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La politización del dolor de las víctimas del terrorismo

10 octubre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.orgHafida Oukabir

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 30 de agosto de 2017.

Este artículo incorpora una serie de observaciones sobre temas la politización del dolor de las víctimas generados a raíz del ataque terrorista.

A raíz del ataque terrorista en Barcelona y en otros centros urbanos y pueblos de Catalunya, hemos visto durante estos últimos días varios hechos que merecen destacarse. Uno es el espíritu de solidaridad, auténticamente ejemplar, entre las distintas culturas existentes en Catalunya, que alcanzó su máxima expresión cuando en Ripoll se pidió que fuera Hafida Oukabir, la persona musulmana hermana de dos de los terroristas (uno muerto y el otro en prisión), la que resumiera el sentir del dolor y del rechazo hacia el terrorismo que la población de Ripoll sentía. Y en Barcelona, otra persona, también musulmana, Miriam Hatibi, fue una de las dos personas escogidas para leer el manifiesto de protesta y solidaridad, ampliamente aplaudido por el medio millón de personas presentes. El grito espontáneo surgido de la ciudadanía, No Tenim Por! (¡No tenemos miedo!) representaba el sentimiento generalizado de la población barcelonesa de no permitir que el miedo configurara el futuro de la ciudad. La Alcaldesa Colau definió de una manera muy clara y emotiva lo que este grito significaba: era la llamada “a que Barcelona continuara siendo lo que siempre fue y continúa deseando ser, es decir, una ciudad abierta, plural, diversa y solidaria”.

Pero también hubo aspectos no tan positivos durante estos días de gran dolor, que aparecieron tanto en Catalunya como en el resto de España, que merecen señalarse también y que, en cambio (y de un manera predecible) no aparecieron en los mayores medios de comunicación del país, altamente controlados, bien por intereses financieros (los medios privados) o por los partidos gobernantes (los medios públicos). En este aspecto, es importantes señalar que el excelente discurso hecho por Hafida Oukabir en Ripoll incluía un ruego (diría yo exigencia) de que las instituciones catalanas hicieran una autocrítica sobre el comportamiento que habían tenido todos estos años que antecedieron al ataque terrorista, ruego que ha pasado desapercibido y desatendido por completo. Por desgracia, la autocrítica no es una virtud ampliamente practicada en los medios del establishment político-mediático del país, ni de Catalunya ni de España. Resultado de cuarenta años de una dictadura enormemente represiva (convirtiéndose en el régimen gobernante de España que ha atemorizado y asesinado al mayor número de españoles que haya existido en su reciente historia) y de una transición inmodélica, existe hoy en tales medios una cultura democrática poco desarrollada. Y la respuesta a la crisis creada por el terrorismo por parte de tales establishments fue una clara prueba de ello. Veamos algunos ejemplos.

La clara politización por los partidos y movimientos políticos de los hechos acaecidos

Un mensaje hecho con gran contundencia en la manifestación del sábado 26 de agosto (que se centró en una denuncia del terrorismo y una demanda para que exista la paz) fue un rechazo por parte de amplios sectores de la manifestación a la Monarquía Borbónica por su relación privilegiada con la familia real de Arabia Saudí (una de las cinco monarquías absolutas todavía existentes en el mundo), y al partido gobernante en España (el Partido Popular), por su activa y masiva venta de armas españolas a aquel Estado. Aplaudo esta crítica, y solo lamento que no se hubiera hecho mucho antes. Pero me apena que muchos de los protagonistas de estas protestas hayan tenido escasa credibilidad, pues era obvio que su máximo interés era desacreditar a los receptores del mensaje –el Monarca y el gobierno Rajoy- pero, en cambio, parecía importarles poco el argumento que utilizaban para denunciarlos, es decir, la ayuda a los Estados (en este caso, Arabia Saudí) que financiaban el terrorismo. Como indiqué en otro artículo reciente (Ver “Lo que no se está diciendo a raíz del ataque terrorista en Barcelona”, Público, 24.08.17) tales voces, supuestamente escandalizadas con el comportamiento del Rey y del gobierno Rajoy, han mantenido un silencio ensordecedor sobre el apoyo que una institución enormemente importante en Catalunya ha dado a otra dictadura tan absolutista y medieval (y esclavista) como la de Arabia Saudí, que es Qatar, y que es también una de las mayores financiadoras de movimientos yihadistas. Esta institución, protegida por el silencio, es nada menos que el Club de Fútbol de Barcelona que, a través de las camisetas de los jugadores ha estado promocionando al Estado de Qatar, una de las monarquías más absolutas y una de las dictaduras más crueles existentes en el mundo, que también ha estado financiando al terrorismo yihadista. Me parece bien que un conocido militante independentista apareciera casi al lado del rey Felipe VI con una pancarta en que se leía “Felipe, quien quiere la paz no trafica en armas” (en catalán). Pero tal protesta hubiera tenido más credibilidad si aquel y otros miles de independentistas, así como otros que denunciaban al Rey y al gobierno Rajoy hubieran denunciado al Barça en cada partido de fútbol que se jugaba en su campo, por promocionar Qatar. Nunca vimos tal denuncia o abucheo en el campo del Barça, y ello a pesar de que estuviera lleno de banderas independentistas. ¿Por qué callaron tanto tiempo?

La doble moral de los mayores medios de comunicación

Y esta incoherencia se mostró también, como era predecible, en los mayores medios de comunicación catalanes. Prácticamente ninguno de ellos denunció la transformación del Barça (al que, con razón, se le presentó durante la dictadura como de “ser más que un club” por facilitar que la gente canalizara su rechazo a la dictadura a través del fútbol, siendo la única expresión colectiva permitida), en un mero instrumento propagandista del Estado de Qatar, una de las dictaduras más crueles, opresivas, esclavistas y apoyadores del terrorismo existentes hoy en el mundo. Este silencio se convirtió en veto cuando envié a los tres rotativos más importantes de Catalunya un artículo denunciando al Barça por ello, sin que nunca lo publicaran (ver el artículo “El Barça, ¿más que un club?”. ARA, 06.06.16). La censura fue su respuesta. Y tampoco apareció tal denuncia en los mayores canales televisivos de Catalunya, que también han silenciado aquella transformación que, mírese como se mire, es una ofensa a todos los que lucharon por la democracia y justicia social durante la dictadura, que ven ahora cómo los propietarios del Barça transformaron tal club defensor de la libertad y de la democracia en el promotor de una dictadura cruel y terrorista. Aconsejo a los lectores que vean el excelente documental sobre la transformación política del Barça, presentado a nivel internacional por un canal público de la televisión sueca, mostrando lo que fue y lo que representó el Barça durante la dictadura franquista, y lo que ha llegado a ser estos últimos años. (Verlo colgado en mi blog http://www.vnavarro.org). Me alegra ver que Jordi Évole en su artículo semanal en El Periódico, días después de que yo denunciara el silencio sobre el Barça, publicara la primera denuncia del Barça en los medios que he visto en la prensa escrita en papel en este país.

La instrumentalización política del dolor de las víctimas por parte de los mayores medios de información

La falta de cultura democrática que caracterizó la cultura mediática española, que incluye la catalana, apareció una vez más en la manera cómo se cubrieron los hechos dramáticos ocurridos en Barcelona. Tal sesgo alcanzó niveles vergonzosos en la presentación de las figuras protagonistas del evento: las autoridades políticas de carácter institucional. A nivel del Estado central la noticia preferente de los mayores medios próximos al partido gobernante en el Estado español era mostrar el deseo de unidad y prevención de la secesión, dando gran hincapié a la necesidad de mantener una coordinación dentro de la unidad, mostrando, de nuevo, gran incoherencia (hipocresía), pues había sido el Estado central el que había mostrado menos cooperación, consecuencia de su jacobismo, ocultando información a las autoridades catalanas que hubiera sido de gran ayuda, tal como ha documentado la prensa internacional. Pero los medios públicos de la Generalitat de Catalunya también mostraron claros signos del sesgo informativo -al cual nos tienen acostumbrados- intentando negar la importancia de un aviso recibido de Bruselas sobre el Imán, bajo la pobre excusa de que era una mera nota “informal”.

Pero esta utilización de los mayores medios públicos de la Generalitat de Catalunya, y sobre todo de TV3, para promover la secesión de Catalunya fue la visibilidad preferencial que tal canal dio a la figura del President Puigdemont y al Vicepresident Oriol Junqueras, dejando muy en segundo plano a la alcaldesa Ada Colau. La única diferencia con la televisión pública española es que en aquel canal el Monarca y Rajoy absorbieron la mayoría de visibilidad mediática. En ella la alcaldesa Colau tampoco apareció de una manera muy visible. En cualquier otro país demócrata la alcaldesa de la ciudad hubiera liderado la manifestación ciudadana. No así en España. Y la utilización de TV3 para promover el secesionismo alcanzó niveles extremos, como las entrevistas hechas durante la marcha del 26 de agosto en homenaje a las víctimas, a los dos dirigentes del movimiento proindependencia, el Presidente de la ANC y el de Omnium, dándoles un protagonismo que no se le dio a ninguna otra asociación, a pesar de que tenían mucha más centralidad en la crisis terrorista que estos personajes políticos. Creo que a la audiencia le hubiera gustado más que se entrevistara a personal del sistema sanitario de urgencias, por ejemplo (que probablemente se habrían quejado, con razón, de la falta de recursos, resultado de los recortes sanitarios del gobierno Junts Pel Sí), que no a tales dirigentes de movimientos secesionistas que aparecen continuamente en tales medios promoviendo la secesión.

Y también debería hacerse una crítica a las Iglesias, incluyendo las musulmanas, que no se hizo

Pero las críticas deberían también extenderse, como bien pedía Hafida Oukabir, a las comunidades religiosas, que actuaron con gran solidaridad durante la crisis, lo cual aplaudo, pero olvidaron en el periodo pre-crisis la responsabilidad que todas ellas tuvieron en contribuir a crear las condiciones para que tal ataque ocurriera. Y es ahí donde debería criticarse a las religiones, o mejor dicho, a las Iglesias (las instituciones humanas que gestionan las religiones) por su actitud moralizante, arrogante y escasamente democrática. El lector me permitirá hacer una reflexión muy local y que espero aclare lo que digo. Si usted va al bello pueblo de Cadaqués en el Alt Empordà, verá que en un lugar muy prominente de la fachada de la Iglesia hay un reloj de sol. Y bajo tal reloj hay una frase que lo resume todo. Dice “Yo (el reloj de sol) sin sol no soy nada. Tú sin fe no eres nada”. Esta frase es enormemente insultante para los que no somos creyentes, al definirnos como parte de la nada. Bajo este lema de superioridad moral, que se presenta en todas las religiones, las Iglesias se han atribuido la potestad de dominar, explotar y violar todos los derechos humanos imaginables. Y la historia de nuestro país es un ejemplo de ello. Hubo épocas en Catalunya, en España y en Europa, en que el terrorismo de la Iglesia Católica –como en la época de la Inquisición- o durante su apoyo a la dictadura, estaba generalizado. Esto no se ha enseñado en nuestras escuelas y debería haberse hecho.

El Estado debería respetar las religiones, pero regular a sus Iglesias

Y el otro punto que debería también criticarse es la excesiva permisividad del Estado español (sea central, autonómico o local) hacia las Iglesias. Y estoy hablando de todas las Iglesias, que a través de la enseñanza y normativa moral que promueven alcanzar una enorme influencia sobre la población. En realidad, uno de los instrumentos más importantes que utilizó la dictadura franquista para mantenerse en el poder fue la Iglesia Católica, que era una rama del Estado (los sacerdotes eran pagados por el Estado y los obispos eran nombrados por el dictador), y que adoctrinó durante cuarenta años a toda la población. Incluso hoy la Iglesia Católica continúa ejerciendo una enorme influencia en la cultura general del Estado, siendo una de las máximas promotoras, por ejemplo, de la uninacionalidad del Estado y del machismo en el país.

En la España actual, las Iglesias (todas) están en situación privilegiada, la católica mucho más que cualquier otra, siendo ello una consecuencia directa, en el caso de la Iglesia Católica, de la continuación de la cultura franquista en las instituciones del Estado. Y este privilegio incluye una tolerancia excesiva que tiene componentes antidemocráticos, lo cual repercute negativamente sobre la formación y educación de la ciudadanía. Y ello aplica también a la Iglesia musulmana existente en España. Los Imanes -como educadores de sus feligreses- deberían estar regulados, aprobados y registrados por el Estado (sea este central, autonómico o local), asegurándose de que comparten los valores democráticos del país. No puede ser que algunas Iglesias Musulmanas sean “islas de otros países” dentro del país, financiadas desde fuera, transmitiendo una cultura distinta a la del lugar donde residen y viven sus feligreses. Es más, los Imanes deberían hablar el lenguaje de sus feligreses y tener los valores democráticos de la sociedad donde se ubican. Esta normativa, existente ya en otros países, debería aplicarse a todas las Iglesias, y también a la musulmana en España. Y las comunidades musulmanas necesitan presionar para que ello ocurra.

