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La amenaza a la democracia: la vuelta al fascismo

28 septiembre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, y en catalán en la columna “Pensament Crític” en el diario PÚBLIC, 20 de septiembre de 2017.

Este artículo documenta la derechización que las instituciones políticas y mediáticas españolas han experimentado durante el gobierno Rajoy, señalando que las prácticas autoritarias de la dictadura se están reproduciendo, centradas ahora en la enorme represión masiva que está teniendo lugar en Catalunya estos días.

Dos hechos que han ocurrido en las últimas semanas muestran el grado de derechización que se ha alcanzado en las instituciones políticas y mediáticas españolas en estos años de gobierno Rajoy. Uno de estos hechos, que ha pasado casi desapercibido, es el otorgamiento por la Editorial Espasa del premio que lleva su nombre a Stanley G. Payne por su libro En defensa de España: desmontando mitos y leyendas negras, que es una defensa del régimen dictatorial que existió en España desde 1939 hasta 1978, considerando al general Franco, que lo lideró, como (y lo cito textualmente) “el mayor modernizador de su país y el líder que alcanzó mayor éxito de todos los aspirantes a las dictaduras de desarrollo del siglo XX”. El libro es una defensa del golpe militar de 1936 y del régimen dictatorial español existente en este país.

Su autor, Stanley G. Payne, es profesor emérito de la Universidad de Wisconsin-Madison, en EEUU, donde dirige la Cátedra Vicens Vives, y pertenece a la categoría de hispanistas anglosajones próximos a las derechas españolas. Gran defensor de la manera cómo se hizo la transición en España de la dictadura a la democracia, considerándola como modélica, es contrario a la re-evaluación de tal proceso que están haciendo las nuevas izquierdas, como Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, a las que considera como nefastas, como define también a las fuerzas republicanas de los años treinta, cuyas acciones, según él, hicieron necesario el golpe militar de los “nacionales” (el entrecomillado es mío). En realidad, Stanley G. Payne ha alertado a la sociedad española de una posible alianza del PSOE con Unidos Podemos, que reproduciría el Frente Popular que él abomina. La última ocasión en la que repitió este comentario fue nada menos que en el Centro de Estudios de la Defensa Nacional del Ministerio de Defensa del Estado español.

Dicho personaje ha recibido múltiples galardones del establishment español, habiendo sido elegido miembro de la Real Academia de Historia y de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, receptor de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, y nombrado doctor Honoris Causa por la Universidad Rey Juan Carlos. Es un académico del establishment conservador, cuyas opiniones y discursos resuenan y son aplaudidos por las derechas españolas, que en el panorama europeo son equivalentes a las ultraderechas. No me imagino que un libro semejante que hablara positivamente (tal como Payne hace de Franco) de Hitler, de Mussolini o incluso del mariscal Pétain recibiera tal reconocimiento en Alemania, en Italia o en Francia respectivamente, países que sufrieron dictaduras fascistas o nazis semejantes a la que sufrió España.

Pero en España no solo es posible, sino que es frecuente. En este aspecto, es importante también conocer qué es la Editorial Planeta, creada por el Sr. José Manuel Lara Hernández, que luchó en la llamada Guerra Civil en el lado golpista como capitán de la Legión, a la que se pasó tras conocer al famoso (por su crueldad) general Yagüe. Participó activamente en la represión política franquista cuando los militares ocuparon Barcelona, y fue, más tarde, jefe del sindicato fascista vertical de Artes Gráficas. En 1949 fundó la Editorial Planeta, convirtiéndose, como resultado de su entramado con el Estado, en una de las casas editoriales más importantes de España. Fue más tarde nombrado Marqués del Pedroso de Lara. Su hijo, José Manuel Lara Bosch, heredero de una de las editoriales más grandes (con unos ingresos anuales de 1.600 millones de euros) de España (y del mundo), expandió sus negocios a los medios de información, llegando a presidir la corporación Atresmedia (a la que pertenecen, entre otras, Antena 3, La Sexta, Onda Cero, Europa FM y Melodía FM). El Grupo Planeta es también el mayor accionista del diario de ultraderecha La Razón. Su gran poder mediático explica la docilidad hacia tal figura por parte del establishment político, lo cual explica sus muchos honores recibidos de autoridades públicas, incluyendo la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura del Estado español, la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid de la Sra. Esperanza Aguirre, el título de hijo adoptivo de Sevilla, y la Cruz de Sant Jordi, máxima condecoración de la Generalitat de Catalunya, y un largo etcétera. Sus relaciones fueron siempre cordiales con los principales partidos políticos gobernantes, primordialmente con las derechas del PP y Convergència, pero también con el PSOE.

Pero la burguesía representada por el Sr. Lara ha estado muy inquieta con el surgimiento de la nueva izquierda, que parece más difícil de domar. De ahí el galardón a Payne, en un intento de reforzar “la cultura franquista” todavía hegemónica en las estructuras de poder en este país. Tal burguesía parece estar alarmada, pues en la promoción de la elección del libro de Payne, el jurado del Premio Espasa subraya que tal libro provoca y desmonta los mitos y leyendas negras existentes en España sobre la Guerra Civil y sobre Franco, como si dicha visión favorable a la dictadura fuera minoritaria (casi prohibida) en España, habiendo sido reemplazada por una visión republicana, “roja” y “separatista”, que supuestamente, y según Payne, domina el mundo intelectual del país. En realidad su visión de España y de su historia, lejos de ser prohibida, es la hegemónica en gran parte de los aparatos del Estado y del establishment político y mediático del país. La transición no significó una ruptura con el Estado franquista, sino una adaptación y una apertura de este para legitimarse como Estado democrático, pero conservando y reproduciendo grandes elementos de la cultura franquista que continúan siendo hegemónicos en el país. La España uninacional, centrada en un Estado radial, es la dominante en los aparatos del Estado, y lo que está ocurriendo en España estos días es un ejemplo de ello, lo cual me lleva al segundo hecho ocurrido esta semana.

Pero antes quisiera subrayar que la evidencia existente muestra claramente que Franco tuvo poco de modernizador. Una persona profundamente conservadora y reaccionaria, cruel en extremo (según el profesor Malefakis, de la Universidad de Columbia en Nueva York, experto en el fascismo europeo, por cada asesinato que cometió el régimen de Mussolini, el régimen de Franco cometió 10.000), responsable del enorme retraso político, cultural y económico del país, es lo opuesto a modernizador. Solo dos datos muestran la falacia de ese argumento. Cuando ocurrió el golpe militar, España e Italia tenían el mismo PIB per cápita. Cuando la dictadura terminó, el PIB per cápita en España era solo el 64% del PIB de Italia. Y el 68% de la población adulta tenía menos de seis años de educación.

