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La alcaldesa Ada Colau lleva razón en su conflicto con Airbnb: los pisos turísticos están destruyendo los barrios

2 agosto, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 11 de abril de 2017.

Este artículo aborda la destrucción de los barrios en las ciudades con atractivo turístico por la expansión de los pisos turísticos, los cuales provocan la sustitución de una población estable por una población transeúnte, poco comprometida con el bienestar de la ciudadanía. El artículo detalla los elevados costes que tal expansión significa para la calidad de vida de la ciudadanía, y cómo varias ciudades turísticas de EEUU están respondiendo a esa amenaza. El artículo también defiende a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por haberse enfrentado con empresas como Airbnb, que están promoviendo tal actividad mercantil.

Uno de los hechos económicos más extendidos en las grandes urbes de atractivo turístico ha sido el enorme desarrollo de los pisos turísticos, que se presentan como un ejemplo de lo que se conoce como economía colaborativa, en la que la relación entre el comprador de servicios (el turista que busca hospedarse por tiempos cortos) y la persona que los ofrece (el dueño del piso) se hace directamente a través de una agencia que los pone en contacto, y no a través de la industria hotelera, a la cual sustituye. En teoría parecería una relación razonable, e incluso progresista (y así se ha presentado incluso en algunos medios de información de tal orientación política). Por un lado, tenemos las personas que tienen habitaciones o pisos disponibles que quieren aumentar sus ingresos alquilando tales espacios a turistas, y por el otro lado, el turista que busca un espacio más económico que el hotel y/o residencia. En esta relación, la institución necesaria es una compañía que ponga en contacto a las dos partes –al turista y al propietario de la casa o habitación-, compañías que se han extendido enormemente, y de las cuales Airbnb es la más conocida.

Hasta aquí la descripción de lo que debería pasar en teoría. Y, ¿quién se puede oponer a que una familia pueda conseguir unos ingresos extra a base de alquilar un espacio de su propia casa o de su propiedad? Se presenta así una alternativa a las grandes corporaciones hoteleras, que hasta ahora habían controlado la distribución de los espacios de hospedaje de tales ciudades turísticas.

La rebelión ciudadana en contra de los pisos turísticos

Como en el caso de otros ejemplos de “economía colaborativa” (como la compañía de transportes UBER, entre otros), nos encontramos que la distancia entre la teoría y la realidad es enorme, hasta tal punto que ha surgido una gran protesta ciudadana en todas las ciudades en las que los pisos turísticos se han expandido. Y muchas de estas ciudades están considerando no solo regularlos intensamente, sino incluso prohibirlos. ¿Por qué?

La respuesta es fácil de ver. En primer lugar, la existencia de tales pisos significa una gran molestia para las fincas y para los barrios donde existen estos pisos turísticos, pues es una población transeúnte, no ligada o conectada con el bario o fincas cuya movilidad y/o comportamiento y rompe con la cohesión y espíritu comunitario del lugar. La evidencia de ello es abrumadora. Hay barrios enteros en Barcelona, por ejemplo, que corren el peligro de diluir su carácter vecinal debido al elevado número de tales pisos.

Y para complicar todavía más esta situación, gran parte de estos pisos turísticos no están ni identificados, operan sin ningún tipo de regulación o protección del usuario y de los vecinos, y no ofrecen ninguna garantía ni de seguridad ni de calidad. En general no hay protección frente a dicha actividad mercantil, que contribuye muy poco al erario público, pues un gran número de estos pisos actúan ilegalmente, y no contribuyen, a través del pago de impuestos, a cubrir los gastos extras que su existencia implica. No es de extrañar, por lo tanto, que haya constantemente protestas ciudadanas en lugares donde existen estos pisos turísticos.

Y por si ello no fuera poco, la utilización de pisos turísticos disminuye la oferta de pisos de alquiler para gente normal y corriente, disparándose los precios de los alquileres. En Barcelona, desde 2015, estos alquileres han experimentado un crecimiento muy acentuado (un 15% anual), que es insostenible para la mayoría de la población, cuyos ingresos crecen mucho más lentamente. Hay una relación directa entre el número de pisos turísticos en un barrio, el crecimiento del precio de los alquileres, y el éxodo de vecinos a otros barrios con menos pisos turísticos.

