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La desmemoria histórica del Partido Popular: ni un euro para las víctimas del franquismo

14 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

El PP le dedica a la Ley de Memoria Histórica la ingente cantidad de 0 euros, un dinero que debía utilizarse para financiar exhumaciones en las 2.000 fosas que se calcula que existen en España

María Eugenia R. Palop

06/04/2017 – 21:05h

El director del CIEMEDH considera que un centro académico podrá conseguir la financiación para abrir fosas que se le niega a las asociaciones memorialistas por sus implicaciones políticas. Foto: Óscar Rodríguez (ARMH).
Imagen de archivo de represaliados por el franquismo. Foto: Óscar Rodríguez (ARMH).

Decía Adorno que “dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad”, pero hay verdades que al Partido Popular, simplemente, no le suscitan ni el más mínimo interés. En los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno ha vuelto a invisibilizar a las víctimas silenciadas de la guerra civil y el franquismo, a imponer la acostumbrada amnesia social, y a evitar que se desmonte la mentira institucionalizada en la que llevamos décadas instalados, gracias, entre otras cosas, a políticas como las suyas.

El PP le dedica a la Ley de Memoria Histórica la ingente cantidad de 0 euros, un dinero que debía utilizarse para financiar exhumaciones en las 2.000 fosas que se calcula que existen en España. Ya en 2012, Rajoy eliminó la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, y redujo la dotación presupuestaria para Memoria Histórica de 6,2 millones, a dos millones y medio. Y en el año 2013, el Gobierno eliminó esta dotación sin más, dejando en las cunetas, por enésima vez, a las víctimas del franquismo, que siguen costeando las exhumaciones con sus propios medios, porque, mal que le pese a Rafael Hernando, se acuerdan de sus padres y familiares haya o no haya subvención.

Ahí siguen, impenitentes, andando “con los muertos para arriba y para abajo” para contrarrestar el ostracismo y las vejaciones del Gobierno del Partido Popular y de personas que, como él, no creen ofender ni humillar a nadie, porque no son nadie las 100.000 o 150.000 que aún esperan verdad, memoria, justicia y reparación. “¿Por qué voy a pedir perdón?”, se preguntaba perplejo Hernando, en un ejercicio retórico de cinismo.

No hay duda de que hay quienes han descontado ya el costo humano y social de sus privilegios, en la idea tan atroz, como poco contrastada, de que no existe “progreso” sin olvido. Y aunque también hay quienes prefieren avanzar retrocediendo, como diría Paul Valéry; avanzar sin aplastar “flores inocentes en el camino”, sin generar víctimas y sin olvidarlas, hoy, lamentablemente, está claro que los que gobiernan son los primeros. Por eso el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica ha sido esquelético, y por eso ha acabado instaurando una discriminación en el trato, los derechos y las prestaciones que reciben unas víctimas frente a las otras, sin que exista ninguna razón que lo justifique, más allá de la desmemoria selectiva que en este país se ha practicado sin descanso.

Poco importan aquí los acuerdos internacionales sobre estas materias ratificados por España, entre los que cabe destacar la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Poco importa la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, en particular, la jurisprudencia destinada a la protección del derecho a la vida y a la integridad de las personas. Tampoco importa mucho, según parece, la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, que, desarrollada por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, favorece un catálogo de prestaciones y derechos a toda víctima, sin perjuicio de que quepan regulaciones particulares en atención a unos u otros colectivos. Poco importa, por supuesto, el informe del relator de Naciones Unidas en el que se señalaba que es la ignominia y el olvido lo que se ha incorporado a la normalidad democrática de España.

En fin, esta negativa a investigar la suerte de miles de personas desaparecidas a raíz de la estrategia implementada por el Estado franquista, contraviene, entre otras cosas, el derecho internacional que es jurídicamente vinculante y de obligado cumplimiento en nuestro país. Porque no solo es que el Gobierno se niega a cumplir su obligación de actuar de oficio, sino que tampoco pone todos los medios necesarios para que otros agentes puedan llevar a cabo las investigaciones que las autoridades se niegan a hacer, y ello, sin que haya ninguna norma o principio jurídico que impida a un Estado investigar su pasado.