La represión que está ocurriendo en Catalunya

El Estado central, cuyo Jefe de Estado nunca ha hecho una declaración en contra de tal general (ni la hará), ni en contra de la dictadura (que tampoco hará), y cuyo partido gobernante, fundado por un ministro de Franco, nunca ha denunciado explícitamente aquel régimen, está hoy reprimiendo por la fuerza, con una enorme agresividad y falta de sensibilidad democrática (característica del franquismo), reuniones, discursos, material escrito, revistas y muchos otros actos, lo cual sería impensable en cualquier país democrático. Aquí y ahora, en Catalunya, bajo este régimen considerado democrático, ha reaparecido una represión política que (para aquellos que vivimos aquel horror y luchamos contra él) recuerda la dictadura intentando crear miedo entre la población con campañas masivas de intimidación, y saltándose leyes del mismo Estado, como bien ha denunciado el fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, el Sr. José Antonio Martín Pallín. El hecho de que los partidos independentistas que gobiernan la Generalitat se hayan saltado las leyes, violando el propio Estatut de Catalunya (como he denunciado en otros artículos), no justifica que el Estado central también lo esté haciendo.

Tal represión es para defender una visión de España, repito, uninacional, jerárquica, escasamente democrática, con un escaso compromiso con los derechos políticos, sociales y culturales de los ciudadanos del país, oprimiéndose a aquellos que tienen una visión distinta de España, definiéndolos como anti-España, tal como aquella dictadura hizo, dirigida por los llamados “nacionales”. Ello exige, de todas las fuerzas democráticas, una movilización para denunciar la represión franquista y también para resolver las causas que están creando una enorme tensión entre los distintos pueblos y naciones de España, lo que dificulta, entre otros temas, la resolución del enorme problema social en el que vive el país, en el que la mayoría de los jóvenes que desean trabajar no pueden encontrarlo, y donde casi el 40% de las familias monoparentales apenas llegan a fin de mes. Este es el mayor problema que tiene el país, y que está siendo ignorado, cuando no ocultado, por aquellos que han sido responsables, a los dos lados del Ebro, de la enorme crisis social, escondiéndose ahora detrás de las banderas, como frecuentemente ha ocurrido en la historia de este país.

Los herederos del franquismo están ocupando Catalunya

Dicha represión es la máxima expresión del predominio de la cultura y prácticas franquistas que ha mostrado el gobierno Rajoy hacia las sucesivas demandas expresadas democráticamente por el gobierno catalán, pidiendo que se reconozca la personalidad e identidad de Catalunya dentro del Estado español, siendo el último caso el Estatut del año 2006 impulsado por el gobierno Maragall (una alianza de un partido socialista, un partido comunista, un partido verde y un partido independentista de izquierdas). Aquel Estatut no pidió la escisión, sino el reconocimiento de la identidad de Catalunya después de haber sido aprobado por el Parlament catalán, por las Cortes Españolas y por el pueblo catalán en un referéndum, el cual fue vetado (en algunos de sus elementos esenciales) por el Tribunal Constitucional, que ha sido en gran parte un instrumento conservador, hegemonizado por el PP.

Y es de ahí de donde se genera una movilización de miles de personas en Catalunya que se consideraban españolas, y que han dejado de sentirse como tales, haciéndose favorables a las tesis secesionistas. Es a partir de entonces que grandes multitudes de catalanes salen cada año el día de la Diada a la calle. La enorme rigidez del gobierno Rajoy ha sido el mayor factor para que el independentismo se haya doblado; y a no ser que haya cambios, pasará a ser mayoritario en Catalunya. Esta es la raíz del problema, que no puede resolverse a través de la represión, a la que debemos oponernos y debe ser denunciada, pues la victoria a través de la represión es lo peor que puede ocurrir, tanto en Catalunya como en España. Ni que decir tiene que parte del problema es que los partidos independentistas en Catalunya están intentando instrumentalizar este enfado popular actuando de una manera claramente denunciable (como he escrito en muchos artículos, tales como “Cómo el tema nacional y el tema social se relacionan en Catalunya”, Público, 15.09.17 y “La desunión de las izquierdas: un mayor obstáculo para resolver la gran crisis social en Catalunya”. Público, 06.09.17). Pero la mayor causa de las tensiones es el gobierno Rajoy.

Esto no puede continuar así: los partidos y movimientos democráticos deben movilizarse

Esta situación es intolerable, pues condena al país a estar batallando sobre temas nacionales, olvidando el mayor tema social, lo que se traduce en el aumento del deterioro de la calidad de vida y el bienestar. De ahí que algo debe hacerse, y rápido, y lo primero es terminar la represión que destruye los derechos de la ciudadanía en Catalunya y que provoca lo opuesto a lo deseado.

Hoy el conflicto, no solo en Catalunya, sino en toda España, no es sobre si habrá o no independencia, sino sobre si se violan las reglas de la democracia o no, primordialmente por parte del gobierno español (lo cual forma parte de su ADN político), gobierno que ha llegado a utilizar el Ministerio de Justicia, en alianza con periodistas basura, para dañar y eliminar a sus adversarios políticos. Este es el debate que adquiere especial relevancia hoy. Si el gobierno Rajoy consigue sus fines inmediatos, multiplicará todavía más la inestabilidad en España, recuperando, a su vez, el centralismo, que dificultará la resolución del problema nacional. De ahí la urgencia de que, además de parar la represión, se fuerce un diálogo y un debate entre todas las fuerzas democráticas para ver cómo rebajar tales tensiones. Y como parte de este objetivo, se debería permitir un referéndum pactado (que como varios constitucionalistas han afirmado es posible incluso en la presente Constitución) para posibilitar la libre expresión de la opinión de los catalanes sobre su conexión con el resto de España con garantías, garantías que no han sido respetadas por el gobierno Rajoy (ni tampoco por el gobierno Puigdemont). Entre estas garantías debería incluirse la elección entre varias alternativas, no limitándose a independencia SÍ o NO, pues dicha dicotomía en Catalunya está sesgada a favor del SÍ, pues el NO es claramente inaceptable para la gran mayoría de catalanes ya que significa continuar en la situación actual. Es el reto de las fuerzas democráticas no independentistas desarrollar alternativas (como lo fue en su día el Estatut propuesto por el gobierno Maragall) que compitan con la secesión como manera de resolver tales problemas que no fueron resueltos en la primera transición por imposición del Monarca y del Ejército. Ello requiere una reflexión sobre la necesidad de un proceso constituyente para redefinir España y el Estado español, haciéndolo más democrático, más justo, equitativo y plurinacional. Es imperativo que el problema nacional no continúe ocultando el enorme problema social tan agudo que persiste en el país, pues el problema nacional y social están causados por el enorme dominio que los herederos de la dictadura continúan teniendo sobre el Estado español. De ahí que aplauda la iniciativa de las nuevas izquierdas de convocar una Asamblea de autoridades parlamentarias y municipales, pertenecientes a partidos y movimientos sociales democráticos, para dialogar y proponer salidas a la situación actual.

