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El capitalismo de amiguetes: Coca-Cola y el presidente Trump

15 septiembre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 27 de julio de 2017.

Este artículo señala las consecuencias del capitalismo de amiguetes que ha establecido el presidente Trump en EEUU. Hoy Coca-Cola está dirigiendo la mayor agencia federal encargada de la nutrición en este país. El artículo indica los efectos de ello.

Una de las posturas ampliamente extendida entre economistas neoliberales (que goza de gran visibilidad mediática en los mayores medios de comunicación, tanto privados como públicos y tanto escritos como orales y televisivos) es que el mayor problema de la economía española es que el Estado ha sido gestionado y dirigido por gente muy poco competente, que no sobrevivirían en el sector privado. Según tales economistas, los gestores públicos no tienen ni idea de cómo debería gestionarse una empresa. Lo que se necesitaría, dicen tales autores, es permitir que sean grandes empresarios los que contribuyan con su experiencia a la eficiencia de la gestión pública. En Catalunya, el economista de mayor proyección mediática en la televisión pública TV3, de clara sensibilidad neoliberal, ha enfatizado en más de una ocasión que el problema del Estado español (y catalán) es que los que lo gestionan no tienen ninguna experiencia en la empresa privada, alentando que sean gestores de tales empresas los que gestionen también las públicas.

Trump como modelo de la gestión empresarial

Lo que hemos estado viendo en la Administración Trump es la toma del poder directo de los distintos aparatos del Estado por la clase empresarial del país, en un proceso en el que las mayores agencias del Estado pasan a ser dirigidas por grandes empresarios o gestores próximos a las grandes empresas del país sin ningún intermediario. Es la máxima expresión del “capitalismo de amiguetes” en el que todo el aparato del Estado está dirigido y gestionado por los amiguetes del presidente.

Uno de los casos más recientes es el que se ha dado en las agencias federales de Salud Pública, hoy dirigidas por personas procedentes de o próximas a las compañías comerciales del sector agropecuario, consideradas algunas de ellas las mayores promotoras de alimentos que no son considerados saludables, como en el caso de Coca-Cola. Veamos los datos.

En un excelente artículo publicado por Sheila Kaplan en primera plana del New York Times del 23 de julio de este año, se detalla como la empresa Coca-Cola influencia las políticas alimentarias del país, promoviendo las bebidas azucaradas, que se considera son la mayor causa de la obesidad infantil en EEUU. En realidad, tal obesidad ha alcanzado unos niveles epidémicos en toda la sociedad, pero muy en particular entre los niños y los jóvenes. Las causas de dicha epidemia se han estudiado con gran detalle y son conocidas. Investigaciones llevadas a cabo por la mayor agencia federal de investigación en salud pública, el Center for Disease Control -CDC- (localizado en el mismo Estado de Georgia donde está también ubicada la sede de la empresa Coca-Cola), han señalado, por ejemplo, que las bebidas azucaradas como la Coca-Cola (entre otras) son una de las mayores causas del crecimiento de la obesidad en EEUU, siendo también responsables del aumento de la diabetes tipo 2, de enfermedades del corazón, de enfermedades renales, de enfermedades del hígado, del aumento de cavidades dentales y caries, y de artritis. Tales bebidas no son las únicas causas. Hay otros alimentos, como los ricos en grasas (la típica hamburguesa McDonald’s es un ejemplo de ello), que son otros ejemplos de ello. En realidad, el mejoramiento de la dieta ha sido una de las campañas más centrales de las agencias de salud pública federales. ¡Al menos hasta ahora!

Ahora bien, tales empresas alimentarias, responsables de dicha epidemia (y a fin de diluir el énfasis en la dieta como medida preventiva), están enfatizando el ejercicio físico como la manera de prevenir la obesidad. Coca-Cola ha financiado en el mismo Estado de Georgia un programa gestionado por el Departamento de Salud Pública de tal Estado, que consiste en añadir media hora de ejercicio en las escuelas públicas de aquel Estado, convirtiéndose en la campaña central del programa contra la obesidad entre los jóvenes de Georgia. Ni que decir tiene que dicho programa tiene mérito propio, y es aconsejable que se continúe. Ahora bien, es dramáticamente insuficiente para prevenir el problema, pues como bien señala la profesora de nutrición de la New York University, la Dra. Marion Nestle -autora del excelente libro crítico con el consumo de soda, Soda Politics: Taking On Big Soda (and Winning)-, “una persona normal y corriente tiene que correr 3 millas (unos 5 kilómetros) para compensar las calorías existentes en una botella de 20 onzas de peso (un medio kilo)… Yo estoy muy a favor del ejercicio físico. Pero la realidad es que no hace mucho para reducir peso. De ahí que considere la campaña de perder peso a base primordialmente de hacer ejercicio físico (que es lo que la industria de la soda y comida basura promueven) como muy limitada, a no ser que vaya acompañada de un cambio de dieta, que es un factor más importante para resolver la epidemia de obesidad”.

Coca-Cola ahora tiene gran influencia en el gobierno federal y en el CDC

El presidente Trump ha nombrado directiva del CDC a la Dra. Fitzgerald, que era precisamente la Directora del Departamento de Salud del Estado de Georgia, cuando Coca-Cola financió el programa de aumentar media hora de ejercicio en las escuelas públicas. Coca-Cola tiene gran influencia en el Estado de Georgia y sobre sus representantes, la mayoría republicanos (incluido el famoso Newt Gingrich, asesor hoy del presidente Trump), influencia que ahora se ha extendido también al gobierno federal, siendo el nombramiento de la Dra. Fitzgerald un indicador de ello. Como consecuencia de ello, la gran amiga de Coca-Cola tendrá ahora una gran influencia en el diseño de las campañas de reducción de la obesidad. Consciente de la movilización en su contra de la comunidad salubrista de EEUU, la Dra. Fitzgerald ha subrayado recientemente su interés también en promover la ingesta de fruta y vegetales entre los niños. Pero como bien señala la autora del artículo, Sheila Kaplan (de la cual extraigo todos estos datos), es muy probable que a partir de ahora se enfatice mucho más el ejercicio físico que no la dieta para reducir la epidemia de obesidad en EEUU. En realidad, el artículo de la Dra. Fitzgerald sobre nutrición que aparece en la promoción de los programas en contra de la obesidad de la web de Coca-Cola lleva el significativo título de que “La solución de la obesidad infantil requiere movimiento (físico)”. Y las subvenciones federales a instituciones que están haciendo estudios sobre la obesidad se centrarán primordialmente en áreas no relacionadas con los productos que ellos promueven, tales como las sodas. Esta es la consecuencia del capitalismo de amiguetes que existe hoy en EEUU y que, sin lugar a dudas, va a afectar a España también.

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No es cierto que la austeridad haya terminado: el techo de gasto muestra lo contrario

12 septiembre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, y en catalán en la columna “Pensament Crític” en el diario PÚBLIC, 25 de julio de 2017.

Este artículo cuestiona la postura promovida por el establishment político-mediático del país según la cual ya hemos salido de la crisis y el Estado ha terminado de aplicar medidas de austeridad y recortes del gasto público. El artículo se centra en lo ocurrido hace unos días en las Cortes Españolas, donde se aprobó el techo de gasto público, subrayándose una vez más que no había alternativas, algo que el artículo muestra que no es cierto. Se trata de un tema al que no se ha dado mucha visibilidad en los grandes medios del país pero que tiene una enorme importancia, pues perpetúa el subdesarrollo social de España, que es uno de los más acentuados hoy en la Eurozona.

Estamos hoy viendo en España que, una vez más, la gran atención mediática en el país está en lo que se llama el tema nacional o territorial, utilizado, como siempre, por el gobierno español de turno para movilizar a la población para defender “la unidad de la patria”, el eslogan que las derechas españolas siempre han utilizado para defender los intereses económicos que las financian, utilizando el sentir patriótico de la gente para sus fines particulares. Un ejemplo claro de ello es la situación actual.

El problema mayor que tiene hoy España es el enorme problema social (ver mi artículo “El nuevo régimen social de España”, Público, 23.06.17), que es ni más ni menos que el gran deterioro de la calidad de vida de las clases populares (que constituyen la gran mayoría de la población española), resultado directo de las políticas neoliberales (como las reformas laborales y los enormes recortes del gasto público que financian las transferencias sociales, como las pensiones, y los servicios públicos del Estado del Bienestar tales como la sanidad, la educación, la vivienda social, los servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios y otros) iniciadas por el gobierno de Zapatero y expandidas por el gobierno de Rajoy. He documentado extensamente a lo largo de estos años la naturaleza y extensión de esta crisis sin precedentes en el periodo democrático postdictatorial (ver Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015).

La gran falsedad promovida por el establishment político-mediático del país es que las crisis económicas y financieras, que determinaron la crisis política, ya han terminado. Se justifica tal optimismo con la aparición del crecimiento económico, lo cual se atribuye a las medidas aplicadas por el gobierno de Rajoy. La evidencia científica, fácilmente accesible para el que quiera verla, muestra, sin embargo, que la reversión del declive del crecimiento económico (que caracterizó la Gran Recesión) no se ha debido primordialmente a las medidas tomadas por el gobierno Rajoy sino (como han reconocido el Fondo Monetario Internacional e, incluso, el Banco de España) a factores externos (fundamentalmente la bajada de los precios del petróleo y los bajos tipos de interés debido a la política monetaria del BCE), que tienen poco que ver con las medidas tomadas por el gobierno de Rajoy. Y la misma evidencia científica muestra que la enorme crisis social continúa en España, donde hay nada menos que 2,3 millones de empleos menos hoy que antes de que se iniciara la Gran Recesión; donde la precariedad laboral es lo que define la creación de empleo; donde el PIB per cápita no ha recuperado los niveles existentes en 2007; donde el 28% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social, incluyendo el alarmante fenómeno de la pobreza laboral, es decir, pobreza entre personas que están trabajando a tiempo completo (15% de la población ocupada); y donde el 70% de los hogares continúan sin mejoras en sus condiciones de vida.

Pero la otra gran falsedad promovida por el establishment político-mediático español es que las políticas de austeridad impuestas por el gobierno de Rajoy han dejado de aplicarse, lo cual, no es cierto, pues tales políticas han continuado. Y la mejor prueba de ello es la aprobación del techo de gasto del Estado que ocurrió hace unos días en las Cortes Españolas. Tal medida fue una propuesta del gobierno Rajoy aprobada por las derechas españolas que incluyen, además del PP y su Frente de Juventudes (Ciudadanos), a las derechas vascas (PNV) y canarias (Coalición Canaria), así como a la “izquierda” canaria de Nueva Canarias (NC).

¿Qué es el techo de gasto público?

A primera vista tal término aparece como un concepto económico que la gente normal y corriente no entiende o aparentemente no le interesa, y ello a pesar de su enorme importancia. En realidad, las escuelas de sus niños, la sanidad de sus enfermos, la educación de sus jóvenes y adultos, la vivienda social, las escuelas de infancia y los servicios domiciliarios y una larga lista de servicios públicos, así como las transferencias públicas, tales como las pensiones, dependen en parte del techo de gasto público, que quiere decir del límite de gasto público del que el Estado puede disponer. Es uno de los indicadores más importantes para medir el compromiso del Estado con el desarrollo de sus funciones, incluyendo la provisión de servicios y transferencias a la sociedad, que quiere decir, a usted, lector.

Pues bien, tal techo de gasto público, es decir, techo de la cantidad que el Gobierno de Rajoy ha definido como el máximo dinero que el Estado se puede gastar es clara y excesivamente bajo, lo cual se hace para cumplir los famosos objetivos de estabilidad presupuestaria, que en lenguaje llano quiere decir bajar el gasto en transferencias públicas y en los servicios del Estado del Bienestar para reducir el déficit de las cuentas del Estado (es decir, la diferencia entre sus ingresos y sus gastos).

