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La desmemoria histórica del Partido Popular: ni un euro para las víctimas del franquismo

14 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

El PP le dedica a la Ley de Memoria Histórica la ingente cantidad de 0 euros, un dinero que debía utilizarse para financiar exhumaciones en las 2.000 fosas que se calcula que existen en España

María Eugenia R. Palop

06/04/2017 – 21:05h

El director del CIEMEDH considera que un centro académico podrá conseguir la financiación para abrir fosas que se le niega a las asociaciones memorialistas por sus implicaciones políticas. Foto: Óscar Rodríguez (ARMH).
Imagen de archivo de represaliados por el franquismo. Foto: Óscar Rodríguez (ARMH).

Decía Adorno que “dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad”, pero hay verdades que al Partido Popular, simplemente, no le suscitan ni el más mínimo interés. En los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno ha vuelto a invisibilizar a las víctimas silenciadas de la guerra civil y el franquismo, a imponer la acostumbrada amnesia social, y a evitar que se desmonte la mentira institucionalizada en la que llevamos décadas instalados, gracias, entre otras cosas, a políticas como las suyas.

El PP le dedica a la Ley de Memoria Histórica la ingente cantidad de 0 euros, un dinero que debía utilizarse para financiar exhumaciones en las 2.000 fosas que se calcula que existen en España. Ya en 2012, Rajoy eliminó la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, y redujo la dotación presupuestaria para Memoria Histórica de 6,2 millones, a dos millones y medio. Y en el año 2013, el Gobierno eliminó esta dotación sin más, dejando en las cunetas, por enésima vez, a las víctimas del franquismo, que siguen costeando las exhumaciones con sus propios medios, porque, mal que le pese a Rafael Hernando, se acuerdan de sus padres y familiares haya o no haya subvención.

Ahí siguen, impenitentes, andando “con los muertos para arriba y para abajo” para contrarrestar el ostracismo y las vejaciones del Gobierno del Partido Popular y de personas que, como él, no creen ofender ni humillar a nadie, porque no son nadie las 100.000 o 150.000 que aún esperan verdad, memoria, justicia y reparación. “¿Por qué voy a pedir perdón?”, se preguntaba perplejo Hernando, en un ejercicio retórico de cinismo.

No hay duda de que hay quienes han descontado ya el costo humano y social de sus privilegios, en la idea tan atroz, como poco contrastada, de que no existe “progreso” sin olvido. Y aunque también hay quienes prefieren avanzar retrocediendo, como diría Paul Valéry; avanzar sin aplastar “flores inocentes en el camino”, sin generar víctimas y sin olvidarlas, hoy, lamentablemente, está claro que los que gobiernan son los primeros. Por eso el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica ha sido esquelético, y por eso ha acabado instaurando una discriminación en el trato, los derechos y las prestaciones que reciben unas víctimas frente a las otras, sin que exista ninguna razón que lo justifique, más allá de la desmemoria selectiva que en este país se ha practicado sin descanso.

Poco importan aquí los acuerdos internacionales sobre estas materias ratificados por España, entre los que cabe destacar la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Poco importa la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, en particular, la jurisprudencia destinada a la protección del derecho a la vida y a la integridad de las personas. Tampoco importa mucho, según parece, la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, que, desarrollada por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, favorece un catálogo de prestaciones y derechos a toda víctima, sin perjuicio de que quepan regulaciones particulares en atención a unos u otros colectivos. Poco importa, por supuesto, el informe del relator de Naciones Unidas en el que se señalaba que es la ignominia y el olvido lo que se ha incorporado a la normalidad democrática de España.

En fin, esta negativa a investigar la suerte de miles de personas desaparecidas a raíz de la estrategia implementada por el Estado franquista, contraviene, entre otras cosas, el derecho internacional que es jurídicamente vinculante y de obligado cumplimiento en nuestro país. Porque no solo es que el Gobierno se niega a cumplir su obligación de actuar de oficio, sino que tampoco pone todos los medios necesarios para que otros agentes puedan llevar a cabo las investigaciones que las autoridades se niegan a hacer, y ello, sin que haya ninguna norma o principio jurídico que impida a un Estado investigar su pasado.

El PP contradice aquí, incluso, a la normativa que se ha desarrollado en el plano autonómico, y que se ha promulgado, o está por promulgarse, en el País Vasco, Andalucía, Navarra, Aragón, Valencia y Baleares, territorios que han conocido directamente los horrores de la guerra civil, la represión de la dictadura y la violencia política posterior, y en los que están domiciliadas un importante número de sus víctimas. Y lo más sorprendente es que algunas de estas normas han salido adelante con la abstención del mismísimo y esquizofrénico Partido Popular.

Reivindicar el derecho y el deber de memoria no es solo poner en el centro un hecho del pasado, sino resignificarlo y asumir las responsabilidades que se derivan del mismo, articular un consenso sobre lo intolerable, y delimitar claramente lo que, de ningún modo, puede volver a suceder. Y en la medida en que esto no se hace, no puede garantizarse nada. La responsabilidad tiene una dimensión temporal que no se agota en el presente; mira hacia al pasado, como ha de mirar hacia el futuro, y trata a todas las víctimas de la misma manera, aunque distinga las diferentes violencias de las que cada una ha sido objeto.

Quienes defendemos una política de la memoria para todas las víctimas, sin exclusión, estamos convencidos de que el examen detenido del pasado es un arma que permite combatir el “revisionismo” y el “negacionismo” con los que se justifican y se niegan todos los días las atrocidades que hemos vivido, y de las que muchas personas tienen todavía recuerdos terriblemente vivos. Y sabemos, además, que lo que las sociedades eligen recordar y olvidar, y el modo en que lo hacen, condiciona totalmente sus opciones de futuro, de manera que sin memoria no puede haber una auténtica cultura democrática, ni puede hablarse, en puridad, de un sistema político legítimo.

Dice la Comisión de Derechos Humanos de UN en sus Principios para la protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, que “el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe al Estado”. Pues bien, es este el deber que el Gobierno no cumple y este es el rico patrimonio que nos usurpa descaradamente cada vez que privatiza el uso de nuestra memoria y nos impide recordar.

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Mariano Rajoy vuelve a ignorar la ley de memoria histórica en su legislatura de “consenso”

11 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Los presupuestos de 2017 consolidan el ninguneo del Gobierno del PP a la exhumación de represaliados y la atención a víctimas del franquismo: la partida presupuestaria es cero.

Su socio principal, Ciudadanos, era partidario de las exhumaciones y el cambio de calles “sin campañas exageradas”.

Al llegar a Moncloa Rajoy quitó la Oficina de Víctimas, luego bajó a la mitad el presupuesto para exhumaciones, y un año después lo eliminó.

