Por eso, el propio Cicerón, que vivió y fue asesinado durante las guerras civiles que destrozaron la República romana, dejó escrito como legado: “cualquier género de paz me parece preferible a la guerra civil”.

La aparición de la idea de lex como norma jurídica fundacional de la vida estatal es, por tanto, un proceso histórico largo e íntimamente ligado al paso del estadio de barbarie al de civilización. Y su configuración no es posible hasta que surge el Estado después de la revolución neolítica y gracias a la vida urbana de estructura socio-ocupacional compleja y con dominio de la escritura como tecnología comunicativa superior. De hecho, lex es un vocablo latino de origen indoeuropeo que deriva del verbo lego (con el sentido de “juntar y reunir”). El mismo vocablo que da origen a legere (“juntar signos y leer”). Y como lex hay que entender los acuerdos registrados por escrito (para conocimiento de todos y perduración temporal, frente a la costumbre familiar o mores) entre individuos racionales que tienen inteligencia (inter-legere) porque pueden entenderse y acordar normas colectivas con fuerza vinculante. Y no importa que el fundamento último de esa norma se entienda como otorgada por los dioses, enseñada por los profetas o instituida por los hombres sabios. Compone un parámetro social de conductas admisibles o inadmisibles que evitan el vacío del caos (y su compañera: la fuerza bruta violenta) y es condición para la vida civilizada en cuanto que estatal, urbana, letrada y racional.

Sin embargo, a pesar del “poder sagrado de las leyes” (Rousseau), el devenir histórico muestra un proceso más o menos violento de cuestionamiento, destrucción y cambio de leyes a lo largo de los siglos y las culturas. Hasta llegar al triunfo del llamado “Estado de Derecho” en la época contemporánea de la mano de la alternativa liberal-democrática, que encumbra el principio de legalidad hasta hacerlo supremo y axiomático: la democracia es ante todo therule of law (el imperio de la ley). Una fórmula que, básicamente, implica que por encima de la ley no está ni el rey soberano del Antiguo Régimen. Y cuya observancia protege al ciudadano del despotismo de la voluntad de un César omnímodo tanto como de la tiranía de las masas incontroladas e impunes. Un César o una masa capaces de imponerse de manera ilegal e ilegítima por razones que Juvenal había caricaturizado en un verso magistral: “porque quiero, porque lo mando y porque mi voluntad es la única razón”. Desde luego, ese triunfo del paradigma democrático sólo fue posible (y en una parte todavía hoy pequeña del mundo) una vez superado el doble desafío de los totalitarismos del siglo XX.

La propia doctrina romana articuló la fórmula para “justificar” (legalizar) la alteración de la norma en casos extremos de máximo peligro

En todo caso, al margen del modelo democrático, el mencionado proceso histórico de cuestionamiento, destrucción y cambio de leyes normalmente ha utilizado dos vías básicas de actuación para sus fines.

La primera vía de alteración del principio de legalidad vigente ha recurrido a la invocación de un verdadero “estado de necesidad” que habría obligado a modificarlo en virtud de otro superior y anterior: el principio de realidad. La propia doctrina romana (otra vez Cicerón) articuló la fórmula para “justificar” (legalizar) la alteración de la norma en casos extremos de máximo peligro: Salus Publica Suprema Lex. Y así se constituyó la institución de la dictadura comisaria como expediente para afrontar situaciones de grave riesgo que la ley no contemplaba inicialmente. Y así surgieron en los códigos constitucionales democráticos las previsiones de estados de alarma, sitio, excepción o guerra para prever esas situaciones y darles cobertura legal (como es el caso del artículo 155 en la constitución española de 1978).

El grave problema de esa invocación a un precepto legal anterior y superior para vulnerar la ley vigente fue el que contemplaron los criollos que dirigieron el proceso de emancipación de la América española a partir de 1808: roto el dique de legalidad colonial, todos los aspirantes a ejercer el derecho de actuar por principio de necesidad competían por imponerse a otros equivalentes en igualdad de condiciones de legitimidad. Y así se sucedieron las luchas que desangraron y fracturaron los límites de los antiguos virreinatos en nuevas naciones sucesorias soberanas en un contexto donde callaba la ley porque hablaban las armas y el derecho se fundaba en la fuerza bruta.