Y en este proceso, hay que considerar que es urgente que el Partido Popular (causa de las mayores tensiones) deje de gobernar el país. Hoy, numéricamente, es posible sustituirlo, creando a nivel del Estado una alianza entre los partidos de izquierdas y los partidos nacionalistas. Y a nivel de Catalunya los números también muestran que podría establecerse un gobierno de izquierdas que sustituyera al gobierno actual dirigido por Convergència, que ha dominado la Generalitat durante la mayor parte del periodo democrático, y que con el PP ha sido corresponsable de la gran crisis social existente en Catalunya y en España. Esto podría ocurrir ya, pero los movimientos sociales deberían movilizarse y presionar para que ello ocurriera. Me temo que uno de los mayores obstáculos vendrá no solo del aparato central del Estado, sino también del PSOE, pues no ha aceptado todavía el plurinacionalismo que sus antecesores, durante la resistencia antifascista, habían apoyado. Su temor a que desaparezca el bipartidismo en España y la existencia de la resistencia del aparato que perdió en las elecciones a Secretario General (pero continúa siendo potente en su seno) está dificultando esta posibilidad. Espero que una movilización de sus bases pueda una vez más forzar los cambios que permitan hacer la segunda transición, resolviendo los grandes problemas que quedaron sin solventar en la primera. Así lo espero por el bien de Catalunya y de España.

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El bombero que se enfrenta a una suspensión por no custodiar armas para Arabia Saudí: “No podía participar en eso”

15 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Un bombero se enfrenta a una suspensión de empleo por negarse a custodiar una carga de bombas por una cuestión de objeción de conciencia.

Eduardo Azumendi

06/04/2017 – 18:59h

Un hombre muere en el incendio de una vivienda en Bilbao
Bomberos de Bilbao, en una imagen de archivo EFE

13 de febrero de 2017. Josu, cabo de bomberos del Servicio de Extinción de Incendios de la Diputación de Bizkaia, se acerca junto con otros dos compañeros al Puerto de Bilbao para custodiar y supervisar un cargamento de material peligroso. El protocolo exige que al menos un equipo formado por tres bomberos (uno de ellos un cabo) supervise este tipo de procedimientos. Hasta ahí todo normal. Lo que viene a continuación es lo que se sale de lo habitual. El cabo (con nombre ficticio Josu a partir de ahora) pregunta por el tipo de material peligroso que transportan los contenedores que se van a cargar. La respuesta: bombas con destino a Arabia Saudí. Inmediatamente le asaltaron las imágenes de lo que está ocurriendo en las inmediaciones de este país, con bombardeos y ataques a países en su radio de influencia, como Siria o Yemen. “Cuando escuche que había bombas en el contenedor y me las imaginé dentro de él, se me encogió el corazón. Me vinieron a la cabeza los continuos bombardeos a escuelas y hospitales”, explica Josu a eldiarionorte.es.

Entonces, llamó a sus superiores, comentó que por una cuestión de objeción de conciencia no podía realizar el trabajo de supervisión y pidió ser relevado. Alrededor de diez minutos después llegó otro cabo. “No podía participar en ese trabajo. Ya sé que es legal y no está prohibido, pero mi conciencia me lo impedía”.

Ahora, Josu se enfrenta a una suspensión de empleo y sueldo. “Pasaron los días y yo creía que todo estaba olvidado, pero me han abierto un expediente del que aún no tengo conocimiento oficial. Según la Ley de Función Público me podrían sancionar con entre dos y cuatro años de suspensión de empleo y sueldo porque en el expediente han calificado la falta de muy grave”.

¿Lo volvería a hacer si se diese de nuevo la circunstancia? “En ningún momento pensé que podía tener una repercusión como la que ha tenido. El caso es que tengo familia, con dos hijos pequeños. Mi situación económica no me permite quedarme sin sueldo. Si se trata de una cuestión de conciencia y me pilla sin familia desde luego volvería a actuar igual, pero tengo dos hijos y…..”

La sección sindical de CNT en la Diputación Foral de Bizkaia ha denunciado la apertura de expediente al bombero ya que, “ha hecho lo que corresponde tanto ética como profesionalmente”. Por su parte, EH Bildu y Podemos en la Diputación han exigido que no le sancionen, que la objeción de conciencia no es punible. El asunto, así como el envío propiamente dicho de las armas, se debatirá en Bizkaia, pero llegará al Congreso y al Senado.

Según CNT, “la Diputación Foral de Bizkaia, como parte integrante del Consejo de Administración del Puerto de Bilbao, debe velar por el cumplimiento de la resolución del Parlamento Europeo, 2016/2515(RSP)”, resolución que trata la situación humanitaria en Yemen. “Esta resolución insta a la UE al embargo de armas a Arabia Saudí”.

La desvergüenza y complicidad del Estado español con la ocultación de los crímenes del fascismo

30 julio, 2016

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 31 de mayo de 2016.

Este artículo denuncia el silencio del Estado español sobre los crímenes del fascismo, alentando a los municipios a enjuiciar a aquellos que han sido responsables de tales crímenes en sus jurisdicciones, como ha hecho el Ayuntamiento de Tarragona.

La desatención, cuando no ocultación, de los crímenes realizados por el régimen dictatorial fascista que gobernó España durante casi cuarenta años (1939-1978) constituye un escándalo internacional desconocido, y también ocultado, por los grandes medios de información, que se han hecho cómplices de esta desvergüenza e ignominia. Aquel régimen asesinó a más de 400.000 personas civiles. Y todavía hoy hay más de 2.000 fosas comunes sin exhumar, y más de 88.000 personas asesinadas desaparecidas, sin que el Estado se haya responsabilizado de exhumar y encontrar a tales desaparecidos, convirtiendo a España en el país del mundo, después de Camboya, donde hay un mayor porcentaje de personas desaparecidas por motivos políticos y cuyos cuerpos no se han encontrado. No hay ningún otro país en el mundo donde no haya habido un enjuiciamiento contra responsables de tanta represión al terminar la dictadura.

Esta situación ha sido denunciada sistemáticamente por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha exigido que se derogue la Ley de Amnistía del año 1977 y que se lleve a los tribunales a los responsables de tantos asesinatos y crímenes contra la humanidad, crímenes cuya dimensión es tal que varios historiadores extranjeros lo han definido como genocidio. Y para oprobio y vergüenza nacional, los responsables de tanto dolor, el dictador General Franco y el fundador del partido fascista, el Sr. José Antonio Primo de Rivera, tienen, todavía hoy, uno de los mayores mausoleos al fascismo que existe hoy en Europa, el Valle de los Caídos, construido por prisioneros políticos antifascistas, donde hay enterrados 33.847 cadáveres de personas, que incluyeron aquellas que lucharon frente a tal régimen sangriento, y cuyos cuerpos fueron desplazados a dicho mausoleo construido para honrar al dictador, sin el permiso de sus familiares.

