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Vuelve la Inquisición

26 julio, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

“Confío en la Justicia y en las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero no en los responsables políticos de esas instituciones y, desde luego, tampoco confío en el fiscal general del Estado”. La frase es contundente, ¿no? Es de alguien que ha perdido la fe. Podría ser de cualquier ciudadano cabreado con la politización del sistema judicial o de un rojo peligroso que sufre la arbitrariedad del orden y la ley.

Pero no. La declaración es de Mariano Rajoy Brey. Año 2009. Rajoy estaba en la oposición y ya se sentía una víctima, porque al PP lo perseguía “la Inquisición”. Desde entonces, lleva el hombre huyendo de semejante tortura. No hay derecho a que sufra tan largo martirio.

Lo más duro de este prolongado sacrilegio es que ahora el PP gobierna, pero sigue clamando públicamente contra la persecución de “inquisidores” y “torquemadas”. ¿Nadie escucha sus plegarias? Y eso que “los responsables políticos” de “esas instituciones” ahora son ellos. Que alguien ponga fin a tanto tormento. Bienaventurados los perseguidos por corrupción, porque ellos heredarán el reino de los cielos.

Anótese que tanta congoja viene de atrás. Tenga en cuenta el lector, para valorar tan interminable sufrimiento, que cuando Mariano Rajoy interrumpió sus vacaciones en 2009, para revelarnos que “la Inquisición” le perseguía, unos miembros del PP habían aparecido esposados en las televisiones, detenidos por policías. Sin duda, eran agentes herederos de aquellas prácticas inquisitoriales, que actuaban contra inocentes acusados de llevarse unos milloncejos. Fue entonces cuando Rajoy dejó de sufrir en silencio.

Podía haber llamado al ‘Hablar por hablar’, pero optó por poner públicamente el grito en el cielo: “Son torquemadas. Hay una causa general contra el PP”. Y en esas estamos. La palabra de Mariano se ha extendido como los apóstoles propagan el Evangelio, pero nadie atiende sus lamentos. Ya no solo Rajoy, sino varios dirigentes de su partido denuncian que la “Inquisición” les sigue los pasos, pero nadie parece tener misericordia con ellos.

Cada vez los inquisidores parecen ser más y su última tortura es querer investigar en el Parlamento la Gürtel, la Púnica, Taula, Lezo y demás sacrificios de víctimas inocentes. Ya basta de tanto ensañamiento. Como el mal se propaga y la carne es débil, aumentan los que caen en la tentación de pensar que en España hay demasiados corruptos. Se están detectando episodios que indican que los preocupados por la corrupción suben 12 puntos en el barómetro del CIS.

Sin duda, “los chismes” están pervirtiendo al personal. Habría que neutralizar tal proliferación de la ignorancia. Que alguien ordene imprimir más estampitas. Que Mariano Rajoy sea aún más venerado como una víctima incomprendida. Si nadie lo impide, la última afrenta de los “adanes” del mal y del “tripartito de Inquisición” es querer investigar en el Congreso presuntas financiaciones ilegales, redes de donaciones irregulares, mordidas, adjudicaciones de contratos públicos, incompatibilidades, campañas electorales… Esto se nos va de las manos.

Siempre quedarán héroes, como el apostol Martínez-Maillo, que se afanan en exorcizar a la bestia amenazándola con “la relación de Podemos, Venezuela e Irán”. Amado lector, ¿y tú qué miras? Deja de leer y reza tres avemarías por los nuevos mártires de “la Inquisición”.

De Marhuendas y Rajoys: la irresponsabilidad franquista de la derecha española

28 junio, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

“No des mi nombre, te lo ruego”; “por favor, no me menciones porque temo que puedan tomar represalias con mi hija”; “te cuento lo que quieras, pero no me cites… la situación aquí está muy tensa”. Después de 27 años ejerciendo esta agridulce profesión y de haber pateado unas cuantas naciones sometidas por tiranías o arrasadas por las guerras, jamás pensé que tendría que escuchar este tipo de cosas en mi propio país. Pues sí; es aquí, en una localidad murciana llamada Fuente Álamo donde parece imperar la ley del miedo y del silencio.

Desde hace cuatro años, La Falange y el PP lideran a un amplio grupo de nostálgicos franquistas con el objetivo de evitar que el colegio de público deje de llamarse “José Antonio”. Su campaña ha logrado amedrentar, pero no doblegar, a los profesores y padres de alumnos que, a través del Consejo Escolar, han pedido que el centro educativo deje de estar consagrado a un líder antidemocrático: el fundador del partido fascista español que tanto protagonismo tuvo en la sublevación franquista y en la posterior dictadura que secuestró nuestras libertades durante cuarenta largos años.

El pasado sábado por la noche, el alcalde de la localidad seguía haciendo frente a las amenazas e insultos vertidos por los ultras. En las casas cercanas, profesores y padres de alumnos leían atónitos los panfletos distribuidos por La Falange en los que se exigía el mantenimiento del nombre porque, entre otras cosas, Primo de Rivera “amó a España y a los españoles” y “dirigió a la juventud española para intentar salvar la patria”. A esas horas, quienes en Fuente Álamo trataban de escapar de la inquietud y el silencio encendiendo sus televisores se encontraban en La Sexta a Eduardo Inda comparando a Franco con Napoleón y a Francisco Marhuenda defendiendo con arrojo la dictadura antes de afirmar, sin siquiera sonrojarse, que en su “puta vida” ha sido franquista.

Algunos creen que los Marhuindas son una especie de dúo cómico inofensivo que nos ameniza algunas noches aburridas; se equivocan. Uno por convicción y el otro porque encaja en el personaje que él mismo se ha creado dotan de argumentos (falaces, pero argumentos) a falangistas, viejos franquistas y a sus nuevos cachorros de Hogar Social y de otras organizaciones neofascistas. No son los únicos irresponsables que juegan a esto. Nuestras ondas, webs, kioscos y librerías están repletas de revisionistas que, tras alardear de demócratas, blanquean la dictadura, justifican sus crímenes y defienden con razonamientos infantiles, pero eficaces, el mantenimiento de sus símbolos.

Este nuevo Movimiento solo ha podido alcanzar tamaña magnitud porque detrás de él se encuentra, nada menos, que el partido que tiene la responsabilidad de gobierno. Marhuenda no hablaría como habla si no contara con el aplauso de su amo, Mariano Rajoy.

España está pagando y va a seguir pagando esta gravísima irresponsabilidad de los conservadores españoles. Una buena parte de la derecha política, periodística, intelectual, eclesiástica y empresarial no ha querido desvincularse del fascismo. Nuestra derecha es una mancha de totalitarismo en Europa y algún día debería seguir, de una vez, el ejemplo del centro derecha francés o de la CDU alemana de Ángela Merkel que son abiertamente antifascistas. Nadie en la derecha sensata germana se plantearía hoy justificar la llegada de Hitler al poder por la violencia política que se vivía en el país o por la amenaza de un contagio soviético en los movimientos obreros; nadie blanquearía el nazismo porque los Aliados cometieron atrocidades terribles al bombardear Dresde o Hamburgo; nadie compararía al Führer con Napoleón o con Alejandro Magno para justificar la existencia de monumentos en su honor…

No. España no es Alemania y eso se debe, en buena medida, a que el PP no es esa CDU antifascista. Nuestro presidente del Gobierno fue un nostálgico franquista más que escondió, poco a poco, su camisa azul en lo más profundo de su armario. En los años 80 aún escribía artículos en la prensa reafirmando la superioridad física e intelectual de “los hijos de la buena estirpe” y autorizaba, como secretario general del PP gallego, la distribución de cartas alabando la figura del dictador.