La segunda vía de alteración suele recurrir a la impugnación del principio de legalidad apelando a una instancia igualmente jurídica pero superior y anterior, en la línea de las declaraciones de Antonio Baños. En su lógica, la legalidad vigente sería mera plasmación contingente de una fuente más profunda y “legítima”: el Ius, la virtud que encarna la Iustitia. Estaríamos así en la dialéctica de la Lex frente al Ius, siendo éste el vocablo derivado de una raíz indoeuropea que tenía el sentido de “juntar y atar”: Iugum (yugo) y “yuxta-puesto” (poner juntos unidos). Así, el Ius encarnaría la norma de justicia natural “legítima” (ontológica) que obliga por necesidad primaria mientras que la ley (positiva) sería sólo una norma acordada convencionalmente y mudable sin coste. Y nadie debe dudar que lo primero tiene primacía respecto de la segunda y puede y debe ser invocado para “justificar” (convertir en iusto) la anulación, eclipse o cambio de ésta.

Siguiendo este razonamiento, el valor supremo de la ley queda anulado por su colisión con el valor supremo de la justicia, como recordaba otra máxima latina ya de época moderna: Fiat Iustitia pereat Mundus (Hágase la justicia, aunque su resultado sea el fin de una realidad mundana). El gran problema de este argumento no reside sólo en que la relación entre lex y ius (y legalidad y legitimidad) sea mucho más estrecha de lo que parece porque ambos términos denotan siempre normas históricas, contingentes y acordadas por seres humanos y que difícilmente pueden tener fuentes de “derecho natural” que permitan concebir la justicia al margen de su codificación legal.

El grave problema es que esa fundamentación de la justicia fuera de la ley exige una fuente que sólo puede ser de naturaleza divina (metahumana) o divinizada en la práctica (la nación, la raza, la clase). Y entramos así en la absoluta arbitrariedad porque, roto el dique de la legalidad, cada conciencia individual podría elevar a la condición de fuente de justicia su propio parecer personal intransferible. Y, por tanto, esa nueva legalidad “justa” sólo cabe imponerla por el recurso a la fuerza coactiva contra los “desviados” que impugnan la santidad de la nueva ley. Es lo que acertadamente el periodista Carlos Alsina planteó a Antonio Baños en su entrevista: “¿Una vez que exista esa legalidad catalana, el ciudadano que entienda que es injusta puede desobedecerla también?”.

En el caso de los Estados de Derecho liberal-democráticos, ese gravísimo problema siempre se ha afrontado con la máxima del respeto estricto a la legalidad, tanto en su vertiente material como procesal. Primero, porque el Estado de Derecho es aquel que permite la reforma y reemplazo de la ley por cauces previsoramente estipulados y racionalmente acordados (y, en el caso de la Constitución de 1978 sin que haya límite alguno a su revisión formal o material porque carece de “cláusulas de intangibilidad”, al contrario que muchas otras europeas). Y, segundo, porque roto el principio de legalidad, no se abren las puertas del Paraíso, sino que se puede caer en el más oscuro de los Infiernos, como la experiencia histórica, lejana y reciente, ha demostrado.

Por tanto, la virtud de la justicia, que exige también la práctica de la prudencia, recomienda tener cuidado con experimentos tan peligrosos como aquellos que llaman al incumplimiento de la ley (democrática) por razones superiores a la propia ley (democrática). No sólo porque es un principio cívico democrático asumir siempre el imperio de la ley positiva. Sino porque el sueño de la razón justiciera produce monstruos reales y no sólo Edenes imaginados.

 Enrique Moradiellos es catedrático de Historia

La huella de la corrupción en España

2 agosto, 2016

Fuente: EL PAÍS SEMANAL

Los españoles desconfían de las instituciones. Pero ¿es España un país corrupto?