Y todos los aparatos del Estado, desde la Monarquía hasta las ramas ejecutivas y legislativas, así como la judicial, son cómplices de este ocultamiento e insensibilidad hacia los derechos humanos de tantas y tantas víctimas españolas. En realidad, el aparato judicial inhabilitó al único juez, el Sr. Baltasar Garzón, que intentó abrir un sumario para investigar y depurar tantos crímenes en contra de la humanidad. La hipocresía, pomposidad, arrogancia y cinismo de tales aparatos del Estado, en su proclama de defensores de los derechos humanos y protectores de las víctimas, carece de credibilidad. Y la comunidad internacional es consciente de ello.

La querella argentina

Tal olvido y complicidad es uno de los muchos indicadores de lo inmodélica que fue la Transición de la dictadura a la democracia en España, transición que se hizo bajo el tutelaje y supervisión de las fuerzas conservadoras que controlaban el Estado fascista, tutelaje y supervisión que dejaron su imprimátur en el producto de aquella transición, es decir, una democracia enormemente limitada y de bajísima calidad. El Partido Popular, heredero de aquellas fuerzas (fundado por ministros de la dictadura), ha sido el máximo agente (junto con el Ejército y la Iglesia –ambos herederos del Ejército y de la Iglesia que existieron durante aquel régimen-, y el mundo empresarial) en esta ocultación y protección de los responsables de aquel régimen. Un caso claro de ello son las enormes dificultades que ha puesto para que se enjuicie a aquellos responsables.

El día 14 de abril del año 2010 –el mismo día que se proclamó la II República Española hacía 79 años- se presentó en Buenos Aires lo que ha pasado a conocerse como la querella argentina por parte del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, de Darío Rivas e Inés García Holgado –dos personas con familiares asesinados por el régimen fascista-, y más de veinte organizaciones en defensa de los derechos humanos. Familiares de otros desaparecidos se han sumado a la querella y más tarde también lo ha hecho el partido político catalán ERC, que ha exigido el enjuiciamiento a los responsables del asesinato del President de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Lluís Companys.

La jueza argentina, María Servini de Cubría, lleva el caso y, como parte del proceso, se ha desplazado a España para interrogar a las personas a las que se acusa de tales crímenes, lo cual no ha podido realizar debido a la oposición de la judicatura española y del gobierno Rajoy. Como consecuencia de la investigación realizada bajo la dirección de tal juez, 19 personas han sido imputadas por la justicia argentina. Tales personajes incluyen varios exministros de aquel régimen, tales como Rodolfo Martín Villa, Antonio Carro, Licinio de la Fuente (ya fallecido), Antonio Barrera de Irimo (también fallecido), Alfonso Osorio, José Utrera Molina y Fernando Suárez. Todos ellos están protegidos por el Estado español, pero no fuera de España. En realidad, todos ellos pueden ser detenidos en el extranjero a petición de la justicia argentina, tal como le ocurrió al General Pinochet en el Reino Unido.

Las fuerzas democráticas deben gratitud a la jueza argentina, que está haciendo lo que la mal llamada “justicia” española debería haber hecho. Y otros partidos, además de ERC, deberían añadirse a esta querella, y muy en especial aquellos partidos como el PSOE y el PCE, que tuvieron gran número de miembros asesinados por aquel régimen fascista. Es más, se ha constituido una coordinadora española para apoyar tal querella (CEAQUA).

Pero también debería haber una movilización a lo largo del territorio español, exigiendo que se haga justicia con las víctimas del terrorismo fascista, pasando resoluciones a nivel municipal y autonómico para exigir el enjuiciamiento de los responsables de las víctimas de tal terrorismo existentes en cada municipio y comunidad autónoma. Es de aplaudir, en este sentido, la aprobación por parte del plenario del Ayuntamiento de Tarragona, en el pasado mes de marzo, de que establecerá una querella inicial para aclarar el asesinato de 62 personas con residencia en la ciudad -algunas asesinadas en la cárcel de Pilats (ver el excelente artículo “La querella argentina” en El Triangle del 25.05.16)-. La recuperación de la memoria histórica no es ni más ni menos que la corrección de la versión sesgada de la historia de España que, en su versión oficial, ha querido olvidar esta historia a fin de ocultar a los victimizadores de las víctimas silenciadas. Así de claro.

La enorme discriminación contra la tercera edad (y contra la mujer)

15 enero, 2016

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 29 de diciembre de 2015.

Este artículo toca un tema que, a pesar de su enorme importancia, tiene escasísima visibilidad mediática en España: la enorme discriminación en contra de los ancianos.

A lo largo de mi larga vida en varios países he podido ver muchas formas de discriminación, ya sea de clase social, de género, de raza o de nacionalidad. Pero un tipo de discriminación de la que tengo que confesar no era muy consciente, y que he ido aprendiendo a medida que he ido avanzando en edad, es la discriminación en contra de las personas de mayor edad, discriminación que va acentuándose a medida que las personas van adquiriendo más años. Tal discriminación es especialmente acentuada en las culturas latinas (también muy conocidas por su discriminación en contra de las mujeres, consecuencia del machismo que caracteriza a estas sociedades) y como también ocurre en esta última forma de discriminación aparenta no existir, ocultándose tras una presunta caballerosidad (supuestamente muy atenta con el género femenino en el caso de la discriminación a la mujer). Lo mismo ocurre con los ancianos, a los que, por lo general, se refieren, supuestamente para expresar también gran gentileza y estima, como “abuelos”, término que aparenta ser respetuoso, pero que aplicado indistintamente consigue lo contrario. Siempre recordaré a mi padre, persona que sufrió muchísimo, que fue represaliado por el fascismo, y que siempre sostuvo un orgullo de haber hecho –luchar por la República- lo que tenía que haber hecho, mostrando, a la vez, frente a la represión, un gran sentido de la dignidad. Y cuando a los más de noventa años la gente se refería a él como “abuelo”, él contestaba con cierta irritación: “mire usted, yo no soy su abuelo y francamente tampoco desearía serlo. Le ruego que me llame Vicente”, y terminaba la conversación. Y yo lo entendía perfectamente. Hoy me encanta que mi nieto me llame abuelo, pero no me gusta que nadie más se refiera a mí como tal, por personas que ni siquiera me conocen.

