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La politización del dolor de las víctimas del terrorismo

10 octubre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.orgHafida Oukabir

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 30 de agosto de 2017.

Este artículo incorpora una serie de observaciones sobre temas la politización del dolor de las víctimas generados a raíz del ataque terrorista.

A raíz del ataque terrorista en Barcelona y en otros centros urbanos y pueblos de Catalunya, hemos visto durante estos últimos días varios hechos que merecen destacarse. Uno es el espíritu de solidaridad, auténticamente ejemplar, entre las distintas culturas existentes en Catalunya, que alcanzó su máxima expresión cuando en Ripoll se pidió que fuera Hafida Oukabir, la persona musulmana hermana de dos de los terroristas (uno muerto y el otro en prisión), la que resumiera el sentir del dolor y del rechazo hacia el terrorismo que la población de Ripoll sentía. Y en Barcelona, otra persona, también musulmana, Miriam Hatibi, fue una de las dos personas escogidas para leer el manifiesto de protesta y solidaridad, ampliamente aplaudido por el medio millón de personas presentes. El grito espontáneo surgido de la ciudadanía, No Tenim Por! (¡No tenemos miedo!) representaba el sentimiento generalizado de la población barcelonesa de no permitir que el miedo configurara el futuro de la ciudad. La Alcaldesa Colau definió de una manera muy clara y emotiva lo que este grito significaba: era la llamada “a que Barcelona continuara siendo lo que siempre fue y continúa deseando ser, es decir, una ciudad abierta, plural, diversa y solidaria”.

Pero también hubo aspectos no tan positivos durante estos días de gran dolor, que aparecieron tanto en Catalunya como en el resto de España, que merecen señalarse también y que, en cambio (y de un manera predecible) no aparecieron en los mayores medios de comunicación del país, altamente controlados, bien por intereses financieros (los medios privados) o por los partidos gobernantes (los medios públicos). En este aspecto, es importantes señalar que el excelente discurso hecho por Hafida Oukabir en Ripoll incluía un ruego (diría yo exigencia) de que las instituciones catalanas hicieran una autocrítica sobre el comportamiento que habían tenido todos estos años que antecedieron al ataque terrorista, ruego que ha pasado desapercibido y desatendido por completo. Por desgracia, la autocrítica no es una virtud ampliamente practicada en los medios del establishment político-mediático del país, ni de Catalunya ni de España. Resultado de cuarenta años de una dictadura enormemente represiva (convirtiéndose en el régimen gobernante de España que ha atemorizado y asesinado al mayor número de españoles que haya existido en su reciente historia) y de una transición inmodélica, existe hoy en tales medios una cultura democrática poco desarrollada. Y la respuesta a la crisis creada por el terrorismo por parte de tales establishments fue una clara prueba de ello. Veamos algunos ejemplos.

La clara politización por los partidos y movimientos políticos de los hechos acaecidos

Un mensaje hecho con gran contundencia en la manifestación del sábado 26 de agosto (que se centró en una denuncia del terrorismo y una demanda para que exista la paz) fue un rechazo por parte de amplios sectores de la manifestación a la Monarquía Borbónica por su relación privilegiada con la familia real de Arabia Saudí (una de las cinco monarquías absolutas todavía existentes en el mundo), y al partido gobernante en España (el Partido Popular), por su activa y masiva venta de armas españolas a aquel Estado. Aplaudo esta crítica, y solo lamento que no se hubiera hecho mucho antes. Pero me apena que muchos de los protagonistas de estas protestas hayan tenido escasa credibilidad, pues era obvio que su máximo interés era desacreditar a los receptores del mensaje –el Monarca y el gobierno Rajoy- pero, en cambio, parecía importarles poco el argumento que utilizaban para denunciarlos, es decir, la ayuda a los Estados (en este caso, Arabia Saudí) que financiaban el terrorismo. Como indiqué en otro artículo reciente (Ver “Lo que no se está diciendo a raíz del ataque terrorista en Barcelona”, Público, 24.08.17) tales voces, supuestamente escandalizadas con el comportamiento del Rey y del gobierno Rajoy, han mantenido un silencio ensordecedor sobre el apoyo que una institución enormemente importante en Catalunya ha dado a otra dictadura tan absolutista y medieval (y esclavista) como la de Arabia Saudí, que es Qatar, y que es también una de las mayores financiadoras de movimientos yihadistas. Esta institución, protegida por el silencio, es nada menos que el Club de Fútbol de Barcelona que, a través de las camisetas de los jugadores ha estado promocionando al Estado de Qatar, una de las monarquías más absolutas y una de las dictaduras más crueles existentes en el mundo, que también ha estado financiando al terrorismo yihadista. Me parece bien que un conocido militante independentista apareciera casi al lado del rey Felipe VI con una pancarta en que se leía “Felipe, quien quiere la paz no trafica en armas” (en catalán). Pero tal protesta hubiera tenido más credibilidad si aquel y otros miles de independentistas, así como otros que denunciaban al Rey y al gobierno Rajoy hubieran denunciado al Barça en cada partido de fútbol que se jugaba en su campo, por promocionar Qatar. Nunca vimos tal denuncia o abucheo en el campo del Barça, y ello a pesar de que estuviera lleno de banderas independentistas. ¿Por qué callaron tanto tiempo?

La doble moral de los mayores medios de comunicación

Y esta incoherencia se mostró también, como era predecible, en los mayores medios de comunicación catalanes. Prácticamente ninguno de ellos denunció la transformación del Barça (al que, con razón, se le presentó durante la dictadura como de “ser más que un club” por facilitar que la gente canalizara su rechazo a la dictadura a través del fútbol, siendo la única expresión colectiva permitida), en un mero instrumento propagandista del Estado de Qatar, una de las dictaduras más crueles, opresivas, esclavistas y apoyadores del terrorismo existentes hoy en el mundo. Este silencio se convirtió en veto cuando envié a los tres rotativos más importantes de Catalunya un artículo denunciando al Barça por ello, sin que nunca lo publicaran (ver el artículo “El Barça, ¿más que un club?”. ARA, 06.06.16). La censura fue su respuesta. Y tampoco apareció tal denuncia en los mayores canales televisivos de Catalunya, que también han silenciado aquella transformación que, mírese como se mire, es una ofensa a todos los que lucharon por la democracia y justicia social durante la dictadura, que ven ahora cómo los propietarios del Barça transformaron tal club defensor de la libertad y de la democracia en el promotor de una dictadura cruel y terrorista. Aconsejo a los lectores que vean el excelente documental sobre la transformación política del Barça, presentado a nivel internacional por un canal público de la televisión sueca, mostrando lo que fue y lo que representó el Barça durante la dictadura franquista, y lo que ha llegado a ser estos últimos años. (Verlo colgado en mi blog http://www.vnavarro.org). Me alegra ver que Jordi Évole en su artículo semanal en El Periódico, días después de que yo denunciara el silencio sobre el Barça, publicara la primera denuncia del Barça en los medios que he visto en la prensa escrita en papel en este país.

La instrumentalización política del dolor de las víctimas por parte de los mayores medios de información

La falta de cultura democrática que caracterizó la cultura mediática española, que incluye la catalana, apareció una vez más en la manera cómo se cubrieron los hechos dramáticos ocurridos en Barcelona. Tal sesgo alcanzó niveles vergonzosos en la presentación de las figuras protagonistas del evento: las autoridades políticas de carácter institucional. A nivel del Estado central la noticia preferente de los mayores medios próximos al partido gobernante en el Estado español era mostrar el deseo de unidad y prevención de la secesión, dando gran hincapié a la necesidad de mantener una coordinación dentro de la unidad, mostrando, de nuevo, gran incoherencia (hipocresía), pues había sido el Estado central el que había mostrado menos cooperación, consecuencia de su jacobismo, ocultando información a las autoridades catalanas que hubiera sido de gran ayuda, tal como ha documentado la prensa internacional. Pero los medios públicos de la Generalitat de Catalunya también mostraron claros signos del sesgo informativo -al cual nos tienen acostumbrados- intentando negar la importancia de un aviso recibido de Bruselas sobre el Imán, bajo la pobre excusa de que era una mera nota “informal”.

Pero esta utilización de los mayores medios públicos de la Generalitat de Catalunya, y sobre todo de TV3, para promover la secesión de Catalunya fue la visibilidad preferencial que tal canal dio a la figura del President Puigdemont y al Vicepresident Oriol Junqueras, dejando muy en segundo plano a la alcaldesa Ada Colau. La única diferencia con la televisión pública española es que en aquel canal el Monarca y Rajoy absorbieron la mayoría de visibilidad mediática. En ella la alcaldesa Colau tampoco apareció de una manera muy visible. En cualquier otro país demócrata la alcaldesa de la ciudad hubiera liderado la manifestación ciudadana. No así en España. Y la utilización de TV3 para promover el secesionismo alcanzó niveles extremos, como las entrevistas hechas durante la marcha del 26 de agosto en homenaje a las víctimas, a los dos dirigentes del movimiento proindependencia, el Presidente de la ANC y el de Omnium, dándoles un protagonismo que no se le dio a ninguna otra asociación, a pesar de que tenían mucha más centralidad en la crisis terrorista que estos personajes políticos. Creo que a la audiencia le hubiera gustado más que se entrevistara a personal del sistema sanitario de urgencias, por ejemplo (que probablemente se habrían quejado, con razón, de la falta de recursos, resultado de los recortes sanitarios del gobierno Junts Pel Sí), que no a tales dirigentes de movimientos secesionistas que aparecen continuamente en tales medios promoviendo la secesión.

Y también debería hacerse una crítica a las Iglesias, incluyendo las musulmanas, que no se hizo

Pero las críticas deberían también extenderse, como bien pedía Hafida Oukabir, a las comunidades religiosas, que actuaron con gran solidaridad durante la crisis, lo cual aplaudo, pero olvidaron en el periodo pre-crisis la responsabilidad que todas ellas tuvieron en contribuir a crear las condiciones para que tal ataque ocurriera. Y es ahí donde debería criticarse a las religiones, o mejor dicho, a las Iglesias (las instituciones humanas que gestionan las religiones) por su actitud moralizante, arrogante y escasamente democrática. El lector me permitirá hacer una reflexión muy local y que espero aclare lo que digo. Si usted va al bello pueblo de Cadaqués en el Alt Empordà, verá que en un lugar muy prominente de la fachada de la Iglesia hay un reloj de sol. Y bajo tal reloj hay una frase que lo resume todo. Dice “Yo (el reloj de sol) sin sol no soy nada. Tú sin fe no eres nada”. Esta frase es enormemente insultante para los que no somos creyentes, al definirnos como parte de la nada. Bajo este lema de superioridad moral, que se presenta en todas las religiones, las Iglesias se han atribuido la potestad de dominar, explotar y violar todos los derechos humanos imaginables. Y la historia de nuestro país es un ejemplo de ello. Hubo épocas en Catalunya, en España y en Europa, en que el terrorismo de la Iglesia Católica –como en la época de la Inquisición- o durante su apoyo a la dictadura, estaba generalizado. Esto no se ha enseñado en nuestras escuelas y debería haberse hecho.

El Estado debería respetar las religiones, pero regular a sus Iglesias

Y el otro punto que debería también criticarse es la excesiva permisividad del Estado español (sea central, autonómico o local) hacia las Iglesias. Y estoy hablando de todas las Iglesias, que a través de la enseñanza y normativa moral que promueven alcanzar una enorme influencia sobre la población. En realidad, uno de los instrumentos más importantes que utilizó la dictadura franquista para mantenerse en el poder fue la Iglesia Católica, que era una rama del Estado (los sacerdotes eran pagados por el Estado y los obispos eran nombrados por el dictador), y que adoctrinó durante cuarenta años a toda la población. Incluso hoy la Iglesia Católica continúa ejerciendo una enorme influencia en la cultura general del Estado, siendo una de las máximas promotoras, por ejemplo, de la uninacionalidad del Estado y del machismo en el país.

En la España actual, las Iglesias (todas) están en situación privilegiada, la católica mucho más que cualquier otra, siendo ello una consecuencia directa, en el caso de la Iglesia Católica, de la continuación de la cultura franquista en las instituciones del Estado. Y este privilegio incluye una tolerancia excesiva que tiene componentes antidemocráticos, lo cual repercute negativamente sobre la formación y educación de la ciudadanía. Y ello aplica también a la Iglesia musulmana existente en España. Los Imanes -como educadores de sus feligreses- deberían estar regulados, aprobados y registrados por el Estado (sea este central, autonómico o local), asegurándose de que comparten los valores democráticos del país. No puede ser que algunas Iglesias Musulmanas sean “islas de otros países” dentro del país, financiadas desde fuera, transmitiendo una cultura distinta a la del lugar donde residen y viven sus feligreses. Es más, los Imanes deberían hablar el lenguaje de sus feligreses y tener los valores democráticos de la sociedad donde se ubican. Esta normativa, existente ya en otros países, debería aplicarse a todas las Iglesias, y también a la musulmana en España. Y las comunidades musulmanas necesitan presionar para que ello ocurra.