Un millar de políticos con causas judiciales pendientes. Juzgados desbordados. Un 95% de ciudadanos convencidos de que el sistema favorece la impunidad. Retrato de una de las peores lacras del país

Albert Gadea, exdirector gerente de Planificación del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet

Poco antes de que el alcalde fuera detenido, me metieron en un despacho y me pusieron delante un informe. Era el mismo que yo había redactado, pero sin los párrafos en los que desaprobaba expresamente la operación urbanística. El alcalde les daba las órdenes por teléfono: ‘Que no se levante hasta que haya firmado’. Ante mi negativa, el secretario del Ayuntamiento me agarró de la muñeca, me colocó el bolígrafo en la mano y trató de obligarme a firmar.

Todo el mundo callaba”. Lo cuenta Maite Carol, 42 años, economista y entonces interventora municipal en Santa Coloma de Gramenet. Los guardias civiles que tenían pinchados los teléfonos del alcalde registraron este airado comentario: “No ha firmado, la puta esa ha salido llorando, hay que echarla”. Es lo que hizo el alcalde.

El caso Pretoria, destapado hace seis años, es una muestra reveladora de corrupción multipartidista, un ejemplo de cómo la codicia reú­ne, incluso, a políticos de ideologías contrapuestas en el saqueo de las arcas públicas. En los fraudes urbanísticos del área metropolitana de Barcelona se dieron cita los prohombres de Convergència: Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, figuras clave en los Gobiernos de Pujol; el diputado autonómico socialista Luis Andrés García, Luigi, y dirigentes menos notorios del PP. Según la Fiscalía, “formaban un entramado dirigido a manipular las adjudicaciones públicas de varias operaciones urbanísticas” a cambio de “cuantiosas comisiones que ocultaban a través de sociedades interpuestas”.

La investigación puso también de relieve que en los ámbitos empresariales inmobiliarios estaba asumido que, para obtener la adjudicación de proyectos en una serie de municipios, “había que contar con la autorización mediata de Luis Andrés García”. Dice la Fiscalía que el diputado del PSC mantenía una relación tan intensa y estrecha con su correligionario el alcalde de Santa Coloma de Gramenet y vicepresidente de la Diputación de Barcelona, Bartolomé Muñoz, que “de facto, era él quien dirigía y tomaba muchas de las decisiones urbanísticas”, luego refrendadas por la alcaldía.

La acusación juzga evidente que el alcalde de Santa Coloma cobró dos millones de euros en comisiones por una operación que impidió a su municipio ingresar 14 millones de euros. La pluralidad política de sus integrantes permitía a la trama operar en Ayuntamientos de signo ideológico diferente. ¿Es posible que las direcciones de los partidos ignoraran estos comportamientos “asumidos” por el empresariado?

Este es el testimonio de Itziar González, arquitecta y urbanista que ejerció de concejal independiente en el distrito barcelonés de Ciutat Vella entre 2007 y 2010. “Detecté la existencia de una red de corrupción en los servicios técnicos y jurídicos que actuaba en complicidad con agentes privados del sector turístico. Recibí todo tipo de presiones. Me dejaban cartas con amenazas de muerte en el buzón y una vez entraron en mi casa. Revolvieron todo en busca de informes relacionados con mi trabajo, inspeccionaron mi ordenador y se llevaron algún material. Pero, sobre todo, fue un aviso. Querían decirme que si yo seguía obstaculizando su proyecto, ellos estaban dispuestos a ir más lejos”. Algunas de estas experiencias denunciadas en el documental Corrupción, el organismo nocivo, producido por Pandora Box TV, resultan extrapolables al conjunto de España. Entre los ciudadanos más conscientes del fenómeno y entre los profesionales que lo combaten ha ido ganando cuerpo la idea de que si el problema no ha pasado a mayores y adoptado un cariz manifiestamente violento, mafioso, en nuestro país es porque la Judicatura y los Cuerpos de Seguridad del Estado se han mostrado altamente impermeables a la penetración de las tramas corruptas.

