Posts Tagged ‘partidos políticos’

Eurocomunismo

16 marzo, 2018

Fuente: http://www.elpais.com

El comunismo occidental renunció al modelo soviético y aceptó las ‘libertades burguesas’.

Santiago Carrillo, en la tribuna de invitados del Congreso
Santiago Carrillo, en la tribuna de invitados del Congreso CRISTÓBAL MANUEL

Cuando Franco murió, el eurocomunismo florecía en algunos países de Europa occidental. No era un concepto con una doctrina definida, sino el resultado de un proceso histórico gradual, de adaptación, que afectó a algunos partidos comunistas de las sociedades democráticas industriales desde la Guerra Fría.

OTROS ARTÍCULOS DEL AUTOR

El legado del anarquismo (31/10/2016)

Lecciones de un siglo letal (27/09/2016)

Los poderes de la historia (y de los historiadores) (19/09/2016)

El pilar fundamental de ese proceso histórico fue la emancipación de las concepciones ideológicas y políticas sostenidas —y extendidas por el este de Europa— desde Moscú. Era un rechazo a aceptar el socialismo soviético como modelo, apelando a las peculiaridades y diferencias de las condiciones históricas en los países occidentales después de 1945.

Al rechazar ese modelo soviético, los dirigentes eurocomunistas estaban planteando una reevaluación del legado de 1917, del leninismo revolucionario, pero también de las políticas de colectivización violenta, del estalinismo y de los principios y prácticas que habían acompañado al comunismo desde la muerte de Stalin. Significaba también una ruptura con el internacionalismo proletario tan vinculado al Estado soviético. El cambio fundamental radicaba en la aceptación del pluralismo político, de los derechos y libertades individuales de las que hasta ese momento habían sido calificadas como “democracias burguesas”. Jean Kanapa, dirigente del Partido Comunista Francés, lo describió como “socialismo democrático”, para diferenciarlo del soviético, una vía para conseguir un amplio consenso en la sociedad que recogiera las lecciones de los acontecimientos en Chile, Portugal, Hungría y Checoslovaquia.

Pero esas tendencias de transición desde la opción revolucionaria a la democrática llegaron en un momento en el que los partidos socialistas, rivales electorales de los comunistas, encontraban importantes apoyos en los trabajadores del sector de servicios, más allá del histórico proletariado industrial, y apuntalaban, con sus políticas asistenciales, el Estado de bienestar. Desde mayo de 1968 y la invasión de Checoslovaquia, cientos de miles de jóvenes europeos nutrieron nuevos movimientos sociales —vinculados al pacifismo/antimilitarismo, al feminismo o a la ecología— que abandonaban el sueño revolucionario para defender una sociedad civil democrática, y que asumían formas de organización menos jerárquicas y centralizadas.

La legalización del PCE y los primeros pasos dados por Santiago Carrillo para reconocer a la monarquía parlamentaria colocaron a los comunistas españoles ante un futuro inmediato plagado de esperanzas.

Algunos de esos cambios aparecieron en España en los años finales de la dictadura franquista y en los primeros de la Transición. Desde los años sesenta, el control absoluto que la dictadura intentaba ejercer sobre los ciudadanos no pudo evitar la movilización social contra la falta de libertades. El movimiento de Comisiones Obreras, orientado por grupos comunistas, creó una nueva cultura sindical, alejada de la que impulsaron la CNT y la UGT, que utilizaba los canales de participación que el marco franquista permitía.

Debido a ese escenario peculiar, tan diferente al francés y al italiano, o al portugués desde la Revolución de los Claveles de abril de 1974, el PCE tuvo una notable influencia en el movimiento estudiantil, en las fábricas y en muchas asociaciones vecinales que se formaron en torno a reivindicaciones relacionadas con el problema de la vivienda, la falta de servicios públicos o la carestía de la vida. Cuando esa protesta urbana derivó pronto hacia cuestiones políticas como la petición de amnistía y la demanda de Ayuntamientos democráticos, el PCE funcionó como una plataforma de concienciación política, de oposición a la dictadura y de escuela de una cultura democrática.

La legalización del PCE el 9 de abril de 1977 y los primeros pasos dados por Santiago Carrillo para reconocer a la monarquía parlamentaria colocaron a los comunistas españoles ante un futuro inmediato plagado de esperanzas. Que no se cumplieron por los pobres resultados que el PCE obtuvo en junio de 1977 —el 9,3% de los votos y 19 escaños—, en marzo de 1979, hasta llegar al desastre de octubre de 1982, solo 4 escaños, que provocó la dimisión de su secretario general.

Es verdad que la veterana dirección comunista tenía estrechos vínculos con la generación de la Guerra Civil, que el recuerdo traumático de aquel conflicto violento, el legado del autoritarismo y el miedo al comunismo impuesto por la dictadura pesaron como una losa en los primeros años de la Transición. Pero la crisis del PCE tuvo muchas similitudes con la que sufrió el eurocomunismo en otros países desde finales de los setenta. Cuando los partidos comunistas de Europa occidental abandonaron de forma tardía el modelo soviético, otros actores representaban ya de una forma más clara, y con más apoyos sociales, el socialismo democrático.

Julián Casanova es historiador.

Anuncios

Proceso constituyente

3 diciembre, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

https://www.ivoox.com/player_ej_22373677_4_1.html?c1=ff6600

La bandera republicana ondea a lo largo de la manifestación del 14 de abril \ Foto: Alejandro Navarro

El país roto por sucesivas crisis, la clase política reprobada, el régimen que se desmorona, la Transición que chochea, el sistema que colapsa y ni por ésas piensa España en reformarse. Rajoy dijo ayer que es tontería tocar la Constitución si esto con dos decretos se arregla. Ahora sabemos que Sánchez también hizo una DUI y declaró unilateralmente el pacto con el PP porque lo necesitaba para justificar su apoyo al 155. Ciudadanos, a la derecha del Padre, ya ha advertido de que no cuenten con ellos para regalarles cambios del Texto Sagrado a “los golpistas”. Hay que darle la razón al independentismo, España es irreformable.

Así lo parece porque fuera de Cataluña, nadie está articulando con claridad, constancia y contundencia un discurso de reforma o revolución. Ha tenido que ser un grupo de juristas el que presente el proyecto más audaz de transformación política y territorial de la Carta Magna. Pero la izquierda española está perdiendo una ocasión inmejorable para implantar en el debate una de sus señas de identidad más atractivas, que estaba en los movimientos sociales que han inspirado a los partidos del cambio: el proceso constituyente.

Más preocupados por mostrar su solidaridad y comprensión con el rupturismo independentista que por construir su propio programa estatal de ruptura y refundación, los Comunes y Unidos Podemos están siendo triturados por los catalanistas, que les acusan de tibios, y los españolistas, que les llaman radicales. La única manera de escapar de la picadora nacional, es un proyecto propio que valga tanto para recuperar a Cataluña como para regenerar España y eso pasa por una defensa decidida de un proceso fundacional como el que se vivió hace 40 años, en el que podamos elegir qué modelo de Estado, organización territorial, sistema social, electoral y fiscal queremos. El derecho a decidir pero para todos y sobre todo.

Todo, incluido la monarquía, base sobre la que se sustenta la Corte, la Trama y la Casta que pudren este país. España puede volver a ser una república. Hay que decirlo más. No hay que tener miedo a proponer un proceso destituyente, constituyente y reconstituyente que impida el proceso restituyente que las élites han puesto en marcha justo cuando estaban más debilitadas. Curiosamente, este proceso debe aprovechar tanto la inercia como las fuerzas del procès que pueden convertirse en aliadas, una vez agotada la vía unilateral del procesismo.