La pobreza del gasto público del Estado Español

El gasto público en España es muy bajo, mucho más bajo que en el promedio de la Eurozona (los países de la UE que utilizan el euro como su unidad monetaria). Y este bajo gasto público se debe en gran medida a que los ingresos públicos al Estado son también muy bajos; en realidad, de los más bajos de la UE-15. Pero la situación es incluso peor, pues no solo es de los más bajos, sino que desde el 2007 al 2015, mientras tales ingresos al Estado aumentaron en el promedio de la UE-15 un 1,2% del PIB, en España disminuyeron un 2,7%. Un dato que hay que tener muy en cuenta es que la mayoría de tal gasto es el gasto público social, es decir, el gasto en las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar a los que me referí al principio del artículo. En realidad, el hecho de que los servicios sanitarios públicos, las escuelas públicas, la vivienda social, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios, los servicios sociales y otros (que son todos ellos esenciales para garantizar la calidad de vida y bienestar de las familias en España) tengan pocos recursos en este país, se debe a que este gasto público social sea cinco puntos del PIB más bajo que el promedio de los países de la Eurozona. Los datos están ahí para el que quiera verlos.

Y una de las razones de que sea tan bajo es que los ingresos al Estado son también muy bajos. En realidad, de los más bajos de la Eurozona. Tales ingresos al Estado son nada menos que ocho puntos del PIB más bajos que en el promedio de la Eurozona. Y a pesar de esta gran pobreza de los ingresos al Estado, la derecha, tanto la de siempre, el PP, como la nueva, Ciudadanos, hacen gala de sus propuestas de bajar tales ingresos, reduciendo los impuestos (algo que sistemáticamente beneficia más a las rentas superiores que a las medias e inferiores).

Y una de las mayores causas de la pobreza de recursos se debe a la regresividad de la política fiscal, que conlleva que las grandes empresas, las grandes fortunas y los más pudientes no aporten al Estado lo que deberían. Este déficit no es fácil de ver cuando se analiza lo que la población debería pagar en impuestos, según el tipo nominal impositivo, es decir, lo que en teoría deberían de pagar según su nivel de ingresos (que es parecido a los de la UE-15). Ahora bien, si en lugar del tipo nominal analizamos el tipo efectivo (es decir, lo que en realidad la gente paga en impuestos), entonces vemos que es muy bajo y ello es debido a la enorme cantidad de deducciones fiscales que caracterizan al sistema fiscal regresivo español. Ni que decir tiene que las deducciones son mucho más utilizadas por las rentas superiores que por las rentas medias e inferiores. La diferencia entre lo que nominalmente deberían pagar las grandes empresas y las rentas superiores, y lo que pagan, es nada menos que 37.000 millones de euros (solo en IRPF y en el IVA) que el Estado deja de ingresar, aproximadamente el déficit estructural que tiene la economía española (el déficit estructural contabiliza los gastos no-coyunturales del Estado, es decir, el déficit no producido en momentos de crisis, sino el déficit permanente del Estado).

Si sumamos a este déficit fiscal (37.000 millones), el fraude fiscal (al que el 80% es producido por los súper ricos y las grandes empresas, según datos de técnicos de Hacienda) que representa 90.000 millones de euros (según Carlos Cruzado, presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda), más los fondos que el Estado no recibe debido a la reducción de los impuestos al patrimonio y a la herencia, y lo que el IBEX-35 deja de pagar (que nominalmente debería ser un 25%, y en cambio paga solo un 7%, según reconoció recientemente el ministro Cristóbal Montoro), nos encontramos con una situación de injusticia fiscal enorme. Esta injusticia contribuye a deteriorar aún más dos fenómenos: uno es el aumento de la desigualdad en España, en donde el 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país (27,4%), mientras que el 20% más pobre se queda con un 0,1%, o que la fortuna de las 3 personas más ricas en nuestro país equivale a la del 30% más pobre. Y el segundo fenómeno es que en España son los trabajadores los que paguen la gran mayoría de los impuestos y los que sostienen el Estado del Bienestar. Nada menos que el 85% del esfuerzo fiscal en España recae sobre las rentas del trabajo. Puesto que del 2008 al 2016, las rentas del trabajo han caído un 6,1% (33.679M€), mientras que las rentas del capital han aumentado un 1,7% (7.850M€), es lógico que los ingresos del Estado también se hayan reducido.

Este fenómeno es bien percibido por la ciudadanía española, según el último barómetro del CIS sobre fiscalidad (julio 2016), ante la pregunta de ¿cree que los impuestos se cobran con justicia y pagan más los que más tienen? Un abrumador 86,6% cree que se cobran con injusticia. De hecho, la opinión mayoritaria de los españoles es que es preferible mejorar los servicios públicos aunque haya que pagar más impuestos (44,7%) que pagar menos impuestos aunque haya que reducir servicios públicos (solo 15,8%). No hay duda de que por el bien del país y de la población que vive en él, hay que terminar con la austeridad. Y para ello hay que aumentar los impuestos, pero no a las rentas del trabajo (a la mayoría de la población) sino a las rentas de capital (las minorías privilegiadas).

¿Y por qué el techo de gasto es tan importante?

La respuesta es fácil, pues el techo de gasto público es el máximo que el Estado pueda gastarse. Un Estado pobre tanto en su gasto público social y como en sus ingresos fiscales, está condenado a una subfinanciación continua y eterna. Pues bien, el techo de gasto aprobado el martes 11 de julio en las Cortes Españolas impone que el máximo que el Estado se podrá gastar en el 2018 (ya en esta España supuestamente recuperada) es de 119.834 millones de euros, que es mucho menor (en realidad, 62.000 millones de euros) del que había en 2010 (ocho años antes).

Es más, el crecimiento de tal gasto máximo (1,3%) será mucho menor que el crecimiento de la economía que el gobierno calcula (4,3%). Ello determina que el gasto máximo que el gobierno permitirá, expresado como porcentaje del PIB, será el más bajo desde 2005 (repito, ¡desde 2005!). Ello quiere decir que el nivel máximo del gasto es semejante al que teníamos doce años atrás, a la vez que las necesidades del país han ido aumentando considerablemente. En base a estas cifras, concluir (como hace el establishment político-mediático) que ha llegado el fin de la austeridad es sencillamente una farsa.

Sí que hay alternativas a la austeridad

Es preocupante constatar que el establishment político-mediático del país guarda un silencio ensordecedor sobre este tema, presentándolo como un tema meramente técnico y económico, cuando en realidad es un tema profundamente político (como son la mayoría de temas económicos). Es urgente que se rompa tal silencio, pues para revertir las políticas de austeridad es necesario cuestionar y negar la lógica del techo de gasto, que distorsiona el debate sobre la política presupuestaria, desarrollando a la vez un marco alternativo basado en un concepto opuesto y distinto al concepto de techo de gasto, que es el establecimiento de un suelo de ingresos, es decir, que en lugar de fijarse tanto en el límite de gasto, se enfatice una cantidad de ingresos del Estado, que no pueda caer por debajo de ese suelo. Hay que aplaudir que por primera vez una fuerza política en el Congreso de los Diputados (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) haya iniciado este debate, introduciendo el concepto del “suelo de ingresos” (que unos días después hizo también suyo el PSOE), lo cual es de enorme importancia. Esta fuerza política también ha hecho la propuesta de expandir el techo de gasto, añadiendo 19.500 millones de euros al conjunto de los fondos asignados a Administraciones Públicas. Estos 19.500 millones más (que se podrían haber conseguido fácilmente gracias a mejorar los ingresos públicos) hubieran servido para: subir las pensiones no contributivas (850M€); para actualizar las pensiones al nivel de precios de consumo, considerando la inflación (1.600M€), lo cual no se está haciendo hoy en España; para recuperar los sueldos de los funcionarios (400M€), para aumentar la dotación en becas (75M€); para un ambicioso Plan de Renta Garantizada (3.200M€); para una prestación por hijo a cargo (400M€); y para financiar el ineludible Plan Nacional de Transición Energética (1.500M€). Estas propuestas que aquella fuerza política realizó son razonables y totalmente factibles, aunque predeciblemente fueron denunciadas por las voces neoliberales que todavía predominan en gran parte de la cultura económica y política del país como gastos imposibles de aceptar, pues, según ellos, romperían con las arcas del Estado, siendo esta la frase predecible que se utiliza en el dogma neoliberal que todavía domina hoy el establishment político-mediático que existe en el país, y que ahora nos vende el mensaje de que ya hemos salido de la crisis y que ya hemos dejado la austeridad atrás. Su desfachatez no tiene límites.

El nuevo régimen social de España

12 agosto, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 23 de junio de 2017.

Este artículo es el resumen de los datos más impactantes de la situación social en España, que no es coyuntural, sino estructural, dentro del sistema económico español actual.

España ha sufrido una de las más importantes crisis económicas y financieras durante su periodo democrático, crisis que también ha determinado una crisis social, y, como era predecible, una gran crisis de legitimidad del Estado y del establishment político y mediático del país. La respuesta de tal establishment ha sido que todos estos sacrificios eran necesarios para poder salir de la crisis, que, según este establishment, se está resolviendo.

Ahora bien, en este argumentario se olvida que, en realidad, la crisis (la Gran Recesión) y la respuesta que se ha dado a ella estaban configuradas y determinadas por un contexto político que favoreció estructuralmente a unos a costa de otros. Los primeros eran aquellos sectores del mundo del capital (las grandes empresas financieras, y las grandes corporaciones productoras de bienes y servicios) que dominan el Estado español y la gran mayoría de medios públicos y privados de información del país. Y las perdedoras han sido, predominantemente, las clases populares, que constituyen la mayoría de la población. Mientras que los primeros derivan sus rentas predominantemente de la propiedad del capital y de su gestión, los segundos lo hacen del mundo del trabajo, sobre todo de los salarios y de los beneficios sociales.

La evidencia de ello es abrumadora. Veamos algunos datos: 1) Des de el inicio de la crisis (2008) hasta el año pasado (2016), las rentas del trabajo han caído un 6,1% (33.679M€), mientras que las rentas del capital han aumentado un 1,7% (7.850M€). En suma, en el periodo 2008-2016 el peso de los salarios en la economía ha bajado 2,9 puntos, de 54,6% al 52,7%; 2) La participación de los beneficios de las empresas no financieras en España está por encima del de la zona euro (42,6% frente a 40,6%); 3) Las empresas no financieras españolas han aumentado su participación en el VAB (valor añadido bruto) del 37,7% hasta el 42,6% entre el periodo 2007-2015: el segundo país de toda la UE que más ha aumentado; 4) La polarización social (S80/20) se ha incrementado en un 11,8% desde 2009 (de 5,9 en 2009 a 6,6 en 2016), es decir, el 20% más rico dispone de 6,6 veces más ingresos que el 20% más pobre. Somos el 3º país con mayor polarización de toda la UE (después de Rumanía y Bulgaria); 5) La desigualdad ha sufrido uno de los mayores incrementos de toda la OCDE desde 2009, y el índice de Gini alcanzó los 34,5 en 2016: 3,5 puntos por encima de la media europea (31 en 2015); 6) En los últimos 15 años el 30% de la población que vive en riesgo de exclusión ha visto cómo sus activos netos apenas crecían un 3%, mientras que los del 10% más rico se disparaban un 56%; 7) El 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país (27,4%), mientras que el 20% más pobre se quedaba con un 0,1%; 8) La fortuna de las 3 personas más ricas en nuestro país equivale a la del 30% más pobre.