Hay un millar largo de políticos con causas abiertas por corrupción pese a que contamos con la asombrosa cifra de 17.621 cargos públicos aforados que no pueden ser juzgados por los tribunales ordinarios y disponen de un privilegiado blindaje que, a menudo, les libra de las pesquisas judiciales. De los 2.173 casos que en abril de 2013 estaban clasificados como “complejos” por el Consejo General del Poder Judicial, 1.661 están relacionados con casos de corrupción o de delitos económicos. Los jueces no dan abasto. Llevan años reclamando sin resultado más medios y refuerzos. “El último juzgado de la Audiencia Nacional se creó hace 20 años. Tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes cuando en la UE cuentan con 21. La falta de medios es deliberada”, asegura un antiguo fiscal que abandonó su carrera, desalentado, por la politización de las altas instancias judiciales. No es una opinión aislada, como no lo es el temor a que la reducción a 18 meses del plazo de instrucción, aprobada recientemente, acarree la impunidad de los delincuentes de cuello blanco implicados en casos graves y complejos que, por lo general, requieren el envío de comisiones rogatorias a otros países.
El Eurobarómetro de 2013 mostró que los españoles son los europeos que más corrupción perciben en su esfera política. El 84% de ellos cree que los partidos son corruptos y el 72% dice lo mismo de sus políticos. Es un récord que deja muy por detrás a Italia. Más aún: según la encuesta de Metroscopia de enero de 2013, el 95% de los preguntados cree que el sistema favorece la impunidad de los corruptos. En la España de nuestros días se cruzan apuestas del tipo: “¿Pagará realmente la cúpula del PP por el caso Gürtel?”; “¿llegará a ingresar la infanta en la cárcel?”. Por cambiantes que pueden llegar a ser los juicios morales y los estados de opinión en estos asuntos altamente expuestos a la efervescencia mediática, estamos ante un problema mayor que devora el crédito de partidos e instituciones y ataca los cimientos mismos de la democracia. Y es que, de un tiempo a esta parte, la mirada de la opinión pública busca y no halla en el firmamento de las élites colectivos intachables, libres de toda sospecha. No lo están los políticos profesionales, pero tampoco las organizaciones empresariales, que tienen a parte de sus antiguos dirigentes procesados, los altos directivos financieros, las organizaciones sindicales…
¿España es un país corrupto? El largo rosario de escándalos que como minas de efecto retardado han ido estallando en los últimos años ha desenterrado el viejo estigma del país condenado fatalmente a repetir sus desvergüenzas y a renovar el género literario de la picaresca que inventó, con propiedad, en su Siglo de Oro. Repasar esta faceta de la historia española es un ejercicio tan desconcertante como equívoco en la medida en que puede hacernos creer que nos contemplamos en el mismo espejo del pasado y que este es un problema que forma parte del ADN nacional.

EL PRECIO DE LA HONESTIDAD

La huella de la corrupción en España

Camino de Santiago, a la altura de Burgos, un hombre de mediana edad que viaja con su hija de siete años hace un alto en el camino y entabla conversación con una peregrina checa. Hablan de sus castigados pies y del peso de sus mochilas. Nuestro hombre, inspector de cursos de formación para parados, le confiesa que él carga desde hace meses con un abrumador dilema moral. Le dice: “La duda me carcome las entrañas porque me juego el puesto de trabajo. Es como si en la mochila transportara dos agotadores informes: en uno, autorizo con mi firma los pagos de los últimos cursos de formación; en el otro, los deniego por fraude de ley y denuncio las prácticas sistemáticas de desvío del dinero público. Estoy solo en este asunto, ¿qué haría usted?”. “Evitaría cometer actos que tuviera que ocultar a las siguientes generaciones”, responde la peregrina con la mirada puesta en la niña. “Esas palabras terminaron por decidirme. Regresé a Barcelona y me negué a firmar las autorizaciones de pago de los cursos, pese a las presiones de mis jefes del Servei d’Ocupació. Perdí mi empleo, pero me quedé con la conciencia tranquila. Según mis cálculos, el fraude masivo en los cursos de formación, financiados en su mayor parte por la UE, ascienden en España a unos 500 millones de euros”, asegura Carlos Martínez Viña.

“El gobierno de España es el más perfecto que pudieron imaginar los antiguos legisladores, pero la corrupción de los tiempos ha ido llenándole de abusos. Desde el pobre hasta el rico, todo el mundo consume y devora la hacienda del rey; los unos, a pequeños bocados; la nobleza, a boca llena; y en cuanto a los grandes, en cantidades fabulosas”, dejó escrito el que fuera embajador de Venecia en Madrid durante los años 1681-1682, Giovanni Cornaro.