Ese es el líder político que se ha declarado, orgullosamente, insumiso a una ley aprobada democráticamente como es la Ley de Memoria Histórica. Él y otros como él son los que han propiciado que aprendices, como Rafael Hernando o Pablo Casado, hagan méritos para ascender en el partido a base de humillar a las víctimas del franquismo y a sus familiares en los platós de televisión.

La derecha verdaderamente democrática, que la hay, debería de una vez por todas romper los hilos que la siguen atando a la dictadura. Sin duda perderán unos cuantos miles de votos, pero España necesita un Partido Popular que deje de peregrinar al Valle de los Caídos y se dedique a hacer pedagogía para evitar casos como el de Fuente Álamo. Allí es su grupo municipal, el popular, el primero en defender, con uñas y dientes, el que sus hijos estudien en un colegio llamado “José Antonio”.

Al igual que en Salamanca es su alcalde popular el que retrasa hasta el infinito la retirada de su Plaza Mayor, ordenada por un juez, del medallón dedicado al dictador. Al igual que en Alicante son sus concejales populares los que han logrado que se repongan los nombres de las calles franquistas. Al igual que en Madrid es su grupo político el que se opone a la retirada total de los vestigios de la dictadura. Al igual que en Alberche y Guadiana del Caudillo son sus alcaldes los que son premiados por la Fundación Francisco Franco. Al igual que en Baralla, Aljubé, Mora, Alella, Melilla, Navalmoral de la Mata, Vitoria, Callosa de Segura, Oviedo…

Son los Marhuendas y los Rajoys los que permiten, toleran y alientan esta complicidad intelectual con la dictadura. Son ellos los que llevan años creando el caldo de cultivo en el que sobrevive y, poco a poco, resurge el monstruo del totalitarismo. Son ellos,  los Marhuendas y los Rajoys los que provocan que España esté repleta de Fuente Álamos.

Nueve preguntas y respuestas sobre el futuro de Franco en el Valle de los Caídos

17 junio, 2017

Fuente: http://www.publico.es

El Congreso ha aprobado este jueves una Proposición No de Ley que insta al Gobierno de Mariano Rajoy a exhumar los restos del dictador del Valle de Cuelgamuros.

El Valle de los Caídos, en el interior de cuya basílica descansan los restos de más de 33.400 víctimas de la Guerra Civil. EFE

El Valle de los Caídos, en el interior de cuya basílica descansan los restos de más de 33.400 víctimas de la Guerra Civil. EFE

En este artículo intentamos resolverte todas las dudas que puedes tener sobre qué hay que hacer para sacar al dictador del Valle de los Caídos y qué es lo que se ha hecho hasta ahora.

1. ¿Cuándo se sacará a Franco del Valle de los Caídos?

No se sabe. La Proposición No de Ley (PNL) aprobada por el Congreso no tiene carácter vinculante y, por tanto, tampoco establece una fecha concreta para su ejecución. El Gobierno no tiene por qué  atender al contenido de la misma. Además, es descatable que cada año el Congreso suele aprobar más de 1.000 PNL al año.

2. ¿Puede sacar el Gobierno a Franco del Valle?

No. El Estado no puede exhumar unilateralmente a Franco del Valle de los Caídos. El lugar donde está enterrada Franco no es un lugar público, sino que se rige por la normativa de la Iglesia Católica. Así lo recoge el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica. Por tanto, la competencia en este tema es de la Iglesia católica y de la familia del difunto dictador.

3. ¿Qué puede hacer el Gobierno para sacar a Franco?

El Gobierno puede resignificar el espacio del Valle de los Caídos, que se asemeje a un Centro de Interpretación de la Guerra Civil y honrar a la memoria de las víctimas por igual. Es decir, el Gobierno puede hacer lo que quiera con el espacio, pero no con lo que hay dentro de la basílica.

No obstante, el Gobierno sí que puede emplazar a la Comunidad Benedictina que gestiona la Iglesia del Valle de los Caídos a abrir una negociación e incluso tomar medidas de presión para que se permita la exhumación de los restos del dictador ya que esta comunidad recibe dinero público. Por poder, el Estado puede hasta tratar de convencer a los Franco para que soliciten el traslado el panteón familiar.

4. ¿Por qué está Franco en el Valle de los Caídos?

La lista de motivos puede ser interminable. Nos limitamos a señalar que fue decisión del rey Juan Carlos I y del Gobierno de la época entregar los restos de Francisco Franco a la protección de la Comunidad Benedictina en el Valle de los Caídos. En multitud de ocasiones se ha señalado que ni Franco ni su familia querían que sus restos terminaran allí.

También es destacable que en 40 años de democracia ninguno de los diferentes gobiernos democráticos ha tenido a bien buscar la fórmula de sacar a un dictador genocida de un lugar público que le rinde homenaje.

5. ¿Implica un cambio en el resto del Valle de los Caídos?

La PNL aprobada hoy en el Congreso incluye un total de 16 medidas entre las que se encuentra “redefinir” el Valle de los Caídos “para que deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional católica y reconvertirlo en un espacio para la reconciliación de la memoria colectiva democrática y de dignificación de las víctimas de la Guerra civil y de la dictadura”. Sin embargo, el Gobierno no tiene por qué aplicar estos cambios.

6. ¿Qué pasa con Primo de Rivera?

La PNL pide al Ejecutivo que saque a Primo de Rivera del lugar preeminente donde está enterrado, pero añade que sus restos pueden permanecer junto al resto de víctimas que están en el Valle de los Caídos ya que fue “una víctima más de la Guerra Civil”, según el PSOE. El problema en este punto es el mismo que con Franco. La potestad es de la Comunidad Benedictina.

7. ¿Por qué el PSOE dice digo donde dijo Diego?

Llama la atención mucho que el PSOE incluya entre las propuestas de su PNL que se someta a estudio si se debe declarar la nulidad de las condenas y que a la vez rechace la enmienda de Unidos Podemos de anular los juicios del franquismo.

Asimismo, esta petición del PSOE contrasta con la actitud de los socialistas cuando estaban en el Gobierno. En el año 2010, con los votos de PP y PSOE, el Pleno del Congreso rechazó una moción de ERC en la que reclamaba al Gobierno de Zapatero que impulsase las reformas legales necesarias para se pudiera solicitar la revisión de las sentencias políticas dictadas durante el franquismo, ya que fueron declaradas ilegítimas por la conocida como Ley de Memoria Histórica de 2007. La iniciativa sólo recibió el apoyo de los nacionalistas y las minorías de izquierda.

8. ¿Cambiará la Ley de Memoria Histórica? 

Salvo sorpresa mayúscula, la Ley de Memoria Histórica continuará igual que la aprobó el Congreso en el año 2007 ya que, como se ha señalado, el Gobierno no tiene obligación ninguna de acatar la petición del Congreso de los Diputados.

Asimismo, cabe destacar que Mariano Rajoy lleva cinco años consecutivos sin dotar de un euro la Ley de Memoria por lo que en la práctica ha sido derogada en muchos aspectos.

9. ¿Hay algo de oportunismo en la petición del PSOE?

En opinión del que firma este artículo, sí. No deja de ser curioso que el PSOE vuelva a retomar la batalla por la Memoria Histórica cuando las encuestas parecían darle la espalda y, sobre todo, cuando más necesitaba distanciarse del Partido Popular y postularse como un partido de izquierdas. Tampoco es casual que esta medida coincida en el tiempo con la aprobación en Andalucía de una Ley de Memoria Histórica en un momento en el que Susana Díaz también necesita proyectar al exterior una imagen más izquierdista para paliar esas críticas que la acerca ideológicamente al PP.

