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¿Qué hacemos con los llamados paraísos fiscales?

17 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Describe mucho mejor el fenómeno guarida fiscal, escondrijo en el que se refugian una o varias personas buscadas por realizar actividades delictivas, que el de paraíso.

La evasión fiscal es un delito gravísimo: provocar pobreza, dañar la salud, empobrecer el capital humano… son delitos de lesa humanidad.

– Juan Gimeno

07/04/2017 – 19:09h

El PP rechaza penalizar en la nueva Ley de Contratos a empresas vinculadas a paraísos fiscales
Jornada en el Congreso contra los Paraísos fiscales

El lunes 3 de abril, siguiendo la iniciativa del Foro Social Mundial, se celebró el día mundial contra los paraísos fiscales. La plataforma por la Justicia Fiscal[1]  celebró en el Congreso de los Diputados un encuentro con representantes de los grupos parlamentarios en el que planteamos la reflexión sobre la pregunta que da título a este artículo.

En estos tiempos de neolenguaje y posverdad, cada vez más orwelianos, un primer apunte ha de referirse al propio término de Paraísos Fiscales. Porque el lenguaje no es neutral y elegir una forma de denominar algo es ya una opción respecto al mensaje que se quiere enviar.

¿Qué es un “paraíso”? Una definición es la de “lugar en que llegan las almas de los justos y donde gozan de felicidad completa”. Es difícil conseguir algo más atractivo. Solo llegan los mejores y obtienes la felicidad absoluta. Pero resulta difícil aceptar que quienes utilizan los llamados paraísos fiscales sean precisamente los “justos”. Y no nos resignamos a que se presenten esos territorios como lugares deseables.

Tampoco es neutral la definición de paraíso fiscal que encontramos en el diccionario de la RAE: “País o territorio donde la ausencia o parvedad de impuestos y controles financieros aplicables a los extranjeros residentes constituye un eficaz incentivo para atraer capitales del exterior”. Simplemente, una feliz herramienta de política económica. Visto así, por ejemplo, la bomba atómica se definirá como eficaz incentivo para finalizar una guerra.

En inglés se utiliza la expresión Tax Haven (refugio o guarida). Quizás alguien tradujo confundiendo Haven con Heaven (cielo) y nos ha quedado esa perversión.

Sin duda, describe mucho mejor el fenómeno la expresión Guarida (fiscal), escondrijo en el que se refugian una o varias personas buscadas por realizar actividades delictivas (que conllevan habitualmente la defraudación fiscal).

Porque las guaridas fiscales son, en realidad, guaridas de delincuentes: sin ningún sentido económico real, ocultan y sirven de puente para el blanqueo de capitales de actividades como la corrupción, el crimen organizado, las mafias, el terrorismo, el tráfico de armas, el tráfico de drogas… En general, todo tipo de actividades contrarias a los derechos humanos y al bien común.

Como, es cierto, todas los delitos descritos eluden impuestos y blanquean en las guaridas, el adjetivo “fiscal” es apropiado. Pero parece como si se utilizara para suavizar el delito. Si habláramos de guaridas de terroristas, de mafiosos y traficantes, las opiniones públicas pedirían indignadas una acción dura contra ellas. Pero lo de fiscal suena a delito menor, más suave.

No es fácil de entender esta (falta de) conciencia ciudadana. La evasión y el fraude fiscal disminuyen gravemente la recaudación pública, dificultando obtener los ingresos necesarios para financiar la inversión en servicios públicos y sociales esenciales. Además, agrava la injusticia del sistema y vicia la competencia leal al favorecer a las grandes empresas.

¿No somos conscientes de que los recursos públicos son la garantía de los derechos ciudadanos, de derechos humanos básicos? Sin ellos, sufre la educación, la salud, la seguridad, la productividad, la libertad y la propia democracia.

¿No somos conscientes de que la inversión en derechos sociales reduce gastos? Está demostrado que la pobreza incrementa los riesgos de enfermedades y de abandono escolar; que la menor inversión en salud acaba provocando mayor gasto curativo; que la elevada desigualdad reduce el crecimiento y genera inestabilidad social.

Provocar pobreza, dañar la salud, empobrecer el capital humano… son delitos de lesa humanidad: acto inhumano que cause intencionalmente grandes sufrimientos o atente gravemente contra la integridad física o la salud mental o física cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

La evasión fiscal es un delito gravísimo

Las guaridas han existido siempre. La impunidad es lo que les permite sobrevivir y crecer. La globalización financiera ha multiplicado los importes y la opacidad, con muchas entidades financieras actuando como inductores y facilitadores de tales prácticas delictivas.

No actuar decididamente contra las guaridas fiscales supone un grave delito de complicidad con los que se dice combatir.

Es cierto que diferentes actores internacionales (G7, G20, OCDE, UE) están, dicen, tomando medidas para obligar a un mayor control sobre la utilización de las guaridas fiscales por parte de grandes empresas y fortunas para eludir o evadir impuestos. Pero… con retraso, timidez y sin afectar a territorios afectos a su propia soberanía.

En todo caso, la cooperación internacional es imprescindible.

No es cierto que no se pueda hacer nada. Hay muchas propuestas perfectamente viables. Estas son algunas de ellas:

  • — Revisar la definición de paraísos fiscales y elaborar un nuevo listado efectivo de territorios. Aunque no tengan ámbito nacional.
  • — Puesta en marcha de un régimen fiscal multilateral que evite la competencia de estímulos fiscales entre Estados y que aborde la transparencia fiscal internacional, el intercambio automático de información y la lucha contra el fraude. Al menos dentro de la UE.
  • — Implantar el Impuesto a las transacciones financieras que penalice los flujos especulativos, especialmente los que se negocian desde estos refugios opacos.
  • — Obligar a las empresas y corporaciones a publicar sus inversiones, beneficios e impuestos pagados país por país.
  • — Registro público obligatorio de titulares reales y últimos de las empresas.
  • — Prohibición de sociedades ficticias y acciones al portador.
  • — Colaboración obligada de las grandes entidades de Banca Privada (titulares que operan en guaridas fiscales).
  • — Ligar acuerdos de libre comercio con convenios de intercambio de información.
  • — Penalizaciones a las empresas con fondos o filiales en esos territorios:
    • — en la obtención de contratos y concursos
    • — en beneficios fiscales
    • — en los movimientos con guaridas fiscales

Cabe destacar en esta dirección el movimiento por los Municipios libres de paraísos fiscales.

  • — Reforzar y priorizar la inspección.
  • — Proteger a los denunciantes y filtradores.
  • — Penas mayores que las actuales, y sin reducciones, a quienes utilicen las guaridas fiscales.
  • — Exigencia de responsabilidades a asesores e intermediarios financieros.
  • — Plazo ampliado para prescripción de delitos.
  • — …

Es imprescindible apuntar hacia la completa erradicación de las guaridas fiscales… a medio plazo. A corto plazo es imperativo acometer medidas que penalicen y desincentiven la utilización de estos territorios. Medidas enmarcadas en la lucha contra la evasión y el fraude, que son las lacras que es preciso extirpar.

No es un objetivo imposible. Depende de la voluntad política y de la capacidad de presión.

El castigo social y electoral ha de ser la medida más eficaz para conseguir superar la tibieza de las políticas aplicadas. Por ello, es necesario educar y sensibilizar a la ciudadanía en la gravedad de los delitos fiscales así como en la gravedad de los comportamientos cómplices, aunque solo sea por omisión.

Erradicar las guaridas fiscales es un primer paso. Y es responsabilidad colectiva: de los líderes políticos y los gobiernos, de los medios de comunicación y de los educadores, de los votantes y ciudadanos…

También de todas las organizaciones sociales que trabajamos por un mundo mejor y más justo.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor

[1] La plataforma por la Justicia Fiscal, es una alianza de organizaciones ciudadanas, sindicatos, movimientos sociales, ONG y otros actores de la sociedad civil, movilizadas para corregir las desigualdades del sistema impositivo y exigir medidas reales contra el perjuicio social de la evasión y la elusión fiscal y acabar con los llamados Paraísos Fiscales.

Un año de paraísos fiscales en el punto de mira

7 abril, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Después de un año de que comenzara la publicación de los Papeles de Panamá, la UE todavía tiene pendiente publicar una lista de paraísos tras rechazar su primera propuesta el Parlamento Europeo.

La OCDE defiende que se han logrado “significativos éxitos” pero reconoce “deficiencias en la arquitectura de la transparencia internacional”.

“Nosotros no hemos encontrado más endurecimiento en las normas”, dice el presidente de la filial española de uno de los principales bancos andorranos.