Todos estos hechos han sido, en gran parte, consecuencia de toda una serie de intervenciones por parte del Estado que han provocado un enorme deterioro del mercado laboral. Esto ha sido particularmente acentuado a partir de las reforma laborales del gobierno Zapatero, primero, y de las más intensas del gobierno Rajoy. Indicadores de tal deterioro del mercado laboral muestran que: 1) El 41,5% de los desempleados llevan más de 2 años en paro (1,8 millones de personas); 2) El 24,7% de los desempleados llevan más de 4 años en paro (1,1 millones); 3) Más de 4 de cada 10 jóvenes que buscan trabajo están en paro; 4) Un 15,3% de las jornadas laborales son a tiempo parcial; 5) Más de uno de cada cuatro empleos es temporal (26,5%); 6) En los últimos cinco años se ha acumulado una caída del poder adquisitivo de la remuneración media en un 4,5% (912 € menos); 7) El 34,4% de los asalariados (seis millones de personas) cobran menos del salario mínimo interprofesional.

El desmontaje del Estado del Bienestar

Han contribuido a este enorme crecimiento de las desigualdades las políticas públicas de los partidos gobernantes del Estado español, las cuales han debilitado el ya escasamente financiado Estado del Bienestar. De hecho, España dedica menos recursos a los servicios públicos y transferencias del Estado del Bienestar que la gran mayoría de los países de la UE. 1) España tiene el gasto público social como porcentaje del PIB (24,6%) de los más bajos de la UE-15; 2) España tiene el gasto público social por habitante de los más bajos de la UE y ha disminuido durante los años de la gran recesión, consecuencia de los grandes recortes; 3) España tiene uno de los porcentajes de la población adulta que trabaja en los servicios públicos más bajos de la UE-15 (el grupo de países de semejante riqueza), por ejemplo 1 de cada 10 habitantes en comparación con 1 de cada 4 en Suecia. Si España tuviera el porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar como en Suecia (de 1 de cada 10 a 1 de cada 4) reduciría significativamente el desempleo; 4) El gasto público en España es uno de los más bajos de Europa, representa el 43,6% de su PIB; la media del conjunto de los 28 países europeos es 48,1%; 5) España es uno de los países que dedican menor gastos en protección social: 2,7 puntos menos del PIB que la media de países de la Eurozona (17,6% frente al 20,3 de la UE); 6) Esta subfinanciación ocurre en todas las dimensiones del Estado del Bienestar excepto en el gasto en desempleo. Este retraso se ha acentuado con los recortes de gasto público social que ha ocurrido en todos los servicios: 6.a) El gasto autonómico de sanidad por habitante se redujo un 14,2% entre el periodo 2009-2016. (1.195€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 1.393€); 6.b) El gasto autonómico de educación por habitante se redujo un 5,87% entre el periodo 2009-2016. (785€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 834€); 6.c) El gasto público total consolidado en Servicios Sociales fue de 16.000 millones de euros en 2016, aproximadamente 1.000 millones menos que en 2010; 6.d) El gasto autonómico de servicios sociales por habitante se redujo un 1,55% entre el periodo 2009-2016. (254€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 258€).; 6.e) Mientras que, el gasto autonómico en deuda pública por habitante aumentó 381,8% entre el periodo 2009-2016. (582€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 121€); 7) El Estado del Bienestar es de los menos redistributivos de Europa: la tasa de pobreza se reduce antes de transferencias sociales en España del 29,5% en 2016 al 22,3% después de transferencias sociales. Mientras que en la UE se pasa de un 26% en 2015 baja al 17,3% de reducción de pobreza (8,7% de reducción en la UE frente a 7,2% en España).

La pobreza del Estado del Bienestar en España es consecuencia de una fiscalidad débil y regresiva que se ha acentuado todavía más con las reformas de los gobiernos Zapatero y Rajoy. Como consecuencia, los ingresos fiscales en España son inferiores a los de los países de nuestro entorno. Las facilidades que tienen las grandes empresas y fortunas para pagar menos de lo que tienen establecido, gracias a un entramado de desgravaciones y exenciones, hace que la carga fiscal recaiga sobre las clases medias y trabajadoras a través del IRPF y de los impuestos al consumo. Más datos: 1) En España el 85% del esfuerzo fiscal recae sobre las rentas del trabajo; 2) 17 de las 35 empresas del IBEX no pagan el impuesto de sociedades en España, cuando tan solo 3 compañías cerraron 2014 con pérdidas.

La pobreza se ha incrementado

Resultado de todo lo anterior es que la pobreza está ya incluida como parte integrante del sistema económico. No es coyuntural, sino estructural. En otras palabras, la pobreza se ha instalado en la sociedad española, afectando a personas y familias que cada vez ven más difícil salir de su situación. La transmisión intergeneracional dará lugar a nuevas generaciones que van a reproducir la pobreza y que cada vez van a tener más difícil salir de ella. De nuevo, más datos: 1) La renta media de los hogares se ha reducido un 11% desde 2009 (30.045€) a 2016 (26.730€); 2) Hay más de 2,5 millones de trabajadores/as están por debajo del umbral de la pobreza: un aumento del 21,55% desde 2009 (11,6% en 2009 frente a 14,1% en 2016); 3) España ha registrado la cifra más alta de pobreza desde 2005: más de 10 millones de personas en España están por debajo del umbral de la pobreza (el 22,3% de la población); 4) Pese a la ‘recuperación económica’ la tasa de pobreza ha continuado aumentado respecto al año pasado (2015= 22,1%; 2016= 22,3%); 5) El 42,2% de los hogares de 1 adulto con 1 o más niños dependientes está en situación de pobreza; 6) El 30,6% de los hogares con niños dependientes están en situación de pobreza; 7) Casi 650.000 hogares, más de 1 millón de personas, no tienen ningún ingreso (3,52% de los hogares); 8) La pobreza persistente (personas que permanecen en riesgo de pobreza 2 de los 3 últimos años) es de 15,8 en España (2015) frente a 11,5 en la Eurozona (2015), 4,3 puntos menos, de las más altas de Europa; 9) La mala alimentación por motivos económicos y, en ocasiones, el hambre, son situaciones reales que afectan a más de 1 millón de personas en España; 10) La Tasa Arope, que es el indicador utilizado por la Unión Europea para medir la exclusión social, sitúa a España 4,9 puntos por encima de la media de la eurozona (27,9 frente al 23%): una de las más altas de la UE; 11) En 1 de cada 10 hogares se pasa frío o excesivo calor por no poder mantener la vivienda a temperatura adecuada; 12) En 4 de cada 10 hogares no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año; 13) El 15,3% de los hogares tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes; 14) El 8,4% de los hogares tienen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal; 15) 2,6 millones de personas sufren carencia material severa (5,8% de la población); 16) 4 de cada 10 personas viven en hogares sin capacidad para afrontar gastos imprevistos; 17) Al menos 6 millones de personas, sin ser pobres, se encuentran en situación económica precaria.

Conclusión. El resultado de las políticas neoliberales que han sido seguidas hasta ahora por parte de los gobiernos del PSOE y del PP a nivel central, y por los partidos de derechas (tales como CiU, que ahora se llama PDeCAT) y socialistas que han gobernado en las autonomías

Espero no haberles aturdido con tantos datos. Pero les ruego que consideren que detrás de cada dato hay un enorme, repito, enorme, dolor impuesto a las clases populares de España. Pero este daño se ha conseguido a costa de una gran transferencia de fondos del mundo del Trabajo al mundo de los beneficios de los grandes propietarios del capital, de los más elevados de la Eurozona. Esta realidad permanece ocultada en los mayores medios de información y persuasión del país.

Ante esta realidad hay que entender que las pequeñas variaciones de los indicadores económicos, que se presentan por los partidos gobernantes como el PP como indicadores de recuperación económica, se realizan dentro de un marco estructural caracterizado por estos datos. Lo que ha ocurrido estos años en España es un cambio dentro del régimen capitalista, que ha pasado de blando a duro, y ello como resultado de la victoria en un conflicto político que ocurre entre una minoría económica, financiera, mediática y política, por un lado, y las clases populares, que son la mayoría de la población, por el otro. Así de claro.

(Agradezco a mi colega Eduardo González de Molina la ayuda en la provisión de la mayoría de estos datos)

La alcaldesa Ada Colau lleva razón en su conflicto con Airbnb: los pisos turísticos están destruyendo los barrios

2 agosto, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 11 de abril de 2017.

Este artículo aborda la destrucción de los barrios en las ciudades con atractivo turístico por la expansión de los pisos turísticos, los cuales provocan la sustitución de una población estable por una población transeúnte, poco comprometida con el bienestar de la ciudadanía. El artículo detalla los elevados costes que tal expansión significa para la calidad de vida de la ciudadanía, y cómo varias ciudades turísticas de EEUU están respondiendo a esa amenaza. El artículo también defiende a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por haberse enfrentado con empresas como Airbnb, que están promoviendo tal actividad mercantil.

Uno de los hechos económicos más extendidos en las grandes urbes de atractivo turístico ha sido el enorme desarrollo de los pisos turísticos, que se presentan como un ejemplo de lo que se conoce como economía colaborativa, en la que la relación entre el comprador de servicios (el turista que busca hospedarse por tiempos cortos) y la persona que los ofrece (el dueño del piso) se hace directamente a través de una agencia que los pone en contacto, y no a través de la industria hotelera, a la cual sustituye. En teoría parecería una relación razonable, e incluso progresista (y así se ha presentado incluso en algunos medios de información de tal orientación política). Por un lado, tenemos las personas que tienen habitaciones o pisos disponibles que quieren aumentar sus ingresos alquilando tales espacios a turistas, y por el otro lado, el turista que busca un espacio más económico que el hotel y/o residencia. En esta relación, la institución necesaria es una compañía que ponga en contacto a las dos partes –al turista y al propietario de la casa o habitación-, compañías que se han extendido enormemente, y de las cuales Airbnb es la más conocida.

Hasta aquí la descripción de lo que debería pasar en teoría. Y, ¿quién se puede oponer a que una familia pueda conseguir unos ingresos extra a base de alquilar un espacio de su propia casa o de su propiedad? Se presenta así una alternativa a las grandes corporaciones hoteleras, que hasta ahora habían controlado la distribución de los espacios de hospedaje de tales ciudades turísticas.

La rebelión ciudadana en contra de los pisos turísticos

Como en el caso de otros ejemplos de “economía colaborativa” (como la compañía de transportes UBER, entre otros), nos encontramos que la distancia entre la teoría y la realidad es enorme, hasta tal punto que ha surgido una gran protesta ciudadana en todas las ciudades en las que los pisos turísticos se han expandido. Y muchas de estas ciudades están considerando no solo regularlos intensamente, sino incluso prohibirlos. ¿Por qué?

La respuesta es fácil de ver. En primer lugar, la existencia de tales pisos significa una gran molestia para las fincas y para los barrios donde existen estos pisos turísticos, pues es una población transeúnte, no ligada o conectada con el bario o fincas cuya movilidad y/o comportamiento y rompe con la cohesión y espíritu comunitario del lugar. La evidencia de ello es abrumadora. Hay barrios enteros en Barcelona, por ejemplo, que corren el peligro de diluir su carácter vecinal debido al elevado número de tales pisos.

Y para complicar todavía más esta situación, gran parte de estos pisos turísticos no están ni identificados, operan sin ningún tipo de regulación o protección del usuario y de los vecinos, y no ofrecen ninguna garantía ni de seguridad ni de calidad. En general no hay protección frente a dicha actividad mercantil, que contribuye muy poco al erario público, pues un gran número de estos pisos actúan ilegalmente, y no contribuyen, a través del pago de impuestos, a cubrir los gastos extras que su existencia implica. No es de extrañar, por lo tanto, que haya constantemente protestas ciudadanas en lugares donde existen estos pisos turísticos.