El señor Francisco Franco, el pucherazo del 36 y la democracia acomplejada

13 junio, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Nuestros políticos democráticos han tardado 41 años en decidir que Franco, el sátrapa genocida, no puede estar enterrado con los honores de un faraón y que las víctimas merecen salir de las cunetas.

El PP acusa al PSOE de romper el “pacto constitucional” por querer sacar a Franco del Valle de los Caídos.

Carlos Hernández

09/05/2017 – 21:16h

El Parlamento exigirá al Gobierno que saque del Valle de los Caídos los restos mortales del dictador. Igualmente decidirá que se establezca el 11 de noviembre como día de homenaje a las víctimas del franquismo y planteará, entre otras medidas, la necesidad de que la Administración colabore en la localización y exhumación de las fosas en que yacen más de 100.000 hombres y mujeres asesinados por la dictadura. Si fuéramos vírgenes e ingenuos y no tuviéramos memoria, hoy estaríamos celebrando por todo lo alto las decisiones debatidas este martes por el Congreso de los Diputados, para reactivar la Ley de Memoria Histórica, que a pesar de las diferencias que existen entre los grupos de izquierda todo apunta que se aprobarán este jueves.

Si lo fuéramos, no daríamos importancia a la fecha en que se ha producido este debate: mayo de 2017. Sí; nuestros políticos democráticos han tardado 41 años en decidir que Franco, el sátrapa genocida, no puede estar enterrado con los honores de un faraón; han tenido que pasar cuatro décadas para darse cuenta de que las víctimas merecen salir de las cunetas en que siguen enterradas como si fueran perros.

Si lo fuéramos, no analizaríamos el porqué de la negativa del Partido Popular a apoyar esta iniciativa. No nos preguntaríamos las razones por las que su portavoz en el debate parlamentario buscó mil y una excusas, hasta llegar a Stalin y a Venezuela, para oponerse a la propuesta. No nos rechinarían los dientes al escuchar a Alicia Sánchez Camacho eludir la palabra dictador y preferir referirse a él como “el señor Francisco Franco”. No nos indignaría comprobar cómo la formación política que nos gobierna se niega a liberarse de sus vínculos con el franquismo. No nos avergonzaríamos de que, con su voto y su discurso, el partido con más apoyo popular en España reafirme su distancia con la derecha europea representada por Angela Merkel y se sitúe a un paso de las tesis revisionistas del Frente Nacional o de Alianza por Alemania. Apenas hay diferencias entre quienes cuestionan la existencia de las cámaras de gas y los que niegan el carácter totalitario y criminal del régimen franquista. El discurso del PP suena igual que el de historiadores condenados por su infame blanqueo del nazismo como David Irving.

Si lo fuéramos, no recordaríamos que este tipo de decisiones suelen quedarse en un llamativo titular y una bonita fotografía. Por poner solo un ejemplo de esos fuegos artificiales que tanto gustan a nuestros políticos: hace ya dos años que el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad reconocer y homenajear a los 9.300 españoles y españolas que fueron deportados a campos de concentración nazis. 24 meses después no se ha cumplido este mandato; el Gobierno se ha declarado insumiso y la oposición no ha ejercido su papel de recordarle, diariamente, su repugnante incumplimiento.

Si lo fuéramos, preferiríamos olvidar que Felipe González tuvo 15 años para desmantelar los vestigios de la dictadura y no quiso hacerlo. Tres mayorías absolutas consecutivas en las que no se atrevió a sacar al dictador de su mausoleo ni a dar un entierro digno, entre otros, a sus compañeros socialistas que habían muerto por defender la democracia republicana frente al eje Franco-Hitler-Mussolini. El gran Felipe estaba en otras cosas, sin duda importantes, y no le pareció relevante que como país, realizáramos una revisión histórica rigurosa que habría acabado, de una vez por todas, con la historiografía franquista que aún contamina los libros de texto que estudian nuestros hijos.

Si lo fuéramos, ignoraríamos que Zapatero permitió a la parte más conservadora de su partido descafeinar su Ley de Memoria Histórica y olvidaríamos que tuvo siete años para llevar a cabo las iniciativas que ahora plantea desde la oposición. Si lo fuéramos, no nos vendría a la cabeza la casi lasciva satisfacción que emanaba Mariano Rajoy al explicar orgulloso que su Gobierno había asesinado y enterrado la Ley en otra cuneta, al dotarla de un presupuesto anual de cero euros.

Para nuestra suerte o nuestra desgracia no somos vírgenes, ingenuos ni desmemoriados. Vemos cada día el letal fruto de la cobardía y los complejos con que los políticos demócratas han abordado este tema durante los últimos cuarenta años. Esa es la razón por la que hoy vivimos un auge del revisionismo franquista. El negacionismo de nuestro Holocausto viaja a través de Internet, contamina ondas de radio y televisión y alcanza las portadas de los periódicos de papel. Basta con que unos supuestos historiadores se quiten momentáneamente sus camisas azules y escriban un libro repleto de falsedades y medias verdades para que el producto consiga calar en la sociedad.

Así ocurrió recientemente con 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular en el que Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa legitiman el golpe de Estado franquista demostrando un supuesto pucherazo electoral de la izquierda en las elecciones de febrero del 36. Sin cuestionarse mínimamente el sesgo que ya habían demostrado los autores en obras anteriores, ni contrastar sus conclusiones con otros historiadores de, estos sí, reconocido rigor y prestigio, numerosos medios dieron por buenas sus tesis y las reprodujeron como si de verdades absolutas se tratara. Dos meses después, tras analizar detalladamente la obra, el catedrático de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona José Luis Martín Ramos la ha desmontado punto por punto en Público. Lamentablemente, su estudio no llegará a las portadas y los espacios que, por mala fe o por pura ignorancia de los periodistas de turno, copó el sesgado relato de Villa y Tardío.

No será la última vez que ocurran cosas similares. La democracia acomplejada ha permitido que varias generaciones de españoles crecieran en la ignorancia, cuando no en la tergiversación franquista, de nuestra historia reciente. Nuestros políticos socialistas, centristas y comunistas han tolerado que uno de los lugares turísticos de la capital del Reino sea la tumba de un criminal que secuestró nuestras libertades durante 40 años. Nuestro régimen de libertades no ha querido evitar que se siga equiparando a víctimas y a verdugos.

El terreno está abonado, pues, para que el revisionismo franquista siga creciendo hasta el infinito y más allá. Lo hará si no arrancamos de cuajo sus raíces. Podríamos pensar que la iniciativa debatida este martes en el Congreso de los Diputados es un paso decisivo para realizar esa poda sanadora con unas tijeras de democracia, cultura y verdad. Podríamos pensarlo… si fuéramos vírgenes e ingenuos y no tuviéramos memoria.

La desmemoria histórica del Partido Popular: ni un euro para las víctimas del franquismo

14 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

El PP le dedica a la Ley de Memoria Histórica la ingente cantidad de 0 euros, un dinero que debía utilizarse para financiar exhumaciones en las 2.000 fosas que se calcula que existen en España

María Eugenia R. Palop

06/04/2017 – 21:05h

El director del CIEMEDH considera que un centro académico podrá conseguir la financiación para abrir fosas que se le niega a las asociaciones memorialistas por sus implicaciones políticas. Foto: Óscar Rodríguez (ARMH).
Imagen de archivo de represaliados por el franquismo. Foto: Óscar Rodríguez (ARMH).