La integración de los jóvenes musulmanes a la sociedad

Pero tales comunidades deberían presionar (junto con toda la sociedad) para que se integre a los jóvenes en la sociedad. Lo que es más importante conocer, de todo lo que ha ocurrido, es saber por qué unos jóvenes que parecían integrados en la sociedad catalana se convirtieron en terroristas. Este es el gran tema del que apenas se ha hablado. Cargar todas las culpas en el Imán es insuficiente. Tan importante es el mensaje como el mensajero. ¿Qué es lo que se estuvo transmitiendo a los jóvenes? ¿Era la transmisión de las brutalidades que se están cometiendo en los países de mayoría musulmana en los que los gobiernos occidentales, como España, están bombardeando o ayudando a bombardear a sus poblaciones? ¿O fue su motivación religiosa la de matar a los infieles? ¿O puede el deseo de recuperar Andalucía remontarnos entonces a la época medieval? Estas son preguntas que deben responderse, pues ello puede llevarnos a una reflexión general, muy necesaria, sobre cuál es el papel de las Iglesias en una sociedad democrática, dentro de otro debate, incluso más urgente y necesario, de cuál es la función de los medios de comunicación en nuestro país, que más que ser de información son de persuasión. La libertad y la democracia dependen, en parte, de ello.

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La amenaza a la democracia: la vuelta al fascismo

28 septiembre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, y en catalán en la columna “Pensament Crític” en el diario PÚBLIC, 20 de septiembre de 2017.

Este artículo documenta la derechización que las instituciones políticas y mediáticas españolas han experimentado durante el gobierno Rajoy, señalando que las prácticas autoritarias de la dictadura se están reproduciendo, centradas ahora en la enorme represión masiva que está teniendo lugar en Catalunya estos días.

Dos hechos que han ocurrido en las últimas semanas muestran el grado de derechización que se ha alcanzado en las instituciones políticas y mediáticas españolas en estos años de gobierno Rajoy. Uno de estos hechos, que ha pasado casi desapercibido, es el otorgamiento por la Editorial Espasa del premio que lleva su nombre a Stanley G. Payne por su libro En defensa de España: desmontando mitos y leyendas negras, que es una defensa del régimen dictatorial que existió en España desde 1939 hasta 1978, considerando al general Franco, que lo lideró, como (y lo cito textualmente) “el mayor modernizador de su país y el líder que alcanzó mayor éxito de todos los aspirantes a las dictaduras de desarrollo del siglo XX”. El libro es una defensa del golpe militar de 1936 y del régimen dictatorial español existente en este país.

Su autor, Stanley G. Payne, es profesor emérito de la Universidad de Wisconsin-Madison, en EEUU, donde dirige la Cátedra Vicens Vives, y pertenece a la categoría de hispanistas anglosajones próximos a las derechas españolas. Gran defensor de la manera cómo se hizo la transición en España de la dictadura a la democracia, considerándola como modélica, es contrario a la re-evaluación de tal proceso que están haciendo las nuevas izquierdas, como Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, a las que considera como nefastas, como define también a las fuerzas republicanas de los años treinta, cuyas acciones, según él, hicieron necesario el golpe militar de los “nacionales” (el entrecomillado es mío). En realidad, Stanley G. Payne ha alertado a la sociedad española de una posible alianza del PSOE con Unidos Podemos, que reproduciría el Frente Popular que él abomina. La última ocasión en la que repitió este comentario fue nada menos que en el Centro de Estudios de la Defensa Nacional del Ministerio de Defensa del Estado español.

Dicho personaje ha recibido múltiples galardones del establishment español, habiendo sido elegido miembro de la Real Academia de Historia y de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, receptor de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, y nombrado doctor Honoris Causa por la Universidad Rey Juan Carlos. Es un académico del establishment conservador, cuyas opiniones y discursos resuenan y son aplaudidos por las derechas españolas, que en el panorama europeo son equivalentes a las ultraderechas. No me imagino que un libro semejante que hablara positivamente (tal como Payne hace de Franco) de Hitler, de Mussolini o incluso del mariscal Pétain recibiera tal reconocimiento en Alemania, en Italia o en Francia respectivamente, países que sufrieron dictaduras fascistas o nazis semejantes a la que sufrió España.

Pero en España no solo es posible, sino que es frecuente. En este aspecto, es importante también conocer qué es la Editorial Planeta, creada por el Sr. José Manuel Lara Hernández, que luchó en la llamada Guerra Civil en el lado golpista como capitán de la Legión, a la que se pasó tras conocer al famoso (por su crueldad) general Yagüe. Participó activamente en la represión política franquista cuando los militares ocuparon Barcelona, y fue, más tarde, jefe del sindicato fascista vertical de Artes Gráficas. En 1949 fundó la Editorial Planeta, convirtiéndose, como resultado de su entramado con el Estado, en una de las casas editoriales más importantes de España. Fue más tarde nombrado Marqués del Pedroso de Lara. Su hijo, José Manuel Lara Bosch, heredero de una de las editoriales más grandes (con unos ingresos anuales de 1.600 millones de euros) de España (y del mundo), expandió sus negocios a los medios de información, llegando a presidir la corporación Atresmedia (a la que pertenecen, entre otras, Antena 3, La Sexta, Onda Cero, Europa FM y Melodía FM). El Grupo Planeta es también el mayor accionista del diario de ultraderecha La Razón. Su gran poder mediático explica la docilidad hacia tal figura por parte del establishment político, lo cual explica sus muchos honores recibidos de autoridades públicas, incluyendo la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura del Estado español, la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid de la Sra. Esperanza Aguirre, el título de hijo adoptivo de Sevilla, y la Cruz de Sant Jordi, máxima condecoración de la Generalitat de Catalunya, y un largo etcétera. Sus relaciones fueron siempre cordiales con los principales partidos políticos gobernantes, primordialmente con las derechas del PP y Convergència, pero también con el PSOE.

Pero la burguesía representada por el Sr. Lara ha estado muy inquieta con el surgimiento de la nueva izquierda, que parece más difícil de domar. De ahí el galardón a Payne, en un intento de reforzar “la cultura franquista” todavía hegemónica en las estructuras de poder en este país. Tal burguesía parece estar alarmada, pues en la promoción de la elección del libro de Payne, el jurado del Premio Espasa subraya que tal libro provoca y desmonta los mitos y leyendas negras existentes en España sobre la Guerra Civil y sobre Franco, como si dicha visión favorable a la dictadura fuera minoritaria (casi prohibida) en España, habiendo sido reemplazada por una visión republicana, “roja” y “separatista”, que supuestamente, y según Payne, domina el mundo intelectual del país. En realidad su visión de España y de su historia, lejos de ser prohibida, es la hegemónica en gran parte de los aparatos del Estado y del establishment político y mediático del país. La transición no significó una ruptura con el Estado franquista, sino una adaptación y una apertura de este para legitimarse como Estado democrático, pero conservando y reproduciendo grandes elementos de la cultura franquista que continúan siendo hegemónicos en el país. La España uninacional, centrada en un Estado radial, es la dominante en los aparatos del Estado, y lo que está ocurriendo en España estos días es un ejemplo de ello, lo cual me lleva al segundo hecho ocurrido esta semana.

Pero antes quisiera subrayar que la evidencia existente muestra claramente que Franco tuvo poco de modernizador. Una persona profundamente conservadora y reaccionaria, cruel en extremo (según el profesor Malefakis, de la Universidad de Columbia en Nueva York, experto en el fascismo europeo, por cada asesinato que cometió el régimen de Mussolini, el régimen de Franco cometió 10.000), responsable del enorme retraso político, cultural y económico del país, es lo opuesto a modernizador. Solo dos datos muestran la falacia de ese argumento. Cuando ocurrió el golpe militar, España e Italia tenían el mismo PIB per cápita. Cuando la dictadura terminó, el PIB per cápita en España era solo el 64% del PIB de Italia. Y el 68% de la población adulta tenía menos de seis años de educación.

La represión que está ocurriendo en Catalunya

El Estado central, cuyo Jefe de Estado nunca ha hecho una declaración en contra de tal general (ni la hará), ni en contra de la dictadura (que tampoco hará), y cuyo partido gobernante, fundado por un ministro de Franco, nunca ha denunciado explícitamente aquel régimen, está hoy reprimiendo por la fuerza, con una enorme agresividad y falta de sensibilidad democrática (característica del franquismo), reuniones, discursos, material escrito, revistas y muchos otros actos, lo cual sería impensable en cualquier país democrático. Aquí y ahora, en Catalunya, bajo este régimen considerado democrático, ha reaparecido una represión política que (para aquellos que vivimos aquel horror y luchamos contra él) recuerda la dictadura intentando crear miedo entre la población con campañas masivas de intimidación, y saltándose leyes del mismo Estado, como bien ha denunciado el fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, el Sr. José Antonio Martín Pallín. El hecho de que los partidos independentistas que gobiernan la Generalitat se hayan saltado las leyes, violando el propio Estatut de Catalunya (como he denunciado en otros artículos), no justifica que el Estado central también lo esté haciendo.

Tal represión es para defender una visión de España, repito, uninacional, jerárquica, escasamente democrática, con un escaso compromiso con los derechos políticos, sociales y culturales de los ciudadanos del país, oprimiéndose a aquellos que tienen una visión distinta de España, definiéndolos como anti-España, tal como aquella dictadura hizo, dirigida por los llamados “nacionales”. Ello exige, de todas las fuerzas democráticas, una movilización para denunciar la represión franquista y también para resolver las causas que están creando una enorme tensión entre los distintos pueblos y naciones de España, lo que dificulta, entre otros temas, la resolución del enorme problema social en el que vive el país, en el que la mayoría de los jóvenes que desean trabajar no pueden encontrarlo, y donde casi el 40% de las familias monoparentales apenas llegan a fin de mes. Este es el mayor problema que tiene el país, y que está siendo ignorado, cuando no ocultado, por aquellos que han sido responsables, a los dos lados del Ebro, de la enorme crisis social, escondiéndose ahora detrás de las banderas, como frecuentemente ha ocurrido en la historia de este país.

Los herederos del franquismo están ocupando Catalunya

Dicha represión es la máxima expresión del predominio de la cultura y prácticas franquistas que ha mostrado el gobierno Rajoy hacia las sucesivas demandas expresadas democráticamente por el gobierno catalán, pidiendo que se reconozca la personalidad e identidad de Catalunya dentro del Estado español, siendo el último caso el Estatut del año 2006 impulsado por el gobierno Maragall (una alianza de un partido socialista, un partido comunista, un partido verde y un partido independentista de izquierdas). Aquel Estatut no pidió la escisión, sino el reconocimiento de la identidad de Catalunya después de haber sido aprobado por el Parlament catalán, por las Cortes Españolas y por el pueblo catalán en un referéndum, el cual fue vetado (en algunos de sus elementos esenciales) por el Tribunal Constitucional, que ha sido en gran parte un instrumento conservador, hegemonizado por el PP.

Y es de ahí de donde se genera una movilización de miles de personas en Catalunya que se consideraban españolas, y que han dejado de sentirse como tales, haciéndose favorables a las tesis secesionistas. Es a partir de entonces que grandes multitudes de catalanes salen cada año el día de la Diada a la calle. La enorme rigidez del gobierno Rajoy ha sido el mayor factor para que el independentismo se haya doblado; y a no ser que haya cambios, pasará a ser mayoritario en Catalunya. Esta es la raíz del problema, que no puede resolverse a través de la represión, a la que debemos oponernos y debe ser denunciada, pues la victoria a través de la represión es lo peor que puede ocurrir, tanto en Catalunya como en España. Ni que decir tiene que parte del problema es que los partidos independentistas en Catalunya están intentando instrumentalizar este enfado popular actuando de una manera claramente denunciable (como he escrito en muchos artículos, tales como “Cómo el tema nacional y el tema social se relacionan en Catalunya”, Público, 15.09.17 y “La desunión de las izquierdas: un mayor obstáculo para resolver la gran crisis social en Catalunya”. Público, 06.09.17). Pero la mayor causa de las tensiones es el gobierno Rajoy.

Esto no puede continuar así: los partidos y movimientos democráticos deben movilizarse

Esta situación es intolerable, pues condena al país a estar batallando sobre temas nacionales, olvidando el mayor tema social, lo que se traduce en el aumento del deterioro de la calidad de vida y el bienestar. De ahí que algo debe hacerse, y rápido, y lo primero es terminar la represión que destruye los derechos de la ciudadanía en Catalunya y que provoca lo opuesto a lo deseado.

