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La huella de la corrupción en España

2 agosto, 2016

Fuente: EL PAÍS SEMANAL

Los españoles desconfían de las instituciones. Pero ¿es España un país corrupto?

Un millar de políticos con causas judiciales pendientes. Juzgados desbordados. Un 95% de ciudadanos convencidos de que el sistema favorece la impunidad. Retrato de una de las peores lacras del país

Albert Gadea, exdirector gerente de Planificación del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet

Poco antes de que el alcalde fuera detenido, me metieron en un despacho y me pusieron delante un informe. Era el mismo que yo había redactado, pero sin los párrafos en los que desaprobaba expresamente la operación urbanística. El alcalde les daba las órdenes por teléfono: ‘Que no se levante hasta que haya firmado’. Ante mi negativa, el secretario del Ayuntamiento me agarró de la muñeca, me colocó el bolígrafo en la mano y trató de obligarme a firmar.

Todo el mundo callaba”. Lo cuenta Maite Carol, 42 años, economista y entonces interventora municipal en Santa Coloma de Gramenet. Los guardias civiles que tenían pinchados los teléfonos del alcalde registraron este airado comentario: “No ha firmado, la puta esa ha salido llorando, hay que echarla”. Es lo que hizo el alcalde.

El caso Pretoria, destapado hace seis años, es una muestra reveladora de corrupción multipartidista, un ejemplo de cómo la codicia reú­ne, incluso, a políticos de ideologías contrapuestas en el saqueo de las arcas públicas. En los fraudes urbanísticos del área metropolitana de Barcelona se dieron cita los prohombres de Convergència: Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, figuras clave en los Gobiernos de Pujol; el diputado autonómico socialista Luis Andrés García, Luigi, y dirigentes menos notorios del PP. Según la Fiscalía, “formaban un entramado dirigido a manipular las adjudicaciones públicas de varias operaciones urbanísticas” a cambio de “cuantiosas comisiones que ocultaban a través de sociedades interpuestas”.

La investigación puso también de relieve que en los ámbitos empresariales inmobiliarios estaba asumido que, para obtener la adjudicación de proyectos en una serie de municipios, “había que contar con la autorización mediata de Luis Andrés García”. Dice la Fiscalía que el diputado del PSC mantenía una relación tan intensa y estrecha con su correligionario el alcalde de Santa Coloma de Gramenet y vicepresidente de la Diputación de Barcelona, Bartolomé Muñoz, que “de facto, era él quien dirigía y tomaba muchas de las decisiones urbanísticas”, luego refrendadas por la alcaldía.

La acusación juzga evidente que el alcalde de Santa Coloma cobró dos millones de euros en comisiones por una operación que impidió a su municipio ingresar 14 millones de euros. La pluralidad política de sus integrantes permitía a la trama operar en Ayuntamientos de signo ideológico diferente. ¿Es posible que las direcciones de los partidos ignoraran estos comportamientos “asumidos” por el empresariado?

Este es el testimonio de Itziar González, arquitecta y urbanista que ejerció de concejal independiente en el distrito barcelonés de Ciutat Vella entre 2007 y 2010. “Detecté la existencia de una red de corrupción en los servicios técnicos y jurídicos que actuaba en complicidad con agentes privados del sector turístico. Recibí todo tipo de presiones. Me dejaban cartas con amenazas de muerte en el buzón y una vez entraron en mi casa. Revolvieron todo en busca de informes relacionados con mi trabajo, inspeccionaron mi ordenador y se llevaron algún material. Pero, sobre todo, fue un aviso. Querían decirme que si yo seguía obstaculizando su proyecto, ellos estaban dispuestos a ir más lejos”. Algunas de estas experiencias denunciadas en el documental Corrupción, el organismo nocivo, producido por Pandora Box TV, resultan extrapolables al conjunto de España. Entre los ciudadanos más conscientes del fenómeno y entre los profesionales que lo combaten ha ido ganando cuerpo la idea de que si el problema no ha pasado a mayores y adoptado un cariz manifiestamente violento, mafioso, en nuestro país es porque la Judicatura y los Cuerpos de Seguridad del Estado se han mostrado altamente impermeables a la penetración de las tramas corruptas.

Hay un millar largo de políticos con causas abiertas por corrupción pese a que contamos con la asombrosa cifra de 17.621 cargos públicos aforados que no pueden ser juzgados por los tribunales ordinarios y disponen de un privilegiado blindaje que, a menudo, les libra de las pesquisas judiciales. De los 2.173 casos que en abril de 2013 estaban clasificados como “complejos” por el Consejo General del Poder Judicial, 1.661 están relacionados con casos de corrupción o de delitos económicos. Los jueces no dan abasto. Llevan años reclamando sin resultado más medios y refuerzos. “El último juzgado de la Audiencia Nacional se creó hace 20 años. Tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes cuando en la UE cuentan con 21. La falta de medios es deliberada”, asegura un antiguo fiscal que abandonó su carrera, desalentado, por la politización de las altas instancias judiciales. No es una opinión aislada, como no lo es el temor a que la reducción a 18 meses del plazo de instrucción, aprobada recientemente, acarree la impunidad de los delincuentes de cuello blanco implicados en casos graves y complejos que, por lo general, requieren el envío de comisiones rogatorias a otros países.
El Eurobarómetro de 2013 mostró que los españoles son los europeos que más corrupción perciben en su esfera política. El 84% de ellos cree que los partidos son corruptos y el 72% dice lo mismo de sus políticos. Es un récord que deja muy por detrás a Italia. Más aún: según la encuesta de Metroscopia de enero de 2013, el 95% de los preguntados cree que el sistema favorece la impunidad de los corruptos. En la España de nuestros días se cruzan apuestas del tipo: “¿Pagará realmente la cúpula del PP por el caso Gürtel?”; “¿llegará a ingresar la infanta en la cárcel?”. Por cambiantes que pueden llegar a ser los juicios morales y los estados de opinión en estos asuntos altamente expuestos a la efervescencia mediática, estamos ante un problema mayor que devora el crédito de partidos e instituciones y ataca los cimientos mismos de la democracia. Y es que, de un tiempo a esta parte, la mirada de la opinión pública busca y no halla en el firmamento de las élites colectivos intachables, libres de toda sospecha. No lo están los políticos profesionales, pero tampoco las organizaciones empresariales, que tienen a parte de sus antiguos dirigentes procesados, los altos directivos financieros, las organizaciones sindicales…
¿España es un país corrupto? El largo rosario de escándalos que como minas de efecto retardado han ido estallando en los últimos años ha desenterrado el viejo estigma del país condenado fatalmente a repetir sus desvergüenzas y a renovar el género literario de la picaresca que inventó, con propiedad, en su Siglo de Oro. Repasar esta faceta de la historia española es un ejercicio tan desconcertante como equívoco en la medida en que puede hacernos creer que nos contemplamos en el mismo espejo del pasado y que este es un problema que forma parte del ADN nacional.

EL PRECIO DE LA HONESTIDAD

La huella de la corrupción en España

Camino de Santiago, a la altura de Burgos, un hombre de mediana edad que viaja con su hija de siete años hace un alto en el camino y entabla conversación con una peregrina checa. Hablan de sus castigados pies y del peso de sus mochilas. Nuestro hombre, inspector de cursos de formación para parados, le confiesa que él carga desde hace meses con un abrumador dilema moral. Le dice: “La duda me carcome las entrañas porque me juego el puesto de trabajo. Es como si en la mochila transportara dos agotadores informes: en uno, autorizo con mi firma los pagos de los últimos cursos de formación; en el otro, los deniego por fraude de ley y denuncio las prácticas sistemáticas de desvío del dinero público. Estoy solo en este asunto, ¿qué haría usted?”. “Evitaría cometer actos que tuviera que ocultar a las siguientes generaciones”, responde la peregrina con la mirada puesta en la niña. “Esas palabras terminaron por decidirme. Regresé a Barcelona y me negué a firmar las autorizaciones de pago de los cursos, pese a las presiones de mis jefes del Servei d’Ocupació. Perdí mi empleo, pero me quedé con la conciencia tranquila. Según mis cálculos, el fraude masivo en los cursos de formación, financiados en su mayor parte por la UE, ascienden en España a unos 500 millones de euros”, asegura Carlos Martínez Viña.