Y por si ello no fuera poco, la utilización de pisos turísticos disminuye la oferta de pisos de alquiler para gente normal y corriente, disparándose los precios de los alquileres. En Barcelona, desde 2015, estos alquileres han experimentado un crecimiento muy acentuado (un 15% anual), que es insostenible para la mayoría de la población, cuyos ingresos crecen mucho más lentamente. Hay una relación directa entre el número de pisos turísticos en un barrio, el crecimiento del precio de los alquileres, y el éxodo de vecinos a otros barrios con menos pisos turísticos.

Una protesta internacional. ¿Qué puede hacerse?

El equipo del profesor John Whitlow, de la City University of New York (también profesor visitante del JHU-UPF Public Policy Center), acaba de publicar un interesante estudio sobre cómo ciudades turísticas en EEUU (como Nueva York, San Francisco, Nueva Orleans, Seattle, Los Ángeles y Miami) están respondiendo a esta amenaza a la calidad de vida de los vecinos y a la identidad de los barrios. Entre tales intervenciones municipales están:

1. Limitaciones del número de días al año que una persona propietaria puede poner su piso o habitación a disposición de alquileres cortos. El número varía de 30 a 90 días. Todas las ciudades citadas, excepto Miami, aplican esta norma.

2. Provisión de permisos para establecer pisos turísticos solo en ciertos barrios de la ciudad, tal como exigen Miami y Nueva Orleans.

3. Exigencia de licencia y registro. Todas las ciudades exigen que tanto la agencia Airbnb (y otras agencias similares), así como las personas que alquilan sus espacios, estén licenciadas y registradas, exigiéndoles, además, que garanticen el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene.

4. Deben pagar impuestos, exigencia presente en todas las ciudades, como condición para ejercer tal tipo de actividad comercial.

5. Notificación al ayuntamiento de las personas que alquilan estos espacios y de los inquilinos que ocupan tales espacios.

6. Aprobación por parte del ayuntamiento del tipo de vivienda que puede ponerse al mercado como piso turístico, estableciendo normas de espacio. Solo Nueva Orleans excluye este requerimiento. Todas las demás lo tienen.

7. Todas las personas que ofrecen pisos turísticos tienen que ser residentes de la ciudad. Las personas no residentes no pueden comercializar su vivienda para pisos turísticos. Esta regulación tiene como objetivo dificultar que empresas de capital-riesgo compren propiedad inmobiliaria para transformarla en pisos turísticos.

Y el informe termina indicando que el nivel de requerimientos está expandiéndose rápidamente, a medida que la ciudadanía se está quejando más y más por las molestias que tales pisos turísticos están creando. En realidad, una ley muy popular que se está expandiendo es que los vecinos de una finca puedan votar sobre permitir o no que hayan pisos turísticos en aquella finca. Cuando tal ley se aplica tiene un impacto muy inmediato, parando y revirtiendo dicha expansión. En realidad, el enfado ciudadano está alcanzando tal nivel, que el tipo de sanciones por violaciones de las normas definidas anteriormente está aumentado. Entre ellas, en todas las ciudades citadas (excepto en Los Ángeles) se multa a los propietarios de pisos y a Airbnb con entre 500 y 2.000 dólares por día en casos de violación de las normas municipales. Y el propietario puede ser llevado a los tribunales en caso de que los vecinos de quejen de las molestias originadas por los pisos turísticos. El informe (puesto en mi web http://www.vnavarro.org) detalla, ciudad por ciudad, las normas y regulaciones. Todo ello parece indicar que no es descartable, en un futuro próximo, que tal enfado alcance niveles de indignación y que pasen a aprobarse leyes de prohibición de la existencia de tales pisos turísticos, pues no hay duda que su existencia está deteriorando el bienestar y la calidad de vida de los barrios en las ciudades. Su existencia es una prueba más del impacto sumamente negativo de las políticas neoliberales aplicadas en el diseño del desarrollo urbano. La mercantilización de todas las dimensiones de la actividad humana está llevando a un deterioro muy notable de la calidad de vida de la ciudadanía. Y lo que es sorprendente es que a este desarrollo algunas voces que se definen como progresistas lo llamen “progreso”.

La debilidad de los ayuntamientos en Catalunya y en el resto de España

Una de las mayores diferencias entre el poder municipal en Catalunya y España, y el poder municipal en EEUU, es la enorme debilidad de los ayuntamientos catalanes y españoles, debilidad que caracteriza a los Estados del sur de Europa, donde las fuerzas conservadoras han dominado tales Estados por periodos más largos de tiempo en los siglos XX y XXI. Es precisamente donde las izquierdas han gobernado durante más tiempo (como en los países escandinavos) donde los ayuntamientos tienen mayor poder, mientras que es en el sur de Europa, donde las derechas han sido más poderosas, donde los ayuntamientos son más débiles. Esta falta de poder en el nivel del Estado más próximo a la ciudadanía limita enormemente la incidencia de la ciudadanía en el desarrollo de las políticas públicas que afectan con mayor intensidad a su calidad de vida y bienestar.

Considerando la debilidad de los ayuntamientos en España, es de aplaudir que el Ayuntamiento de Barcelona haya ofrecido un liderazgo, reconocido internacionalmente, para limitar el daño creado por los pisos turísticos a la calidad de vida de los vecinos en Barcelona. Predeciblemente las fuerzas conservadoras y neoliberales, que continúan teniendo un enorme poder político y mediático en España (incluyendo Catalunya), y Airbnb han intentado demonizar al ayuntamiento, manipulando y mintiendo, presentando las acciones de este como excesivamente radicales, motivadas por razones ideológicas anticuadas, ocultando que en otras ciudades tales medidas ya se han desarrollado y han probado ser altamente populares. El mérito del Ayuntamiento de Barcelona es el de haberse enfrentado a tales intereses, con el coraje que caracteriza a la alcaldesa Ada Colau, que ha sido aplaudido en muchas otras ciudades, las cuales se han inspirado en ella. Este aplauso debe ir acompañado de la denuncia a la Generalitat de Catalunya, controlada por las fuerzas conservadoras y neoliberales (y cuyos medios públicos de información y persuasión promueven Airbnb), que predeciblemente ha dificultado los pasos que el ayuntamiento deseaba tomar y que la ciudad se merecía. ¿Hasta cuándo continuará ignorando un clamor popular frente a esta situación que se está convirtiendo en una pesadilla para miles y miles de ciudadanos?

¿Quién acosa a quién? La desvergüenza de ‘El País’

15 abril, 2017

Fuente: http://www.elpais.com

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 15 de marzo de 2017.

Este artículo responde a la acusación que El País hizo al profesor Navarro cuando lo acusó en sus páginas de acosarles. El artículo muestra que la realidad es precisamente al revés. El artículo señala también la gran derechización que ha ido experimentando este rotativo como consecuencia del creciente dominio de su accionariado por parte de empresas financieras, convirtiéndolo en un instrumento de batalla contra las escasas voces críticas que existen en el mundo intelectual y político del país.

El día 7 de marzo de 2017 El País escribió un editorial en el que hacía suyas las acusaciones –que había hecho el día anterior la Asociación de la Prensa de Madrid- al partido Podemos por acoso a los periodistas que proveían información desfavorable a los intereses de tal formación política. En la siguiente página donde se publicó tal editorial, aparecía una columna que intentaba mostrar ejemplos de dicho acoso, incluyendo en aquella lista un artículo que escribí el pasado 14 de febrero en Público, titulado “La desinformación y manipulación de los medios sobre Vistalegre”.

Aconsejo al lector que se lea tal artículo (que adjunto aquí), en el que hago una crítica de informaciones aparecidas en los mayores rotativos, incluyendo El País, en su cobertura del Congreso de Vistalegre II de Podemos. También, por cierto, le aconsejo que lea artículos anteriores en los que critico detalladamente el comportamiento del equipo editorial y periodistas de El País (véase “Las manipulaciones y mentiras en El País”, 30.12.14).

Verá el lector que en ninguna parte de mis textos hay ningún insulto o amenaza o cualquier otro comportamiento que pueda encajar en la categoría de acoso. Lo que hago es mostrar la falta de veracidad de sus informaciones, y su tono claramente ofensivo en muchos de sus reportajes cuya intención no es la de informar sino la de persuadir, creando un clima hostil hacia Podemos.

La falta de veracidad de El País

El caso más claro de falta de veracidad es cuando El País publicó una noticia informando que Pasqual Maragall (que fue primero alcalde de Barcelona y presidente de la Generalitat de Catalunya más tarde) fue abucheado cuando entró en el Pavelló de la Vall d’Hebron (lleno a rebosar) donde se iba a celebrar un acto de Podemos, con una presentación por parte de Pablo Iglesias. Los miles de personas que abarrotaban el recinto fueron testigos de la enorme falta de veracidad de aquella noticia, pues no solo no fue un abucheo, sino que fue precisamente lo contrario: una gran ovación a uno de los alcaldes más populares que Barcelona haya tenido, popularidad incluso más acentuada en los barrios obreros como la Vall d’Hebron. Pero esta falta de veracidad fue acompañada de un intento de ocultación, rechazando la publicación de una carta de corrección que escribí al director del rotativo con la esperanza de que la falsa noticia fuera un error del periodista (resultado de, puede, no saber distinguir entre abucheo y ovación). En esta carta no había tampoco insultos ni amenazas (que me desagradan profundamente, como bien sabe cualquier lector familiarizado con mis escritos), o ningún tipo de acoso. Pedí que hicieran una corrección, que se negaron a hacer. Es ahí que pude ver que no era un error sino una grosera manipulación, indigna de tal rotativo.

La enorme agresividad y manipulación

Esta falta de veracidad va acompañada de un comportamiento abusivo e insultante que apareció en su cobertura de los debates que han existido en Podemos y en el momento del Congreso de Vistalegre II. Las legítimas diferencias entre Pablo Iglesias e Iñigo Errejón sobre la estrategia política a seguir fueron presentadas como una mera lucha por el sillón, presentándolas nada menos que como algo parecido a la lucha entre Stalin y Trostky, que terminó con el asesinato del segundo por parte del primero. Es imposible, por muy ignorante de la historia que fuera, que el autor de tal analogía no supiera que esa comparación era abusiva en extremo, publicada única y exclusivamente con el deseo de crear animosidad hacia el supuesto asesino potencial, el Sr. Pablo Iglesias. Critiqué dicho comportamiento agresivo en el articulo “La desinformación y manipulación de los medios sobre Vistalegre”, artículo presentado por El País como un ejemplo de acoso a los autores de tales falsedades y manipulaciones, acusándome a mí en las páginas del rotativo de atacar a la libertad de prensa y al derecho de información.

Ante tal acusación, escribí una carta al Director (ver aquí). El País no quiso publicar la carta. En su lugar publicó tres cartas que apoyaban a El País y añadían más insultos a Podemos. Cabe entonces preguntarle a dicho diario: ¿quién está violando las normas básicas de un fórum que dice defender la libertad de prensa? Es El País el que está violando las más mínimas reglas de conducta profesional, manipulando, falseando e insultando a aquellos a los que considera sus adversarios. Junto con un gran número de rotativos, es un instrumento de batalla y propaganda que carece de vocación y compromiso de respetar y promover la diversidad de opiniones, esencial en un fórum que aspira a ser portavoz de la libertad de expresión que sistemáticamente viola. Es obvio que ese rotativo ha dejado de serlo desde hace ya tiempo, alcanzando niveles extremos bajo la dirección de Antonio Caño (Ver “El sesgo profundamente derechista de Antonio Caño, el nuevo director de El País”, Público, 24.02.14, o “La supuesta imparcialidad del director de El País, Antonio Caño”, El Plural, 11.08.14). Ello explica el temor que existe entre los políticos e intelectuales de este país, que no se atreven a enfrentarse al Cuarto Poder (mero instrumento de intereses financieros y económicos) que, sin ningún reparo, milita y batalla para reducir la diversidad de opiniones, no solo en sus páginas, sino también en la sociedad, incluyendo a aquellas fuerzas políticas y voces críticas con el orden establecido por aquellos poderes fácticos que los poseen y/o influencian. De ahí la importancia de mostrar tales medios por lo que son. Y aplaudo a los pocos políticos que se atreven a enfrentárseles denunciando su comportamiento profundamente antidemocrático.