Antonio M. Vélez02/04/2017 – 18:34.

Más allanamientos en Panamá por vínculos de Mossack Fonseca con "Lava Jato"
Oficinas de Mossack Fonseca. EFE

Este lunes pasado se cumplió un año del estallido del escándalo de Los Papeles de Panamá, la mayor filtración de documentos de la historia, con origen en el bufete de abogados Mossack Fonseca. Un terremoto que reveló las artimañas fiscales de un extenso listado de multimillonarios y de dirigentes políticos de todo el mundo (o personas de su entorno) y que en España acabó con la carrera política del exministro de Industria José Manuel Soria. A propósito de este aniversario, el Foro Social Mundial ha declarado este 3 de abril Día Mundial Contra los Paraísos Fiscales.

Un año después, hemos conocido  la reciente detención por su presunta implicación en el caso Lava Jato, el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil, de los dos fundadores de Mossack Fonseca.

Sabemos también que el despacho que durante décadas ayudó a crear miles de sociedades offshore llegó a convertirse  en sede del Registro Mercantil de Niue, un atolón del Pacífico ubicado a 10.000 kilómetros del bufete que utilizaron defraudadores españoles como el actor Imanol Arias.

Y también sabemos que en España el  Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Ministerio de Economía, ha realizado catorce informes de inteligencia financiera sobre 209 sociedades que se encontraban en la base de datos del afamado despacho panameño.

¿Pero se han producido avances en la lucha contra la evasión en los territorios offshore en este último año?

El balance del Foro global sobre la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es positivo. Este órgano, que desde este año preside la española María José Garde, defiende en su informe de progreso de 2016 que aunque persisten “deficiencias en la arquitectura de la transparencia internacional”, se han logrado “significativos éxitos”.

Su tesis es que “aunque la filtración subrayaba los continuos problemas de la evasión fiscal internacional, también mostraba la efectividad de las medidas que la comunidad internacional impulsa para abordar estos problemas. Los documentos mostraban que el número de compañías con ventajas fiscales creadas por el bufete en cuestión llevaba disminuyendo varios años y que el número de nuevas empresas con acciones al portador [que no permiten conocer quiénes son sus verdaderos propietarios] había caído prácticamente a cero en 2015”.

“Aunque las filtraciones ocupan titulares en todo el mundo y subrayan los problemas derivados de la opacidad de las entidades jurídicas, la realidad es que se han realizado enormes progresos en la lucha contra este problema durante los últimos años y se continúan realizando”, resume el informe.

Unos días después del escándalo panameño, la Comisión Europea proponía una medida recomendada por la OCDE que ya estaba vigente en España, el desglose de información país por país con los pagos de renta e impuestos de empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales. Una medida reputacional y de control que no deja de ser un avance. Pero la UE ha sido incapaz de consensuar una lista de paraísos fiscales que había prometido para este año, incluso antes del caso de Los Papeles de Panamá.

En enero pasado, el Parlamento Europeo obligó a la Comisión Europea a rehacer una relación provisional de “países de riesgo” relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo compuesta por Corea del Norte, Irán, Afganistán, Bosnia Herzegovina, Irak, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen. Se quedaban fuera territorios como Islas Bermudas, Islas Caimán o Panamá, por no hablar de los cuatro países miembro de la UE a los que la ONG Oxfam situaba en diciembre pasado en la lista de paraísos “más agresivos” del mundo: Holanda, Irlanda, Luxemburgo y Chipre.

Más conciencia, las mismas medidas

Tras Los Papeles de Panamá, llegarían Los Papeles de la Castellana, una investigación publicada por eldiario.es en junio pasado; Bahamas Leaks (en septiembre) y Football Leaks (a finales de 2016). Filtraciones masivas que quizás han aumentado la conciencia ciudadana sobre las consecuencias de la existencia de los paraísos, pero que no han propiciado la adopción de una normativa más estricta, coinciden los expertos consultados.

“Nosotros no hemos encontrado más endurecimiento en las normas, que ya eran bastante exigentes”, dice a eldiario.es el presidente de la filial española de uno de los principales bancos andorranos, que pide el anonimato.

Este directivo asegura que la normativa vigente ya “es durísima, tanto en España como en Estados Unidos”, y recuerda que, tras la llegada de Donald Trump al poder, todo apunta a una “relajación” de la normativa bancaria, después de que el nuevo presidente estadounidense firmase en febrero una orden ejecutiva para derogar parte de la ley Dodd-Frank, que fue promulgada en 2010 tras la crisis financiera que arrancó en 2008.

“Mi conclusión es que no hay una verdadera voluntad política ni de la Comisión Europea, ni del G20, ni de la OCDE, de acabar con la utilización de los paraísos fiscales: dan vueltas a la tortilla con medidas que son positivas, pero que no van al fondo de la cuestión”, dice José María Peláez, inspector de Hacienda.

Este experto en fiscalidad internacional aventura que no se adoptan medidas más contundentes (fundamentalmente, en materia de intercambio de información) “porque si se pusiera sobre la mesa todo lo que hay, muchos mandatarios se verían retratados”.

Unas semanas después de estallar el escándalo, el Parlamento Europeo anunció la creación de una Comisión de Investigación cuya efectividad muchos discuten (“Se crean comisiones de investigación para no investigar nada”, decía hace un mes el eurodiputado de Podemos Miguel Urban) que comenzó sus trabajos en septiembre y que debería tener redactadas sus conclusiones en junio.

Su puesta en marcha ha encontrado notables trabas de la propia Comisión Europea. Cabe recordar que la esposa del comisario español Miguel Arias Cañete apareció en Los Papeles de Panamá; y la excomisaria Neelie Kroes, en Bahamas Leaks.

El inspector José María Peláez, que hace un mes participó en los trabajos de esa comisión, relativiza la importancia de la entrada en vigor del nuevo estándar de intercambio de información fiscal de la OCDE.

En teoría, a partir de este año, con los nuevos convenios que suscriban los países, los datos fiscales se intercambiarán de forma automática. Pero su pronóstico es que “van a intercambiar información los países que no tienen ningún problema en hacerlo: los miembros de la OCDE. Los que son auténticos paraísos fiscales no van a firmar y no afrontarán “ninguna consecuencia”. “Mi conclusión es que los paraísos fiscales van a seguir existiendo y se van a seguir utilizando”.

Miguel Urban, de Podemos, considera que se ha avanzado “muy poco” en esta materia y cree que los criterios de la lista que está elaborando Bruselas “son laxos”: “Hay muchas formas diferentes para que un país salga de ese listado llegando, por ejemplo, a acuerdos unilaterales con otros países”.

En su opinión, que no exista ese listado ni se implanten mecanismos más firmes se explica porque, “para empezar, a la propia institución europea y a los gobiernos parece que les preocupan más los nombres que la existencia de la evasión y el robo a gran escala. Además, también se necesitaría la unanimidad del Consejo, y en este caso Luxemburgo se niega tajantemente; y aún es más difícil teniendo a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea”.

País de Cebrianes y Cañetes

15 mayo, 2016

Fuente: http://www.infolibre.es

21:44 
Empieza a resultar cansino el debate entre nueva y vieja política, entre santa y demonizada Transición, entre presuntos moderados y supuestos radicales, entre socialdemócratas puros y vendidos al liberalismo, entre populistas y… resto del mundo (si quedara alguien). El agujero negro de nuestra democracia lo protagonizan quienes llevan décadas confundiendo lo público y lo privado, ocupando parcelas de poder que consideran patrimonio particular sin pasar por el filtro de las urnas e intentando condicionarlas. La España machadiana de charanga y pandereta es hoy (y desde hace demasiado tiempo) la de Cebrianes y Cañetes.

Si algo ha demostrado la filtración de los papeles de Panamá (desvelados en España por La Sexta y El Confidencial) es el patriotismo hipócrita y gaseoso de un montón de gente, aunque se mantenga en la nebulosa de los entramados societarios la verdadera almendra del fraude, imposible e impracticable sin la inestimable ayuda de grandes bancos, empresas y bufetes de postín. En España el caso político más sonado fue el del ministro José Manuel Soria, cazado en explicaciones mentirosas que habría captado un niño de Primaria (aunque Mariano Rajoy sigue sin querer pillarlas). No tuvo más remedio que dimitir, pero queda la duda razonable de si lo habría hecho en otro momento político (de mayoría absoluta, por ejemplo).