Decía Adorno que “dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad”, pero hay verdades que al Partido Popular, simplemente, no le suscitan ni el más mínimo interés. En los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno ha vuelto a invisibilizar a las víctimas silenciadas de la guerra civil y el franquismo, a imponer la acostumbrada amnesia social, y a evitar que se desmonte la mentira institucionalizada en la que llevamos décadas instalados, gracias, entre otras cosas, a políticas como las suyas.

El PP le dedica a la Ley de Memoria Histórica la ingente cantidad de 0 euros, un dinero que debía utilizarse para financiar exhumaciones en las 2.000 fosas que se calcula que existen en España. Ya en 2012, Rajoy eliminó la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, y redujo la dotación presupuestaria para Memoria Histórica de 6,2 millones, a dos millones y medio. Y en el año 2013, el Gobierno eliminó esta dotación sin más, dejando en las cunetas, por enésima vez, a las víctimas del franquismo, que siguen costeando las exhumaciones con sus propios medios, porque, mal que le pese a Rafael Hernando, se acuerdan de sus padres y familiares haya o no haya subvención.

Ahí siguen, impenitentes, andando “con los muertos para arriba y para abajo” para contrarrestar el ostracismo y las vejaciones del Gobierno del Partido Popular y de personas que, como él, no creen ofender ni humillar a nadie, porque no son nadie las 100.000 o 150.000 que aún esperan verdad, memoria, justicia y reparación. “¿Por qué voy a pedir perdón?”, se preguntaba perplejo Hernando, en un ejercicio retórico de cinismo.

No hay duda de que hay quienes han descontado ya el costo humano y social de sus privilegios, en la idea tan atroz, como poco contrastada, de que no existe “progreso” sin olvido. Y aunque también hay quienes prefieren avanzar retrocediendo, como diría Paul Valéry; avanzar sin aplastar “flores inocentes en el camino”, sin generar víctimas y sin olvidarlas, hoy, lamentablemente, está claro que los que gobiernan son los primeros. Por eso el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica ha sido esquelético, y por eso ha acabado instaurando una discriminación en el trato, los derechos y las prestaciones que reciben unas víctimas frente a las otras, sin que exista ninguna razón que lo justifique, más allá de la desmemoria selectiva que en este país se ha practicado sin descanso.

Poco importan aquí los acuerdos internacionales sobre estas materias ratificados por España, entre los que cabe destacar la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Poco importa la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, en particular, la jurisprudencia destinada a la protección del derecho a la vida y a la integridad de las personas. Tampoco importa mucho, según parece, la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, que, desarrollada por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, favorece un catálogo de prestaciones y derechos a toda víctima, sin perjuicio de que quepan regulaciones particulares en atención a unos u otros colectivos. Poco importa, por supuesto, el informe del relator de Naciones Unidas en el que se señalaba que es la ignominia y el olvido lo que se ha incorporado a la normalidad democrática de España.

En fin, esta negativa a investigar la suerte de miles de personas desaparecidas a raíz de la estrategia implementada por el Estado franquista, contraviene, entre otras cosas, el derecho internacional que es jurídicamente vinculante y de obligado cumplimiento en nuestro país. Porque no solo es que el Gobierno se niega a cumplir su obligación de actuar de oficio, sino que tampoco pone todos los medios necesarios para que otros agentes puedan llevar a cabo las investigaciones que las autoridades se niegan a hacer, y ello, sin que haya ninguna norma o principio jurídico que impida a un Estado investigar su pasado.

El PP contradice aquí, incluso, a la normativa que se ha desarrollado en el plano autonómico, y que se ha promulgado, o está por promulgarse, en el País Vasco, Andalucía, Navarra, Aragón, Valencia y Baleares, territorios que han conocido directamente los horrores de la guerra civil, la represión de la dictadura y la violencia política posterior, y en los que están domiciliadas un importante número de sus víctimas. Y lo más sorprendente es que algunas de estas normas han salido adelante con la abstención del mismísimo y esquizofrénico Partido Popular.

Reivindicar el derecho y el deber de memoria no es solo poner en el centro un hecho del pasado, sino resignificarlo y asumir las responsabilidades que se derivan del mismo, articular un consenso sobre lo intolerable, y delimitar claramente lo que, de ningún modo, puede volver a suceder. Y en la medida en que esto no se hace, no puede garantizarse nada. La responsabilidad tiene una dimensión temporal que no se agota en el presente; mira hacia al pasado, como ha de mirar hacia el futuro, y trata a todas las víctimas de la misma manera, aunque distinga las diferentes violencias de las que cada una ha sido objeto.

Quienes defendemos una política de la memoria para todas las víctimas, sin exclusión, estamos convencidos de que el examen detenido del pasado es un arma que permite combatir el “revisionismo” y el “negacionismo” con los que se justifican y se niegan todos los días las atrocidades que hemos vivido, y de las que muchas personas tienen todavía recuerdos terriblemente vivos. Y sabemos, además, que lo que las sociedades eligen recordar y olvidar, y el modo en que lo hacen, condiciona totalmente sus opciones de futuro, de manera que sin memoria no puede haber una auténtica cultura democrática, ni puede hablarse, en puridad, de un sistema político legítimo.

Dice la Comisión de Derechos Humanos de UN en sus Principios para la protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, que “el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe al Estado”. Pues bien, es este el deber que el Gobierno no cumple y este es el rico patrimonio que nos usurpa descaradamente cada vez que privatiza el uso de nuestra memoria y nos impide recordar.

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Mariano Rajoy vuelve a ignorar la ley de memoria histórica en su legislatura de “consenso”

11 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Los presupuestos de 2017 consolidan el ninguneo del Gobierno del PP a la exhumación de represaliados y la atención a víctimas del franquismo: la partida presupuestaria es cero.

Su socio principal, Ciudadanos, era partidario de las exhumaciones y el cambio de calles “sin campañas exageradas”.

Al llegar a Moncloa Rajoy quitó la Oficina de Víctimas, luego bajó a la mitad el presupuesto para exhumaciones, y un año después lo eliminó.

Raquel Ejerique

04/04/2017 – 21:17h

Trabajos en una fosa común
Trabajos en una fosa común

Rajoy ha dejado clara su postura ante la ley de memoria histórica desde que llegó a la Moncloa: desactivarla reduciendo primero su presupuesto y luego eliminándolo. En las cuentas de este 2017 incide en la misma línea, de modo que su anunciada legislatura de “consenso” ante la necesidad de acuerdos parlamentarios se estrena con cambios de posición en temas como educación o violencia de género, pero no van a alcanzar a las víctimas del franquismo, tal y como se puede comprobar en la decisión de negar la dotación presupuestaria en el primer año de su nueva legislatura. Es el cuarto año consecutivo que lo hace.

Su socio principal en las cuentas para este año, Ciudadanos, tampoco tenía como prioridad a los represaliados, aunque en su programa sí hablaba de facilitar exhumaciones (sin especificar si las debía financiar el Estado) y modificar los callejeros aunque advirtiendo de que “sin campañas exageradas”. Todo ello, sin dañar la “reconciliación entre españoles”, tomando parte por la hipótesis del PP de que la reparación de las víctimas puede ser peligrosa. Según el resultado final en los presupuestos 2017, la Memoria Histórica seguirá aparcada y no se ha tratado en las negociaciones entre ambos partidos.

Tras llegar a Moncloa en 2011, Rajoy tomó varias medidas que dejaban sin efecto la ley de Zapatero de 2007 y cualquier iniciativa de reparación. Primero, en marzo de 2012, suprimió la Oficina  de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, un organismo creado por el gobierno socialista que se encargaba de atender a los familiares y facilitaba información y procedimientos para las exhumaciones: se calcula que en España quedan 2.000 fosas sin abrir donde yacen sin nombre ni sepultura unos 100.000 españoles.