“El gobierno de España es el más perfecto que pudieron imaginar los antiguos legisladores, pero la corrupción de los tiempos ha ido llenándole de abusos. Desde el pobre hasta el rico, todo el mundo consume y devora la hacienda del rey; los unos, a pequeños bocados; la nobleza, a boca llena; y en cuanto a los grandes, en cantidades fabulosas”, dejó escrito el que fuera embajador de Venecia en Madrid durante los años 1681-1682, Giovanni Cornaro.

En su obra El laberinto español, el hispanista inglés Gerald Brenan nos describe un cuadro de situación correspondiente a 1840 que puede resultarnos igualmente familiar. “No eran solo los empleos del Estado los que caían dentro de la influencia de los partidos. Los principales intereses industriales de España, sobre todo bancos y ferrocarriles, estaban muy estrechamente ligados a la política; de los políticos dependía el que se considerasen favorablemente sus intereses, mientras que los políticos a su vez dependían de ellos en lo que concierne a puestos en consejos de administración y cargos lucrativos para los miembros de sus familias”.

Que los ricos han burlado casi todos sus impuestos en España a lo largo de la historia es un apunte repetido por los cronistas de época. En 1902, el ministro de Agricultura declaró en el Senado que el fraude fiscal por la propiedad se situaba entre el 50% y el 80% porque las grandes haciendas no pagaban nada. Un tercio de los impuestos cobrados se lo quedaban los agentes encargados de recaudarlos. Así que, en efecto, España tiene amplios antecedentes de corrupción política. “Todo está podrido en España menos el corazón de la gente pobre”, dejó escrito el historiador británico Napier.

Una fugaz mirada retrospectiva al franquismo nos devuelve al predominio absoluto de las viejas clases dominantes asociadas a las oligarquías financieras e industriales que suplían la debilidad estructural del capitalismo español con las ventajas que les ofrecía el paraguas del régimen. El “enemigo público número uno” era el robagallinas, primero, y atracador, después, Eleuterio Sánchez, El Lute, en un tiempo en el que los maleantes de cuello blanco, con y sin crucifijo, campaban por sus fueros. La democracia no supo atajar estas sucias prácticas y la infección silenciosa de la corrupción ha hecho metástasis en el sistema hasta el punto de que no hay partido de derechas o de izquierdas, nacionalista o no nacionalista, a salvo de la gangrena. Más que en la ideología, la diferencia en el grado y la extensión hay que buscarla en el mayor o menor control del ámbito institucional ejercido por cada sigla y en las probabilidades de impunidad.

ANTOLOGÍA DE GRANDES ESCÁNDALOS

Caso Naseiro, la senda del tesorero. La trama corrupta en torno al tesorero del Partido Popular Rosendo Naseiro quedó impune en los noventa a pesar de las evidencias. El juez apreció irregularidades en la investigación.

Filesa, financiación ilegal del psoe. El Tribunal Supremo condenó a ocho responsables de crear un conglomerado de empresas que recaudó fondos ilegales para las campañas del PSOE en las elecciones generales y europeas de 1989

Juan Guerra, se disparan las alarmas. El procesamiento por tráfico de influencias de Juan Guerra (derecha), hermano del vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, sacudió la vida pública de los ochenta.

Mario Conde, el ángel caído. El Banco de España intervino Banesto, presidido entonces por Mario Conde, el 28 de diciembre de 1993. El proceso terminó con penas de cárcel para los principales responsables de gestionar la entidad bancaria.

Marbella, el estigma interminable. Caso Malaya. Caso Marbella. Caso Camisetas. Caso Atlético. Un rosario de causas e implicados, como el empresario José María del Nido y los exalcaldes Julián Muñoz y Jesús Gil (de izquierda a derecha).

Gürtel, el bigotes y compañía. El caso lleva el nombre del cabecilla de la trama, Francisco Correa, traducido al alemán. Correa creó un entramado y aprovechó sus relaciones con el PP para enriquecerse.

Caso Palau, el rastro de convergència. El desvío de fondos del Palau de la Música, presidido por Félix Millet, acechó a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Caso Nóos, Urdangarin y familia. El juicio por el caso Nóos, que arrancó el pasado 11 de enero, encausa a 18 imputados en la trama con la que Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres lograron casi seis millones de euros de dinero público

ERE y fraude, desfalco en Andalucía. El mayor caso de corrupción en Andalucía desveló una red de fraudes con las subvenciones al desempleo. Arriba, el principal acusado, Francisco Javier Guerrero, exdirector de Trabajo de la Junta.

Caso Bárcenas, la caja B del PP. Luis Bárcenas encabeza la causa derivada del caso Gürtel sobre la existencia de una caja B en el PP controlada por los extesoreros Álvaro Lapuerta y el mismo Bárcenas.

 

Al socorrido argumento de que la joven y frágil democracia española necesitaba reforzar financieramente a sus partidos políticos para contrarrestar la débil afiliación y la proverbial inhibición de la sociedad en la cosa pública, heredada del franquismo, se le sumó, particularmente en los periodos de bonanza económica, la teoría exculpatoria de que un poco de corrupción viene bien al sistema porque permite engrasar sus estructuras. Ungidos por la legitimidad del voto, los partidos juzgaron pecado venial procurarse una financiación paralela a la legal, y sin que se conozca fecha ni lugar suscribieron implícitamente un pacto de silencio cómplice que ha seguido vigente hasta nuestros días, excepción hecha del accidental calentón enseguida sofocado: “Tienen un problema y se llama 3%”, que el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, lanzó a CiU. Por mucho que siete no sea lo mismo que setenta, la corrupción ata a unos y otros en el secreto y el temor compartidos a quedar en evidencia ante la opinión pública.

Aunque la casuística es muy variada, lo que empezó como una manera de recaudar dinero para las campañas electorales –en el caso Filesa, uno de los primeros escándalos del PSOE, no se detectó lucro personal–, fue derivando en un sistema en el que la búsqueda del beneficio individual desempeña un papel determinante. Eso ha quedado de manifiesto en los sumarios abiertos por la trama Gürtel, la actuación de Luis Bárcenas y el fraude de los ERE en Andalucía. La captación de “empresas amigas” dispuestas a hacer generosas “donaciones” a cambio de recalificaciones de suelo, adjudicación de contratos públicos o subvenciones viene ahora de la mano de turbios personajes que practican el maridaje entre negocio y política.

El procesamiento por tráfico de influencias de Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, fue una hoguera que activó algunas alarmas a finales de los ochenta, pero el aldabonazo más notorio de que la corrupción había alcanzado el tuétano político vino con este mensaje confidencial: “Estoy en la política para forrarme”, que el dirigente del PP y presidente de la Diputación de Valencia Vicente Sanz transmitió en una conversación telefónica registrada por la policía. Las investigaciones pusieron al descubierto una trama corrupta organizada en torno al tesorero del PP Rosendo Naseiro, que quedó impune porque, aunque las evidencias eran abrumadoras, el juez apreció irregularidades formales en la investigación.