Ante la manifiesta improbabilidad de la secesión territorial, la izquierda debería intentar movilizar ese impulso transformador -que no sólo es nacionalista, también tiene raíces en el 15M y en la cultura obrera y libertaria de larga tradición catalana-, para intentar darle la vuelta a este país, misión casi igual de imposible, pero que une a más gente en lugar de dividirla y es más solidaria y menos lesiva con la clase trabajadora. Y si no le damos la vuelta del todo, al menos evitemos que nos lo dejen como está.

Cataluña puede ser el martillo que apuntale el 78. Eso es lo que el régimen está intentando con la inestimable ayuda de la derecha catalana que tiene los mismos muebles que salvar, y de una Esquerra que al final se conformará con haber utilizado el soberanismo para gobernar con la barretina puesta, la estelada en una mano y el Evangelio en la otra. Pero Cataluña también puede ser la hoz para segar las malas hierbas. En efecto, los catalanes pueden ser els segadors.

Si quienes disfrutáis de nuestros contenidos, hacéis una aportación al programa, la que sea, podremos seguir haciendo esta radio y este periodismo.

pie banner horizontal carne cruda

¿Qué tienen los diputados?

30 noviembre, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Desde hace un tiempo, nuestros parlamentarios ponen a disposición de todos nosotros sus declaraciones de bienes. Es una información extensa que nos permite arrojar luz sobre su situación patrimonial cuando entran en el parlamento.

Sin embargo, mas allá de la puntual anécdota de si el diputado A tiene tanto en el banco o la diputada B tiene tanto menos en fondos de inversión, ningún medio de comunicación que conozca se ha molestado en revisar esta información de forma sistemática. Es comprensible: los medios deben responder rápidamente a la actualidad, y poner esos datos en orden es, en muchas ocasiones, una auténtica tortura.

Si además tenemos en cuenta el coste de oportunidad de dicho trabajo, la presencia casi omnímoda de algunos temas en el panorama informativo y, en consecuencia, el impacto limitado que seguramente pueden tener este tipo de trabajos, se entiende que dichas labores apenas se vean. Por eso es una suerte escribir en Piedras de Papel. Aquí, además de tratar de los asuntos de extrema urgencia, nos tomamos el tiempo para abordar otros que ahora no concitan tanta atención, pero sí pueden servir para aportar algo de información y argumentos que pretendan ir más allá de la mera opinión.

He recopilado todas las declaraciones de bienes de Diputados de esta legislatura. Además del sueldo, hay información sobre dividendos y participación en beneficios de sociedades, cantidad de bienes, el saldo de los depósitos y mucha otra información. Incluido el saldo pendiente o si el diputado tiene una embarcación (hay tres que tienen) o una aeronave (ninguno tiene).

Además de esta información –para la que  Miguel Ángel Lara Otaola de la Universidad de Sussex ha sido clave- también hay algún dato de carácter biográfico de los representantes. Ha llevado algún tiempo realizar la base de datos. Esto implica que puede haber algunos pequeños desajustes. Por ejemplo, en esta base, la diputada de Podemos Nagua Alba (por Guipúzcoa) es la más joven cuando hoy su lugar lo ocupa la vallisoletana Raquel Alonso, del PP. La diferencia radica en que la primera se incorpora a su escaño en julio de 2016 mientras que la segunda sustituye a Tomás Burgos el pasado noviembre.

Lo primero que presento es la distribución de los bienes e inmuebles de naturaleza urbana. De los 350 congresistas, 290 declaran propiedades urbanas y 60 no. Un matiz: en esta categoría de bienes e inmuebles urbanos entran viviendas pero también plazas de garaje o trasteros. He agrupado la categoría de tres o más propiedades de los diputados y las presento por partidos en la tabla siguiente. Agrupo en la categoría ‘Resto’ a los diputados de los grupos nacionalistas y los del grupo mixto.

C:\fakepath\Imagen 4 - bienes.jpg
En los tres gráficos, Podemos incluye Unidos Podemos y confluencias.

Los diputados del PP y del PSOE tienen en promedio más propiedades que el resto de los grupos, mientras que los de Unidos Podemos y confluencias son los que menos tienen. El gráfico de caja de abajo resume la información de forma desagregada, además de proporcionarnos información sobre la igualdad o desigualdad entre los diputados respecto al número de propiedades urbanas. La base de la caja representa el 25% de los datos de ese grupo. La parte superior de la caja recoge el tercer cuartil o el 75% de los datos.

La raya en la caja representa la mediana de los datos (el punto en el que se encuentra el 50% de los casos). Las barras (superiores e inferiores), también conocidas como bigotes, recogen una medida de dispersión de los datos. Por último, los puntos fuera de los bigotes, son los valores extremos o atípicos para cada partido. Así, hay tres parlamentarios del PP que se van por mucho de la distribución de los parlamentarios de la bancada popular (con 9, 11 y 18). En cambio, en Unidos Podemos y confluencias, hay tres diputados con más propiedades (dos con cuatro y uno con cinco) que el resto de los diputados del grupo de Pablo Iglesias.

C:\fakepath\Imagen 1 bienes.jpg

Hay 60 diputados que no declaran ninguna propiedad urbana, siendo 32 de estos de Unidos Podemos y confluencias. Una lectura posible es que los diputados de Unidos Podemos y confluencias provienen de un entorno socioeconómico menos privilegiado que los del resto de los congresistas. Puede ser una explicación. La otra que se me ocurre es la edad de los representantes: los de Unidos Podemos y confluencias son significativamente más jóvenes que el resto. El promedio indica que el diputado medio de Unidos Podemos y confluencias tiene 42, por 46 del de Ciudadanos, 51 el del PSOE y 52 el del PP.

Rara vez que alguien compra una propiedad lo hace firmando una hipoteca. lo que conlleva tener deuda. Dicho de otro modo, se puede tener una, dos o más propiedades, pero también tener un saldo negativo (es decir, deber dinero) porque se tiene una hipoteca. Hay 221 diputados que proporcionan su saldo pendiente. El promedio de lo que deben es algo más de 128.000 euros. Por partidos, hay diferencias: el promedio de lo que deben los diputados del PP son 153.000 euros; los de Ciudadanos, 131.000; los del PSOE 114.000 y 78.000 los de Unidos Podemos y confluencias.

Como antes, el gráfico presenta la distribución por partidos y permite ver las diferencias por partidos. Cabe destacar la dispersión de los diputados de Ciudadanos. Y también que mientras los diputados del PSOE tienen, en promedio, el mismo número de propiedades urbanas que los del PP, sus saldos pendientes son sustantivamente inferiores.

C:\fakepath\Imagen 1- bienes.jpg

Obviamente, estos primeros resultados son exploratorios y extraer conclusiones definitivas puede ser precipitado. A algunos les parecerá que nuestros diputados tienen demasiadas propiedades. A otros no. Creo que lo importante es que los ciudadanos podamos acceder a este tipo de datos para conocer con qué y cuánto se entra en política y con qué y cuánto se sale de ella. En segundo lugar, he optado por presentar algunos pocos datos. Otras entradas pueden arrojar luz sobre otros aspectos de nuestros diputados. Por último, esta información es pública y de libre acceso. Está en formato pdf. La he puesto en un formato manejable (Excel) para poder realizar estos breves análisis. Si quiere acceder a ella para realizar sus propios análisis o por mera curiosidad, envíeme un correo y se la mando.

Hay palabras que matan

25 mayo, 2017

Fuente: http://www.ccaa.elpais.com

La expresión austeridad genera sentimiento de culpa, sumisión.