La integración de los jóvenes musulmanes a la sociedad

Pero tales comunidades deberían presionar (junto con toda la sociedad) para que se integre a los jóvenes en la sociedad. Lo que es más importante conocer, de todo lo que ha ocurrido, es saber por qué unos jóvenes que parecían integrados en la sociedad catalana se convirtieron en terroristas. Este es el gran tema del que apenas se ha hablado. Cargar todas las culpas en el Imán es insuficiente. Tan importante es el mensaje como el mensajero. ¿Qué es lo que se estuvo transmitiendo a los jóvenes? ¿Era la transmisión de las brutalidades que se están cometiendo en los países de mayoría musulmana en los que los gobiernos occidentales, como España, están bombardeando o ayudando a bombardear a sus poblaciones? ¿O fue su motivación religiosa la de matar a los infieles? ¿O puede el deseo de recuperar Andalucía remontarnos entonces a la época medieval? Estas son preguntas que deben responderse, pues ello puede llevarnos a una reflexión general, muy necesaria, sobre cuál es el papel de las Iglesias en una sociedad democrática, dentro de otro debate, incluso más urgente y necesario, de cuál es la función de los medios de comunicación en nuestro país, que más que ser de información son de persuasión. La libertad y la democracia dependen, en parte, de ello.

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La amenaza a la democracia: la vuelta al fascismo

28 septiembre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, y en catalán en la columna “Pensament Crític” en el diario PÚBLIC, 20 de septiembre de 2017.

Este artículo documenta la derechización que las instituciones políticas y mediáticas españolas han experimentado durante el gobierno Rajoy, señalando que las prácticas autoritarias de la dictadura se están reproduciendo, centradas ahora en la enorme represión masiva que está teniendo lugar en Catalunya estos días.

Dos hechos que han ocurrido en las últimas semanas muestran el grado de derechización que se ha alcanzado en las instituciones políticas y mediáticas españolas en estos años de gobierno Rajoy. Uno de estos hechos, que ha pasado casi desapercibido, es el otorgamiento por la Editorial Espasa del premio que lleva su nombre a Stanley G. Payne por su libro En defensa de España: desmontando mitos y leyendas negras, que es una defensa del régimen dictatorial que existió en España desde 1939 hasta 1978, considerando al general Franco, que lo lideró, como (y lo cito textualmente) “el mayor modernizador de su país y el líder que alcanzó mayor éxito de todos los aspirantes a las dictaduras de desarrollo del siglo XX”. El libro es una defensa del golpe militar de 1936 y del régimen dictatorial español existente en este país.

Su autor, Stanley G. Payne, es profesor emérito de la Universidad de Wisconsin-Madison, en EEUU, donde dirige la Cátedra Vicens Vives, y pertenece a la categoría de hispanistas anglosajones próximos a las derechas españolas. Gran defensor de la manera cómo se hizo la transición en España de la dictadura a la democracia, considerándola como modélica, es contrario a la re-evaluación de tal proceso que están haciendo las nuevas izquierdas, como Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, a las que considera como nefastas, como define también a las fuerzas republicanas de los años treinta, cuyas acciones, según él, hicieron necesario el golpe militar de los “nacionales” (el entrecomillado es mío). En realidad, Stanley G. Payne ha alertado a la sociedad española de una posible alianza del PSOE con Unidos Podemos, que reproduciría el Frente Popular que él abomina. La última ocasión en la que repitió este comentario fue nada menos que en el Centro de Estudios de la Defensa Nacional del Ministerio de Defensa del Estado español.

Dicho personaje ha recibido múltiples galardones del establishment español, habiendo sido elegido miembro de la Real Academia de Historia y de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, receptor de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, y nombrado doctor Honoris Causa por la Universidad Rey Juan Carlos. Es un académico del establishment conservador, cuyas opiniones y discursos resuenan y son aplaudidos por las derechas españolas, que en el panorama europeo son equivalentes a las ultraderechas. No me imagino que un libro semejante que hablara positivamente (tal como Payne hace de Franco) de Hitler, de Mussolini o incluso del mariscal Pétain recibiera tal reconocimiento en Alemania, en Italia o en Francia respectivamente, países que sufrieron dictaduras fascistas o nazis semejantes a la que sufrió España.

Pero en España no solo es posible, sino que es frecuente. En este aspecto, es importante también conocer qué es la Editorial Planeta, creada por el Sr. José Manuel Lara Hernández, que luchó en la llamada Guerra Civil en el lado golpista como capitán de la Legión, a la que se pasó tras conocer al famoso (por su crueldad) general Yagüe. Participó activamente en la represión política franquista cuando los militares ocuparon Barcelona, y fue, más tarde, jefe del sindicato fascista vertical de Artes Gráficas. En 1949 fundó la Editorial Planeta, convirtiéndose, como resultado de su entramado con el Estado, en una de las casas editoriales más importantes de España. Fue más tarde nombrado Marqués del Pedroso de Lara. Su hijo, José Manuel Lara Bosch, heredero de una de las editoriales más grandes (con unos ingresos anuales de 1.600 millones de euros) de España (y del mundo), expandió sus negocios a los medios de información, llegando a presidir la corporación Atresmedia (a la que pertenecen, entre otras, Antena 3, La Sexta, Onda Cero, Europa FM y Melodía FM). El Grupo Planeta es también el mayor accionista del diario de ultraderecha La Razón. Su gran poder mediático explica la docilidad hacia tal figura por parte del establishment político, lo cual explica sus muchos honores recibidos de autoridades públicas, incluyendo la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura del Estado español, la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid de la Sra. Esperanza Aguirre, el título de hijo adoptivo de Sevilla, y la Cruz de Sant Jordi, máxima condecoración de la Generalitat de Catalunya, y un largo etcétera. Sus relaciones fueron siempre cordiales con los principales partidos políticos gobernantes, primordialmente con las derechas del PP y Convergència, pero también con el PSOE.

Pero la burguesía representada por el Sr. Lara ha estado muy inquieta con el surgimiento de la nueva izquierda, que parece más difícil de domar. De ahí el galardón a Payne, en un intento de reforzar “la cultura franquista” todavía hegemónica en las estructuras de poder en este país. Tal burguesía parece estar alarmada, pues en la promoción de la elección del libro de Payne, el jurado del Premio Espasa subraya que tal libro provoca y desmonta los mitos y leyendas negras existentes en España sobre la Guerra Civil y sobre Franco, como si dicha visión favorable a la dictadura fuera minoritaria (casi prohibida) en España, habiendo sido reemplazada por una visión republicana, “roja” y “separatista”, que supuestamente, y según Payne, domina el mundo intelectual del país. En realidad su visión de España y de su historia, lejos de ser prohibida, es la hegemónica en gran parte de los aparatos del Estado y del establishment político y mediático del país. La transición no significó una ruptura con el Estado franquista, sino una adaptación y una apertura de este para legitimarse como Estado democrático, pero conservando y reproduciendo grandes elementos de la cultura franquista que continúan siendo hegemónicos en el país. La España uninacional, centrada en un Estado radial, es la dominante en los aparatos del Estado, y lo que está ocurriendo en España estos días es un ejemplo de ello, lo cual me lleva al segundo hecho ocurrido esta semana.

Pero antes quisiera subrayar que la evidencia existente muestra claramente que Franco tuvo poco de modernizador. Una persona profundamente conservadora y reaccionaria, cruel en extremo (según el profesor Malefakis, de la Universidad de Columbia en Nueva York, experto en el fascismo europeo, por cada asesinato que cometió el régimen de Mussolini, el régimen de Franco cometió 10.000), responsable del enorme retraso político, cultural y económico del país, es lo opuesto a modernizador. Solo dos datos muestran la falacia de ese argumento. Cuando ocurrió el golpe militar, España e Italia tenían el mismo PIB per cápita. Cuando la dictadura terminó, el PIB per cápita en España era solo el 64% del PIB de Italia. Y el 68% de la población adulta tenía menos de seis años de educación.

La represión que está ocurriendo en Catalunya

El Estado central, cuyo Jefe de Estado nunca ha hecho una declaración en contra de tal general (ni la hará), ni en contra de la dictadura (que tampoco hará), y cuyo partido gobernante, fundado por un ministro de Franco, nunca ha denunciado explícitamente aquel régimen, está hoy reprimiendo por la fuerza, con una enorme agresividad y falta de sensibilidad democrática (característica del franquismo), reuniones, discursos, material escrito, revistas y muchos otros actos, lo cual sería impensable en cualquier país democrático. Aquí y ahora, en Catalunya, bajo este régimen considerado democrático, ha reaparecido una represión política que (para aquellos que vivimos aquel horror y luchamos contra él) recuerda la dictadura intentando crear miedo entre la población con campañas masivas de intimidación, y saltándose leyes del mismo Estado, como bien ha denunciado el fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, el Sr. José Antonio Martín Pallín. El hecho de que los partidos independentistas que gobiernan la Generalitat se hayan saltado las leyes, violando el propio Estatut de Catalunya (como he denunciado en otros artículos), no justifica que el Estado central también lo esté haciendo.

Tal represión es para defender una visión de España, repito, uninacional, jerárquica, escasamente democrática, con un escaso compromiso con los derechos políticos, sociales y culturales de los ciudadanos del país, oprimiéndose a aquellos que tienen una visión distinta de España, definiéndolos como anti-España, tal como aquella dictadura hizo, dirigida por los llamados “nacionales”. Ello exige, de todas las fuerzas democráticas, una movilización para denunciar la represión franquista y también para resolver las causas que están creando una enorme tensión entre los distintos pueblos y naciones de España, lo que dificulta, entre otros temas, la resolución del enorme problema social en el que vive el país, en el que la mayoría de los jóvenes que desean trabajar no pueden encontrarlo, y donde casi el 40% de las familias monoparentales apenas llegan a fin de mes. Este es el mayor problema que tiene el país, y que está siendo ignorado, cuando no ocultado, por aquellos que han sido responsables, a los dos lados del Ebro, de la enorme crisis social, escondiéndose ahora detrás de las banderas, como frecuentemente ha ocurrido en la historia de este país.

Los herederos del franquismo están ocupando Catalunya

Dicha represión es la máxima expresión del predominio de la cultura y prácticas franquistas que ha mostrado el gobierno Rajoy hacia las sucesivas demandas expresadas democráticamente por el gobierno catalán, pidiendo que se reconozca la personalidad e identidad de Catalunya dentro del Estado español, siendo el último caso el Estatut del año 2006 impulsado por el gobierno Maragall (una alianza de un partido socialista, un partido comunista, un partido verde y un partido independentista de izquierdas). Aquel Estatut no pidió la escisión, sino el reconocimiento de la identidad de Catalunya después de haber sido aprobado por el Parlament catalán, por las Cortes Españolas y por el pueblo catalán en un referéndum, el cual fue vetado (en algunos de sus elementos esenciales) por el Tribunal Constitucional, que ha sido en gran parte un instrumento conservador, hegemonizado por el PP.

Y es de ahí de donde se genera una movilización de miles de personas en Catalunya que se consideraban españolas, y que han dejado de sentirse como tales, haciéndose favorables a las tesis secesionistas. Es a partir de entonces que grandes multitudes de catalanes salen cada año el día de la Diada a la calle. La enorme rigidez del gobierno Rajoy ha sido el mayor factor para que el independentismo se haya doblado; y a no ser que haya cambios, pasará a ser mayoritario en Catalunya. Esta es la raíz del problema, que no puede resolverse a través de la represión, a la que debemos oponernos y debe ser denunciada, pues la victoria a través de la represión es lo peor que puede ocurrir, tanto en Catalunya como en España. Ni que decir tiene que parte del problema es que los partidos independentistas en Catalunya están intentando instrumentalizar este enfado popular actuando de una manera claramente denunciable (como he escrito en muchos artículos, tales como “Cómo el tema nacional y el tema social se relacionan en Catalunya”, Público, 15.09.17 y “La desunión de las izquierdas: un mayor obstáculo para resolver la gran crisis social en Catalunya”. Público, 06.09.17). Pero la mayor causa de las tensiones es el gobierno Rajoy.

Esto no puede continuar así: los partidos y movimientos democráticos deben movilizarse

Esta situación es intolerable, pues condena al país a estar batallando sobre temas nacionales, olvidando el mayor tema social, lo que se traduce en el aumento del deterioro de la calidad de vida y el bienestar. De ahí que algo debe hacerse, y rápido, y lo primero es terminar la represión que destruye los derechos de la ciudadanía en Catalunya y que provoca lo opuesto a lo deseado.