Hoy el conflicto, no solo en Catalunya, sino en toda España, no es sobre si habrá o no independencia, sino sobre si se violan las reglas de la democracia o no, primordialmente por parte del gobierno español (lo cual forma parte de su ADN político), gobierno que ha llegado a utilizar el Ministerio de Justicia, en alianza con periodistas basura, para dañar y eliminar a sus adversarios políticos. Este es el debate que adquiere especial relevancia hoy. Si el gobierno Rajoy consigue sus fines inmediatos, multiplicará todavía más la inestabilidad en España, recuperando, a su vez, el centralismo, que dificultará la resolución del problema nacional. De ahí la urgencia de que, además de parar la represión, se fuerce un diálogo y un debate entre todas las fuerzas democráticas para ver cómo rebajar tales tensiones. Y como parte de este objetivo, se debería permitir un referéndum pactado (que como varios constitucionalistas han afirmado es posible incluso en la presente Constitución) para posibilitar la libre expresión de la opinión de los catalanes sobre su conexión con el resto de España con garantías, garantías que no han sido respetadas por el gobierno Rajoy (ni tampoco por el gobierno Puigdemont). Entre estas garantías debería incluirse la elección entre varias alternativas, no limitándose a independencia SÍ o NO, pues dicha dicotomía en Catalunya está sesgada a favor del SÍ, pues el NO es claramente inaceptable para la gran mayoría de catalanes ya que significa continuar en la situación actual. Es el reto de las fuerzas democráticas no independentistas desarrollar alternativas (como lo fue en su día el Estatut propuesto por el gobierno Maragall) que compitan con la secesión como manera de resolver tales problemas que no fueron resueltos en la primera transición por imposición del Monarca y del Ejército. Ello requiere una reflexión sobre la necesidad de un proceso constituyente para redefinir España y el Estado español, haciéndolo más democrático, más justo, equitativo y plurinacional. Es imperativo que el problema nacional no continúe ocultando el enorme problema social tan agudo que persiste en el país, pues el problema nacional y social están causados por el enorme dominio que los herederos de la dictadura continúan teniendo sobre el Estado español. De ahí que aplauda la iniciativa de las nuevas izquierdas de convocar una Asamblea de autoridades parlamentarias y municipales, pertenecientes a partidos y movimientos sociales democráticos, para dialogar y proponer salidas a la situación actual.

Y en este proceso, hay que considerar que es urgente que el Partido Popular (causa de las mayores tensiones) deje de gobernar el país. Hoy, numéricamente, es posible sustituirlo, creando a nivel del Estado una alianza entre los partidos de izquierdas y los partidos nacionalistas. Y a nivel de Catalunya los números también muestran que podría establecerse un gobierno de izquierdas que sustituyera al gobierno actual dirigido por Convergència, que ha dominado la Generalitat durante la mayor parte del periodo democrático, y que con el PP ha sido corresponsable de la gran crisis social existente en Catalunya y en España. Esto podría ocurrir ya, pero los movimientos sociales deberían movilizarse y presionar para que ello ocurriera. Me temo que uno de los mayores obstáculos vendrá no solo del aparato central del Estado, sino también del PSOE, pues no ha aceptado todavía el plurinacionalismo que sus antecesores, durante la resistencia antifascista, habían apoyado. Su temor a que desaparezca el bipartidismo en España y la existencia de la resistencia del aparato que perdió en las elecciones a Secretario General (pero continúa siendo potente en su seno) está dificultando esta posibilidad. Espero que una movilización de sus bases pueda una vez más forzar los cambios que permitan hacer la segunda transición, resolviendo los grandes problemas que quedaron sin solventar en la primera. Así lo espero por el bien de Catalunya y de España.

No es posible recuperar la memoria histórica a través de la Ley de la Memoria Histórica

21 septiembre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 27 de abril de 2017.

Este artículo es una crítica a los enormes obstáculos que se han estado aplicando por parte del Estado español a la recuperación de la memoria histórica, señalando que tales obstáculos tienen como objetivo impedir la corrección de las enormes tergiversaciones que se han hecho de la historia reciente de España. Es un tema de gran importancia que tiene muy escasa visibilidad mediática en nuestro país.

Las campañas de recuperación de la memoria histórica han centrado sus actividades en el reconocimiento de las víctimas de la enorme represión que caracterizó a aquel régimen dictatorial, uno de los más represivos de los que hayan existido en Europa en el siglo XX. Nunca debe dejar de enfatizarse que, según estudiosos de los regímenes fascistas y nazis en Europa, como el recientemente fallecido profesor Malefakis, de la Universidad de Columbia de Nueva York, por cada asesinato político que cometió el régimen fascista liderado por Mussolini, el liderado por el General Franco cometió 10.000. Consciente de que tenía a la mayoría de las clases populares en contra, el régimen dictatorial español utilizó el terror para mantenerse en el poder, estableciendo un miedo generalizado sobre el cual, y a través del control de todas las instituciones generadoras de valores (desde los medios de información hasta el sistema educativo) se estableció una cultura profundamente antidemocrática que incluso persiste hoy en España, y que explica que el Estado español haya condenado a una persona a un año de cárcel por haber insultado la memoria del Almirante Carrero Blanco, segundo en la jerarquía en el Estado dictatorial, después del propio dictador.

¿Cómo puede ser que esa cultura heredada del régimen dictatorial todavía exista?

La respuesta a esta pregunta se encuentra en gran parte en la manera como se realizó la transición de la dictadura a la democracia, proceso que no significó una ruptura con el Estado que rigió España durante casi cuarenta años, sino una apertura para incorporar elementos de democracia. Las fuerzas conservadoras que controlaban el Estado dictatorial y los medios de información dominaron el proceso de transición, dominio que explica la baja calidad de la democracia española, el escaso desarrollo de su Estado del Bienestar y la persistencia de la cultura franquista. Tal dominio es lo que también explica la resistencia a la recuperación de la memoria histórica, incluyendo la demanda de rehabilitación y homenaje a las víctimas del régimen terrorista anterior. Tal resistencia se basa, por una parte, en la clara oposición de las fuerzas conservadoras que controlaban el aparato del Estado dictatorial y de sus herederos (que continúan ejerciendo una enorme influencia sobre el Estado actual), así como, por otra parte, en el limitadísimo compromiso con tal recuperación de la memoria histórica por parte de los líderes del PSOE, cuya integración en el nuevo Estado, a través del bipartidismo, se basó en una serie de renuncias y adaptaciones a ese nuevo Estado y a la cultura que transmitió. Y dicha oposición y/o limitadísimo compromiso en recuperar la memoria histórica (en su labor de rehabilitar y homenajear a las víctimas del franquismo) es el resultado de la toma de conciencia de que la demanda de reconocimiento de tales víctimas abre la posibilidad de que se genere otra demanda, parecida, pero distinta, de que se redefina la historia de España, corrigiendo la tergiversada historia que se continúa presentando en las instituciones reproductoras de valores del país, a fin de poder establecer una cultura opuesta a la actual, que sea continuadora de la cultura republicana que la franquista sustituyó. Este es el gran temor de las fuerzas bipartidistas de recuperar la memoria histórica.

El constante argumento que utilizaron las derechas en España en contra de aprobar una ley de memoria histórica fue que “abriría heridas” que se asume (erróneamente) que están cerradas. Pero tal argumento oculta el hecho de que la oposición a la recuperación de la memoria histórica tiene poco que ver con el estado de las heridas, y mucho que ver, por el contrario, con el deseo de evitar que se conozca la historia real de los distintos pueblos y naciones de España. Con ello se evita también que se cuestione la cultura franquista que persiste, impidiendo que reaparezca la cultura republicana. Ahí está el meollo de la cuestión.

La labor de ocultación de los medios de información y persuasión en España. El caso de El País

Durante muchísimos años, los medios de información han promovido y continúan promoviendo las instituciones monárquico-borbónicas, tergiversando tanto su pasado como su presente, ocultando realidades que pudieran dañarlas. Las grandes limitaciones de la libertad de prensa (un indicador más del enorme poder de las fuerzas conservadoras) aparecieron con toda claridad en esta protección de la Monarquía por parte de los medios, confundiendo persuasión y promoción con información. Un caso claro es el de El País. Este rotativo fue fundado por dirigentes del régimen anterior, y en su nacimiento intervinieron personajes como Fraga Iribarne, tal como reconoció recientemente el presidente del Grupo Prisa (al que pertenece este rotativo), Juan Luis Cebrián. En realidad, Cebrián proviene de una familia fascista, siendo su padre uno de los directores del diario Arriba, del partido fascista La Falange. Siguiendo los pasos de su padre, fue periodista y trabajó en periódicos del aparato fascista, como Pueblo (que era el diario propiedad de los sindicatos verticales). Más tarde fue uno de los directores de RTVE (concretamente, jefe del servicio de informativos) durante el último periodo de la dictadura, el máximo instrumento mediático el régimen.

Colaboró con otros elementos del Estado dictatorial para favorecer una apertura, presionando para que hubiera un cambio significativo en el Estado que facilitara el establecimiento del juego democrático, labor meritoria pero también limitada, pues estaba claro desde el principio que los límites de la apertura estaban fijados, permitiendo el debate dentro de unos parámetros sumamente limitados. Una consecuencia de ello fue que El País fue siempre hostil a fuerzas y personalidades de izquierda que pudieran cuestionar el Estado monárquico actual y que pudieran significar una amenaza para la continuación de las relaciones de poder dentro de tal Estado, resultado del maridaje entre el poder económico y financiero, por un lado, y el poder político y mediático por el otro. Ello explica su clara oposición a figuras como Alfonso Guerra y más tarde Josep Borrell en el PSOE, a Gerardo Iglesias y Julio Anguita en el PCE, y ahora a Pablo Iglesias en Podemos.

Las declaraciones de Juan Luis Cebrián, presidente del grupo Prisa, sobre la memoria histórica

Tal oposición de El País a las izquierdas se extiende a la Ley de la Recuperación de la Memoria Histórica. En una entrevista reciente en El Mundo (20.02.17), Cebrián expresa su oposición a la Ley de la Memoria Histórica, pues “genera conflictos y problemas”. Considera que el Estado no debería inmiscuirse en esta labor. Tras reconocer que “la mayoría de impulsores del periódico (El País) fueron personas vinculadas con el franquismo” añade, sin embargo, que él, en realidad, nunca fue franquista (sí, léalo y lo verá, dicho por el mismo individuo que dirigió los mayores medios de propaganda y persuasión de tal régimen). También cuestiona en esa entrevista que el régimen que él llama franquista fuera terrorista, criticando al Presidente Zapatero por haber éste indicado que su abuelo, asesinado por los golpistas, fue víctima del terrorismo, señalando Cebrián que ello no es cierto, pues no fue una víctima del régimen, sino una víctima de la guerra entre dos bandos, asumiendo (erróneamente) que los Estados de los dos bandos intentaron dominar a la población mediante el ejercicio del terror. Predeciblemente, niega también la plurinacionalidad de España, y considera que la ley está por encima de todo y de todos, ley que ha sido acordada en unas coordenadas de poder heredadas de la inmodélica Transición, muy desigual y poco equilibrada. Cebrián está en contra de la redefinición de España que reconozca su plurinacionalidad, y se muestra dispuesto a enviar a la Guardia Civil a Catalunya para poner orden, asegurándose de que la ley se respeta, exigiendo que los representantes parlamentarios que actúan para realizar un referéndum vayan a la cárcel, tal como el yerno del Rey Juan Carlos I debería hacer, poniendo un tema profundamente político (la relación de Catalunya con España) al mismo nivel que si fuera un caso de fraude y corrupción fiscal. No deja de ser paradójico que este personaje, que con su silencio a través de su diario cubrió en su día la enorme corrupción de Jordi Pujol, a fin de protegerlo, ahora exija la prisión para aquellos que piden la secesión. La doble moralidad de este personaje y el oportunismo mostrado a lo largo de su vida son un buen reflejo de la reproducción de la cultura y el comportamiento franquistas que continúa dándose en grandes secciones de tal rotativo. Ni que decir tiene que El País tiene profesionales de gran valor cuya credibilidad e integridad, sin embargo, debe cuestionarse por su silencio ensordecedor frente a los comportamientos sectarios, abusivos y claramente antidemocráticos de tal rotativo que se han ido acentuando en los últimos años en contra de las voces que exigen un cambio profundo para establecer una España más democrática, más justa, más plurinacional y con muchísima más pluralidad en sus medios. Tal silencio debe también denunciarse.

Quisiera añadir una nota personal. Procedo de una familia represaliada por el fascismo, por el mismo régimen al que sirvieron el padre y el hijo Cebrián. No podemos estar más lejos en cuanto a biografía y vida profesional. Que tal individuo presente mi deseo de desenmascarar tanta mentira y tanto cinismo como “un intento de abrir las heridas” es una muestra más, como mínimo, de la incomprensión que los hijos e hijas de los vencedores del golpe fascista militar muestran hacia el enorme mal que han hecho y continúan haciendo a España. Ahora bien, es probable que en lugar de incomprensión sea un caso más del cinismo y caradura (no hay otra manera de definirlo) que ha caracterizado a los oportunistas que han estado gobernando España durante tanto tiempo en defensa de sus intereses, reproduciendo la cultura franquista que está asfixiando al país.

Resumen de la presentación por el Profesor Navarro en el simposio celebrado en la New York University el día 24 de abril, “Imperfect Transition and Challenges of the Present Victims of Francoism, Terrorism and the State”

No es cierto que la austeridad haya terminado: el techo de gasto muestra lo contrario

12 septiembre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, y en catalán en la columna “Pensament Crític” en el diario PÚBLIC, 25 de julio de 2017.