Raquel Ejerique

04/04/2017 – 21:17h

Trabajos en una fosa común
Trabajos en una fosa común

Rajoy ha dejado clara su postura ante la ley de memoria histórica desde que llegó a la Moncloa: desactivarla reduciendo primero su presupuesto y luego eliminándolo. En las cuentas de este 2017 incide en la misma línea, de modo que su anunciada legislatura de “consenso” ante la necesidad de acuerdos parlamentarios se estrena con cambios de posición en temas como educación o violencia de género, pero no van a alcanzar a las víctimas del franquismo, tal y como se puede comprobar en la decisión de negar la dotación presupuestaria en el primer año de su nueva legislatura. Es el cuarto año consecutivo que lo hace.

Su socio principal en las cuentas para este año, Ciudadanos, tampoco tenía como prioridad a los represaliados, aunque en su programa sí hablaba de facilitar exhumaciones (sin especificar si las debía financiar el Estado) y modificar los callejeros aunque advirtiendo de que “sin campañas exageradas”. Todo ello, sin dañar la “reconciliación entre españoles”, tomando parte por la hipótesis del PP de que la reparación de las víctimas puede ser peligrosa. Según el resultado final en los presupuestos 2017, la Memoria Histórica seguirá aparcada y no se ha tratado en las negociaciones entre ambos partidos.

Tras llegar a Moncloa en 2011, Rajoy tomó varias medidas que dejaban sin efecto la ley de Zapatero de 2007 y cualquier iniciativa de reparación. Primero, en marzo de 2012, suprimió la Oficina  de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, un organismo creado por el gobierno socialista que se encargaba de atender a los familiares y facilitaba información y procedimientos para las exhumaciones: se calcula que en España quedan 2.000 fosas sin abrir donde yacen sin nombre ni sepultura unos 100.000 españoles.

El Gobierno del PP la integró en una subsecretaría de Justicia que se encarga de indultos, condecoraciones y títulos nobiliarios. Su cuarto cometido es poner “medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. De momento no las hay.

Evolución del presupuesto a Memoria Histórica

pres.mem.histó

Su segunda medida fue recortar a menos de la mitad el presupuesto para la ley de Memoria Histórica, de 6,2 millones (en 2011) a 2,5 millones (en 2012). Con ese dinero se subvencionaban básicamente exhumaciones, a través de una Comisión Interministerial que dependía del Ministerio de Presidencia y que Rajoy borró de los presupuestos.

El año siguiente, en 2013, Rajoy inició la senda del cero. Cero euros para las víctimas, una decisión que le han afeado organismos internacionales como la ONU, que criticó en un duro informe que fueran los familiares quienes costean la recuperación de los cuerpos o los forenses y voluntarios en sus ratos libres sin remuneración. Pese a la reprimenda y a que España está en la senda opuesta de países como Chile, Italia, Alemania o Argentina, el Gobierno ha mantenido su postura hasta hoy.

Es más, el presidente se ha jactado en público de haber desactivado la ley quitándole el presupuesto [vídeo abajo]. Preguntado en un acto por qué no la había derogado, aclaraba que había hecho otra cosa que significaba en términos pragmáticos lo mismo: “Bueno, la dotación presupuestaria ha sido cero. La media es cero y fue cero todos los años”. Es decir, hay una ley pero no se puede cumplir porque el Gobierno la ha vaciado presupuestariamente.

En cuestión de dinero lo ha dejado claro, pero también con otras actuaciones que no requieren un desembolso. Por ejemplo, dilatar más de un año el cumplimiento de la sentencia que obliga al Gobierno a exhumar dos cuerpos del Valle de los Caídos o boicotear la querella argentina que investiga los crímenes del franquismo.

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Tiempo de derecha, tiempo de gasto militar

10 abril, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Cospedal, la ministra que tan sobradas muestras ha dado, en diferido, de su capacidad intelectual, es la gran gestora de ese desorbitado aumento del presupuesto de Defensa, un 32% sobre 2016.

Echen un vistazo al dinero que se dedica en verdad a educación, sanidad, cultura, ciencia, a la dependencia o la pobreza infantil y vean cuánto de sociales son los presupuestos del PP.

Rosa María Artal04/04/2017 – 20:58h

María Dolores de Cospedal pasa revista a las tropas como ministra de Defensa. /
María Dolores de Cospedal pasa revista a las tropas como ministra de Defensa.

Imaginen a un padre de familia, abogado de formación, toledano, 51 años, sentado en el salón de su casa ante esta reflexión: “¿Y si alguien quisiera ponerle a mi hija un burka, qué haría? Enviarle a las Fuerzas Armadas”. ¿Como escudo humano y blindado para que no se le acercaran los hombres que colocan burkas por la calle a las mujeres con las que se cruzan? ¿Quiénes son esos hombres? Musulmanes, una comunidad de unos 1.200 millones de personas distribuidas por numerosos países del mundo. Pues así piensa Agustín Conde, el actual secretario de Estado de Defensa nombrado por la ministra Cospedal. Con esa mentalidad dispone de capacidad para, en efecto, hacer uso de aquello a lo que le impelen sus creencias. Y el Gobierno del que forma parte acaba de dotar a su Ministerio con un 32% más de presupuesto.

Conde es uno de los numerosos prototipos de la derecha más extrema que gobierna España por medio del PP. Sus exponentes son múltiples. Mariano Rajoy los ha situado en ministerios clave: Interior, defensa, justicia, empleo, educación y sanidad en algunos momentos, y bastantes perlas sueltas en otros puestos. Nos detendremos hoy solo en Defensa, premiada con un plus en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

A Agustín Conde lo encontramos ya en 2005, durante una intervención en el Senado, cuando se mostró partidario de que las parejas homosexuales no adoptaran hijos. Sin el menor rubor, ni base que es mucho peor, expuso los graves problemas que, en su opinión, aquejaban a esas criaturas que conviven con gays. Aseguró que sufren un enorme riesgo de ser violados por sus progenitores, cuantificado en el 29%, mientras en el caso de los heterosexuales el porcentaje se reduce al 0,6 %. Siempre en su línea, acusó –en un tuit, vaya por dios– a Yolanda Álvarez, entonces corresponsal de TVE en Oriente Medio, de ser “activista de Hamás”. Sin cortarse. Álvarez fue devuelta a Madrid. Añádanle unas puertas giratorias, una empresa energética no declarada o la defensa jurídica del Banco de Santander en casos de hipotecas impagadas.

Alférez de Fragata del Cuerpo General de la Armada en la Reserva Voluntaria, Conde declaró que ser secretario de Estado era “el cénit de su carrera profesional”. Y que María Dolores de Cospedal es quizás la persona por la que siente mayor admiración y respeto intelectual. “Como político”, concepto que incluso incluye a mujeres.