Sería muy deseable que hubiera en España asociaciones en defensa de la libertad de prensa que sistemáticamente presentaran casos claros de manipulaciones, mentiras y errores de los medios, tal como ocurre en EEUU con Extra o Fair. La muy limitada democracia en España (incluyendo Catalunya) los necesita como el aire que respiramos.

¿A dónde va El País?

Creo que es evidente que El País se ha ido moviendo más y más hacia posturas de derechas, e incluso de ultraderecha, mostrando comportamientos que hasta entonces habían caracterizado a La Razón o al ABC, y que en las áreas económicas ha significado un apoyo claro a las políticas públicas de claro corte neoliberal (reformas laborales y recortes del gasto público) que han llevado al país a un desastre. Apoyó las medidas iniciadas en esta dirección por el PSOE, justificándolas como “necesarias debido a la extrema gravedad de la situación” (13.05.2010). La crisis estaba afectando al país y al rotativo que llevaba su nombre, de manera que las acciones de dicha empresa (el grupo PRISA) cayeron un 87% y su deuda llegó a los 5.000 millones de euros. Las políticas desarrolladas para rellenar este vacío condujeron a lo que Marina Vallejo Valcárcel ha llamado la financiarización de El País. El accionariado del diario pasó de ser propiedad de la familia Polanco (que en 2009 tenía el 71% de todas las acciones), a solo el 19% en 2010. Grandes bloques financieros pasaron a ser sus propietarios. El grupo Liberty pasó a poseer más del 50% de las acciones, tal como documenta Marina Vallejo (en un interesante informe, La deriva ideológica de El País: del socialismo a Ciudadanos, realizado para la Facultad de Comunicaciones de la UPF, del cual extraigo la mayoría de os datos que aquí presento). Entre el nuevo accionariado de PRISA destaca el sultán catarí Ghanim Al Hodaifi Al Kuwati, que inyectó 75 millones de euros, consiguiendo el 10% de las acciones; el banco británico HSBC (9,6% de las acciones); el empresario mejicano Roberto Alcántara (9,3% de las acciones); Caixabank (9%); Banco Santander (4,6%) y Telefónica (4,5%). Esta financiarización reforzó este enorme sesgo neoliberal del rotativo, que Marina Vallejo muestra analizando los titulares y fotografías de las portadas del rotativo. El número de portadas favorables al PP y de “noticias favorables al PP y al Sr. Rajoy” aumentaron más tarde significativamente. Este sesgo fue acompañado de una gran hostilidad hacia el 15-M, al cual intentó comparar desde el principio con ETA (sí, leyó bien, nada menos que con ETA), movilizaciones dirigidas por Bildu. Las noticias sobre el 15-M, con fotografías incluidas, aparecían (¿por casualidad?) al lado de noticias sobre Bildu y lo que definía como su preocupante ascenso. Ello ocurrió, como muestra Marina Vallejo, los días 16 y 21 de mayo, mostrando marchas y manifestaciones del 15-M al lado (y también en portada) de las manifestaciones de Bildu. Como indica la autora “Este hecho podría dar a entender que El País quería relacionar el 15-M con extremistas de izquierda o alteradores de lo público, pues incluso en la portada del 16 de mayo, un breve pie de foto informa de lo ocurrido, y anuncia principalmente los arrestos y altercados”.

El cambio lo lideró el director Cebrián, que se hizo impopular incluso dentro de la plantilla del rotativo por despedir a 149 trabajadores –un tercio de la plantilla-, a la vez que ingresaba 13 millones de euros (35.600 euros diarios) en 2011, como indicaba la carta del Comité de Empresa. Cebrián reforzó todavía más el sesgo neoliberal cuando nombró a Antonio Caño nuevo Director de El País (ver mis artículos sobre Caño), el cual empezó su hostilidad hacia Podemos, definiéndolo en una entrevista con Ana Pastor como un partido “antisistema democrático. Sus dirigentes creen en otro sistema que probablemente no es democrático”, continuando y reforzando así la línea anti-Podemos que había señalado Cebrián, el cual se refirió a “el no disimulado escalofrío que recorre a los círculos dirigentes y a amplios sectores de las clases acomodadas ante la noticia de que un partido como Podemos encabeza la lista de los eventualmente más votados en las elecciones (…)”, definiendo a Podemos como “una expresión populista de las enfermedades infantiles del socialismo”. Y más tarde, y como parte de la campaña de alertar del peligro que representaba para la economía española el programa económico de Podemos, propusieron que el lector se leyera el informe del IBEX-35 para estimular la economía, que consistía en una serie de medidas neoliberales que han dañado tanto a las clases populares. No es de extrañar, pues, que Cebrián y El País se opusieran a cualquier coalición de Pedro Sánchez con Podemos, indiciándole que si hacían tal pacto, PRISA iniciaría “una guerra contra él”. La guerra contra Podemos, pues, continúa viva, presentándose El País a la vez como el gran defensor de la libertad de prensa, dando a todas las opciones políticas la misma cobertura mediática, informando a la población de una manera equilibrada sobre todos ellos. A la vez que se autodefine con declaraciones altisonantes, planea la destrucción de aquellos que considera sus enemigos. Así es El País.

El resurgimiento de la otra España

26 diciembre, 2015

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 19 de noviembre de 2014.

Este artículo analiza un fenómeno muy importante y relevante en España: la recuperación de otra visión de España, que ha sido históricamente marginada, reprimida e ignorada por la visión dominante de España que es uninacional, radial, con escasa sensibilidad social, poco redistributiva y excluyente de cualquier otra visión de España que no sea la suya.

La Transición de la dictadura a la democracia en España se hizo bajo el enorme dominio de las fuerzas conservadoras, herederas de la derecha española (que en el abanico electoral europeo corresponde a la ultraderecha), lo cual explica que el producto de aquella Transición –la democracia española- haya sido una democracia muy incompleta, de muy baja calidad, poco representativa, poco redistributiva, con un escaso desarrollo social, con un elevado nivel de corrupción y sin ningún reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español. Esta democracia, producto de dicha Transición inmodélica, está centrada en un Estado uninacional, controlado en la práctica por un bipartidismo muy acentuado que, ayudado por las fuerzas conservadoras radicadas en las periferias, controla todos los aparatos del Estado.

Resultado de esta situación es que la visión más generalizada en la población de lo que es España, sea continuadora de la que históricamente ha dominado en los sucesivos periodos de la historia del país, y muy en especial en los periodos en los que el Estado español ha sido monárquico, siendo la monarquía borbónica el eje y mayor promotor de esta visión uninacional y radial de España, centrada en la capital del Reino, sede del establishment español.

Pero no hay que olvidar que siempre ha habido otra visión de España, una visión diferente y opuesta al Estado borbónico, que ofrece otra concepción de España. Esta otra visión es la de una España republicana, redistributiva, con conciencia social y con un Estado plurinacional reconocedor de la diversidad de España, y a la que se le permitió florecer durante los breves periodos de gobiernos progresistas durante la II República. De ahí que esta visión de España apareciera durante la clandestinidad en la mayoría de partidos de izquierdas españoles que existieron durante la lucha contra la dictadura, realizada en situaciones enormemente difíciles y de gran represión. Tampoco debería olvidarse que el PSOE, más tarde el mayor partido de las izquierdas españolas, había reconocido tal plurinacionalidad del Estado español apoyando el derecho de autodeterminación para cada una de las naciones que lo constituían. Estos partidos, debido a presiones de la Monarquía y del Ejército –herederos del Estado dictatorial establecido mediante un golpe militar-, abandonaron o pusieron en segundo plano ese compromiso con la plurinacionalidad. Y cuando las izquierdas periféricas –de Catalunya y el País Vasco- lideraron un intento de redefinición de la visión de España, dicho intento fue reprimido, ignorado y, finalmente, vetado por el Tribunal Constitucional, como pasó con el Estatut aprobado por el pueblo de Catalunya en 2006.

Ahora bien, este régimen iniciado en el año 1978, resultado de la Transición inmodélica, está bajo una enorme crítica, y está perdiendo rápidamente su legitimidad debido a dos hechos de una enorme transcendencia, resultado de las enormes limitaciones de la democracia española y de las grandes insuficiencias de su Estado del Bienestar.

La confluencia de rechazos

Desde hace ya más de cinco años el Estado central, gobernado primero por el PSOE y después por el PP, ha estado llevando a cabo políticas públicas que no estaban anunciadas en los programas electorales de estos partidos, y que carecen, por lo tanto, de un mandato popular. Estas políticas públicas, que incluyen a) recortes del gasto público y muy en especial del gasto público social -los cuales están empobreciendo de una manera muy marcada el ya insuficientemente financiado Estado del Bienestar español (uno de los más subfinanciados en la Unión Europea de los Quince, el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español)-, y b) reformas laborales encaminadas a disminuir los salarios, son enormemente impopulares. Puesto que estas políticas públicas se están imponiendo a la población en contra de sus deseos, están creando un rechazo hacia el Estado que las promueve y que se percibe como poco representativo de los deseos populares (el eslogan del 15-M “no nos representan” es ampliamente aceptado como suyo por la mayoría de la población española, que también acepta el eslogan de que “no hay pan para tanto chorizo”). Este Estado se percibe como un instrumento de las instituciones financieras y empresariales (la gran patronal) y de las clases pudientes, que siempre han tenido una gran influencia sobre el Estado y sobre los mayores medios de comunicación (que también están perdiendo legitimidad rápidamente). Este enorme rechazo ha sido también causa de que algunos canales televisivos hayan permitido un cierto espacio a las voces críticas que, al representar el sentir de la población, se han convertido rápidamente en enormemente populares, como es el caso de Pablo Iglesias, siendo esta apertura muy rentable para tales canales. La existencia de estos espacios no transforma a los medios en plurales (pues continúan estando muy controlados y siendo poco plurales), sino que estos breves espacios les generan mayor rentabilidad, aunque, aun así, siempre existe el riesgo de que estas voces críticas desaparezcan o sean vetadas. Existe casi una dictadura mediática en España, que explica que la visión de una España uninacional continúe siendo la más generalizada en el resto del país.

Ahora bien, el otro gran hecho, además del rechazo social, es el rechazo a esta visión uninacional de España, que predeciblemente está ocurriendo en Catalunya, donde un porcentaje de la población muy elevado (casi el 80%) desea poder decidir sobre su futuro, incluyendo su relación con este Estado, un Estado que no es visto por un tercio del electorado como un Estado al cual quieran pertenecer.

La confluencia de estos dos rechazos, el social y el nacional, está llevando al fin del régimen iniciado en 1978 como resultado de una Transición inmodélica. Aparece así de nuevo esta otra España, la popular, la republicana, la solidaria, la redistributiva y social, y la plurinacional, todas ellas claramente relacionadas. Hoy están surgiendo movimientos a lo largo del territorio español que están coincidiendo en muchas de sus demandas, consecuencia de tener un adversario común: el Estado uninacional. Y la mayoría de la población de los distintos pueblos y naciones de España los apoya.

La importancia de recuperar la memoria histórica de la otra España

Cuando Pablo Iglesias, en su discurso en el Parlamento Europeo, indicó que estaba orgulloso de que hubieran sido tropas republicanas españolas las que liberaron París, era la voz que reivindicaba la otra España. No me imagino que ningún representante del gobierno español, fuera del PP o del PSOE, hubiera hecho tales declaraciones. Todo lo contrario, gran parte de los representantes españoles han estado ausentes o muy poco visibles en las ceremonias conmemorativas del fin de la II Guerra Mundial, ocultando o ignorando que la España republicana contribuyó a la derrota del nazismo y del fascismo en Europa.