Este artículo cuestiona la postura promovida por el establishment político-mediático del país según la cual ya hemos salido de la crisis y el Estado ha terminado de aplicar medidas de austeridad y recortes del gasto público. El artículo se centra en lo ocurrido hace unos días en las Cortes Españolas, donde se aprobó el techo de gasto público, subrayándose una vez más que no había alternativas, algo que el artículo muestra que no es cierto. Se trata de un tema al que no se ha dado mucha visibilidad en los grandes medios del país pero que tiene una enorme importancia, pues perpetúa el subdesarrollo social de España, que es uno de los más acentuados hoy en la Eurozona.

Estamos hoy viendo en España que, una vez más, la gran atención mediática en el país está en lo que se llama el tema nacional o territorial, utilizado, como siempre, por el gobierno español de turno para movilizar a la población para defender “la unidad de la patria”, el eslogan que las derechas españolas siempre han utilizado para defender los intereses económicos que las financian, utilizando el sentir patriótico de la gente para sus fines particulares. Un ejemplo claro de ello es la situación actual.

El problema mayor que tiene hoy España es el enorme problema social (ver mi artículo “El nuevo régimen social de España”, Público, 23.06.17), que es ni más ni menos que el gran deterioro de la calidad de vida de las clases populares (que constituyen la gran mayoría de la población española), resultado directo de las políticas neoliberales (como las reformas laborales y los enormes recortes del gasto público que financian las transferencias sociales, como las pensiones, y los servicios públicos del Estado del Bienestar tales como la sanidad, la educación, la vivienda social, los servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios y otros) iniciadas por el gobierno de Zapatero y expandidas por el gobierno de Rajoy. He documentado extensamente a lo largo de estos años la naturaleza y extensión de esta crisis sin precedentes en el periodo democrático postdictatorial (ver Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015).

La gran falsedad promovida por el establishment político-mediático del país es que las crisis económicas y financieras, que determinaron la crisis política, ya han terminado. Se justifica tal optimismo con la aparición del crecimiento económico, lo cual se atribuye a las medidas aplicadas por el gobierno de Rajoy. La evidencia científica, fácilmente accesible para el que quiera verla, muestra, sin embargo, que la reversión del declive del crecimiento económico (que caracterizó la Gran Recesión) no se ha debido primordialmente a las medidas tomadas por el gobierno Rajoy sino (como han reconocido el Fondo Monetario Internacional e, incluso, el Banco de España) a factores externos (fundamentalmente la bajada de los precios del petróleo y los bajos tipos de interés debido a la política monetaria del BCE), que tienen poco que ver con las medidas tomadas por el gobierno de Rajoy. Y la misma evidencia científica muestra que la enorme crisis social continúa en España, donde hay nada menos que 2,3 millones de empleos menos hoy que antes de que se iniciara la Gran Recesión; donde la precariedad laboral es lo que define la creación de empleo; donde el PIB per cápita no ha recuperado los niveles existentes en 2007; donde el 28% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social, incluyendo el alarmante fenómeno de la pobreza laboral, es decir, pobreza entre personas que están trabajando a tiempo completo (15% de la población ocupada); y donde el 70% de los hogares continúan sin mejoras en sus condiciones de vida.

Pero la otra gran falsedad promovida por el establishment político-mediático español es que las políticas de austeridad impuestas por el gobierno de Rajoy han dejado de aplicarse, lo cual, no es cierto, pues tales políticas han continuado. Y la mejor prueba de ello es la aprobación del techo de gasto del Estado que ocurrió hace unos días en las Cortes Españolas. Tal medida fue una propuesta del gobierno Rajoy aprobada por las derechas españolas que incluyen, además del PP y su Frente de Juventudes (Ciudadanos), a las derechas vascas (PNV) y canarias (Coalición Canaria), así como a la “izquierda” canaria de Nueva Canarias (NC).

¿Qué es el techo de gasto público?

A primera vista tal término aparece como un concepto económico que la gente normal y corriente no entiende o aparentemente no le interesa, y ello a pesar de su enorme importancia. En realidad, las escuelas de sus niños, la sanidad de sus enfermos, la educación de sus jóvenes y adultos, la vivienda social, las escuelas de infancia y los servicios domiciliarios y una larga lista de servicios públicos, así como las transferencias públicas, tales como las pensiones, dependen en parte del techo de gasto público, que quiere decir del límite de gasto público del que el Estado puede disponer. Es uno de los indicadores más importantes para medir el compromiso del Estado con el desarrollo de sus funciones, incluyendo la provisión de servicios y transferencias a la sociedad, que quiere decir, a usted, lector.

Pues bien, tal techo de gasto público, es decir, techo de la cantidad que el Gobierno de Rajoy ha definido como el máximo dinero que el Estado se puede gastar es clara y excesivamente bajo, lo cual se hace para cumplir los famosos objetivos de estabilidad presupuestaria, que en lenguaje llano quiere decir bajar el gasto en transferencias públicas y en los servicios del Estado del Bienestar para reducir el déficit de las cuentas del Estado (es decir, la diferencia entre sus ingresos y sus gastos).

La pobreza del gasto público del Estado Español

El gasto público en España es muy bajo, mucho más bajo que en el promedio de la Eurozona (los países de la UE que utilizan el euro como su unidad monetaria). Y este bajo gasto público se debe en gran medida a que los ingresos públicos al Estado son también muy bajos; en realidad, de los más bajos de la UE-15. Pero la situación es incluso peor, pues no solo es de los más bajos, sino que desde el 2007 al 2015, mientras tales ingresos al Estado aumentaron en el promedio de la UE-15 un 1,2% del PIB, en España disminuyeron un 2,7%. Un dato que hay que tener muy en cuenta es que la mayoría de tal gasto es el gasto público social, es decir, el gasto en las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar a los que me referí al principio del artículo. En realidad, el hecho de que los servicios sanitarios públicos, las escuelas públicas, la vivienda social, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios, los servicios sociales y otros (que son todos ellos esenciales para garantizar la calidad de vida y bienestar de las familias en España) tengan pocos recursos en este país, se debe a que este gasto público social sea cinco puntos del PIB más bajo que el promedio de los países de la Eurozona. Los datos están ahí para el que quiera verlos.

Y una de las razones de que sea tan bajo es que los ingresos al Estado son también muy bajos. En realidad, de los más bajos de la Eurozona. Tales ingresos al Estado son nada menos que ocho puntos del PIB más bajos que en el promedio de la Eurozona. Y a pesar de esta gran pobreza de los ingresos al Estado, la derecha, tanto la de siempre, el PP, como la nueva, Ciudadanos, hacen gala de sus propuestas de bajar tales ingresos, reduciendo los impuestos (algo que sistemáticamente beneficia más a las rentas superiores que a las medias e inferiores).

Y una de las mayores causas de la pobreza de recursos se debe a la regresividad de la política fiscal, que conlleva que las grandes empresas, las grandes fortunas y los más pudientes no aporten al Estado lo que deberían. Este déficit no es fácil de ver cuando se analiza lo que la población debería pagar en impuestos, según el tipo nominal impositivo, es decir, lo que en teoría deberían de pagar según su nivel de ingresos (que es parecido a los de la UE-15). Ahora bien, si en lugar del tipo nominal analizamos el tipo efectivo (es decir, lo que en realidad la gente paga en impuestos), entonces vemos que es muy bajo y ello es debido a la enorme cantidad de deducciones fiscales que caracterizan al sistema fiscal regresivo español. Ni que decir tiene que las deducciones son mucho más utilizadas por las rentas superiores que por las rentas medias e inferiores. La diferencia entre lo que nominalmente deberían pagar las grandes empresas y las rentas superiores, y lo que pagan, es nada menos que 37.000 millones de euros (solo en IRPF y en el IVA) que el Estado deja de ingresar, aproximadamente el déficit estructural que tiene la economía española (el déficit estructural contabiliza los gastos no-coyunturales del Estado, es decir, el déficit no producido en momentos de crisis, sino el déficit permanente del Estado).

Si sumamos a este déficit fiscal (37.000 millones), el fraude fiscal (al que el 80% es producido por los súper ricos y las grandes empresas, según datos de técnicos de Hacienda) que representa 90.000 millones de euros (según Carlos Cruzado, presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda), más los fondos que el Estado no recibe debido a la reducción de los impuestos al patrimonio y a la herencia, y lo que el IBEX-35 deja de pagar (que nominalmente debería ser un 25%, y en cambio paga solo un 7%, según reconoció recientemente el ministro Cristóbal Montoro), nos encontramos con una situación de injusticia fiscal enorme. Esta injusticia contribuye a deteriorar aún más dos fenómenos: uno es el aumento de la desigualdad en España, en donde el 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país (27,4%), mientras que el 20% más pobre se queda con un 0,1%, o que la fortuna de las 3 personas más ricas en nuestro país equivale a la del 30% más pobre. Y el segundo fenómeno es que en España son los trabajadores los que paguen la gran mayoría de los impuestos y los que sostienen el Estado del Bienestar. Nada menos que el 85% del esfuerzo fiscal en España recae sobre las rentas del trabajo. Puesto que del 2008 al 2016, las rentas del trabajo han caído un 6,1% (33.679M€), mientras que las rentas del capital han aumentado un 1,7% (7.850M€), es lógico que los ingresos del Estado también se hayan reducido.

Este fenómeno es bien percibido por la ciudadanía española, según el último barómetro del CIS sobre fiscalidad (julio 2016), ante la pregunta de ¿cree que los impuestos se cobran con justicia y pagan más los que más tienen? Un abrumador 86,6% cree que se cobran con injusticia. De hecho, la opinión mayoritaria de los españoles es que es preferible mejorar los servicios públicos aunque haya que pagar más impuestos (44,7%) que pagar menos impuestos aunque haya que reducir servicios públicos (solo 15,8%). No hay duda de que por el bien del país y de la población que vive en él, hay que terminar con la austeridad. Y para ello hay que aumentar los impuestos, pero no a las rentas del trabajo (a la mayoría de la población) sino a las rentas de capital (las minorías privilegiadas).

¿Y por qué el techo de gasto es tan importante?

La respuesta es fácil, pues el techo de gasto público es el máximo que el Estado pueda gastarse. Un Estado pobre tanto en su gasto público social y como en sus ingresos fiscales, está condenado a una subfinanciación continua y eterna. Pues bien, el techo de gasto aprobado el martes 11 de julio en las Cortes Españolas impone que el máximo que el Estado se podrá gastar en el 2018 (ya en esta España supuestamente recuperada) es de 119.834 millones de euros, que es mucho menor (en realidad, 62.000 millones de euros) del que había en 2010 (ocho años antes).

Es más, el crecimiento de tal gasto máximo (1,3%) será mucho menor que el crecimiento de la economía que el gobierno calcula (4,3%). Ello determina que el gasto máximo que el gobierno permitirá, expresado como porcentaje del PIB, será el más bajo desde 2005 (repito, ¡desde 2005!). Ello quiere decir que el nivel máximo del gasto es semejante al que teníamos doce años atrás, a la vez que las necesidades del país han ido aumentando considerablemente. En base a estas cifras, concluir (como hace el establishment político-mediático) que ha llegado el fin de la austeridad es sencillamente una farsa.

Sí que hay alternativas a la austeridad

Es preocupante constatar que el establishment político-mediático del país guarda un silencio ensordecedor sobre este tema, presentándolo como un tema meramente técnico y económico, cuando en realidad es un tema profundamente político (como son la mayoría de temas económicos). Es urgente que se rompa tal silencio, pues para revertir las políticas de austeridad es necesario cuestionar y negar la lógica del techo de gasto, que distorsiona el debate sobre la política presupuestaria, desarrollando a la vez un marco alternativo basado en un concepto opuesto y distinto al concepto de techo de gasto, que es el establecimiento de un suelo de ingresos, es decir, que en lugar de fijarse tanto en el límite de gasto, se enfatice una cantidad de ingresos del Estado, que no pueda caer por debajo de ese suelo. Hay que aplaudir que por primera vez una fuerza política en el Congreso de los Diputados (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) haya iniciado este debate, introduciendo el concepto del “suelo de ingresos” (que unos días después hizo también suyo el PSOE), lo cual es de enorme importancia. Esta fuerza política también ha hecho la propuesta de expandir el techo de gasto, añadiendo 19.500 millones de euros al conjunto de los fondos asignados a Administraciones Públicas. Estos 19.500 millones más (que se podrían haber conseguido fácilmente gracias a mejorar los ingresos públicos) hubieran servido para: subir las pensiones no contributivas (850M€); para actualizar las pensiones al nivel de precios de consumo, considerando la inflación (1.600M€), lo cual no se está haciendo hoy en España; para recuperar los sueldos de los funcionarios (400M€), para aumentar la dotación en becas (75M€); para un ambicioso Plan de Renta Garantizada (3.200M€); para una prestación por hijo a cargo (400M€); y para financiar el ineludible Plan Nacional de Transición Energética (1.500M€). Estas propuestas que aquella fuerza política realizó son razonables y totalmente factibles, aunque predeciblemente fueron denunciadas por las voces neoliberales que todavía predominan en gran parte de la cultura económica y política del país como gastos imposibles de aceptar, pues, según ellos, romperían con las arcas del Estado, siendo esta la frase predecible que se utiliza en el dogma neoliberal que todavía domina hoy el establishment político-mediático que existe en el país, y que ahora nos vende el mensaje de que ya hemos salido de la crisis y que ya hemos dejado la austeridad atrás. Su desfachatez no tiene límites.

