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La desmemoria histórica del Partido Popular: ni un euro para las víctimas del franquismo

14 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

El PP le dedica a la Ley de Memoria Histórica la ingente cantidad de 0 euros, un dinero que debía utilizarse para financiar exhumaciones en las 2.000 fosas que se calcula que existen en España

María Eugenia R. Palop

06/04/2017 – 21:05h

El director del CIEMEDH considera que un centro académico podrá conseguir la financiación para abrir fosas que se le niega a las asociaciones memorialistas por sus implicaciones políticas. Foto: Óscar Rodríguez (ARMH).
Imagen de archivo de represaliados por el franquismo. Foto: Óscar Rodríguez (ARMH).

Decía Adorno que “dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad”, pero hay verdades que al Partido Popular, simplemente, no le suscitan ni el más mínimo interés. En los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno ha vuelto a invisibilizar a las víctimas silenciadas de la guerra civil y el franquismo, a imponer la acostumbrada amnesia social, y a evitar que se desmonte la mentira institucionalizada en la que llevamos décadas instalados, gracias, entre otras cosas, a políticas como las suyas.

El PP le dedica a la Ley de Memoria Histórica la ingente cantidad de 0 euros, un dinero que debía utilizarse para financiar exhumaciones en las 2.000 fosas que se calcula que existen en España. Ya en 2012, Rajoy eliminó la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, y redujo la dotación presupuestaria para Memoria Histórica de 6,2 millones, a dos millones y medio. Y en el año 2013, el Gobierno eliminó esta dotación sin más, dejando en las cunetas, por enésima vez, a las víctimas del franquismo, que siguen costeando las exhumaciones con sus propios medios, porque, mal que le pese a Rafael Hernando, se acuerdan de sus padres y familiares haya o no haya subvención.

Ahí siguen, impenitentes, andando “con los muertos para arriba y para abajo” para contrarrestar el ostracismo y las vejaciones del Gobierno del Partido Popular y de personas que, como él, no creen ofender ni humillar a nadie, porque no son nadie las 100.000 o 150.000 que aún esperan verdad, memoria, justicia y reparación. “¿Por qué voy a pedir perdón?”, se preguntaba perplejo Hernando, en un ejercicio retórico de cinismo.

No hay duda de que hay quienes han descontado ya el costo humano y social de sus privilegios, en la idea tan atroz, como poco contrastada, de que no existe “progreso” sin olvido. Y aunque también hay quienes prefieren avanzar retrocediendo, como diría Paul Valéry; avanzar sin aplastar “flores inocentes en el camino”, sin generar víctimas y sin olvidarlas, hoy, lamentablemente, está claro que los que gobiernan son los primeros. Por eso el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica ha sido esquelético, y por eso ha acabado instaurando una discriminación en el trato, los derechos y las prestaciones que reciben unas víctimas frente a las otras, sin que exista ninguna razón que lo justifique, más allá de la desmemoria selectiva que en este país se ha practicado sin descanso.

Poco importan aquí los acuerdos internacionales sobre estas materias ratificados por España, entre los que cabe destacar la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Poco importa la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, en particular, la jurisprudencia destinada a la protección del derecho a la vida y a la integridad de las personas. Tampoco importa mucho, según parece, la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, que, desarrollada por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, favorece un catálogo de prestaciones y derechos a toda víctima, sin perjuicio de que quepan regulaciones particulares en atención a unos u otros colectivos. Poco importa, por supuesto, el informe del relator de Naciones Unidas en el que se señalaba que es la ignominia y el olvido lo que se ha incorporado a la normalidad democrática de España.

En fin, esta negativa a investigar la suerte de miles de personas desaparecidas a raíz de la estrategia implementada por el Estado franquista, contraviene, entre otras cosas, el derecho internacional que es jurídicamente vinculante y de obligado cumplimiento en nuestro país. Porque no solo es que el Gobierno se niega a cumplir su obligación de actuar de oficio, sino que tampoco pone todos los medios necesarios para que otros agentes puedan llevar a cabo las investigaciones que las autoridades se niegan a hacer, y ello, sin que haya ninguna norma o principio jurídico que impida a un Estado investigar su pasado.

El PP contradice aquí, incluso, a la normativa que se ha desarrollado en el plano autonómico, y que se ha promulgado, o está por promulgarse, en el País Vasco, Andalucía, Navarra, Aragón, Valencia y Baleares, territorios que han conocido directamente los horrores de la guerra civil, la represión de la dictadura y la violencia política posterior, y en los que están domiciliadas un importante número de sus víctimas. Y lo más sorprendente es que algunas de estas normas han salido adelante con la abstención del mismísimo y esquizofrénico Partido Popular.