En aquel tiempo, todavía cabía confiar en la capacidad de rectificación de las formaciones políticas, pero la realidad vino enseguida a demostrar que los propósitos de enmienda enunciados no podrían detener la infestación. Tampoco el hundimiento en las arenas movedizas de la corrupción del último Gobierno de Felipe González en 1996 supuso el esperado punto de inflexión general. Los partidos siguieron con sus hábitos de negar la mayor y blindar a los suyos frente a la justicia. No hubo escarmiento suficiente ni vacuna porque el pulpo de la corrupción había encontrado también abrigo en las organizaciones territoriales autonómicas y municipales y podía mover sus tentáculos con relativa impunidad. La colonización política de las administraciones e instituciones públicas permitía soslayar o desmontar los controles, mientras el electorado, entretenido en el juego del “tú más”, se mostraba bien dispuesto a seguir votando a los corruptos abrigados con las siglas en las candidaturas de listas cerradas. El tiempo medio que los jueces tardan en dictar sentencia en los macroprocesos es de 10 años. La justicia lentísima del tarde, mal y nunca parecía entonces una amenaza lejana, improbable y en última instancia, siempre cabía confiar, con fundamento probado, en el indulto gubernamental. Entre 2000 y 2012 ha habido 132 indultos a políticos condenados por casos de corrupción.

Desde los años noventa, nuestro país ha ofrecido un vertiginoso carrusel de escándalos de corrupción y una interminable galería de personajes, Jordi Pujol, Ruiz Mateos, Luis Roldán, Jesús Gil, Javier de la Rosa, Gabriel Urralburu, Mario Conde, Carlos Fabra, Francisco Correa, Jaume Matas, Iñaki Urdangarin, Félix Millet, Francisco Granados, Francisco Javier Guerrero, Luis Bárcenas…, en los que el rostro curtido de la sinvergonzonería aparece adobado en soberbia y maquillado con fingida indignación. España es un país en el que los delincuentes salen por la televisión a denunciar con desenvoltura que son objeto de una persecución intolerable y a amenazar a quienes los señalan. En ocasiones, aporta noticias ante las que hay que restregarse los ojos: “Luis Bárcenas sale de prisión con un permiso para esquiar en Baqueira”, “Mensaje de Rajoy a Bárcenas: ‘Aguanta, Luis’, ‘sé fuerte”.

Muchos juristas siguen viendo en la actitud de jueces y fiscales restos de la antigua servidumbre debida a las clases acomodadas en el franquismo. “En España, los tribunales siempre han sido demasiado fuertes con los débiles y demasiado débiles con los fuertes”, indica un antiguo fiscal que recita de corrido casos en los que potentados de la banca y de la gran empresa como Emilio Botín o César Alierta quedaron libres de condena gracias a las modificaciones de los criterios procesales aplicados hasta ese momento o a la habilidosa utilización de los plazos y los recursos. “El voto del ciudadano corriente vale tanto en las urnas como el de un gran financiero, pero a partir de ahí los poderosos ejercen regularmente su influencia en los estamentos de poder”, afirma el fiscal.

En el escaparate de la opinión pública apenas figuran los grupos de intereses que practican la corrupción legalizada o la “captura del Estado”, pese a que existen numerosas huellas de su actividad, desde luego en la política urbanística pero también en los sectores bancario, energético, sanitario y de las telecomunicaciones. “Estos grupos son capaces de comprar regulaciones e incluso leyes a cambio de financiar generosamente al partido en el Gobierno”, asegura Manuel Villoria, cofundador de Transparencia Internacional España. El caso ITV en el que está implicado Oriol Pujol Ferrusola sería una prueba de cómo se puede sobornar a un político y conseguir que su grupo parlamentario apruebe en bloque una regulación objetivamente lesiva para el ciudadano y la libre competencia. Manuel Villoria echa en falta en las leyes aprobadas recientemente una adecuada regulación de los lobbies.

La politización de las altas instancias judiciales –“ese magistrado del Constitucional ha sido desleal. Le pusimos nosotros y, sin embargo, ha votado contra nuestra posición en lo referente al Estatuto catalán”, se indignaba un alto dirigente socialista– ha instalado la sombra de la sospecha en la cúpula de la Judicatura y la Fiscalía. ¿La actitud de la Fiscalía en el caso de la infanta Cristina se corresponde escrupulosamente con lo reglamentario? “No hay corrupción judicial en España más allá de unos pocos casos aislados. Los tribunales son verdaderamente independientes, y los fiscales, profesionales y poderosos. Le aseguro que el poder político no frena al fiscal y que cuando el procedimiento se pone en marcha no lo para nadie. Lo que sí tenemos es una justicia muy lenta, que casi es lo peor que se puede decir”, sostiene Alejandro Luzón, el fiscal que ha investigado muchos de los grandes escándalos. “Nuestras debilidades legislativas y administrativas son graves, pero esos fallos están identificados y se resuelven con prevención, transparencia, incompatibilidades en los cargos públicos y educación ciudadana. Hay motivos para ser optimistas porque se ha avanzado mucho en la lucha contra la corrupción. Descontada la corrupción política vinculada a los partidos, no somos, en absoluto, un país corrupto”, subraya Luzón.

El alcance de la corrupción en España queda sujeto a discusión, pero a tenor de las encuestas y estudios no puede decirse que la sociedad española sea corrupta. “Lo que tenemos es, sobre todo, alta corrupción: la sensación de que las empresas deben pagar a los políticos o a sus partidos para obtener contratos o beneficios públicos. Es una corrupción tan intensa como poco extensa”, indica Víctor Lapuente, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford e investigador del Instituto de Calidad de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). “Aquí no hay riesgo de que la policía te pare y te pida dinero o que tengas que sobornar para recibir asistencia médica. De hecho, la corrupción entre nuestros funcionarios es de las más bajas del mundo. Lo nuestro es un serio problema de corrupción política a causa de los graves defectos institucionales y de los nombramientos de libre designación para los puestos de funcionarios”, abunda Manuel Villoria.

La sociedad española no tiene más inclinación por la corrupción que cualquier otra, pero ha sido moldeada en el doble rasero que se procuran las élites, en el nada ejemplarizante comportamiento de los partidos políticos, la institución juzgada más corrupta en las encuestas, y en la atmósfera de relativa impunidad reinante en estas décadas. ¿Cabe indignarse desde la esfera política del impago del IVA en la factura del fontanero si los políticos practican la mordida a las empresas y la contabilidad B? El atavismo de la pobre legitimación del Estado y de la secular desconfianza española en las instituciones contribuye también a explicar la mayor condescendencia general respecto a la economía sumergida y la permisividad ante el impago de impuestos.

Lo curioso del caso español es que esa permisividad convive en un mismo bagaje cultural con el rechazo beligerante y masivo a la corrupción política. Como se ha visto en los casos de Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, esa doble moral alcanza también a figuras políticas de partidos emergentes y permite predicar contra la corrupción al tiempo que se intenta estafar a Hacienda o se disfruta de un beca indebida; todo con naturalidad, sin autocrítica ni mayor penalización social. Y, sin embargo, el estudio llevado a cabo por los profesores Prieto, Sanzo y Suárez en 2006 ya mostró que los votantes de los dos principales partidos rechazaban de forma rotunda los fraudes para acceder de forma ilegal a las prestaciones públicas.

“No se debe olvidar el idealismo de los españoles en lo tocante a las cuestiones políticas, así como su aguda susceptibilidad respecto a la injusticia. No hay pueblo que sea más severo que el español en sus juicios sobre estas cuestiones. El favoritismo y la aceptación de comisiones resultan a sus ojos un verdadero desfalco. Los españoles en conjunto no son justos ni imparciales, pero son honestos. Por mi parte, tiendo a pensar que si en Inglaterra estuviéramos expuestos a tal número de tentaciones de deshonestidad como se está en España, no saldríamos tan bien parados como ellos”. Lo escribió Gerald Brenan en 1962.

elpaissemanal@elpais.es

Gente sin formas

20 julio, 2016

Fuente: EL PAÍS SEMANAL

A esta mujer la atracó un señor con corbata de un banco; la expulsó otro señor con corbata del Parlamento. Todo educadamente. Y ella… protestando, pobre

Gente sin formas

J.J. GUILLÉN (EFE)