JUAN TORRES LÓPEZ

10 NOV 2013 – 00:40 CET

El amor causa a veces tanta desazón que en lugar de producir gozo decimos que mata. San Juan de la Cruz lo definía por eso como un no se qué que mata con no se qué, y santa Teresa sufría por ello como nadie: “Hirióme una flecha, enherbolada de amor”.

A las palabras les ocurre más o menos lo mismo. Aunque no nos demos cuenta, cuando se utiliza cualquiera de ellas no solo se “dice” algo sino que se realiza una acción que puede modificar lo que hay a nuestro alrededor y, por tanto, nuestra conducta. Eso significa que las palabras tienen capacidad performativa o, según Derrida, “el poder de transformar la realidad”.

Cuando se utiliza la expresión austeridad para referirse a las políticas de recortes no es por casualidad. Con ella se genera un sentimiento de culpa que genera sumisión porque interpreta la pérdida de derechos que conllevan como la consecuencia inevitable de nuestro gasto previo excesivo. Además, la inmensa mayoría de las personas consideramos la austeridad como un valor positivo, así que cuando se utiliza esa palabra asociada a una determinada política económica se está consiguiendo que se de por buena con independencia de lo que lleve consigo, de su contenido real.

La evidencia empírica muestra que si la deuda que se quiere combatir con recortes sociales se ha disparado no ha sido por culpa de haber tenido muchos gastos corrientes (concretamente en educación, sanidad, cuidados o pensiones públicas que son las partidas que se recortan) sino porque se pagan intereses leoninos y totalmente injustificados a los bancos privados, y las encuestas nos indican que casi un 80% de la población no desea que se realicen esos recortes. Pero cuando se asocian a la palabra austeridad se aceptan fácilmente porque se considera que esta es lo natural y deseable frente al despilfarro o derroche que cualquier persona decente condena. La palabra, casi por sí sola, transforma la realidad y condiciona nuestra conducta.

Algo parecido ocurre también con la palabra déficit cuando se refiere a la prestación de los servicios públicos. Si nos dicen que la sanidad o las pensiones públicas o una televisión autonómica o un servicio municipal tienen déficit, inmediatamente pensamos en algo negativo y condenable, en que han gastado más de lo debido y que, por tanto, hay que recortarlos o incluso renunciar a ellos.

Pero la realidad es que las actividades o servicios que se financian en el marco de un presupuesto público no pueden tener déficit o superávit en sí mismos. Pueden tenerlos los Presupuestos Generales del Estado, los de una comunidad autónoma o de un Ayuntamiento, pero no sus diferentes partidas o conceptos.

Lo mismo que no tendría sentido ninguno decir que la jefatura del Estado o la policía es deficitaria, tampoco lo tiene decirlo de la justicia, la sanidad, la educación, las pensiones o de una televisión pública. Salvo que queramos performar la realidad para convencer de que la monarquía o la policía o cualquier otro servicio público es muy caro, que gasta en exceso y que, por tanto, es prescindible o que sus recursos deben disminuir.

Sin que apenas nos demos cuenta, usamos palabras que matan porque nos hacen creer lo que no es para hacernos así más obedientes.

Ningún servicio público tiene déficit sino que, en todo caso, tiene financiación insuficiente. Y la tienen porque una parte privilegiada de la sociedad no quiere contribuir a financiarlos como demuestra que solo aplicando las medidas que proponen los técnicos del Ministerio de Hacienda para combatir el fraude fiscal se recaudaría prácticamente la misma cantidad (38.500 millones de euros) que van a suponer los recortes sociales de este año.

Pero es evidente que no tiene el mismo efecto político utilizar una expresión u otra. Si oímos a cada instante que lo público es deficitario se pedirá que se recorte, si se hablase de su escasa financiación, se reclamarían más recursos, obligando a que los de arriba, y no solo los de abajo, se rasquen también el bolsillo.

@juantorreslopez

Rehenes del paro contra víctimas de la guerra

30 marzo, 2017

Fuente: http://www.ccaa.elpais.com

El alcalde de Cádiz ahonda en su opinión sobre los contratos navales con Arabia Saudí.

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ SANTOS26 FEB 2017 – 23:12 CET

El alcalde de Cádiz, José María González.El alcalde de Cádiz, José María González. PACO PUENTES

Lean con atención. Esta es la historia del penúltimo contra el último. Pero déjenme que me remonte algunos años atrás. Era un 12 de julio de 1977. El buque Esmeralda arribaba a Cádiz para reparar averías. Cuando la nave chilena realizaba la maniobra de atraque, los trabajadores de Astilleros lo abucheaban. Aquel barco había sido utilizado como cámara de torturas flotante del régimen de Pinochet. En aquel momento, los trabajadores se negaron a repararlo. Yo tenía solo dos años pero recuerdo aquella lección de dignidad. La recuerdo porque mi padre era soldador y me la contó orgulloso. Por aquel tiempo, en Cádiz, las horas no las marcaban las agujas del reloj, sino el sonido de la sirena en los cambios de turno en el dique.

Fue entonces cuando a la provincia de Cádiz llegó otro barco. No era una nave cualquiera y llegó sin avisar. Era un barco pirata con un capitán sin palabra que vestía chaqueta de pana. Era el barco del paro. Aquí es donde empieza nuestra historia. El Gobierno de Felipe González fue quizás el principal responsable del desmantelamiento de los astilleros gaditanos a través de unos planes de ajuste denominados eufemísticamente “de reconversión industrial”, que supusieron una reducción de puestos de trabajo del 88% en la industria naval gaditana. El Partido Popular ha continuado en la misma dinámica de desmantelamiento y dejación de funciones en términos de desarrollo de un auténtico Plan Industrial, diversificación de la producción, desarrollo de la industria civil, etc. Más aún, el PP ha cerrado deliberadamente puertas de salida para nuestra industria con la penalización imbécil de las renovables.

Nada sustituyó al empleo industrial. Cádiz es la provincia con más paro de toda Europa. Esa realidad estadística no es neutra. La consecuencia más trágica de eso es algo que me toca reconocer en este punto: no somos un pueblo libre. Somos rehenes. Y a quién es rehén no se le puede pedir más que que responda con lo que le permita permanecer vivo. Somos rehenes de un secuestro que se sustenta en un chantaje permanente: o el paro o la emigración, donde están la mitad de mis vecinos, o el paro o la precariedad, donde está la otra mitad, o el empleo o la salud, y a mis vecinos les duelen los huesos como si fueran viejos aunque tengan 30 años, y ahora para este caso, una terrible y mezquina trinchera moral: o el empleo o los Derechos Humanos. Me han preguntado muchas veces cómo ha cambiado mi perspectiva en este viaje insólito del activismo al gobierno de una ciudad. Para mí el cambio fundamental después de un año y medio es que antes denunciaba los problemas en general, y esa denuncia era certera, y ahora esos problemas tienen nombre, apellidos, hijas y padres. Esos problemas tienen piel quemada y huesos doloridos con los que tengo la obligación de vestirme a diario. Si tengo ánimo para seguir adelante es porque sé que hay una estrategia de rescate para liberarnos de este secuestro pero me rebela la realidad cotidiana de que no tengo la capacidad suficiente para llevarla a cabo y que a quienes sí la tienen o les falta voluntad o les sobra cobardía.

Defendemos el empleo y defendemos los Derechos Humanos, entre otras cosas porque el derecho a una vida digna también es un derecho humano. Nunca debieron ser incompatibles. Quienes los han hecho incompatibles son precisamente aquellos que están detrás de las verdaderas razones que explican la guerra y sus podridos intereses comerciales.