Hoy el conflicto, no solo en Catalunya, sino en toda España, no es sobre si habrá o no independencia, sino sobre si se violan las reglas de la democracia o no, primordialmente por parte del gobierno español (lo cual forma parte de su ADN político), gobierno que ha llegado a utilizar el Ministerio de Justicia, en alianza con periodistas basura, para dañar y eliminar a sus adversarios políticos. Este es el debate que adquiere especial relevancia hoy. Si el gobierno Rajoy consigue sus fines inmediatos, multiplicará todavía más la inestabilidad en España, recuperando, a su vez, el centralismo, que dificultará la resolución del problema nacional. De ahí la urgencia de que, además de parar la represión, se fuerce un diálogo y un debate entre todas las fuerzas democráticas para ver cómo rebajar tales tensiones. Y como parte de este objetivo, se debería permitir un referéndum pactado (que como varios constitucionalistas han afirmado es posible incluso en la presente Constitución) para posibilitar la libre expresión de la opinión de los catalanes sobre su conexión con el resto de España con garantías, garantías que no han sido respetadas por el gobierno Rajoy (ni tampoco por el gobierno Puigdemont). Entre estas garantías debería incluirse la elección entre varias alternativas, no limitándose a independencia SÍ o NO, pues dicha dicotomía en Catalunya está sesgada a favor del SÍ, pues el NO es claramente inaceptable para la gran mayoría de catalanes ya que significa continuar en la situación actual. Es el reto de las fuerzas democráticas no independentistas desarrollar alternativas (como lo fue en su día el Estatut propuesto por el gobierno Maragall) que compitan con la secesión como manera de resolver tales problemas que no fueron resueltos en la primera transición por imposición del Monarca y del Ejército. Ello requiere una reflexión sobre la necesidad de un proceso constituyente para redefinir España y el Estado español, haciéndolo más democrático, más justo, equitativo y plurinacional. Es imperativo que el problema nacional no continúe ocultando el enorme problema social tan agudo que persiste en el país, pues el problema nacional y social están causados por el enorme dominio que los herederos de la dictadura continúan teniendo sobre el Estado español. De ahí que aplauda la iniciativa de las nuevas izquierdas de convocar una Asamblea de autoridades parlamentarias y municipales, pertenecientes a partidos y movimientos sociales democráticos, para dialogar y proponer salidas a la situación actual.

Y en este proceso, hay que considerar que es urgente que el Partido Popular (causa de las mayores tensiones) deje de gobernar el país. Hoy, numéricamente, es posible sustituirlo, creando a nivel del Estado una alianza entre los partidos de izquierdas y los partidos nacionalistas. Y a nivel de Catalunya los números también muestran que podría establecerse un gobierno de izquierdas que sustituyera al gobierno actual dirigido por Convergència, que ha dominado la Generalitat durante la mayor parte del periodo democrático, y que con el PP ha sido corresponsable de la gran crisis social existente en Catalunya y en España. Esto podría ocurrir ya, pero los movimientos sociales deberían movilizarse y presionar para que ello ocurriera. Me temo que uno de los mayores obstáculos vendrá no solo del aparato central del Estado, sino también del PSOE, pues no ha aceptado todavía el plurinacionalismo que sus antecesores, durante la resistencia antifascista, habían apoyado. Su temor a que desaparezca el bipartidismo en España y la existencia de la resistencia del aparato que perdió en las elecciones a Secretario General (pero continúa siendo potente en su seno) está dificultando esta posibilidad. Espero que una movilización de sus bases pueda una vez más forzar los cambios que permitan hacer la segunda transición, resolviendo los grandes problemas que quedaron sin solventar en la primera. Así lo espero por el bien de Catalunya y de España.

La Iglesia fue verdugo, no víctima

6 septiembre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.orgIg

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, y en catalán en el diario digital EL TRIANGLE, 10 de octubre de 2013

Este artículo critica la argumentación que han dado las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica para definir la beatificación de 522 “mártires” como un acto no político. El artículo señala que, en contra de este argumento, tal beatificación es un acto profundamente político y ofensivo a toda persona con sensibilidad democrática.

Estos días ha sido noticia la beatificación de 522 personas, referidas en la narrativa de la Iglesia Católica como mártires de la Guerra Civil, individuos considerados inocentes de cualquier mal que dieron su vida “en defensa de la fe católica y del mensaje de Cristo”. Las autoridades eclesiásticas católicas se han movilizado para señalar que en ningún momento debe interpretarse esta beatificación –que es un homenaje a tales personas y reconocimiento del valor de su sacrificio- como un acto político. Tanto Monseñor Angelo Amato, cardenal prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, como Monseñor Josep M. Soler, Abad de Montserrat, subrayan este hecho en La Vanguardia (06.10.13, páginas 50 y 51).

Ahora bien, es difícil aceptar que, incluso en el caso de que no fuera la intención de estas autoridades (incluyendo el Vaticano, liderado por el nuevo Papa, que escogió llamarse Francisco y que Monseñor Amato representa) realizar un acto político, el hecho es que tal acto es un acto profundamente político que contribuye a la tergiversación de la historia que se ha escrito en este país, subrayando que la Iglesia fue víctima de una intolerancia y persecución religiosa por parte de las fuerzas republicanas. Se acentúa y se presenta a la Iglesia y a sus mártires como víctimas, cuando en realidad la Iglesia fue la que agredió la vida y el bienestar de la mayoría de la población de los distintos pueblos y naciones que constituyen España, causando más de un millón de muertos y miles de desaparecidos, muertes de personas asesinadas por las fuerzas de represión, incluidas las de la Iglesia, y cuyos familiares no saben el paradero de sus cuerpos. Según las estimaciones de la única investigación sobre los desaparecidos que ha realizado el Estado español (consecuencia de las gestiones del juez Baltasar Garzón, miembro de la Audiencia Nacional antes de que se le expulsara de dicho tribunal precisamente por su investigación sobre los asesinatos por parte del régimen, del cual la Iglesia Católica fue el eje central), el número de desaparecidos es de más de 114.000 personas, que fueron asesinadas por defender al gobierno democráticamente elegido. La Iglesia no solo no ha hecho nada para encontrarlos, sino que se ha opuesto a que se recuperara su memoria mediante la Ley de la Memoria Histórica. Mientras que homenajea a sus muertos, se opone y dificulta el encontrar a los muertos, de los cuales dicha institución es responsable.

Es más, es difícil creer que la Iglesia no sea consciente de la falta de veracidad de sus acusaciones frente a la República. No es cierto que hubiera en España persecución religiosa en tiempos de la República. Las iglesias protestantes y la religión judía continuaron sin ninguna intervención por parte del Estado y/o por movimientos sociales o fuerzas políticas afines a la República. No fue la religión el sujeto de animosidad, sino la Iglesia Católica, hecho que a la Iglesia Católica todavía le cuesta aceptar, ya que si lo acepta, tendría que contestar por qué la Iglesia Católica y no las otras religiones fue sujeto del enfado popular. No es cierto que los sacerdotes y los monjes fueran asesinados por sus ideas religiosas, tal como Monseñor Soler escribe en su artículo “Montserrat y los beatos en Tarragona” en La Vanguardia. Fueron asesinados por su pertenencia a una institución que había pedido que el Ejército se sublevara, conociéndose su animosidad a la República. En realidad, el Monasterio de Montserrat, supongo que en nota de agradecimiento, hizo un monumento, más tarde, a los “caídos por Dios y por la Patria”, que estaba en la entrada del Monasterio hasta que más tarde fue desplazado a la parte trasera, con un monumento a los requetés carlistas de la Virgen de Montserrat.

La historia, marginada y ocultada por la propia Iglesia, muestra claramente el porqué de esta  hostilidad, hostilidad que fue iniciada por la Iglesia. Fue la Iglesia Católica la que celebró y apoyó la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Y fue la Iglesia la que se opuso por todos los medios al establecimiento de la República, alentando a los católicos a rebelarse frente a esta. Las pastorales de la jerarquía católica explícitamente llamaban a tal rebelión; documentos (firmados por el cardenal Segura y por su sucesor, el cardenal Gomà) son muy representativos, y seguro que la jerarquía actual de la Iglesia y el Vaticano los conocen. ¿Cómo puede afirmar la jerarquía católica que la Iglesia era apolítica, cuando animó a los católicos a que se rebelaran, pidiendo explícitamente que el Ejército se levantara en contra del gobierno democráticamente elegido?

Era predecible que la gran mayoría de la ciudadanía, que apoyó el establecimiento de la República, primero, y la elección del gobierno del Frente Popular, después, tuvieran animosidad hacia la Iglesia Católica, pues esta, abiertamente, alentaba al Ejército a que hiciera un golpe militar frente a ese Estado y frente a ese gobierno. De ahí que es comprensible y predecible que cuando ocurrió el golpe militar, que la Iglesia Católica inmediatamente apoyó (definiéndolo más tarde como una Cruzada Nacional), grandes sectores de las clases populares expresaran su hostilidad hacia tal institución. La quema de iglesias (no hubo ninguna iglesia protestante o ninguna mezquita o ninguna sinagoga quemadas) y el asesinato de clérigos y personas identificadas con la Iglesia Católica eran la respuesta popular que ocurrió en los primeros tres meses cuando el golpe creó un vacío de poder. No fue una represión guiada por el Estado republicano. En realidad, una vez recuperado el control, en las zonas que continuaban bajo el gobierno republicano se interrumpieron estos actos.

Por el contrario, los asesinatos, mucho más numerosos, llevados a cabo en el lado golpista, fueron cometidos por los aparatos represivos del Estado fascista, que contó con la entusiasta colaboración, en su represión, de la Iglesia Católica. ¿No creen las jerarquías católicas españolas que esta actitud enormemente represiva iba en contra del mensaje de Jesús? ¿Creen, en realidad, que Jesús, que es, en teoría, su supuesta inspiración, hubiera apoyado tanto asesinato, premeditado y programado, para eliminar a personas cuyo único delito era haber apoyado a un Estado y a un gobierno democráticamente elegidos? ¿No creen que es de una crueldad suprema que los familiares de los muertos republicanos todavía hoy no sepan dónde están enterrados? ¿No creen que es profundamente injusto que ellos puedan homenajear a sus muertos cuando los vencidos todavía no saben dónde están los suyos? Y si en verdad los sacerdotes asesinados eran inocentes, ¿no cree la Iglesia Católica que deberían pedir perdón a los familiares de sus propios muertos, pues el comportamiento golpista de su jerarquía católica fue el responsable de que el enfado popular se canalizara en ellos, precisamente por su identificación con la Iglesia?

La respuesta descontrolada en contra de la Iglesia era lógica, pues la Iglesia era culpable de un comportamiento que podía predecirse que causaría miles de muertes. Debe condenarse tal expresión de enfado popular, pero su comportamiento no puede homologarse al del lado golpista, que fue una represión metódica de todos los aparatos del Estado, con el apoyo activo de la Iglesia. Acentuar el victimismo de la Iglesia como hacen las beatificaciones es, además de una tergiversación de la historia que todavía se reproduce en España, una ofensa a los perdedores de la Guerra Civil, que eran los que defendieron la democracia, y que debería crear incomodidad a toda persona con sensibilidad democrática. Mi esperanza es que el Papa Francisco lo vea así y que, en nombre de la Iglesia, pida perdón, no solo a su Dios, sino al pueblo español, al que hizo tanto daño.

Hoy, mientras la Iglesia y las derechas homenajean a sus muertos, la ONU acaba de enviar una delegación denunciando al Estado español por no estar haciendo nada para encontrar a los desaparecidos republicanos. Y el mismo Estado, sin lugar a dudas, estará representado en los actos homenajeando a los “mártires de la Iglesia”. ¿No se avergüenzan de su comportamiento los representantes de un Estado que se presenta como democrático? ¿No se da cuenta la Iglesia de su incoherencia? ¿No ven la falsedad de su llamada a la reconciliación? Está claro que no se dan cuenta. Y que no se den cuenta es un indicador de que continúan siendo reacios a reconocer que la Iglesia Católica no fue víctima sino verdugo en aquel periodo de nuestra historia.

La alcaldesa Ada Colau lleva razón en su conflicto con Airbnb: los pisos turísticos están destruyendo los barrios

2 agosto, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 11 de abril de 2017.

Este artículo aborda la destrucción de los barrios en las ciudades con atractivo turístico por la expansión de los pisos turísticos, los cuales provocan la sustitución de una población estable por una población transeúnte, poco comprometida con el bienestar de la ciudadanía. El artículo detalla los elevados costes que tal expansión significa para la calidad de vida de la ciudadanía, y cómo varias ciudades turísticas de EEUU están respondiendo a esa amenaza. El artículo también defiende a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por haberse enfrentado con empresas como Airbnb, que están promoviendo tal actividad mercantil.

Uno de los hechos económicos más extendidos en las grandes urbes de atractivo turístico ha sido el enorme desarrollo de los pisos turísticos, que se presentan como un ejemplo de lo que se conoce como economía colaborativa, en la que la relación entre el comprador de servicios (el turista que busca hospedarse por tiempos cortos) y la persona que los ofrece (el dueño del piso) se hace directamente a través de una agencia que los pone en contacto, y no a través de la industria hotelera, a la cual sustituye. En teoría parecería una relación razonable, e incluso progresista (y así se ha presentado incluso en algunos medios de información de tal orientación política). Por un lado, tenemos las personas que tienen habitaciones o pisos disponibles que quieren aumentar sus ingresos alquilando tales espacios a turistas, y por el otro lado, el turista que busca un espacio más económico que el hotel y/o residencia. En esta relación, la institución necesaria es una compañía que ponga en contacto a las dos partes –al turista y al propietario de la casa o habitación-, compañías que se han extendido enormemente, y de las cuales Airbnb es la más conocida.