El PP contradice aquí, incluso, a la normativa que se ha desarrollado en el plano autonómico, y que se ha promulgado, o está por promulgarse, en el País Vasco, Andalucía, Navarra, Aragón, Valencia y Baleares, territorios que han conocido directamente los horrores de la guerra civil, la represión de la dictadura y la violencia política posterior, y en los que están domiciliadas un importante número de sus víctimas. Y lo más sorprendente es que algunas de estas normas han salido adelante con la abstención del mismísimo y esquizofrénico Partido Popular.

Reivindicar el derecho y el deber de memoria no es solo poner en el centro un hecho del pasado, sino resignificarlo y asumir las responsabilidades que se derivan del mismo, articular un consenso sobre lo intolerable, y delimitar claramente lo que, de ningún modo, puede volver a suceder. Y en la medida en que esto no se hace, no puede garantizarse nada. La responsabilidad tiene una dimensión temporal que no se agota en el presente; mira hacia al pasado, como ha de mirar hacia el futuro, y trata a todas las víctimas de la misma manera, aunque distinga las diferentes violencias de las que cada una ha sido objeto.

Quienes defendemos una política de la memoria para todas las víctimas, sin exclusión, estamos convencidos de que el examen detenido del pasado es un arma que permite combatir el “revisionismo” y el “negacionismo” con los que se justifican y se niegan todos los días las atrocidades que hemos vivido, y de las que muchas personas tienen todavía recuerdos terriblemente vivos. Y sabemos, además, que lo que las sociedades eligen recordar y olvidar, y el modo en que lo hacen, condiciona totalmente sus opciones de futuro, de manera que sin memoria no puede haber una auténtica cultura democrática, ni puede hablarse, en puridad, de un sistema político legítimo.

Dice la Comisión de Derechos Humanos de UN en sus Principios para la protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, que “el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe al Estado”. Pues bien, es este el deber que el Gobierno no cumple y este es el rico patrimonio que nos usurpa descaradamente cada vez que privatiza el uso de nuestra memoria y nos impide recordar.

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“Desde 2012, la política bibliotecaria de este Gobierno es inexistente”

30 julio, 2015

Fuente: http://www.eldiario.es

· El programa de bibliotecas públicas es el gran perjudicado en los Presupuestos Generales del Estado para Cultura.
· Desde 2008, la partida ha bajado más de un 60%: desde los 105 millones de euros a los 42,64 para 2015.
· Los gremios de Editores y Bibliotecarios señalan que con este descenso habrá aún menos dinero para la adquisición de novedades, para la edición de nuevos libros, para el fomento y la promoción de la lectura y para el personal de las bibliotecas.

Paula Corroto, 30/09/2014 – 20:21 h.
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La Biblioteca Nacional pierde un 0,39% en su presupuesto para 2015.

Escasez de fondo editorial, apenas nada en novedades y ordenadores anticuados con conexiones a Internet paupérrimas. Este es el paisaje que cualquier ciudadano puede encontrarse si acude a una de las bibliotecas públicas de Madrid. Como si desde hace años nada hubiera pasado por ellas. Y la realidad es así: desde 2008 su presupuesto se ha visto reducido en más de un 60%, y los nuevos Presupuestos Generales del Estado, presentados ayer por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no muestran una mejora. Las bibliotecas volverán a ver reducida su partida económica: de los 43,20 millones de 2014 se quedarán en 42,64 millones. Nada que ver con los 105 millones que se invirtieron hace siete años. Es más, desde que al frente del Ministerio se encuentra José Ignacio Wert las cantidades han disminuido hasta un 29%. Incluso la Biblioteca Nacional (BNE) pierde un 0,39% y se queda en 29,26 millones de euros, lo que también puede poner en peligro sus planes de digitalización.

“Desde 2012, la política bibliotecaria de este Gobierno es inexistente.Todo se ha reducido a la nada”, critica Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación del Gremio de Editores (FGEE). Porque la disminución de este presupuesto no afecta sólo a las bibliotecas sino que toda la cadena del libro se ve perjudicada.