Para quienes continúen con dudas metafísicas acerca de lo que es violencia y lo que no, aquí tenemos un caso concreto. Esta mujer fue estafada por un banco que colocó sus ahorros en las llamadas preferentes. Si ustedes acuden al diccionario de sinónimos, verán que preferente es primo hermano de preponderante, dominante, influyente, destacado y distinguido, entre otros. De ahí la existencia de ciudadanos chinches que aprecian ya en ese nombre, por falso, cierto grado de violencia verbal. Bueno, hay gente que le encuentra pegas a todo. A lo que íbamos es que el banco despojó a la señora de los bienes que esta le había confiado sin utilizar fuerza física, presión mecánica o ahogamiento simulado. Se dirigió a ella un señor con corbata y le dijo: “Tenemos una cosa estupenda para clientes especiales”. La cosa estupenda resultó ser un atraco llevado a cabo sin escopeta recortada, sin cuchillo de cocina, sin navaja automática. ¿De qué se queja, pues? Otro individuo menos educado te rebana el pescuezo y te viola. El pasado 11 de abril, esta señora, una pesada, se acercó al Parlamento, también conocido, no se lo pierdan, como sede de la soberanía popular, de donde fue expulsada al intentar llamar la atención sobre su drama a los denominados por alguna razón representantes de los contribuyentes. Observen su apasionamiento y compárenlo con las buenas maneras con las que el banco la estafó, así como la tranquilidad zen con la que el Gobierno se viene tomando su problema. Si es que hay gente que no tiene formas, gente que ni sabe robar, ni sabe ser robada. Pobre.

Vida gay 1: Tomar tu mano

5 julio, 2016

Fuente: EL PAÍS SEMANAL

No es que sea cobarde. Conozco el estrujón que hace en la tarde un insulto homofóbico y quiero evitarte el mal momento

Tu mano, una mano tan pequeña que es casi la mano de una niña y cuyo pulgar aprieto con el mío cuando cruzamos la calle. Tu mano de mujer, de uñas ligeramente largas y sin pintar, de dedos que surgen en montes surcados por líneas en las que una vez te leyeron en Valencia en un mercado de pulgas un futuro escandaloso y sublime.
Retiro mi mano para que nuestro paseo genere el menor odio posible
Tu mano decide agarrar la mía. Se desliza contra el telón que es mi abrigo de la que surge esa otra, resfriada y tímida de un bolsillo, para regresar a casa como topo en el hueco de la tuya. Luego 10 dedos parten el agua entrecruzada de una piscina de la que sacan orgullosas sus cabezas en forma de uña para descansar intercalados y contentos los unos con los otros.
Pero el miedo llega con la insistente precisión de una gastritis a llenar de viento mojado la fogata que unos pequeños exploradores acaban de encender en nuestras palmas. Retiro mi mano temerosa de otras que hacen señas obscenas en los balcones y que lanzan, desde allí, un envase de leche podrida o una llave inglesa contra mi cabeza. Manos de señora o de joven, manos que tienen agarrado por los cojones el desempeño afectivo de las mías.

Esta reacción es ya en mí un reflejo inmediato. No es que sea cobarde. Conozco el estrujón que hace en la tarde un insulto homofóbico y quiero evitarte el mal momento. Retiro mi mano para que nuestro paseo genere el menor odio posible.

elpaissemanal@elpais.es

Caza al homosexual

1 julio, 2016

Fuente: EL PAÍS SEMANAL

Detenciones, palizas, asesinatos. Ser gay o lesbiana en Uganda supone jugarse la vida

El Gobierno propone su ejecución; los predicadores siembran odio entre sus fieles

‘El País Semanal’ y Canal + retratan a víctimas y verdugos de la homofobia

La gente cree que lo nuestro es una enfermedad y que se nos puede curar. Por eso muchas lesbianas han sufrido lo que llaman violaciones correctivas. Te hablo de violaciones múltiples, de varios hombres abusando a la vez de una joven porque creen que si te violan en grupo te convencerás de que te gusta ser mujer y de que te gustan los hombres. Pero es que además, como resultado de esas violaciones, muchas lesbianas han acabado contagiadas de sida”. Jay Mulucha, de 26 años, es la presidenta de Fem Alliance Uganda. Habla pausado y mirando a los ojos al periodista, consciente de la atrocidad que está contando. Como diciendo: “¿A que es fuerte, verdad?”. Mulucha saca su cámara digital y busca entre las últimas fotos. Su rostro magullado e hinchado aparece en la pequeña pantalla. No hace falta ampliar la imagen. Varios jóvenes la golpearon en plena calle, en un mercado, después de que unas mujeres la increparan por vestir de manera masculina. “Tal y como visto hoy”, señala, “pantalones beis ajustados y una camisa negra”. Así es el día a día de los gais y lesbianas en Uganda. Acoso constante, persecución, criminalización. Pequeños pasos de una calculada estrategia para oficializar la homofobia de Estado.

Por eso, de muchos de los y las valientes que aparecen fotografiados en este reportaje solo podemos dar su nombre de pila: Hush, Kim, Patrick, Musa, Williams. Estos jóvenes se han puesto a la vanguardia de la dignidad en su país sabiendo que sobre ellos pesa la posibilidad de una condena a muerte. Y eso es mucho decir. Y es mucho arriesgar. Durante esa sesión de fotos sabían que la policía podía aparecer en cualquier momento y detenerlos, pero esta gente tiene claro que solo desde la resistencia, desde la tenacidad, pueden resistir a esa ola inquisitorial que los quiere muertos. Muchos de ellos han sido expulsados de sus casas y de sus familias. Algunos se refugian en casas de seguridad que diferentes organizaciones de apoyo a sus derechos tienen por toda Kampala. Una especie de pisos francos donde encuentran cama, comida y una verdadera familia.

La homosexualidad es un delito en 80 países del mundo. En algunos, como en Irán, Yemen o Arabia Saudí, donde se aplica la sharia, ese delito se paga con la muerte. Uganda, uno de los países más profundamente cristianos de África, también ha decidido modificar su código penal para condenar a muerte a los homosexuales. El proyecto de ley, actualmente en discusión en el Parlamento de Kampala, contempla la ejecución para la llamada homosexualidad agravada o reincidente, y la cadena perpetua para todo aquel sorprendido teniendo relaciones sexuales con alguien del mismo sexo. “La ley afecta a todo el mundo, no solo a los homosexuales”, cuenta Jay, “porque si conoces o sospechas que alguien es gay, estás obligado a denunciarlo bajo pena de tres años de cárcel. A nosotros nos meten la perpetua o la condena a muerte. Nos matan. Pero si tienes un hijo, una hija o un tío que sean gais, o los denuncias o vas a prisión”.

LE LLAMAN ‘LEY MATA-GAIS’

El autor de la conocida ya como ley mata-gais es David Bahati, un joven diputado del Movimiento de Resistencia Nacional, el partido del presidente Yoweri Museveni. Algunas malas lenguas dicen que ha sido elegido por otros parlamentarios más veteranos y más resabiados para ser el que defienda una ley tan polémica, porque el riesgo de quemarse en el intento es alto. Pero Bahati, voz contenida, discurso afable en las formas, incluso frío, se cree elegido para una misión muy especial: “La homosexualidad es ilegal. Es inaceptable en nuestro país. Queremos frenar su expansión. El contagio de nuestros niños. Sus fuentes de financiación. Queremos asegurarnos de que no se producen matrimonios entre homosexuales”. Bahati cree que la homosexualidad es un hábito. Un hábito que se aprende y que, por tanto, se puede desaprender. Sigue defendiendo la pena de muerte, aunque la fuerte presión internacional, sobre todo de los países que más ayuda a la cooperación y el desarrollo entregan a Uganda, está haciendo al Congreso repensar la ley. Bahati admite que igual no consigue que se apruebe la pena de muerte, pero que la cadena perpetua puede ser una buena alternativa. “Ustedes en España también tienen gente que rechaza la homosexualidad y sus matrimonios. Pues yo pertenezco a ellos”, dice sonriendo. Cuando le hago notar que en España, pese a las diferentes opciones sobre el matrimonio gay, nadie plantea su ejecución o encarcelamiento de por vida, responde que cada sociedad tiene sus propias leyes y puntos de vista: “Ahora estamos investigando a todas esas ONG que están promoviendo la homosexualidad. Se esconden en actividades de lucha contra el sida, o la pobreza, o la promoción de los derechos humanos, pero resulta que aquí, en Uganda, no consideramos la homosexualidad como un derecho fundamental”. Le pido pruebas, y no tiene; le pido números, y habla de rumores. Bahati dice que el 95% de la población rechaza la homosexualidad, pero no tiene la encuesta.