Decía el filósofo Daniel Bensaïd que el sistema capitalista funciona como un ventrílocuo. Mientras agujerea el casco del barco en la oscuridad, coloca el foco de la culpabilidad sobre quienes nadan para no ahogarse. Fabricar barcos militares y estar en contra de la guerra es una contradicción. Pues claro que lo es, maldita sea. Una contradicción impuesta por un sistema injusto, en el que las decisiones sobre qué se produce en una empresa pública y a quién se le vende no están ni mucho menos al alcance de este alcalde ni de ningún ciudadano de a pie. Pero una contradicción al fin y al cabo. La asumo con toda la honestidad moral de la que soy capaz de armarme. Como alcalde de Cádiz, pero también como militante revolucionario y antimilitarista. Asumo esta contradicción, pero para poder superarla. Para otros no es una contradicción. Al Partido Popular de la guerra de Irak, no le duele la conciencia, porque no la tiene. Tampoco al parecer a la gestora del PSOE, supongo que porque se la dejaría atascada en alguna puerta giratoria. A nosotros sí. A mí me duele el metal de la Bahía porque mi casa olía al hierro con el que mi padre se dejaba los pulmones para alimentarme, de la misma manera que me duelen los refugiados que generan sus sucias guerras. Ojalá pudiéramos elegir como eligieron aquellos trabajadores hace cuarenta años frente al buque Esmeralda. Convencido de que las cosas no las cambian minorías intelectuales, por más razón que tengan en sus planteamientos, sino la mayoría social de las clases populares, por más contradicciones con las que tengan que bregar; mi lugar está junto a los trabajadores, nunca frente a ellos, para que en un futuro lo menos lejano posible podamos dejar de depender de estos contratos, tan insultantes para nuestros principios humanos como ahora vitales para la supervivencia de nuestra gente. Quien no tenga esta contradicción o es un inconsciente o forma parte de una élite biempensante sin voluntad o potencialidad real de cambio.

José María González Santos es alcalde de Cádiz

José Antonio, la forja del mito y las claves del culto a la personalidad

23 febrero, 2017

Fuente: http://www.cultura.elpais.com

El escritor Joan Maria Thomàs desmenuza en una exhaustiva biografía del fundador de Falange su amplio conocimiento sobre el personaje y su contexto histórico

ENRIQUE MORADIELLOSMadrid 14 FEB 2017 – 15:12 CET

Siempre presente bajo la misteriosa advocación de “El Ausente”, sacralizado como el principal “mártir de la Cruzada por Dios y por España”, José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia (Madrid, 1903- Alicante, 1936) fue objeto de un culto oficial durante toda la dictadura franquista por su condición de fundador y primer Jefe de Falange Española, el partido fascista fundado en octubre de 1933 con el objetivo de acabar por la fuerza con la odiosa democracia republicana. Un culto sólo superado (con creces) por el ofrecido al victorioso militar que lograría ese propósito al compás de una cruenta guerra civil: el general Francisco Franco, “Caudillo de España”, su imprevisto “sucesor” en la jefatura de un régimen dictatorial de partido único modelado sobre el núcleo falangista bajo el título de Falange Española Tradicionalista y de las JONS.

No faltan biografías sobre la corta pero intensa vida de un joven y apuesto aristócrata (marqués de Estella con grandeza de España), hijo primogénito de dictador (el general Miguel Primo de Rivera), que cultivó casi a la par su profesión de respetado abogado con la actividad política de tintes mesiánicos en las filas antiliberales y los fugaces devaneos poético-literarios. De hecho, durante el franquismo, proliferaron las hagiografías desmesuradas con patrocinio oficial, como la biografía “apasionada” de Felipe Ximénez de Sandoval, publicada en 1941. Afortunadamente, desde la restauración democrática, también contamos con más templados y atinados retratos historiográficos debidos a autores diversos de la talla de Ian Gibson (1980), Julio Gil Pecharromán (1996), Stanley G. Payne (1997), Paul Preston (1998) o Ferran Gallego (2014).

Sin embargo, seguía sin existir un estudio intensivo y actualizado de ese político conocido como “José Antonio”, a secas, por su voluntad consciente de evitar el llamativo apellido para diferenciarse de su padre y a tono con el estilo plebeyo e igualitarista del fascismo-falangismo (tan poco apropiado, por otro lado, para quien era depositario de un título nobiliario). Por eso era especialmente esperada la obra firmada por Joan Maria Thomàs, uno de los grandes especialistas en la historia del fascismo español, que ha venido publicando una serie de obras canónicas sobre la temática que sirven de soporte y basamento a esta biografía: Lo que fue la Falange (1999), La Falange de Franco (2001), El Gran Golpe. El “caso Hedilla” o cómo Franco se quedó con Falange (2014).

Joan Maria Thomàs acomete su labor pertrechado por su exhaustivo conocimiento de todas las fuentes informativas disponibles sobre el personaje y su contexto histórico, sin olvidar los cruciales referentes internacionales (sobre todo italianos, dada la fascinación de José Antonio por Mussolini y su régimen fascista). Y articula su elegante exposición en cinco capítulos bien trabados que, si bien no revelan secretos sorprendentes sobre el personaje, tienen la virtud de sintetizar su vida y su tiempo con notable maestría.

Los tres capítulos iniciales abordan la vida de José Antonio desde sus primeros pasos y hasta su muerte en sendas etapas consecutivas. Una primera que sigue la formación de un vástago de una familia de rancio abolengo militar que se convierte en abogado a la sombra de un padre que será el primer dictador militar del siglo XX español. Una segunda que examina la trayectoria de un joven que desde 1930, tras la deposición y muerte del admirado progenitor, entra en política para reclamar su memoria y también para superar sus logros mediante la adaptación de la “novedad” del fascismo a las circunstancias democráticas españolas durante los primeros años de la Segunda República. Y, finalmente, una tercera fase que revisa los avatares desde 1933 de un líder fascista al frente de un nuevo partido volcado a la conquista del poder por sus propios medios o por los ajenos y que acaba perdiendo la vida en la tormenta de sangre de la guerra civil en una cárcel republicana de Alicante en noviembre de 1936, apenas cumplidos los 33 años.

Los dos últimos capítulos de la obra tienen ya otro carácter más monográfico y conceptual y abordan sucesivamente el “ideario fascista” de José Antonio y el culto necrófilo auspiciado por el franquismo después de su muerte (mantenida en secreto durante casi dos años enteros en plena guerra civil, hasta el 18 de julio de 1938).

En el primer caso, de manera muy consistente, Thomàs desmenuza los componentes de una “doctrina joséantoniana” que bebe de fuentes clásicas tomistas y modernas vitalistas (Ortega, D’Ors) para acabar seducido por la originalidad fascista mussoliniana. De ese modo, a partir de 1933, con la fundación de Falange Española, termina formulando un “fascismo teñido de cristianismo” que trata de competir sin mucho éxito con los movimientos monárquicos autoritarios y católico-corporativos que encuadraban ya a las masas contrarias al liberalismo democrático. En el segundo caso, disecciona las razones, formas y medios de un extraño culto casi herético a quien devino (en feliz expresión de Stanley Payne) “santo patrón secular del régimen franquista”.

En resolución, estamos ante una biografía del “Ausente” sólida, solvente y actualizada, que aporta nueva luz sobre la breve vida de quien quiso ser “rector del rumbo de la gran nave de la Patria” y perdió la vida en el intento, aunque luego subiera a los altares civiles de una dictadura que siempre contó con el apoyo de sus partidarios y seguidores, en un matrimonio de conveniencia de Falange y Franco que no terminaría hasta la muerte de este último el 20 de noviembre de 1975 (paradójicamente el mismo día del fusilamiento de José Antonio en la cárcel de Alicante).