La compra de novedades: congelada

Como señalaba hace algunos meses el editor de Páginas de Espuma, Juan Casamayor, desde hace más de dos años la adquisición de novedades está prácticamente congelada: “Lo peor no es que hayan bajado las ayudas, sino que antes estas suponían también una compra por parte de la Administración a las editoriales y luego los libros se repartían en las bibliotecas. Ahora no hay nada de esto”.

Un argumento que ahora certifica Ávila con cifras: “Desde 2008 hemos perdido 200 millones de euros en la compra de libros por parte de las bibliotecas [es decir, por las administraciones que son sus titulares]. Es que llevan tres años sin comprar, y es más, desde 2012 es una partida que no existe. En 2014 no recibimos nada, y en 2013, dos millones de euros, de los cuales, más de 500.000 fueron para montar lo del préstamo del libro electrónico [ebiblio]. Desde luego, nuestras bibliotecas no tienen nada que ver con el resto de las bibliotecas europeas”.

Efectivamente, en ciudades como Berlín, París o Londres, la biblioteca es un centro de actividades que funciona a pleno rendimiento y que es bastante utilizada por los ciudadanos. En España no hay datos oficiales desde 2012 con respecto al número de usuarios, pero los bibliotecarios sí constatan que las condiciones cada vez son peores. Si se habla del personal especializado, hace dos años este ya había descendido en un 10%. Como señala José María Nogales, vicepresidente de ANABAD (Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas): “Desde hace años, no hay incremento de la plantilla pero tampoco hay tasa de reposición alguna. Las vacantes que se producen ahí se quedan y eso daña a la profesión y a ese importante capital”.

El mapa de bibliotecas: sin determinar

En la cantidad para estos centros tampoco aparece contemplado el mapa de bibliotecas, según analiza Nogales. Es decir, hay capitales de provincia que no tienen este tipo de espacios “y hay muchas que son antiguas, y otras tantas necesitan mejoras en las infraestructuras, el equipamiento y el mantenimiento de libros”, añade el vicepresidente de ANABAD. Muchas de ellas son centros que funcionan con un convenio de gestión compartida, esto es, la titularidad es del Ministerio, pero la gestión es de cada comunidad autónoma. “Habrá que esperar a los presupuestos de cada comunidad para ver cómo se desarrolla las partidas de adquisiciones de libros”, apostilla. Otra cuestión que le escama es que mientras “sí se ha especificado una ayuda a entidades locales para preservación del patrimonio digital dotada con 100.000, que tampoco es que sea mucho, no haya nada para la preservación del patrimonio bibliográfico”.

Los planes de promoción de la lectura: en suspenso

La escasez presupuestaria en el programa para bibliotecas afecta a su vez a los planes de promoción de la lectura, puesto que habrá menos dinero para poner en marcha estas actividades en los centros, menos libros y menos personal. Así lo estima Nogales, quien cree que las “campañas de promoción de la lectura debería tener un epígrafe concreto en los Presupuestos, como sucede en otros países”. Habrá que observar cómo distribuye ahora Cultura la cantidad recibida para este fin, pero ya el año pasado obtuvo una bajada de 10.000 euros. De los 850.000 euros de 2013 se pasó a 840.000 euros.

Las traducciones: en descenso

También es probable que se vean perjudicadas las traducciones de libros a otras lenguas. En los PGE no hay ningún epígrafe destinado a esta cuestión, algo muy diferente a lo que sucede en países como los escandinavos o incluso Rusia, que tienen fuertes partidas específicas destinadas a este fin. De hecho, Dinamarca se gasta una media de entre 300.000 y 350.000 en ayudas a la traducción de sus libros. Y Finlandia, aunque no traduce muchos libros al español, tuvo este año una partida de 9.470 euros para cinco libros. En España, los datos dejan el rostro congelado: de los 868.000 euros que se destinaron en 2011 se pasó a los 200.000 en 2013, un 77% menos. Y habrá que esperar a la resolución del BOE para ver la partida de 2014, aunque no se prevé su aumento.

“La constatación es que los Presupuestos Generales del Estado destinados a Cultura no levantan cabeza. Quizá no sólo se deba a ello, pero es significativo que Cultura sea una de las tres secretarías de Estado y no un Ministerio, como sucedía hace años”, zanja Nogales.