Queremos frenar la expansión de la homosexualidad, el contagio de los niños, su financiación”, dice el autor de la ‘ley mata-gais’

¿Qué le ha pasado a este país, uno de los más mimados por la comunidad internacional? ¿Qué ha ocurrido en este paraíso de turistas, la llamada perla de África, donde nace el Nilo blanco, para que sus diputados crean que, por encima de acabar con la pobreza, el sida o la malaria, sea prioritario poder ejecutar al que se declare homosexual? Uganda es un país cristiano. El 90% de su población es, a partes iguales, católica y anglicana. La religión está muy presente en la vida diaria y los programas de telepredicadores tienen un enorme seguimiento. Activistas de derechos humanos y observadores internacionales coinciden en que la llegada masiva de dinero y misioneros desde Estados Unidos ha modificado los principios de convivencia. Uganda se ha convertido en la nueva tierra de promisión para algunas iglesias evangelistas norteamericanas. Todo avión que aterriza en el aeropuerto de Entebbe trae entre sus pasajeros una cantidad considerable de los llamados cristianos renacidos, jóvenes de Ohio, Indiana o Wisconsin que vienen a esta tierra prometida en misión divina. Telepredicadores norteamericanos como Lou Engle, fundador del movimiento La Llamada, o Scott Lively, que escribió un libro titulado, atención, La esvástica rosa, se han acercado por Uganda y han encontrado en su odio al homosexual la manera de diferenciarse de otros credos. Ellos han convencido a los pastores locales de que los gais tienen una agenda oculta para reclutar niños ugandeses en las escuelas y que la homosexualidad es un hábito que se puede curar. El resultado es que muchos predicadores traducen esas ideas directamente desde el Viejo Testamento en términos de odio, aversión y xenofobia.

REVERENDOS DEL ODIO

“Yo amo a los homosexuales. Yo salgo a la calle a buscarlos y a decirles: ¡Eh, estás poniendo en peligro tu vida! Yo les aconsejo. ¡Y tú me llamas a mí reverendo del odio!”. A Solomon Male se le inyectan los ojos en furia y una vena de ira cruza su frente de izquierda a derecha. Mira con una mezcla de rabia e indignación que realmente no parece impostada. Está convencido de lo que dice. Male es un pastor evangélico que lidera la llamada Coalición Nacional contra la Homosexualidad en Uganda. “La homosexualidad es una adicción. Es un hábito que se aprende. Y cuando alguien cae, se convierte en un adicto”, insiste. Male ha curado a muchos homosexuales, o eso dice. ¿Cómo? Consejos, oración y fuerza de voluntad, según el pastor. Su discurso es agresivo y directo. En su Facebook se compara con Martin Luther King y asegura que no es como otros pastores, que él no regala indulgencias por dinero, lo que llama “góspel de la extorsión”. Eso sí, cobra por curar la homosexualidad. Tampoco es capaz de decir a cuántos ha curado. Muchos, es su respuesta. Cuando le digo que sus invocaciones dominicales contra los gais, que sus discursos llenos de rencor son invitaciones a que la gente actúe por su cuenta, vuelve a enfadarse: “Vosotros, occidentales, que sois prohomosexualidad, solo queréis oír un lado de la historia: que los gais están siendo perseguidos. Pero no queréis escuchar que los homosexuales son dañinos”.

Solomon Male es un personaje peligroso porque es capaz de canalizar todo su odio con una gran capacidad de seducción y unas supuestas evidencias científicas. Su elocuencia encandila a sus entregados feligreses. Como Martin Ssempa, otro de esos reverendos catódicos que están siempre en las tertulias radiofónicas y que se han convertido en estrellas mediáticas en su país. “Se dicen todo tipo de mentiras sobre mí. Que si predico para matar homosexuales, que si llevo pistola, que si corto cuellos, que soy supermalo y muy peligroso. Lo único que quiero es que se sepa que la homosexualidad es un crimen, una abominación, un estigma, un tabú”, me grita a la cara.

Ssempa está casado y tiene cuatro hijos. Es probablemente uno de los pastores más famosos de Uganda, y toda una estrella en Internet. Un vídeo suyo en el que da una conferencia sobre la maldad de ser gay alcanza la nada despreciable cifra de siete millones de visitas. Ssempa tiene su iglesia dentro de la Universidad de Makerere, la más grande de Kampala. Se asegura así un público joven, fértil y muy maleable. Su cruzada antigay ha disparado su popularidad. Al final de la entrevista le pregunto qué pensaría de mí si le dijera que soy gay, y Ssempa responde rápido, furioso: “Según la ley, Jon, tú eres un criminal y deberías ir a la cárcel. A los ojos de Dios eres un pecador. Y según mi opinión, necesitas ayuda. Yo soy pastor, puedo aconsejarte, y puedes cambiar”. Mientras charlamos, Ssempa no deja de saludar a seguidores y fans. Tiene don de gentes. Sabe hablar y sabe llegar. Y ese es el peligro. Acude a tertulias televisivas porque es simpático e histriónico, pero aprovecha para que su mensaje vaya calando, como lluvia fina, y conseguir adeptos o al menos silencios cómplices. Caldo de cultivo de una futura cacería de gais.

A 40 kilómetros de Kampala, en la pequeña aldea de Seya, está la tumba de David Kato, el más destacado de los militantes gais asesinados en los últimos años. Su muerte disparó las alarmas de la comunidad internacional. Fue la primera luz roja de un posible pogromo contra los homosexuales porque Kato era el más significado de los activistas. El más conocido. El propio presidente de EE UU, Barack Obama, condenó personalmente su asesinato. “Puede que quieran matarnos a todos, pero no conseguirán eliminarnos”, dice ante la tumba John Wambere, amigo íntimo del difunto Kato y también militante gay. Wambere mide casi dos metros y todo el mundo le llama Long John. Lleva una camiseta morada en la que se puede leer, sobre un mapa de África, 37 maneras diferentes de decir homosexual en el continente: kuchu, shoga, busti…Dice: “Aquí todo el mundo es creyente y los líderes religiosos desempeñan un papel fundamental por su capacidad de influencia. A individuos como el famoso Ssempa se les da espacios en las radios para soltar lo que quieran, pero si yo voy a defenderme, estaría promoviendo la homosexualidad”.

David fue asesinado poco después de que su nombre, su cara y su dirección aparecieran publicados, junto a los de otros 100 homosexuales, en un periódico sensacionalista que incitaba a sus lectores a que “los ahorcaran”. Durante semanas, el rotativo exhibió impúdicamente las identidades de Kato, Long John y otros muchos gais que se vieron expulsados de sus trabajos o apartados de sus familias. Aquellos artículos contaban patrañas como que la homosexualidad acorta la vida en 24 años y es más peligrosa que fumar, o que los gais tenían un plan secreto para reclutar a un millón de niños ugandeses en las escuelas. Esos titulares trajeron muertes y muchas palizas. Lo más sorprendente es que cualquier taxista de Kampala, cualquier camarero al que le preguntes por los homosexuales, te repite esas ideas. Porque las han leído o las han escuchado en los sermones dominicales o en las tertulias políticas. Y en un país con un 25% de analfabetismo no se cuestiona a los líderes políticos o religiosos. Una intoxicación informativa de manual. El paso previo a lo que algunos sociólogos llaman “eliminacionismo”.