El Gobierno del PP la integró en una subsecretaría de Justicia que se encarga de indultos, condecoraciones y títulos nobiliarios. Su cuarto cometido es poner “medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. De momento no las hay.

Evolución del presupuesto a Memoria Histórica

pres.mem.histó

Su segunda medida fue recortar a menos de la mitad el presupuesto para la ley de Memoria Histórica, de 6,2 millones (en 2011) a 2,5 millones (en 2012). Con ese dinero se subvencionaban básicamente exhumaciones, a través de una Comisión Interministerial que dependía del Ministerio de Presidencia y que Rajoy borró de los presupuestos.

El año siguiente, en 2013, Rajoy inició la senda del cero. Cero euros para las víctimas, una decisión que le han afeado organismos internacionales como la ONU, que criticó en un duro informe que fueran los familiares quienes costean la recuperación de los cuerpos o los forenses y voluntarios en sus ratos libres sin remuneración. Pese a la reprimenda y a que España está en la senda opuesta de países como Chile, Italia, Alemania o Argentina, el Gobierno ha mantenido su postura hasta hoy.

Es más, el presidente se ha jactado en público de haber desactivado la ley quitándole el presupuesto [vídeo abajo]. Preguntado en un acto por qué no la había derogado, aclaraba que había hecho otra cosa que significaba en términos pragmáticos lo mismo: “Bueno, la dotación presupuestaria ha sido cero. La media es cero y fue cero todos los años”. Es decir, hay una ley pero no se puede cumplir porque el Gobierno la ha vaciado presupuestariamente.

En cuestión de dinero lo ha dejado claro, pero también con otras actuaciones que no requieren un desembolso. Por ejemplo, dilatar más de un año el cumplimiento de la sentencia que obliga al Gobierno a exhumar dos cuerpos del Valle de los Caídos o boicotear la querella argentina que investiga los crímenes del franquismo.

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Tiempo de derecha, tiempo de gasto militar

10 abril, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Cospedal, la ministra que tan sobradas muestras ha dado, en diferido, de su capacidad intelectual, es la gran gestora de ese desorbitado aumento del presupuesto de Defensa, un 32% sobre 2016.

Echen un vistazo al dinero que se dedica en verdad a educación, sanidad, cultura, ciencia, a la dependencia o la pobreza infantil y vean cuánto de sociales son los presupuestos del PP.

Rosa María Artal04/04/2017 – 20:58h

María Dolores de Cospedal pasa revista a las tropas como ministra de Defensa. /
María Dolores de Cospedal pasa revista a las tropas como ministra de Defensa.

Imaginen a un padre de familia, abogado de formación, toledano, 51 años, sentado en el salón de su casa ante esta reflexión: “¿Y si alguien quisiera ponerle a mi hija un burka, qué haría? Enviarle a las Fuerzas Armadas”. ¿Como escudo humano y blindado para que no se le acercaran los hombres que colocan burkas por la calle a las mujeres con las que se cruzan? ¿Quiénes son esos hombres? Musulmanes, una comunidad de unos 1.200 millones de personas distribuidas por numerosos países del mundo. Pues así piensa Agustín Conde, el actual secretario de Estado de Defensa nombrado por la ministra Cospedal. Con esa mentalidad dispone de capacidad para, en efecto, hacer uso de aquello a lo que le impelen sus creencias. Y el Gobierno del que forma parte acaba de dotar a su Ministerio con un 32% más de presupuesto.

Conde es uno de los numerosos prototipos de la derecha más extrema que gobierna España por medio del PP. Sus exponentes son múltiples. Mariano Rajoy los ha situado en ministerios clave: Interior, defensa, justicia, empleo, educación y sanidad en algunos momentos, y bastantes perlas sueltas en otros puestos. Nos detendremos hoy solo en Defensa, premiada con un plus en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

A Agustín Conde lo encontramos ya en 2005, durante una intervención en el Senado, cuando se mostró partidario de que las parejas homosexuales no adoptaran hijos. Sin el menor rubor, ni base que es mucho peor, expuso los graves problemas que, en su opinión, aquejaban a esas criaturas que conviven con gays. Aseguró que sufren un enorme riesgo de ser violados por sus progenitores, cuantificado en el 29%, mientras en el caso de los heterosexuales el porcentaje se reduce al 0,6 %. Siempre en su línea, acusó –en un tuit, vaya por dios– a Yolanda Álvarez, entonces corresponsal de TVE en Oriente Medio, de ser “activista de Hamás”. Sin cortarse. Álvarez fue devuelta a Madrid. Añádanle unas puertas giratorias, una empresa energética no declarada o la defensa jurídica del Banco de Santander en casos de hipotecas impagadas.

Alférez de Fragata del Cuerpo General de la Armada en la Reserva Voluntaria, Conde declaró que ser secretario de Estado era “el cénit de su carrera profesional”. Y que María Dolores de Cospedal es quizás la persona por la que siente mayor admiración y respeto intelectual. “Como político”, concepto que incluso incluye a mujeres.

Cospedal, la ministra que tan sobradas muestras ha dado, en diferido, de su capacidad intelectual, es la gran gestora de ese desorbitado aumento del presupuesto de Defensa, un 32% sobre 2016. Es cierto que se ha visto obligada a aflorar, por mandato del Tribunal Constitucional, una herencia de su predecesor, Pedro Morenés, que utilizaba créditos extraordinarios aprobados por Real Decreto para comprar armamento. El programa que él aprobó asciende, por cierto, a 30.000 millones de euros de los que restan por pagar 20.000 millones. Aun así el presupuesto real aumenta y en algunas partidas de forma desorbitada, hasta un 442%.

Cospedal es la ministra idónea para los nuevos tiempos. Ha nombrado además un nuevo jefe del Estado Mayor del Aire que, según declara, “procura tener a Dios presente en todas sus decisiones”. Ha destinado precisamente a Morenés, exministro y vinculado a empresas de armamento, como embajador en Washington aunque no pertenece a la carrera diplomática. La misma ciudad donde reside Donald Trump. La también secretaria general del PP es la persona que definió perfectamente su ideología al declarar: “Lo primero que necesita un país es seguridad. Si no tenemos garantizada nuestra defensa y nuestra seguridad, da igual tener garantizado el subsidio de desempleo, la sanidad pública o la mejor educación“.

Lo mismo practica la actual administración estadounidense. El ya mayor presupuesto militar del mundo va a experimentar  un aumento del 10%, 54.000 millones de dólares que el magnate llegado a presidente detraerá de partidas sociales. Trump quiere “volver a ganar guerras”, dice. Trump quiere potenciar la muy lucrativa industria de la guerra. De hecho Trump pidió al PP aumentar también el gasto en defensa, y el PP lo hace. Por cumplir con el ultraconservador mandatario y, como él, por vocación.

Algo cambió cuando los Ministerios de la Guerra pasaron a llamarse Ministerios de Defensa: los eufemismos de la neolengua. Y de la propaganda y siembra de miedo que prende en los ciudadanos más indefensos mental o emocionalmente. Hasta hacerles temer más un hipotético atentado que la precariedad que mata todos los días. Los daños que ocasiona la pobreza y la injusticia son infinitamente superiores a los que causa la acción terrorista de los fanáticos. E incalculables los efectos nocivos de la demagogia. Pero la jugada actual es ésta. Algo huele inmensamente a podrido cuando se confirma la reunión para propiciar un canal secreto de contacto entre Trump y Putin y es el fundador de Blackwater quien la dirige. La empresa de mercenarios, contratada profusamente por George W. Bush, y que fue condenada por asesinato deliberado de civiles en Irak en 2007. ¿De qué seguridad y para quiénes hablan?