Hasta aquí la descripción de lo que debería pasar en teoría. Y, ¿quién se puede oponer a que una familia pueda conseguir unos ingresos extra a base de alquilar un espacio de su propia casa o de su propiedad? Se presenta así una alternativa a las grandes corporaciones hoteleras, que hasta ahora habían controlado la distribución de los espacios de hospedaje de tales ciudades turísticas.

La rebelión ciudadana en contra de los pisos turísticos

Como en el caso de otros ejemplos de “economía colaborativa” (como la compañía de transportes UBER, entre otros), nos encontramos que la distancia entre la teoría y la realidad es enorme, hasta tal punto que ha surgido una gran protesta ciudadana en todas las ciudades en las que los pisos turísticos se han expandido. Y muchas de estas ciudades están considerando no solo regularlos intensamente, sino incluso prohibirlos. ¿Por qué?

La respuesta es fácil de ver. En primer lugar, la existencia de tales pisos significa una gran molestia para las fincas y para los barrios donde existen estos pisos turísticos, pues es una población transeúnte, no ligada o conectada con el bario o fincas cuya movilidad y/o comportamiento y rompe con la cohesión y espíritu comunitario del lugar. La evidencia de ello es abrumadora. Hay barrios enteros en Barcelona, por ejemplo, que corren el peligro de diluir su carácter vecinal debido al elevado número de tales pisos.

Y para complicar todavía más esta situación, gran parte de estos pisos turísticos no están ni identificados, operan sin ningún tipo de regulación o protección del usuario y de los vecinos, y no ofrecen ninguna garantía ni de seguridad ni de calidad. En general no hay protección frente a dicha actividad mercantil, que contribuye muy poco al erario público, pues un gran número de estos pisos actúan ilegalmente, y no contribuyen, a través del pago de impuestos, a cubrir los gastos extras que su existencia implica. No es de extrañar, por lo tanto, que haya constantemente protestas ciudadanas en lugares donde existen estos pisos turísticos.

Y por si ello no fuera poco, la utilización de pisos turísticos disminuye la oferta de pisos de alquiler para gente normal y corriente, disparándose los precios de los alquileres. En Barcelona, desde 2015, estos alquileres han experimentado un crecimiento muy acentuado (un 15% anual), que es insostenible para la mayoría de la población, cuyos ingresos crecen mucho más lentamente. Hay una relación directa entre el número de pisos turísticos en un barrio, el crecimiento del precio de los alquileres, y el éxodo de vecinos a otros barrios con menos pisos turísticos.

Una protesta internacional. ¿Qué puede hacerse?

El equipo del profesor John Whitlow, de la City University of New York (también profesor visitante del JHU-UPF Public Policy Center), acaba de publicar un interesante estudio sobre cómo ciudades turísticas en EEUU (como Nueva York, San Francisco, Nueva Orleans, Seattle, Los Ángeles y Miami) están respondiendo a esta amenaza a la calidad de vida de los vecinos y a la identidad de los barrios. Entre tales intervenciones municipales están:

1. Limitaciones del número de días al año que una persona propietaria puede poner su piso o habitación a disposición de alquileres cortos. El número varía de 30 a 90 días. Todas las ciudades citadas, excepto Miami, aplican esta norma.

2. Provisión de permisos para establecer pisos turísticos solo en ciertos barrios de la ciudad, tal como exigen Miami y Nueva Orleans.

3. Exigencia de licencia y registro. Todas las ciudades exigen que tanto la agencia Airbnb (y otras agencias similares), así como las personas que alquilan sus espacios, estén licenciadas y registradas, exigiéndoles, además, que garanticen el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene.

4. Deben pagar impuestos, exigencia presente en todas las ciudades, como condición para ejercer tal tipo de actividad comercial.

5. Notificación al ayuntamiento de las personas que alquilan estos espacios y de los inquilinos que ocupan tales espacios.

6. Aprobación por parte del ayuntamiento del tipo de vivienda que puede ponerse al mercado como piso turístico, estableciendo normas de espacio. Solo Nueva Orleans excluye este requerimiento. Todas las demás lo tienen.

7. Todas las personas que ofrecen pisos turísticos tienen que ser residentes de la ciudad. Las personas no residentes no pueden comercializar su vivienda para pisos turísticos. Esta regulación tiene como objetivo dificultar que empresas de capital-riesgo compren propiedad inmobiliaria para transformarla en pisos turísticos.

Y el informe termina indicando que el nivel de requerimientos está expandiéndose rápidamente, a medida que la ciudadanía se está quejando más y más por las molestias que tales pisos turísticos están creando. En realidad, una ley muy popular que se está expandiendo es que los vecinos de una finca puedan votar sobre permitir o no que hayan pisos turísticos en aquella finca. Cuando tal ley se aplica tiene un impacto muy inmediato, parando y revirtiendo dicha expansión. En realidad, el enfado ciudadano está alcanzando tal nivel, que el tipo de sanciones por violaciones de las normas definidas anteriormente está aumentado. Entre ellas, en todas las ciudades citadas (excepto en Los Ángeles) se multa a los propietarios de pisos y a Airbnb con entre 500 y 2.000 dólares por día en casos de violación de las normas municipales. Y el propietario puede ser llevado a los tribunales en caso de que los vecinos de quejen de las molestias originadas por los pisos turísticos. El informe (puesto en mi web http://www.vnavarro.org) detalla, ciudad por ciudad, las normas y regulaciones. Todo ello parece indicar que no es descartable, en un futuro próximo, que tal enfado alcance niveles de indignación y que pasen a aprobarse leyes de prohibición de la existencia de tales pisos turísticos, pues no hay duda que su existencia está deteriorando el bienestar y la calidad de vida de los barrios en las ciudades. Su existencia es una prueba más del impacto sumamente negativo de las políticas neoliberales aplicadas en el diseño del desarrollo urbano. La mercantilización de todas las dimensiones de la actividad humana está llevando a un deterioro muy notable de la calidad de vida de la ciudadanía. Y lo que es sorprendente es que a este desarrollo algunas voces que se definen como progresistas lo llamen “progreso”.

La debilidad de los ayuntamientos en Catalunya y en el resto de España

Una de las mayores diferencias entre el poder municipal en Catalunya y España, y el poder municipal en EEUU, es la enorme debilidad de los ayuntamientos catalanes y españoles, debilidad que caracteriza a los Estados del sur de Europa, donde las fuerzas conservadoras han dominado tales Estados por periodos más largos de tiempo en los siglos XX y XXI. Es precisamente donde las izquierdas han gobernado durante más tiempo (como en los países escandinavos) donde los ayuntamientos tienen mayor poder, mientras que es en el sur de Europa, donde las derechas han sido más poderosas, donde los ayuntamientos son más débiles. Esta falta de poder en el nivel del Estado más próximo a la ciudadanía limita enormemente la incidencia de la ciudadanía en el desarrollo de las políticas públicas que afectan con mayor intensidad a su calidad de vida y bienestar.

Considerando la debilidad de los ayuntamientos en España, es de aplaudir que el Ayuntamiento de Barcelona haya ofrecido un liderazgo, reconocido internacionalmente, para limitar el daño creado por los pisos turísticos a la calidad de vida de los vecinos en Barcelona. Predeciblemente las fuerzas conservadoras y neoliberales, que continúan teniendo un enorme poder político y mediático en España (incluyendo Catalunya), y Airbnb han intentado demonizar al ayuntamiento, manipulando y mintiendo, presentando las acciones de este como excesivamente radicales, motivadas por razones ideológicas anticuadas, ocultando que en otras ciudades tales medidas ya se han desarrollado y han probado ser altamente populares. El mérito del Ayuntamiento de Barcelona es el de haberse enfrentado a tales intereses, con el coraje que caracteriza a la alcaldesa Ada Colau, que ha sido aplaudido en muchas otras ciudades, las cuales se han inspirado en ella. Este aplauso debe ir acompañado de la denuncia a la Generalitat de Catalunya, controlada por las fuerzas conservadoras y neoliberales (y cuyos medios públicos de información y persuasión promueven Airbnb), que predeciblemente ha dificultado los pasos que el ayuntamiento deseaba tomar y que la ciudad se merecía. ¿Hasta cuándo continuará ignorando un clamor popular frente a esta situación que se está convirtiendo en una pesadilla para miles y miles de ciudadanos?

El retorno de Karl Marx para entender lo que está pasando en el capitalismo avanzado

8 julio, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 30 de mayo de 2017.

Este artículo contrasta la cobertura no solo de los medios de información económica, sino incluso de los rotativos en general, sobre pensamientos críticos con la sabiduría convencional del país, tales como el marxismo. El artículo señala que, como bien ha reconocido The Economist, el semanario de orientación liberal más conocido en el mundo occidental, el economista Marx llevaba bastante razón en su análisis del capitalismo, una opinión que sería impensable que se diera en los medios españoles, donde el sesgo conservador y neoliberal es tan dominante que excluye cualquier pensamiento crítico.

En una de las columnas más conocidas del semanario The Economist, la columna Bagehot (a cargo de Adrian Wooldridge), se acaba de publicar un artículo en su número del 13 de mayo que sería impensable que apareciera en las páginas de cualquier revista económica de España de semejante orientación liberal a la que tiene tal semanario. En realidad, no solo en cualquier revista económica, sino en cualquiera de los mayores medios de información de este país (incluyendo Catalunya) tal tipo de artículo nunca podría haberse publicado.

Bajo el título El momento marxista, y el subtítulo Los laboristas llevan razón: Karl Marx tiene mucho que enseñar a los políticos de hoy en día, la columna Bagehot analiza el debate existente entre el dirigente del Partido Laborista del Reino Unido, el Sr. Jeremy Corbyn, y su ministro de Economía y Hacienda en la sombra, el Sr. John McDonnell, por un lado, y los dirigentes del Partido Conservador así como los rotativos conservadores Daily Telegraph y Daily Mail, por el otro. Definir tal intercambio como debate es, sin embargo, excesivamente generoso por parte de la columna Bagehot, pues la respuesta de los rotativos conservadores y de los dirigentes conservadores a los dirigentes laboristas es una burda, grosera e ignorante demonización de Marx y del marxismo, confundiendo marxismo con estalinismo, cosa que también se hace constantemente en los mayores medios de comunicación españoles, en su mayoría también de orientación conservadora o neoliberal.

Los aciertos de Marx según Bagehot, de The Economist

Una vez descartados los argumentos de la derecha británica, la columna Bagehot pasa a discutir lo que considera las grandes profecías de Karl Marx (y así las define) para entender lo que está ocurriendo hoy en el mundo capitalista desarrollado, señalando que muchas de sus predicciones han resultado ser ciertas. Entre ellas señala que:

1. La clase capitalista (que en la columna Bagehot se insiste que continúa existiendo, aunque no se utilice tal término para definirla), que es la clase de los propietarios y gestores del gran capital productivo, está siendo sustituida –como anunció Marx- cada vez más por los propietarios y gestores del capital especulativo y financiero, que Marx (y la columna Bagehot) consideran parasitarios de la riqueza creada por el capital productivo. Esta clase parasitaria es la que, según dicha columna, domina al mundo del Capital, siendo tal situación la mayor responsable del “abusivo” y “escandaloso” (término que Bagehot utiliza) crecimiento de las desigualdades. Los primeros han conseguido cada vez más beneficios a costa de todos los demás. Y para mostrarlo, el columnista del The Economist señala que mientras en 1980 los chief executives de las 100 empresas británicas más importantes ingresaban 25 veces más que el típico empleado de sus empresas, hoy ganan 130 veces más. Los equipos dirigentes de tales entidades inflaron sus ingresos a costa de sus empleados, recibiendo a la vez pagos (además del salario), de las empresas a través de acciones, pensiones y otros privilegios y beneficios. De nuevo, la columna Bagehot, señala que Marx ya lo predijo y así ocurrió. Es más, la columna Bagehot descarta el argumento que tales remuneraciones se deban a lo que el mercado de talentos exige, pues la mayoría de estos salarios escandalosos de los ejecutivos se los han atribuido ellos mismos, a través del contacto que tienen en los Comités Ejecutivos (Executive Boards) de las empresas.

Marx llevaba bastante razón

2. Marx y Bagehot cuestionan la legitimidad de los estados, instrumentalizados por los poderes financieros y económicos. La evidencia acumulada muestra que el maridaje del poder económico y político ha caracterizado la naturaleza de los Estados. La columna Bagehot hace referencia, por ejemplo, al caso Blair (dirigente de la 3ª Vía), que de dirigente del Partido Laborista, una vez dejado el cargo político, pasó a ser asesor de entidades financieras y de regímenes impresentables. En España podríamos añadir una larga lista de expolíticos que hoy trabajan para las grandes empresas, poniendo a su servicio todo el conocimiento y contactos adquiridos durante su cargo político.

3. Otra característica del capitalismo predecida por Marx –según la columna Bagehot- es la creciente monopolización del capital, tanto productivo como especulativo, que está ocurriendo en los países capitalistas más desarrollados. Bagehot señala como tal monopolización ha ido ocurriendo.