EL CULTO A JOSÉ ANTONIO

Entre las páginas más logradas de la obra de Thomàs se encuentra el análisis del culto estatal a su memoria, mitificada hasta extremos de herejía por su comparación recurrente con la pasión de Cristo: ambos muertos a los 33 años, ambos sacrificados por una causa transcendente, ambos llorados por seguidores que juran seguir sus enseñanzas. El culto empezó con su exhumación en Alicante y el traslado de su cadáver, a hombros de 16 falangistas durante diez jornadas invernales de noviembre de 1939, hasta El Escorial, mausoleo funerario de la realeza española (luego sería nuevamente exhumado y trasladado en 1959 al trascoro de la recién terminada Basílica de El Valle de los Caídos, donde permanece). La procesión funeraria fue seguida masivamente por millares de espectadores que día y noche saludaban el paso de la comitiva brazo en alto y en silencio, acompañados de banderas falangistas, hogueras y antorchas, en un despliegue ritual nunca antes visto para ceremonias civiles (no militares ni religiosas).

El PP, un mar en calma

13 febrero, 2017

Fuente: http://www.elpais.com

¿Qué ha pasado para que este fin de semana tres hombres millonarios gracias al PP se vayan a la cárcel y el partido viva su mejor momento?

MANUEL JABOIS11 FEB 2017 – 21:06 CET

Durante la intervención de Mariano Rajoy en la Caja Mágica, nombre apropiado para una sede pagada con dinero salido de la chistera, se proyectó detrás de él un mar en calma que adormecía plácidamente al espectador: de eso se trata siempre Rajoy, es como un orfidal de derechas. Al espectador podría sorprenderle en un primer momento, como cuando la semana pasada se anunció un fuerte oleaje en Ourense. Pero aquella maniobra era la metáfora de lo que ha trasladado el PP este fin de semana: una ridícula cantidad de agua por la que España navega en paz como un barco fantasma. ¿Qué ha pasado entonces para que en el mismo fin de semana tres hombres millonarios gracias al PP se vayan trece años a la cárcel y el partido viva su mejor momento?

Fuera de las ponencias y las votaciones, más allá del congreso en sí, de lo que se hablaba este sábado en la Caja Mágica era de Vistalegre, lugar de reunión de Podemos. Hubo un momento especialmente dramático cuando un diputado se acercó a la oreja del periodista para decirle, como si fuera la fórmula de la Coca-Cola: “Vistapena”. Nunca el debate sobre los límites del humor alcanzó tal altura (lean el recién publicado Maten al humorista de Darío Adanti; no lo hagan si Vistapena les hace gracia).

Como en las últimas jornadas de Liga, cuando los espectadores veían el partido con el pinganillo, los compromisarios seguían las últimas noticias sobre la asamblea de Podemos para confrontar aquello con lo que se estaba viviendo en el PP. Había entre ellos esa alegría inconsciente de quienes nunca se echarían en cara la manera de vestir. De hecho, a los periodistas les sobraba la acreditación.

En ese azul en calma a la espalda de Rajoy se asoman hilillos de normalidad, la paciencia y la rutina a la que aspira Rajoy y su equipo en el peor momento de la oposición. Una normalidad ajena a una vida política paralela que transcurre en el juzgado y que empieza a cuantificar los años de cárcel de los escándalos del PP. Que en Vistalegre el interés estuviese en Iglesias y Errejón y que en el PSOE se hable de Sánchez, Patxi y Susana es el mejor ejemplo de la fértil teoría política de Mariano Rajoy: si quieres ganar espera a que pierdan los demás.

Y como todo congreso de un partido en el poder degenera en exaltación de figuras y culto a los chicos populares, la Caja Mágica parecía la zona mixta del Bernabéu más que un lugar en el que decidir un rumbo ideológico. Fue una especie de safari del selfie en el que los compromisarios cazaban Marotos y Levys como si fuesen pokémons. Si en 2004, en 2008 y en 2015, después de los recortes y los impuestos, le dicen a Rajoy que nunca estaría más cómodo en el poder, no se lo creería. Traer el mar a Madrid en el éxtasis de su imperio fue como adoptar un tigre.

Partido Republicano Radical Socialista

2 enero, 2017

Fuente: http://historialocalcampodecriptana.blogspot.com.es/

Autor: Francisco Escribano Sánchez-Alarcos

lunes, 2 de diciembre de 2013

Antíoco Alarcos

También denominado Partido Radical Socialista (PRS), en el plano nacional este partido nació en 1929 como una escisión del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. Algunos de sus líderes destacados fueron Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz. Se trataba de un partido defensor de un tipo de Estado laico, de ideología anticlerical y claramente reformista. Su sector más progresista acabaría fusionándose en 1934 con Acción Republicana – partido dirigido por Manuel Azaña – y con la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA) para crear Izquierda Republicana, partido liderado por el propio Azaña que tendría un protagonismo notable en la coalición del Frente Popular, vencedora en las elecciones a Cortes de febrero de 1936.

En Campo de Criptana fueron miembros del PRS, entre otros, Juan Manuel Sánchez-Calcerrada, Antíoco Alarcos, Gumersindo Alberca, Pedro Vicente Gómez, José Serrano Batanero, Joaquín Gisbert, Diómedes Ortiz, Manuel Quirós, Leovigildo Romeral y Hermógenes Martín-Serrano. A principios de 1934 Leovigildo y Hermógenes figuraban como presidente y secretario, respectivamente, del Círculo Republicano Radial Socialista. Buena parte de los integrantes de este partido acabaron integrándose en la citada Izquierda Republicana a partir de 1934.

Juan Manuel Sánchez-Calcerrada
En la etapa final de la monarquía el partido se preparaba para hacerse presente en la vida municipal criptanense. Así, por primera vez se encuentra citado en la documentación del Ayuntamiento el 20 de marzo de 1931, cuando solicitaba celebrar dos días después una conferencia sobre política en el Teatro Cervantes. Ya en el periodo republicano, uno de sus líderes, Antíoco Alarcos, alcanzó la alcaldía el 7 de agosto de 1933 al ser en ese momento la persona que, de quienes todavía formaban parte de la Corporación, más votos había obtenido en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Algunas de las intervenciones de miembros de este partido en las sesiones municipales se exponen a continuación.
  • Sobre los arrendamientos de tierras en diversas ocasiones hizo oír su voz Manuel Quirós. Según él los arrendatarios se veían presionados por los terratenientes, por lo que, a propuesta suya, el Ayuntamiento acordó (agosto de 1931) distribuir por el pueblo hojas impresas sobre los decretos aprobados por el Gobierno republicano español, con el fin de recordar su contenido y alertar a la opinión pública sobre la necesidad de su cumplimiento; Quirós tenía claro que los patronos agrarios tergiversaban el contenido de la legislación para atraerse a los pequeños propietarios.
  • Por otra parte, dudaba Quirós acerca de la fidelidad al régimen republicano por parte de la organización patronal, que, según él, conspiraba contra el mismo en sus reuniones, por lo que llegó a proponer que a éstas asistiera un delegado municipal, sugerencia a la que se adhirió abiertamente el socialista Gregorio Ortiz y que motivó el compromiso de la alcaldía en el sentido de obligar a los patronos a cumplir las leyes vigentes.
  • Las condiciones de trabajo de la clase obrera también estaban presentes en este sector del espectro político. Así, en noviembre de 1931 Diómedes Ortiz pedía que un delegado de la organización proletaria El Trabajo fuera al corte del palillo, pues se abusaba de los obreros pesando el producto de forma inexacta, al tiempo que los dueños de la tierra rebajaban el precio del producto. Por su parte, Hilario Velasco mostraba en 1934 su preocupación por los parados; señalaba que en el sector de la construcción, incumpliendo la normativa, había cuadrillas de algunos maestros albañiles que trabajaban un número excesivo de horas al día en tanto que había obreros parados y, por lo tanto, sin acceso a ningún tipo de ingreso.
  • El paro era un problema, en efecto, que estaba en el punto de mira del PRS. En este sentido, por citar sólo unos ejemplos, en 1932 Diómedes Ortiz proponía que el trabajo de extracción de palillo se prolongara, y el propio alcalde, Antíoco Alarcos, lo mismo se dirigía por escrito al Gobierno de España en solicitud de dinero para la realización de obras públicas, que manifestaba la necesidad de que la administración estatal abreviara los trámites que dificultaban o hacían ineficaz la aplicación de la ley de laboreo forzoso de las tierras para proporcionar jornales a los campesinos en paro.
  • La conflictividad en el campo y el procedimiento para atajarla es otro asunto en el que el PRS como Izquierda Republicana disentían de otros partidos, como es el caso de sus discrepancias con los miembros del Partido Republicano Radical cuando en 1934 se planteó la posibilidad de que guardias civiles a caballo asumieran funciones de guardería rural, de lo que es reflejo esta cita literal de una intervención de Hilario Velasco : “… se trata de traer Guardia Civil, no sólo para que guarde, sino para que ejerza una autoridad suprema sobre los ciudadanos necesitados; que ante la actitud de los patronos de no dar trabajo, no es partidario de traer guardias para apalear a los desgraciados”.
Emblema del Partido Republicano Radical Socialista