En su obra El laberinto español, el hispanista inglés Gerald Brenan nos describe un cuadro de situación correspondiente a 1840 que puede resultarnos igualmente familiar. “No eran solo los empleos del Estado los que caían dentro de la influencia de los partidos. Los principales intereses industriales de España, sobre todo bancos y ferrocarriles, estaban muy estrechamente ligados a la política; de los políticos dependía el que se considerasen favorablemente sus intereses, mientras que los políticos a su vez dependían de ellos en lo que concierne a puestos en consejos de administración y cargos lucrativos para los miembros de sus familias”.

Que los ricos han burlado casi todos sus impuestos en España a lo largo de la historia es un apunte repetido por los cronistas de época. En 1902, el ministro de Agricultura declaró en el Senado que el fraude fiscal por la propiedad se situaba entre el 50% y el 80% porque las grandes haciendas no pagaban nada. Un tercio de los impuestos cobrados se lo quedaban los agentes encargados de recaudarlos. Así que, en efecto, España tiene amplios antecedentes de corrupción política. “Todo está podrido en España menos el corazón de la gente pobre”, dejó escrito el historiador británico Napier.

Una fugaz mirada retrospectiva al franquismo nos devuelve al predominio absoluto de las viejas clases dominantes asociadas a las oligarquías financieras e industriales que suplían la debilidad estructural del capitalismo español con las ventajas que les ofrecía el paraguas del régimen. El “enemigo público número uno” era el robagallinas, primero, y atracador, después, Eleuterio Sánchez, El Lute, en un tiempo en el que los maleantes de cuello blanco, con y sin crucifijo, campaban por sus fueros. La democracia no supo atajar estas sucias prácticas y la infección silenciosa de la corrupción ha hecho metástasis en el sistema hasta el punto de que no hay partido de derechas o de izquierdas, nacionalista o no nacionalista, a salvo de la gangrena. Más que en la ideología, la diferencia en el grado y la extensión hay que buscarla en el mayor o menor control del ámbito institucional ejercido por cada sigla y en las probabilidades de impunidad.

ANTOLOGÍA DE GRANDES ESCÁNDALOS

Caso Naseiro, la senda del tesorero. La trama corrupta en torno al tesorero del Partido Popular Rosendo Naseiro quedó impune en los noventa a pesar de las evidencias. El juez apreció irregularidades en la investigación.

Filesa, financiación ilegal del psoe. El Tribunal Supremo condenó a ocho responsables de crear un conglomerado de empresas que recaudó fondos ilegales para las campañas del PSOE en las elecciones generales y europeas de 1989

Juan Guerra, se disparan las alarmas. El procesamiento por tráfico de influencias de Juan Guerra (derecha), hermano del vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, sacudió la vida pública de los ochenta.

Mario Conde, el ángel caído. El Banco de España intervino Banesto, presidido entonces por Mario Conde, el 28 de diciembre de 1993. El proceso terminó con penas de cárcel para los principales responsables de gestionar la entidad bancaria.

Marbella, el estigma interminable. Caso Malaya. Caso Marbella. Caso Camisetas. Caso Atlético. Un rosario de causas e implicados, como el empresario José María del Nido y los exalcaldes Julián Muñoz y Jesús Gil (de izquierda a derecha).

Gürtel, el bigotes y compañía. El caso lleva el nombre del cabecilla de la trama, Francisco Correa, traducido al alemán. Correa creó un entramado y aprovechó sus relaciones con el PP para enriquecerse.

Caso Palau, el rastro de convergència. El desvío de fondos del Palau de la Música, presidido por Félix Millet, acechó a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Caso Nóos, Urdangarin y familia. El juicio por el caso Nóos, que arrancó el pasado 11 de enero, encausa a 18 imputados en la trama con la que Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres lograron casi seis millones de euros de dinero público

ERE y fraude, desfalco en Andalucía. El mayor caso de corrupción en Andalucía desveló una red de fraudes con las subvenciones al desempleo. Arriba, el principal acusado, Francisco Javier Guerrero, exdirector de Trabajo de la Junta.

