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No es posible recuperar la memoria histórica a través de la Ley de la Memoria Histórica

21 septiembre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 27 de abril de 2017.

Este artículo es una crítica a los enormes obstáculos que se han estado aplicando por parte del Estado español a la recuperación de la memoria histórica, señalando que tales obstáculos tienen como objetivo impedir la corrección de las enormes tergiversaciones que se han hecho de la historia reciente de España. Es un tema de gran importancia que tiene muy escasa visibilidad mediática en nuestro país.

Las campañas de recuperación de la memoria histórica han centrado sus actividades en el reconocimiento de las víctimas de la enorme represión que caracterizó a aquel régimen dictatorial, uno de los más represivos de los que hayan existido en Europa en el siglo XX. Nunca debe dejar de enfatizarse que, según estudiosos de los regímenes fascistas y nazis en Europa, como el recientemente fallecido profesor Malefakis, de la Universidad de Columbia de Nueva York, por cada asesinato político que cometió el régimen fascista liderado por Mussolini, el liderado por el General Franco cometió 10.000. Consciente de que tenía a la mayoría de las clases populares en contra, el régimen dictatorial español utilizó el terror para mantenerse en el poder, estableciendo un miedo generalizado sobre el cual, y a través del control de todas las instituciones generadoras de valores (desde los medios de información hasta el sistema educativo) se estableció una cultura profundamente antidemocrática que incluso persiste hoy en España, y que explica que el Estado español haya condenado a una persona a un año de cárcel por haber insultado la memoria del Almirante Carrero Blanco, segundo en la jerarquía en el Estado dictatorial, después del propio dictador.

¿Cómo puede ser que esa cultura heredada del régimen dictatorial todavía exista?

La respuesta a esta pregunta se encuentra en gran parte en la manera como se realizó la transición de la dictadura a la democracia, proceso que no significó una ruptura con el Estado que rigió España durante casi cuarenta años, sino una apertura para incorporar elementos de democracia. Las fuerzas conservadoras que controlaban el Estado dictatorial y los medios de información dominaron el proceso de transición, dominio que explica la baja calidad de la democracia española, el escaso desarrollo de su Estado del Bienestar y la persistencia de la cultura franquista. Tal dominio es lo que también explica la resistencia a la recuperación de la memoria histórica, incluyendo la demanda de rehabilitación y homenaje a las víctimas del régimen terrorista anterior. Tal resistencia se basa, por una parte, en la clara oposición de las fuerzas conservadoras que controlaban el aparato del Estado dictatorial y de sus herederos (que continúan ejerciendo una enorme influencia sobre el Estado actual), así como, por otra parte, en el limitadísimo compromiso con tal recuperación de la memoria histórica por parte de los líderes del PSOE, cuya integración en el nuevo Estado, a través del bipartidismo, se basó en una serie de renuncias y adaptaciones a ese nuevo Estado y a la cultura que transmitió. Y dicha oposición y/o limitadísimo compromiso en recuperar la memoria histórica (en su labor de rehabilitar y homenajear a las víctimas del franquismo) es el resultado de la toma de conciencia de que la demanda de reconocimiento de tales víctimas abre la posibilidad de que se genere otra demanda, parecida, pero distinta, de que se redefina la historia de España, corrigiendo la tergiversada historia que se continúa presentando en las instituciones reproductoras de valores del país, a fin de poder establecer una cultura opuesta a la actual, que sea continuadora de la cultura republicana que la franquista sustituyó. Este es el gran temor de las fuerzas bipartidistas de recuperar la memoria histórica.

El constante argumento que utilizaron las derechas en España en contra de aprobar una ley de memoria histórica fue que “abriría heridas” que se asume (erróneamente) que están cerradas. Pero tal argumento oculta el hecho de que la oposición a la recuperación de la memoria histórica tiene poco que ver con el estado de las heridas, y mucho que ver, por el contrario, con el deseo de evitar que se conozca la historia real de los distintos pueblos y naciones de España. Con ello se evita también que se cuestione la cultura franquista que persiste, impidiendo que reaparezca la cultura republicana. Ahí está el meollo de la cuestión.