La ausencia de una recuperación de la memoria histórica por parte de los gobiernos españoles ha sido uno de los datos más llamativos e indicadores de la baja calidad de la democracia española. Encuentro, por cierto, repugnantes (y no hay otra manera de decirlo) las declaraciones de Javier Cercas, el escritor y novelista más promocionado por el grupo PRISA y por El País, que en una reciente entrevista en dicho rotativo (15.11.14) define despectivamente a los grupos y personas que han continuado batallando bajo enormes dificultades por la recuperación de la memoria histórica, como parte de una floreciente industria, añadiendo que ello es parte de una manipulación generalizada, utilizando el caso de un conocido impostor que dirigió la Amical de Mauthausen, una asociación de prisioneros de campos de concentración nazis (sin haber estado nunca él mismo en ningún campo), como si la práctica de dicho personaje representara a todos los que luchan para recuperar la memoria histórica de los vencidos. En realidad, Javier Cercas ha sido un gran impostor al manipular la figura histórica del personaje principal de su novela Soldados de Salamina, a fin de promover su visión de aquella guerra, presentando el rechazo del republicano a apretar el gatillo del fusil para matar al fascista como el inicio de una supuesta reconciliación entre las dos Españas, descripción que causó la protesta del hijo real del republicano cuya vida fue manipulada por el novelista Javier Cercas (ver mi artículo “El olvido histórico: causas y consecuencias”, Público, 22.06.13). Ahora, como antes, concluye que todos somos responsables de lo que ocurrió, postura predecible de una persona, hijo de vencedores, que, generalizando, intenta diluir las responsabilidades. Hoy continúa promoviéndose una visión que intenta callar y marginar a la otra España que está hoy apareciendo.

Pero este movimiento de recuperación, de renacimiento y de reencuentro con la memoria histórica de la tradición republicana de la otra España, significa un momento histórico de enorme importancia para este país.

Le llaman democracia (en España, incluyendo Catalunya) pero no lo es

28 noviembre, 2015

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 18 de noviembre de 2015.

Este artículo critica el argumento utilizado por los partidos independentistas de que el resultado de las elecciones autonómicas significa un mandato para alcanzar la independencia. El artículo muestra cómo el sistema electoral español, así como el catalán, que es una mera réplica del primero, discriminan a las clases populares, y muy en especial a la clase trabajadora, respondiendo a un diseño que, aunque modificado, se ha respetado en su esencia durante la época bipartidista del régimen parlamentario actual. El artículo también muestra otras limitaciones del sistema democrático que explican la baja calidad de la democracia en España (incluyendo Catalunya).

En las últimas elecciones autonómicas en Catalunya, los partidos independentistas consiguieron una mayoría parlamentaria que presentan como prueba de que “tienen un mandato del pueblo catalán” para independizarse y separarse de España, y ello a pesar de que la mayoría del voto expresado en las urnas aquel día no fue para partidos independentistas, sino para partidos no independentistas. Ni que decir tiene que los primeros consiguieron un voto minoritario muy elevado, pero, a pesar de ser muy elevado, no fue la mayoría del pueblo catalán. Tenemos así una situación en la que las opciones políticas hoy mayoritarias en el Parlamento catalán no tienen el apoyo de la mayoría del electorado catalán para alcanzar su principal promesa programática –la independencia de Catalunya-. Su constante énfasis en que sí que tienen un mandato mayoritario no se apoya en lo que los catalanes votaron en aquellas elecciones. En realidad, consiguieron una mayoría parlamentaria como consecuencia de que la ley electoral catalana (que es prácticamente idéntica a la española) es de las menos proporcionales que existen en Europa, realidad que he estado denunciando desde hace tiempo. Tanto en España como en Catalunya, los gobiernos constantemente aplican leyes aduciendo un mandato popular que no se corresponde con los deseos de la mayoría de la población.

Uno de los muchos indicadores del enorme dominio que las fuerzas conservadoras tienen sobre el Estado es precisamente el sesgo antidemocrático de las leyes electorales, que discriminan claramente a favor de unos territorios y de unas clases sociales a costa de otros territorios y otras clases sociales, discriminando a las ciudades (a favor de las zonas rurales) y a la clase trabajadora (a favor de otras clases sociales). Y un ejemplo de ello son las últimas elecciones en Catalunya. La mayoría de los no independentistas reside en las grandes ciudades de Catalunya, y muy en especial en los barrios obreros. Y ahí están las bases del diferencial entre voto y escaños parlamentarios. El punto débil del independentismo es su limitado atractivo entre las clases trabajadoras en Catalunya debido, en parte, a la mayor identificación con España entre estos sectores de la población y también al hecho de que el movimiento independentista está liderado por un gobierno liberal que ha apoyado las medidas (como la reforma laboral y los recortes de gasto público) que han perjudicado con mayor intensidad a las clases populares.

El sesgo de la ley electoral española (y de la catalana) tenía y continúa teniendo el propósito de discriminar a la clase trabajadora

Este sesgo antidemocrático no es casualidad, pues el objetivo de dicha ley electoral fue precisamente este: el de frenar al Partido Comunista (cuya base electoral era mayoritariamente de clase trabajadora), condición que impuso la asamblea del Movimiento Nacional en las últimas etapas de la dictadura antes de disolverse. Tal condición era el establecimiento de una ley electoral que discriminara a las zonas urbanas a costa de favorecer a las zonas rurales, de claro cariz conservador. El hecho de que incluso hoy se requieran casi 49.000 votos para conseguir elegir a un parlamentario en Barcelona, y solo 21.000 votos en Lleida, se debe a esta decisión política. Otro tanto ocurre en el resto de España.

Esta motivación en el diseño de la ley electoral ha sido reconocido por dirigentes de la derecha española que jugaron un papel clave en la Transición, como el Sr. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y el que fue presidente del mayor partido de derechas (que se definía como de centro, como las derechas siempre se han definido en España) durante aquel periodo, el Sr. Leopoldo Calvo Sotelo. Este último, el mismo año de su fallecimiento, subrayó que el diseño de la ley electoral (que se inició en las últimas fases de la dictadura) tuvo como objetivo la intención de frenar la presencia del Partido Comunista en las instituciones que llamaron representativas, forzando un sistema que tuvo poco de representativo.

Una consecuencia de ello es que, como he documentado en varias ocasiones (ver mi artículo “Cuestionando algunos de los análisis que se han hecho sobre las elecciones del 9 de marzo”, El Viejo Topo, julio-agosto 2008), en todas las elecciones generales durante el período democrático desde 1977 a 2008, la suma de votos a partidos de izquierdas en España había dado una cifra superior a los partidos de derechas (excepto en 1977, las primeras elecciones democráticas, en 1979, y en 2000, debido a la enorme abstención). Otros estudios más recientes confirman este análisis de la situación. En un excelente artículo de la ley electoral española aparecido en la revista El Siglo (“Una democracia por mejorar”, 09.11.15) se muestra que la ventaja de los votos de izquierda sobre los votos de derecha fue de más de dos millones y medio en 1982, de casi dos millones y medio en 1986, de menos de dos millones en 1989 y en 1992, de más de un millón en 1996, de menos de dos millones en 2004, y de casi un millón y medio en 2008. A pesar de ello, las izquierdas han gobernado con mayoría parlamentaria solo durante el periodo de 1982 a 1993 y el periodo de 2004 a 2008.

Muchas son las consecuencias de esta realidad, desde el enorme subdesarrollo y subfinanciación del Estado del Bienestar español (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias, Anagrama, 2006), hasta el enorme fraude fiscal y las regresivas políticas tributarias. Añádase a esta situación de escasa calidad democrática, la escasísima diversidad ideológica de los medios de información que sistemáticamente discriminan a las izquierdas (ver mi artículo “El ‘New York Times’ lleva razón: no existe pluralidad en los medios”, Público, 19.11.15), siendo el gran apoyo de los mayores medios al nuevo partido de derechas Ciudadanos (la esperanza de las derechas) frente a la gran hostilidad hacia el nuevo partido Podemos y hacia IU, un indicador de ello.

Y la escasa proporcionalidad del sistema electoral se ha ido acentuando con añadidos y modificaciones a la ley electoral que hacen más difícil el ejercicio del voto. Un caso claro es la reforma del año 2011 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (aprobada por el gobierno Zapatero con el apoyo del PP, de CiU y del PNV) que tuvo como consecuencia aumentar la dificultad para votar a los ciudadanos españoles que viven en el extranjero (1.875.272 ciudadanos españoles que viven o están fuera de España del total de 36,5 millones de personas que tienen derecho al voto en España). Es un ejemplo más de clara manipulación mediática del gobierno conservador-neoliberal de la Generalitat de Catalunya, que acusó al gobierno central del partido conservador-neoliberal español de dificultar las votaciones de los catalanes que vivían o estaban en el extranjero, cuando, en realidad, ambos partidos –el español y el catalán- habían dificultado, con la nueva ley, el ejercicio de tal derecho.

Las muy insuficientes reformas del supuesto sistema democrático

La gran mayoría de reformas que se están proponiendo por parte de los partidos políticos se basan en deseados cambios en la gestión de los partidos, lo cual es importante, pero muy insuficiente. Que los partidos políticos españoles (incluyendo los catalanes) son partidos con escasa vocación democrática, queda ilustrado en el estudio Ranking 2015 sobre la calidad democrática de los partidos políticos españoles, que muestra que solo dos partidos (ambos de izquierda), Podemos y el Bloque Nacionalista Gallego, pueden ser considerados como partidos -en términos comparativos con los existentes en el Reino Unido y Alemania- merecedores de ser considerados partidos con democracia interna. Ni que decir tiene que incluso estos dos partidos tienen todavía un largo recorrido para alcanzar los niveles de democracia que deberían exigirse. Pero están claramente en la dirección de alcanzarlo. No así en el resto de partidos.

Ahora bien, otro tema esencial para que el sistema electoral pudiera definirse como democrático, sería conseguir que todo ciudadano tuviera la misma potestad de configurar la gobernanza del país (es decir, conseguir la representatividad proporcional). Esta es una reforma urgente y necesaria y que tendría un enorme impacto en la vida política del país. Pero se requeriría otra reforma igualmente necesaria y urgente, que es el establecimiento de formas de democracia directa, como los referéndums, a todos los niveles del Estado, desde el central, al autonómico y municipal. Y ahí estamos en pañales. Existe una oposición antidemocrática por parte de los establishments político-mediáticos –lo que se define como la casta- hacia el ejercicio del derecho a decidir a todos los niveles. La oposición a que el pueblo catalán pueda ejercer tal derecho -que la mayoría de la población en Catalunya apoya- es un ejemplo de ello. La derecha española, PP y Ciudadanos, y la dirección del PSOE (de escasa vocación democrática), se oponen a dicho ejercicio. El PP y el PSOE, los máximos beneficiarios del sistema bipartidista, bases del Estado español, han sido los que se han opuesto más a la democratización del Estado. Ambos partidos de baja calidad democrática, se oponen al ejercicio de estas formas de democracia directa, que debilitarían su protagonismo. Y Ciudadanos se opone también, aunque por motivos diferentes. Su oposición al derecho a decidir es porque desea conseguir rentabilidad política de su supuesta defensa de la “unidad de España” (aunque el ejercicio de tal derecho resolvería precisamente las tensiones artificiales creadas por los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, y también por CDC en Catalunya, pues tal deseo mostraría que la voluntad de la mayoría de los catalanes es permanecer en España, desmontando así los argumentos independentistas). Son precisamente estos partidos (PP, PSOE y Ciudadanos) –que Pablo Iglesias ha definido correctamente como el búnquer- los que están incrementando el hastío y frustración en Catalunya hacia el Estado central, aumentando el independentismo.