Conviene, pues, contrarrestar con información la propaganda de las portavocías mediáticas del PP cuando destacan un aumento del gasto social en estos presupuestos. Al margen de que sería una inversión, no un gasto. La mayor partida se la llevan las pensiones. Por el compromiso ineludible que se contrae al  pagar impuestos durante la vida laboral para disponer de un retiro. Al margen de las trampas –muy propias del personal que nos ocupa– para enmascarar que los presupuestos bajan, haciendo parecer que suben, la distribución de los fondos responde a la filosofía genuina de esta derecha.

Echen un vistazo al dinero que se dedica en verdad a educación, sanidad, cultura, ciencia, a la dependencia o la pobreza infantil y vean cuánto de sociales son los presupuestos del PP. Pagar los intereses de la Deuda Pública, incrementada a nivel de récord por Rajoy, se lleva más del 9% de los presupuestos: 32.447,7 millones. Es uno de las principales apartados y verán que no se destaca en los medios. Para la Hucha de las Pensiones (que el PP ha dejado en telarañas) van a emitir Deuda Pública. A devolver con intereses, ya saben. La pirámide fatal del endeudamiento. Y eso que Rajoy “nos ha sacado de la indigencia”.

Unos presupuestos absolutamente ideologizados, de derecha aguda y extrema. Para completar el dibujo van cero euros para la aplicación de la Ley de Memoria histórica, y un aumento de 43.000 en el presupuesto directo de la Casa del Rey, que la pobre llevaba algunos años congelada.

Y los presupuestos saldrán adelante con la colaboración de políticos tan conservadores y mercantilistas como el PP. Y  Rajoy seguirá mandado con ese equipo dotado de singular mesura, razón y capacidad intelectual. Y la corte mediática les hará la ola.

Cada vez son más los excluidos de su mundo, sin embargo. En ese limbo que no se quiere ver hay amplios sectores en los que abunda el suicidio, la droga y la muerte temprana, como contaba la economista Ann Pettifor sucede en Estados Unidos. Ocurre en lugares mucho más cercanos y va a más. Esta vez muchos votaron a Trump y similares. ¿A quién buscarán después? ¿Qué harán después?

Un año de paraísos fiscales en el punto de mira

7 abril, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Después de un año de que comenzara la publicación de los Papeles de Panamá, la UE todavía tiene pendiente publicar una lista de paraísos tras rechazar su primera propuesta el Parlamento Europeo.

La OCDE defiende que se han logrado “significativos éxitos” pero reconoce “deficiencias en la arquitectura de la transparencia internacional”.

“Nosotros no hemos encontrado más endurecimiento en las normas”, dice el presidente de la filial española de uno de los principales bancos andorranos.

Antonio M. Vélez02/04/2017 – 18:34.

Más allanamientos en Panamá por vínculos de Mossack Fonseca con "Lava Jato"
Oficinas de Mossack Fonseca. EFE

Este lunes pasado se cumplió un año del estallido del escándalo de Los Papeles de Panamá, la mayor filtración de documentos de la historia, con origen en el bufete de abogados Mossack Fonseca. Un terremoto que reveló las artimañas fiscales de un extenso listado de multimillonarios y de dirigentes políticos de todo el mundo (o personas de su entorno) y que en España acabó con la carrera política del exministro de Industria José Manuel Soria. A propósito de este aniversario, el Foro Social Mundial ha declarado este 3 de abril Día Mundial Contra los Paraísos Fiscales.

Un año después, hemos conocido  la reciente detención por su presunta implicación en el caso Lava Jato, el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil, de los dos fundadores de Mossack Fonseca.

Sabemos también que el despacho que durante décadas ayudó a crear miles de sociedades offshore llegó a convertirse  en sede del Registro Mercantil de Niue, un atolón del Pacífico ubicado a 10.000 kilómetros del bufete que utilizaron defraudadores españoles como el actor Imanol Arias.

Y también sabemos que en España el  Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Ministerio de Economía, ha realizado catorce informes de inteligencia financiera sobre 209 sociedades que se encontraban en la base de datos del afamado despacho panameño.

¿Pero se han producido avances en la lucha contra la evasión en los territorios offshore en este último año?

El balance del Foro global sobre la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es positivo. Este órgano, que desde este año preside la española María José Garde, defiende en su informe de progreso de 2016 que aunque persisten “deficiencias en la arquitectura de la transparencia internacional”, se han logrado “significativos éxitos”.

Su tesis es que “aunque la filtración subrayaba los continuos problemas de la evasión fiscal internacional, también mostraba la efectividad de las medidas que la comunidad internacional impulsa para abordar estos problemas. Los documentos mostraban que el número de compañías con ventajas fiscales creadas por el bufete en cuestión llevaba disminuyendo varios años y que el número de nuevas empresas con acciones al portador [que no permiten conocer quiénes son sus verdaderos propietarios] había caído prácticamente a cero en 2015”.

“Aunque las filtraciones ocupan titulares en todo el mundo y subrayan los problemas derivados de la opacidad de las entidades jurídicas, la realidad es que se han realizado enormes progresos en la lucha contra este problema durante los últimos años y se continúan realizando”, resume el informe.

Unos días después del escándalo panameño, la Comisión Europea proponía una medida recomendada por la OCDE que ya estaba vigente en España, el desglose de información país por país con los pagos de renta e impuestos de empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales. Una medida reputacional y de control que no deja de ser un avance. Pero la UE ha sido incapaz de consensuar una lista de paraísos fiscales que había prometido para este año, incluso antes del caso de Los Papeles de Panamá.

En enero pasado, el Parlamento Europeo obligó a la Comisión Europea a rehacer una relación provisional de “países de riesgo” relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo compuesta por Corea del Norte, Irán, Afganistán, Bosnia Herzegovina, Irak, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen. Se quedaban fuera territorios como Islas Bermudas, Islas Caimán o Panamá, por no hablar de los cuatro países miembro de la UE a los que la ONG Oxfam situaba en diciembre pasado en la lista de paraísos “más agresivos” del mundo: Holanda, Irlanda, Luxemburgo y Chipre.

Más conciencia, las mismas medidas

Tras Los Papeles de Panamá, llegarían Los Papeles de la Castellana, una investigación publicada por eldiario.es en junio pasado; Bahamas Leaks (en septiembre) y Football Leaks (a finales de 2016). Filtraciones masivas que quizás han aumentado la conciencia ciudadana sobre las consecuencias de la existencia de los paraísos, pero que no han propiciado la adopción de una normativa más estricta, coinciden los expertos consultados.

“Nosotros no hemos encontrado más endurecimiento en las normas, que ya eran bastante exigentes”, dice a eldiario.es el presidente de la filial española de uno de los principales bancos andorranos, que pide el anonimato.

Este directivo asegura que la normativa vigente ya “es durísima, tanto en España como en Estados Unidos”, y recuerda que, tras la llegada de Donald Trump al poder, todo apunta a una “relajación” de la normativa bancaria, después de que el nuevo presidente estadounidense firmase en febrero una orden ejecutiva para derogar parte de la ley Dodd-Frank, que fue promulgada en 2010 tras la crisis financiera que arrancó en 2008.

“Mi conclusión es que no hay una verdadera voluntad política ni de la Comisión Europea, ni del G20, ni de la OCDE, de acabar con la utilización de los paraísos fiscales: dan vueltas a la tortilla con medidas que son positivas, pero que no van al fondo de la cuestión”, dice José María Peláez, inspector de Hacienda.