4. Y, por si no fuera poco, Bagehot señala que Marx también llevaba razón cuando señaló que el capitalismo por sí mismo crea la pobreza a través del descenso salarial. En realidad, Bagehot aclara que Marx hablaba de “inmiseración”, que es –según el columnista- un término algo exagerado pero cierto en su esencia, pues según tal columnista los salarios han ido bajando y bajando desde que empezó la crisis en 2008, de manera tal que, al ritmo actual, la tan cacareada recuperación no permitirá que se alcancen los niveles de empleo y nivel salarial de antes de la Gran Recesión en muchos años.

Es más, además de estas grandes predicciones, la columna Bagehot afirma que la presente crisis no se puede entender sin entender los cambios dentro del capital, por un lado, y el crecimiento de la explotación de la clase trabajadora, por el otro, tal como señaló Marx.

¿Se imagina el lector a algún gran diario español, sea o no económico, que hubiera permitido un artículo como este? The Economist es el semanario liberal más importante del mundo. Y promueve tal ideología. Pero algunos de sus principales columnistas son capaces de aceptar que, después de todo, Marx, el mayor crítico que ha tenido el capitalismo, llevaba bastante razón. Sería, repito, impensable que en este país, tan escorado a la derecha como resultado de una transición inmodélica de una dictadura fascista a una democracia tan limitada, no solo un rotativo liberal, sino cualquier mayor rotativo, publicara tal artículo con el tono y análisis que lo hace una de las mayores columnas de tal rotativo, firmada por uno de los liberales más activos y conocidos. Esta columna y la persona que está a cargo de ella, sin embargo, no se han convertido al marxismo. Pero reconocen que el marxismo –que en este país ha sido definido por algunas voces como anticuado, irrelevante o cosas peores- es una herramienta esencial para entender la crisis actual. En realidad, no son los primeros que lo han hecho. Otros economistas han reconocido esta realidad aunque, por regla general, tales economistas no se enmarcan en la sensibilidad liberal. Paul Krugman, uno de los economistas keynesianos más conocidos hoy en el mundo, dijo recientemente que el economista que mejor había predicho y analizado las periódicas crisis del capitalismo, como la actual, había sido Michał Kalecki, que perteneció a tal tradición.

Donde la columna Bagehot se equivoca, sin embargo, es al final del artículo, cuando atribuye a Marx políticas llevadas a cabo por algunos de sus seguidores. Confundiendo marxismo con leninismo, la columna concluye que la respuesta histórica y la solución que Marx propone serían un desastre. Ahora bien, que el leninismo tuviera una base en el marxismo no quiere decir que todo marxismo fuera leninista, error frecuentemente cometido por autores poco familiarizados con la literatura científica de dicha tradición. En realidad, Marx dejó para el final su tercer volumen, que tenía que centrarse precisamente en el análisis del Estado. Por desgracia, nunca pudo iniciarlo. Pero lo que sí que escribió sobre la naturaleza del capitalismo ha resultado bastante acertado, de manera tal que no se puede entender la crisis sin recurrir a sus categorías analíticas. La evidencia de ello es claramente contundente y el gran interés que ha aparecido en el mundo académico e intelectual anglosajón, y sobre todo en EEUU y el Reino Unido (donde se publica The Economist), es un indicador de ello. Pero me temo que lo que está ocurriendo en aquellas partes del mundo no lo verá en este país, donde los mayores medios de información son predominantemente de desinformación y persuasión.

Lo que no se dice sobre las causas de la Gran Recesión

23 enero, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 24 de enero de 2014, y en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 28 de enero de 2014

Este artículo señala que la causa más importante de la Gran Recesión ha sido la enorme concentración de las rentas que ha ocurrido como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales desde los años 80. A pesar de la enorme evidencia que existe sobre este hecho, los mayores medios de información han silenciado o ignorado esta realidad.

El título de este artículo podrá sorprender al lector, pues se ha escrito tanto sobre las causas de las crisis que parecería que ya todo se ha dicho o escrito. Pues no, no todo se ha dicho o publicado. En realidad, muy poco se ha dicho o publicado en los mayores fórums de información y persuasión sobre las causas reales de lo que se ha llamado la Gran Recesión. Espero que al final del artículo entienda por qué se ha hablado muy poco de ello.

Tres son las causas de la Gran Recesión. Una, sobre la que sí se ha escrito bastante, es el crecimiento del capital financiero, es decir, de las instituciones como la banca, las compañías de seguros y otras cuyo negocio se basa en manejar dinero. La otra causa, relacionada con la anterior, es la desregulación de este capital financiero, y muy en especial del sector bancario, que ha creado lo que correctamente se ha definido como “capitalismo de casino” (es decir, basado en la especulación). Esta desregulación se ha dado como parte de una cultura desreguladora que ha afectado a otras actividades económicas, como la desregulación del comercio. De ello también se ha hablado extensamente.

Ahora bien, de lo que no se ha hablado es precisamente de lo que hay detrás del aumento del crecimiento del capital financiero (o lo que se llama financiarización de la economía) y de su deriva especulativa. Esta ignorada o desconocida (o incluso ocultada) causa es ni más ni menos que el enorme crecimiento de las desigualdades de renta en la mayoría de países a los que se define como países avanzados económicamente (básicamente los de la OCDE, el club de países más ricos del mundo).

Y aquí el lector me va a permitir que elabore qué quiere decir “el incremento de las desigualdades en la distribución de las rentas en un país”. Comencemos primero con el concepto de “distribución de las rentas”. Las rentas (el dinero que la gente recibe) pueden proceder del trabajo (predominantemente a través de los salarios) o de la propiedad de capital (es decir, propiedad, como por ejemplo, acciones, que generan rentas). Pues bien, la distribución de las rentas es el factor determinante para entender la evolución económica (y también política) de un país.

La mayoría de la población obtiene sus rentas del trabajo. De ahí que cuando estas rentas bajan (y pueden bajar debido a varias circunstancias, como la bajada de salarios, y/o el descenso del número de gente que trabaja, y/o el aumento del desempleo), la demanda de productos y servicios, y con ello la producción de estos productos y servicios, también baja, con lo cual la economía sufre un descenso, que es lo que se llama recesión.

El “descubrimiento” de esta relación entre bajada de la demanda y crisis económica se atribuye generalmente al famoso economista Keynes, lo cual no es del todo cierto. En realidad, le sorprenderá al lector que fue Karl Marx -que tiene muy mala prensa en España- el que ya lo señaló cuando indicó en su libro más conocido, El Capital, que la acumulación de capital, a costa del trabajo, llevaría a las crisis del capitalismo. Pero más que Karl Marx, el que elaboró más esta teoría fue uno de sus seguidores, M. Kalecki, el cual a su vez influenció a dos de los mejores economistas de nuestro tiempo, Joan Robinson y mi amigo Paul Sweezy, ninguno de los cuales, por cierto, recibió ningún Premio Nobel de Economía. En su lugar, los Premios Nobel de Economía (financiados por la banca escandinava) eran entregados a ultraliberales como Robert Lucas, que había escrito que analizar temas de distribución de la renta era dañino y peligroso (“una de las tendencias perniciosas y dañinas en el conocimiento económico… en realidad, venenosa para tal conocimiento, es el estudio de temas de distribución”. The Industrial Revolution: Past and Future). Ni que decir tiene que Lucas era un economista súper próximo al capital, que no quiere oír nada sobre redistribución de las rentas. Autores como Lucas y otros economistas neoliberales continúan teniendo muy buena prensa, no solo en círculos académicos españoles sino incluso en la prensa en general.

¿Por qué la financiarización de la economía?

Ahora bien, cuando la gente no tiene dinero, lo pide prestado. Y de ahí se explica el gran crecimiento de la banca. El endeudamiento tan tremendo de las familias españolas, así como de las medianas y pequeñas empresas (que son las que crean más empleo en España), se debe precisamente a la disminución de las rentas del trabajo. Hay una relación inversa desde los años ochenta entre la disminución de las rentas del trabajo en un país y el crecimiento de la banca. A mayor disminución de las primeras, mayor crecimiento de la segunda (ni que decir tiene que otros factores intervienen también, como la mayor o menor disponibilidad de crédito. Pero esto último no explica por sí solo el enorme crecimiento del endeudamiento).

Y los datos hablan por sí mismos. Las rentas del trabajo como porcentaje del PIB bajaron en España desde el 68% en la década de los ochenta a un 62% en la primera década del siglo XXI. En EEUU, durante el mismo periodo bajaron de un 68% a un 65%. Un tanto parecido ocurrió en la mayoría de países de la OCDE, aunque el grado de descenso y el porcentaje variaron considerablemente. Pero, incluso en los países nórdicos, como Suecia, el descenso, aun cuando mucho menor, fue del 71% al 69%. España, junto con Grecia (que pasó del 67% al 60%), Italia (del 68% al 65%) e Irlanda (del 70% al 55%), fueron de los países en los que el porcentaje de las rentas del trabajo sobre el PIB era más bajo y en los que más bajó (Eckhard Hein, “Finance-dominated Capitalism and Income Distribution. Implications for an ‘Agenda of Shared Prosperity’”). En todos ellos, las rentas del trabajo bajaron rápidamente a costa del incremento de las rentas del capital. Esta es la realidad, ignorada, desconocida u ocultada. Y no es casualidad, por cierto, que Grecia, Irlanda, Italia y España sean los países donde la Gran Recesión ha sido más acentuada (ver mi artículo “Capital-Trabajo: el origen de la crisis actual”, Le Monde Diplomatique, julio de 2013). Es en estos países donde el problema de la demanda es mayor y, por lo tanto, la recesión es también mayor.

¿Por qué aumentó la especulación financiera?

Este descenso del peso de las rentas del trabajo puede no traducirse en descenso de la demanda si la capacidad adquisitiva de la población no desciende como consecuencia de conseguir prestado dinero para continuar comprando los productos y servicios que necesita. Es decir, el crédito (que le proporciona la banca) puede mantener la demanda. Pero hasta cierto punto. Y ahí está la raíz del problema. La demanda persiste pero va cayendo, y con ello la actividad económica. Y ello puede representar un problema, incluso para el mundo del capital, pues si no hay suficiente demanda, las fábricas producen menos y los propietarios pueden conseguir menos beneficios. Lo que se llama la “rentabilidad del capital” queda afectada cuando la demanda baja. De ahí que la gente que tiene mucho dinero no vaya a invertir en lo que se llama economía productiva (es decir, en producir productos y servicios), sino en áreas donde la rentabilidad sea mayor, tales como las actividades especulativas en, por ejemplo, el sector inmobiliario. Y es así como se produce la enorme explosión de burbujas especulativas, facilitada por la desregulación de la banca. Ahora bien, toda burbuja, por definición, explota. Y cuando explota, la banca colapsa o se paraliza, el crédito desaparece y la economía se colapsa, pues sin crédito, la demanda también colapsa, ya que los salarios, cada vez más bajos, sin crédito, no pueden mantenerla. Y ahí surge la Gran Recesión. La enorme concentración de la riqueza ha creado la Gran Recesión, de la misma manera que antes, a principios del siglo XX, creó la Gran Depresión.

¿Y por qué ha habido esta concentración de riquezas?

Una vez se entienden las causas de la crisis, las soluciones son bastante fáciles. A riesgo de pecar de inmodestia, les aseguro que la gran mayoría de mis estudiantes en el programa de Políticas Públicas y Sociales de la UPF-Hopkins, al terminar sus estudios, saben cómo resolver la crisis. Las soluciones no son difíciles de ver desde el punto de vista científico: revertir las políticas públicas que se han ido desarrollando, la mayoría desde el periodo 1980 hasta ahora, cambiando el signo de estas intervenciones, favoreciendo a las rentas del trabajo en lugar de a las rentas del capital. Ello implica una redistribución muy notable de las rentas del país, disminuyendo las rentas del capital –incluso con la sustitución del capital por otras formas de propiedad en muchas áreas de la economía- y aumentando las rentas del trabajo. La solución para salir de la crisis es un aumento muy notable de las rentas del trabajo (a base de aumentar salarios, ocupación y empleo) y un descenso de las del capital. Y como acabo de decir, con una notable reducción no solo del espacio del capital financiero, sino también de su propiedad y comportamiento, eliminando, por ejemplo, el carácter especulativo del capital privado, sustituyéndolo, en el caso de la banca, por capital público. No tiene sentido, por ejemplo, que la banca privada consiga préstamos baratísimos del Banco Central Europeo (BCE), que es una entidad pública, para que luego los bancos privados presten este dinero a unos intereses altísimos a las autoridades públicas (como al Estado) o a las empresas. Es mucho más eficiente y justo eliminar el intermediario –la banca privada- y que el BCE preste a los Estados directamente, y que estos presten a la población y a las empresas directamente (ver mi artículo “Una de las mil razones para estar indignados”. El Plural, 13.01.14). Y, como parte de esta solución, disminuir la excesiva dispersión salarial (que ha ido aumentando entre la población asalariada), impidiendo que los salarios más altos sean, como ahora, obscenamente altos, sin guardar ninguna relación con la productividad. Y, muy importante, terminar con la “beneficencia” hacia la banca, que ha sido la que más se ha beneficiado de la generosidad estatal.