Proclamó ufano el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que “nadie que haya operado desde paraísos fiscales puede estar en el Gobierno”. Seguimos a la espera de saber qué opina el Gobierno sobre el hecho de que Miguel Arias Cañete, eurocomisario a propuesta de Rajoy, mantenga el cargo tras conocerse que ha utilizado para sus negocios empresas en Panamá o en Costa Rica, y después de comprobarse que su mujer, Micaela Domecq, no sólo aparece en los papeles de Panamá sino que además se acogió a la amnistía fiscal decretada por el Gobierno del que formaba parte su propio marido.

Ya no pueden sorprendernos la actitud de Cañete ni la de Soria. Al fin y al cabo son coherentes con la que han mantenido los Rato, Matas, Fabra, Granados, Bárcenas y compañía. En realidad nunca han confundido lo público y lo privado, sino que han tenido muy claro el manejo de una especie de libro de instrucciones para utilizar recursos públicos en provecho propio. Quienes no venían ya educados en la convicción de que España era suya parecen haber llegado a la misma conclusión a base de ejercer una parcela de poder en combinación con una panda de buenos amigos. (Cuando no una simple organización criminal, como se define en varios autos judiciales, por ejemplo, al PP valenciano, o a la trama Púnica, o a la red Gürtel…)

MARCANDO EL PASO POLÍTICO

El caso de Juan Luis Cebrián es diferente, pero no menos grave en términos de calidad democrática. Apareció el nombre de su exmujer Teresa Aranda en los papeles de Panamá, y el presidente de El País reaccionó a la información como lo haría un Berlusconi, un Chávez o un Putin cualquiera. En lugar de aportar, como experiodista que es, los datos concretos que expliquen sus andanzas y negocios con el empresario hispano-iraní investigado por la Agencia Tributaria Massoud Zandi, lo que hizo fue disparar a los mensajeros, utilizar los recursos del grupo Prisa para responder a una acusación en todo caso personalimponer la censura sobre colaboradores de la SER y sobre sus propios empleados. Resulta significativo que alguien del peso periodístico y la relevancia de Iñaki Gabilondo, preguntado por la vinculación de Cebrián con los papeles de Panamá, haya respondido a El Español de forma tan cáustica:“Prefiero no decir nada”.

Tiene perfecto derecho un medio de comunicación privado acontar o no contar con un colaborador u otro, aunque se define su talante cuando prescinde de alguien por el simple hecho de haber informado sobre datos no desmentidos. En cuanto al uso del paraguas de un grupo empresarial como si fuera un cortijo personal, no debería sorprender tanto a quienes ahora ponen el grito en el cielo. La inmensa mayoría ni siquiera se hicieron eco de los datos judiciales publicados en ‘infoLibre‘ sobre la operación especulativa que originó el grave endeudamiento de Prisa. Está documentada, y demuestra el voraz interés de Cebrián por acumular acciones, bonus, etcétera.

Cebrián ha conseguido esta vez que los focos se hayan colocado sobre algunos de sus variados intereses crematísticos, y que de paso alumbren favores mutuos con Felipe González, siempre en disposición de protagonizar foros de comunicación y empresariales promovidos por Cebrián, y siempre al quite paraacompañarlo en propuestas editoriales que empujen y hasta exijan una gran coalición o cualquier fórmula de gobierno que no pase por una coalición de fuerzas progresistas. (Recuérdese, entre otras de sus solemnes ocurrencias, la de un gobierno PP-Ciudadanos sin Rajoy con el apoyo del PSOE en la oposición).

Cuesta entender que González grabara un vídeo promocionando a Zandi como un modelo de emprendedor, o que llamara al entonces director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, Miguel Sebastián, para pedirle que lo recibiera como sabio especialista en el sector petrolífero. El tal Zandi había sido rechazado en Repsol por ser menos conocido como “modelo de emprendedor” que como comisionista y organizador de animadas fiestas en su yate privado o en su mansión de La Finca, urbanización de híperlujo en las afueras de Madrid. Seguro que más pronto que tarde González dará alguna explicación. Cuesta todavía más entender los motivos por los que Cebrián es socio de la petrolera luxemburguesa Star Petroleum gracias a una donación de acciones realizada por su amigo Zandi. Algunas fuentes consultadas sostienen que la explicación de las gestiones de González hay que buscarla precisamente en la relación de Zandi con Cebrián.

Lo relevante en cualquier caso es la permanente combinación y mezcla de intereses públicos y privados, de influencias legítimas o espurias. Es obvio que una democracia sólida no puede permitirse que un político tenga intereses en un paraíso fiscal. A estas alturas debería ser igual de obvio que el máximo responsable de un medio de comunicación interesado en condicionar o en influir en la agenda política tiene la obligación de aclarar –no sólo ante sus accionistas sino especialmente ante lectores y ciudadanos– cuáles son sus negocios particulares.

 

“Cada español paga entre 800 y 1.000 euros más en impuestos por el fraude fiscal de otros”

5 mayo, 2016

Fuente: http://www.attac.es

26 abril 2016  Carlos Cruzadosabemos.es

El presidente del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, no ve voluntad política real para emprender el combate de los paraísos fiscales. Y en pleno escándalo de los papeles de Panamá, denuncia que no se destinan medios suficientes para dar la batalla a las grandes bolsas de fraude fiscal.

En los papeles de Panamá aparecen 1.200 sociedades, más de 500 accionistas y unos 90 beneficiarios directos con domicilio en España (amén de los ciudadanos españoles que figuran en ellos pero con direcciones en otros países). Con esos datos, ¿se puede considerar que se ha actuado con diligencia en el combate de estas prácticas?

Es obvio que no se ha hecho ni se hace lo suficiente en esta materia. Es difícil luchar contra las fortunas escondidas en los paraísos fiscales, pero para intentarlo se necesitan medios. Y en España hay muy pocos medios dedicados a esta labor de investigar las grandes bolsas de fraude, lo que se suma a la propia dificultad por la escasa cooperación de estos territorios. Panamá, que España ya no considera como paraíso fiscal, no facilita mucha información y la que facilita lo hace con muchas pegas. Es difícil.

Ahora que tenemos todos, o casi todos, los datos, ¿cómo debería actuar el Gobierno a la luz de las revelaciones de los papeles de Panamá?

La Agencia Tributaria debería haber abierto ya inspecciones a todas las personas que han ido apareciendo en estos papeles que son residentes en España y que, con obligación de declarar sus bienes en el extranjero, no lo hayan hecho. La Agencia Tributaria ha debido de cotejar la información de los papeles de Panamá con las declaraciones del modelo 720, y aquellas personas que no hayan declarado estos bienes se les debería haber abierto inspecciones, sin darles plazo de regularizar en estos días mientras se instruye el caso.

¿Pero tiene constancia de que se hayan activado ya de manera efectiva esos procesos?

La Agencia Tributaria ha dicho públicamente que se está investigando. Pero una cosa es contrastar esos datos con el modelo 720 y otra cosa abrir inspecciones, que supone notificar a las personas involucradas las correspondientes aperturas de expediente y la paralización de cualquier posibilidad de regularizar voluntariamente. Habrá que ver si se está inspeccionando efectivamente.

Las personas de la lista que no hubieran declarado esos bienes pueden regularizarlos voluntariamente antes de recibir la notificación de la apertura de una inspección. Y si lo hacen es muy difícil, o directamente imposible, poderles sancionar. Pagarían los impuestos con recargo, pero evitarían las sanciones muy duras que se establecer en el caso de no declarar los bienes. La normativa establece la imprescriptibilidad de los bienes y derechos que no se han declarado, así que aunque provengan de ejercicios anteriores a los cuatro años (o cinco años en caso de delito fiscal) seguirían siendo sancionables. A estos bienes se les aplicaría el impuesto correspondiente y se imputaría el último año no prescrito (en esta caso, el año 2011), y se les aplicaría una sanción del 150% de la cuota a pagar. Y en el caso de que esa cuota defraudada superara los 120.000 euros, se derivaría el caso a los tribunales por posible delito fiscal.

¿Existe voluntad política, en España y en otros países, para combatir de manera real a los paraísos fiscales?

Radicalmente, no. Desde el año 2009, cuando el G-20 habló del fin del secreto bancario y de los paraísos fiscales, lo cierto es que hemos visto cómo han proliferado progresivamente. No hay más que ver que, según diferentes estudios de Oxfam Intermon o del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 34 de las 35 empresas del Ibex tienen filiales en paraísos fiscales y no acreditan actividad en estos territorios. Entre todas suman más de 800 sociedades con sede en estos paraísos fiscales.

Y desde esa declaración de Sarkozy anunciando en el G-20 el fin de la era de los paraísos fiscales, ¿ha habido avances reales desde entonces?