Caso Bárcenas, la caja B del PP. Luis Bárcenas encabeza la causa derivada del caso Gürtel sobre la existencia de una caja B en el PP controlada por los extesoreros Álvaro Lapuerta y el mismo Bárcenas.

 

Al socorrido argumento de que la joven y frágil democracia española necesitaba reforzar financieramente a sus partidos políticos para contrarrestar la débil afiliación y la proverbial inhibición de la sociedad en la cosa pública, heredada del franquismo, se le sumó, particularmente en los periodos de bonanza económica, la teoría exculpatoria de que un poco de corrupción viene bien al sistema porque permite engrasar sus estructuras. Ungidos por la legitimidad del voto, los partidos juzgaron pecado venial procurarse una financiación paralela a la legal, y sin que se conozca fecha ni lugar suscribieron implícitamente un pacto de silencio cómplice que ha seguido vigente hasta nuestros días, excepción hecha del accidental calentón enseguida sofocado: “Tienen un problema y se llama 3%”, que el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, lanzó a CiU. Por mucho que siete no sea lo mismo que setenta, la corrupción ata a unos y otros en el secreto y el temor compartidos a quedar en evidencia ante la opinión pública.

Aunque la casuística es muy variada, lo que empezó como una manera de recaudar dinero para las campañas electorales –en el caso Filesa, uno de los primeros escándalos del PSOE, no se detectó lucro personal–, fue derivando en un sistema en el que la búsqueda del beneficio individual desempeña un papel determinante. Eso ha quedado de manifiesto en los sumarios abiertos por la trama Gürtel, la actuación de Luis Bárcenas y el fraude de los ERE en Andalucía. La captación de “empresas amigas” dispuestas a hacer generosas “donaciones” a cambio de recalificaciones de suelo, adjudicación de contratos públicos o subvenciones viene ahora de la mano de turbios personajes que practican el maridaje entre negocio y política.

El procesamiento por tráfico de influencias de Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, fue una hoguera que activó algunas alarmas a finales de los ochenta, pero el aldabonazo más notorio de que la corrupción había alcanzado el tuétano político vino con este mensaje confidencial: “Estoy en la política para forrarme”, que el dirigente del PP y presidente de la Diputación de Valencia Vicente Sanz transmitió en una conversación telefónica registrada por la policía. Las investigaciones pusieron al descubierto una trama corrupta organizada en torno al tesorero del PP Rosendo Naseiro, que quedó impune porque, aunque las evidencias eran abrumadoras, el juez apreció irregularidades formales en la investigación.

En aquel tiempo, todavía cabía confiar en la capacidad de rectificación de las formaciones políticas, pero la realidad vino enseguida a demostrar que los propósitos de enmienda enunciados no podrían detener la infestación. Tampoco el hundimiento en las arenas movedizas de la corrupción del último Gobierno de Felipe González en 1996 supuso el esperado punto de inflexión general. Los partidos siguieron con sus hábitos de negar la mayor y blindar a los suyos frente a la justicia. No hubo escarmiento suficiente ni vacuna porque el pulpo de la corrupción había encontrado también abrigo en las organizaciones territoriales autonómicas y municipales y podía mover sus tentáculos con relativa impunidad. La colonización política de las administraciones e instituciones públicas permitía soslayar o desmontar los controles, mientras el electorado, entretenido en el juego del “tú más”, se mostraba bien dispuesto a seguir votando a los corruptos abrigados con las siglas en las candidaturas de listas cerradas. El tiempo medio que los jueces tardan en dictar sentencia en los macroprocesos es de 10 años. La justicia lentísima del tarde, mal y nunca parecía entonces una amenaza lejana, improbable y en última instancia, siempre cabía confiar, con fundamento probado, en el indulto gubernamental. Entre 2000 y 2012 ha habido 132 indultos a políticos condenados por casos de corrupción.