Este experto en fiscalidad internacional aventura que no se adoptan medidas más contundentes (fundamentalmente, en materia de intercambio de información) “porque si se pusiera sobre la mesa todo lo que hay, muchos mandatarios se verían retratados”.

Unas semanas después de estallar el escándalo, el Parlamento Europeo anunció la creación de una Comisión de Investigación cuya efectividad muchos discuten (“Se crean comisiones de investigación para no investigar nada”, decía hace un mes el eurodiputado de Podemos Miguel Urban) que comenzó sus trabajos en septiembre y que debería tener redactadas sus conclusiones en junio.

Su puesta en marcha ha encontrado notables trabas de la propia Comisión Europea. Cabe recordar que la esposa del comisario español Miguel Arias Cañete apareció en Los Papeles de Panamá; y la excomisaria Neelie Kroes, en Bahamas Leaks.

El inspector José María Peláez, que hace un mes participó en los trabajos de esa comisión, relativiza la importancia de la entrada en vigor del nuevo estándar de intercambio de información fiscal de la OCDE.

En teoría, a partir de este año, con los nuevos convenios que suscriban los países, los datos fiscales se intercambiarán de forma automática. Pero su pronóstico es que “van a intercambiar información los países que no tienen ningún problema en hacerlo: los miembros de la OCDE. Los que son auténticos paraísos fiscales no van a firmar y no afrontarán “ninguna consecuencia”. “Mi conclusión es que los paraísos fiscales van a seguir existiendo y se van a seguir utilizando”.

Miguel Urban, de Podemos, considera que se ha avanzado “muy poco” en esta materia y cree que los criterios de la lista que está elaborando Bruselas “son laxos”: “Hay muchas formas diferentes para que un país salga de ese listado llegando, por ejemplo, a acuerdos unilaterales con otros países”.

En su opinión, que no exista ese listado ni se implanten mecanismos más firmes se explica porque, “para empezar, a la propia institución europea y a los gobiernos parece que les preocupan más los nombres que la existencia de la evasión y el robo a gran escala. Además, también se necesitaría la unanimidad del Consejo, y en este caso Luxemburgo se niega tajantemente; y aún es más difícil teniendo a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea”.

Todos los casos de presiones y amenazas a periodistas que sorprenderían a la APM

3 abril, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Spanish Queen Letizia (L) chats with Spanish deputy Prime Minister Soraya Saenz de Santamaria (R) next to journalist Victoria Prego (C) -awarded with the Luca de Tena Prize before the delivering act of the International Journalist Awards of ABC held in Madrid, Spain on 13 December 2016.
La reina Leticia, junto a la presidenta de la AMP, Victoria Prego, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. EFE/JUAN CARLOS HIDALGO

“Esther L. Palomera no cae bien en La Moncloa”. Era el titular de un breve artículo aparecido en febrero de 2014 en una página web de escasa difusión pero muy cercana al PP, el tipo de medio digital donde aparecen comentarios de fuentes anónimas para enviar mensajes a medios de comunicación o empresas. La razón de ese enfado eran los comentarios en tertulias televisivas y radiofónicas de la periodista sobre la corrupción en el PP, no sus artículos en el periódico La Razón, donde trabajaba desde hace tiempo.

La última frase del artículo era el aviso definitivo: “En definitiva, en el Gobierno consideran que son demasiadas las críticas que reciben de la periodista”. Tradúzcase “demasiadas” por: hasta aquí hemos llegado. El origen de esos comentarios también aparecía en el texto: la Secretaría de Estado de Comunicación. Más que una noticia, era un veredicto.

Las relaciones de Palomera, subdirectora en el periódico, con su jefe, Francisco Marhuenda, ya eran entonces muy difíciles. La periodista se puso en contacto con la entonces presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Carmen del Riego, para solicitar algún tipo de apoyo de la organización ante lo que suponía que se le venía encima. La respuesta que recibió es que no era posible intervenir sobre ese artículo, porque se trataba de un asunto de libertad de expresión. 

Palomera fue despedida poco más de un mes después. Madrid es uno de esos sitios donde la “libertad de expresión” ejercida por el Gobierno acaba con periodistas represaliados. 

El ataque de la APM a Podemos por las denuncias de varios periodistas que cubren la información del partido ha sido cuestionado por distintas razones. La más importante: los periodistas que se arriesgan de verdad son los que escriben lo que molesta a los que están en posiciones de poder político (los gobiernos) o de poder económico (las empresas). No es que los partidos respeten mucho a los periodistas cuando están en la oposición, pero es indudable que sus dentelladas son menos peligrosas.

Los ataques personales en las redes sociales son una realidad tan censurable como difícil de evitar, y hay pocos periodistas que no los reciben. Perder el empleo es un precio mucho más alto.

Veamos esta lista –no exhaustiva y por tanto incompleta– de las consecuencias de las presiones políticas en España en los últimos años que no provocaron reacciones tan rotundas en la APM como lo ocurrido con Podemos. 

“Nunca he tenido presiones tan fuertes como las de Aguirre”, dijo José Antonio Zarzalejos. El director de ABC se negó a poner al periódico al servicio de los intereses personales de Esperanza Aguirre ni suscribir la teoría de la conspiración del 11M. Fue destituido un mes antes de las elecciones de 2008. En una entrevista, dijo que preguntó por las razones del relevo. “Porque queremos hacer nosotros las elecciones”, le dijeron. “No me quisieron ahí sobre todo en la fase poselectoral, porque el asalto al liderazgo del PP por parte de Esperanza Aguirre era una hipótesis verosímil y sabían que ABC conmigo en la dirección no iba a favorecerlo”, añade.

Germán Yanke, presentador del informativo nocturno de Telemadrid, entrevistó en septiembre de 2006 a Aguirre por sus posibles aspiraciones a competir por el liderazgo del PP. “ No me gusta que usted compre el discurso del Partido Socialista porque es absolutamente falso”, le respondió, lo que inició un intercambio áspero de frases entre ambos. Un mes después, Yanke tuvo que dimitir alegando  “intromisión por motivos políticos en su trabajo cotidiano”. 

Como subdirector general de Información, Luis Fernández fue el máximo responsable de los informativos de Telecinco en los años del primer mandato de Aznar. Las presiones del Gobierno a la empresa terminaron por forzar su destitución en septiembre de 2000. Vocento, que como segundo accionista de la cadena se ocupaba de la gestión de los informativos, llevaba tiempo interesada en obtener dos licencias de radio digital, lo que no había conseguido en el concurso de licencias concedidas en el marzo anterior. Tuvo que esperar a la destitución de Fernández para ser agraciada en un concurso posterior. Eso no impidió que continuaran las presiones.

Tras varias llamadas al orden de Telecinco para que cambiara su estilo agresivo y crítico en Las Mañanas de Cuatro, la empresa decidió destituir a Jesús Cintora. E l consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile, había reclamado sin éxito a Cintora que fuera “menos opinativo”. Diversos cargos del PP habían expresado en público y en privado su incomodidad con los contenidos del programa. Le acusaban de ser cercano a Podemos. Diez días antes del cese, las presiones aumentaron por la decisión de Cintora de incluir una foto del ministro de Exteriores Margallo en una corrida de toros, horas después del atentado de Túnez.

El conde de Godó decidió que el apoyo de La Vanguardia al proceso independentista catalán tenía que acabar, sobre todo después de que se lo dejara claro el rey Juan Carlos. Destituyó en diciembre de 2013 al director, José Antich, y colocó en su lugar a Màrius Carol, hasta entonces corresponsal de la Casa Real. El corresponsal político, Jordi Barbeta, cuyas crónicas tenían un sesgo claramente favorable al procés, fue enviado seis meses después a Washington como corresponsal. 