Ha habido avances, pero más retóricos que reales. El G-20 encargó a la OCDE que elaborara unas directrices para determinar qué condiciones deben cumplir los países que están en las listas de paraísos fiscales para poder salir de ellas. Pero el requisito fundamental se quedó en la firma de convenios para evitar la doble imposición y para trasladar la información. Muchos de estos de territorios firmaron doce convenios y consiguieron salir de las listas (de hecho, en la lista negra ahora mismo no hay ningún país). Pero estos acuerdos de intercambio de información no son efectivos, porque se trata de meros convenios que permiten a los territorios transmitir información puntual, no de manera automática, y sólo a instancias de parte cuando se acredita que los fondos tienen un origen delictivo. No es suficiente.

Desde los atentados del 11-S, Estados Unidos ha apretado a los paraísos fiscales porque muchas organizaciones terroristas los utilizaban para mover sus fondos. El intercambio de información relativa a terrorismo y tráfico de droga sí ha mejorado. Pero en los casos en los que hablamos sólo de defraudación tributaria, la información no se facilita como sería deseable. Hay falta de voluntad política tanto a nivel nacional como internacional para acabar con los paraísos fiscales. Si la OCDE y la UE tomaran medidas drásticas para evitar estas situaciones seguramente estaríamos en una situación muy diferente.

En las últimas dos semanas hemos sabido que en los famosos papeles de Panamá aparecen un ministro que estaba en ejercicio, José Manuel Soria, y un ex que fue incluso vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. ¿Así puede haber voluntad política?

Así es muy difícil, claro. Y lo hemos visto también con otros responsables políticos de otros países, como David Cameron o Vladimir Putin. En este ámbito también se puede hablar de las famosas puertas giratorias, de las relaciones de la política y las grandes empresas. El propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, era el encargado de dar el visto bueno a los acuerdos de Luxemburgo para que cientos de empresas transnacionales tributaran apenas un 1% en su país. En muchos países hay personas que van y vienen de la política a las grandes empresas, y ése es uno de los elementos que incide en esa falta de voluntad política. No sólo para combatir los paraísos fiscales, también en los casos en que las compañías utilizan países con ventajas fiscales para derivar allí beneficios y no pagar los impuestos que toca en los países en que realmente operan.

¿Y cómo deben combatirse los paraísos fiscales? ¿Hay que encomendarse sólo a la acción coordinada de muchos países? ¿Qué puede hacer España en concreto?

Hay diferentes medidas que tomar. Es necesaria una actuación global, a través de la OCDE, del G-20 o de la UE, pero en España también se pueden tomar medidas. Por ejemplo, debería actuarse en relación a la información que los bancos deben transmitir acerca de las operaciones de sus filiales en paraísos fiscales. Los bancos deberían facilitar la misma información que dan acerca de los bienes de sus clientes en España. Y también se podría poner más trabas a las sociedades que operan a través de paraísos fiscales aplicando gravámenes específicos para que no les resulte tan rentable utilizarlos.

¿Cuánto les cuesta a los contribuyentes españoles la actividad de empresas y particulares en paraísos fiscales?

Es muy difícil de valorar. Hay distintas estimaciones, pero resulta complicado confirmarlas. Se calcula que más del 50% de todas las transacciones mundiales se hacen a través de paraísos fiscales. Así que es muy difícil calcular el montante. La estimación del profesor Gabriel Zucman apunta a que el importe de depósitos y patrimonio de españoles en el extranjero se sitúa por encima de los 160.000 millones de euros, de los que 144.000 millones estarían en paraísos fiscales ocultos. Conocemos la información que aparece en la lista Falciani, la de los papeles de Panamá… pero se trata sólo de la punta del iceberg.

¿Y cuánto le cuesta el conjunto del fraude fiscal?

De acuerdo con las estimaciones de Gestha, con datos de hace dos años, la economía sumergida representa el 24,6% del PIB español, lo que representaría más de 250.000 millones que no se declaran a Hacienda ni a la Seguridad Social. Aplicando el tipo de presión fiscal correspondiente, podemos hablar de cerca de 90.000 millones que se dejarían de recaudar cada año. Y si no se contabilizan las cotizaciones sociales que no se pagan, hablaríamos de casi 60.000 millones de euros de impuestos que no se pagan por no declararse. Erradicar al 100% el fraude fiscal es algo muy complicado, o imposible, pero reducirlo hasta los niveles que tienen los países de nuestro entorno, supondría que España recuperase cerca de 40.000 millones al año. En definitiva, cada español está pagando entre 800 y 1.000 euros al año en impuestos de más por ese fraude fiscal que cometen otros.

Visto lo visto, ¿Hacienda somos todos o, como decía un tuitero hace unos días, Hacienda somos tontos?

Hace unas semanas la propia aboga del Estado en el caso Nóos nos sorprendió diciendo que eso del ‘Hacienda somos todos’ era sólo un mensaje publicitario y sin contenido. Pero en el artículo 31.1 de la Constitución se establece que todos debemos contribuir en función de nuestra capacidad económica. A la vista de los papeles de Panamá, de la actividad en paraísos fiscales, del nivel de economía sumergida, de la planificación fiscal agresiva de las grandes transnacionales (lo que antes llamábamos ingeniería financiera), lo cierto es que los que sustentan el sistema tributario parece que son fundamentalmente los trabajadores de clases medias e incluso de las clases más desfavorecidas.

“Siempre va a haber fraude fiscal, siempre va a haber evasión”, es lo que dicen muchos. ¿La lucha contra el fraude es una batalla perdida?

No es una batalla perdida. Necesitamos más medios y necesitamos más voluntad política para llevar a efecto las medidas normativas que ya tenemos. Si comparamos los medios que destina la Agencia Tributaria española con los de otros países de la OCDE y la UE, vemos que España tiene la mitad de efectivos por número de contribuyentes. España tiene un empleado de la Agencia Tributaria para casi 2.000 ciudadanos, mientras que la media en Europa está entre los 800 o 900 contribuyentes. Y la inversión –que se suele llamar gasto- en la Agencia Tributaria es del 0,1% del PIB, mientras que  la media europea más que duplica ese dato. En definitiva, faltan medios, y los que hay deben desplazarse a combatir las grandes bolsas de fraude. Más del 80% de los efectivos de la Agencia se dedica al control de los ya controlados: personas con nómina, pymes, autónomos… Pero el esfuerzo que se dedica a controlar a las grandes empresas es escaso. Nosotros pedimos desplazar la lupa hacia la gran bolsa de fraude, en la que es necesaria más inspección y más investigación.

El ministro Montoro y el Gobierno al completo presumen de los grandes avances en la lucha contra el fraude fiscal. ¿Hay motivos para la celebración?

No, no lo hay. Hay una tendencia histórica de mejora de los resultados. Pero en las actividades directas de la lucha contra el fraude los resultados han variado muy poco en los últimos años, ya que estamos ahora en los mismos niveles de 2013. Hay que reforzar la investigación y la inspección, y eso sólo se está haciendo en el menudeo. Por ejemplo, se refuerza la inspección de emigrantes retornados que no declaraban las pensiones que recibían en el extranjero; o se cruzan datos con la Seguridad Social para controlar a las empleadas del hogar… Se está fiando en gran medida el aumento de la recaudación sólo al menudeo.

¿Y por qué esa descompensación? ¿Por qué se dedican más esfuerzos a los contribuyentes de menores ingresos y no a las grandes fortunas?

Porque es lo más fácil. Es más fácil cruzar datos y comprobar que dedicarse a inspeccionar e investigar, porque para esto hay que destinar más medios y más tiempo, sobre todo en el caso de las grandes empresas. Pero también hay que preguntarse por qué falta voluntad política, no sólo a este Gobierno también a los anteriores, para acometer la reformar funcional de la Agencia Tributaria.

¿A qué objetivos de recaudación extra se puede aspirar?

Si equiparáramos nuestros niveles de economía sumergida con la media de los países de nuestro entorno –lo que implicaría reducirla en 10 o 12 puntos porcentuales-, conseguiríamos recuperan unos 40.000 millones de recaudación extra. Una cantidad en consonancia con los intereses de deuda que paga España. Así que, si reforzáramos las posibilidades de actuación de la Agencia Tributaria, podríamos estar recaudando lo suficiente para pagar esos intereses de deuda.

En los albores de la pasada legislatura el Gobierno promovió una amnistía fiscal y una regularización de activos en el extranjero. Con lo recaudado con ambas iniciativas, ¿han merecido la pena?