Reivindicar el derecho y el deber de memoria no es solo poner en el centro un hecho del pasado, sino resignificarlo y asumir las responsabilidades que se derivan del mismo, articular un consenso sobre lo intolerable, y delimitar claramente lo que, de ningún modo, puede volver a suceder. Y en la medida en que esto no se hace, no puede garantizarse nada. La responsabilidad tiene una dimensión temporal que no se agota en el presente; mira hacia al pasado, como ha de mirar hacia el futuro, y trata a todas las víctimas de la misma manera, aunque distinga las diferentes violencias de las que cada una ha sido objeto.

Quienes defendemos una política de la memoria para todas las víctimas, sin exclusión, estamos convencidos de que el examen detenido del pasado es un arma que permite combatir el “revisionismo” y el “negacionismo” con los que se justifican y se niegan todos los días las atrocidades que hemos vivido, y de las que muchas personas tienen todavía recuerdos terriblemente vivos. Y sabemos, además, que lo que las sociedades eligen recordar y olvidar, y el modo en que lo hacen, condiciona totalmente sus opciones de futuro, de manera que sin memoria no puede haber una auténtica cultura democrática, ni puede hablarse, en puridad, de un sistema político legítimo.

Dice la Comisión de Derechos Humanos de UN en sus Principios para la protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, que “el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe al Estado”. Pues bien, es este el deber que el Gobierno no cumple y este es el rico patrimonio que nos usurpa descaradamente cada vez que privatiza el uso de nuestra memoria y nos impide recordar.

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Lo que deben los morosos pagaría los recortes que exige Bruselas, las ayudas a dependencia y el I+D

8 julio, 2016

Fuente: http://www.eldiario.es

La segunda lista de grandes deudores al fisco publicada por la Agencia Tributaria vuelve a poner el foco sobre las partidas que se podrían pagar si se pusieran al día

Con lo adeudado se podría cubrir holgadamente lo que recaudaron polémicas medidas del Gobierno del PP como las subidas del IRPF o el IVA

El temido recorte que exige Bruselas para atajar déficit público podría ser liquidado hasta en dos ocasiones si todos los morosos cumplieran con sus obligaciones tributarias

Imagen de archivo del ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. Europa Press.

Cuatro días después de las elecciones generales del 26J, la Agencia Tributaria ha hecho pública la segunda tanda de la lista de morosos, sucesora de la que difundió por primera en diciembre de 2015. A los nombres que ya aparecían en la anterior lista, como Mario Conde o Dani Pedrosa, se suman ahora otros como Dani Alves o la Región de Murcia. Los 4.768 deudores (empresas, personas físicas e instituciones públicas) que al cierre del año pasado tenían una deuda sin regularizar con el fisco superior al millón de euros debían en total 15.700 millones. Una cifra igual a la suma del recorte exigido por Bruselas para recortar el déficit público y las partidas nacionales de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 para dependencia e I+D.

Dos veces el recorte exigido por Bruselas

Entre 2016 y 2017, la Unión Europea ha propuesto un ajuste fiscal a las cuentas de España que asciende a 8.000 millones de euros. La cantidad, que ha centrado parte de la reciente campaña electoral, equivale a la mitad de la deuda de los morosos con Hacienda.

Ocho veces la posible multa de la UE

Relacionado con lo anterior, los niveles de déficit presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy no convencieron a Bruselas, ya que según el Pacto de Estabilidad, España tendría que presentar un descuadre en sus cuentas públicas del 3% que superó el 5%. La sombra de una multa millonaria planea sobre el próximo Ejecutivo y se cifra en 2.000 millones de euros. Lo adeudado por los grandes morosos multiplica por ocho el importe de esa posible sanción.

Cuatro veces la subida del IRPF

En 2012, tras prometer una bajada de impuestos, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una reforma fiscal que supuso un aumento en la recaudación por el IRPF de 3.931 millones respecto al ejercicio anterior. ¿Hubiera sido necesaria la subida si los morosos estuvieran al día con Hacienda? No. Esta recaudación se podría haber compensado hasta cuatro veces con los 15.700 millones que deben los morosos de la lista de la Agencia Tributaria.

Más de seis veces la subida del IVA

Continuando con la otra gran medida tomada por el Partido Popular al llegar al Gobierno a finales de 2011, subir el IVA (el tipo máximo pasó del 18% al 21%), esa decisión supuso un aumento en los ingresos públicos al año siguiente de  2.441 millones de euros. Lo que deben los morosos de la lista sextuplica con creces esa cifra.

Tres veces lo que se dedica a I+D+i

El I+D+i, uno de los sectores más afectados por la crisis y los recortes, cuenta con una dotación de 5.793 millones de euros en los Presupuestos de este año, algo menos de un tercio de lo que deben los grandes morosos. España apenas invierte un 1,2% de su PIB en I+D, muy por debajo de la media europea (2%). Esta actividad es considerada clave para un cambio de modelo productivo.