Long John es muy pesimista y piensa que la ley se aprobará. Él tendrá que pasar a la clandestinidad o huir del país. La homofobia crece, alentada por políticos sin escrúpulos y reverendos mesiánicos como Ssempa, que entre bromas, y como si fuera gracioso, hablan de un futuro “gaynocidio”. “Yo a los que temo de verdad es a los que nos rodean”, confiesa Long John, “a los vecinos, los taxistas, los compañeros de trabajo. Esos son los que nos van a caer encima antes de que llegue la policía. Ya ha habido linchamientos y gente que se ha tomado la justicia por su mano. Si te pillan antes de que venga la policía, estás muerto”.

El ministro Simon Lokodo es uno de los más aficionados a presentarse rodeado de agentes en reuniones clandestinas de activistas homosexuales y detenerlos a todos. Lokodo es sacerdote católico, y es el ministro de Ética e Integridad del país, lo cual, me insiste, no le plantea ningún dilema ético o moral: “Los homosexuales son muy peligrosos, porque pueden acabar destruyendo la humanidad. ¿Por qué? En primer lugar te diré que son unos pervertidos que han perdido la orientación natural de la sexualidad, es decir, la reproducción. ¿Por qué no creó Dios solo hombres? En segundo lugar, por las leyes de la física. ¡Está claro! Dos polos diferentes se atraen. Dos polos iguales se repelen…”. Lokodo habla tranquilo, sin sobresaltos, sin dar la sensación de que está sermoneando. Está acostumbrado a recibir a periodistas europeos que le miran con cara de estupefacción e incluso indignación. Creo que hasta disfruta de forma un tanto sádica desempeñando ese papel. Lokodo confiesa que él no está a favor de la pena de muerte, pero sí del encierro de por vida, “para aislarlos y que repiensen lo que han hecho”.

La Constitución ugandesa dice que no es un crimen ser homosexual, sino cometer actos de homosexualidad. ¿Cómo resuelve el ministro de Ética esa contradicción jurídica para poder detener a su antojo a los homosexuales que quiera?: “Hay que distinguir una condición de una acción. Si eres lesbiana o eres homosexual, y haces gala de ello, entonces estás en proceso de cometer un acto de lesbianismo u homosexualidad. Es decir, un crimen”. A Lokodo no le tiembla ni un músculo al decir que la homosexualidad es ilegal, inmoral, criminal y, en definitiva, según me insiste, una abominación. Su cercanía al presidente del país le hace todavía más peligroso por su capacidad de influencia. ¿Es necesario un ministerio de Ética? Por supuesto, insiste. Le digo que los talibanes también tenían su ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención de la Inmoralidad. “¡Me parece muy bien que lo tuvieran!”, exclama. Seguro que Lokodo, en cuanto vea este reportaje, pide a su policía antivicio que identifique a los gais y lesbianas que aparecen aquí. Ellos y ellas lo saben. Lo asumen. Pero se comen el miedo. Porque, como dice Long John, “si nos seguimos escondiendo, dirán que no existimos”.

El documental ‘La caza al homosexual’ se emite en Canal + el miércoles 10 de abril a las 21.45.

No hagas al prójimo lo que no quieres que hagan contigo

7 marzo, 2016

Fuente: http://www.eldiario.es

El Gobierno ha legalizado las expulsiones ‘en caliente’ con su nueva ley mordaza. Cuando el PP quiere saltarse la ley, legaliza sus ilegalidades

La inmigración no es una amenaza en España, lo que es una amenaza es la emigración. Si en Alemania nos trataran como tratamos nosotros a los africanos, les llamaríamos nazis

Cuando un ciudadano se salta la ley, lo paga. Cuando el Gobierno se salta la valla de la legalidad, es la ley la que lo paga. Decía Ignacio Escolar que, cuando al PP le va mal en un juicio, cambia al juez primero y al jefe de policía que les investiga después, como ha hecho en la Gürtel. Pues bien, de la misma manera, cuando al PP le va mal una ley, primero la infringe y después la cambia para legalizar su ilegalidad. No le van bien los negros que saltan la valla, así que primero los expulsa ilegalmente cuando acaban de entrar y ahora nos han colado por el butrón de la ley mordaza la legalización de las expulsiones ‘en caliente’. En la misma norma que nos restringe libertades a todos, la única libertad se la han tomado ellos. Han inventado nuevos delitos para nosotros, pero han convertido sus delitos en legales.

No respetan la opinión pública, pero tampoco los organismos internacionales a los que pertenecemos. Han hecho lo contrario de lo que dice y hace Europa. Cuando la Unión Europea ha visto que sus fondos de desarrollo se han utilizado para construir un obsceno campo de golf junto a la valla de Melilla, la indignación social le ha obligado a prometer que revisará el uso de esas ayudas a partir de ahora. Cuando el Gobierno español ha sido amonestado por el maltrato a personas en la frontera, ha decidido aplastar la leyes nacionales e internacionales con la apisonadora de su mayoría parlamentaria. Si no te gustan mis principios, cambia los tuyos. No me importa lo que diga la Justicia porque “la Justicia soy yo”.

Se comportan como justicieros y hablan como matones, empezando por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha respondido a los comisarios europeos como si estuviera en una taberna: “Que me envíen sus direcciones y les mando a esa gente, a esa pobre gente”. Mejor ser gente pobre que no un pobre hombre como el ministro. Esa no es manera de hablarle a tus colegas ni son maneras de referirse a quienes se juegan la vida para intentar llegar a Europa. Habla de ellos como si fueran paquetes postales. De hecho, durante todo su mandato, los ha tratado como bultos. Ha ordenado que les disparasen, incluso en el agua, que les golpeasen en la valla, que pusiesen cuchillas aunque les desuellen vivos, que los echen fuera. Como maletas en un aeropuerto.

Ha enviado a quince de ellos a la muerte en la playa de Ceuta por culpa de sus órdenes de disparar. Otras dos personas han perdido la vida en los centros de internamiento por falta de asistencia médica, y nada ha dicho el ministro al respecto. Está más preocupado por hacernos creer que va a haber una invasión de negros y que, si no la reprime con contundencia, pronto tendremos a toda África negra llamando a nuestras puertas. Ya ha conseguido la aparatosa imagen de los subsaharianos encaramados a la valla como si fueran hordas y titulares de prensa que amenazan con la llegada de 30.000 más. Hay más racismo y xenofobia que verdad.

La verdad es que la inmigración por la valla o en patera, aunque ha crecido en el último año, no llega al 1% del total. La verdad es que no hacía falta echar a 800.000 sin papeles de la Sanidad Pública porque toda la inmigración solo usa un 5% de nuestros servicios sociales y los inmigrantes aportan más al Estado de lo que utilizan. La verdad es que son más los que se van que los que vienen. La verdad es que España ha dejado de ser el país europeo que más migración recibe. Ahora es Alemania: el país al que emigran los españoles. Allí nosotros somos los pobres. El problema no es que vengan, el problema es que nos vamos. Si los alemanes nos recibieran como recibimos a los africanos, les llamaríamos nazis.

Feliz día mundial del migrante, señor ministro, dios quiera que usted emigre pronto de su ministerio.

La injusticia como política económica

25 diciembre, 2015

Fuente: http://www.elpais.com

En lugar de forjar un nuevo trato por la igualdad para salir de la crisis, el Gobierno echa la carga en los mismos de siempre

Cuando el presidente Roosevelt tomó las riendas de la economía estadounidense en 1933 para hacer frente a la mayor crisis de la historia atacó enseguida el factor que más decisivamente había influido en su estallido: la desigualdad, que entonces había llegado a ser también más grande que nunca.
Para ello recurrió a un término bien significativo: el new deal, es decir, el nuevo trato o acuerdo entre el gobierno y la sociedad, y entre el capital y el trabajo para repartir de un modo más justo los ingresos y la riqueza.

Entre otras medidas, Roosevelt forzó a las empresas a negociar con los trabajadores, fortaleció la presencia y el poder de los sindicatos y subió los salarios mínimos, además de crear bienes públicos como la seguridad social que, igualmente, suponían un mayor ingreso efectivo de los trabajadores y bienestar y riqueza social mejor repartidos.