Y así lo muestran las encuestas. La mayoría de ancianos no desea que se refieran a ellos como abuelos. Y sin embargo, es el término más utilizado. No se dice “Residencia de la tercera edad”, o “Residencia de ancianos”, sino “Residencia de abuelos”. Y así un largo etcétera. En realidad, detrás de la supuesta amabilidad, hay una visión ofensiva hacia las personas receptoras de tal nombre (percibidas como de capacidades físicas e intelectuales reducidas como consecuencia de su edad). Quedó así reflejado en la descripción que hizo la derecha de la caverna española del excelente grupo de activistas de edad avanzada, dirigiéndose a ellos como “yayoflautas” (abuelos con flauta). Ni que decir tiene que la mayoría de personas que utilizan esta expresión no son conscientes de que es un término discriminatorio, que estereotipa a las personas mayores.

La atención a los ancianos

Una dimensión que refleja tal discriminación es la falta de atención a las personas de edad avanzada que requieren cuidados paliativos, y que alcanza su máxima expresión en las personas con enfermedades terminales, es decir, que están experimentando una enfermedad que reducirá en un periodo de tiempo relativamente corto su esperanza de vida. Este tipo de atención –que requiere cualquier persona que tiene una enfermedad terminal, sea de la edad que sea, pero que lógicamente afecta más a las personas ancianas–está muy poco desarrollada en España. El final de su vida es para millones de españoles uno de los periodos más difíciles, con peor calidad de vida y con menos confort y bienestar. Y es también un periodo enormemente pesado para las familias. Y en España, cuando decimos familias queremos decir mujeres. La mujer española tiene tres veces más enfermedades debidas al estrés que el hombre. Cuida de los niños y jóvenes, que viven en casa hasta la edad promedio de 32 años (sí, repito, 32 años), de su pareja, de los ancianos y el 52% está también integrada en el mercado de trabajo. Y casi la totalidad de los cuidados a enfermos terminales lo hacen las mujeres familiares del anciano.

Se requiere una enorme inversión en estos tipos de servicios. El argumento de que viviremos en un futuro sin que haya puestos de trabajo como resultado de la sustitución de trabajadores por robots, es una banalidad más de las muchas que se escriben y centran la atención mediática. Esta frivolidad también se ha presentado como causa del elevado desempleo en España, pues este se atribuye a la introducción de nuevas tecnologías o a la exportación de los puestos de trabajo, ignorando que hay una enorme cantidad de necesidades humanas desatendidas que requieren puestos de trabajo, puestos que no pueden ser sustituidos por robots y externalizados. Si España tuviera el porcentaje de personas adultas que trabajan en los servicios públicos del Estado del Bienestar (sanidad, educación, servicios sociales, servicios domiciliarios a personas con dependencia, escuelas de infancia, servicios de prevención de la pobreza y vivienda social, entre otros) que tiene Suecia (alrededor de una de cada cuatro, en lugar de una de cada diez, como es ahora en España) crearíamos unos 3,5 millones más de puestos de trabajo. ¿Por qué no se crean?

Se dirá que no hay dinero público, lo cual no es cierto, pues si España tuviera las políticas fiscales de Suecia y el porcentaje de personas adultas trabajando y pagando impuestos de ese país, ingresaría suficientes fondos para proveer tal empleo. Nunca se crean a aquellos economistas (próximos a la banca o al Banco de España) que, con gran pomposidad, constantemente denuncian en las amplias cajas de resonancia que se ponen a su disposición que no hay dinero en Catalunya y en España o que “nada es gratis”. Les aseguro que sí que lo hay (y además, mucho). Lo que ocurre es que el Estado no lo recoge. Ahí está el problema.

“Me gustan las judías, las palomitas y el fútbol”. Libertad de expresión

22 diciembre, 2014

Fuente: http://www.peritic.blogspot.com.es

Fernando García Abad, 10 de junio de 2014.

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” (Artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos).

Tras leer esto, resulta chocante ver como este derecho fundamental que todo ser humano tiene solo por el hecho de nacer, es violado y vulnerado cada día en centenares de países por medio de la censura, la opresión o la influencia del poder político. Sin embargo, no estoy aquí para decir lo que pasa en un país lejano o en un recóndito lugar de nuestro planeta. Estoy aquí con el único propósito de informar, hacer reflexionar y ejercer mi derecho a expresar libremente y sin impedimentos mi opinión y mi visión subjetiva de la realidad que estamos viviendo actualmente en este país.

Dicho esto, comenzaré hablando de la prensa. El objetivo elemental de la prensa, que era obligar al lector a reflexionar sobre el entorno en el que vivía proporcionándole datos objetivos y contrastados con los que conocer el mundo, casi ha desaparecido por completo. Nunca en esta democracia se ha visto un maltrato semejante al periodismo por parte del poder como en los últimos años. El caso más cercano del que disponemos es el de la censura de la portada de la revista “El Jueves” del pasado día 4 de junio. La revista semanal se vio obligada por la editorial RBA a cambiar su portada en la cual aparecía un chiste sobre la reciente abdicación del rey. Esto ha provocado que el “discurso unitario” sobre la monarquía se quede apenas sin alternativas en los quioscos y que resulte prácticamente imposible encontrar algún medio crítico que no se limite únicamente a elogiar la figura “campechana” del monarca.

Parecen volver los viejos fantasmas de los regímenes autoritarios que merodeaban y aún merodean sobre las redacciones de los grandes periódicos y medios audiovisuales. La única diferencia es que en este caso el fantasma no viste camisa negra ni azul mahón, sino que viene disfrazado de democracia. Pero el hecho es el mismo: el poder y los que aspiran al poder no desean la existencia de una prensa libre y buscan cada vez más el control de los medios destinados a la información de todos los ciudadanos. Aquellos que tienen el poder ejercen ruedas de prensa sin preguntas, debates políticos (véase el debate electoral de TVE) donde sólo comparecen los líderes de los dos principales partidos y donde son los políticos y no los periodistas los que determinan el formato…

Es evidente y preocupante, salvo algunas excepciones muy arriesgadas, la sumisión y docilidad con la que el periodismo se pone de rodillas frente a la presión del poder.

En la mayoría de los casos, el periodismo no trata de hacer reflexionar al lector sobre una realidad, sino que evita temas tabú que “no pueden o no deben tocar” (los privilegios de la Iglesia, la banca, el dominio de las grandes empresas, la reciente historia de nuestro país…), e intenta imponer al público una supuesta verdad. Parece que el único objetivo del periodismo español (a excepción de algunos medios libres e independientes con bajo nivel de audiencia y difusión) es el adoctrinamiento del ciudadano y no ayudarle a pensar con libertad.

España sufre de una grave enfermedad y esto se ve reflejado en cómo la sociedad rechaza y desprecia a todos aquellos que no comparten la misma opinión, calificándolos de “radicales”, “antisistema” o simplemente describiéndolos con el calificativo de “perroflautas”. La sociedad en la que vivimos excluye y margina a todas esas personas que, pese a la presión e influencia de los medios, han logrado la increíble hazaña de pensar por sí mismos y no aceptar la sumisión hacia las “verdades” del sistema impuestas por los principales medios de comunicación.