Tanto el ministro de Hacienda como la Agencia Tributaria están dando datos confusos sobre esta cuestión. La amnistía fiscal sirvió para aflorar sólo 40.000 millones, con los que se recaudaron 1.200 millones de euros (así que el tipo medio que se pagó fue del 3%, no del 10% que era el previsto en la amnistía). Pero desde el Gobierno se mezclan estos datos con los del modelo 720, que es el de las declaraciones de bienes en el extranjero, y que ascienden a 126.000 millones. Se ha llegado a decir que se ha “aflorado” esa cantidad. Pero eso no es cierto, porque hay que tener en cuenta que en esa cantidad están incluidos todos los residentes extranjeros en España, jubilados del norte de Europa, que también tienen que declarar sus bienes en sus países de origen y que son bienes absolutamente declarados. Y también están incluidos muchos bienes que los españoles tienen en el extranjero y que también tenían declarados ya. No es correcto decir que se haya aflorado esos 126.000 milllones. La Agencia Tributaria debería aclarar, por ello, qué porcentaje de esa cantidad se ha aflorado realmente. Estoy seguro de que es muy poco, pero el Gobierno no da el dato. Se está confundiendo a la gente.

La amnistía fiscal sirvió entonces para recaudar 1.200 millones más. Hay quien puede verlo que más vale pájaro mano (esos 1.200 millones) que ciento volando.

Eso se dice, sí. Pero es que la amnistía fiscal supone una quiebra del principio de igualdad recogido en la Constitución. El resto de contribuyentes que declaran no pagan un tipo del 10% ni del 3%, que es lo que efectivamente se cobró, sino tipos mucho mayores del 25 al 52%. A los que se sumaron a la amnistía les salió muy barato regularizar, además de no sufrir sanciones.

Con la amnistía se debían haber recaudado 4.000 millones [el 10% de los 40.000 millones aflorados], pero la Dirección General de Tributos hizo una interpretación muy beneficiosa para los que acudieron a la regularización. El Congreso ha aprobado ahora una proposición no de ley para que el Gobierno cobre a los amnistiados ese diferencial que les tocaría, pero será difícil.

¿Qué balance hace la legislatura con el ministro Montoro al frente de Hacienda?

La legislatura de Montoro ya empezó marcada por esa amnistía fiscal que ya entonces valoramos muy negativamente, no sólo por el agravio comparativo con el resto de contribuyentes, también por el efecto negativo para el objetivo de pormover la conciencia fiscal de los españoles, que ya de por sí es laxa.

Además, Montoro ha dado un carácter muy particular al trato de información confidencial de la Agencia Tributaria. La pasada semana se negó a dar datos sobre el caso de la sanción a José María Aznar, pero es lo que debería haber hecho en todos los casos anteriores. Desgraciadamente no se ha comportado de esa manera. Siempre ha estado en el filo del cumplimiento del deber de mantener el secreto de los datos fiscales. Hay demasiadas declaraciones suyas hablando de actores y de otros políticos que le han dejado en el filo de incumplir esa obligación. Su comportamiento debería haber sido más cauto en este sentido.

¿Y qué balance hace de sus predecesores? Fue en el segundo Gobierno de Zapatero cuando se conoció la lista Falciani.

El balance de la lucha contra el fraude es negativo con este Gobierno y con los anteriores. Gestha puso una querella contra los directivos de la Agencia Tributaria del último Gobierno socialista porque cuando se conoció la lista Falciani, en la que aparecían españoles con cuentas opacas, en vez de abrir inspecciones se decidió dar una segunda oportunidad a los que salían en el listado. Se les dio aviso y se les facilitó un plazo para la regularización en lugar de abrir inspecciones. Consideramos que eso fue prevaricación, y denunciamos a los directivos de la Agencia. La familia Botín regularizó 200 millones de euros voluntariamente y no sufrió las sanciones que debían haberse aplicado si se hubiera abierto la investigación.

La nueva legislatura, aún sin Gobierno, ha arrancado confirmándose que el déficit público sufrió una fuerte desviación en 2015 (fue del 5% frente al 4,2% que marcaba el objetivo pactado con Bruselas). El Gobierno en funciones culpa a CCAA y a la Seguridad Social, que son las partidas que descuadran. ¿Por qué insiste Gestha en vincular la desviación con la reforma fiscal del año pasado?

El propio Gobierno cuando abordó la reforma fiscal del IRPF y de Sociedades reconoció que iba a suponer un impacto de 9.000 millones en menor recaudación. Se perdió esa cantidad y no se redujo el gasto para compensarlo, probablemente porque en 2015 había varios procesos electorales. Así que el nuevo Gobierno tendrá que afrontar recortes que repercuten siempre en el gasto social.

Gestha habla de España recauda 79.000 millones menos que si se aplicara la presión fiscal de la media pondera de la UE. ¿Considera necesario subir los impuestos?

Los últimos datos de Eurostat muestran que el desfase negativo ahora es de 60.000 millones. Gestha hace tiempo que plantea que hace falta un gran acuerdo político y social para rediseñar el Estado que queremos. La Constitución habla de un Estado social y democrático, un Estado de bienestar en el que el gasto social debería garantizarse para conservarlo o para mejorarlo.

Los datos nos dicen que estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea por esa brecha de 60.000 millones. Estamos más cerca de los países del Este que de los nórdicos. Parece que sería necesario subir impuestos. Pero hay que matizarlo, porque hay impuestos que subir, otros que bajar, dentro de un mismo impuesto hay que ver si unos contribuyentes deben pagar más y otros menos.

Por ejemplo, casi todos los impuestos ya están en los niveles de recaudación de los niveles de antes de la crisis, pero en el Impuesto de Sociedades aún tenemos una pérdida del 60% en relación a 2007. Eso es significativo y no se corresponde con la recuperación de la actividad económica. Hay fraude, sí, pero también elusión fiscal. Los grandes grupos empresariales están pagando un tipo efectivo en el Impuesto de Sociedades del 6%, que es menos de la mitad del tipo que pagan las pymes. Y en algunos casos es porque residencian parte de sus beneficios fuera de España y lo hacen en países donde pagan muy poco o directamente nada.

El ciudadano de a pie se ha acomodado en el discurso de cuantos menos impuestos, mejor. Un discurso que ha defendido por partidos de distinto signo (Zapatero dijo eso de que bajar impuestos es de izquierdas). ¿Es tarde para hacer pedagogía sobre fiscalidad?

No es tarde, pero sí es cierto que ya ha calado mucho ese discurso de que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Y seguro que es así para los ciudadanos que no tienen que recurrir al Estado para poder financiarse la educación o la sanidad. Pero para los trabajadores de clase media y clase baja es más complicado asumirlo. Si entendemos que ése debe ser el modelo, un Estado reducido, un Estado liberal –que no es el que contempla la Constitución-, debe recogerse en un gran pacto político. Pero lo que es imposible es la cuadratura del círculo de mantener las prestaciones sociales y el Estado del Bienestar al tiempo que bajamos los impuestos. Eso no puede ser. Hay políticos y medios de comunicación liberales que defienden reducir el Estado, y eso encaja con la defensa de la reducción de impuestos. Pero en España se suele hablar de bajar impuestos pero sin tocar el gasto social, sin reducir el Estado, y eso desgraciadamente no es posible.

Uno de los ámbitos en los que Hacienda pretende poner la lupa este año es la actividad de la economía colaborativa (singularmente la de los alquileres turísticos). ¿Es la economía colaborativa responsable de una bolsa de economía sumergida?

Las transacciones a través de internet no fomentan la economía sumergida, porque dejan rastro. Son las transacciones en que se utiliza dinero en efectivo las que la promueven, porque son muy difíciles de rastrear.

¿Por qué no es posible que Airbnb o Homeaway compartan sus datos con Hacienda?

Los nuevos modelos de negocio van siempre por delante la ley. Pero para este tipo de transacciones la Agencia Tributaria cada vez va teniendo más datos y parece que estas compañías están empezando a colaborar. Y no veo, como suele decirse, que haya un problema entre la Ley de Protección de Datos y la lucha contra el fraude.

Ésa es la gran defensa de este tipo de compañías, que no pueden facilitar datos de los miembros de sus comunidades y, por otro lado, que no pueden retener directamente los impuestos porque ellas son simples comisionistas y no efectúan el pago.

En España existe la obligación de terceros de colaborar y facilitar los datos de sus transacciones. Y estas empresas estarían en esa situación. En cualquier caso, lo que es difícil es controlar negocios que se desarrollan a través de internet y que se tratan de relaciones internacionales, porque la mayoría de estas empresas tienen residenciada su actividad en el extranjero.

La actividad pública de Gestha no es la de un sindicato al uso. Sus comunicados tienen una alta carga política y combaten los argumentarios de la cúpula de Hacienda. ¿La acción de Gestha es política?