Esta breve crítica del sistema llamado democrático aparece con plena evidencia en la nula diversidad ideológica que existe en los mayores medios de información (tanto públicos como privados) españoles, instrumentalizados por los poderes económicos y financieros y por los gobiernos, y que no ofrecen la pluralidad, veracidad y rigor que un sistema democrático exige. El artículo del New York Times que ha creado un gran revuelo en España no descubre nada que la mayoría de la población no conociera ya en España, pero que los medios continúan negando. Tanto los medios televisivos como la prensa en papel carecen de credibilidad en España, otro tema que he estado denunciando por mucho tiempo. En el último programa de Salvados, los dirigentes de los medios entrevistados atribuyeron el resultado de una encuesta realizada en Europa (que mostraba que la ciudadanía española era la que desconfiaba más de sus medios) a que los ciudadanos españoles tienen una vocación más crítica que los ciudadanos de otros países. No aceptaron –a pesar de la enorme evidencia de lo contrario- que el problema mayor era la abusiva instrumentalización de los medios por el poder financiero (la banca) con el cual están endeudados, y por los partidos gobernantes. Hoy, tales medios son un enorme obstáculo para el pleno desarrollo democrático de España. En realidad, el programa La Sexta Noche es un programa que –sin quererlo y sin ser su intención- muestra claramente el bajo nivel de democracia existente en España. Lo que se presenta como un debate, es una sarta de insultos, mezquindades, gritos y un largo etcétera (procedentes en su mayoría de los tertulianos de derechas) que muestra muy bien, por desgracia, la escasa calidad democrática existente en España. Así de claro.

Cómo los medios han estado promoviendo el neoliberalismo: el caso de La Sexta Noche, Al Rojo Vivo y TV3

22 junio, 2015

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 28 de mayo de 2015.

Este articulo critica la promoción del neoliberalismo por parte de los programas mediáticos de mayor difusión del país.

Se habla mucho, con razón, de la gran inmunidad de la que gozan figuras y personajes del mundo político, financiero y económico que, a pesar de haber sido condenados por los tribunales, permanecen inmunes a cualquier sanción. El grado de tolerancia hacia tal inmunidad es un indicador más de la baja calidad de la democracia española.

Pero existe otro tipo de inmunidad, la inmunidad profesional, que ni siquiera se reconoce como censurable. Es cierto que en algunas profesiones como la médico-sanitaria, existe un sistema de sanciones para su mala práctica. Si un cirujano comete un error y, como consecuencia de ello, el estado de salud del paciente queda negativamente afectado, existe la posibilidad de que tal cirujano reciba algún tipo de sanción y sufra un notable descrédito profesional. Pero ello no ocurre en otras profesiones, como en las áreas económicas, situación que se muestra con toda claridad en el caso de los gurús económicos que aparecen y son promovidos por los mayores medios de información y persuasión del establishment. Periodistas y economistas que analizan, pronostican y/o promueven políticas económicas que sistemáticamente han perjudicado el bienestar de la población permanecen inmunes a cualquier sanción o desprestigio. En realidad, a pesar de sus malas prácticas, continúan gozando de enormes cajas de resonancia, provistas por aquellos medios cuya mayor función es reproducir la sabiduría convencional favorable a los mayores intereses financieros y económicos que dominan los medios.

Uno de los casos más notorios de impunidad son los economistas de tendencia liberal (es decir, hablando claro, neoliberal) que, a través de aquellos medios, han estado proponiendo y promoviendo políticas económicas de claro corte neoliberal, como recortes del gasto público, incluyendo el gasto público social, y reducciones en la accesibilidad a servicios públicos de primera necesidad (como sanidad y educación, entre otros), así como reformas laborales que han provocado un gran descenso salarial, políticas todas ellas que han tenido unas consecuencias enormemente negativas para el bienestar de la población y para el estado de la economía. Pues bien, a pesar de la enorme evidencia científica que existe mostrando el desastre (y no hay otra manera de definirlo) que han significado tales políticas, dichos economistas continúan apareciendo en los medios, y continúan recetando las mismas políticas. Hay múltiples ejemplos de ello. Veamos dos de ellos.

El economista del establishment mediático español

Uno de los economistas más promocionados en España es el economista José Carlos Díez, el columnista en temas económicos de mayor visibilidad en El País, asesor económico de la SER y de La Sexta (tanto en el programa Al Rojo Vivo como en La Sexta Noche). Es asesor en temas económicos del candidato del PSOE, el Sr. Pedro Sánchez, y lo fue antes del Sr. Zapatero, cuando predijo toda una serie de hechos que fueron claramente erróneos, cuando no falsos. Analicemos sus diagnósticos y pronósticos:

En el año 2006 (09.06.2006) pronosticó en El Mundo que “la probabilidad de ver una caída significativa del precio de la vivienda es cercana a cero”. En realidad, desde 2007, el precio cayó nada menos que un 36%, según señaló el Instituto Nacional de Estadística. Más tarde, en abril del 2007, en la revista Economía Exterior escribió que “se tiene que contrarrestar el mito de la burbuja inmobiliaria en España”, negando la existencia de una burbuja inmobiliaria. Tal diagnóstico y pronóstico habla por sí mismo de su incompetencia. Hubo una burbuja inmobiliaria que se expandió y luego explotó, contribuyendo a la Gran Recesión. Más tarde, en 2009, y para minimizar el impacto negativo de la burbuja, escribió en Cinco Días (22.11.2009) que los precios de la vivienda en 2009 habían ya tocado fondo. Los datos –los testarudos datos- sin embargo, mostraron que tales precios continuaron bajando y bajando. También en 2009 intentó ridiculizar a los que alertamos de las consecuencias negativas de las políticas públicas impuestas (y digo impuestas, pues no tenían mandato popular al no estar en su programa electoral) por el gobierno español presidido por el Sr. Zapatero, escribiendo en Cinco Días que “los escenarios apocalípticos de seis millones de parados, con tasas de desempleo del 25%, están siendo refutados por la realidad”. En realidad, el paro alcanzó más tarde no el 25%, sino el 26%, con 6,2 millones de parados. Por si no fuera poco, tal personaje también indicó en Cinco Días (22.11.2009) que el sistema financiero español era sumamente eficiente, diagnóstico que el Presidente Zapatero repitió en una conferencia de prensa en Nueva York, meses antes de que colapsara, mostrando que el sistema financiero español era (y continúa siendo) uno de los más ineficientes en el mundo, habiéndole costado más dinero (en términos proporcionales) al ciudadano español el reavivarlo, que en cualquier otro país de la UE-15, reavivación que ha alcanzado unos niveles de complicidad política escandalosa.

Es difícil encontrar un gurú mediático con mayores errores de diagnóstico y prescripción. Invito al lector a que imagine, por un momento, qué le ocurriría a la reputación de un cirujano que hubiera diagnosticado y tratado a un paciente tantas veces mal como ha hecho el Sr. Díez en sus diagnósticos y pronósticos económicos. Le aseguro que el cirujano habría sufrido un enorme descrédito y raramente hubiera aparecido en los medios. No así con el “experto” en cuestión, que ha hecho tanto daño con las políticas que ha propuesto, basadas en un diagnóstico y pronóstico claramente erróneos. A pesar de los síntomas de tanta incompetencia, nada ha pasado. La SER, La Sexta y El País, entre otros, continúan presentándolo como el gran “experto”. Durante la última campaña electoral, dicho “experto” ha sido el experto económico de tales medios, presentando su doctrina neoliberal bajo el nombre de ciencias económicas. Además de ignorancia, este personaje se caracteriza por su arrogancia, presentándose como un científico, promoviendo el ideario liberal de la dirección del PSOE.

Dos ejemplos recientes de este ideario aparecieron, de nuevo, cuando en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta, se le preguntó al que es su asesor económico, el Sr. Díez, su opinión como “experto” sobre las propuestas hechas por el candidato de Podemos a las elecciones de la comunidad de Madrid. El supuesto experto lo criticó por proponer políticas redistributivas cuando la prioridad debería ser, según él, el facilitar medidas que estimularan el crecimiento, repitiendo el famoso e incorrecto diagnóstico (lo que también han hecho todos los portavoces de la derecha española -el PP y Ciudadanos en España y CDC y UDC en Catalunya-) de que “para distribuir antes hay que crecer”. Tal aseveración ignora que en una economía deprimida, como la española (incluyendo la catalana), las políticas redistributivas, que aumentan la capacidad adquisitiva de las clases populares, son una condición necesaria para incrementar la demanda doméstica y, con ello, el estímulo y el crecimiento económicos.

Tal promoción apareció también nada menos que en la noche del sábado, antes del día de las elecciones (violando, por cierto, la ley que prohíbe cualquier acto electoral el día anterior), cuando La Sexta Noche promovió a este supuesto experto y a su libro. En dicha presentación, el “experto” de ese programa defendió las políticas de recortes del Sr. Zapatero, promovió la reforma laboral (atribuyendo el elevado desempleo a las rigideces laborales) y acentuó un tímido apoyo a la intervención pública, aceptando algunas reformas que antes había denunciado cuando fueron propuestas por Podemos, como es la propuesta de que el ICO debería actuar como un banco público, ayudando a estimular la innovación en las inversiones económicas. Esta propuesta la hicimos el Profesor Juan Torres y yo en el documento que distribuyó Podemos bajo el nombre de Un proyecto económico para la gente, y que el Sr. Díez ridiculizó en El País. Ni que decir tiene que, aunque aceptó que era ahora necesario hacer lo que antes había ridiculizado, no citó el origen de esta propuesta, que fue en el documento distribuido por Podemos. La incompetencia, por regla general, va acompañada de manipulación.

El dominio absoluto de tales gurús económicos neoliberales es casi absoluto, sin que se permitan otras voces críticas a tanto error, falacias y manipulaciones, permitiéndoles una enorme impunidad. La falta de diversidad ideológica de los medios en España, reproduce tal inmunidad, que se da en todas las partes del país, incluyendo en Catalunya.

El gurú económico en Catalunya

Un caso semejante ocurre en Catalunya con el Sr. Sala i Martín, un economista ultraliberal que aparece con gran frecuencia en los mayores medios de información y persuasión en Catalunya. En EEUU, sus simpatías son hacia el Partido Libertario, que es el eje del Tea Party, la ultraderecha estadounidense. En la cadena pública TV3 se le conoce como “el economista de cabecera de la casa”, monopolizando un programa que se presenta como “Classe d’economia” (Clase de economía), plataforma desde la cual imparte su ideología neoliberal, que presenta como “ciencia económica”. Fiel a esa ideología, ha ido promoviendo todas las recetas neoliberales, tales como reducciones del gasto público, incluyendo el social, la desregulación de los mercados laborales (que debilita todavía más los convenios colectivos), la privatización de la Seguridad Social y de todos los servicios públicos del Estado del Bienestar (escasamente financiados en Catalunya y en España), tales como educación, sanidad y servicios sociales, y una larga lista de recetas del ideario ultraliberal. La evidencia científica ha documentado extensamente el enorme daño que dichas políticas han hecho a la gran mayoría de las clases populares de Catalunya, lo cual no es obstáculo para que este economista continúe gozando de grandes cajas de resonancia, algunas de ellas, como TV3 y Catalunya Ràdio, financiadas públicamente, medios instrumentalizados por los partidos gobernantes de tradición conservadora y liberal.