Una protesta internacional. ¿Qué puede hacerse?

El equipo del profesor John Whitlow, de la City University of New York (también profesor visitante del JHU-UPF Public Policy Center), acaba de publicar un interesante estudio sobre cómo ciudades turísticas en EEUU (como Nueva York, San Francisco, Nueva Orleans, Seattle, Los Ángeles y Miami) están respondiendo a esta amenaza a la calidad de vida de los vecinos y a la identidad de los barrios. Entre tales intervenciones municipales están:

1. Limitaciones del número de días al año que una persona propietaria puede poner su piso o habitación a disposición de alquileres cortos. El número varía de 30 a 90 días. Todas las ciudades citadas, excepto Miami, aplican esta norma.

2. Provisión de permisos para establecer pisos turísticos solo en ciertos barrios de la ciudad, tal como exigen Miami y Nueva Orleans.

3. Exigencia de licencia y registro. Todas las ciudades exigen que tanto la agencia Airbnb (y otras agencias similares), así como las personas que alquilan sus espacios, estén licenciadas y registradas, exigiéndoles, además, que garanticen el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene.

4. Deben pagar impuestos, exigencia presente en todas las ciudades, como condición para ejercer tal tipo de actividad comercial.

5. Notificación al ayuntamiento de las personas que alquilan estos espacios y de los inquilinos que ocupan tales espacios.

6. Aprobación por parte del ayuntamiento del tipo de vivienda que puede ponerse al mercado como piso turístico, estableciendo normas de espacio. Solo Nueva Orleans excluye este requerimiento. Todas las demás lo tienen.

7. Todas las personas que ofrecen pisos turísticos tienen que ser residentes de la ciudad. Las personas no residentes no pueden comercializar su vivienda para pisos turísticos. Esta regulación tiene como objetivo dificultar que empresas de capital-riesgo compren propiedad inmobiliaria para transformarla en pisos turísticos.

Y el informe termina indicando que el nivel de requerimientos está expandiéndose rápidamente, a medida que la ciudadanía se está quejando más y más por las molestias que tales pisos turísticos están creando. En realidad, una ley muy popular que se está expandiendo es que los vecinos de una finca puedan votar sobre permitir o no que hayan pisos turísticos en aquella finca. Cuando tal ley se aplica tiene un impacto muy inmediato, parando y revirtiendo dicha expansión. En realidad, el enfado ciudadano está alcanzando tal nivel, que el tipo de sanciones por violaciones de las normas definidas anteriormente está aumentado. Entre ellas, en todas las ciudades citadas (excepto en Los Ángeles) se multa a los propietarios de pisos y a Airbnb con entre 500 y 2.000 dólares por día en casos de violación de las normas municipales. Y el propietario puede ser llevado a los tribunales en caso de que los vecinos de quejen de las molestias originadas por los pisos turísticos. El informe (puesto en mi web http://www.vnavarro.org) detalla, ciudad por ciudad, las normas y regulaciones. Todo ello parece indicar que no es descartable, en un futuro próximo, que tal enfado alcance niveles de indignación y que pasen a aprobarse leyes de prohibición de la existencia de tales pisos turísticos, pues no hay duda que su existencia está deteriorando el bienestar y la calidad de vida de los barrios en las ciudades. Su existencia es una prueba más del impacto sumamente negativo de las políticas neoliberales aplicadas en el diseño del desarrollo urbano. La mercantilización de todas las dimensiones de la actividad humana está llevando a un deterioro muy notable de la calidad de vida de la ciudadanía. Y lo que es sorprendente es que a este desarrollo algunas voces que se definen como progresistas lo llamen “progreso”.