Ahora bien, que ello ocurra o no, depende de causas políticas. Para que ocurra, se necesita un cambio profundo de las relaciones de poder, incluyendo las relaciones de poder de clase, en las que una minoría controla la mayoría de instituciones mediáticas y políticas de los países de la OCDE, imponiendo las políticas ultraliberales que están dañando enormemente a la población.

La desconocida historia del problema español

15 enero, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 16 de enero de 2014, y en catalán en el diario digital L’HORA, 23 de enero de 2014

Este artículo critica las consecuencias de una transición inmodélica que creó una democracia sumamente limitada, y que ha reproducido una visión de España que dificulta y obstaculiza el reconocimiento de su carácter plurinacional, impidiendo la expresión democrática, lo que está creando enormes tensiones que se hubieran podido prevenir en otro tipo de transición y en otro tipo de Estado. Las fuerzas progresistas de España debieran apoyar y reconocer el derecho a decidir de Catalunya, no solo por mera coherencia democrática, sino también por el impacto que la realización de tal derecho podría tener en la redefinición de España.

Existe un problema grave en España, que los establishments políticos y mediáticos españoles, radicados en su mayoría en Madrid, definen como el “problema catalán”, que es, en realidad, el “problema español”, problema que se agudizó como consecuencia de la enorme influencia que la derecha española (en realidad, ultraderecha en el espectro político europeo) tuvo durante el mal llamado “proceso modélico” de la Transición de la dictadura a la democracia. Como he escrito en varias ocasiones, aquel proceso tuvo muy poco de modélico, pues se hizo en condiciones sumamente favorables para las derechas (que controlaban el aparato del Estado y la mayoría de los medios de información y persuasión), y muy desfavorables para las izquierdas, que habían liderado las fuerzas democráticas durante la resistencia frente a la Dictadura (que fue una de las más represivas existentes en Europa) y que acababan de salir de la clandestinidad. La Transición fue un proceso enormemente desequilibrado, que determinó un producto –la Constitución- que reflejaba, en muchos de sus componentes, esta falta de equilibrio de fuerzas, con dominio de las ultraderechas. Fue este desequilibrio lo que explica la visión de España que se desprende de este documento. España –según la Constitución- es una nación (sin reconocer que haya varias naciones), y el Ejército tiene que garantizar que ello sea así, recordando que el Ejército golpista (del cual el Ejército en aquel momento era su continuador) realizó un golpe de Estado precisamente para evitar una redefinición de España que se expresara a través de un Estado plurinacional. La famosa llamada a la unidad de España era una llamada al mantenimiento de un Estado uninacional.

No debería olvidarse que aquel golpe militar se realizó para defender la permanencia de un orden social y territorial injusto. Sus dirigentes llamaron “separatistas” a aquellos que deseaban no separarse de España, sino redefinirla. El Estado catalán, tanto el propuesto por Lluís Companys como el propuesto por Francesc Macià, era un Estado que se consideraba parte de una federación española, o incluso ibérica, que debía reconocer su plurinacionalidad. En contra de la versión oficial de la Historia de España, el objetivo de las fuerzas progresistas en Catalunya durante la República no fue el separatismo, sino el establecimiento de un federalismo que permitiera la convivencia entre iguales, compartiendo voluntariamente su existencia dentro de un amplio colectivo, con un Estado federal plurinacional. Por cierto, el que sintetizó mejor este sentimiento no fueron las figuras tradicionales del establishment mediático y político nacionalista catalán, sino el dirigente del movimiento obrero catalán El Noi del Sucre, autor prácticamente desconocido en los medios de información de ese establishment.

Parece ahora haberse olvidado que fueron todas las izquierdas, tanto las españolas como las catalanas, las que siempre habían compartido esta visión, que mantuvieron también durante la clandestinidad. Esta visión federalista implicaba la autodeterminación de sus componentes. Tan recientemente como en el Congreso de Octubre de 1974 de Suresnes, el PSOE subrayaba que  “la definitiva solución del problema de las nacionalidades y regiones que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas, que comporta la facultad de que cada nacionalidad y región pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español” (Resolución sobre nacionalidades y regiones). Y más tarde, en el 27 Congreso del PSOE en diciembre de 1976, se aprobó que “el Partido Socialista propugnará el ejercicio libre del derecho a la autodeterminación por la totalidad de las nacionalidades y regionalidades que compondrán en pie de igualdad el Estado federal que preconizamos… La Constitución garantizará el derecho de autodeterminación”, manteniendo que “el análisis histórico nos dice que en la actual coyuntura la lucha por la liberación de las nacionalidades… no es opuesta, sino complementaria con el internacionalismo de la clase trabajadora”. “Autodeterminación” era la versión de entonces del “derecho a decidir” de ahora. Este derecho a decidir –que permitía, si así se deseaba, la separación- aseguraba que la permanencia –deseada por la mayoría- era en condiciones de igualdad y voluntaria, no forzada o impuesta.

El cambio de las izquierdas españolas gobernantes

Este compromiso desapareció en la mal llamada “modélica” Transición. El cambio se debió a las presiones (en realidad, imposiciones) del Ejército y del Monarca, que impusieron estas cláusulas de España como la única nación, indivisible y salvaguardada por el Ejército, que garantizaría la permanencia de este Estado uninacional. Esta fue la condición de la Monarquía y del Ejército para permitir el establecimiento de una democracia muy limitada. Varios protagonistas de aquella Transición así lo han reconocido. Esta fue la causa de que las izquierdas españolas cambiaran tan radicalmente. Y ahí se encuentran las raíces de la falta de resolución del problema español. Su oposición a la redefinición de España, todo ello bajo la argumentación de defender su unidad (la misma justificación que habían utilizado las derechas para realizar el golpe militar del 1936), impidió que se resolviera este problema. Las fuerzas conservadoras ganaron la batalla otra vez. Y presentaron la aprobación de la Constitución por parte de la población española en un referéndum como signo de una aprobación a un supuesto consenso entre iguales que distó mucho de ser entre iguales y de que fuera consenso. Las izquierdas, muy débiles y recién salidas de la cárcel o del exilio, estaban ansiosas por tener democracia, por muy limitada que fuera. Ahora bien, como me dijo en una ocasión Santiago Carrillo, lo que las izquierdas consideraron como su gran éxito fue la admisión del principio de que la soberanía procedía y derivaba de la ciudadanía, sin ser plenamente conscientes, sin embargo, de que la misma Constitución dificultaba que dicha soberanía se ejerciera en las distintas naciones que ocupan el territorio del Estado español. El derecho a decidir (formas de democracia directa como referéndums) apenas se permitió, desarrollando unas instituciones democráticas muy poco representativas (el 72% de la población española está de acuerdo con el eslogan del 15-M “no nos representan”) y muy poco participativas. Este fue el resultado de aquella Transición claramente inmodélica, que no permite ni siquiera referéndums de carácter consultivo, como es el que ahora se propone en Catalunya.

Ahora bien, el abandono por parte de las izquierdas españolas, tanto socialistas como comunistas, de sus raíces y compromisos federalistas, dejó el problema español sin resolver, agudizándose todavía más las tensiones cuando el Tribunal Constitucional, controlado por los dos partidos mayoritarios, eliminó elementos claves del Estatuto (el intento de recuperar la plurinacionalidad del Estado español) después de ser refrendado por la población catalana, argumentando que la Constitución no lo permitía. Por lo demás, la dirección del PSOE se convirtió en la gran defensora, junto con las derechas, de esta versión uninacional de España. Y cuando el intento de golpe militar de 1981 ocurrió, la Monarquía acentuó la importancia de la unidad de España. En consecuencia, el PSOE decidió que el Partido de los Socialistas de Catalunya dejara de tener su propio grupo parlamentario, convirtiéndose en una rama del PSOE.

La situación actual

Y ahora, el comportamiento insultante del gobierno del PP (con la ayuda de los sectores jacobinos dentro del PSOE), con su arrogancia y falta de sensibilidad hacia las reivindicaciones de la mayoría de la población en Catalunya, que favorece el derecho a decidir, está llevando a una situación de hartazgo que explica el enorme crecimiento del sentimiento de separación respecto al Estado español, creyendo imposible que esta España pueda cambiar. Y ahí está el problema español, acentuado por las fuerzas conservadoras de ambas partes del Ebro, que utilizan las banderas, una vez más, para ocultar su alianza de clases.

Pero se está cometiendo un gran error por parte de sectores de las izquierdas españolas, al creerse que este movimiento pro “derecho a decidir” es un movimiento de derechas, liderado por el gobierno catalán. Y también es un gran error (que se repite maliciosamente y desvergonzadamente por parte de las derechas, tanto el PP como UPyD) creerse que este movimiento es un movimiento anti España. Es un movimiento anti Estado español (ver mi artículo “La Sagrera: la Catalunya real”, Público, 26.11.13), lo cual es diferente a ser un movimiento anti español. Naturalmente que hay de todo, pero la mayoría no se siente anti española. En realidad, la mayoría o la minoría mayor, son catalanes que se sienten españoles pero que quieren que se reconozca a Catalunya como nación, con su derecho a decidir su articulación o separación con el Estado español. Los insultos que se están promoviendo (acusando a este movimiento de victimista, insolidario, y una larga retahíla de insultos predecibles), incluso por personalidades de izquierda, están haciendo un gran daño, estimulado el separatismo. En realidad, el fenómeno mas novedoso que está ocurriendo en Catalunya es el sentir mayoritario de la población (el 81%) de que la población en Catalunya tiene el derecho a decidir (es decir, a ser soberana) y que un número cada vez mayor de personas que se sienten españolas, además de catalanas, votaría, dentro del proceso de decisión, por la independencia, como rechazo a un Estado cuya máxima expresión es el establishment político y mediático radicado en Madrid, caracterizado por una extraordinaria arrogancia, que cree que la única España posible es la que ellos están imponiendo cada día al resto del país, incluyendo Catalunya.

Esto, el establishment españolista, político y mediático, radicado en la capital del Reino, nunca lo reconocerá. Pero el Estado español (del cual son portavoces) ha alcanzado tal nivel de descrédito entre la población de las distintas naciones y regiones de España que existe hoy una agitación constante a lo largo del territorio español, también de rechazo hacia este Estado. Las encuestas muestran como la población española es de las que está más distanciada de las instituciones del Estado en la Unión Europea. Y están surgiendo elementos y movimientos contestatarios (que se iniciaron con el movimiento 15-M) que son radicales, en el sentido de que van a las raíces de los problemas, pidiendo y exigiendo una segunda Transición, que permita el desarrollo de la España republicana, alternativa a la que hoy existe, y que hermanada con los movimientos soberanistas en Catalunya, consiga una España soberana, democrática y justa. La alianza de los soberanistas catalanes y de los soberanistas españoles que rechazan este Estado tan escasamente democrático es la condición para conseguir, no solo lo que las izquierdas históricamente desearon, sino lo que cualquier persona democrática debería desear.

La importancia del derecho a decidir

Este sentimiento por parte de la mayoría de la población que vive en Catalunya de que el pueblo catalán tiene que tener el derecho a decidir no variará. Es un sentimiento de una enorme importancia, pues equivale al reconocimiento de Catalunya como una nación soberana.

Ahora bien, en contra de lo que constantemente se presenta en círculos nacionalistas, tanto españoles como catalanes, la demanda de este derecho no es lo mismo que el deseo de que Catalunya sea independiente. Naturalmente que el derecho a decidir implica la posibilidad de independizarse. Pero el derecho a decidir debe tener, por mera coherencia democrática, otras alternativas para que sea el pueblo catalán el que decida. Ofrecerle solo una alternativa limita este derecho. De ahí el error de creerse que el derecho a decidir es lo mismo que pedir la independencia. La famosa fiesta en el campo del Barça, erróneamente definida como la fiesta del “derecho a decidir”, era en realidad una fiesta independentista. Detrás de las declaraciones de la persona anfitriona que leyó el manifiesto de la fiesta (que lo podría haber firmado la mayoría del 81% que está a favor del derecho a decidir), había una bandera independentista (mostrando un intento de instrumentalización de aquel sentimiento).

Pero mientras que el 81% quiere que la población vote sobre su futuro, el porcentaje de votantes a favor de la independencia, según las encuestas, sería menor (52%), porcentaje que probablemente aumente más y rápidamente si el establishment españolista radicado en Madrid continúa su oposición al derecho a decidir, de lo cual los independentistas son conscientes, pues se están beneficiando de este comportamiento.

Ahora bien, aunque comprensible en su comportamiento, esta captación del derecho a decidir por los independentistas puede dañar este derecho, pues, en caso de que hubiera tal voto y la mayoría no votara a favor de la independencia, el establishment españolista concluiría que el pueblo catalán no desea ser soberano. Y será un flaco favor para aquellos que sostienen que Catalunya tiene que ser una nación soberana.