 

Ley, Justicia y Democracia

6 noviembre, 2016

Fuente: http://www.elpais.com

La virtud de la justicia, que exige también la práctica de la prudencia, recomienda tener cuidado con experimentos tan peligrosos como aquellos que llaman al incumplimiento de la ley

En una reciente entrevista radiofónica en la cadena Onda Cero, Antonio Baños, líder de la CUP, explicó su posición secesionista con una razón suprema recurrente en los últimos tiempos en el debate político catalán: “Nosotros lo que queremos es trascender una legalidad para crear otra legalidad. (…) Como nación soberana, lo trascendemos creando la legalidad catalana”. Una afirmación que plantea la reconsideración de varios supuestos implícitos de orden histórico-jurídico (y cívico) que están en el núcleo de esa justificación de ruptura legal “democrática”.

En el proceso civilizatorio que registra la historia hay un elemento crucial que, desde tiempos clásicos greco-romanos, suele llamarse “el principio de legalidad”. Está en la base de la constitución del derecho como patrón normativo de conductas aceptadas o rechazadas que sirve de referente a una comunidad política de individuos heterogéneos. Esto es: grupos colectivos que no son familia (y que por tanto no se rigen por vínculos de sangre y parentesco “naturales” de afecto, respeto y consideración) y que sí son vecinos (oriundos de familias diversas que conviven en el mismo tiempo y sobre un mismo espacio de acuerdo a algún tipo de reglas instituidas y ya no instintivas).

Desde las primeras civilizaciones mesopotámicas hasta la cristalización del derecho romano, ese principio de legalidad deriva de algo tan simple como transcendente: el derecho, como código más o menos sistémico de normas acordadas, funda el Estado como institución terrenal y temporal de convivencia supra-familiar. Porque sin Estado, no hay Derecho. Y así tenemos el llamado “código de Hammurabi” (siglo XVIII antes de Cristo) que recoge los “decretos” del rey babilónico inspirados en un ideal de justicia labrado en torno al binomio de “estabilidad y equidad”. Los griegos, que también consideraron que el ideal de justicia exigía equidad y norma conocida, llamaron a ese objetivo eutaxia (equilibrio ordenado).

Los romanos dieron el salto lógico y establecieron la fórmula jurídica del principio de legalidad de la mano de Cicerón (siglo I a. C.): Salus Publica in legibus sita est. A saber: la “salud” (bienestar y equilibrio) del Estado (o sociedad política) radica en las leyes. El corolario de esa máxima era evidente y acuciante: la paz pública (concordia interna y seguridad externa bajo la ley) sólo era posible eliminando la guerra y la violencia: Silent leges inter arma (las leyes callan cuando hablan las armas). Por eso, el propio Cicerón, que vivió y fue asesinado durante las guerras civiles que destrozaron la República romana, dejó escrito como legado: “cualquier género de paz me parece preferible a la guerra civil”.

La aparición de la idea de lex como norma jurídica fundacional de la vida estatal es, por tanto, un proceso histórico largo e íntimamente ligado al paso del estadio de barbarie al de civilización. Y su configuración no es posible hasta que surge el Estado después de la revolución neolítica y gracias a la vida urbana de estructura socio-ocupacional compleja y con dominio de la escritura como tecnología comunicativa superior. De hecho, lex es un vocablo latino de origen indoeuropeo que deriva del verbo lego (con el sentido de “juntar y reunir”). El mismo vocablo que da origen a legere (“juntar signos y leer”). Y como lex hay que entender los acuerdos registrados por escrito (para conocimiento de todos y perduración temporal, frente a la costumbre familiar o mores) entre individuos racionales que tienen inteligencia (inter-legere) porque pueden entenderse y acordar normas colectivas con fuerza vinculante. Y no importa que el fundamento último de esa norma se entienda como otorgada por los dioses, enseñada por los profetas o instituida por los hombres sabios. Compone un parámetro social de conductas admisibles o inadmisibles que evitan el vacío del caos (y su compañera: la fuerza bruta violenta) y es condición para la vida civilizada en cuanto que estatal, urbana, letrada y racional.

Sin embargo, a pesar del “poder sagrado de las leyes” (Rousseau), el devenir histórico muestra un proceso más o menos violento de cuestionamiento, destrucción y cambio de leyes a lo largo de los siglos y las culturas. Hasta llegar al triunfo del llamado “Estado de Derecho” en la época contemporánea de la mano de la alternativa liberal-democrática, que encumbra el principio de legalidad hasta hacerlo supremo y axiomático: la democracia es ante todo therule of law (el imperio de la ley). Una fórmula que, básicamente, implica que por encima de la ley no está ni el rey soberano del Antiguo Régimen. Y cuya observancia protege al ciudadano del despotismo de la voluntad de un César omnímodo tanto como de la tiranía de las masas incontroladas e impunes. Un César o una masa capaces de imponerse de manera ilegal e ilegítima por razones que Juvenal había caricaturizado en un verso magistral: “porque quiero, porque lo mando y porque mi voluntad es la única razón”. Desde luego, ese triunfo del paradigma democrático sólo fue posible (y en una parte todavía hoy pequeña del mundo) una vez superado el doble desafío de los totalitarismos del siglo XX.

La propia doctrina romana articuló la fórmula para “justificar” (legalizar) la alteración de la norma en casos extremos de máximo peligro

En todo caso, al margen del modelo democrático, el mencionado proceso histórico de cuestionamiento, destrucción y cambio de leyes normalmente ha utilizado dos vías básicas de actuación para sus fines.