A mitad de legislatura, el director de El País, Antonio Caño, cambió al periodista que cubría la información de Moncloa, Carlos E. Cué, y cuyas preguntas eran las más críticas o incisivas que se escuchaban en la rueda de prensa de Soraya Sáenz de Santamaría. Caño envió a Cué bien lejos, a Buenos Aires de corresponsal. La crisis financiera de Prisa había hecho que su presidente, Juan Luis Cebrián, recabara el apoyo de Santamaría para que los bancos aceptaran convertir sus créditos en acciones de la empresa. 

Rafael Méndez y Manuel Altozano publicaron en El País en julio de 2012 una información sobre un dictamen del Ministerio de Justicia que amparaba a la vicepresidenta del Gobierno a la hora de tomar decisiones sobre la empresa Telefónica, a pesar de que su marido era alto cargo de la empresa. El titular publicado en la edición en papel decía: “Justicia permite a Santamaría tratar asuntos de Telefónica, donde trabaja su marido”. El director, Antonio Caño, ordenó cambiar el titular en la página web al día siguiente por “Santamaría se abstiene en los asuntos de Telefónica pese a no estar obligada”. La modificación se hizo sin consultar a los periodistas, que retiraron la firma de la versión de Internet. Caño justificó después el cambio y acusó a los dos redactores de “infantilismo”. Méndez y Altozano acabaron pidiendo la baja en el periódico.

El Gobierno de Marruecos presentó una denuncia en la Audiencia Nacional en diciembre de 2013 contra el periodista de El País, Ignacio Cembrero, por informar sobre los yihadistas marroquíes que pretendían cometer atentados en su país. Cembrero contó tiempo después que a las tres semanas el periódico le ordenó que dejara de escribir sobre Marruecos y se incorporara a la sección de fin de semana.

Una tensa entrevista de Ana Pastor a María Dolores de Cospedal en el programa Los Desayunos de TVE irritó tanto al PP que el partido la puso en su punto de mira en 2011. El portavoz del PP en la Comisión de Control de RTVE afirmó que “la  impertinencia y hostigamiento residen mayoritariamente en las entrevistas al PP”. Pocos meses después de la vuelta del PP al poder, Pastor fue destituida de ese programa, como ya había sugerido que ocurriría el portavoz del PP.

La ofensiva israelí contra Gaza que mató a más de 2.000 palestinos en el verano de 2014 provocó presiones de la embajada de ese país a varios medios españoles. Las críticas tuvieron repercusiones para algunos profesionales en los meses posteriores. El delegado de EFE en Jerusalén, Javier Martín, tuvo que dejar el país tras menos de un año en el puesto y fue destinado a Túnez. Lo mismo le ocurrió al corresponsal de El País, Juan Gómez, que sólo llevaba seis meses en Jerusalén. Suponía una clara desautorización de su trabajo, por lo que Gómez no tuvo más remedio que pactar su salida de la empresa.

La embajada israelí también había denunciado a la corresponsal de TVE en Jerusalén, Yolanda Álvarez. Le acusó de ser “correa de transmisión” de Hamás (esa acusación tan directa hecha en público sí provocó una nota de rechazo de la APM). En marzo de 2015, TVE puso fin a su etapa de corresponsal y Álvarez tuvo que volverse a la redacción central .

En la lista hay varios casos de directivos de redacciones que sufrieron las represalias. La intención no es que sintamos una especial pena por los directores. Al menos en el plano material, suelen recibir grandes indemnizaciones económicas. Lo que hay que tener en mente es que si esto es lo que pasa por arriba, sólo tenemos que imaginar qué fuerza pueden oponer redactores de a pie en medios pequeños, en radios y televisiones autonómicas, en periódicos locales o regionales que dependen de la publicidad de las instituciones o de los grandes empresarios locales, y en todos los medios que necesitan la publicidad de las grandes corporaciones.

“La APM considera totalmente incompatible con el sistema democrático que un partido, sea el que sea, trate de orientar y controlar el trabajo de los periodistas y limitar su independencia”, dijo la APM en el comunicado contra Podemos.

Uno se pregunta por qué la APM ha tardado tanto tiempo en darse cuenta de la gravedad de la situación. Bueno, es una pregunta retórica. La respuesta está bastante clara.

El mentiroso Soria pierde la demanda que presentó contra eldiario.es

25 marzo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

La sentencia da por probado que el exministro fue invitado a una suite de lujo en Punta Cana por un empresario hotelero. Soria es condenado a pagar las costas.

Ignacio Escolar, 19 de febrero de 2017.

A José Manuel Soria le regalaron varias noches en la suite presidencial de un hotel de cinco estrellas en Punta Cana, donde pasó parte de sus vacaciones en el verano de 2015. El entonces ministro de Industria, Energía y Turismo fue invitado por un empresario hotelero amigo suyo,  el mismo que mantiene otro hotel ilegal en Lanzarote. La suite presidencial costaba al menos 1.300 euros por noche. Según el resguardo de la tarjeta que presentó Soria como prueba de que había pagado, la noche en la suite le había salido por solo 70 euros. Hoy sabemos que fue incluso más barato. Soria no pagó nada por la suite de Punta Cana: tan solo abonó los gastos del spa.

 El viernes nos comunicaron  la sentencia del juicio al que nos llevó José Manuel Soria por publicar esta información. El juez no solo nos absuelve sino que condena a Soria a pagar las costas del juicio. Además, la sentencia confirma nuestra información, corrobora la “exhaustiva labor” con la que contrastamos “la veracidad de la noticia” y da como hecho probado que Soria fue invitado en ese hotel.

El juez no puede ser más claro. “Consta probado en autos que el señor Soria no pagó la estancia en el hotel, y ello resulta evidente pues el único justificante que aportó se refiere al abono de coste extra”, dice literalmente la sentencia. “La cantidad abonada es impensable que pueda pretender justificar el pago de la estancia en una suite de un hotel de lujo, por lo que hay una total evidencia de que el señor Soria efectivamente fue invitado por la propiedad del hotel”.

El juez también valida la relevancia pública de nuestra información. “Es evidente que a los ciudadanos no les puede resultar indiferente la noticia de que un miembro del Gobierno disfrute de unos días de vacaciones invitado por el propietario de un grupo hotelero”, dice la sentencia.Un fragmento de la sentencia.“Nunca he estado invitado, jamás. Lo niego, jamás. Jamás he sido invitado”, decía sobre sus vacaciones en Punta Cana el ministro, con la misma rotundidad con la que tantas otras veces le hemos visto mentir. Mintió hasta en el Congreso de los Diputados. En este vídeo pueden ver su intervención.

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Cuando publicamos la primera información sobre las vacaciones de Soria en Punta Cana en agosto de 2015, su abogado me telefoneó para ofrecerme un acuerdo. Si publicábamos que nuestra noticia había sido errónea y nos retractábamos, el ministro lo dejaría correr. Si no lo hacíamos, nos llevaría a los tribunales.

Me negué a ceder a esa componenda. A pesar de lo que supone un juicio contra un ministro, no estaba dispuesto a desmentir una noticia que sabía veraz. Le respondí que, salvo que nos enseñara la factura que demostrase que había pagado, no nos retractaríamos. Así que José Manuel Soria puso una demanda contra eldiario.es, contra Carlos Sosa –director de Canarias Ahora y autor de la noticia– y contra mí como director.Un año y medio después, la justicia nos ha dado la razón.