La Iglesia fue verdugo, no víctima

6 septiembre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.orgIg

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, y en catalán en el diario digital EL TRIANGLE, 10 de octubre de 2013

Este artículo critica la argumentación que han dado las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica para definir la beatificación de 522 “mártires” como un acto no político. El artículo señala que, en contra de este argumento, tal beatificación es un acto profundamente político y ofensivo a toda persona con sensibilidad democrática.

Estos días ha sido noticia la beatificación de 522 personas, referidas en la narrativa de la Iglesia Católica como mártires de la Guerra Civil, individuos considerados inocentes de cualquier mal que dieron su vida “en defensa de la fe católica y del mensaje de Cristo”. Las autoridades eclesiásticas católicas se han movilizado para señalar que en ningún momento debe interpretarse esta beatificación –que es un homenaje a tales personas y reconocimiento del valor de su sacrificio- como un acto político. Tanto Monseñor Angelo Amato, cardenal prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, como Monseñor Josep M. Soler, Abad de Montserrat, subrayan este hecho en La Vanguardia (06.10.13, páginas 50 y 51).

Ahora bien, es difícil aceptar que, incluso en el caso de que no fuera la intención de estas autoridades (incluyendo el Vaticano, liderado por el nuevo Papa, que escogió llamarse Francisco y que Monseñor Amato representa) realizar un acto político, el hecho es que tal acto es un acto profundamente político que contribuye a la tergiversación de la historia que se ha escrito en este país, subrayando que la Iglesia fue víctima de una intolerancia y persecución religiosa por parte de las fuerzas republicanas. Se acentúa y se presenta a la Iglesia y a sus mártires como víctimas, cuando en realidad la Iglesia fue la que agredió la vida y el bienestar de la mayoría de la población de los distintos pueblos y naciones que constituyen España, causando más de un millón de muertos y miles de desaparecidos, muertes de personas asesinadas por las fuerzas de represión, incluidas las de la Iglesia, y cuyos familiares no saben el paradero de sus cuerpos. Según las estimaciones de la única investigación sobre los desaparecidos que ha realizado el Estado español (consecuencia de las gestiones del juez Baltasar Garzón, miembro de la Audiencia Nacional antes de que se le expulsara de dicho tribunal precisamente por su investigación sobre los asesinatos por parte del régimen, del cual la Iglesia Católica fue el eje central), el número de desaparecidos es de más de 114.000 personas, que fueron asesinadas por defender al gobierno democráticamente elegido. La Iglesia no solo no ha hecho nada para encontrarlos, sino que se ha opuesto a que se recuperara su memoria mediante la Ley de la Memoria Histórica. Mientras que homenajea a sus muertos, se opone y dificulta el encontrar a los muertos, de los cuales dicha institución es responsable.

Es más, es difícil creer que la Iglesia no sea consciente de la falta de veracidad de sus acusaciones frente a la República. No es cierto que hubiera en España persecución religiosa en tiempos de la República. Las iglesias protestantes y la religión judía continuaron sin ninguna intervención por parte del Estado y/o por movimientos sociales o fuerzas políticas afines a la República. No fue la religión el sujeto de animosidad, sino la Iglesia Católica, hecho que a la Iglesia Católica todavía le cuesta aceptar, ya que si lo acepta, tendría que contestar por qué la Iglesia Católica y no las otras religiones fue sujeto del enfado popular. No es cierto que los sacerdotes y los monjes fueran asesinados por sus ideas religiosas, tal como Monseñor Soler escribe en su artículo “Montserrat y los beatos en Tarragona” en La Vanguardia. Fueron asesinados por su pertenencia a una institución que había pedido que el Ejército se sublevara, conociéndose su animosidad a la República. En realidad, el Monasterio de Montserrat, supongo que en nota de agradecimiento, hizo un monumento, más tarde, a los “caídos por Dios y por la Patria”, que estaba en la entrada del Monasterio hasta que más tarde fue desplazado a la parte trasera, con un monumento a los requetés carlistas de la Virgen de Montserrat.

La historia, marginada y ocultada por la propia Iglesia, muestra claramente el porqué de esta  hostilidad, hostilidad que fue iniciada por la Iglesia. Fue la Iglesia Católica la que celebró y apoyó la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Y fue la Iglesia la que se opuso por todos los medios al establecimiento de la República, alentando a los católicos a rebelarse frente a esta. Las pastorales de la jerarquía católica explícitamente llamaban a tal rebelión; documentos (firmados por el cardenal Segura y por su sucesor, el cardenal Gomà) son muy representativos, y seguro que la jerarquía actual de la Iglesia y el Vaticano los conocen. ¿Cómo puede afirmar la jerarquía católica que la Iglesia era apolítica, cuando animó a los católicos a que se rebelaran, pidiendo explícitamente que el Ejército se levantara en contra del gobierno democráticamente elegido?

Era predecible que la gran mayoría de la ciudadanía, que apoyó el establecimiento de la República, primero, y la elección del gobierno del Frente Popular, después, tuvieran animosidad hacia la Iglesia Católica, pues esta, abiertamente, alentaba al Ejército a que hiciera un golpe militar frente a ese Estado y frente a ese gobierno. De ahí que es comprensible y predecible que cuando ocurrió el golpe militar, que la Iglesia Católica inmediatamente apoyó (definiéndolo más tarde como una Cruzada Nacional), grandes sectores de las clases populares expresaran su hostilidad hacia tal institución. La quema de iglesias (no hubo ninguna iglesia protestante o ninguna mezquita o ninguna sinagoga quemadas) y el asesinato de clérigos y personas identificadas con la Iglesia Católica eran la respuesta popular que ocurrió en los primeros tres meses cuando el golpe creó un vacío de poder. No fue una represión guiada por el Estado republicano. En realidad, una vez recuperado el control, en las zonas que continuaban bajo el gobierno republicano se interrumpieron estos actos.

Por el contrario, los asesinatos, mucho más numerosos, llevados a cabo en el lado golpista, fueron cometidos por los aparatos represivos del Estado fascista, que contó con la entusiasta colaboración, en su represión, de la Iglesia Católica. ¿No creen las jerarquías católicas españolas que esta actitud enormemente represiva iba en contra del mensaje de Jesús? ¿Creen, en realidad, que Jesús, que es, en teoría, su supuesta inspiración, hubiera apoyado tanto asesinato, premeditado y programado, para eliminar a personas cuyo único delito era haber apoyado a un Estado y a un gobierno democráticamente elegidos? ¿No creen que es de una crueldad suprema que los familiares de los muertos republicanos todavía hoy no sepan dónde están enterrados? ¿No creen que es profundamente injusto que ellos puedan homenajear a sus muertos cuando los vencidos todavía no saben dónde están los suyos? Y si en verdad los sacerdotes asesinados eran inocentes, ¿no cree la Iglesia Católica que deberían pedir perdón a los familiares de sus propios muertos, pues el comportamiento golpista de su jerarquía católica fue el responsable de que el enfado popular se canalizara en ellos, precisamente por su identificación con la Iglesia?

La respuesta descontrolada en contra de la Iglesia era lógica, pues la Iglesia era culpable de un comportamiento que podía predecirse que causaría miles de muertes. Debe condenarse tal expresión de enfado popular, pero su comportamiento no puede homologarse al del lado golpista, que fue una represión metódica de todos los aparatos del Estado, con el apoyo activo de la Iglesia. Acentuar el victimismo de la Iglesia como hacen las beatificaciones es, además de una tergiversación de la historia que todavía se reproduce en España, una ofensa a los perdedores de la Guerra Civil, que eran los que defendieron la democracia, y que debería crear incomodidad a toda persona con sensibilidad democrática. Mi esperanza es que el Papa Francisco lo vea así y que, en nombre de la Iglesia, pida perdón, no solo a su Dios, sino al pueblo español, al que hizo tanto daño.

Hoy, mientras la Iglesia y las derechas homenajean a sus muertos, la ONU acaba de enviar una delegación denunciando al Estado español por no estar haciendo nada para encontrar a los desaparecidos republicanos. Y el mismo Estado, sin lugar a dudas, estará representado en los actos homenajeando a los “mártires de la Iglesia”. ¿No se avergüenzan de su comportamiento los representantes de un Estado que se presenta como democrático? ¿No se da cuenta la Iglesia de su incoherencia? ¿No ven la falsedad de su llamada a la reconciliación? Está claro que no se dan cuenta. Y que no se den cuenta es un indicador de que continúan siendo reacios a reconocer que la Iglesia Católica no fue víctima sino verdugo en aquel periodo de nuestra historia.

El nuevo régimen social de España

12 agosto, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 23 de junio de 2017.

Este artículo es el resumen de los datos más impactantes de la situación social en España, que no es coyuntural, sino estructural, dentro del sistema económico español actual.

España ha sufrido una de las más importantes crisis económicas y financieras durante su periodo democrático, crisis que también ha determinado una crisis social, y, como era predecible, una gran crisis de legitimidad del Estado y del establishment político y mediático del país. La respuesta de tal establishment ha sido que todos estos sacrificios eran necesarios para poder salir de la crisis, que, según este establishment, se está resolviendo.

Ahora bien, en este argumentario se olvida que, en realidad, la crisis (la Gran Recesión) y la respuesta que se ha dado a ella estaban configuradas y determinadas por un contexto político que favoreció estructuralmente a unos a costa de otros. Los primeros eran aquellos sectores del mundo del capital (las grandes empresas financieras, y las grandes corporaciones productoras de bienes y servicios) que dominan el Estado español y la gran mayoría de medios públicos y privados de información del país. Y las perdedoras han sido, predominantemente, las clases populares, que constituyen la mayoría de la población. Mientras que los primeros derivan sus rentas predominantemente de la propiedad del capital y de su gestión, los segundos lo hacen del mundo del trabajo, sobre todo de los salarios y de los beneficios sociales.

La evidencia de ello es abrumadora. Veamos algunos datos: 1) Des de el inicio de la crisis (2008) hasta el año pasado (2016), las rentas del trabajo han caído un 6,1% (33.679M€), mientras que las rentas del capital han aumentado un 1,7% (7.850M€). En suma, en el periodo 2008-2016 el peso de los salarios en la economía ha bajado 2,9 puntos, de 54,6% al 52,7%; 2) La participación de los beneficios de las empresas no financieras en España está por encima del de la zona euro (42,6% frente a 40,6%); 3) Las empresas no financieras españolas han aumentado su participación en el VAB (valor añadido bruto) del 37,7% hasta el 42,6% entre el periodo 2007-2015: el segundo país de toda la UE que más ha aumentado; 4) La polarización social (S80/20) se ha incrementado en un 11,8% desde 2009 (de 5,9 en 2009 a 6,6 en 2016), es decir, el 20% más rico dispone de 6,6 veces más ingresos que el 20% más pobre. Somos el 3º país con mayor polarización de toda la UE (después de Rumanía y Bulgaria); 5) La desigualdad ha sufrido uno de los mayores incrementos de toda la OCDE desde 2009, y el índice de Gini alcanzó los 34,5 en 2016: 3,5 puntos por encima de la media europea (31 en 2015); 6) En los últimos 15 años el 30% de la población que vive en riesgo de exclusión ha visto cómo sus activos netos apenas crecían un 3%, mientras que los del 10% más rico se disparaban un 56%; 7) El 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país (27,4%), mientras que el 20% más pobre se quedaba con un 0,1%; 8) La fortuna de las 3 personas más ricas en nuestro país equivale a la del 30% más pobre.

Todos estos hechos han sido, en gran parte, consecuencia de toda una serie de intervenciones por parte del Estado que han provocado un enorme deterioro del mercado laboral. Esto ha sido particularmente acentuado a partir de las reforma laborales del gobierno Zapatero, primero, y de las más intensas del gobierno Rajoy. Indicadores de tal deterioro del mercado laboral muestran que: 1) El 41,5% de los desempleados llevan más de 2 años en paro (1,8 millones de personas); 2) El 24,7% de los desempleados llevan más de 4 años en paro (1,1 millones); 3) Más de 4 de cada 10 jóvenes que buscan trabajo están en paro; 4) Un 15,3% de las jornadas laborales son a tiempo parcial; 5) Más de uno de cada cuatro empleos es temporal (26,5%); 6) En los últimos cinco años se ha acumulado una caída del poder adquisitivo de la remuneración media en un 4,5% (912 € menos); 7) El 34,4% de los asalariados (seis millones de personas) cobran menos del salario mínimo interprofesional.