La debilidad de los ayuntamientos en Catalunya y en el resto de España

Una de las mayores diferencias entre el poder municipal en Catalunya y España, y el poder municipal en EEUU, es la enorme debilidad de los ayuntamientos catalanes y españoles, debilidad que caracteriza a los Estados del sur de Europa, donde las fuerzas conservadoras han dominado tales Estados por periodos más largos de tiempo en los siglos XX y XXI. Es precisamente donde las izquierdas han gobernado durante más tiempo (como en los países escandinavos) donde los ayuntamientos tienen mayor poder, mientras que es en el sur de Europa, donde las derechas han sido más poderosas, donde los ayuntamientos son más débiles. Esta falta de poder en el nivel del Estado más próximo a la ciudadanía limita enormemente la incidencia de la ciudadanía en el desarrollo de las políticas públicas que afectan con mayor intensidad a su calidad de vida y bienestar.

Considerando la debilidad de los ayuntamientos en España, es de aplaudir que el Ayuntamiento de Barcelona haya ofrecido un liderazgo, reconocido internacionalmente, para limitar el daño creado por los pisos turísticos a la calidad de vida de los vecinos en Barcelona. Predeciblemente las fuerzas conservadoras y neoliberales, que continúan teniendo un enorme poder político y mediático en España (incluyendo Catalunya), y Airbnb han intentado demonizar al ayuntamiento, manipulando y mintiendo, presentando las acciones de este como excesivamente radicales, motivadas por razones ideológicas anticuadas, ocultando que en otras ciudades tales medidas ya se han desarrollado y han probado ser altamente populares. El mérito del Ayuntamiento de Barcelona es el de haberse enfrentado a tales intereses, con el coraje que caracteriza a la alcaldesa Ada Colau, que ha sido aplaudido en muchas otras ciudades, las cuales se han inspirado en ella. Este aplauso debe ir acompañado de la denuncia a la Generalitat de Catalunya, controlada por las fuerzas conservadoras y neoliberales (y cuyos medios públicos de información y persuasión promueven Airbnb), que predeciblemente ha dificultado los pasos que el ayuntamiento deseaba tomar y que la ciudad se merecía. ¿Hasta cuándo continuará ignorando un clamor popular frente a esta situación que se está convirtiendo en una pesadilla para miles y miles de ciudadanos?

Cómo el poder de género, además del poder de clase, explica también el subdesarrollo social de España (parte 2)

26 mayo, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 1 de marzo de 2017.

Este artículo muestra que la mayor causa del subdesarrollo del Estado del Bienestar se debe no sólo al poder de la clase dominante, sino también al poder del género dominante. Ello se nota predominantemente en el subdesarrollo de los servicios de ayuda a las familias, que son en realidad servicios de ayuda a las mujeres debido a que en España familia quiere decir mujer.

En un artículo anterior expliqué cómo el gran poder e influencia de las clases dominantes en España sobre el Estado (bien sea central o autonómico) ha causado el enorme subdesarrollo de los servicios y transferencias públicos de su Estado del Bienestar (“Las consecuencias del poder de clase: el subdesarrollo social de España (parte 1)”, Público, 23.02.17). En este artículo voy a mostrar cómo el poder de género determina que dentro de la pobreza y el subdesarrollo del Estado del Bienestar, aquellos servicios que tienen menos recursos y están menos desarrollados, son aquellos que afectan particularmente a las mujeres, y que son los servicios de ayuda a las familias, tales como escuelas de infancia -mal llamadas guarderías en España-, y los servicios domiciliarios a las personas con dependencia.

Para mostrar la gran pobreza de recursos públicos para la mujer es importante contrastar el desarrollo de tales servicios del Estado del Bienestar en Suecia (país que ha sido gobernado por las izquierdas por la mayoría del periodo de tiempo que va desde la II Guerra Mundial hasta ahora) con los existentes en España (gobernada por fuerzas y partidos conservadores durante la mayoría del mismo periodo, que va desde los años cuarenta a este año. El contraste en el desarrollo de tales servicios de ayuda a las familias es enorme. De ahí que debamos preguntarnos: ¿Cuáles son las diferencias en la financiación y desarrollo de tales servicios públicos del Estado del Bienestar en los dos países, y por qué estas diferencias? Y para explicarlo permítaseme que el artículo adquiera un tono personal, pues creo que es la manera más didáctica de señalar tal diferencia y el por qué de tales diferencias.