Y es esta misma visión del derecho a decidir que lleva a presentar por partidos nacionalistas (tanto catalanes como españoles) los hechos heroicos de la población catalana del 1714 como un movimiento del pueblo catalán contra España, cuando en realidad fue contra el Estado borbónico español, que anuló las instituciones catalanas. Su derrota fue también la derrota de las fuerzas progresistas españolas (lo cual nunca se dice) que defendieron la visión de otra España, como bien indicaron los propios dirigentes de la revuelta catalana. Aquella guerra la perdieron, además de Catalunya, todas las fuerzas progresistas de toda España. La clarividencia de los dirigentes catalanes de aquel momento fue extraordinaria, pues ya entonces indicaron que la derrota de Catalunya significaría también “la derrota de aquellos españoles engañados por el Estado borbónico”. Ni que decir tiene que los paralelismos entre dos momentos históricos tan distantes son muy limitados, pues incluso las categorías Catalunya y España tienen diferentes significados. Pero debe, sin embargo, señalarse que ya entonces hubo dos visiones distintas de España, y que la victoria de una –de la cual la España actual es heredera- se hizo a costa de Catalunya y de la España progresista. Y de ello nunca se habla. Si se conociera, habría un movimiento generalizado de las fuerzas progresistas en España a favor del derecho a decidir en Catalunya y en el resto de España.

Las consecuencias del machismo: el subdesarrollo del cuarto pilar del Estado del Bienestar

13 enero, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 8 de diciembre de 2016.

Este artículo es una crítica del machismo dominante en este país, que se expresa en el escaso desarrollo de las transferencias y servicios públicos que benefician a las familias, y muy en particular a las mujeres, requiriéndose una expansión muy notable del cuarto pilar del Estado del Bienestar, así como un cambio de mentalidad del hombre. El artículo muestra que el subdesarrollo social de España se debe al enorme poder de la clase y el género dominantes.

España es uno de los países de la Unión Europea de los Quince (UE-15) que tiene un menor gasto público social por habitante. Y ello no se debe a que sea un país pobre (no lo es, pues ya antes de la crisis su PIB per cápita era el 94% del PIB per cápita del promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE que tienen mayor riqueza en la UE), sino al gran dominio que las fuerzas conservadoras y liberales han tenido y continúan teniendo sobre el Estado español. En realidad, el gasto público social (que incluye transferencias y servicios públicos, como sanidad, educación o servicios sociales, entre otros) per cápita era solo el 74% del promedio de la UE-15. Si hubiera sido el 94%, el Estado del Bienestar se habría gastado 66.000 millones más de lo que se gastaba.

En otro trabajo (El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. Anagrama, 2006) documenté cómo la raíz del subdesarrollo social de España se debe al enorme poder que la clase dominante de este país, es decir, los propietarios y gestores de sus mayores entidades financieras y económicas (y que derivan sus rentas de la propiedad del capital), y las clases medias de renta superior, han tenido y continúan teniendo en el desarrollo de las políticas fiscales (altamente regresivas) que determinan la pobreza de ingresos a las arcas de Estado. Poder de clase es el factor determinante de dicho retraso social de España.

Los costes humanos del machismo

Pero la parte menos desarrollada del Estado del Bienestar español son las transferencias y servicios públicos orientados hacia las familias. Servicios tales como escuelas de infancia y servicios domiciliarios para las personas discapacitadas están muy poco desarrollados en España, y la causa de tal subdesarrollo es otro tipo de poder, además del poder de clase. Me estoy refiriendo al poder de género dominante, es decir, al machismo. En España, cuando decimos familia en realidad queremos decir mujer, pues son las mujeres las que juegan un papel clave en el cuidado de los miembros de la familia, sean niños o niñas, jóvenes (que viven en casa de sus padres hasta que tienen 32 años como promedio), esposos o compañeros y ancianos. Y además de tanto cuidado, el 52% de las mujeres también trabajan en el mercado laboral. Las mujeres españolas cubren las enormes insuficiencias del Estado del Bienestar.

Todos estos datos permiten concluir que la cultura política dominante en España, que retóricamente da tanta importancia a la familia, se caracteriza por una gran hipocresía. En tal discurso oficial se pone a la familia (a la mujer) en un pedestal, para luego crucificarla. Si alguien cree que estoy exagerando, léase mi libro antes citado. Las mujeres españolas tienen tres veces más enfermedades debidas al estrés que los hombres. Poder de clase (clasismo) y poder de género (machismo) es lo que está causando esta situación.

Los costes económicos del machismo

El gran domino de los hombres (que proceden en su mayoría de las clases más pudientes) en las estructuras de poder explica este subdesarrollo de las transferencias y servicios públicos a las familias. Pero tanta insensibilidad, además de crear un problema humano enorme, está también creando un problema demográfico y otro económico enormes. España tiene una de las fertilidades (número de nacidos por cada mujer fértil) más bajas de la UE-15, aun cuando a la mayoría de familias españolas les gustaría tener dos niños o niñas; el promedio es de solo 1,3, que es una cifra menor de lo que se requeriría para que se equilibrara el descenso de la población debido a la mortalidad. Si muere más gente de la que nace, la población desciende. Si a ello se le suma el creciente sentimiento anti-inmigración que se está esparciendo por toda Europa, se puede concluir que la población española ira descendiendo de tamaño.

Pero tanto machismo está creando también un problema económico enorme, del cual el establishment (expresión anglosajona que quiere decir la estructura de poder) político-mediático que gobierna el país no es ni consciente. Parte de la escasa creación de empleo se debe precisamente al escaso desarrollo del Estado del Bienestar en España (incluyendo los servicios de ayuda a las familias). Solo una persona de cada diez personas adultas en España trabaja en los servicios públicos (incluyendo los servicios públicos del Estado del Bienestar) cuando en Suecia es uno de cada cinco. En contra de lo que proclaman los economistas liberales (que son la mayoría de los gurús mediáticos), el sector público está subdesarrollado en España.

Y lo que es ignorado por parte del establishment político-mediático del país es que empleo crea la demanda para más empleo, una situación particularmente acentuada con el empleo de las mujeres, pues alguien tiene que hacer las labores que el ama de casa realiza cuando esta se incorpora al mercado del trabajo. Se ha calculado que la entrada de cada mujer al mercado de trabajo crea la necesidad de 0,3 puestos de trabajo para que otras u otros deban realizar la labor que ella realizaba en casa.

Las desigualdades de género retrasan económicamente al país

Pero existe otra situación ignorada por aquel establishment, y es que la equidad es necesaria para la eficiencia económica. Hoy la mujer española recibe por el mismo trabajo solo el 81% de la retribución bruta media por hora trabajada de los hombres, según Eurostat, siendo el tercer país con la mayor brecha salarial de la UE-15. Ello se debe a muchos factores, pero uno de ellos es que la mujer interrumpe su vida laboral con mayor frecuencia que el hombre. Hay más mujeres a tiempo parcial que hombres, situación que se justifica en la ideología dominante como consecuencia de que la mujer tiene mayores responsabilidades familiares que el hombre. Y la continuidad laboral en el mismo puesto de trabajo es también menor en la mujer que en el hombre, explicándose con el mismo argumento. Pero ello tiene un coste no solo humano, como indiqué antes, sino también económico, puesto que si las mujeres tuvieran la misma tasa de participación en la fuerza laboral que los hombres, el PIB aumentaría un 6%, siendo una de las causas mayores de crecimiento económico que podría tener el país. De ahí que las correcciones necesarias para conseguir la igualdad (incluyendo la de género) sean enormemente necesarias tanto por razones éticas como sociales y económicas.

La necesidad del cuarto pilar del Estado del Bienestar

Y de ahí que una de las políticas públicas más importantes sea la de facilitar la integración de la mujer en el mercado de trabajo mediante el establecimiento de un derecho universal de acceso a los servicios de ayuda a la familias que incluyeran las escuelas de infancia y los servicios domiciliarios a la personas con dependencia, lo cual ha pasado a conocerse como el cuarto pilar del Estado del Bienestar, expresión que generé yo en una discusión que tuve con el que era entonces el candidato a la presidencia de España, el Sr. Josep Borrell, al cual asesoré en aquellos momentos. Estábamos él y yo sentados en un bar de Sants (Barcelona), cerca de la estación, preparando su programa electoral, cuando la silla en la que yo me sentaba se rompió, quebrándose una pata. Aproveché aquella ocasión para indicar a Borrell que el Estado del Bienestar de España era como aquella silla. Tenía ya tres patas (el derecho a la sanidad, el derecho a la educación y el derecho a la pensión –derecho todavía limitado-), pero le faltaba una cuarta pata, que era el derecho a los servicios de ayuda a las familias, que debían incluir el derecho a las escuelas de infancia –mal llamadas guarderías en este país- y servicios domiciliarios a las personas dependientes. Fue así como nació la expresión “el cuarto pilar del Estado del Bienestar”, que ha hecho fortuna, aun cuando se limita a los servicios domiciliarios, excluyéndose las escuelas de infancia, lo cual fue un enorme error del gobierno Zapatero. El establecimiento de los servicios domiciliarios ha sido un gran paso, aunque su financiación ha sido muy insuficiente, insuficiencia que ha alcanzado niveles escandalosos durante los años de gobierno del PP.

La promoción pública de tales servicios es una de las políticas públicas más necesarias hoy en España, a fin de mejorar la calidad de vida y bienestar de las clases populares, aumentando además su capacidad adquisitiva, corrigiendo el déficit de salarios de las mujeres y creando empleo. Existen muchos trabajos de investigación que muestran que aquellos países que tienen más desarrollados estos servicios tienen un porcentaje mayor de mujeres integradas en el mercado de trabajo, y menos diferencias salariales entre mujeres y hombres. Los países escandinavos (Suecia, Noruega y Dinamarca) son los que tienen menos diferencias salariales entre hombres y mujeres, y mayor desarrollo del cuarto pilar del Estado del Bienestar, mientras que EEUU, Japón y los países del sur de Europa tienen más diferencias salariales y menor desarrollo del cuarto pilar del Estado del Bienestar. Por desgracia, el establishment político-mediático no ve tales servicios como una inversión necesaria y urgente, escogiendo en su lugar invertir en trenes de alta velocidad que benefician solo a un sector minoritario del país (predominantemente hombres de las clases dominantes).

Ni que decir tiene que para que ocurran tales cambios se necesita una revolución cultural en el país, corresponsabilizando a los hombres en las tareas familiares. La mujer sueca dedica 28 horas a la semana a tareas familiares. El hombre dedica 22 horas. En España son 48 y 8 respectivamente. Y usted, lector sabe quién hace qué. Pero sepa que el enorme machismo tiene un coste económico, creando un enorme sufrimiento (recuerde las enfermedades por estrés) y una gran insuficiencia económica. Hoy, la eliminación del machismo es una de las tareas más importantes desde el punto de vista social, así como económico de este país. Las evidencias de que el gran retraso social y económico de España se debe precisamente al poder de la clase y del género dominantes son enormes. Así de claro.

La situación escandalosa de Gas Natural Fenosa y su responsabilidad en la creación de pobreza energética

15 diciembre, 2016

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 24 de noviembre de 2016.

Este artículo hace una crítica de la compañía Gas Natural Fenosa, mostrando sus prácticas excesivamente sensibles hacia la necesidad de acumular beneficios a costa de los servicios provistos a la población, que alcanzan niveles deplorables en los servicios a sectores vulnerables de las clases populares del país.

El Sr. Bergoglio, de profesión Pontífice de la Iglesia Católica, dijo en una ocasión reciente, a raíz de una conferencia a empresarios de grandes compañías de localización multinacional, que el objetivo del mundo empresarial debe ser servir a las comunidades donde se ubican y de donde extraen sus beneficios las empresas, y no la mera acumulación de beneficios para beneficio propio. En la manera como el Pontífice lo señaló parecía transmitirse una percepción que, por lo visto, está ampliamente extendida en los círculos próximos al pontífice, de que el mundo de lo que se conoce erróneamente como multinacionales tiene como objetivo más lo segundo que lo primero. El mundo empresarial (y gran parte del conocimiento económico provisto por instituciones académicas próximas y/o financiadas por él) asume que la acumulación de beneficios beneficia no solo a tal mundo, sino a todos los demás. La evidencia existente, sin embargo, no avala este supuesto.

Pero antes de elaborar este punto, tema del artículo, siento la necesidad de aclarar que el hecho de que una empresa opere en varios países no implica que sea propiedad de todos ellos. Por regla general, la dirección y gestión de tales entidades están basadas en un país, con cuyo Estado tienen una relación preferencial e instrumental que configura en gran medida su comportamiento internacional. Son empresas transnacionales, más que multinacionales. Gas Natural Fenosa, por ejemplo, es española (con sede en Catalunya) y obtiene amplios beneficios (8.376 millones de euros durante el periodo 2010-2015) de su actividad no solo en España, sino también de muchos países de Latinoamérica, tales como Chile y Brasil, entre otros. Para entender tal expansión en América Latina hay que comprender su relación con el Estado español, con el cual tiene una complicidad bien definida. En realidad, el Estado español considera que es su deber ayudar a las transnacionales españolas, incluyendo Gas Natural Fenosa, asumiendo (también erróneamente) que los intereses de tales transnacionales coinciden con los intereses de la mayoría de los ciudadanos españoles.