La labor de ocultación de los medios de información y persuasión en España. El caso de El País

Durante muchísimos años, los medios de información han promovido y continúan promoviendo las instituciones monárquico-borbónicas, tergiversando tanto su pasado como su presente, ocultando realidades que pudieran dañarlas. Las grandes limitaciones de la libertad de prensa (un indicador más del enorme poder de las fuerzas conservadoras) aparecieron con toda claridad en esta protección de la Monarquía por parte de los medios, confundiendo persuasión y promoción con información. Un caso claro es el de El País. Este rotativo fue fundado por dirigentes del régimen anterior, y en su nacimiento intervinieron personajes como Fraga Iribarne, tal como reconoció recientemente el presidente del Grupo Prisa (al que pertenece este rotativo), Juan Luis Cebrián. En realidad, Cebrián proviene de una familia fascista, siendo su padre uno de los directores del diario Arriba, del partido fascista La Falange. Siguiendo los pasos de su padre, fue periodista y trabajó en periódicos del aparato fascista, como Pueblo (que era el diario propiedad de los sindicatos verticales). Más tarde fue uno de los directores de RTVE (concretamente, jefe del servicio de informativos) durante el último periodo de la dictadura, el máximo instrumento mediático el régimen.

Colaboró con otros elementos del Estado dictatorial para favorecer una apertura, presionando para que hubiera un cambio significativo en el Estado que facilitara el establecimiento del juego democrático, labor meritoria pero también limitada, pues estaba claro desde el principio que los límites de la apertura estaban fijados, permitiendo el debate dentro de unos parámetros sumamente limitados. Una consecuencia de ello fue que El País fue siempre hostil a fuerzas y personalidades de izquierda que pudieran cuestionar el Estado monárquico actual y que pudieran significar una amenaza para la continuación de las relaciones de poder dentro de tal Estado, resultado del maridaje entre el poder económico y financiero, por un lado, y el poder político y mediático por el otro. Ello explica su clara oposición a figuras como Alfonso Guerra y más tarde Josep Borrell en el PSOE, a Gerardo Iglesias y Julio Anguita en el PCE, y ahora a Pablo Iglesias en Podemos.

Las declaraciones de Juan Luis Cebrián, presidente del grupo Prisa, sobre la memoria histórica

Tal oposición de El País a las izquierdas se extiende a la Ley de la Recuperación de la Memoria Histórica. En una entrevista reciente en El Mundo (20.02.17), Cebrián expresa su oposición a la Ley de la Memoria Histórica, pues “genera conflictos y problemas”. Considera que el Estado no debería inmiscuirse en esta labor. Tras reconocer que “la mayoría de impulsores del periódico (El País) fueron personas vinculadas con el franquismo” añade, sin embargo, que él, en realidad, nunca fue franquista (sí, léalo y lo verá, dicho por el mismo individuo que dirigió los mayores medios de propaganda y persuasión de tal régimen). También cuestiona en esa entrevista que el régimen que él llama franquista fuera terrorista, criticando al Presidente Zapatero por haber éste indicado que su abuelo, asesinado por los golpistas, fue víctima del terrorismo, señalando Cebrián que ello no es cierto, pues no fue una víctima del régimen, sino una víctima de la guerra entre dos bandos, asumiendo (erróneamente) que los Estados de los dos bandos intentaron dominar a la población mediante el ejercicio del terror. Predeciblemente, niega también la plurinacionalidad de España, y considera que la ley está por encima de todo y de todos, ley que ha sido acordada en unas coordenadas de poder heredadas de la inmodélica Transición, muy desigual y poco equilibrada. Cebrián está en contra de la redefinición de España que reconozca su plurinacionalidad, y se muestra dispuesto a enviar a la Guardia Civil a Catalunya para poner orden, asegurándose de que la ley se respeta, exigiendo que los representantes parlamentarios que actúan para realizar un referéndum vayan a la cárcel, tal como el yerno del Rey Juan Carlos I debería hacer, poniendo un tema profundamente político (la relación de Catalunya con España) al mismo nivel que si fuera un caso de fraude y corrupción fiscal. No deja de ser paradójico que este personaje, que con su silencio a través de su diario cubrió en su día la enorme corrupción de Jordi Pujol, a fin de protegerlo, ahora exija la prisión para aquellos que piden la secesión. La doble moralidad de este personaje y el oportunismo mostrado a lo largo de su vida son un buen reflejo de la reproducción de la cultura y el comportamiento franquistas que continúa dándose en grandes secciones de tal rotativo. Ni que decir tiene que El País tiene profesionales de gran valor cuya credibilidad e integridad, sin embargo, debe cuestionarse por su silencio ensordecedor frente a los comportamientos sectarios, abusivos y claramente antidemocráticos de tal rotativo que se han ido acentuando en los últimos años en contra de las voces que exigen un cambio profundo para establecer una España más democrática, más justa, más plurinacional y con muchísima más pluralidad en sus medios. Tal silencio debe también denunciarse.