Cuando tuve que irme de España debido a mi participación en la resistencia antifascista a principios de los años sesenta, fui a Suecia (cuyo partido gobernante, por cierto, había ofrecido gran ayuda a la resistencia contra la dictadura en este país). Y fue así como conocí a la que ha sido mi esposa durante más de cincuenta años. Mi esposa es sueca, y mi suegra era también sueca. Hace casi veinte años que mi suegra, que entonces tenía 78 años, se cayó y se rompió el fémur, una situación que ocurre con bastante frecuencia entre los ancianos. En realidad, la misma semana mi madre, de 92 años, que vivía en Barcelona, también se cayó y se rompió el fémur. Así pues, tuve la oportunidad de ver cómo la sociedad sueca cuidaba a mi suegra, y cómo la española cuidaba a mi madre.

Los servicios de atención a las personas con dependencias: comparando España con Suecia

En Suecia, mi suegra tenía el derecho individual (como ciudadana sueca, e independientemente de que tuviera o no familiares que pudieran atenderla) a tener cinco visitas al día de los servicios públicos domiciliarios para las personas con dependencias. Una visita por la mañana, venía, la despertaba, y le preparaba el desayuno; otra venía al mediodía y le preparaba la comida; otra venía por la tarde y la llevaba a pasear en una silla de ruedas o le hacía compañía en casa; otra venía más tarde a prepararle la cena y otra, a las dos de la madrugada, venía a ayudarla a ir al lavabo. Cinco visitas al día. Y mi suegra, como ciudadana sueca, lo veía como lo más natural del mundo. Y cuando cenaba yo con mi amigo, el entonces ministro socialista de Sanidad y Asuntos Sociales, me decía: “Vicenç, proveemos estos servicios por tres razones. Una porque es un servicio sumamente popular. Cuando las derechas (los conservadores y los liberales) gobiernan, no lo tocan pues saben que pagarían un coste electoral si lo redujeran. La segunda razón es que es más económico tener a tu suegra en su casa que en una institución. Y la tercera razón es que creamos empleo”. En Suecia, uno de cada cinco adultos trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar (tales como sanidad, educación, escuelas de infancia –que abren de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, con una gran riqueza de personal y recursos–, servicios domiciliarios –también con gran riqueza de recursos y personal–, servicios sociales, servicios de prevención de la exclusión social, servicios a la infancia y a la juventud, y servicios a la tercera edad, entre otros). En España no llegamos ni a uno de cada diez adultos. En realidad, si tuviéramos el mismo porcentaje de adultos trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar que tienen en Suecia, tendríamos unos 3,5 millones más de puestos de trabajo de los que tenemos, reduciendo espectacularmente el desempleo en España.

La pobreza de tales servicios de ayuda a las familias en España

Habiendo visto qué pasaba en Suecia, veamos qué pasaba en España y preguntémonos: ¿quién cuidaba a mi madre? En Barcelona no había tales servicios públicos. Los únicos que había los proveía el Ayuntamiento, pero eran solo para personas muy pobres y con una intensidad de atención muchísimo menor que en Suecia (dos visitas a la semana). Esta observación no es una crítica al Ayuntamiento de Barcelona, pues un ayuntamiento no puede abonar el coste de tal servicio (en Suecia lo pagan, aparte de los ayuntamientos, el gobierno regional, el Estado central y el usuario, que contribuye con parte de su pensión). En Barcelona había unos servicios privados que le costaban un riñón al usuario. Eran muy caros (aun cuando la mayoría de las trabajadoras empleadas en el servicio domiciliario eran ecuatorianas, a las que se pagaba pésimamente). El elevado precio de tales servicios privados implicaba que no fueran accesibles para las clases populares.