La primera vía de alteración del principio de legalidad vigente ha recurrido a la invocación de un verdadero “estado de necesidad” que habría obligado a modificarlo en virtud de otro superior y anterior: el principio de realidad. La propia doctrina romana (otra vez Cicerón) articuló la fórmula para “justificar” (legalizar) la alteración de la norma en casos extremos de máximo peligro: Salus Publica Suprema Lex. Y así se constituyó la institución de la dictadura comisaria como expediente para afrontar situaciones de grave riesgo que la ley no contemplaba inicialmente. Y así surgieron en los códigos constitucionales democráticos las previsiones de estados de alarma, sitio, excepción o guerra para prever esas situaciones y darles cobertura legal (como es el caso del artículo 155 en la constitución española de 1978).

El grave problema de esa invocación a un precepto legal anterior y superior para vulnerar la ley vigente fue el que contemplaron los criollos que dirigieron el proceso de emancipación de la América española a partir de 1808: roto el dique de legalidad colonial, todos los aspirantes a ejercer el derecho de actuar por principio de necesidad competían por imponerse a otros equivalentes en igualdad de condiciones de legitimidad. Y así se sucedieron las luchas que desangraron y fracturaron los límites de los antiguos virreinatos en nuevas naciones sucesorias soberanas en un contexto donde callaba la ley porque hablaban las armas y el derecho se fundaba en la fuerza bruta.

La segunda vía de alteración suele recurrir a la impugnación del principio de legalidad apelando a una instancia igualmente jurídica pero superior y anterior, en la línea de las declaraciones de Antonio Baños. En su lógica, la legalidad vigente sería mera plasmación contingente de una fuente más profunda y “legítima”: el Ius, la virtud que encarna la Iustitia. Estaríamos así en la dialéctica de la Lex frente al Ius, siendo éste el vocablo derivado de una raíz indoeuropea que tenía el sentido de “juntar y atar”: Iugum (yugo) y “yuxta-puesto” (poner juntos unidos). Así, el Ius encarnaría la norma de justicia natural “legítima” (ontológica) que obliga por necesidad primaria mientras que la ley (positiva) sería sólo una norma acordada convencionalmente y mudable sin coste. Y nadie debe dudar que lo primero tiene primacía respecto de la segunda y puede y debe ser invocado para “justificar” (convertir en iusto) la anulación, eclipse o cambio de ésta.

Siguiendo este razonamiento, el valor supremo de la ley queda anulado por su colisión con el valor supremo de la justicia, como recordaba otra máxima latina ya de época moderna: Fiat Iustitia pereat Mundus (Hágase la justicia, aunque su resultado sea el fin de una realidad mundana). El gran problema de este argumento no reside sólo en que la relación entre lex y ius (y legalidad y legitimidad) sea mucho más estrecha de lo que parece porque ambos términos denotan siempre normas históricas, contingentes y acordadas por seres humanos y que difícilmente pueden tener fuentes de “derecho natural” que permitan concebir la justicia al margen de su codificación legal.

El grave problema es que esa fundamentación de la justicia fuera de la ley exige una fuente que sólo puede ser de naturaleza divina (metahumana) o divinizada en la práctica (la nación, la raza, la clase). Y entramos así en la absoluta arbitrariedad porque, roto el dique de la legalidad, cada conciencia individual podría elevar a la condición de fuente de justicia su propio parecer personal intransferible. Y, por tanto, esa nueva legalidad “justa” sólo cabe imponerla por el recurso a la fuerza coactiva contra los “desviados” que impugnan la santidad de la nueva ley. Es lo que acertadamente el periodista Carlos Alsina planteó a Antonio Baños en su entrevista: “¿Una vez que exista esa legalidad catalana, el ciudadano que entienda que es injusta puede desobedecerla también?”.

En el caso de los Estados de Derecho liberal-democráticos, ese gravísimo problema siempre se ha afrontado con la máxima del respeto estricto a la legalidad, tanto en su vertiente material como procesal. Primero, porque el Estado de Derecho es aquel que permite la reforma y reemplazo de la ley por cauces previsoramente estipulados y racionalmente acordados (y, en el caso de la Constitución de 1978 sin que haya límite alguno a su revisión formal o material porque carece de “cláusulas de intangibilidad”, al contrario que muchas otras europeas). Y, segundo, porque roto el principio de legalidad, no se abren las puertas del Paraíso, sino que se puede caer en el más oscuro de los Infiernos, como la experiencia histórica, lejana y reciente, ha demostrado.

Por tanto, la virtud de la justicia, que exige también la práctica de la prudencia, recomienda tener cuidado con experimentos tan peligrosos como aquellos que llaman al incumplimiento de la ley (democrática) por razones superiores a la propia ley (democrática). No sólo porque es un principio cívico democrático asumir siempre el imperio de la ley positiva. Sino porque el sueño de la razón justiciera produce monstruos reales y no sólo Edenes imaginados.

 Enrique Moradiellos es catedrático de Historia

Populismo

15 junio, 2016

Fuente: http://www.infolibre.es

El Gran Wyoming . Publicada 16/03/2016 a las 06:00. Actualizada 16/03/2016 a las 09:34  

Este fin de semana he asistido a un coloquio en un congreso sobre periodismo digital que se organiza en Huesca y que celebró su XVII edición. Yo no soy periodista, pero asistía como invitado en la sesión de clausura para hablar del programa que hacemos, El Intermedio, y de paso, celebrar un encuentro con Ignacio Escolar. Allí charlamos un poco de todo porque, ya se sabe, una cosa lleva a la otra.

Este congreso es obra de un visionario que se llama Fernando García Mongay, porque hace diecisiete años esto del periodismo digital debía de ser una cosa marginal. Ahora es el periodismo con mayúsculas en número de lectores, pero también en margen de libertad. En infoLibre, así como en otros diarios parecidos, se pueden leer opiniones que no aparecen en otros medios consolidados y de gran prestigio. Sus razones tendrán y, desde luego, sus márgenes y orientaciones, lo llaman línea editorial. Los márgenes son comunes a una opinión oficial que sitúa a la inmensa mayoría de los medios de comunicación en un frente común de combate contra el populismo.

El populismo, como el terrorismo, es una condición que demoniza al grupo que recibe tal estigma por parte de la Unión de los Demócratas, una especie de joint venture política que desposee de la calidad de “cuerdo demócrata centrado a favor del Sistema” al que no comulga con sus proclamas. Cuando se cuelga el sambenito de populista a un rival, dejan de tener sentido sus propuestas, sus programas, sus ideas al fin, por carecer de marchamo democrático, de legitimidad, y el apestado pasa a pertenecer al limbo de los que utilizan a las masas para enriquecerse. Nada que ver con las propuestas de la Unión de los Demócratas, que nacen, exclusivamente, para dar gloria y mejor vida al ciudadano.

Hemos de reconocer que el fracaso de estos señores que se atribuyen la cordura en exclusiva ha sido estrepitoso. Paso a paso, ley tras ley, hurto tras hurto, han conseguido llevarnos a un mundo mucho peor que el que conocíamos, y a pesar del desastre en el que ha concluido su gestión, entran en una especie de histeria colectiva ante la idea de que surja una alternativa con otras propuestas que no sean las que establece el marco de lo políticamente pactado que es, por antonomasia, lo políticamente correcto.

Aquel pacto tácito de Tú no revisas lo mío y yo no revisaré lo tuyo, también llamado No judicializar, ni siquiera ante la evidencia del delito, nos ha llevado al punto en que nos encontramos, donde las deyecciones rebasan la capacidad de la alcantarilla para manar por los sumideros que pueblan nuestras calles y plazas. Cuando la corrupción brota como un chorro de petróleo al aire y ya se hace inevitable la denuncia, se habla de éxito del Estado de Derecho.