Quisiera añadir una nota personal. Procedo de una familia represaliada por el fascismo, por el mismo régimen al que sirvieron el padre y el hijo Cebrián. No podemos estar más lejos en cuanto a biografía y vida profesional. Que tal individuo presente mi deseo de desenmascarar tanta mentira y tanto cinismo como “un intento de abrir las heridas” es una muestra más, como mínimo, de la incomprensión que los hijos e hijas de los vencedores del golpe fascista militar muestran hacia el enorme mal que han hecho y continúan haciendo a España. Ahora bien, es probable que en lugar de incomprensión sea un caso más del cinismo y caradura (no hay otra manera de definirlo) que ha caracterizado a los oportunistas que han estado gobernando España durante tanto tiempo en defensa de sus intereses, reproduciendo la cultura franquista que está asfixiando al país.

Resumen de la presentación por el Profesor Navarro en el simposio celebrado en la New York University el día 24 de abril, “Imperfect Transition and Challenges of the Present Victims of Francoism, Terrorism and the State”

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El capitalismo de amiguetes: Coca-Cola y el presidente Trump

15 septiembre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 27 de julio de 2017.

Este artículo señala las consecuencias del capitalismo de amiguetes que ha establecido el presidente Trump en EEUU. Hoy Coca-Cola está dirigiendo la mayor agencia federal encargada de la nutrición en este país. El artículo indica los efectos de ello.

Una de las posturas ampliamente extendida entre economistas neoliberales (que goza de gran visibilidad mediática en los mayores medios de comunicación, tanto privados como públicos y tanto escritos como orales y televisivos) es que el mayor problema de la economía española es que el Estado ha sido gestionado y dirigido por gente muy poco competente, que no sobrevivirían en el sector privado. Según tales economistas, los gestores públicos no tienen ni idea de cómo debería gestionarse una empresa. Lo que se necesitaría, dicen tales autores, es permitir que sean grandes empresarios los que contribuyan con su experiencia a la eficiencia de la gestión pública. En Catalunya, el economista de mayor proyección mediática en la televisión pública TV3, de clara sensibilidad neoliberal, ha enfatizado en más de una ocasión que el problema del Estado español (y catalán) es que los que lo gestionan no tienen ninguna experiencia en la empresa privada, alentando que sean gestores de tales empresas los que gestionen también las públicas.

Trump como modelo de la gestión empresarial

Lo que hemos estado viendo en la Administración Trump es la toma del poder directo de los distintos aparatos del Estado por la clase empresarial del país, en un proceso en el que las mayores agencias del Estado pasan a ser dirigidas por grandes empresarios o gestores próximos a las grandes empresas del país sin ningún intermediario. Es la máxima expresión del “capitalismo de amiguetes” en el que todo el aparato del Estado está dirigido y gestionado por los amiguetes del presidente.

Uno de los casos más recientes es el que se ha dado en las agencias federales de Salud Pública, hoy dirigidas por personas procedentes de o próximas a las compañías comerciales del sector agropecuario, consideradas algunas de ellas las mayores promotoras de alimentos que no son considerados saludables, como en el caso de Coca-Cola. Veamos los datos.

En un excelente artículo publicado por Sheila Kaplan en primera plana del New York Times del 23 de julio de este año, se detalla como la empresa Coca-Cola influencia las políticas alimentarias del país, promoviendo las bebidas azucaradas, que se considera son la mayor causa de la obesidad infantil en EEUU. En realidad, tal obesidad ha alcanzado unos niveles epidémicos en toda la sociedad, pero muy en particular entre los niños y los jóvenes. Las causas de dicha epidemia se han estudiado con gran detalle y son conocidas. Investigaciones llevadas a cabo por la mayor agencia federal de investigación en salud pública, el Center for Disease Control -CDC- (localizado en el mismo Estado de Georgia donde está también ubicada la sede de la empresa Coca-Cola), han señalado, por ejemplo, que las bebidas azucaradas como la Coca-Cola (entre otras) son una de las mayores causas del crecimiento de la obesidad en EEUU, siendo también responsables del aumento de la diabetes tipo 2, de enfermedades del corazón, de enfermedades renales, de enfermedades del hígado, del aumento de cavidades dentales y caries, y de artritis. Tales bebidas no son las únicas causas. Hay otros alimentos, como los ricos en grasas (la típica hamburguesa McDonald’s es un ejemplo de ello), que son otros ejemplos de ello. En realidad, el mejoramiento de la dieta ha sido una de las campañas más centrales de las agencias de salud pública federales. ¡Al menos hasta ahora!