La pregunta, pues, continúa: ¿quién cuidaba a mi madre? Y la respuesta la conoce cualquier mujer en España: mi hermana, de mi edad. La mujer española cubre las enormes insuficiencias del Estado del Bienestar español, con un coste humano enorme. La mujer española tiene tres veces más enfermedades debido al estrés que el hombre. Tiene también un coste social elevado, pues la sobrecarga de la mujer explica que España tenga una de las fertilidades (número de niños por mujer fértil) más bajas del mundo. La mujer española cuida (dentro de la familia) a los infantes, a los jóvenes (que viven en casa de los padres hasta los 29 años como promedio), a sus parejas y a los ancianos, y, además, el 53% trabaja también en el mercado laboral. Ser mujer en España es ser un ser humano estresado por tantas responsabilidades, y con escasísima (prácticamente nula) ayuda por parte del Estado.

Y todo ello ocurre en una sociedad que se define como “muy pro familiar” en la que la familia es supuestamente el centro de la sociedad. La hipocresía de la estructura de poder dominada por los hombres (responsable del subdesarrollo del Estado del Bienestar, como mostré en mi artículo anterior) aparece, entre otros muchos casos, en la narrativa oficial del país, que se presenta como “muy pro familiar” que contrasta con el nulo apoyo a la familia por parte del Estado, cuyas políticas públicas aquellas estructuras de poder determinan. El poder de clase y el poder del hombre (el género dominante en las estructuras del poder del Estado) explican la enorme pobreza de los servicios de ayuda a las familias (y en España, cuando decimos familia, decimos mujer). Y este subdesarrollo de estos servicios hace un daño tremendo a la mujer y a toda la sociedad.

El olvido a los infantes. La pobreza y subdesarrollo de las escuelas de infancia en España

Otro servicio de una enorme importancia para ayudar a las familias (y por lo tanto a la mujer) son las escuelas de infancia, un servicio muy poco desarrollado en España, y ello a pesar de la gran evidencia existente en la literatura científica que muestra que la inversión pública en las escuelas de infancia en un país es una de las inversiones más importantes que puede hacer un Estado, ya que el desarrollo emocional, psicológico e intelectual de un infante es esencial para el futuro de un país. Y tal desarrollo requiere de una interacción y socialización con otros seres humanos (además de las madres y los padres) desde una edad muy temprana.

De todo lo dicho hasta ahora es fácil deducir que el Estado (sea central, autonómico o local) debe desarrollar tres tipos de políticas públicas para ayudar a las familias (y, repito, por lo tanto a la mujer) a alcanzar una sociedad justa que intente eliminar todo tipo de explotación (tanto de clase como de género), una sociedad que sea humana, solidaria y amable, y que ayude a sus miembros a alcanzar la felicidad que todo ser humano merece. Una de estas intervenciones es la de establecer servicios de apoyo a las mujeres que les permitan compaginar sus responsabilidades familiares con su proyecto profesional. La otra intervención pública consiste en facilitar una revolución cultural, socializando al hombre en la corresponsabilización de las obligaciones familiares. Y la tercera intervención es facilitar la independización de los hijos e hijas de sus padres, dejando el hogar familiar a edades más tempranas que ahora. No es bueno para una sociedad que los hijos e hijas vivan con los padres hasta que tienen 29 años como promedio. No deberían sobrepasar los 18 años. Eso requiere toda una serie de intervenciones que faciliten su emancipación.

Debe establecerse el 4º pilar del bienestar: ¿qué es este pilar?

Está claro que la liberación de la mujer es una exigencia para el bienestar de toda la sociedad, hecho poco apercibido por las clases dominantes en España. El número de hijos e hijas que desean las familias españolas es 2 por familia (número que es también bastante común a los dos lados del Atlántico Norte). Y en España es donde el número actual (1,32) es más distante del deseado, solo por delante de Grecia (de entre los países de la UE-15). Por otra parte, tenemos evidencia de que la mayoría de mujeres desea desarrollar una profesión o trabajo en el mundo laboral, situación que es de una gran importancia económica, pues la entrada de la mujer en el mercado de trabajo es una condición sine qua non para aumentar la riqueza del país (trabajo quiere decir riqueza), así como para crear empleo. La entrada de la mujer al mercado laboral crea la necesidad de crear puestos de trabajo para realizar los servicios personales que antes realizaba como ama de casa.