El desmontaje del Estado del Bienestar

Han contribuido a este enorme crecimiento de las desigualdades las políticas públicas de los partidos gobernantes del Estado español, las cuales han debilitado el ya escasamente financiado Estado del Bienestar. De hecho, España dedica menos recursos a los servicios públicos y transferencias del Estado del Bienestar que la gran mayoría de los países de la UE. 1) España tiene el gasto público social como porcentaje del PIB (24,6%) de los más bajos de la UE-15; 2) España tiene el gasto público social por habitante de los más bajos de la UE y ha disminuido durante los años de la gran recesión, consecuencia de los grandes recortes; 3) España tiene uno de los porcentajes de la población adulta que trabaja en los servicios públicos más bajos de la UE-15 (el grupo de países de semejante riqueza), por ejemplo 1 de cada 10 habitantes en comparación con 1 de cada 4 en Suecia. Si España tuviera el porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar como en Suecia (de 1 de cada 10 a 1 de cada 4) reduciría significativamente el desempleo; 4) El gasto público en España es uno de los más bajos de Europa, representa el 43,6% de su PIB; la media del conjunto de los 28 países europeos es 48,1%; 5) España es uno de los países que dedican menor gastos en protección social: 2,7 puntos menos del PIB que la media de países de la Eurozona (17,6% frente al 20,3 de la UE); 6) Esta subfinanciación ocurre en todas las dimensiones del Estado del Bienestar excepto en el gasto en desempleo. Este retraso se ha acentuado con los recortes de gasto público social que ha ocurrido en todos los servicios: 6.a) El gasto autonómico de sanidad por habitante se redujo un 14,2% entre el periodo 2009-2016. (1.195€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 1.393€); 6.b) El gasto autonómico de educación por habitante se redujo un 5,87% entre el periodo 2009-2016. (785€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 834€); 6.c) El gasto público total consolidado en Servicios Sociales fue de 16.000 millones de euros en 2016, aproximadamente 1.000 millones menos que en 2010; 6.d) El gasto autonómico de servicios sociales por habitante se redujo un 1,55% entre el periodo 2009-2016. (254€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 258€).; 6.e) Mientras que, el gasto autonómico en deuda pública por habitante aumentó 381,8% entre el periodo 2009-2016. (582€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 121€); 7) El Estado del Bienestar es de los menos redistributivos de Europa: la tasa de pobreza se reduce antes de transferencias sociales en España del 29,5% en 2016 al 22,3% después de transferencias sociales. Mientras que en la UE se pasa de un 26% en 2015 baja al 17,3% de reducción de pobreza (8,7% de reducción en la UE frente a 7,2% en España).

La pobreza del Estado del Bienestar en España es consecuencia de una fiscalidad débil y regresiva que se ha acentuado todavía más con las reformas de los gobiernos Zapatero y Rajoy. Como consecuencia, los ingresos fiscales en España son inferiores a los de los países de nuestro entorno. Las facilidades que tienen las grandes empresas y fortunas para pagar menos de lo que tienen establecido, gracias a un entramado de desgravaciones y exenciones, hace que la carga fiscal recaiga sobre las clases medias y trabajadoras a través del IRPF y de los impuestos al consumo. Más datos: 1) En España el 85% del esfuerzo fiscal recae sobre las rentas del trabajo; 2) 17 de las 35 empresas del IBEX no pagan el impuesto de sociedades en España, cuando tan solo 3 compañías cerraron 2014 con pérdidas.

La pobreza se ha incrementado

Resultado de todo lo anterior es que la pobreza está ya incluida como parte integrante del sistema económico. No es coyuntural, sino estructural. En otras palabras, la pobreza se ha instalado en la sociedad española, afectando a personas y familias que cada vez ven más difícil salir de su situación. La transmisión intergeneracional dará lugar a nuevas generaciones que van a reproducir la pobreza y que cada vez van a tener más difícil salir de ella. De nuevo, más datos: 1) La renta media de los hogares se ha reducido un 11% desde 2009 (30.045€) a 2016 (26.730€); 2) Hay más de 2,5 millones de trabajadores/as están por debajo del umbral de la pobreza: un aumento del 21,55% desde 2009 (11,6% en 2009 frente a 14,1% en 2016); 3) España ha registrado la cifra más alta de pobreza desde 2005: más de 10 millones de personas en España están por debajo del umbral de la pobreza (el 22,3% de la población); 4) Pese a la ‘recuperación económica’ la tasa de pobreza ha continuado aumentado respecto al año pasado (2015= 22,1%; 2016= 22,3%); 5) El 42,2% de los hogares de 1 adulto con 1 o más niños dependientes está en situación de pobreza; 6) El 30,6% de los hogares con niños dependientes están en situación de pobreza; 7) Casi 650.000 hogares, más de 1 millón de personas, no tienen ningún ingreso (3,52% de los hogares); 8) La pobreza persistente (personas que permanecen en riesgo de pobreza 2 de los 3 últimos años) es de 15,8 en España (2015) frente a 11,5 en la Eurozona (2015), 4,3 puntos menos, de las más altas de Europa; 9) La mala alimentación por motivos económicos y, en ocasiones, el hambre, son situaciones reales que afectan a más de 1 millón de personas en España; 10) La Tasa Arope, que es el indicador utilizado por la Unión Europea para medir la exclusión social, sitúa a España 4,9 puntos por encima de la media de la eurozona (27,9 frente al 23%): una de las más altas de la UE; 11) En 1 de cada 10 hogares se pasa frío o excesivo calor por no poder mantener la vivienda a temperatura adecuada; 12) En 4 de cada 10 hogares no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año; 13) El 15,3% de los hogares tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes; 14) El 8,4% de los hogares tienen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal; 15) 2,6 millones de personas sufren carencia material severa (5,8% de la población); 16) 4 de cada 10 personas viven en hogares sin capacidad para afrontar gastos imprevistos; 17) Al menos 6 millones de personas, sin ser pobres, se encuentran en situación económica precaria.

Conclusión. El resultado de las políticas neoliberales que han sido seguidas hasta ahora por parte de los gobiernos del PSOE y del PP a nivel central, y por los partidos de derechas (tales como CiU, que ahora se llama PDeCAT) y socialistas que han gobernado en las autonomías

Espero no haberles aturdido con tantos datos. Pero les ruego que consideren que detrás de cada dato hay un enorme, repito, enorme, dolor impuesto a las clases populares de España. Pero este daño se ha conseguido a costa de una gran transferencia de fondos del mundo del Trabajo al mundo de los beneficios de los grandes propietarios del capital, de los más elevados de la Eurozona. Esta realidad permanece ocultada en los mayores medios de información y persuasión del país.

Ante esta realidad hay que entender que las pequeñas variaciones de los indicadores económicos, que se presentan por los partidos gobernantes como el PP como indicadores de recuperación económica, se realizan dentro de un marco estructural caracterizado por estos datos. Lo que ha ocurrido estos años en España es un cambio dentro del régimen capitalista, que ha pasado de blando a duro, y ello como resultado de la victoria en un conflicto político que ocurre entre una minoría económica, financiera, mediática y política, por un lado, y las clases populares, que son la mayoría de la población, por el otro. Así de claro.

(Agradezco a mi colega Eduardo González de Molina la ayuda en la provisión de la mayoría de estos datos)

La alcaldesa Ada Colau lleva razón en su conflicto con Airbnb: los pisos turísticos están destruyendo los barrios

2 agosto, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 11 de abril de 2017.

Este artículo aborda la destrucción de los barrios en las ciudades con atractivo turístico por la expansión de los pisos turísticos, los cuales provocan la sustitución de una población estable por una población transeúnte, poco comprometida con el bienestar de la ciudadanía. El artículo detalla los elevados costes que tal expansión significa para la calidad de vida de la ciudadanía, y cómo varias ciudades turísticas de EEUU están respondiendo a esa amenaza. El artículo también defiende a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por haberse enfrentado con empresas como Airbnb, que están promoviendo tal actividad mercantil.

Uno de los hechos económicos más extendidos en las grandes urbes de atractivo turístico ha sido el enorme desarrollo de los pisos turísticos, que se presentan como un ejemplo de lo que se conoce como economía colaborativa, en la que la relación entre el comprador de servicios (el turista que busca hospedarse por tiempos cortos) y la persona que los ofrece (el dueño del piso) se hace directamente a través de una agencia que los pone en contacto, y no a través de la industria hotelera, a la cual sustituye. En teoría parecería una relación razonable, e incluso progresista (y así se ha presentado incluso en algunos medios de información de tal orientación política). Por un lado, tenemos las personas que tienen habitaciones o pisos disponibles que quieren aumentar sus ingresos alquilando tales espacios a turistas, y por el otro lado, el turista que busca un espacio más económico que el hotel y/o residencia. En esta relación, la institución necesaria es una compañía que ponga en contacto a las dos partes –al turista y al propietario de la casa o habitación-, compañías que se han extendido enormemente, y de las cuales Airbnb es la más conocida.

Hasta aquí la descripción de lo que debería pasar en teoría. Y, ¿quién se puede oponer a que una familia pueda conseguir unos ingresos extra a base de alquilar un espacio de su propia casa o de su propiedad? Se presenta así una alternativa a las grandes corporaciones hoteleras, que hasta ahora habían controlado la distribución de los espacios de hospedaje de tales ciudades turísticas.

La rebelión ciudadana en contra de los pisos turísticos

Como en el caso de otros ejemplos de “economía colaborativa” (como la compañía de transportes UBER, entre otros), nos encontramos que la distancia entre la teoría y la realidad es enorme, hasta tal punto que ha surgido una gran protesta ciudadana en todas las ciudades en las que los pisos turísticos se han expandido. Y muchas de estas ciudades están considerando no solo regularlos intensamente, sino incluso prohibirlos. ¿Por qué?

La respuesta es fácil de ver. En primer lugar, la existencia de tales pisos significa una gran molestia para las fincas y para los barrios donde existen estos pisos turísticos, pues es una población transeúnte, no ligada o conectada con el bario o fincas cuya movilidad y/o comportamiento y rompe con la cohesión y espíritu comunitario del lugar. La evidencia de ello es abrumadora. Hay barrios enteros en Barcelona, por ejemplo, que corren el peligro de diluir su carácter vecinal debido al elevado número de tales pisos.

Y para complicar todavía más esta situación, gran parte de estos pisos turísticos no están ni identificados, operan sin ningún tipo de regulación o protección del usuario y de los vecinos, y no ofrecen ninguna garantía ni de seguridad ni de calidad. En general no hay protección frente a dicha actividad mercantil, que contribuye muy poco al erario público, pues un gran número de estos pisos actúan ilegalmente, y no contribuyen, a través del pago de impuestos, a cubrir los gastos extras que su existencia implica. No es de extrañar, por lo tanto, que haya constantemente protestas ciudadanas en lugares donde existen estos pisos turísticos.

Y por si ello no fuera poco, la utilización de pisos turísticos disminuye la oferta de pisos de alquiler para gente normal y corriente, disparándose los precios de los alquileres. En Barcelona, desde 2015, estos alquileres han experimentado un crecimiento muy acentuado (un 15% anual), que es insostenible para la mayoría de la población, cuyos ingresos crecen mucho más lentamente. Hay una relación directa entre el número de pisos turísticos en un barrio, el crecimiento del precio de los alquileres, y el éxodo de vecinos a otros barrios con menos pisos turísticos.

Una protesta internacional. ¿Qué puede hacerse?

El equipo del profesor John Whitlow, de la City University of New York (también profesor visitante del JHU-UPF Public Policy Center), acaba de publicar un interesante estudio sobre cómo ciudades turísticas en EEUU (como Nueva York, San Francisco, Nueva Orleans, Seattle, Los Ángeles y Miami) están respondiendo a esta amenaza a la calidad de vida de los vecinos y a la identidad de los barrios. Entre tales intervenciones municipales están:

1. Limitaciones del número de días al año que una persona propietaria puede poner su piso o habitación a disposición de alquileres cortos. El número varía de 30 a 90 días. Todas las ciudades citadas, excepto Miami, aplican esta norma.

2. Provisión de permisos para establecer pisos turísticos solo en ciertos barrios de la ciudad, tal como exigen Miami y Nueva Orleans.

3. Exigencia de licencia y registro. Todas las ciudades exigen que tanto la agencia Airbnb (y otras agencias similares), así como las personas que alquilan sus espacios, estén licenciadas y registradas, exigiéndoles, además, que garanticen el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene.

4. Deben pagar impuestos, exigencia presente en todas las ciudades, como condición para ejercer tal tipo de actividad comercial.

5. Notificación al ayuntamiento de las personas que alquilan estos espacios y de los inquilinos que ocupan tales espacios.

6. Aprobación por parte del ayuntamiento del tipo de vivienda que puede ponerse al mercado como piso turístico, estableciendo normas de espacio. Solo Nueva Orleans excluye este requerimiento. Todas las demás lo tienen.

7. Todas las personas que ofrecen pisos turísticos tienen que ser residentes de la ciudad. Las personas no residentes no pueden comercializar su vivienda para pisos turísticos. Esta regulación tiene como objetivo dificultar que empresas de capital-riesgo compren propiedad inmobiliaria para transformarla en pisos turísticos.