Parece que últimamente sólo se puede expresar una única y unánime opinión sobre lo que acontece y lo que nos concierne. Algunos ejemplos son el típico “Yo no opino sobre política” o el tan usado y ahora puesto de moda “El rey nos libró del golpe de Estado”. Parece que si nos salimos de esas directrices, estemos violando la integridad de la sociedad y amenazando al resto de personas que no piensan de la misma manera. Si realmente es verdad eso que nos cuentan desde que entramos al colegio de que el sistema de gobierno de este país se fundamenta en la democracia, no se debería restringir ningún tipo de pensamiento por muy radical, extremista o incómodo que resulte, o , ¿Acaso se debería prohibir la venta y la lectura de Mein Kampf ,o la obra de Karl Marx o Mijail Bakunin? Si algo hace buena a la democracia es la existencia de una gran diversidad de opiniones, ya que cada uno debe poder expresar su opinión, sus elogios o su disconformidad hacia el sistema; lo cual desemboca en una sociedad estable, más comprensiva y por supuesto, más justa.

Creo que toda opinión es respetable y no debe censurarse por muy incómoda que resulte o porque “nos ha costado mucho trabajo conseguir esto”. Las barreras a la libertad de expresión están más cerca de lo que creemos, no hay más que echar un vistazo a nuestro alrededor y a nuestro entorno más próximo para ver cómo se critican opiniones, se censuran artículos, fotografías y se prohíben comentarios. Esta es la cruda realidad, una realidad impuesta por el poder, cuyo único objetivo es el de adoctrinar y hacer ciudadanos indiferentes, incapaces de pensar por sí mismos y de ir más allá de lo que se les intenta inculcar; incapaces de elaborar ningún pensamiento crítico que no se limite a decir: “me gustan las judías, las palomitas y el fútbol”.

Los errores y falacias del llamado Comité de Expertos sobre las pensiones públicas

9 julio, 2013

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL y en la columna “Pensamiento crítico” en el diario PÚBLICO, 17 de junio de 2013

Este artículo muestra detalladamente los errores, falacias y silencios que aparecen en el informe del mal llamado Comité de Expertos que está imbuido de una ideología neoliberal extrema que adquiere niveles panfletarios y que intenta ocultar bajo una narrativa estadística y matemática, con el deseo de aparentar una neutralidad técnica y científica de la que carece. 

La postura central del Informe del Comité de Expertos sobre las Pensiones (a partir de ahora ICE) es que el crecimiento de la esperanza de vida y del porcentaje de la población anciana en España hace insostenible el sistema de pensiones públicas, a no ser que se hagan una serie de cambios que, en la práctica, significarían una notable reducción de las pensiones públicas, tanto de los futuros pensionistas como de los actuales. Tras una narrativa que intenta transmitir un mensaje de objetividad y neutralidad tecnocrática, las propuestas que realiza el Comité significarían la reducción más drástica de las pensiones públicas que haya ocurrido en la mayoría de países de la Unión Europea de los Quince (UE-15). Veamos los datos.

El ICE comienza señalando que el mayor problema que tiene el sistema de pensiones públicas es el envejecimiento de la población. Enuncia, con gran alarma, que en el año 1900 (inicio del siglo pasado, el siglo XX), “la esperanza de vida de los españoles con 65 años era de unos 10 años; hoy esperan vivir veinte años más (y hacia el 2050 se prevé que vivirán 25 años más)”. El ICE señala que este crecimiento de la esperanza de vida es un problema enorme para la sostenibilidad de las pensiones.

El otro “gran problema” que cree identificar el ICE es el crecimiento del porcentaje de población anciana. El ICE señala que, mientras el porcentaje de la población anciana (es decir, por encima de los 65 años) ha “crecido en las últimas décadas hasta el 17% de toda la población, y está previsto que alcance el 37% en 2052. En esta última fecha, por tanto, se espera que uno de cada tres individuos tenga más de 65 años. En cifras absolutas, el número de pensiones que prevé la Seguridad Social pasaría -dentro de cuarenta años a partir de ahora- de los 9 millones actuales a los 15 millones en 2052”. El ICE concluye que no habrá suficientes trabajadores cotizantes para sostener a tanto pensionista y todavía menos para sostenerlos durante tantos años de vida y goce de las pensiones. De ahí la necesidad de reducir las pensiones ya ahora, en este momento, sin esperar más. Hay que hacerlo inmediatamente, tomando medidas que el ICE reconoce que serán impopulares, pero que hay que hacer aprovechando que ahora, en este momento de enorme crisis económica, la gente está receptiva para hacerlas. En un borrador anterior, el Comité de Expertos escribía explícitamente que hay que aprovechar este momento de crisis para poder hacer estos cambios, de la gran importancia de los cuales son conscientes. Esta observación desapareció de su informe final.

Los errores del determinismo demográfico. 

Uno de los ejemplos más claros de la inoperancia y falta de credibilidad de las tesis de la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones es el fracaso de sus predicciones. Juan Torres y yo tenemos todo un capítulo en nuestro reciente libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión (Editorial Espasa. 2013) mostrando la falta de credibilidad de las proyecciones de los catastrofistas. Una por una, estas proyecciones y previsiones (incluyendo las que han hecho varios miembros del citado Comité de Expertos) han resultado falsas.

Veamos ahora la predicción de que a mitad de siglo XXI el porcentaje de la población anciana habrá pasado del 17% actual al 37% (en 2052) de toda la población. Estas cifras han sido ampliamente utilizadas y citadas (ver mi crítica al Profesor Josep Oliver sobre la utilización de estos datos en “Los recortes de las pensiones no son inevitables” (Público 13.06.13). El ICE, para llegar a estas cifras, hace toda una serie de supuestos altamente cuestionables (que no se explicitan en el informe), siendo el mayor de ellos el que asume que la población española pasará de ser 46 millones a 41 millones en los próximos cuarenta años, con lo cual el porcentaje de los ancianos sobre el total de la población aumentará espectacularmente. Para que esto ocurra se tiene que asumir que, durante ese periodo, la población de España, en lugar de crecer, como ha ocurrido durante los últimos cuarenta años, decrecerá. Esta observación profundamente pesimista se basa en toda una serie de supuestos, también altamente cuestionables, escogiendo siempre los peores escenarios posibles, tales como que la natalidad continuará bajando y bajando; que la inmigración se reducirá y no compensará la bajada de la natalidad; y que la economía crecerá muy poco.