Cospedal, la ministra que tan sobradas muestras ha dado, en diferido, de su capacidad intelectual, es la gran gestora de ese desorbitado aumento del presupuesto de Defensa, un 32% sobre 2016. Es cierto que se ha visto obligada a aflorar, por mandato del Tribunal Constitucional, una herencia de su predecesor, Pedro Morenés, que utilizaba créditos extraordinarios aprobados por Real Decreto para comprar armamento. El programa que él aprobó asciende, por cierto, a 30.000 millones de euros de los que restan por pagar 20.000 millones. Aun así el presupuesto real aumenta y en algunas partidas de forma desorbitada, hasta un 442%.

Cospedal es la ministra idónea para los nuevos tiempos. Ha nombrado además un nuevo jefe del Estado Mayor del Aire que, según declara, “procura tener a Dios presente en todas sus decisiones”. Ha destinado precisamente a Morenés, exministro y vinculado a empresas de armamento, como embajador en Washington aunque no pertenece a la carrera diplomática. La misma ciudad donde reside Donald Trump. La también secretaria general del PP es la persona que definió perfectamente su ideología al declarar: “Lo primero que necesita un país es seguridad. Si no tenemos garantizada nuestra defensa y nuestra seguridad, da igual tener garantizado el subsidio de desempleo, la sanidad pública o la mejor educación“.

Lo mismo practica la actual administración estadounidense. El ya mayor presupuesto militar del mundo va a experimentar  un aumento del 10%, 54.000 millones de dólares que el magnate llegado a presidente detraerá de partidas sociales. Trump quiere “volver a ganar guerras”, dice. Trump quiere potenciar la muy lucrativa industria de la guerra. De hecho Trump pidió al PP aumentar también el gasto en defensa, y el PP lo hace. Por cumplir con el ultraconservador mandatario y, como él, por vocación.

Algo cambió cuando los Ministerios de la Guerra pasaron a llamarse Ministerios de Defensa: los eufemismos de la neolengua. Y de la propaganda y siembra de miedo que prende en los ciudadanos más indefensos mental o emocionalmente. Hasta hacerles temer más un hipotético atentado que la precariedad que mata todos los días. Los daños que ocasiona la pobreza y la injusticia son infinitamente superiores a los que causa la acción terrorista de los fanáticos. E incalculables los efectos nocivos de la demagogia. Pero la jugada actual es ésta. Algo huele inmensamente a podrido cuando se confirma la reunión para propiciar un canal secreto de contacto entre Trump y Putin y es el fundador de Blackwater quien la dirige. La empresa de mercenarios, contratada profusamente por George W. Bush, y que fue condenada por asesinato deliberado de civiles en Irak en 2007. ¿De qué seguridad y para quiénes hablan?

Conviene, pues, contrarrestar con información la propaganda de las portavocías mediáticas del PP cuando destacan un aumento del gasto social en estos presupuestos. Al margen de que sería una inversión, no un gasto. La mayor partida se la llevan las pensiones. Por el compromiso ineludible que se contrae al  pagar impuestos durante la vida laboral para disponer de un retiro. Al margen de las trampas –muy propias del personal que nos ocupa– para enmascarar que los presupuestos bajan, haciendo parecer que suben, la distribución de los fondos responde a la filosofía genuina de esta derecha.

Echen un vistazo al dinero que se dedica en verdad a educación, sanidad, cultura, ciencia, a la dependencia o la pobreza infantil y vean cuánto de sociales son los presupuestos del PP. Pagar los intereses de la Deuda Pública, incrementada a nivel de récord por Rajoy, se lleva más del 9% de los presupuestos: 32.447,7 millones. Es uno de las principales apartados y verán que no se destaca en los medios. Para la Hucha de las Pensiones (que el PP ha dejado en telarañas) van a emitir Deuda Pública. A devolver con intereses, ya saben. La pirámide fatal del endeudamiento. Y eso que Rajoy “nos ha sacado de la indigencia”.

Unos presupuestos absolutamente ideologizados, de derecha aguda y extrema. Para completar el dibujo van cero euros para la aplicación de la Ley de Memoria histórica, y un aumento de 43.000 en el presupuesto directo de la Casa del Rey, que la pobre llevaba algunos años congelada.

Y los presupuestos saldrán adelante con la colaboración de políticos tan conservadores y mercantilistas como el PP. Y  Rajoy seguirá mandado con ese equipo dotado de singular mesura, razón y capacidad intelectual. Y la corte mediática les hará la ola.

Cada vez son más los excluidos de su mundo, sin embargo. En ese limbo que no se quiere ver hay amplios sectores en los que abunda el suicidio, la droga y la muerte temprana, como contaba la economista Ann Pettifor sucede en Estados Unidos. Ocurre en lugares mucho más cercanos y va a más. Esta vez muchos votaron a Trump y similares. ¿A quién buscarán después? ¿Qué harán después?

Un año de paraísos fiscales en el punto de mira

7 abril, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Después de un año de que comenzara la publicación de los Papeles de Panamá, la UE todavía tiene pendiente publicar una lista de paraísos tras rechazar su primera propuesta el Parlamento Europeo.

La OCDE defiende que se han logrado “significativos éxitos” pero reconoce “deficiencias en la arquitectura de la transparencia internacional”.

“Nosotros no hemos encontrado más endurecimiento en las normas”, dice el presidente de la filial española de uno de los principales bancos andorranos.

Antonio M. Vélez02/04/2017 – 18:34.

Más allanamientos en Panamá por vínculos de Mossack Fonseca con "Lava Jato"
Oficinas de Mossack Fonseca. EFE

Este lunes pasado se cumplió un año del estallido del escándalo de Los Papeles de Panamá, la mayor filtración de documentos de la historia, con origen en el bufete de abogados Mossack Fonseca. Un terremoto que reveló las artimañas fiscales de un extenso listado de multimillonarios y de dirigentes políticos de todo el mundo (o personas de su entorno) y que en España acabó con la carrera política del exministro de Industria José Manuel Soria. A propósito de este aniversario, el Foro Social Mundial ha declarado este 3 de abril Día Mundial Contra los Paraísos Fiscales.

Un año después, hemos conocido  la reciente detención por su presunta implicación en el caso Lava Jato, el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil, de los dos fundadores de Mossack Fonseca.

Sabemos también que el despacho que durante décadas ayudó a crear miles de sociedades offshore llegó a convertirse  en sede del Registro Mercantil de Niue, un atolón del Pacífico ubicado a 10.000 kilómetros del bufete que utilizaron defraudadores españoles como el actor Imanol Arias.

Y también sabemos que en España el  Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Ministerio de Economía, ha realizado catorce informes de inteligencia financiera sobre 209 sociedades que se encontraban en la base de datos del afamado despacho panameño.

¿Pero se han producido avances en la lucha contra la evasión en los territorios offshore en este último año?