De ahí que facilitar esta integración de la mujer en el mercado de trabajo sea una exigencia humana y también económica. Y esto es lo que vieron los gobiernos suecos ya en los años sesenta. Tuve el enorme privilegio entonces de conocer a Alva Myrdal, que con su esposo, Gunnar Myrdal (más tarde Premio Nobel de Economía), establecieron las bases de las políticas familiares en Suecia. Ya en los años cincuenta, el gobierno sueco era consciente que en un futuro próximo faltarían personas para ocupar los puestos de trabajo. De ahí que el gobierno sueco considerara dos alternativas para resolver tal problema. Una hubiera sido la de facilitar la inmigración y abrir las fronteras ampliamente. La otra era facilitar la integración de la mujer en el mercado de trabajo, que es la que escogieron. En España se escogió siempre la primera alternativa (facilitar la inmigración) sobre la segunda alternativa (ayudar a la integración de la mujer al mercado de trabajo), en parte debido al dominio de las derechas y del mundo empresarial sobre las instituciones políticas (el inmigrante, por su condición de inmigrante, con menor protección social, acepta salarios más bajos y condiciones de trabajo peores). De ahí que Suecia tenga el porcentaje mayor de mujeres en el mercado de trabajo, y España tenga uno de los porcentajes menores. Una condición para la integración de la mujer en el mercado laboral es facilitar su integración estableciendo unos servicios de ayuda a las familias, como escuelas de infancia y servicios domiciliarios para las personas con dependencias (tal como hicieron en Suecia), lo que se conoce en España como el 4º pilar del bienestar. Tales servicios están muy poco desarrollados en España.

¿Hay posibilidades de que se establezca el 4º pilar del bienestar en España?

Sí que las hay. Pero ello requiere una gran presión social. Y sería de desear que el movimiento feminista hiciera suya esta campaña. Me explicaré. Y permítaseme que, de nuevo, me refiera a mi experiencia personal.

Desde que me integré en España de nuevo, hace ya muchos años, he intentado ayudar a todas las fuerzas progresistas que desean mejorar la muy mejorable situación social y económica de las clases populares. Dirijo el Programa de Políticas Públicas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), y desde allí intento poner mi conocimiento al servicio de aquellos gobiernos, partidos políticos, sindicatos o movimientos sociales que me pidan ayuda para facilitar su compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida de las clases populares. Entre los profesores del programa tengo la suerte de contar con el economista Josep Borrell. Su enorme experiencia en los gobiernos de España y en el Parlamento Europeo, y su gran sensibilidad social han sido de gran valía. Cuando fue elegido en las primarias del PSOE (contra el candidato oficial Joaquín Almunia) me llamó enseguida pidiéndome que le ayudara. Y nos encontramos en la estación de Sants. Siempre recordaré aquella tarde por lo que ocurrió. Me pidió que le ayudara y recuerdo que le dije que sí que le ayudaría, pero esta ayuda estaba condicionada a que se comprometiera, en caso de que fuera Presidente del gobierno español, a desarrollar diez políticas públicas. Y la primera era comprometerse a que se establecieran los servicios a las mujeres españolas que ya tenían las mujeres suecas, garantizando que tuvieran los mismos derechos que tenía la mujer sueca. Y cuando me preguntó el significado de tal promesa, le mostré una silla cercana a la que le faltaba una pata de las cuatro que debería tener y le dije: “el Estado del Bienestar en este país es como esta silla, tiene tres patas. Una es el derecho a la sanidad (un derecho, por cierto, todavía no formalizado), otra es el derecho a la educación, y la tercera es el derecho a la pensión (derecho que todavía no existe plenamente, aun cuando las pensiones no contributivas van en esta dirección). Pero no hay una cuarta pata, que es el derecho al acceso a los servicios de ayuda a las familias, que debería incluir el derecho a las escuelas de infancia y el derecho a los servicios domiciliarios (tal como ocurre en Suecia)”. Como era de esperar, Josep Borrell me preguntó cómo lo pagaríamos. Y yo, que sabía que me haría la pregunta, le propuse las medidas fiscales necesarias que serían populares y que la ciudadanía apoyaría, pues estarían basadas en aumentar la carga impositiva a las rentas derivadas de la propiedad del capital y de las rentas superiores. Borrell y yo titulamos a estos servicios, en recuerdo de la cuarta pata de la silla, el 4º pilar del bienestar, término que desde entonces ha hecho fortuna.