Desde los años noventa, nuestro país ha ofrecido un vertiginoso carrusel de escándalos de corrupción y una interminable galería de personajes, Jordi Pujol, Ruiz Mateos, Luis Roldán, Jesús Gil, Javier de la Rosa, Gabriel Urralburu, Mario Conde, Carlos Fabra, Francisco Correa, Jaume Matas, Iñaki Urdangarin, Félix Millet, Francisco Granados, Francisco Javier Guerrero, Luis Bárcenas…, en los que el rostro curtido de la sinvergonzonería aparece adobado en soberbia y maquillado con fingida indignación. España es un país en el que los delincuentes salen por la televisión a denunciar con desenvoltura que son objeto de una persecución intolerable y a amenazar a quienes los señalan. En ocasiones, aporta noticias ante las que hay que restregarse los ojos: “Luis Bárcenas sale de prisión con un permiso para esquiar en Baqueira”, “Mensaje de Rajoy a Bárcenas: ‘Aguanta, Luis’, ‘sé fuerte”.

Muchos juristas siguen viendo en la actitud de jueces y fiscales restos de la antigua servidumbre debida a las clases acomodadas en el franquismo. “En España, los tribunales siempre han sido demasiado fuertes con los débiles y demasiado débiles con los fuertes”, indica un antiguo fiscal que recita de corrido casos en los que potentados de la banca y de la gran empresa como Emilio Botín o César Alierta quedaron libres de condena gracias a las modificaciones de los criterios procesales aplicados hasta ese momento o a la habilidosa utilización de los plazos y los recursos. “El voto del ciudadano corriente vale tanto en las urnas como el de un gran financiero, pero a partir de ahí los poderosos ejercen regularmente su influencia en los estamentos de poder”, afirma el fiscal.

En el escaparate de la opinión pública apenas figuran los grupos de intereses que practican la corrupción legalizada o la “captura del Estado”, pese a que existen numerosas huellas de su actividad, desde luego en la política urbanística pero también en los sectores bancario, energético, sanitario y de las telecomunicaciones. “Estos grupos son capaces de comprar regulaciones e incluso leyes a cambio de financiar generosamente al partido en el Gobierno”, asegura Manuel Villoria, cofundador de Transparencia Internacional España. El caso ITV en el que está implicado Oriol Pujol Ferrusola sería una prueba de cómo se puede sobornar a un político y conseguir que su grupo parlamentario apruebe en bloque una regulación objetivamente lesiva para el ciudadano y la libre competencia. Manuel Villoria echa en falta en las leyes aprobadas recientemente una adecuada regulación de los lobbies.

La politización de las altas instancias judiciales –“ese magistrado del Constitucional ha sido desleal. Le pusimos nosotros y, sin embargo, ha votado contra nuestra posición en lo referente al Estatuto catalán”, se indignaba un alto dirigente socialista– ha instalado la sombra de la sospecha en la cúpula de la Judicatura y la Fiscalía. ¿La actitud de la Fiscalía en el caso de la infanta Cristina se corresponde escrupulosamente con lo reglamentario? “No hay corrupción judicial en España más allá de unos pocos casos aislados. Los tribunales son verdaderamente independientes, y los fiscales, profesionales y poderosos. Le aseguro que el poder político no frena al fiscal y que cuando el procedimiento se pone en marcha no lo para nadie. Lo que sí tenemos es una justicia muy lenta, que casi es lo peor que se puede decir”, sostiene Alejandro Luzón, el fiscal que ha investigado muchos de los grandes escándalos. “Nuestras debilidades legislativas y administrativas son graves, pero esos fallos están identificados y se resuelven con prevención, transparencia, incompatibilidades en los cargos públicos y educación ciudadana. Hay motivos para ser optimistas porque se ha avanzado mucho en la lucha contra la corrupción. Descontada la corrupción política vinculada a los partidos, no somos, en absoluto, un país corrupto”, subraya Luzón.

El alcance de la corrupción en España queda sujeto a discusión, pero a tenor de las encuestas y estudios no puede decirse que la sociedad española sea corrupta. “Lo que tenemos es, sobre todo, alta corrupción: la sensación de que las empresas deben pagar a los políticos o a sus partidos para obtener contratos o beneficios públicos. Es una corrupción tan intensa como poco extensa”, indica Víctor Lapuente, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford e investigador del Instituto de Calidad de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). “Aquí no hay riesgo de que la policía te pare y te pida dinero o que tengas que sobornar para recibir asistencia médica. De hecho, la corrupción entre nuestros funcionarios es de las más bajas del mundo. Lo nuestro es un serio problema de corrupción política a causa de los graves defectos institucionales y de los nombramientos de libre designación para los puestos de funcionarios”, abunda Manuel Villoria.