La pasividad de las fuerzas democráticas ante tanta impunidad

La monopolización de la visión neoliberal de los fórums económicos (tanto en los mayores medios de información como en los medios económicos) es casi absoluta. Y lo que es sorprendente es la pasividad, no solo de las fuerzas democráticas del país (que deberían sentirse ofendidas por esa falta de diversidad), sino también, dentro de ellas, de las izquierdas. En el último programa de La Sexta Noche, los tres periodistas (de los seis presentes) que supuestamente representaban las izquierdas dieron la bienvenida y saludaron la presentación del supuesto “experto”, el Sr. Diez, sin ninguna voz crítica hacia tal monopolización del pensamiento económico. Y en Catalunya no ha habido una protesta pública por parte de las izquierdas parlamentarias por la monopolización tan abusiva de un programa, financiado con dinero público, llamado “Clase de economía”, por parte de un ideólogo ultraliberal en un medio público pagado por todos los ciudadanos en Catalunya. He detectado un miedo por parte de la clase política de todos los colores a enfrentarse con los medios de comunicación, miedo que también detecto, por cierto, entre los intelectuales, que temen ser censurados o vetados por tales medios, hecho del cual yo puedo dar constancia. Pero el compromiso con la democracia exige una denuncia masiva de este atropello tan claro de la democracia en este país. Hago, desde aquí, en estas líneas, una invitación a la población para que se movilice y bombardee tales medios con denuncias, recordándoles que tanto los medios privados como los públicos utilizan un bien común, cuya función es la mayor razón de su existencia. Es, por cierto, un mandato constitucional, puesto que la tan manoseada Constitución Española (que, por regla general se utiliza por las derechas del país para defender sus intereses) indica explícitamente el derecho y el deber de los medios de información a garantizar la pluralidad, algo ignorado sistemáticamente.

Una última observación

Cuando acababa de escribir este artículo, denunciando, una vez más, el comportamiento antidemocrático de los mayores medios de información, que promocionan descaradamente un punto de vista en las ciencias económicas que está causando un gran daño a las clases populares, leo un artículo en La Vanguardia, que alcanza niveles ya de escándalo. Dicho rotativo, como la mayoría en Catalunya, se ha caracterizado por una enorme hostilidad hacia Barcelona en Comú, alcanzando niveles nunca vistos ni en España ni en los países donde he vivido (Suecia, Reino Unido y EEUU). Tal artículo relaciona a Ada Colau con nada menos que Osama Bin Laden. Sí, ha leído bien, no ya con ETA (como hace la derecha española para perjudicar a las izquierdas españolas), sino con el mismo Bin Laden. ¡Todo un récord! Y el intermediario en dicha relación era Noam Chomsky, el intelectual estadounidense más conocido en el mundo. Resulta que Bin Laden había leído un libro de tal autor, lo cual fue la base para que La Vanguardia presentara a Ada Colau, que ha recibido el apoyo de Noam Chomsky, como relacionada con Osama Bin Laden (“Las cartas de amor y odio a Bin Laden”, 21.05.2015). El cretinismo y mezquindad a los cuales puede llegar la derecha española, incluyendo la catalana, no tiene límites. Son herederos directos de aquellos que fusilaron y torturaron a los demócratas durante la dictadura. Ahora que ya no pueden hacerlo físicamente, intentan hacerlo mediáticamente. Invito al lector a que se movilice para denunciar tanta desvergüenza.

Lo que no se dice sobre el crecimiento de las desigualdades sociales

21 mayo, 2014

Fuente: http://www.vnavarro.org

 

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 27 de febrero de 2014

Este artículo analiza las causas y consecuencias del crecimiento de las desigualdades, que raramente aparecen en los mayores medios de comunicación.

Por fin, el gran crecimiento de las desigualdades que hemos estado experimentando en la mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte ha pasado a ser noticia, con un número cada vez mayor de fórums y conferencias dedicando atención a este tema, presentándolo como un problema. Incluso el Foro de Davos, uno de los centros de reflexión neoliberal con mayor impacto mediático, dedicó este año a este tema un espacio importante de su programa. Es interesante notar, sin embargo, que lo que ha estado ocurriendo con el tema de las desigualdades es muy semejante a lo que ha ocurrido con el cambio climático. Como en el caso de este último, la sabiduría convencional en aquellos países (dominada desde los años ochenta por el dogma neoliberal) negaba, al principio, su existencia. Se decía que, en contra de lo que aseguraban algunos “radicales extremistas” (el menos ofensivo de toda una larga retahíla de insultos), no había ningún cambio climático. Cuando la evidencia de que sí había tal cambio era ya abrumadora, la sabiduría convencional lo admitió, tras mucha resistencia y recelo, pero añadió –inmediatamente– que este no era causado por la intervención humana. Se debía –decía la sabiduría convencional– a cambios cíclicos de la naturaleza sobre los que la intervención humana tenía poco que hacer.

Una evolución similar ha ocurrido ahora con el crecimiento de las desigualdades. Primero se negó que existiera, acusándonos, a aquellos que señalábamos que era una realidad con terribles consecuencias sociales y económicas, de “radicales aguafiestas”. Más tarde, ante la evidencia abrumadora que cuestionaba este dogma, admitieron su existencia, pero negaron que se debiera a decisiones políticas concretas tomadas por instituciones públicas altamente influenciadas por los grupos financieros y económicos (que configuraban la sabiduría convencional neoliberal del conocimiento económico), atribuyendo dicho cambio a hechos como “la globalización de la actividad económica”, “la introducción de nuevas tecnologías” u otras argumentaciones, hechos que se consideraban (erróneamente) apolíticos, determinados por la propia lógica y dinámica del sistema económico. En realidad, cada uno de estos hechos supuestamente apolíticos era resultado de decisiones políticas tomadas por los Estados, cada uno de ellos influenciado por aquellos grupos financieros y económicos, que dominaban el proceso de gobernanza de cada país.

¿Por qué han crecido las desigualdades?

En realidad, la fuerza más determinante en la evolución de las desigualdades sociales y de su crecimiento ha sido el grado de influencia que los propietarios y gestores del gran capital (es decir, del mundo de las grandes empresas financieras, industriales y de servicios, y que incluye personas e instituciones que obtienen sus ingresos a partir de la propiedad del capital) han tenido sobre sus Estados. Cuanto mayor ha sido su influencia sobre el Estado, mayor han sido las desigualdades en un país. Cuanto, por el contrario, mayor ha sido la influencia del mundo del trabajo (es decir, de la mayoría de la población que deriva sus rentas del trabajo, con escasa propiedad) sobre los Estados, menores han sido las desigualdades. La evidencia de que ello es así es abrumadora. Durante el periodo 1947-1979 (el llamado “periodo dorado del capitalismo”), cuando el mundo del trabajo tenía más poder, el crecimiento de la riqueza de los países se repartió más igualitariamente que no durante el periodo 1979-2013, cuando –con la revolución neoliberal iniciada por el Presidente Reagan y la Sra. Thatcher– el mundo del capital fue el que claramente dominó las instituciones del Estado. Durante este último periodo, como resultado del crecimiento de la productividad, hubo un aumento de la riqueza, que se concentró en los sectores más pudientes de la población que derivan gran parte de sus ingresos de la propiedad del capital.

Estos datos muestran que las causas del crecimiento de las desigualdades son primordialmente políticas, es decir, que derivan de decisiones tomadas por el Estado como resultado del grado de influencia diferencial que tienen sobre ese Estado el mundo del capital y el mundo del trabajo. La época neoliberal (1980-2013) ha sido la época de mayor dominio del Estado por parte del capital, habiéndose alcanzado unos niveles nunca vistos desde principios del siglo XX. En EEUU, por ejemplo, el 10% más rico de la población posee el 77,1% de toda la riqueza, mientras que el 90% restante posee el 22,9%. En realidad, el 40% de la población no tiene ninguna propiedad; todo lo contrario, está endeudada. El 20% que le sigue tiene solo un 3,3% de toda la riqueza, seguido de otro 20% que tiene un 10% de toda la propiedad. La suma de ello (40+20+20) muestra que el 80% tiene solo un 13,3% de la riqueza. (Los datos que presento en este artículo proceden de John Schmitt “The Economy and the Evolution of Income and Wealth”. Public Policy Program. The Johns Hopkins University. 20 de febrero de 2014)

Esta enorme concentración de la riqueza, causa mayor del crecimiento de las desigualdades, ha motivado el movimiento popular de protesta conocido en EEUU como el Occupy Wall Street (claramente influenciado por el movimiento de los indignados, el 15-M, de España), que denuncia al 1% de la población (que controla, en gran medida, la propiedad de los medios financieros –basados en Wall Street) como el centro del poder financiero y económico, y por lo tanto, político y mediático del país.

No es el 99% contra el 1%, sino el 90% contra el 10%

Ahora bien, aun cuando el número de 1% -que incluye el grupo dominante del poder financiero, económico, político y mediático del país- es un número muy gráfico y didáctico para mostrar el grado de concentración del poder en EEUU, es una cifra que subestima el problema político al que tiene que hacer frente cualquier estrategia encaminada a revertir dicha concentración. Este 1%, que controla el 35,6% de toda la riqueza, va seguido de un 9% que controla otro 39,5%. El problema, pues, no es solo el 1%, sino que incluye también al otro 9%, que juntos suman en total un 77,1% de toda la riqueza. Este 9% son los grandes propietarios del capital industrial y de servicios, así como los sectores sociales que se benefician claramente del sistema de propiedad actual, y que incluye, entre otros, a los dirigentes mediáticos, la intelectualidad del régimen, la clase dirigente del funcionariado y la mayoría de la clase política gobernante, todos ellos sirvientes de las estructuras del poder. Junto al 1% del capital financiero representan lo que en Estados Unidos se llama la Corporate Class. De ahí que el conflicto no es del 99% de la población contra el 1%, sino del 90% contra el 10%, teniendo este último un enorme poder. Los grandes gurús mediáticos, por ejemplo, no son parte del 1%, pero si del otro 9% que sirve al sistema controlado por el 1%, y que se opondrá por todos los medios a que cambie el sistema que los beneficia.

El declive del sistema democrático

Esta enorme concentración de la riqueza ha sido consecuencia de las intervenciones del Estado, que han favorecido sistemáticamente y abusivamente desde los años ochenta al capital a costa del mundo del trabajo. Y cuando digo a costa quiero decir que las rentas del capital han subido como consecuencia de que las rentas del trabajo han disminuido. En otras palabras, el crecimiento de la riqueza, como resultado del aumento de la productividad (incluida la productividad laboral), no ha repercutido tanto en el mejoramiento de las rentas del trabajo como en el crecimiento desmesurado de las rentas del capital. En realidad, el salario por hora (controlado por inflación y tipo de trabajo) en EEUU fue menor en 2013 que en el año 1978.

La situación en España es muy semejante a la que ocurre en EEUU. La enorme influencia del 10% más rico de la sociedad (tanto en el Estado como en la sociedad civil) está causando el enorme crecimiento de las desigualdades. Y ello ocurre, tanto directamente como indirectamente, a través de las políticas públicas del Estado. Entre las directas están las políticas fiscales, por ejemplo, que benefician sistemáticamente al capital a costa del trabajo. Y entre las indirectas, está el gasto público. Por ejemplo, la reducción del empleo público y de la capacidad adquisitiva del empleado público (y con ello, el descenso de la renta nacional que va al mundo del trabajo) se hace para poder pagar los rescates a la banca y pagar la deuda pública (propiedad, en su gran mayoría, de la banca), con lo cual se está haciendo una transferencia de fondos públicos del 90% de la población española, cuya renta procede del trabajo, al 1% que deriva sus ingresos de la propiedad del capital financiero (del cual depende el otro 9%, que está al servicio del 1%) que controla el sistema de gobernanza del país.

Y es esta enorme concentración de la riqueza la que está destruyendo la democracia. Pero le aseguro a usted que no leerá todo esto en los medios. Un artículo como este no se puede publicar en los cinco rotativos más importantes del país. Le ruego que lo distribuya.