El balance del Foro global sobre la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es positivo. Este órgano, que desde este año preside la española María José Garde, defiende en su informe de progreso de 2016 que aunque persisten “deficiencias en la arquitectura de la transparencia internacional”, se han logrado “significativos éxitos”.

Su tesis es que “aunque la filtración subrayaba los continuos problemas de la evasión fiscal internacional, también mostraba la efectividad de las medidas que la comunidad internacional impulsa para abordar estos problemas. Los documentos mostraban que el número de compañías con ventajas fiscales creadas por el bufete en cuestión llevaba disminuyendo varios años y que el número de nuevas empresas con acciones al portador [que no permiten conocer quiénes son sus verdaderos propietarios] había caído prácticamente a cero en 2015”.

“Aunque las filtraciones ocupan titulares en todo el mundo y subrayan los problemas derivados de la opacidad de las entidades jurídicas, la realidad es que se han realizado enormes progresos en la lucha contra este problema durante los últimos años y se continúan realizando”, resume el informe.

Unos días después del escándalo panameño, la Comisión Europea proponía una medida recomendada por la OCDE que ya estaba vigente en España, el desglose de información país por país con los pagos de renta e impuestos de empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales. Una medida reputacional y de control que no deja de ser un avance. Pero la UE ha sido incapaz de consensuar una lista de paraísos fiscales que había prometido para este año, incluso antes del caso de Los Papeles de Panamá.

En enero pasado, el Parlamento Europeo obligó a la Comisión Europea a rehacer una relación provisional de “países de riesgo” relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo compuesta por Corea del Norte, Irán, Afganistán, Bosnia Herzegovina, Irak, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen. Se quedaban fuera territorios como Islas Bermudas, Islas Caimán o Panamá, por no hablar de los cuatro países miembro de la UE a los que la ONG Oxfam situaba en diciembre pasado en la lista de paraísos “más agresivos” del mundo: Holanda, Irlanda, Luxemburgo y Chipre.

Más conciencia, las mismas medidas

Tras Los Papeles de Panamá, llegarían Los Papeles de la Castellana, una investigación publicada por eldiario.es en junio pasado; Bahamas Leaks (en septiembre) y Football Leaks (a finales de 2016). Filtraciones masivas que quizás han aumentado la conciencia ciudadana sobre las consecuencias de la existencia de los paraísos, pero que no han propiciado la adopción de una normativa más estricta, coinciden los expertos consultados.

“Nosotros no hemos encontrado más endurecimiento en las normas, que ya eran bastante exigentes”, dice a eldiario.es el presidente de la filial española de uno de los principales bancos andorranos, que pide el anonimato.

Este directivo asegura que la normativa vigente ya “es durísima, tanto en España como en Estados Unidos”, y recuerda que, tras la llegada de Donald Trump al poder, todo apunta a una “relajación” de la normativa bancaria, después de que el nuevo presidente estadounidense firmase en febrero una orden ejecutiva para derogar parte de la ley Dodd-Frank, que fue promulgada en 2010 tras la crisis financiera que arrancó en 2008.

“Mi conclusión es que no hay una verdadera voluntad política ni de la Comisión Europea, ni del G20, ni de la OCDE, de acabar con la utilización de los paraísos fiscales: dan vueltas a la tortilla con medidas que son positivas, pero que no van al fondo de la cuestión”, dice José María Peláez, inspector de Hacienda.

Este experto en fiscalidad internacional aventura que no se adoptan medidas más contundentes (fundamentalmente, en materia de intercambio de información) “porque si se pusiera sobre la mesa todo lo que hay, muchos mandatarios se verían retratados”.

Unas semanas después de estallar el escándalo, el Parlamento Europeo anunció la creación de una Comisión de Investigación cuya efectividad muchos discuten (“Se crean comisiones de investigación para no investigar nada”, decía hace un mes el eurodiputado de Podemos Miguel Urban) que comenzó sus trabajos en septiembre y que debería tener redactadas sus conclusiones en junio.

Su puesta en marcha ha encontrado notables trabas de la propia Comisión Europea. Cabe recordar que la esposa del comisario español Miguel Arias Cañete apareció en Los Papeles de Panamá; y la excomisaria Neelie Kroes, en Bahamas Leaks.

El inspector José María Peláez, que hace un mes participó en los trabajos de esa comisión, relativiza la importancia de la entrada en vigor del nuevo estándar de intercambio de información fiscal de la OCDE.

En teoría, a partir de este año, con los nuevos convenios que suscriban los países, los datos fiscales se intercambiarán de forma automática. Pero su pronóstico es que “van a intercambiar información los países que no tienen ningún problema en hacerlo: los miembros de la OCDE. Los que son auténticos paraísos fiscales no van a firmar y no afrontarán “ninguna consecuencia”. “Mi conclusión es que los paraísos fiscales van a seguir existiendo y se van a seguir utilizando”.

Miguel Urban, de Podemos, considera que se ha avanzado “muy poco” en esta materia y cree que los criterios de la lista que está elaborando Bruselas “son laxos”: “Hay muchas formas diferentes para que un país salga de ese listado llegando, por ejemplo, a acuerdos unilaterales con otros países”.

En su opinión, que no exista ese listado ni se implanten mecanismos más firmes se explica porque, “para empezar, a la propia institución europea y a los gobiernos parece que les preocupan más los nombres que la existencia de la evasión y el robo a gran escala. Además, también se necesitaría la unanimidad del Consejo, y en este caso Luxemburgo se niega tajantemente; y aún es más difícil teniendo a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea”.

Todos los casos de presiones y amenazas a periodistas que sorprenderían a la APM

3 abril, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Spanish Queen Letizia (L) chats with Spanish deputy Prime Minister Soraya Saenz de Santamaria (R) next to journalist Victoria Prego (C) -awarded with the Luca de Tena Prize before the delivering act of the International Journalist Awards of ABC held in Madrid, Spain on 13 December 2016.
La reina Leticia, junto a la presidenta de la AMP, Victoria Prego, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. EFE/JUAN CARLOS HIDALGO

“Esther L. Palomera no cae bien en La Moncloa”. Era el titular de un breve artículo aparecido en febrero de 2014 en una página web de escasa difusión pero muy cercana al PP, el tipo de medio digital donde aparecen comentarios de fuentes anónimas para enviar mensajes a medios de comunicación o empresas. La razón de ese enfado eran los comentarios en tertulias televisivas y radiofónicas de la periodista sobre la corrupción en el PP, no sus artículos en el periódico La Razón, donde trabajaba desde hace tiempo.

La última frase del artículo era el aviso definitivo: “En definitiva, en el Gobierno consideran que son demasiadas las críticas que reciben de la periodista”. Tradúzcase “demasiadas” por: hasta aquí hemos llegado. El origen de esos comentarios también aparecía en el texto: la Secretaría de Estado de Comunicación. Más que una noticia, era un veredicto.