La acción de Gestha puede ser política, pero no es partidista. Hace tiempo que nos planteamos la necesidad de mejorar las funciones de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda, y promovemos cuestiones que creemos que deben reformarse para elevar la recaudación o controlar mejor el gasto. Antes se decía que las cifras de nuestros informes generaban alarma social, pero nuestros datos están en la media de los informes nacionales e internacionales que se publican sobre fraude fiscal y otras cuestiones.

Entendemos que como servidores públicos que somos estamos obligados a intentar mejorar ese servicio público. Y eso es lo único que nos guía. No tenemos ninguna vinculación con ningún partido, somos un sindicato absolutamente independiente. Hablamos con todos los partidos del arco parlamentario.

¿Pero hay un enfrentamiento entre Gestha y el ministro Montoro?

No tenemos ningún enfrentamiento. En efecto, algunos de nuestros informes no han gustado. Pero tampoco le gustaban al Gobierno anterior.

Desde algunos ámbitos políticos y desde algunos medios de comunicaciones se vincula a Gestha directamente con Podemos.

Se publican cosas que no se corresponden con la realidad. Esto surgió fundamentalmente cuando estalló el ‘caso Monedero’. Nos preguntaron sobre la polémica acerca de que Juan Carlos Monedero no había facturado IVA, y nosotros dijimos que en operaciones de fuera de la UE no había que facturar IVA. Y se nos criticó por no criticar. Luego se nos criticó por ser cautelosos en nuestras opiniones a la espera de tener más datos sobre el caso. No salimos en tromba y se nos atacó por ello. Más tarde, también se insinuó nuestra relación con Podemos porque nos habíamos reunido con ellos antes de las elecciones, pero es que Gestha lleva años reuniéndose con todos los partidos. Por ejemplo, se nos pidió nuestra opinión sobre el acuerdo de gobierno PSOE-Ciudadanos, y la dimos: eso no significa que estemos ni con el PSOE ni con Ciudadanos. Somos independientes. Gestha siempre fue muy crítico por las actuaciones en materia de lucha contra el fraude de los Gobiernos del PSOE, y lo somos con las del Gobierno del PP. Y seguiremos igual.

¿Y existe un enfrentamiento entre técnicos de Hacienda e inspectores de Hacienda? ¿O la hay entre Gestha y la Organización de Inspectores de Hacienda?

Siempre lo ha habido. En España hay una configuración de los medios de la Agencia Tributaria que no se corresponde con la de los países de nuestro entorno. Gestha representa a los técnicos de Hacienda, que tenemos muy limitadas nuestras competencias y la posibilidad de actuación. En las inspecciones tenemos límites, y cuando se supera ese límite hay una supervisión y un visto bueno por parte de un inspector. Pero hay muy pocos inspectores, apenas unos 1.500, de los que más o menos la mitad son puestos directivos. Así que hay unos 700 inspectores de cartera, frente a los 8.000 técnicos. Es difícil que esos 700 inspectores puedan llevar a cabo todo el plan de inspección de toda España. Hay cierta rivalidad, pero lo que pedimos es que se amplíen las funciones de los técnicos en relación a las grandes empresas y el gran fraude. Existe una coincidencia en el tiempo entre la caída de denuncias de delitos fiscales y la limitación de las competencias de los técnicos al respecto.

Los inspectores advierten de que la pretensión de Gestha es que los técnicos se conviertan en inspectores sin pasar por la oposición específica, sólo por antigüedad.

Eso nunca lo hemos pedido. Lo que queremos es que se reconozcan nuestras funciones como técnicos, tener más competencias y que se nos incorpore al grupo A1 de funcionarios por las labores que desarrollamos. Se nos exige la misma titulación a inspectores y técnicos, pero hay una gran diferencia de competencias. Nunca hemos pretendido incorporarnos al cuerpo de inspectores, aunque debería haber una mayor promoción entre un grupo a otro, eso sí. No queremos ser inspectores sin oposición, como se dice.

Bueno, también hay una diferencia salarial evidente entre unos y otros.

Una diferencia muy importante, sí. Los inspectores son la élite de la Administración y tienen sueldos muy por encima del ministro, del presidente del Gobierno… No lo criticamos, pero vemos una desproporción en relación con los técnicos y el resto del personal de la Agencia Tributaria. Debería haber mayor proporcionalidad. Las diferencias en retribuciones variables son ahora aún más importantes gracias a los procedimientos de intensificación de actuaciones (PIA): los inspectores reciben suplementos de entre 8.000 y 10.000 euros al año, mientras que los técnicos supone unos 2.000 euros.

Gestha defiende que hacen falta 26.000 funcionarios más dedicados al fraude fiscal. ¿Serían todos inspectores? ¿Serían técnicos que pasan a convertirse en inspectores?

Hacen falta más efectivos en todas las funciones, pero sobre todo hacen falta más inspectores. Ahora hay unos 1.500 inspectores. Y técnicos somos 6.500 en la Agencia Tributaria y otros 1.500 en el Ministerio de Hacienda. Gestha pide duplicar los medios actuales, con otros 26.000 efectivos, para que España se acerque a los niveles de la OCDE y la UE. Los propios inspectores no quieren que haya más inspectores, porque los cuerpos de élite siempre se niegan a ampliarse.

Más info: http://sabemos.es/2016/04/cada-espanol-paga-1000-euros-mas-impuestos-por-fraude-fiscal/#ixzz46Nv95zrh
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Presidente del Sindicato de técnicos de Hacienda Ghesta

ATTAC España no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

¿Quién llora a Emilio Botín?

23 mayo, 2015

Fuente: blogs.publico.es

Juan Tortosa, 10 sep 2014.

El rey de la previsión, el pionero en poner en marcha en la banca técnicas innovadoras para sacarnos mejor los cuartos, el amo entre los amos de este país no parece que tuviera prevista su propia muerte. A juzgar por el desarrollo de los acontecimientos, todo parece indicar que Emilio Botín, dueño de los hilos que hasta ayer movían la actuación de buena parte de nuestros gobernantes, había perdido la perspectiva y olvidado que era mortal.

Un infarto ha acabado con la vida de la persona que administraba importantes cuotas de poder en varios países europeos y cuentas corrientes en algún que otros paraíso fiscal. A juzgar por el frío comunicado del banco que presidía y por el desconcierto generalizado que parece palparse en aquellos negocios en los que tocaba tantas de sus teclas, el presidente del Santander no tenía previsto, ni por asomo, abandonar tan pronto este mundo.

Deja Botín, eso sí, una bien nutrida cohorte de agradecidos: esos partidos políticos cuyas deudas fueron una y otra vez condonadas, esos políticos profesionales de las “puertas giratorias” y mimados en tantos consejos de administración donde “don Emilio” tenía influencia, esos medios de comunicación serviles ante sus instrucciones y ciegos ante sus desmanes, esos otros banqueros delincuentes a quienes siempre trató como un padre, ese Corte Inglés a cuyo rescate salió quedándose con su servicio de tarjetas de crédito, esos comprensivos jueces que pasaron por alto tantos de sus pecadillos, ese Alfredo Sáenz para quien consiguió el indulto de zetapé…

Tanto estómago agradecido hará todo lo posible para que estos días se hable lo menos posible de sus tropelías. Comparada con el predicamento de tanto pelota, la fuerza de las miles de familias que el Banco de Santander ha desahuciado sin piedad alguna en los últimos años es prácticamente nula.

Lloran en la Fórmula Uno y lloran en la troika. Lloran en los paraísos fiscales, lloran los banqueros alemanes y lloran sus múltiples paniaguados, tan acostumbrados durante tantos años a hacerle la pelota sin parar que andan hoy desconcertados hasta que conozcan quién será el heredero o heredera de su poder para ponerse inmediatamente a sus pies sin ningún remilgo ni pudor.

La segunda semana de septiembre ha empezado fina: el martes 9 dimite Ana Botella; el miércoles 10 muere Emilio Botín. La verdad es que estos de Podemos no paran de hacer estragos.

La voracidad de la gran banca

13 febrero, 2015

Fuente: http://www.attac.es

1 febrero 2015, Germán Gorraiz López – ATTAC Navarra-Nafarroa

Según la agencia EFE, la gran banca española (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Popular y Sabadell) obtuvo hasta septiembre del 2014 un beneficio neto de 8.146,3 millones de euros (un 4,6% más que en el mismo período del 2013), mientras se reducían drásticamente los presupuestos para obras sociales (un 60% menos desde 2008).

Además, según una encuesta del Grupo ICSA y EADA Business School, el sueldo de los directivos subió un 7% en el 2013 mientras que el de los empleados habría caído un 0,5%, lo que repercute en un descenso de los ingresos de la renta de los hogares de un 0,8%.