Sorprende que sean acusaciones populares, así como UPyD y ese grupo de extrema derecha llamado Manos Limpias, los que hayan llevado ante los tribunales gran parte de estos casos de corrupción que llenan las páginas de los periódicos, delatando una absoluta dejación de funciones de los representantes políticos de los partidos históricos que deberían velar porque esta situación de latrocinio tan extendida no se hubiera producido.

Asistimos a un fracaso sin paliativos del Sistema. Han fallado todos los filtros, tanto del Banco de España como auditorías, Tribunal de Cuentas, control de los concursos públicos, y en este momento me pregunto si han fallado o es que estaban desactivados al servicio de vaya usted a saber quién, como cuando se dejaron abierta la puerta noreste del muro de Constantinopla que permitió la toma de la ciudad por los turcos. ¿Eran incompetentes todos los órganos de control? ¿Nos encontramos ante una generación de funcionarios inútiles?

Yo creo que no. No deja de ser curioso que cuando un Ayuntamiento como el de Madrid se pone a mirar en los cajones, aparezcan todo tipo de fechorías, tratos de favor, adjudicaciones a dedo, concursos amañados y demás prácticas corruptas. Son esos mismos funcionarios inútiles los que descubren esas fechorías en cuanto se les da la orden de que husmeen.

Del mismo modo, resulta curioso que la basura sea denunciada desde las instituciones solamente allá donde ha habido un cambio de Gobierno en una determinada dirección. Daría la impresión de que sólo se delinquía en aquellas corporaciones que han tenido la mala suerte de cambiar de signo político. ¡Qué casualidad!

Hay un caso que representa a la perfección lo que quiere señalar el autor. Pilar Valiente, inspectora de Hacienda y amiga de Aznar, fue expedientada siendo directora de la Oficina Nacional de Inspección por utilizar la Agencia de forma ilícita, con fines políticos, usando datos de forma fraudulenta. Acusó al PSOE de haber llevado a cabo una inexistente amnistía fiscal para sus amiguetes, desatando una enorme tormenta política con su coro mediático. No había nada. Ellos hicieron, como sabemos, eso mismo más tarde. Lo que se llama preparar el terreno. Tuvo que largarse con las orejas gachas. En vista de sus aptitudes, más tarde la ascendieron, la pusieron al frente de la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A Montoro le gustaba su estilo, el día de su nombramiento resaltó su “excelente profesionalidad y su alta cualificación”. Estando doña Pilar al frente de la Comisión saltó a la luz el escándalo de Gescartera, estafa en la que intervino de forma directa, permitiendo su legalización sin cumplir los requisitos y purgando a inspectores que hacían su trabajo, que no era otro que evitar el timo que habían detectado desde aquel chiringuito financiero. Tuvo que dimitir cuando en la agenda de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, hermana de un secretario de Estado también implicado, encontraron anotaciones en las que podía leerse cómo su amiga Pilar Valiente, la que debía controlarla, la tenía al día de las investigaciones. Ayudaba en el fraude a los que tenía que inspeccionar. Se robó a espuertas. Como suele suceder, encontraron a nombre de la presidenta de la CNMV un patrimonio muy difícil de justificar con sus ingresos. No pasa nada: había comprado todo a precio de ganga porque era muy lista. A otra cosa.

A pesar de todo esto, Montoro la vuelve a ascender en la nueva etapa. Así son, no se cortan. La pone de número dos de la ONIF, la oficina antifraude, y lleva, entre otros, los casos Gürtel y el de Urdangarin. ¿Se entiende por qué fallan los controles?

Ahora crean el falso debate de Rajoy como impedimento para una España saneada: eso, creo yo, es populismo y toreo del personal. Rajoy se va, la pirámide se queda. Esta es la España que el señor Rivera quiere recuperar porque dice que tiene muchos votos, para que forme Gobierno junto a Sánchez. La mayoría de los casos de gran corrupción que conocemos han salido a la luz por la denuncia de personas que se encontraban en el ojo del huracán corruptor y se han arrepentido, o bien se han negado a colaborar y se han ido de la lengua. Pocos casos han sido el resultado de investigaciones de los órganos encargados de ello. La vida de los denunciantes, así como de los que declaran en contra de los presuntos corruptos en sede judicial, se ve truncada. Unos pierden los trabajos y otros son expulsados del partido correspondiente de manera fulminante, y en muchos casos perseguidos y amenazados en lugar de condecorados por ponerse del lado de la Justicia y la honradez.

El populismo, es decir, el nacimiento de fuerzas alternativas que ampliaran el espectro de elección de los ciudadanos, era necesario. Esto que cuento se sabía, se publicó y no ocurrió nada, nunca pasa nada. El Congreso funciona como una marcha de boyscouts silbando mientras pasean por las praderas.

La irrupción del populismo ha puesto al descubierto foros para salvar a España en los que cohabitan grandes prohombres del centro izquierda con miembros de la extrema derecha, a los que gusta llamarse de centro, que hacen imposible, porque así se lo ordenan sus jefes, los que les emplean en los consejos de administración, la regeneración de este país.

A algunos se les ha caído la venda de los ojos al ver el descaro de ese contubernio de personajes que echan pestes en público, en los medios de comunicación y tertulias políticas, de aquellos supuestos rivales con los que luego se reúnen, quedan a comer, pasan el rato y consiguen desde la sombra la perpetuación de este estado de corrupción. Lo llaman lobbismo, les llaman lobbistas. Aunque parezca de risa, es legal cobrar un pastón por influir en las decisiones de los que nos representan. La RAE, siempre alerta ante la inclusión en nuestro idioma de anglicismos, debería entrar a saco y decir que no, que tenemos una palabra para esto del lobbismo: soborno. Y para los lobbistas, exdiputados, diputados, exministros y expresidentes: corruptores.

Josep Fontana lo define como privatización del Estado.

Las grandes decisiones se toman en corporaciones comerciales y se ratifican en el Congreso. En esas estamos.

¿Cómo es posible que las principales empresas corruptoras que se han lucrado con dinero público desde la ilegalidad sigan siendo las más beneficiadas con las adjudicaciones?

Asistimos a la era de la corrupción del lenguaje. Llaman populismo al clamor popular. De paso cuelan a los nazis en el populismo. El fascismo viene al galope cabalgando desde distintos puntos de Europa, pero la Unión de los Demócratas tiene un problema más importante que resolver y es frenar el crecimiento de un movimiento popular, de un populismo que se empeña en “no renunciar a la demagogia”, en plantear utopías irrealizables, incompatibles con los deseos de los amos. Esos amos que afirman que Ada Colau “en una sociedad seria y sana debería estar limpiando suelos”. Así son, y con ellos se quiere pactar. Lo contrario es populismo y falta de sentido de Estado.

Bueno, este fin de semana he estado en el congreso de periodismo digital de Huesca y se me ha olvidado decir que, como la piedra que cae al vacío, avanzamos con una aceleración constante hacia el Pensamiento Único de la mano de los defensores de la “libertad de expresión” y de los “presos de conciencia”. Esos defensores de la libertad son los mismos que aplauden el encarcelamiento de los titiriteros y niegan la existencia de presos políticos aquí, ante la impasividad de los ciudadanos que se dejan arrebatar el derecho a la información en esta sociedad de concentración de medios.

Esto no son opiniones, son obras maestras de la literatura y el pensamiento que deben convertirse en dogmas de fe para guiar el camino de los incautos por la senda antisistema que conduce hacia el populismo redentor, sectario y nacido del odio.

Cuando Tierno Galván dijo: “en la política se está en contacto con la mugre y hay que lavarse para no oler mal”, todavía no habíamos llegado a esto.

Se ha librado de ver en lo que hemos caído.