Las relaciones de Palomera, subdirectora en el periódico, con su jefe, Francisco Marhuenda, ya eran entonces muy difíciles. La periodista se puso en contacto con la entonces presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Carmen del Riego, para solicitar algún tipo de apoyo de la organización ante lo que suponía que se le venía encima. La respuesta que recibió es que no era posible intervenir sobre ese artículo, porque se trataba de un asunto de libertad de expresión. 

Palomera fue despedida poco más de un mes después. Madrid es uno de esos sitios donde la “libertad de expresión” ejercida por el Gobierno acaba con periodistas represaliados. 

El ataque de la APM a Podemos por las denuncias de varios periodistas que cubren la información del partido ha sido cuestionado por distintas razones. La más importante: los periodistas que se arriesgan de verdad son los que escriben lo que molesta a los que están en posiciones de poder político (los gobiernos) o de poder económico (las empresas). No es que los partidos respeten mucho a los periodistas cuando están en la oposición, pero es indudable que sus dentelladas son menos peligrosas.

Los ataques personales en las redes sociales son una realidad tan censurable como difícil de evitar, y hay pocos periodistas que no los reciben. Perder el empleo es un precio mucho más alto.

Veamos esta lista –no exhaustiva y por tanto incompleta– de las consecuencias de las presiones políticas en España en los últimos años que no provocaron reacciones tan rotundas en la APM como lo ocurrido con Podemos. 

“Nunca he tenido presiones tan fuertes como las de Aguirre”, dijo José Antonio Zarzalejos. El director de ABC se negó a poner al periódico al servicio de los intereses personales de Esperanza Aguirre ni suscribir la teoría de la conspiración del 11M. Fue destituido un mes antes de las elecciones de 2008. En una entrevista, dijo que preguntó por las razones del relevo. “Porque queremos hacer nosotros las elecciones”, le dijeron. “No me quisieron ahí sobre todo en la fase poselectoral, porque el asalto al liderazgo del PP por parte de Esperanza Aguirre era una hipótesis verosímil y sabían que ABC conmigo en la dirección no iba a favorecerlo”, añade.

Germán Yanke, presentador del informativo nocturno de Telemadrid, entrevistó en septiembre de 2006 a Aguirre por sus posibles aspiraciones a competir por el liderazgo del PP. “ No me gusta que usted compre el discurso del Partido Socialista porque es absolutamente falso”, le respondió, lo que inició un intercambio áspero de frases entre ambos. Un mes después, Yanke tuvo que dimitir alegando  “intromisión por motivos políticos en su trabajo cotidiano”. 

Como subdirector general de Información, Luis Fernández fue el máximo responsable de los informativos de Telecinco en los años del primer mandato de Aznar. Las presiones del Gobierno a la empresa terminaron por forzar su destitución en septiembre de 2000. Vocento, que como segundo accionista de la cadena se ocupaba de la gestión de los informativos, llevaba tiempo interesada en obtener dos licencias de radio digital, lo que no había conseguido en el concurso de licencias concedidas en el marzo anterior. Tuvo que esperar a la destitución de Fernández para ser agraciada en un concurso posterior. Eso no impidió que continuaran las presiones.

Tras varias llamadas al orden de Telecinco para que cambiara su estilo agresivo y crítico en Las Mañanas de Cuatro, la empresa decidió destituir a Jesús Cintora. E l consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile, había reclamado sin éxito a Cintora que fuera “menos opinativo”. Diversos cargos del PP habían expresado en público y en privado su incomodidad con los contenidos del programa. Le acusaban de ser cercano a Podemos. Diez días antes del cese, las presiones aumentaron por la decisión de Cintora de incluir una foto del ministro de Exteriores Margallo en una corrida de toros, horas después del atentado de Túnez.

El conde de Godó decidió que el apoyo de La Vanguardia al proceso independentista catalán tenía que acabar, sobre todo después de que se lo dejara claro el rey Juan Carlos. Destituyó en diciembre de 2013 al director, José Antich, y colocó en su lugar a Màrius Carol, hasta entonces corresponsal de la Casa Real. El corresponsal político, Jordi Barbeta, cuyas crónicas tenían un sesgo claramente favorable al procés, fue enviado seis meses después a Washington como corresponsal. 

A mitad de legislatura, el director de El País, Antonio Caño, cambió al periodista que cubría la información de Moncloa, Carlos E. Cué, y cuyas preguntas eran las más críticas o incisivas que se escuchaban en la rueda de prensa de Soraya Sáenz de Santamaría. Caño envió a Cué bien lejos, a Buenos Aires de corresponsal. La crisis financiera de Prisa había hecho que su presidente, Juan Luis Cebrián, recabara el apoyo de Santamaría para que los bancos aceptaran convertir sus créditos en acciones de la empresa. 

Rafael Méndez y Manuel Altozano publicaron en El País en julio de 2012 una información sobre un dictamen del Ministerio de Justicia que amparaba a la vicepresidenta del Gobierno a la hora de tomar decisiones sobre la empresa Telefónica, a pesar de que su marido era alto cargo de la empresa. El titular publicado en la edición en papel decía: “Justicia permite a Santamaría tratar asuntos de Telefónica, donde trabaja su marido”. El director, Antonio Caño, ordenó cambiar el titular en la página web al día siguiente por “Santamaría se abstiene en los asuntos de Telefónica pese a no estar obligada”. La modificación se hizo sin consultar a los periodistas, que retiraron la firma de la versión de Internet. Caño justificó después el cambio y acusó a los dos redactores de “infantilismo”. Méndez y Altozano acabaron pidiendo la baja en el periódico.

El Gobierno de Marruecos presentó una denuncia en la Audiencia Nacional en diciembre de 2013 contra el periodista de El País, Ignacio Cembrero, por informar sobre los yihadistas marroquíes que pretendían cometer atentados en su país. Cembrero contó tiempo después que a las tres semanas el periódico le ordenó que dejara de escribir sobre Marruecos y se incorporara a la sección de fin de semana.

Una tensa entrevista de Ana Pastor a María Dolores de Cospedal en el programa Los Desayunos de TVE irritó tanto al PP que el partido la puso en su punto de mira en 2011. El portavoz del PP en la Comisión de Control de RTVE afirmó que “la  impertinencia y hostigamiento residen mayoritariamente en las entrevistas al PP”. Pocos meses después de la vuelta del PP al poder, Pastor fue destituida de ese programa, como ya había sugerido que ocurriría el portavoz del PP.