Y el informe termina indicando que el nivel de requerimientos está expandiéndose rápidamente, a medida que la ciudadanía se está quejando más y más por las molestias que tales pisos turísticos están creando. En realidad, una ley muy popular que se está expandiendo es que los vecinos de una finca puedan votar sobre permitir o no que hayan pisos turísticos en aquella finca. Cuando tal ley se aplica tiene un impacto muy inmediato, parando y revirtiendo dicha expansión. En realidad, el enfado ciudadano está alcanzando tal nivel, que el tipo de sanciones por violaciones de las normas definidas anteriormente está aumentado. Entre ellas, en todas las ciudades citadas (excepto en Los Ángeles) se multa a los propietarios de pisos y a Airbnb con entre 500 y 2.000 dólares por día en casos de violación de las normas municipales. Y el propietario puede ser llevado a los tribunales en caso de que los vecinos de quejen de las molestias originadas por los pisos turísticos. El informe (puesto en mi web http://www.vnavarro.org) detalla, ciudad por ciudad, las normas y regulaciones. Todo ello parece indicar que no es descartable, en un futuro próximo, que tal enfado alcance niveles de indignación y que pasen a aprobarse leyes de prohibición de la existencia de tales pisos turísticos, pues no hay duda que su existencia está deteriorando el bienestar y la calidad de vida de los barrios en las ciudades. Su existencia es una prueba más del impacto sumamente negativo de las políticas neoliberales aplicadas en el diseño del desarrollo urbano. La mercantilización de todas las dimensiones de la actividad humana está llevando a un deterioro muy notable de la calidad de vida de la ciudadanía. Y lo que es sorprendente es que a este desarrollo algunas voces que se definen como progresistas lo llamen “progreso”.

La debilidad de los ayuntamientos en Catalunya y en el resto de España

Una de las mayores diferencias entre el poder municipal en Catalunya y España, y el poder municipal en EEUU, es la enorme debilidad de los ayuntamientos catalanes y españoles, debilidad que caracteriza a los Estados del sur de Europa, donde las fuerzas conservadoras han dominado tales Estados por periodos más largos de tiempo en los siglos XX y XXI. Es precisamente donde las izquierdas han gobernado durante más tiempo (como en los países escandinavos) donde los ayuntamientos tienen mayor poder, mientras que es en el sur de Europa, donde las derechas han sido más poderosas, donde los ayuntamientos son más débiles. Esta falta de poder en el nivel del Estado más próximo a la ciudadanía limita enormemente la incidencia de la ciudadanía en el desarrollo de las políticas públicas que afectan con mayor intensidad a su calidad de vida y bienestar.

Considerando la debilidad de los ayuntamientos en España, es de aplaudir que el Ayuntamiento de Barcelona haya ofrecido un liderazgo, reconocido internacionalmente, para limitar el daño creado por los pisos turísticos a la calidad de vida de los vecinos en Barcelona. Predeciblemente las fuerzas conservadoras y neoliberales, que continúan teniendo un enorme poder político y mediático en España (incluyendo Catalunya), y Airbnb han intentado demonizar al ayuntamiento, manipulando y mintiendo, presentando las acciones de este como excesivamente radicales, motivadas por razones ideológicas anticuadas, ocultando que en otras ciudades tales medidas ya se han desarrollado y han probado ser altamente populares. El mérito del Ayuntamiento de Barcelona es el de haberse enfrentado a tales intereses, con el coraje que caracteriza a la alcaldesa Ada Colau, que ha sido aplaudido en muchas otras ciudades, las cuales se han inspirado en ella. Este aplauso debe ir acompañado de la denuncia a la Generalitat de Catalunya, controlada por las fuerzas conservadoras y neoliberales (y cuyos medios públicos de información y persuasión promueven Airbnb), que predeciblemente ha dificultado los pasos que el ayuntamiento deseaba tomar y que la ciudad se merecía. ¿Hasta cuándo continuará ignorando un clamor popular frente a esta situación que se está convirtiendo en una pesadilla para miles y miles de ciudadanos?

Colau, Carmena y Ribó, el éxito de los alcaldes más temidos por la derecha

1 agosto, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Dos años han pasado desde que los gobiernos del cambio de las principales ciudades españolas llegaron al poder. Manuela Carmena, Ada Colau y Joan Ribó tomaron el mando de Madrid, Barcelona y Valencia, las tres ciudades más grandes de España. La derecha, acostumbrada a gobernar por años, y todo su entorno empresarial y mediático, estaban al borde de la histeria.

Unos preocupados por lo que los nuevos ediles pudiesen descubrir debajo de las alfombras, otros quizá temerosos de perder los buenos negocios que venían haciendo desde siempre a costa del dinero público y los últimos, ya lo estamos viendo, seguros de que iban dejar de ser alimentados con el favoritismo de la publicidad institucional.

Por eso no extraña que los nuevos ayuntamientos, y muy particularmente los de las ciudades más emblemáticas, fuesen recibidos con una inusitada agresividad: a un buen puñado de espabilados se le acababa el chollo. Ya entonces a las personas sensatas, independientemente de la ideología, les avergonzaba el tratamiento que se le dio a Manuela Carmena desde la oposición, liderada por la deslenguada Esperanza Aguirre y también desde los medios satélites de la derecha política y económica. Afortunadamente, los insultos, la intromisión permanente en su vida privada, las burlas y humillaciones con las que se pretendió ridiculizarla, no lograron su objetivo y Manuela preside hoy el Ayuntamiento que más ha reducido su deuda en estos dos años.

A Ada Colau le pasó algo similar. Si Carmena llegó a la alcaldía aupada por Ahora Madrid y los votos del PSOE, en el caso de Colau los apoyos eran más variopintos. Barcelona en Comú, su coalición, obtuvo 11 concejales y recibió el apoyo de ERC, PSC y la CUP para desbancar al convergente Xavier Trias. Desde el principio también Ada sufrió una enorme presión, pero ahí sigue, creciendo día a día en prestigio e influencia.

Joan Ribó, en Valencia, dijo en su toma de posesión algo que define sin duda el nuevo estilo de nuestros tres protagonistas: “La vara de mando no es mi forma de gobernar, no me hace falta, prefiero el diálogo con los vecinos y las vecinas”. El miércoles estuve con él en Valencia y le vi en forma, moviéndose –como casi siempre– en bici, cercano, tranquilo, paciente, atento a lo que sucede en cada rincón de su ciudad. Bajando también la deuda, pacificando el tráfico poco a poco y sufriendo también en ocasiones una presión bien calculada que sin duda empujan los que temen que se prolongue en el tiempo el mandato de gente decente en lo ayuntamientos.

Porque este es el asunto verdaderamente importante. Las grandes ciudades españolas –y las medianas y pequeñas– han estado demasiado tiempo en manos de los depredadores del mercado. El urbanismo, los servicios públicos, las infraestructuras, controladas por la derecha económica, han ido dibujando unas ciudades agresivas, desiguales, contaminadas, cada vez más inhóspitas y arruinadas. Y aunque hoy es fácil darse cuenta de los errores cometidos, la presión del dinero no cesa. Por eso es importante que nuestros ediles aprieten los dientes y sean valientes. Por eso es fundamental que aprovechen los dos años que les quedan por delante para demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera.

En esta calurosa semana de junio hemos asistido a la tercera moción de censura desde la recuperación de la democracia tras la larga dictadura franquista. También hemos celebrado el 40 aniversario de la primeras elecciones democráticas. Pero creo que el hito más importante para el futuro ha sido este segundo cumpleaños de los ayuntamientos del cambio. Su ejemplo de acuerdos y gestión deberían ser el modelo a seguir para expulsar al PP del Gobierno de España. El PSOE y Unidos Podemos deberían aparcar intereses personales y de partido y centrarse en lograr ese obje tivo.

El retorno de Karl Marx para entender lo que está pasando en el capitalismo avanzado

8 julio, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 30 de mayo de 2017.

Este artículo contrasta la cobertura no solo de los medios de información económica, sino incluso de los rotativos en general, sobre pensamientos críticos con la sabiduría convencional del país, tales como el marxismo. El artículo señala que, como bien ha reconocido The Economist, el semanario de orientación liberal más conocido en el mundo occidental, el economista Marx llevaba bastante razón en su análisis del capitalismo, una opinión que sería impensable que se diera en los medios españoles, donde el sesgo conservador y neoliberal es tan dominante que excluye cualquier pensamiento crítico.

En una de las columnas más conocidas del semanario The Economist, la columna Bagehot (a cargo de Adrian Wooldridge), se acaba de publicar un artículo en su número del 13 de mayo que sería impensable que apareciera en las páginas de cualquier revista económica de España de semejante orientación liberal a la que tiene tal semanario. En realidad, no solo en cualquier revista económica, sino en cualquiera de los mayores medios de información de este país (incluyendo Catalunya) tal tipo de artículo nunca podría haberse publicado.

Bajo el título El momento marxista, y el subtítulo Los laboristas llevan razón: Karl Marx tiene mucho que enseñar a los políticos de hoy en día, la columna Bagehot analiza el debate existente entre el dirigente del Partido Laborista del Reino Unido, el Sr. Jeremy Corbyn, y su ministro de Economía y Hacienda en la sombra, el Sr. John McDonnell, por un lado, y los dirigentes del Partido Conservador así como los rotativos conservadores Daily Telegraph y Daily Mail, por el otro. Definir tal intercambio como debate es, sin embargo, excesivamente generoso por parte de la columna Bagehot, pues la respuesta de los rotativos conservadores y de los dirigentes conservadores a los dirigentes laboristas es una burda, grosera e ignorante demonización de Marx y del marxismo, confundiendo marxismo con estalinismo, cosa que también se hace constantemente en los mayores medios de comunicación españoles, en su mayoría también de orientación conservadora o neoliberal.

Los aciertos de Marx según Bagehot, de The Economist

Una vez descartados los argumentos de la derecha británica, la columna Bagehot pasa a discutir lo que considera las grandes profecías de Karl Marx (y así las define) para entender lo que está ocurriendo hoy en el mundo capitalista desarrollado, señalando que muchas de sus predicciones han resultado ser ciertas. Entre ellas señala que:

1. La clase capitalista (que en la columna Bagehot se insiste que continúa existiendo, aunque no se utilice tal término para definirla), que es la clase de los propietarios y gestores del gran capital productivo, está siendo sustituida –como anunció Marx- cada vez más por los propietarios y gestores del capital especulativo y financiero, que Marx (y la columna Bagehot) consideran parasitarios de la riqueza creada por el capital productivo. Esta clase parasitaria es la que, según dicha columna, domina al mundo del Capital, siendo tal situación la mayor responsable del “abusivo” y “escandaloso” (término que Bagehot utiliza) crecimiento de las desigualdades. Los primeros han conseguido cada vez más beneficios a costa de todos los demás. Y para mostrarlo, el columnista del The Economist señala que mientras en 1980 los chief executives de las 100 empresas británicas más importantes ingresaban 25 veces más que el típico empleado de sus empresas, hoy ganan 130 veces más. Los equipos dirigentes de tales entidades inflaron sus ingresos a costa de sus empleados, recibiendo a la vez pagos (además del salario), de las empresas a través de acciones, pensiones y otros privilegios y beneficios. De nuevo, la columna Bagehot, señala que Marx ya lo predijo y así ocurrió. Es más, la columna Bagehot descarta el argumento que tales remuneraciones se deban a lo que el mercado de talentos exige, pues la mayoría de estos salarios escandalosos de los ejecutivos se los han atribuido ellos mismos, a través del contacto que tienen en los Comités Ejecutivos (Executive Boards) de las empresas.

Marx llevaba bastante razón

2. Marx y Bagehot cuestionan la legitimidad de los estados, instrumentalizados por los poderes financieros y económicos. La evidencia acumulada muestra que el maridaje del poder económico y político ha caracterizado la naturaleza de los Estados. La columna Bagehot hace referencia, por ejemplo, al caso Blair (dirigente de la 3ª Vía), que de dirigente del Partido Laborista, una vez dejado el cargo político, pasó a ser asesor de entidades financieras y de regímenes impresentables. En España podríamos añadir una larga lista de expolíticos que hoy trabajan para las grandes empresas, poniendo a su servicio todo el conocimiento y contactos adquiridos durante su cargo político.

3. Otra característica del capitalismo predecida por Marx –según la columna Bagehot- es la creciente monopolización del capital, tanto productivo como especulativo, que está ocurriendo en los países capitalistas más desarrollados. Bagehot señala como tal monopolización ha ido ocurriendo.

4. Y, por si no fuera poco, Bagehot señala que Marx también llevaba razón cuando señaló que el capitalismo por sí mismo crea la pobreza a través del descenso salarial. En realidad, Bagehot aclara que Marx hablaba de “inmiseración”, que es –según el columnista- un término algo exagerado pero cierto en su esencia, pues según tal columnista los salarios han ido bajando y bajando desde que empezó la crisis en 2008, de manera tal que, al ritmo actual, la tan cacareada recuperación no permitirá que se alcancen los niveles de empleo y nivel salarial de antes de la Gran Recesión en muchos años.

Es más, además de estas grandes predicciones, la columna Bagehot afirma que la presente crisis no se puede entender sin entender los cambios dentro del capital, por un lado, y el crecimiento de la explotación de la clase trabajadora, por el otro, tal como señaló Marx.