Cuando los socialistas gobernaron, de nuevo, más tarde, aceptaron una parte de la propuesta que hicimos, el establecimiento de los servicios domiciliarios (por desgracia, escasamente financiados y que los gobiernos conservadores en España, incluyendo en Catalunya, han reducido enormemente), sin establecer, sin embargo, las escuelas de infancia. El hecho de que se redujera la financiación de los servicios domiciliarios y ni siquiera se incorporaran las escuelas de infancia se debe a la escasa presión popular ejercida sobre los aparatos del Estado, escasa presión resultado del limitado poder de la mujer (y sobre todo de la mujer enraizada en las clases populares) en las instituciones políticas y en la sociedad civil. El machismo en España es muy fuerte, como ocurre en todas las sociedades con una intensa y extensa cultura religiosa.

Es cierto que hay cada vez más mujeres en las Cortes y en los centros de decisión. Pero mi experiencia en varios países donde he vivido y trabajado, me ha enseñado que el mero cambio de hombres por mujeres en las instituciones representativas no es suficiente para que la vida de la mayoría de las mujeres –que pertenecen a las clases populares– se beneficie de ello. Esto ha pasado con los hombres y pasará con las mujeres. Hay clases sociales dentro de los hombres y hay clases sociales dentro de las mujeres. A no ser que las mujeres en puestos de poder representen sobre todo los intereses de las mujeres de las clases populares (que constituye la mayoría de las mujeres en cualquier país), el bienestar de estas últimas no mejorará. Esto es lo que ha ocurrido con los negros en EEUU. No hay que olvidar que durante el mandato del Presidente Obama, el primer presidente de EEUU afroamericano, la calidad de vida y bienestar de la mayoría de los afroamericanos de clase trabajadora no mejoró. Y tampoco hay que olvidar que la mayoría de las mujeres de clase trabajadora no votaron a la feminista Hillary Clinton, sino al candidato Trump, que se presentó con un discurso y narrativa de clase apelando a la clase trabajadora blanca frente al establishment político-mediático representado –según Trump- por la candidata demócrata, la Sra. Hillary Clinton, que se presentó como la mujer feminista en defensa de las mujeres. La candidata del movimiento feminista, liderado por mujeres de clase media alta y por clase de renta alta, en el caso de la Sra. Clinton, nunca se dirigieron a la clase trabajadora y a su sufrimiento, consecuencia de la aplicación de las políticas liberales. De ahí que las mujeres de las clases populares votaran al candidato republicano Trump como rechazo a lo que representaba la Sra. Clinton, el “male dominated establishment” del Partido Demócrata, que en su día (hace ya muchísimos años, durante la época del Presidente Roosevelt) se consideraba el Partido del Pueblo.

De todo lo dicho en el artículo se debería concluir que los partidos progresistas deberían ser especialmente sensibles a las conexiones entre los dos tipos de explotación: el de clase y el de género. Este es el reto de las y los feministas en tales opciones políticas: tener en cuenta la dimensión de clase, priorizando siempre a las clases populares, y en este caso a las mujeres de tales clases para las cuales el desarrollo del 4º pilar del bienestar es esencial para mejorar su bienestar. Estos servicios y el cambio de actitud del hombre son elementos de enorme importancia en la liberación de la mujer -y también del hombre-, pues este último, al sostener y mantener su carácter explotador, disminuye y limita el potencial de su propio desarrollo emotivo, psicológico e intelectual. La evidencia de ello es abrumadora.