Desde entonces, multitud de historiadores y economistas han corroborado que con mayor equidad hay menos crisis y que, por el contrario, la economía es más inestable e insatisfactoria cuando aumenta la desigualdad en cualquiera de sus manifestaciones.

Por eso resulta tan peligroso que, en España, se ha optado por aplicar frente a la crisis políticas que aumentan la injusticia y la inequidad hasta el punto de convertir a nuestro país en el más desigual de toda la Unión Europea.

El Gobierno es la punta de lanza de la cruzada contra los sindicatos para limitar la capacidad de defensa de los trabajadores, reformó las normas laborales con el único propósito de aumentar el poder de negociación de las grandes empresas y no tiene empeño más firme que el de reducir los salarios directos, los indirectos que percibimos mediante bienes y servicios públicos y los diferidos en forma de pensiones. Para eso cuenta, entre otros, con el apoyo de la mayor parte de los medios y de los jueces y fiscales, y entre todos han conseguido que la injusticia sea el auténtico modus operandi de nuestra política económica.

En los últimos días hemos vuelto a tener nuevas pruebas de ello.

Un juez acuerda en Granada que estar pendiente de una petición de indulto no impide que vayan a la cárcel dos condenados, si es por participar en un piquete de huelga; pero, en Baleares, se decide que sí porque se trata del expresidente balear del PP Jaume Matas, condenado por corrupto. Esta misma semana, el Gobierno regaló de nuevo miles de millones a los bancos mientras se sigue desahuciando a familias sin ingresos y con bebés recién nacidos.

En lugar de forjar un nuevo trato por la igualdad para salir realmente de la crisis, el Gobierno echa la carga en los mismos de siempre, pero la historia enseña también que este tiro sale a menudo por la culata.

@juantorreslopez

España tiene casi 10 jueces menos por cada 100.000 habitantes que la media europea

22 diciembre, 2015

Fuente: http://www.eldiario.es

El ratio español es de 11,2 jueces mientras que la media del continente es de 21.

Italia, Francia y Suecia cuentan con cifras cercanas a la española mientras que Alemania y Portugal están muy por encima.

Jueces para la Democracia ha demandado al Ministerio de Justicia por la sobrecarga de trabajo de los magistrados

España está a la cola de Europa en inversión para las instituciones judiciales y en número de jueces por cada 100.000 habitantes, según los últimos datos oficiales del Consejo de Europa correspondientes al año 2012. Esa cifra es, en España, de 11,2 frente a la media del continente, que se sitúa en 21. Algunos países de nuestro entorno, como Francia (10,7), Italia (10,6) o Suecia (11,8) tienen un porcentaje similar, mientras que Portugal (19,2) y Alemania (24,7) están bastante por encima.

Mónaco está a la cabeza de ese ranking con un total de 37 jueces (la cifra relativa es 102). Eslovenia es otro de los países con un porcentaje más elevado, con 47 magistrados por 100.000 habitantes, seguido de Croacia (45,3) y Montenegro (42,4).

Basándose en estas cifras, la asociación Jueces para la Democracia ha demandado al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial por la sobrecarga de trabajo de los magistrados, especialmente en causas complejas como las de corrupción. Según esta asociación judicial, eso genera impunidad para los imputados y ha recordado que España está a la cabeza en este tipo de procesos mientras que está a la cola en ratio de jueces por habitante en Europa, por debajo de Moldavia (12,4) o Albania (13,5).

Los 500 jornaleros imputados

8 diciembre, 2015

Fuente: http://www.elpais.com

Las protestas del Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT), liderado por Sánchez Gordillo y Cañamero, acumulan multas por casi medio millón.

Militantes del SAT en un parque de Sevilla. / PACO PUENTES

La cifra en frío, 500 imputados, hace pensar que los afiliados del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) pierden las formas en sus protestas y terminan siempre en los calabozos. Por eso, cuando Diego Cañamero (Campillos, Málaga; 1956), secretario general de la formación, cita a Gandhi —“Nuestra lucha es pacífica, pero activa”— las piezas no encajan. “A veces recibimos palos, pero nunca nos hemos rebelado. Lo que pasa es que alteramos la comodidad de los políticos”, considera Cañamero. Desde su creación, en 1975, como Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y desde 2007 como SAT, ha pagado más de 150.000 euros en multas por sus actos de protesta y aseguran que tienen pendientes otros 400.000 euros.

La agenda de Cañamero está repleta desde el verano. En plena ola de calor, su formación protagonizó una batería de protestas con ayuda de su rostro más popular: el diputado autonómico por IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo. El asalto simbólico a dos supermercados de Cádiz y Sevilla para expropiar productos de primera necesidad, cruzó fronteras. “Queríamos alertar de que el hambre está llamando a muchas puertas”, rememora Cañamero, que lamenta el empujón a una de las cajeras. Llegaron periodistas de Japón, Ucrania, la televisión Al Jazeera…”, relata Javier García, responsable de prensa de la organización jornalera. “Somos una formación que pelea y no se casa con nadie, hemos ganado nuestra imagen a pulso”, añade García. El SAT se financia exclusivamente de las cuotas de sus afiliados —20.000 según sus propios cálculos— y de actos públicos como los “conciertos contra la represión”, en los que artistas que simpatizan con su causa tocan gratis. La sede principal de este sindicato es la antigua Delegación de Trabajo de la Junta en Sevilla, okupada junto a otras organizaciones sociales. La entrada está decorada con fotografías de cargas policiales en el campo y sus consecuencias en forma de hematomas y lesiones. En un lugar destacado hay una imagen del cura obrero Diamantino García Acosta, uno de los referentes del sindicalismo jornalero.

El sindicato okupa la antigua sede de la delegación de Trabajo de Sevilla.

Desde que comenzaron a sacar a la luz las injusticias del campo andaluz utilizan las mismas formas de protesta: huelgas de hambre, ocupaciones de fincas, marchas… Sus acciones están muy medidas. Llegan, lanzan su mensaje —muchas veces ayudados por el Papamóvil, una furgoneta equipada con un altavoz de 4.000 vatios— y se van. Entre sus hitos destacan la oposición al nombramiento como hija predilecta de Andalucía de la Duquesa de Alba en 2006. “No tenemos nada personal contra ella, sólo queríamos entregar un listado de personas que realmente merecían ese honor. Nos pegaron, juzgaron y, como no, resultamos condenados”, resumen.

Son tantas las imputaciones que acumula el secretario general del SAT que se ha declarado insumiso judicial. “Estoy en busca y captura porque no acudo a las citaciones, ni declaro. Cuando me detienen me vuelvo mudo y no saben qué hacer conmigo”, relata Cañamero. “No es una chulería, es un acto de protesta contra una injusticia”, precisa. En el sindicato se quejan de que los jueces no consideren sus pruebas, testigos o a sus abogados. El veredicto siempre es el mismo: culpables. “Han denunciado a afiliados que no habían asistido a protestas porque ese día estaban trabajando”, aseguran.

Para salvar la economía andaluza, el SAT propone que los bancos sean de propiedad pública, que se cree financiación para transformar productos agrarios como algodón, naranjas o pipas en la región, o que las fincas públicas se gestionen con cooperativas, entre otras medidas.

Su militancia ha crecido “de forma exponencial” en los últimos meses. La cuenta de Facebook de Cañamero considera que tiene demasiadas solicitudes de amistad. “No hacemos campañas. Vienen en busca nuestra. Aquí quien se suma, sabe que hay poco pan, lo que hay son tortas”, bromean.