La ofensiva israelí contra Gaza que mató a más de 2.000 palestinos en el verano de 2014 provocó presiones de la embajada de ese país a varios medios españoles. Las críticas tuvieron repercusiones para algunos profesionales en los meses posteriores. El delegado de EFE en Jerusalén, Javier Martín, tuvo que dejar el país tras menos de un año en el puesto y fue destinado a Túnez. Lo mismo le ocurrió al corresponsal de El País, Juan Gómez, que sólo llevaba seis meses en Jerusalén. Suponía una clara desautorización de su trabajo, por lo que Gómez no tuvo más remedio que pactar su salida de la empresa.

La embajada israelí también había denunciado a la corresponsal de TVE en Jerusalén, Yolanda Álvarez. Le acusó de ser “correa de transmisión” de Hamás (esa acusación tan directa hecha en público sí provocó una nota de rechazo de la APM). En marzo de 2015, TVE puso fin a su etapa de corresponsal y Álvarez tuvo que volverse a la redacción central .

En la lista hay varios casos de directivos de redacciones que sufrieron las represalias. La intención no es que sintamos una especial pena por los directores. Al menos en el plano material, suelen recibir grandes indemnizaciones económicas. Lo que hay que tener en mente es que si esto es lo que pasa por arriba, sólo tenemos que imaginar qué fuerza pueden oponer redactores de a pie en medios pequeños, en radios y televisiones autonómicas, en periódicos locales o regionales que dependen de la publicidad de las instituciones o de los grandes empresarios locales, y en todos los medios que necesitan la publicidad de las grandes corporaciones.

“La APM considera totalmente incompatible con el sistema democrático que un partido, sea el que sea, trate de orientar y controlar el trabajo de los periodistas y limitar su independencia”, dijo la APM en el comunicado contra Podemos.

Uno se pregunta por qué la APM ha tardado tanto tiempo en darse cuenta de la gravedad de la situación. Bueno, es una pregunta retórica. La respuesta está bastante clara.

El mentiroso Soria pierde la demanda que presentó contra eldiario.es

25 marzo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

La sentencia da por probado que el exministro fue invitado a una suite de lujo en Punta Cana por un empresario hotelero. Soria es condenado a pagar las costas.

Ignacio Escolar, 19 de febrero de 2017.

A José Manuel Soria le regalaron varias noches en la suite presidencial de un hotel de cinco estrellas en Punta Cana, donde pasó parte de sus vacaciones en el verano de 2015. El entonces ministro de Industria, Energía y Turismo fue invitado por un empresario hotelero amigo suyo,  el mismo que mantiene otro hotel ilegal en Lanzarote. La suite presidencial costaba al menos 1.300 euros por noche. Según el resguardo de la tarjeta que presentó Soria como prueba de que había pagado, la noche en la suite le había salido por solo 70 euros. Hoy sabemos que fue incluso más barato. Soria no pagó nada por la suite de Punta Cana: tan solo abonó los gastos del spa.

 El viernes nos comunicaron  la sentencia del juicio al que nos llevó José Manuel Soria por publicar esta información. El juez no solo nos absuelve sino que condena a Soria a pagar las costas del juicio. Además, la sentencia confirma nuestra información, corrobora la “exhaustiva labor” con la que contrastamos “la veracidad de la noticia” y da como hecho probado que Soria fue invitado en ese hotel.

El juez no puede ser más claro. “Consta probado en autos que el señor Soria no pagó la estancia en el hotel, y ello resulta evidente pues el único justificante que aportó se refiere al abono de coste extra”, dice literalmente la sentencia. “La cantidad abonada es impensable que pueda pretender justificar el pago de la estancia en una suite de un hotel de lujo, por lo que hay una total evidencia de que el señor Soria efectivamente fue invitado por la propiedad del hotel”.

El juez también valida la relevancia pública de nuestra información. “Es evidente que a los ciudadanos no les puede resultar indiferente la noticia de que un miembro del Gobierno disfrute de unos días de vacaciones invitado por el propietario de un grupo hotelero”, dice la sentencia.Un fragmento de la sentencia.“Nunca he estado invitado, jamás. Lo niego, jamás. Jamás he sido invitado”, decía sobre sus vacaciones en Punta Cana el ministro, con la misma rotundidad con la que tantas otras veces le hemos visto mentir. Mintió hasta en el Congreso de los Diputados. En este vídeo pueden ver su intervención.

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Cuando publicamos la primera información sobre las vacaciones de Soria en Punta Cana en agosto de 2015, su abogado me telefoneó para ofrecerme un acuerdo. Si publicábamos que nuestra noticia había sido errónea y nos retractábamos, el ministro lo dejaría correr. Si no lo hacíamos, nos llevaría a los tribunales.

Me negué a ceder a esa componenda. A pesar de lo que supone un juicio contra un ministro, no estaba dispuesto a desmentir una noticia que sabía veraz. Le respondí que, salvo que nos enseñara la factura que demostrase que había pagado, no nos retractaríamos. Así que José Manuel Soria puso una demanda contra eldiario.es, contra Carlos Sosa –director de Canarias Ahora y autor de la noticia– y contra mí como director.Un año y medio después, la justicia nos ha dado la razón.

El país donde nada es lo que parece (ni lo que dicen)

15 marzo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Vivimos en un país donde hasta un señorito andaluz (Bertín Osborne) termina reconociendo que el líder histórico del socialismo que llegó a presidente (Felipe González) es más de derechas que él.

Pascual Serrano11/02/2017 – 20:37h. 

Deloitte tenía que haber detectado todos los errores contables de Bankia
Rodrigo Rato, en una imagen de archivo. EFE

Vivimos en un país donde un ministro de Hacienda (Rodrigo Rato) está acusado de defraudar al fisco 6,8 millones, donde el líder histórico del nacionalismo catalán (Jordi Pujol) y su familia se llevaban el dinero a Andorra. Un país en el que un ministro de Defensa (Federico Trillo) resulta ser quien menos defendió a sus militares, primero vivos, cuando les subió a un avión desvencijado; y después muertos, cuando ni se molestó en investigar la tragedia, identificar los cadáveres y tratar con respeto a las familias.

Vivimos en un país en el que la política más representativa del neoliberalismo enemigo del intervencionismo del Estado (Esperanza Aguirre) se embolsa 4,5 millones de ayudas públicas para la empresa que funda con su marido. Y el consejero delegado del principal grupo de comunicación que se presenta como defensor de la libertad de expresión (Juan Luis Cebrián) despide de su radio al periodista que en su diario publica la presencia de su esposa en los papeles de Panamá.

Vivimos en un país donde hasta un señorito andaluz (Bertín Osborne) termina reconociendo que el líder histórico del socialismo que llegó a presidente (Felipe González) es más de derechas que él.