De todo ello, se deduce que la banca se habría convertido en un parásito hematófago (chinche doméstico), organismo chupóptero que no vive permanentemente sobre su hospedador o víctima sino que sólo se acerca a él para alimentarse y, tras succionar hasta la última gota de sangre, lo abandona exangüe y desahuciado.
Según el FROB, cerca de 167.000 afectados por la venta irregular de preferentes de Bankia, NCG Banco o Catalunya Banc no podrán recuperar ni tan siquiera un pequeño porcentaje de su inversión al tiempo que se producirían 100 desahucios diarios y del parque de viviendas viviendas vacías que podrían destinarse al alquiler social, un mínimo de 600.000 serían propiedad de entidades financieras o del ‘banco malo’, según un informe de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Estaríamos pues asistiendo a una auténtica plaga de chinches domésticas ante la que las autoridades sanitarias habrían recomendado a la población la adopción de medidas profilácticas como la fumigación periódica de los nichos donde se alojan dichos parásitos hematófagos en un vano intento de acabar con ellos.

La mutación de la Banca

Tradicionalmente, la finalidad de la banca era canalizar el ahorro privado hacia la inversión, pero dada la ausencia de cultura de ahorro doméstico y público, ha originado que el proveedor de recursos para dinamizar la economía en forma de inversiones se haya trasmutado en un parásito hematófago que succiona todas las ubres del Estado para saciar el apetito insaciable de sus accionistas y altos cargos directivos.

La casta dirigente bancaria se habría transmutado así en una camarilla de poder (equivalente a un miniestado dentro del Estado), que utilizaría el nepotismo para perpetuarse en el poder con carácter vitalicio, recurriendo a los llamados “contratos blindados” para asegurarse un retiro dorado.

Así, los casos más sangrantes serían el del ex vicepresidente y consejero delegado del banco Santander Central Hispano (SCH) Ángel Corcóstegui, quien cobró en 2002 la indemnización récord de 106 millones de euros, seguido en el ranking de la ignominia por José María Amusátegui, que recibió como “compensación a su pensión” la friolera de 43,8 millones de euros. Recordar que la indemnización media de un trabajador por cuenta ajena por despido en España no alcanzaría los 8.000 euros, por lo que el Gobierno de Rajoy se ha visto obligado a aplicar medidas cosméticas para penalizar los contratos blindados de los altos directivos que superen los 700.000 euros.

Por último, no dudarán en asentar sus reales en paraísos fiscales (centros offshore) para escapar a los tentáculos de la Hacienda española. Así, según el informe elaborado por el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, 33 de las 35 empresas que componen el Ibex tenían presencia en dichos paraísos fiscales en 2011 (lo que representa el 94% de las compañías que operan en el selectivo español y un repunte del 8% con respecto al 2010).

No es casualidad que el Banco Santander lidere el ránking de sociedades en paraísos fiscales, seguido del BBVA. Recordar que la obsesión paranoica de la banca española por maximizar los beneficios debido al apetito insaciable de sus accionistas al exigir incrementos constantes en los dividendos, provocó que muchas de ellas se transformaran en corporaciones transnacionales y no dudaran en endeudarse peligrosamente en aras del gigantismo, conjugando las OPAS hostiles en la compra de bancos extranjeros como plataforma de entrada en dichos países con el miope aldeanismo de apertura desbocada de sucursales en otras Comunidades Autónomas.
De ello serían paradigma Caja Madrid (adquisición del 100% del City National Bank of Florida por un monto cercano a los 750 millones de Euros en 2008) y Caja Navarra (apertura de una oficina de “banca cívica” en Washington en 2008), proyectos de miope ingeniería financiera que les llevó a ambas entidades a su desaparición como marca autónoma (intervención estatal en el caso de Caja Madrid tras convertirse en Bankia y absorción por Caixabank de Caja Navarra, otrora buque insignia de la marca “Navarra”), quedando como restos del naufragio los máximos responsables de ambas entidades en aquellas fechas (Miguel Blesa y Enrique Goñi respectivamente) imputados judicialmente aunque salvados posteriormente por un Tribunal Constitucional convertido en guardacostas especializado en labores de salvamento y socorrismo de altos directivos y políticos implicados en presuntos casos de corrupción.

85 ricos suman tanto dinero como 3.570 millones de pobres en el mundo

31 marzo, 2014

Fuente: diario EL PAÍS

El 1% más pudiente de EE UU concentra el 95% del crecimiento tras la crisis, según Oxfam

El 80% de los españoles cree que la ley favorece a los poderosos

Un niño, en un basurero en Guwahati, India. / FOTO: REUTERS / VÍDEO: ATLAS

La masiva concentración de los recursos económicos en manos de unos pocos abre una brecha que supone una gran amenaza para los sistemas políticos y económicos inclusivos, porque favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría. Así que para luchar contra la pobreza es básico abordar la desigualdad. Esta es la conclusión del informe Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica, que publica hoy la ONG Oxfam Intermón.

El estudio parte de datos objetivos de varias instituciones oficiales e informes internacionales que constatan la “excesiva” concentración de la riqueza mundial en pocas manos. Datos como que 85 individuos acumulan tanta riqueza como los 3.570 millones de personas que forman la mitad más pobre de la población mundial. O que la mitad de la riqueza está en manos de apenas el 1% de todo el mundo. Eso sin contar, advierte el informe, que una considerable cantidad de esta riqueza está oculta en paraísos fiscales.

El informe de la organización, que será presentado en el Foro Económico Mundial de Davos junto a un clamor para que se adopten compromisos para frenar la desigualdad, advierte de que “las élites económicas están secuestrando el poder político para manipular las reglas del juego económico, que socava la democracia”.

El informe va acompañado de datos que plasman con nitidez el aumento de la concentración de riqueza en pocas manos desde 1980 hasta la actualidad. O cómo la concentración y la brecha siguen aumentando pese a la gran recesión del año 2008. En Estados Unidos, por ejemplo, el 1% más rico de la población ha concentrado el 95% del crecimiento posterior a la crisis financiera. En Europa, los ingresos conjuntos de las 10 personas más ricas superan el coste total de las medidas de estímulo aplicadas en la Unión Europea entre 2008 y 2010 (217.000 millones de euros frente a 200.000).

La tibieza en la presión fiscal a los ricos, los recortes sociales o el rescate de la banca con fondos públicos son ejemplos de un fenómeno que es tan visible que crece la conciencia pública del aumento de este poder. Oxfam Intermón apoya esta afirmación en una encuesta realizada en España, Brasil, India, Suráfrica, Reino Unido y Estados Unidos, que revela que la mayor parte de la población cree que las leyes están diseñadas para favorecer a los ricos. En España, el 80% de la población cree que las leyes están hechas con este objetivo.

Sobre el caso español, el director de Oxfam Intermón, José María Vera, afirma que el país “no escapa a esta dinámica” y que la actual crisis se explica en parte por ella: “Los casos en los que los intereses de una minoría económicamente poderosa se han impuesto a los intereses de la ciudadanía de a pie son numerosos en la historia de nuestra democracia.

La crisis económica, financiera, política y social que padece España hoy tiene buena parte de su origen precisamente en esas dinámicas perniciosas donde el interés público y los procesos democráticos han sido secuestrados por los intereses de una minoría”.

Entre las políticas diseñadas en los últimos años que favorecen a la minoría de ricos, la organización enumera la desregulación y opacidad financiera, los paraísos fiscales, la reducción de impuestos a las rentas más altas o los recortes de gasto en servicios e inversiones públicas. El informe constata cómo, en el caso de Europa, “las tremendas presiones de los mercados financieros han impulsado drásticas medidas de austeridad que han golpeado a las clases baja y media, mientras los grandes inversores se han aprovechado de los planes de rescate públicos”.

Por todo ello, Oxfam Intermón exigirá en el marco del Foro Económico Mundial de Davos a sus asistentes (sean particulares o representantes de Gobiernos) que adopten compromisos en áreas como los paraísos fiscales (que no se permita que se utilicen para evadir impuestos); que se hagan públicas las inversiones en empresas y fondos; que respalden sistemas fiscales progresivos; que exijan a sus Gobiernos que los impuestos se destinen a servicios públicos o que si lo son inviertan en atención sanitaria y en educación universales, o que las empresas que representan paguen salarios dignos a sus empleados y los países legislen en esta dirección, fortaleciendo umbrales salariales y derechos laborales.