La natalidad, sin embargo, es una variable en la que se puede influir a través de políticas públicas que sean favorables a aumentarla, políticas, todas ellas, poco desarrolladas en España, el país europeo con menor desarrollo de las políticas profamiliares. Varios países en la UE-15 han mostrado que la reducción de la natalidad puede revertirse si hay voluntad política para desarrollar políticas que la favorezcan. Algo semejante ocurre en cuanto a la inmigración. La diferencia entre el nivel de vida de España y sus vecinos del sur probablemente continuará e incluso aumentará, y con ella la inmigración. Y es más que improbable que el aumento de la productividad no repercuta en un aumento del crecimiento económico (tema del cual hablaré más tarde en el artículo). No es, pues, probable que el escenario de crecimiento negativo tanto económico como poblacional sea el más acertado.

El problema de las pensiones no es demográfico sino económico.

En realidad, lo que importa en cuanto a la sostenibilidad de las pensiones no es el factor demográfico, sino el económico. El tema que debería discutirse no es si habrá demasiados ancianos o no, sino si habrá suficiente riqueza en el país para sostener a los ancianos y a todos los demás. Y ahí está el punto clave que el ICE ni siquiera considera y por el que paga un coste: está profundamente equivocado y ello es fácil de demostrar. Analicemos, primero, su alarmismo acerca de que la esperanza de vida de las personas de 65 años se haya doblado desde 1900, lo cual considera muy preocupante para la sostenibilidad de las pensiones. Esta alarma es la que abre el informe cuando indica que en 1900, la esperanza de vida de las personas de 65 años era 10 años y ahora es 20 años. El que se haya doblado en más de un siglo le parece al ICE un enorme problema.

Pero el ICE no nos explica por qué es un problema. Le parece obvio que es un problema. Pues bien, ignora que no hay ningún problema. El Comité de Expertos parece desconocer que, desde 1900 hasta ahora, el PIB (es decir, la riqueza del país) ha crecido 24 veces (si, 24 veces). Es cierto que la esperanza de vida de las personas de 65 años se ha doblado en más de un siglo. Pero, ¿cuál es el problema si la riqueza del país ha crecido 24 veces durante el mismo periodo, es decir que el país es 24 veces más rico ahora que en 1900? Repito ¿Dónde está el problema? ¿No cree el Comité de Expertos que una sociedad veinticuatro veces más rica que en 1900 tiene recursos más que suficientes para pagar las pensiones a aquellos trabajadores que han creado esa riqueza? Una sociedad veinticuatro veces más rica tiene veinticuatro veces más recursos para los pensionistas y veinticuatro veces más recursos para los no pensionistas. Repito una vez más ¿dónde está el problema?

Hoy la sociedad española tiene recursos más que suficientes  para poder pagar las pensiones de los ancianos. Y los tendrá también para pagarlas en la segunda mitad del siglo XXI. Unos cálculos sencillísimos del impacto del aumento de la productividad en la riqueza del país así lo muestran. Si la productividad aumentara un 1,5% por año (cifra muy conservadora, pues el crecimiento anual promedio en el periodo 1971-2011 ha sido de 2,4%), el PIB de España sería 2,25 veces más grande en la segunda mitad del siglo XXI (hacia 2060) de lo que lo fue al principio de la crisis en 2007. Es decir, si el PIB fuera 100 puntos en 2007, este aumentaría a 225 en 2060. Pues bien, España se gastó 8 puntos del PIB (el 8%) en pensionistas y 92 en no pensionistas en 2007. Los alarmistas indican que para sostener a los pensionistas habrá que gastarse en España en 2060 el 15%, lo cual indican que es inasumible, sin clarificar por qué es inasumible. En realidad, sería muy asumible. Un 15% del PIB en el 2060 (es decir, de 225) serían 33 puntos (15% de 225) para pensionistas, cantidad mayor que los 8 de 2007, y 192 para los no pensionistas (225-33=192), lo cual es superior a los 92 del 2007. ¿De nuevo, dónde está pues el problema? (nota a los principiantes en econometría: estoy hablando de valor de moneda constante, con la misma capacidad adquisitiva en 2007 y en 2060).

La referencia al número de cotizantes por pensionista, indicando que el número de trabajadores por pensionista está bajando, olvida (diría yo deliberadamente) que la variable determinante de la sostenibilidad de los sistemas de reparto es la productividad (que no aparece por ninguna parte en el ICE) y su impacto en la creación de riqueza. Hace cuarenta años, España tenía el 18% de la población trabajadora en el campo, produciendo alimentos para todos los españoles. Hoy es solo el 2%. Este dos por ciento produce más alimento que el 18% de hace 40 años. Imagínese el ridículo de un “Comité de Expertos” que hubiera alarmado a la población española, cuarenta años atrás, escribiendo que el hecho de que el número de trabajadores en el campo estuviese disminuyendo en España, determinaría que la población española se moriría de hambre por falta de trabajadores en el campo. Pues, no solo no morimos de hambre, sino que este 2% produce mucho más alimento que el 18% de hace cuarenta años. En realidad, el estado está subsidiando a los agricultores para que no produzcan tanto. Pues bien, saquen “alimento” y pongan “pensiones” y verán lo ridículas que son las tesis catastrofitas del ICE y de los deterministas demográficos.

El factor demográfico no es el problema. ¿Cuál es? De lo que no se habla en nuestro país: la distribución de las rentas.

El punto clave para analizar la viabilidad de las pensiones no es la transición demográfica, sino la distribución de las rentas, tema que tampoco aparece por ninguna parte en el ICE. Centrándose en el “desequilibrio” etario, se olvidan, ignoran u ocultan el “desequilibrio de rentas” que es la raíz del problema. Veamos los datos.

La Seguridad Social se financia a partir de fondos derivados del trabajo. Y en los últimos treinta años, a partir de las políticas públicas de corte liberal (lo que se llama neoliberal) iniciadas por el Presidente Reagan y por la Sra. Thatcher, hemos visto a los dos lados del Atlántico Norte que las intervenciones públicas han beneficiado sistemáticamente a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo. Las rentas derivadas del trabajo han ido descendiendo más y más, y las del capital han ido aumentando más y más. En España esto ha sido muy marcado en los últimos años.

Esta redistribución de las rentas a favor del capital ha creado enormes problemas. Varias son las consecuencias. Una de ellas es el enorme problema de falta de demanda, una de las causas del escaso crecimiento en España. Y la otra es la escasa rentabilidad de la economía productiva –que se basa en la demanda- e hipertrofia de las actividades especulativas de mayor rentabilidad (y riesgo). De ahí la enorme inestabilidad financiera y falta de crédito que contribuyen al escaso crecimiento.