Para que un sistema –social, político, económico, o todo ello junto– tenga legitimidad en una sociedad es necesario que los ciudadanos perciban credibilidad y coherencia entre los representantes y figuras públicas. Si no es así, si los ministros de Hacienda no pagan sus impuestos, los ministros de Defensa dejan que mueran los militares, los gobernantes nacionalistas se llevan el dinero a otro país, los políticos liberales se quedan con las subvenciones del Estado, los periodistas son los censores de la información y los líderes socialistas son más de derechas que los terratenientes, vivimos en un país en que todo es mentira. Tan mentira como el resultado de las elecciones, en el que los ganadores llegan al poder con campañas electorales pagadas con dinero negro e ilegal, de donde solo pueden salir gobiernos ilegítimos.

¿Mujer, 8 de Marzo? Esta historia ya me la conozco

8 marzo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Yo misma me siento harta de repetir que nos han silenciado e insultado, borrado de la lista de constructores de la historia, y que lo siguen haciendo. Que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Que ni veinte policías pegados a una mujer acosada lograrán evitar la muerte que decreta la sociedad machista que imbuye educación machista.

"Somos el grito de las que ya no tienen voz" Manifestación del 8M \ Foto: Alejandro Navarro Bustamante

Imagen de archivo: “Somos el grito de las que ya no tienen voz”, manifestación del 8M 2016. ALEJANDRO NAVARRO BUSTAMANTE

Llegados a este 2017 los retrocesos son tan evidentes que se ha levantado una nueva ola reivindicativa, un “Basta ya” inapelable: este 8 de Marzo aúna el mayor grito de indignación y fuerza de cambio en décadas.

Rosa María Artal07/03/2017 – 20:32h

Se diría que cada 8 de Marzo sirve, desde hace algún tiempo, para constatar los retrocesos de la mujer en la sociedad. Llegados a este 2017 son tan evidentes que se ha levantado una nueva ola reivindicativa, un “Basta ya” inapelable. No ha faltado más que situar al frente del país más poderoso de la tierra, Estados Unidos, a un misógino de manual, líder idóneo de esa mayoría masculina, blanca e inculta que lo ha encumbrado, junto a un nutrido sector de mujeres de los mismos parámetros mentales. La protesta de las mujeres, otras mujeres, contra Trump fue, desde el primer día, una de las más numerosas de los últimos tiempos. Cuando el mamut está en la puerta no hay otra que reaccionar.

Vamos para atrás, a la carrera. Los hombres siguen copando las Consejos de Administración y todo centro para la toma de decisiones. Nada ha cambiado para el 60% de licenciadas –tanto en Europa como en España– que no ven reflejado ese porcentaje en los puestos de decisión. Seguimos sin dirigir periódicos. De aquel 70% de mujeres periodistas del que hablábamos hace un año, vimos acceder a tres a ese cargo de mayor responsabilidad y ya ha quedado una en el camino. La presencia de las periodistas en las tertulias espectáculo de la televisión permanece en mínimos.

Las mujeres siguen cobrando menos salario, de forma oficial o por medio de incentivos y pluses que la discrimina. Siguen estando a la cabeza de los trabajos temporales y precarios. La mayoría de las administraciones no han arbitrado medidas para la conciliación de la vida personal y laboral, cuyo mayor peso sigue recayendo en ellas. Permanecen como las grandes paganas de la crisis y las primeras en quitarse la comida si falta dinero en casa. Ese extremo que ignoran deliberadamente las cifras oficiales del Gobierno y de sus medios de apoyo.

Las mujeres continúan siendo asesinadas por sus parejas o exparejas y suscitando una alarma contenida. Una media de 60 anuales, aunque este 2017 ya ha enterrado a 21 en dos meses. El informe elaborado por el Ministerio de Interior durante el mandato de Fernández Díaz, del PP, de Rajoy en definitiva, ha sido clarificador. Resulta que han descubierto que “la mayoría de los crímenes machistas responden al deseo de las mujeres de separarse y hacerlo deprisa“. Las víctimas son el sujeto de la culpabilidad, ellas se lo han buscado. Un día, el hombre “explota por una tontería que es la gota de agua de todo lo que ha ido pasando antes”, dice el informe de Interior. Ya ven, adquirieron el producto, en propiedad y a disposición permanente, y el producto, la mujer, osó no aguantar más.

Se comenta solo. Lo mismo que la serie de exabruptos alucinantes soltados por obispos de la Iglesia católica contra la mujer. Y sus sermones con su peculiar criterio de cuál es nuestro papel en la sociedad.

Para todos ellos el tiempo no ha pasado. Todavía viven en aquel añejo país en el que, por imposición franquista y machista, la mujer era un apéndice del padre o marido y precisaba de permiso hasta para trabajar o tener pasaporte, entre otras muchas restricciones. Y pasan los años y las décadas y siguen impermeables a cualquier idea que altere su irracional posición.

Al votar estos integrismos se concede la licencia de conducir nuestros destinos, los de todos, a quien no ha sido capaz de ver ni de interiorizar los cambios que se producían a su alrededor. Mal puede gestionar políticas de progreso cuando se vive anclado en el pasado más reaccionario. Pero parece que millones de personas no logran establecer esa relación.

La involución es general y se ceba en los más vulnerables. La mujer lo sigue siendo por el aplastante peso del machismo que nunca se fue. Ha salido del armario, si alguno se apartó, con nuevos bríos.

La Transición la hicieron hombres en su mayoría. La Constitución, las leyes, mientras las mentes más torpes afianzaban costumbres retrógradas en rincones resguardados de toda luz del conocimiento. En las pocilgas del integrismo que hoy se expone a plena luz sin el mínimo complejo.

Todos los partidos adolecen de machismo, todo irradia machismo en esta España nuestra empecinada en caminar hacia atrás. Nos plantan dirigentes jóvenes y “modernos” en el PP y se van, como Andrea Levy, a apoyar para la reelección –con éxito– a un encausado por ofrecer trabajo a cambio de sexo. Y casi pasa por normal si se mira a los oscuros recovecos del fanatismo religioso que impregna a muchos de sus colegas.

Verán, las mismas décadas han pasado para quienes vimos de forma efectiva que nosotras, las mujeres, tomábamos el timón de nuestra independencia. Y otra vez estamos en lo mismo. Yo misma me siento harta de repetir que nos han silenciado e insultado, borrado de la lista de constructores de la historia, y que lo siguen haciendo. Y que los hijos son del padre y de la madre, lo mismo que los familiares dependientes. Que no se trata de que los hombres “ayuden” en casa, sino que es su responsabilidad. Que la maternidad y la familia son opciones, a elegir. Que el Estado al que pagamos impuestos ha de facilitar la tarea. Que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Que ni veinte policías pegados a una mujer acosada lograrán evitar la muerte que decreta la sociedad machista que imbuye educación machista.

Y, aun así, hay que insistir cada vez en lo que cuesta conseguir las libertades y lo deprisa que las derrumban de nuevo. En el horizonte al que conducen los pasos erráticos. En que cada derecho recortado es un eslabón de una cadena que se los lleva todos. No toda la sociedad es consciente de lo que estamos perdiendo, de lo difícil que es recuperar lo arrasado. De si esta furibunda oleada del fascismo –no le llamen “populismo” a lo que es fascismo– no se impondrá esta vez.