La sociedad española no tiene más inclinación por la corrupción que cualquier otra, pero ha sido moldeada en el doble rasero que se procuran las élites, en el nada ejemplarizante comportamiento de los partidos políticos, la institución juzgada más corrupta en las encuestas, y en la atmósfera de relativa impunidad reinante en estas décadas. ¿Cabe indignarse desde la esfera política del impago del IVA en la factura del fontanero si los políticos practican la mordida a las empresas y la contabilidad B? El atavismo de la pobre legitimación del Estado y de la secular desconfianza española en las instituciones contribuye también a explicar la mayor condescendencia general respecto a la economía sumergida y la permisividad ante el impago de impuestos.

Lo curioso del caso español es que esa permisividad convive en un mismo bagaje cultural con el rechazo beligerante y masivo a la corrupción política. Como se ha visto en los casos de Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, esa doble moral alcanza también a figuras políticas de partidos emergentes y permite predicar contra la corrupción al tiempo que se intenta estafar a Hacienda o se disfruta de un beca indebida; todo con naturalidad, sin autocrítica ni mayor penalización social. Y, sin embargo, el estudio llevado a cabo por los profesores Prieto, Sanzo y Suárez en 2006 ya mostró que los votantes de los dos principales partidos rechazaban de forma rotunda los fraudes para acceder de forma ilegal a las prestaciones públicas.

“No se debe olvidar el idealismo de los españoles en lo tocante a las cuestiones políticas, así como su aguda susceptibilidad respecto a la injusticia. No hay pueblo que sea más severo que el español en sus juicios sobre estas cuestiones. El favoritismo y la aceptación de comisiones resultan a sus ojos un verdadero desfalco. Los españoles en conjunto no son justos ni imparciales, pero son honestos. Por mi parte, tiendo a pensar que si en Inglaterra estuviéramos expuestos a tal número de tentaciones de deshonestidad como se está en España, no saldríamos tan bien parados como ellos”. Lo escribió Gerald Brenan en 1962.

elpaissemanal@elpais.es

Gente sin formas

20 julio, 2016

Fuente: EL PAÍS SEMANAL

A esta mujer la atracó un señor con corbata de un banco; la expulsó otro señor con corbata del Parlamento. Todo educadamente. Y ella… protestando, pobre

Gente sin formas
J.J. GUILLÉN (EFE)

Para quienes continúen con dudas metafísicas acerca de lo que es violencia y lo que no, aquí tenemos un caso concreto. Esta mujer fue estafada por un banco que colocó sus ahorros en las llamadas preferentes. Si ustedes acuden al diccionario de sinónimos, verán que preferente es primo hermano de preponderante, dominante, influyente, destacado y distinguido, entre otros. De ahí la existencia de ciudadanos chinches que aprecian ya en ese nombre, por falso, cierto grado de violencia verbal. Bueno, hay gente que le encuentra pegas a todo. A lo que íbamos es que el banco despojó a la señora de los bienes que esta le había confiado sin utilizar fuerza física, presión mecánica o ahogamiento simulado. Se dirigió a ella un señor con corbata y le dijo: “Tenemos una cosa estupenda para clientes especiales”. La cosa estupenda resultó ser un atraco llevado a cabo sin escopeta recortada, sin cuchillo de cocina, sin navaja automática. ¿De qué se queja, pues? Otro individuo menos educado te rebana el pescuezo y te viola. El pasado 11 de abril, esta señora, una pesada, se acercó al Parlamento, también conocido, no se lo pierdan, como sede de la soberanía popular, de donde fue expulsada al intentar llamar la atención sobre su drama a los denominados por alguna razón representantes de los contribuyentes. Observen su apasionamiento y compárenlo con las buenas maneras con las que el banco la estafó, así como la tranquilidad zen con la que el Gobierno se viene tomando su problema. Si es que hay gente que no tiene formas, gente que ni sabe robar, ni sabe ser robada. Pobre.