¿Se imagina el lector a algún gran diario español, sea o no económico, que hubiera permitido un artículo como este? The Economist es el semanario liberal más importante del mundo. Y promueve tal ideología. Pero algunos de sus principales columnistas son capaces de aceptar que, después de todo, Marx, el mayor crítico que ha tenido el capitalismo, llevaba bastante razón. Sería, repito, impensable que en este país, tan escorado a la derecha como resultado de una transición inmodélica de una dictadura fascista a una democracia tan limitada, no solo un rotativo liberal, sino cualquier mayor rotativo, publicara tal artículo con el tono y análisis que lo hace una de las mayores columnas de tal rotativo, firmada por uno de los liberales más activos y conocidos. Esta columna y la persona que está a cargo de ella, sin embargo, no se han convertido al marxismo. Pero reconocen que el marxismo –que en este país ha sido definido por algunas voces como anticuado, irrelevante o cosas peores- es una herramienta esencial para entender la crisis actual. En realidad, no son los primeros que lo han hecho. Otros economistas han reconocido esta realidad aunque, por regla general, tales economistas no se enmarcan en la sensibilidad liberal. Paul Krugman, uno de los economistas keynesianos más conocidos hoy en el mundo, dijo recientemente que el economista que mejor había predicho y analizado las periódicas crisis del capitalismo, como la actual, había sido Michał Kalecki, que perteneció a tal tradición.

Donde la columna Bagehot se equivoca, sin embargo, es al final del artículo, cuando atribuye a Marx políticas llevadas a cabo por algunos de sus seguidores. Confundiendo marxismo con leninismo, la columna concluye que la respuesta histórica y la solución que Marx propone serían un desastre. Ahora bien, que el leninismo tuviera una base en el marxismo no quiere decir que todo marxismo fuera leninista, error frecuentemente cometido por autores poco familiarizados con la literatura científica de dicha tradición. En realidad, Marx dejó para el final su tercer volumen, que tenía que centrarse precisamente en el análisis del Estado. Por desgracia, nunca pudo iniciarlo. Pero lo que sí que escribió sobre la naturaleza del capitalismo ha resultado bastante acertado, de manera tal que no se puede entender la crisis sin recurrir a sus categorías analíticas. La evidencia de ello es claramente contundente y el gran interés que ha aparecido en el mundo académico e intelectual anglosajón, y sobre todo en EEUU y el Reino Unido (donde se publica The Economist), es un indicador de ello. Pero me temo que lo que está ocurriendo en aquellas partes del mundo no lo verá en este país, donde los mayores medios de información son predominantemente de desinformación y persuasión.

¿Quién acosa a quién? La desvergüenza de ‘El País’

15 abril, 2017

Fuente: http://www.elpais.com

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 15 de marzo de 2017.

Este artículo responde a la acusación que El País hizo al profesor Navarro cuando lo acusó en sus páginas de acosarles. El artículo muestra que la realidad es precisamente al revés. El artículo señala también la gran derechización que ha ido experimentando este rotativo como consecuencia del creciente dominio de su accionariado por parte de empresas financieras, convirtiéndolo en un instrumento de batalla contra las escasas voces críticas que existen en el mundo intelectual y político del país.

El día 7 de marzo de 2017 El País escribió un editorial en el que hacía suyas las acusaciones –que había hecho el día anterior la Asociación de la Prensa de Madrid- al partido Podemos por acoso a los periodistas que proveían información desfavorable a los intereses de tal formación política. En la siguiente página donde se publicó tal editorial, aparecía una columna que intentaba mostrar ejemplos de dicho acoso, incluyendo en aquella lista un artículo que escribí el pasado 14 de febrero en Público, titulado “La desinformación y manipulación de los medios sobre Vistalegre”.

Aconsejo al lector que se lea tal artículo (que adjunto aquí), en el que hago una crítica de informaciones aparecidas en los mayores rotativos, incluyendo El País, en su cobertura del Congreso de Vistalegre II de Podemos. También, por cierto, le aconsejo que lea artículos anteriores en los que critico detalladamente el comportamiento del equipo editorial y periodistas de El País (véase “Las manipulaciones y mentiras en El País”, 30.12.14).

Verá el lector que en ninguna parte de mis textos hay ningún insulto o amenaza o cualquier otro comportamiento que pueda encajar en la categoría de acoso. Lo que hago es mostrar la falta de veracidad de sus informaciones, y su tono claramente ofensivo en muchos de sus reportajes cuya intención no es la de informar sino la de persuadir, creando un clima hostil hacia Podemos.

La falta de veracidad de El País

El caso más claro de falta de veracidad es cuando El País publicó una noticia informando que Pasqual Maragall (que fue primero alcalde de Barcelona y presidente de la Generalitat de Catalunya más tarde) fue abucheado cuando entró en el Pavelló de la Vall d’Hebron (lleno a rebosar) donde se iba a celebrar un acto de Podemos, con una presentación por parte de Pablo Iglesias. Los miles de personas que abarrotaban el recinto fueron testigos de la enorme falta de veracidad de aquella noticia, pues no solo no fue un abucheo, sino que fue precisamente lo contrario: una gran ovación a uno de los alcaldes más populares que Barcelona haya tenido, popularidad incluso más acentuada en los barrios obreros como la Vall d’Hebron. Pero esta falta de veracidad fue acompañada de un intento de ocultación, rechazando la publicación de una carta de corrección que escribí al director del rotativo con la esperanza de que la falsa noticia fuera un error del periodista (resultado de, puede, no saber distinguir entre abucheo y ovación). En esta carta no había tampoco insultos ni amenazas (que me desagradan profundamente, como bien sabe cualquier lector familiarizado con mis escritos), o ningún tipo de acoso. Pedí que hicieran una corrección, que se negaron a hacer. Es ahí que pude ver que no era un error sino una grosera manipulación, indigna de tal rotativo.

La enorme agresividad y manipulación

Esta falta de veracidad va acompañada de un comportamiento abusivo e insultante que apareció en su cobertura de los debates que han existido en Podemos y en el momento del Congreso de Vistalegre II. Las legítimas diferencias entre Pablo Iglesias e Iñigo Errejón sobre la estrategia política a seguir fueron presentadas como una mera lucha por el sillón, presentándolas nada menos que como algo parecido a la lucha entre Stalin y Trostky, que terminó con el asesinato del segundo por parte del primero. Es imposible, por muy ignorante de la historia que fuera, que el autor de tal analogía no supiera que esa comparación era abusiva en extremo, publicada única y exclusivamente con el deseo de crear animosidad hacia el supuesto asesino potencial, el Sr. Pablo Iglesias. Critiqué dicho comportamiento agresivo en el articulo “La desinformación y manipulación de los medios sobre Vistalegre”, artículo presentado por El País como un ejemplo de acoso a los autores de tales falsedades y manipulaciones, acusándome a mí en las páginas del rotativo de atacar a la libertad de prensa y al derecho de información.

Ante tal acusación, escribí una carta al Director (ver aquí). El País no quiso publicar la carta. En su lugar publicó tres cartas que apoyaban a El País y añadían más insultos a Podemos. Cabe entonces preguntarle a dicho diario: ¿quién está violando las normas básicas de un fórum que dice defender la libertad de prensa? Es El País el que está violando las más mínimas reglas de conducta profesional, manipulando, falseando e insultando a aquellos a los que considera sus adversarios. Junto con un gran número de rotativos, es un instrumento de batalla y propaganda que carece de vocación y compromiso de respetar y promover la diversidad de opiniones, esencial en un fórum que aspira a ser portavoz de la libertad de expresión que sistemáticamente viola. Es obvio que ese rotativo ha dejado de serlo desde hace ya tiempo, alcanzando niveles extremos bajo la dirección de Antonio Caño (Ver “El sesgo profundamente derechista de Antonio Caño, el nuevo director de El País”, Público, 24.02.14, o “La supuesta imparcialidad del director de El País, Antonio Caño”, El Plural, 11.08.14). Ello explica el temor que existe entre los políticos e intelectuales de este país, que no se atreven a enfrentarse al Cuarto Poder (mero instrumento de intereses financieros y económicos) que, sin ningún reparo, milita y batalla para reducir la diversidad de opiniones, no solo en sus páginas, sino también en la sociedad, incluyendo a aquellas fuerzas políticas y voces críticas con el orden establecido por aquellos poderes fácticos que los poseen y/o influencian. De ahí la importancia de mostrar tales medios por lo que son. Y aplaudo a los pocos políticos que se atreven a enfrentárseles denunciando su comportamiento profundamente antidemocrático.

Sería muy deseable que hubiera en España asociaciones en defensa de la libertad de prensa que sistemáticamente presentaran casos claros de manipulaciones, mentiras y errores de los medios, tal como ocurre en EEUU con Extra o Fair. La muy limitada democracia en España (incluyendo Catalunya) los necesita como el aire que respiramos.

¿A dónde va El País?

Creo que es evidente que El País se ha ido moviendo más y más hacia posturas de derechas, e incluso de ultraderecha, mostrando comportamientos que hasta entonces habían caracterizado a La Razón o al ABC, y que en las áreas económicas ha significado un apoyo claro a las políticas públicas de claro corte neoliberal (reformas laborales y recortes del gasto público) que han llevado al país a un desastre. Apoyó las medidas iniciadas en esta dirección por el PSOE, justificándolas como “necesarias debido a la extrema gravedad de la situación” (13.05.2010). La crisis estaba afectando al país y al rotativo que llevaba su nombre, de manera que las acciones de dicha empresa (el grupo PRISA) cayeron un 87% y su deuda llegó a los 5.000 millones de euros. Las políticas desarrolladas para rellenar este vacío condujeron a lo que Marina Vallejo Valcárcel ha llamado la financiarización de El País. El accionariado del diario pasó de ser propiedad de la familia Polanco (que en 2009 tenía el 71% de todas las acciones), a solo el 19% en 2010. Grandes bloques financieros pasaron a ser sus propietarios. El grupo Liberty pasó a poseer más del 50% de las acciones, tal como documenta Marina Vallejo (en un interesante informe, La deriva ideológica de El País: del socialismo a Ciudadanos, realizado para la Facultad de Comunicaciones de la UPF, del cual extraigo la mayoría de os datos que aquí presento). Entre el nuevo accionariado de PRISA destaca el sultán catarí Ghanim Al Hodaifi Al Kuwati, que inyectó 75 millones de euros, consiguiendo el 10% de las acciones; el banco británico HSBC (9,6% de las acciones); el empresario mejicano Roberto Alcántara (9,3% de las acciones); Caixabank (9%); Banco Santander (4,6%) y Telefónica (4,5%). Esta financiarización reforzó este enorme sesgo neoliberal del rotativo, que Marina Vallejo muestra analizando los titulares y fotografías de las portadas del rotativo. El número de portadas favorables al PP y de “noticias favorables al PP y al Sr. Rajoy” aumentaron más tarde significativamente. Este sesgo fue acompañado de una gran hostilidad hacia el 15-M, al cual intentó comparar desde el principio con ETA (sí, leyó bien, nada menos que con ETA), movilizaciones dirigidas por Bildu. Las noticias sobre el 15-M, con fotografías incluidas, aparecían (¿por casualidad?) al lado de noticias sobre Bildu y lo que definía como su preocupante ascenso. Ello ocurrió, como muestra Marina Vallejo, los días 16 y 21 de mayo, mostrando marchas y manifestaciones del 15-M al lado (y también en portada) de las manifestaciones de Bildu. Como indica la autora “Este hecho podría dar a entender que El País quería relacionar el 15-M con extremistas de izquierda o alteradores de lo público, pues incluso en la portada del 16 de mayo, un breve pie de foto informa de lo ocurrido, y anuncia principalmente los arrestos y altercados”.

El cambio lo lideró el director Cebrián, que se hizo impopular incluso dentro de la plantilla del rotativo por despedir a 149 trabajadores –un tercio de la plantilla-, a la vez que ingresaba 13 millones de euros (35.600 euros diarios) en 2011, como indicaba la carta del Comité de Empresa. Cebrián reforzó todavía más el sesgo neoliberal cuando nombró a Antonio Caño nuevo Director de El País (ver mis artículos sobre Caño), el cual empezó su hostilidad hacia Podemos, definiéndolo en una entrevista con Ana Pastor como un partido “antisistema democrático. Sus dirigentes creen en otro sistema que probablemente no es democrático”, continuando y reforzando así la línea anti-Podemos que había señalado Cebrián, el cual se refirió a “el no disimulado escalofrío que recorre a los círculos dirigentes y a amplios sectores de las clases acomodadas ante la noticia de que un partido como Podemos encabeza la lista de los eventualmente más votados en las elecciones (…)”, definiendo a Podemos como “una expresión populista de las enfermedades infantiles del socialismo”. Y más tarde, y como parte de la campaña de alertar del peligro que representaba para la economía española el programa económico de Podemos, propusieron que el lector se leyera el informe del IBEX-35 para estimular la economía, que consistía en una serie de medidas neoliberales que han dañado tanto a las clases populares. No es de extrañar, pues, que Cebrián y El País se opusieran a cualquier coalición de Pedro Sánchez con Podemos, indiciándole que si hacían tal pacto, PRISA iniciaría “una guerra contra él”. La guerra contra Podemos, pues, continúa viva, presentándose El País a la vez como el gran defensor de la libertad de prensa, dando a todas las opciones políticas la misma cobertura mediática, informando a la población de una manera equilibrada sobre todos ellos. A la vez que se autodefine con declaraciones altisonantes, planea la destrucción de aquellos que considera sus enemigos. Así es El País.