Por si a alguien se le ocurre pensar que los planteamientos de Oxfam Intermón son utópicos, la organización recuerda que “esta peligrosa tendencia” es reversible y que existen ejemplos de ello. Fue el caso, recuerda, de Estados Unidos o Europa tras la II Guerra Mundial, cuando el crecimiento económico se compatibilizó con la reducción de la desigualdad, o el caso de América Latina, donde la brecha ha disminuido “significativamente durante la última década gracias a una fiscalidad más progresiva, los servicios públicos, la protección oficial y el empleo digno”.

El informe también contempla ejemplos de concentración en países en desarrollo y alude a la superminoritaria élite india, millonarios que en buena parte han forjado sus fortunas en sectores cuyos beneficios dependen del acceso a los servicios básicos; al poder de las élites en Pakistán y su influencia en la manipulación legal; a la desigualdad en África, pese a la abundancia de recursos, o a lo que llama “red mundial de secretos bancarios”, que no es otra que la que forman los paraísos fiscales.

Demagogia fiscal

19 noviembre, 2013

Fuente: diario EL PAÍS

Decir que bajar o subir los impuestos es de izquierdas o que hay que hacerlo porque es bueno para todos son tonterías y mentiras

 27 SEP 2013 – 13:32

En Estados Unidos, el ingreso de las 400 personas más ricas se ha multiplicado por más de cuatro desde 1995, pero han pasado de pagar una media del 29,93% de su renta en impuestos federales a poco más del 15%. En España, los grandes patrimonios pueden tributar al 1% o incluso nada a poco que utilicen sociedades de pantalla o paraísos fiscales para gestionarlos y las empresas españolas soportaron en 2012 un tipo real del 11,6% sobre sus ganancias contables frente al 26% de media en Europa.

Eso ha sido posible gracias a las sucesivas reformas fiscales en España realizadas tanto por el PP como por el PSOE, que han concluido siempre con rebajas impositivas para los propietarios del capital, especialmente inmobiliario y financiero, y para las rentas y patrimonios más elevados.

Para justificar el continuado privilegio fiscal hacia los de arriba lo que se hace es ridiculizar y despreciar a los impuestos y a su función social a base de mentiras y demagogia. Una de las tonterías políticas más grandes que se ha escuchado en los últimos años fue la de Zapatero cuando afirmó que bajar impuestos es de izquierdas y las mentiras más clamorosas y evidentes del Partido Popular tienen que ver con ellos. Prometen siempre que van a reducirlos y critican si otros lo suben pero lo cierto es que nadie los ha elevado tanto como Rajoy: casi en 30 ocasiones desde que gobierna.

Decir que bajar o subir los impuestos es de izquierdas o que hay que hacerlo porque es bueno para todos son tonterías y mentiras que descalifican a quien lo dice por razones elementales.

Como es bien sabido, hay impuestos de distinta naturaleza y, por tanto, con efectos diferentes. No es lo mismo ni afecta por igual a todos subir el IVA de las compresas, por ejemplo, que el de los palos de golf. Además, los impuestos tienen tres posibles y diferentes efectos. Uno es el de recaudar recursos para el sector público, otro el de favorecer o desincentivar unas actividades económicas u otras y, el tercero, redistribuir la renta recayendo en mayor o menor medida sobre las distintas personas físicas o jurídicas. Por tanto, afirmar que siempre es bueno bajarlos o que al hacerlo se beneficia siempre a todos o a toda la economía es sencillamente falso.

Se puede bajar un impuesto o incluso todos ellos y aumentar así la desigualdad que a la postre puede producir una caída en la actividad económica y en consecuencia una disminución de los ingresos que haga que suba la presión fiscal. O se les puede subir buscando más ingreso pero generar con ello un incentivo perverso para actividades que produzcan enseguida crisis o la insostenibilidad de la actividad productiva y al final menos recaudación.

Y como las personas y grupos sociales tenemos ingresos o patrimonios muy diferentes, resulta que decir que se bajan los impuestos cuando se reducen los tipos impositivos a todos por igual es una falacia, pues lejos de beneficiar generalizadamente se sobrecarga en términos relativos a quienes tienen menos ingresos o patrimonio.

Además, las ventajas o inconvenientes de los impuestos no solo dependen de su cuantía sino del beneficio que proporcionan los recursos que generan. Casi siempre que se dice que se bajan se bajan solo a los de arriba, y los de abajo, que son la mayoría de la sociedad, lo suelen pagar muy caro por la merma que sufre, por otro lado, la provisión de servicios públicos.

La reciente propuesta de Izquierda Unida para revisar el sistema fiscal andaluz ha vuelto a destapar el tarro de esas esencias carcas contra los impuestos que no tienen otro efecto que mantener los privilegios a los mismos de siempre. Pero aquí tenemos impuestos mal utilizados, actividades que conviene promover y otras desincentivar, una gestión tributaria deficiente (hay unos 1.700 millones de euros pendientes de recaudación) y la misma o mayor inequidad que en el resto de España. Así que no es demagogia fiscal ni engaño lo que necesitamos sino rigor y más coraje frente a la injusticia.

@juantorreslopez

¡Menos mal!

5 julio, 2013

Fuente: EL PAÍS SEMANAL

Todas las empresas del Ibex 35 actúan en paraísos fiscales. Gracias a ello, en vez de cotizar como usted y como yo evaden legalmente los impuestos. Ello significa que las instituciones funcionan.

Todas las empresas del Ibex 35, excepto dos que parecen idiotas, actúan en paraísos fiscales. Gracias a ello, en vez de cotizar como usted y como yo, que somos gilipollas, evaden legalmente los impuestos. Significa que las instituciones funcionan. Muchas de esas empresas, presididas por filántropos incurables y personas de misa y comunión diarias, desvían su producción hacia países donde la obra de mano es barata porque las condiciones laborales son de pena. En Bangladesh, por poner un ejemplo, acaban de morir aplastados más de 500 obreros que fabricaban nuestros pantalones vaqueros y nuestros fulares de colores en un edificio que amenazaba ruina. Tranquilos, ningún filántropo español irá a la cárcel por ese crimen. Las instituciones funcionan.

A un señor que no podía pagar la prótesis de rodilla que necesitaba para su recuperación, se la han arrancado antes de que saliera del hospital. Las instituciones funcionan. A Gerardo Galeote, un tipo de la Gürtel tan presunto como Jesús Sepúlveda o su entonces esposa, Ana Mato, le duplicaron el sueldo (con el dinero de nuestros impuestos) cuando a la gente honrada comenzaban a bajárselo. Y es que las instituciones (en este caso, el PP) funcionan. En el hospital de Hellín han operado extrajudicialmente a la madre del gerente (el que lleva los números y tal vez decida los despidos) por eso, porque las instituciones funcionan.

Si queda alguna duda de que las instituciones funcionan, ahí está la desimputación, o como se diga, de la infanta Cristina, la mujer que creía que con dos sueldos de clase media era posible adquirir un palacio de clase alta. La infanta Elena, sorprendida en un open de tenis (dónde si no), declaró a preguntas de la prensa que ignoraba si se había hecho justicia, pero que estaba feliz. Feliz, suponemos, de que las instituciones funcionaran.

‘Transparencia’ en las empresas del Íbex

25 febrero, 2011

El 80% de las empresas del Ibex está presente en paraísos fiscales

El informe sobre responsabilidad social de 2009 destaca la falta de información

AGENCIAS – Madrid – 11/02/2011  

El 80% de las empresas del Ibex 35 tiene presencia de manera directa en paraísos fiscales a través de sociedades participadas y no informan de cuáles son sus actividades en estos territorios, según la 7ª edición del estudio La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas del Ibex 35 referido al ejercicio 2009, y realizado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa .

Así, el informe desvela riesgos de posible utilización de estrategias “poco responsables y claramente incoherentes” con los mensajes de sostenibilidad y contribución al desarrollo que las empresas del Ibex 3 5 ofrecen en sus memorias. En ese sentido, subraya que mientras que las inversiones de las empresas del Ibex 35 en paraísos fiscales han experimentado un crecimiento vertiginoso (entre enero y septiembre de 2010 la inversión ha sido el doble a la de todo 2009), en España la recaudación por impuesto de sociedades se ha desplomado un 55% entre 2007 y 2009, pese a que los beneficios empresariales de las grandes empresas en el mismo periodo solo han descendido un 14%.

Igualmente, explica que pese a que el tipo nominal del impuesto de sociedades es del 30% para grandes empresas, debido a las exenciones y deducciones, en la práctica el tipo efectivo no supera el 10% de media sobre los beneficios. El director del estudio, Carlos Cordero, ha destacado que buscar el beneficio a través de estrategias de ingeniería fiscal, evidencia un escaso compromiso con el desarrollo de los países y sociedades donde se operan.

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