Antes y después

1 diciembre, 2015

Fuente: http://www.elpais.com

Los escándalos obligan al partido gobernante a reabrir la investigación sobre sus finanzas

Mariano Rajoy aseguró ayer que, de conocer alguna irregularidad interna en su partido, él sería el primer interesado en actuar. No hizo comentarios sobre las cuentas suizas del extesorero Luis Bárcenas, ni sobre las sospechas de que este había organizado un sistema de pagos en dinero negro a dirigentes del PP, remitiéndose a las declaraciones de otros dirigentes que se refugian en el “no me consta” o al trabajo que haga la justicia al respecto. Pero la hora es grave, y está muy claro que las últimas revelaciones marcan un antes y un después. La respuesta obligada a los últimos escándalos era la apertura de una investigación interna sobre la gestión de Luis Bárcenas como gerente y tesorero del partido, y en general sobre las cuentas del PP, y ese fue el anuncio realizado por la secretaria general, María Dolores de Cospedal.

La iniciativa es coherente con una afirmación anterior de Rajoy, “no me temblará la mano”, y parece indicar que el presidente del Gobierno se ha dado cuenta de la responsabilidad que le alcanza: están en juego su credibilidad y su futuro político. O las afirmaciones del entorno de Bárcenas son ciertas o son falsas: lo inadmisible era instalarse en la ficción del no saber o de que se trata del asunto de un particular. ¿Cómo espera el partido gobernante que un país sumido en una profunda crisis pueda confiar en quienes decían no haberse enterado de la presunta trama de corrupción en su sede central?

Rajoy tiene que resolver la responsabilidad política por el caso Bárcenas y el partido debe introducir los cambios necesarios, a fin de asegurar la transparencia y legalidad de la financiación del PP. Rajoy preside esta formación desde octubre de 2004, cargo al que accedió tras un año como secretario general. Es decir, coincidió casi seis años con Bárcenas en la cúpula, quien además ascendió de gerente a tesorero en 2008, antes de dimitir en 2009 tras 28 años en el partido. Demasiado tiempo como para que nadie más se diera cuenta de que tan destacado dirigente había acumulado una fortuna lejos del fisco español, en absoluto explicable por su salario oficial. Eso sin contar con la pésima señal enviada al exterior, una más de las muchas notas negativas que España emite hacia los que siguen nuestra crisis económica y política.

Al Gobierno le compete aclarar también si Luis Bárcenas se ha acogido a la impunidad facilitada por la amnistía fiscal del Ejecutivo. Los abogados del extesorero aseguran que sí, mientras el Ministerio de Hacienda se ha arriesgado a rozar la violación del deber de confidencialidad de los datos tributarios para desmentir que eso sea cierto. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, está obligado a explicar de arriba abajo los resultados de la amnistía fiscal.

Pero el caso Bárcenas solo es uno entre los muchos que afectan al PP. Unos 200 políticos, principalmente conservadores, pero también socialistas o nacionalistas catalanes, están implicados en investigaciones por conductas relacionadas con la corrupción o el delito fiscal. Cortar esa escalada exige medidas contundentes: controles profesionalizados sobre las finanzas de los partidos, publicación inmediata de datos respecto a los fondos que reciben (públicos y privados) y obligatoriedad de auditar las cuentas en los meses siguientes al cierre de cada ejercicio, no al cabo de varios años, como hace ahora el Tribunal de Cuentas. Y si este órgano no dispone de medios suficientes o no se le dota de la agilidad procedimental necesaria, habrá que recurrir a auditorías privadas.

Todo antes de consentir que el sistema democrático se convierta en víctima de cualquier oportunismo populista, un riesgo cierto si los partidos centrales de la democracia no se conducen con mucha más seriedad y rigor.

Los corruptos

22 noviembre, 2015

Fuente: http://www.elpais.com

No vale la pena seguir transigiendo con la corrupción. No es rentable, nos cuesta mucho dinero

Si lee uno los periódicos o escucha la radio, todos los políticos, los comunicadores, los empresarios, y el público en general, están furiosamente en contra de la corrupción. Tanto que si se hiciera una consulta al respecto es probable que ganara la decisión de combatirla.

 El barómetro del CIS de diciembre señala que los españoles están cada vez más preocupados por ello, hasta el punto de que esa preocupación se ha convertido en la cuarta, después del paro, la economía y los políticos. Por su parte, la ONG Transparency International, que elabora un ranking mundial sobre la corrupción, deja a España en el lugar 31º en limpieza. Hace ocho años, estábamos en el 23º. Es decir, que no solo estamos más preocupados por el asunto, sino que tenemos razones para estarlo.

Es bueno que las estadísticas apoyen las percepciones, porque sirve para eliminar paranoias: no es que parezcamos más corruptos, sino que lo somos.

Eso, en un país católico, no resulta extraño, porque los confesionarios están para perdonarle a uno. Otra cosa es que el sistema judicial, cuando no algunos jueces, también ayuden a que el reo salga indemne o no demasiado malparado cuando le cogen. Pero dejemos la moralina. Vayamos a lo práctico.

Está llegando estos días a las librerías un libro de un economista, Carlos Sebastián, titulado Subdesarrollo y esperanza en África (Galaxia Gutenberg), que analiza de manera implacable e impecable, con las técnicas de la econometría, las razones del subdesarrollo y la miseria en el continente. La conclusión rompe todos los tópicos que solemos manejar con respecto a esos desgraciados países. Ni la herencia colonial, ni el imperialismo europeo y americano, ni la maldad intrínseca de las multinacionales, ni la voracidad de China son los elementos decisivos para que se hundan cada vez más en la miseria. La más importante razón es la corrupción, la falta de transparencia, la mala gobernanza. Los dos países africanos que más crecen y mejor son Mauricio y Botsuana (donde los elefantes, ya saben), que empata con España a puntos. Y en los dos se da la circunstancia de que aumentan en transparencia, en buena gobernanza y en la lucha contra la corrupción.

Mucho de esto debe ser extrapolable a otros continentes y países. Por ejemplo, al nuestro. Aunque seamos un país católico no vale la pena seguir transigiendo con la corrupción. No es rentable convivir con ella, nos cuesta mucho dinero. Los inversores se lo piensan y la ineficiencia derivada de la corrupción frena el crecimiento. Hace pocos días, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba hacía el enésimo llamamiento a combatirla, pidiendo un pacto de Estado. ¿Podemos esperar algo de ello?

De los empresarios debería venir uno de los principales impulsos, porque son los primeros en quejarse cuando les afecta. Pero son los últimos en denunciarla cuando la tienen cerca. No hay muchos casos de empresarios que se revuelvan contra las comisiones que pagan en el exterior para conseguir contratos, ni en el interior para que les concedan una obra. Peor aún: no ha habido una declaración taxativa de reprobación de la actividad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, un hombre que ha cometido casi todo el catálogo de las fechorías que se pueden ordenar en un diccionario de tal disciplina. Qué decir de los banqueros, que hace pocos años ostentaban el difícil récord de estar, los más grandes de ellos, encausados en procesos que han ido desgastándose hasta desaparecer (salvo el de Mario Conde).

De los partidos políticos, casi todo. Hay pocos, y son aún jóvenes, que se libren de esa lacra. La política catalana está llena de reivindicaciones que llegan a decir “España nos roba”. Pero nadie de Convergència, que tiene embargada su sede por un juez, ha dicho que “Millet nos roba”, ni siquiera de Unió han salido palabras serias de reproche a una condena en firme sobre el expolio de fondos europeos para el desempleo. Del PP casi mejor no hablar, porque sus causas se suman sin freno en Galicia, Valencia, Madrid, y no escuchamos a ningún responsable decir que hay que limpiar el partido (¡Bárcenas, qué cruz!). El PSOE, Izquierda Unida y los sindicatos también tendrían cosas que decir: ¿qué hacían sus militantes cobrando un dineral como consejeros en las cajas de ahorros mientras unos bandoleros se lo llevaban crudo?

¿Habrá que hablar también de la Casa Real? Iñaki Urdangarin y su entramado apestan. Como siempre, presunción de inocencia antes de hablar. Basta con quitarle de la foto navideña. Vivimos en un país corrupto. Y eso sale caro. Los capitalistas de Botsuana no van a venir a invertir.