Industria y Energía

Los Presupuestos del Estado para este año prevén una partida de 5.455 millones de euros a las actuaciones sobre Industria y Energía, área cuya dirección tuvo que dejar José Manuel Soria tras el escándalo de los Papeles de Panamá. Los morosos de la lista deben el triple.

Diez partidas de dependencia

Para ayudas a la dependencia, partida que durante los últimos años ha sufrido importantes recortes, el Gobierno presupuestó en sus últimas cuentas un total de 1.252 millones de euros, menos del 10% de lo que adeudan los mayores acreedores del fisco.

Casi toda la partida de empleo

Para este año, el Gobierno de Mariano Rajoy fijó el gasto en prestaciones por desempleo en un total de 19.820 millones de euros. Con los 15.700 millones adeudados a la Hacienda Pública se podría pagar casi el 80% de las prestaciones en un año.

Se dispara el gasto militar en los Presupuestos Generales del Estado español de 2015

2 enero, 2015

Fuente: http://www.arainfo.org

Enviado por ARAINFO | REDACCIÓN el 30 diciembre, 2014

El presupuesto militar para 2015 asciende a 23.373,93 millones de euros, pero el 75,3% del gasto está oculto fuera del Ministerio de Defensa. A cada habitante del Estado español le corresponderán el año que viene más de 502 euros, como revela el informe sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) realizado por el colectivo Utopía Contagiosa con el apoyo de Ecologistas en Acción, Grupo Antimilitarista Tortuga de Elx, Espazo Aberto Antimilitar de Vigo, Colectivo Antimilitarista Mambrú, La Enredadera de Radio Topo de Zaragoza y Canarias por la Paz.

Según el informe, solo 5.767,77 millones de euros del total de gasto militar están asignados al Ministerio de Defensa, mientras que 17.606,16 millones de euros están ocultos en los presupuestos de otros ministerios. El gasto total militar significa 502,58 euros por habitante y un dispendio de 721,18 euros por segundo durante todo el 2015. El monto total del gasto militar asciende a un 5,3% del total de los PGE 2015 y al 2,2 % del PIB.

Probablemente, la cifra llegará a ser aún mayor, pues la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) muestra cómo el gasto del Ministerio de Defensa aumentó en un 18’6% de media entre 2002 y 2013 respecto al presupuestado, con una tendencia claramente creciente en los últimos años.

Las organizaciones afirman en el informe que el gasto militar está oculto en 12 de los 13 ministerios existentes, destacando el de la Presidencia (55’3% de su gasto) y el de Interior (35’6% de su gasto). En monto total también destaca Industria. En el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente hay ocultos 16’3 millones de euros en gastos militares (1% de su presupuesto). Se esconde en partidas como “pagos Defensa por actuaciones contra incendios” o “barcos de apoyo al Índico”, del Ministerio de Medio Ambiente “productos de uso y consumo de uniformidad femenina” en el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, “conservación de bienes culturales militares” del Ministerio de Cultura.

“De este modo, si se contabilizasen todos los gastos militares en el Ministerio de Defensa este pasaría a ser el segundo en presupuesto, solo detrás del de Empleo y Seguridad Social. Es casi 5 veces el gasto ministerial en sanidad y 3’5 veces el gasto ministerial en educación”, denuncian.

El informe pone de manifiesto que además de en otros ministerios (3.672’22 millones de euros), el gasto militar se oculta en otras secciones del presupuesto que no están asignadas a ningún ministerio (5.221’25 millones de euros), en los gastos extraordinarios y en los fondos de contingencia, que en realidad son gastos ordinarios (1.750 millones de euros), en los sobregastos que siempre existen en las liquidaciones que audita la IGAE (aproximadamente unos 1.070’90 millones de euros), en partidas plurianuales (129’865 millones de euros) y en la deuda que provocan las actividades militares (8.722’19 millones de euros).

En este sentido, las organizaciones recuerdan que mientras Hungría está acometiendo una importantísima reducción de efectivos (va a bajar de 140.000 que llegó a tener a 19.000) e Italia tiene previsto reducir sus militares (de 183.000 a 140.000), en el Estado español el 44% de los funcionarios del Estado son militares. “Además, nuestro Estado es ya el segundo contribuyente en tropas a la Unión Europea, solo por detrás de Francia. También es uno de los principales actores en las misiones de la OTAN, destacándose como el principal contribuyente de ésta en la fuerza de despliegue marítimo, con un 29% del total de efectivos, y con un 8% del total del contingente terrestre”, subrayan.

Finalmente, el informe critica el conjunto de partidas destinadas al control social (militares más policiales) que asciende al menos a 28.066’21 millones de euros.

Todas estas organizaciones consideran que el gasto militar nunca es justificable, pero “lo es mucho menos en estos momentos de fortísima crisis ambiental y social”. Además de injustificable, critican que es escandalosa la falta de transparencia que obliga a hacer un grueso estudio para que la ciudadanía conozca el gasto militar.