La otra consecuencia de esta redistribución de las rentas a favor de las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo ha sido precisamente la bajada de ingresos a la Seguridad Social pues, al disminuir las rentas del trabajo, también disminuyen los ingresos a la Seguridad Social. Ahí está el problema que el ICE ignora. Las políticas neoliberales que se han estado aplicando en la Unión Europea (y en la Eurozona a partir del establecimiento del euro), con el énfasis puesto en la reducción de los salarios y del gasto público, junto con el desarrollo de políticas fiscales favorables a las rentas del capital, han sido los mayores  ataques (y no hay otra manera de decirlo) que se han hecho a la Seguridad Social. Estas políticas de reducción salarial y de gasto público son resultado, en parte, de la enorme influencia del capital financiero (bancos y compañías de seguros) en la gobernanza de la eurozona y de los estados. Y ahora es el mismo capital financiero el que está culpabilizando al envejecimiento de la población de la crisis de la Seguridad Social. Y el Comité de Expertos, cuya composición condiciona sus conclusiones (9 de los 12 miembros son personas  próximas a la banca y a las compañías de seguros), también enfatiza esta tesis, promoviendo como solución un enorme recorte de los beneficios sociales. La gran mayoría de los miembros del llamado Comité de Expertos son conocidos ideólogos del neoliberalismo que han mostrado su catastrofismo en sus escritos anteriores al ICE. En realidad, de expertos tienen poco. De portavoces del capital financiero, sin embargo, tienen mucho.

El abusivo recorte de las pensiones de sus propuestas. 

La dureza de sus recomendaciones se plasma en su claro intento de reducir el tamaño de las pensiones, mediante sus propuestas. Pero, antes de describir estas propuestas, permítanme que aclare que para mantener el nivel de vida que el pensionista tuvo como cotizante (es decir durante su vida laboral), la pensión debería aumentarse según aumenta el nivel de los salarios. No hacerlo así implica que el pensionista irá retrocediendo en su nivel de vida con la edad, pues los salarios –y por lo tanto el nivel de vida de su país- iría aumentando más rápidamente que su pensión. El hecho de que reformas previas hayan cambiado el criterio de aumentar las pensiones adaptándolas, no al crecimiento de los salarios, sino al nivel de la inflación ha significado un retroceso muy notable del nivel de vida de los pensionistas en relación al resto de la sociedad. Pero por si ello no fuera poco, el ICE quiere ir más allá en este retroceso y quiere adaptarlo a la esperanza de vida del pensionista y al supuesto coste de mantener esa pensión. Esta recomendación me hace recordar la reciente observación del Ministro de Economía y Hacienda del gobierno japonés que, en un momento de crispación, dijo lo que muchos neoliberales suelen pensar pero no se atreven a decir: “el deber patriótico de los ancianos es morirse cuando les corresponde”, insinuando además que les correspondería morirse lo más pronto posible. Naturalmente que el ICE no dice tal barbaridad. Pero la lógica de lo que propone no excluye este tipo de conclusión. Para la sostenibilidad de las pensiones es bueno que los ancianos no vivan muchos años o que, si viven, vayan recibiendo cada vez menos pensiones.

El otro intento de reducir las pensiones es supeditar las pensiones a los ingresos a la Seguridad Social en cada periodo, con lo cual, el nivel de las pensiones dependerá del ciclo económico, aunque el ICE niega que esto sea su intención. Como consecuencia, las pensiones bajarán en momentos de recesión en contra de lo que la eficiencia económica exige, que consiste en que en momentos de recesión es fundamental que crezca el consumo a fin de estimular la economía. Por cierto, el ICE indica falsamente que estas medidas ya se están aplicando en otros países de la UE-15. Esto no es cierto. Ningún país ha hecho o está promoviendo unas medidas tan radicales para los pensionistas como las que el ICE está proponiendo. Suecia, bajo la influencia de los liberales, hizo un cambio que capitalizó parte de las pensiones, es decir, modificó parte de las pensiones para complementar las pensiones básicas con fondos procedentes de la rentabilidad de las inversiones hechas a partir de un componente de la cotización individual. El enorme impacto negativo que la crisis económica creó en este fondo de capitalización y su consiguiente impopularidad ha hecho que los partidos de izquierda hoy en la oposición piensen cambiarlo.

En realidad, la mayor crisis de estos sistemas de capitalización ha ocurrido en Chile donde, bajo la dirección del general Pinochet, se privatizaron y capitalizaron las pensiones (excepto para las fuerzas armadas), habiendo sido un desastre. El ICE no propone esta excesiva privatización, pero el recorte de las pensiones que propone llevaría a una expansión de las pensiones privadas, que se rigen por el sistema de capitalización y que benefician al capital financiero, es decir, a la banca y a las compañías de seguros (ver el libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión de Vicenç Navarro y Juan Torres, y también, de los mismos autores, Los Amos del Mundo. Las armas del terrorismo financiero.

Soluciones alternativas.

Las soluciones para el futuro de las pensiones pasan por centrarse no tanto en la transición demográfica, sino en aumentar la riqueza del país y su redistribución, mediante medidas macroeconómicas, laborales y sociales (encaminadas a facilitar una sociedad de alta productividad) y medidas fiscales (orientadas a una redistribución muy marcada de la riqueza que se habrá creado con este aumento de la productividad y que vaya en sentido opuesto al que ha estado yendo en estos últimos treinta años, es decir, redistribuyendo desde el mundo del capital (y muy en especial del capital financiero) hacia el mundo del trabajo.

En aquellos países que se quiera mantener el sistema de reparto para financiar las pensiones, es fundamental que aumente el número de trabajadores (en España hay una enorme cantera de mujeres y jóvenes que quieren trabajar), impedir los salarios bajos y la precariedad, aumentar la progresividad en la financiación de la Seguridad Social y del Estado (España tiene uno de los Estados de la UE-15 con menores ingresos, con menor gasto público social y menos redistributivos) y aumentar la fuerza de los sindicatos, puesto que la distribución de la riqueza creada, resultado del incremento de la productividad, depende no solo del nivel de la productividad, sino también del poder del mundo del trabajo. Hoy el capital es el grupo de presión más poderoso que se ha beneficiado más de este aumento de la productividad. Debería revertirse esta situación y que fuera el mundo del trabajo el que forzara la redistribución de la renta nacional a su favor y, en consecuencia, de la Seguridad y de la protección social.

Hoy el capital y su ideología, el neoliberalismo, es hegemónico en el pensamiento económico del país, hegemonía que explica que incluso amplios sectores de las izquierdas gobernantes la hayan aceptado. Esta hegemonía es reproducida en los mayores medios de información y persuasión (ver mi artículo “¿Es España una democracia? El caso de las pensiones”, Público 12.06.13). Hoy, los sindicatos son el último baluarte que resiste a esta enorme avalancha neoliberal. Aplaudo al único miembro del Comité que votó en contra del ICE, denunciando una farsa de la que no quiso ser parte. Y lamento y denuncio al economista sindicalista de CCOO que dio legitimidad a dicho informe. Su aplicación significa un ataque frontal al sistema de pensiones público. Y sus autores son plenamente conscientes de ello, pues así lo plasman, aunque intenten disimularlo, en su informe.