Gas Natural Fenosa recibe ayudas financieras sustanciales del Estado, no solo directas, en forma de pagos y subsidios, sino también indirectas, permitiéndosele que no pague impuestos al Estado mediante el establecimiento de 15 filiales en paraísos fiscales que no tributan en el Estado español. En contra de lo que se asume, el Estado podría limitar significativamente la utilización de paraísos fiscales por parte de Gas Natural y otras compañías, que tienen amplias conexiones con dichos paraísos.

La complicidad de Gas Natural Fenosa con el mundo político

Este maridaje y complicidad se materializan de varias maneras. Una es mediante la incorporación en sus equipos de dirección de personajes políticos de gran peso e influencia, no solo en el Estado español, sino también en América Latina. El caso más conocido es el del Sr. Felipe González, buen conocedor del Estado español y de los Estados de aquel continente, como resultado de su amplia experiencia como presidente del gobierno español durante el periodo 1982-1996. El Sr. González recibió 566.000 euros como consecuencia de su servicio en el Consejo de Administración de Gas Natural, con unos emolumentos de 126.500 euros brutos al año (desde el año 2010 hasta principios de 2015, cuando indicó que abandonaba el consejo de administración de Gas Natural Fenosa como consecuencia de que “se aburría” en el puesto). Otros dirigentes políticos, tanto del PSOE como de otras formaciones políticas, han servido en esta transnacional.

Gas Natural nunca ha tenido pérdidas. Esta situación es común en las veinte compañías más grandes de Catalunya. Esta empresa ha estado entre las que han conseguido mayores beneficios en España, los cuales han ido variando, pero incluso en los momentos de mayor crisis, como en 2012, Gas Natural y las otras 19 compañías consiguieron unos beneficios muy elevados (4.560 millones) que aumentaron incluso más en 2105 (6.686 millones solo con los resultados de 10 de esas 20 empresas). Otras compañías incluyen Abertis, CaixaBank, Banc de Sabadell o Vueling, entre otras, todas ellas basadas en Catalunya, el País Valenciano y las Islas Baleares.

El 35% de los ingresos de Gas Natural Fenosa provienen de la distribución de gas, un 28% de la distribución de la electricidad, un 20% de la generación y comercialización de la electricidad, y un 17% del aprovisionamiento y comercialización de gas. El 55% de dichos ingresos provienen del mercado español y el 45% del extranjero, principalmente en América Latina. El 70% de sus elevados beneficios se distribuyen entre sus accionistas, de los cuales Repsol y CaixaBank (otras transnacionales del IBEX-35) son dos de sus mayores accionistas. Es en la práctica parte de un oligopolio de la distribución de la electricidad y del gas, puesto que Repsol, Endesa, Gas Natural Iberdrola, BP y Cepsa copan el 60% del mercado energético español, teniendo ambos productos unos de los precios más elevados de la Unión Europea de los Quince (UE-15). En el caso de los precios de la electricidad que pagan los hogares, los españoles son los terceros más elevados de la UE-15, con una cantidad de 0,2468 euros por kWh, solo por detrás de Portugal (0,3018 euros) y Alemania (0,2878 euros). En cuanto a los precios del gas natural que pagan los hogares, los españoles también son los terceros más elevados de la UE-15, con una cantidad de 0,0765 euros por kWh, solo por detrás de Portugal (0,1172 euros) y Suecia (0,0876 euros) (datos de Eurostat para el primer semestre de 2016, en paridad de poder de compra). Ello es consecuencia de la excesiva influencia de tal transnacional (y de otras tantas) sobre el Estado.

La situación escandalosa que tiene escasa visibilidad política y mediática

Esta bonanza contrasta con la enorme crisis y retraso social que está sufriendo la población durante la crisis. Mientras los beneficios de Gas Natural Fenosa y otras empresas del IBEX-35 han seguido siendo altos (incluso durante los años de crisis), alcanzando cifras récord, con las consiguientes altas remuneraciones de sus directivos que no se han visto afectadas por la crisis, los salarios han bajado de media un 7,1% desde el año 2009 (y un 10% en Catalunya), y el riesgo de pobreza ha alcanzado un 22% de la población, con un 11% de hogares padeciendo pobreza energética, que quiere decir que son incapaces de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como por ejemplo mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud. Este es uno de los porcentajes mayores de la Unión Europea de los Quince (el grupo de países con semejante nivel de desarrollo al de España). Este elevadísimo porcentaje es probable que sea incluso mayor, pues hay muchas personas, muchas de ellas personas ancianas y personas inmigrantes, que no son conscientes de ello o se avergüenzan de pedir ayuda. Y el coste de esta situación es elevado, pues implica un enorme sufrimiento humano. El caso de la anciana de 81 años de Reus, a la cual Gas Natural Fenosa cortó la luz, causándole indirectamente la muerte, ejemplifica esta situación.

La necesidad de una protesta general

Nos encontramos, pues, en una situación que debería generar una protesta generalizada. Comparen las condiciones de vida de las élites de este país que controlan las empresasa de la electricidad y el gas, que consiguen enormes beneficios (vean sus casas y la opulencia en la que viven) y remuneraciones claramente exageradas (resultado de su excesiva y antidemocrática influencia sobre las instituciones que se autodefinen como representativas), con las viviendas y condiciones de habitabilidad de las personas que padecen pobreza energética. Conociendo el ambiente profundamente conservador del mundo académico y mediático del país, la invitación a que se comparen las viviendas y el bienestar de las élites propietarias y gestoras de las empresas energéticas con las condiciones de los que no pueden pagar las facturas de la luz y el gas, se definirá como “demagógica”, término que se utiliza para ocultar situaciones impactantes que muestran las enormes desigualdades, resultado de enormes injusticias en el país, especialmente agudas en España (y todavía más acentuadas en Catalunya).

La ciudadanía debe ser consciente que este enorme dolor es previsible mediante cambios en las relaciones de propiedad de tales empresas. No es por casualidad que aquellos países que tienen los sistemas de gestión energética más privatizados sean los que tienen precios más altos, con beneficios también más altos y con gestores más bien remunerados, siendo conocida su insensibilidad hacia las necesidades de las clases populares. Ocurre algo semejante a lo que está pasando con el sector bancario. El hecho de que España tenga un sector energético público tan limitado, y un sector privado tan extenso, es una de las razones principales del escándalo que he documentado en este artículo. Y todo ello, a su vez, es resultado de las enormes limitaciones de la democracia española, en la que el poder real del país lo continúan ejerciendo grupos económicos, financieros y energéticos que, en contra de lo que recomienda y propone el Pontífice, están dando gran prioridad a sus beneficios a costa del bienestar y calidad de vida de las clases populares, que son la mayoría de la población. Se necesita una profunda transformación de las instituciones políticas para que sean en realidad auténticamente representativas y defiendan los intereses de la población. Esto no está ocurriendo hoy en España. Así de claro.

La desvergüenza y complicidad del Estado español con la ocultación de los crímenes del fascismo

30 julio, 2016

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 31 de mayo de 2016.

Este artículo denuncia el silencio del Estado español sobre los crímenes del fascismo, alentando a los municipios a enjuiciar a aquellos que han sido responsables de tales crímenes en sus jurisdicciones, como ha hecho el Ayuntamiento de Tarragona.

La desatención, cuando no ocultación, de los crímenes realizados por el régimen dictatorial fascista que gobernó España durante casi cuarenta años (1939-1978) constituye un escándalo internacional desconocido, y también ocultado, por los grandes medios de información, que se han hecho cómplices de esta desvergüenza e ignominia. Aquel régimen asesinó a más de 400.000 personas civiles. Y todavía hoy hay más de 2.000 fosas comunes sin exhumar, y más de 88.000 personas asesinadas desaparecidas, sin que el Estado se haya responsabilizado de exhumar y encontrar a tales desaparecidos, convirtiendo a España en el país del mundo, después de Camboya, donde hay un mayor porcentaje de personas desaparecidas por motivos políticos y cuyos cuerpos no se han encontrado. No hay ningún otro país en el mundo donde no haya habido un enjuiciamiento contra responsables de tanta represión al terminar la dictadura.

Esta situación ha sido denunciada sistemáticamente por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha exigido que se derogue la Ley de Amnistía del año 1977 y que se lleve a los tribunales a los responsables de tantos asesinatos y crímenes contra la humanidad, crímenes cuya dimensión es tal que varios historiadores extranjeros lo han definido como genocidio. Y para oprobio y vergüenza nacional, los responsables de tanto dolor, el dictador General Franco y el fundador del partido fascista, el Sr. José Antonio Primo de Rivera, tienen, todavía hoy, uno de los mayores mausoleos al fascismo que existe hoy en Europa, el Valle de los Caídos, construido por prisioneros políticos antifascistas, donde hay enterrados 33.847 cadáveres de personas, que incluyeron aquellas que lucharon frente a tal régimen sangriento, y cuyos cuerpos fueron desplazados a dicho mausoleo construido para honrar al dictador, sin el permiso de sus familiares.

Y todos los aparatos del Estado, desde la Monarquía hasta las ramas ejecutivas y legislativas, así como la judicial, son cómplices de este ocultamiento e insensibilidad hacia los derechos humanos de tantas y tantas víctimas españolas. En realidad, el aparato judicial inhabilitó al único juez, el Sr. Baltasar Garzón, que intentó abrir un sumario para investigar y depurar tantos crímenes en contra de la humanidad. La hipocresía, pomposidad, arrogancia y cinismo de tales aparatos del Estado, en su proclama de defensores de los derechos humanos y protectores de las víctimas, carece de credibilidad. Y la comunidad internacional es consciente de ello.

La querella argentina

Tal olvido y complicidad es uno de los muchos indicadores de lo inmodélica que fue la Transición de la dictadura a la democracia en España, transición que se hizo bajo el tutelaje y supervisión de las fuerzas conservadoras que controlaban el Estado fascista, tutelaje y supervisión que dejaron su imprimátur en el producto de aquella transición, es decir, una democracia enormemente limitada y de bajísima calidad. El Partido Popular, heredero de aquellas fuerzas (fundado por ministros de la dictadura), ha sido el máximo agente (junto con el Ejército y la Iglesia –ambos herederos del Ejército y de la Iglesia que existieron durante aquel régimen-, y el mundo empresarial) en esta ocultación y protección de los responsables de aquel régimen. Un caso claro de ello son las enormes dificultades que ha puesto para que se enjuicie a aquellos responsables.

El día 14 de abril del año 2010 –el mismo día que se proclamó la II República Española hacía 79 años- se presentó en Buenos Aires lo que ha pasado a conocerse como la querella argentina por parte del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, de Darío Rivas e Inés García Holgado –dos personas con familiares asesinados por el régimen fascista-, y más de veinte organizaciones en defensa de los derechos humanos. Familiares de otros desaparecidos se han sumado a la querella y más tarde también lo ha hecho el partido político catalán ERC, que ha exigido el enjuiciamiento a los responsables del asesinato del President de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Lluís Companys.

La jueza argentina, María Servini de Cubría, lleva el caso y, como parte del proceso, se ha desplazado a España para interrogar a las personas a las que se acusa de tales crímenes, lo cual no ha podido realizar debido a la oposición de la judicatura española y del gobierno Rajoy. Como consecuencia de la investigación realizada bajo la dirección de tal juez, 19 personas han sido imputadas por la justicia argentina. Tales personajes incluyen varios exministros de aquel régimen, tales como Rodolfo Martín Villa, Antonio Carro, Licinio de la Fuente (ya fallecido), Antonio Barrera de Irimo (también fallecido), Alfonso Osorio, José Utrera Molina y Fernando Suárez. Todos ellos están protegidos por el Estado español, pero no fuera de España. En realidad, todos ellos pueden ser detenidos en el extranjero a petición de la justicia argentina, tal como le ocurrió al General Pinochet en el Reino Unido.

Las fuerzas democráticas deben gratitud a la jueza argentina, que está haciendo lo que la mal llamada “justicia” española debería haber hecho. Y otros partidos, además de ERC, deberían añadirse a esta querella, y muy en especial aquellos partidos como el PSOE y el PCE, que tuvieron gran número de miembros asesinados por aquel régimen fascista. Es más, se ha constituido una coordinadora española para apoyar tal querella (CEAQUA).

Pero también debería haber una movilización a lo largo del territorio español, exigiendo que se haga justicia con las víctimas del terrorismo fascista, pasando resoluciones a nivel municipal y autonómico para exigir el enjuiciamiento de los responsables de las víctimas de tal terrorismo existentes en cada municipio y comunidad autónoma. Es de aplaudir, en este sentido, la aprobación por parte del plenario del Ayuntamiento de Tarragona, en el pasado mes de marzo, de que establecerá una querella inicial para aclarar el asesinato de 62 personas con residencia en la ciudad -algunas asesinadas en la cárcel de Pilats (ver el excelente artículo “La querella argentina” en El Triangle del 25.05.16)-. La recuperación de la memoria histórica no es ni más ni menos que la corrección de la versión sesgada de la historia de España que, en su versión oficial, ha querido olvidar esta historia a fin de ocultar a los victimizadores de las víctimas silenciadas. Así de claro.