Muchas mujeres ya lo saben. Por eso salieron contra Trump. Por eso este 8 de Marzo aúna el mayor grito de indignación y fuerza de cambio en décadas. Los hombres que todavía lo ignoran deben saber que no precisamos tutelaje, que esta lucha es de todos: de ellos, de nosotras, de nuestros hijos, de la sociedad, de todos.

Ustedes verán, de seguir la marcha atrás en un año más no quedan ni las raspas de los derechos del hoy.

La gran familia… basura

14 febrero, 2017

Fuente: http://www.eldescodificador.com

Javier Pérez de Albéñiz, 12 de febrero de 2017.

“El tiempo desapacible que hay hoy en Madrid contrasta con la imagen de alegría que se vive en las filas populares. Esta mañana hemos visto al presidente del Partido Popular rodeado por los más de 3.000 compromisarios afiliados en un ambiente distendido. Ana Rosa Berraquero…

– Sí, hoy se ven por aquí pocas corbatas y se está trasladando al ambiente de un congreso que está resultando distendido, amable, como si se tratase de la reunión de una gran familia”.

Quien dice la primera frase, ese tiempo desapacible que contrasta con la alegría en las filas del PP, no es ni Pablo Casado, ni Maroto, ni Maillo. Ni siquiera un mamporrero externo disfrazado de periodista, como Francisco Marhuenda. No. Es Pedro Carreño, el presentador del informativo estrella, tres de la tarde, del fin de semana de la televisión pública española. Ya sabe, esa televisión que pagamos todos. TVE.

Pedro Carreño da paso al congreso del PP. Y quien desde allí habla, y dice aquello de “un congreso que está resultando distendido, amable, como si se tratase de la reunión de una gran familia”, no es Cospedal o Villalobos. Ni siquiera la simploncia de Andrea Levy. Se trata de Ana Rosa Berraquero, periodista del informativo estrella, tres de la tarde, del fin de semana de la televisión pública española. Ya sabe, esa televisión que pagamos todos. TVE.

Miembros del Gobierno del PP y periodistas de los informativos de TVE forman una gran familia. Una familia que tiene sus gastos, como es normal. Los habituales en congresos y redacciones, usted ya me entiende. Gastos que los ciudadanos pagamos sin rechistar, como hemos pagado la financiación ilegal del PP. El descaro es tan grande, la desfachatez de unos y otros tan descomunal, que los ciudadanos parecemos desbordados. No reaccionamos. Estamos atortolados, y vemos los telediarios, y leemos los periódicos, con los ojos como platos: “Rajoy: todavía puedo dar mucho más”, dice la portada del diario. “Los empresarios procesados confirman que el PP se financió ilegalmente”, cuentan en la página 2. “Trece años de cárcel para los cabecillas de la trama Gürtel, nueve para la ex consejera de turismo del PP”, sentencia la página 3. Una gran familia… basura.

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Lo de Pablo Casado se cura trabajando

28 diciembre, 2016

Fuente: http://www.publico.es

30/11/2016

Pablo Casado es de familia bien. Se licenció en Derecho y en Económicas, ha hecho un máster y varios cursos y dice en su currículo que ha estado en Georgetown y una escuela de Harvard, que eso siempre viste mucho. Eso sí, en sus 35 años ignora lo que es trabajar, si se exceptúa unas prácticas de dos meses que hizo en una filial suiza del Banco de Santander que, llegadas las elecciones y ascendido él a la cúpula del PP, eliminó de su expediente por eso de que Suiza no tiene buena prensa desde que Bárcenas montara allí un puente aéreo. Como hubo quien se lo recordó, Casado hizo memoria y volvió a incluir en su historial aquella página arrancada.
Antes de ser el ojito derecho de Aznar, que lo fichó como director de gabinete de su oficina de expresidente, fue el izquierdo de Esperanza Aguirre, que lo apadrinó en su debut en la política madrileña y le aupó a la presidencia de Nuevas Generaciones, ignorando lo que proclamó luego como máxima: “Voy a proponer que no pueda ir a un cargo público ni a un escaño ni a un puesto directivo importante alguien que no haya cotizado a la Seguridad Social en otra cosa, que no haya sido autónomo, empresario, que no haya hecho cosa distinta en su vida”. Tuvo suerte porque para Casado la Seguridad Social es un arcano insondable.
No vamos aquí a sacralizar los valores del trabajo, que para algunos es vida y para otros el refugio de los que no tienen otra cosa que hacer, pero lo cierto es que experimentarlo, ya sea por necesidad o por descuido, facilita la empatía, que es lo que se echó en falta a la joven promesa del PP cuando comparó la actividad de una camarera de hotel que debía limpiar 400 habitaciones al mes para ganar 800 euros con las consultas de su hermano médico, que ya es un icono en el altar de las bobadas junto al primo de Rajoy.
Del trabajo Casado lo ignora casi todo y cree que el sudor se consigue jugando al paddle. Su mayor aproximación a los aceituneros altivos de Miguel Hernández fue su participación en la fiesta de la trilla en un pueblo de Palencia, que le puso perdidos los mocasines, y si alguna vez tuvo callos en las manos fue por aplaudir mucho en los mítines.

La empatía es muy necesaria para no herir al prójimo, para comprender lo que siente, para no ridiculizar a quienes buscan a sus muertos en las cunetas diciendo que “los de izquierdas están todo el día con la guerra del abuelo, con la memoria histórica, con el aborto, la eutanasia y la muerte”, para manifestar respeto por los que han de aceptar ayudas del Estado para comer porque no todos son hijos de papá con clínica oftalmológica, para comprender que hay gente que limpia tu mierda y, en general, para ser una persona decente.

Trabajar no consiste en irse de vacaciones a Cuba para llevar una caja de ibuprofeno y ver a Oswaldo Payá, antes de que hiciera lo propio su colega Carromero y lo estrellara contra un árbol. En muchos casos, implica partirse el lomo, aguantar sandeces, resistir, porque aún no se ha inventado lo de vivir del aire, y si se inventara siempre habría amigos de Casado que se hicieran con la adjudicación y cobraran por respirar.
A Casado, tan liberal él y tan economista, habría que recordarle que desde Adam Smith el valor de un bien viene dado por el trabajo que implica producirlo y que a eso se dedica fundamentalmente el pueblo que aspira a representar. Su ignorancia no se cura con otro curso en Oxford ni haciendo pasillos en el partido sino, quizás, dándole un pico y una pala para que practique. Una gobernanta no es una mujer que gobierna, aunque a Casado, que no conoce otra cosa, le parezca rarísimo.