Ahora bien, tales empresas alimentarias, responsables de dicha epidemia (y a fin de diluir el énfasis en la dieta como medida preventiva), están enfatizando el ejercicio físico como la manera de prevenir la obesidad. Coca-Cola ha financiado en el mismo Estado de Georgia un programa gestionado por el Departamento de Salud Pública de tal Estado, que consiste en añadir media hora de ejercicio en las escuelas públicas de aquel Estado, convirtiéndose en la campaña central del programa contra la obesidad entre los jóvenes de Georgia. Ni que decir tiene que dicho programa tiene mérito propio, y es aconsejable que se continúe. Ahora bien, es dramáticamente insuficiente para prevenir el problema, pues como bien señala la profesora de nutrición de la New York University, la Dra. Marion Nestle -autora del excelente libro crítico con el consumo de soda, Soda Politics: Taking On Big Soda (and Winning)-, “una persona normal y corriente tiene que correr 3 millas (unos 5 kilómetros) para compensar las calorías existentes en una botella de 20 onzas de peso (un medio kilo)… Yo estoy muy a favor del ejercicio físico. Pero la realidad es que no hace mucho para reducir peso. De ahí que considere la campaña de perder peso a base primordialmente de hacer ejercicio físico (que es lo que la industria de la soda y comida basura promueven) como muy limitada, a no ser que vaya acompañada de un cambio de dieta, que es un factor más importante para resolver la epidemia de obesidad”.

Coca-Cola ahora tiene gran influencia en el gobierno federal y en el CDC

El presidente Trump ha nombrado directiva del CDC a la Dra. Fitzgerald, que era precisamente la Directora del Departamento de Salud del Estado de Georgia, cuando Coca-Cola financió el programa de aumentar media hora de ejercicio en las escuelas públicas. Coca-Cola tiene gran influencia en el Estado de Georgia y sobre sus representantes, la mayoría republicanos (incluido el famoso Newt Gingrich, asesor hoy del presidente Trump), influencia que ahora se ha extendido también al gobierno federal, siendo el nombramiento de la Dra. Fitzgerald un indicador de ello. Como consecuencia de ello, la gran amiga de Coca-Cola tendrá ahora una gran influencia en el diseño de las campañas de reducción de la obesidad. Consciente de la movilización en su contra de la comunidad salubrista de EEUU, la Dra. Fitzgerald ha subrayado recientemente su interés también en promover la ingesta de fruta y vegetales entre los niños. Pero como bien señala la autora del artículo, Sheila Kaplan (de la cual extraigo todos estos datos), es muy probable que a partir de ahora se enfatice mucho más el ejercicio físico que no la dieta para reducir la epidemia de obesidad en EEUU. En realidad, el artículo de la Dra. Fitzgerald sobre nutrición que aparece en la promoción de los programas en contra de la obesidad de la web de Coca-Cola lleva el significativo título de que “La solución de la obesidad infantil requiere movimiento (físico)”. Y las subvenciones federales a instituciones que están haciendo estudios sobre la obesidad se centrarán primordialmente en áreas no relacionadas con los productos que ellos promueven, tales como las sodas. Esta es la consecuencia del capitalismo de amiguetes que existe hoy en EEUU y que, sin lugar a dudas, va a afectar a España también.

No es cierto que la austeridad haya terminado: el techo de gasto muestra lo contrario

12 septiembre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, y en catalán en la columna “Pensament Crític” en el diario PÚBLIC, 25 de julio de 2017.

Este artículo cuestiona la postura promovida por el establishment político-mediático del país según la cual ya hemos salido de la crisis y el Estado ha terminado de aplicar medidas de austeridad y recortes del gasto público. El artículo se centra en lo ocurrido hace unos días en las Cortes Españolas, donde se aprobó el techo de gasto público, subrayándose una vez más que no había alternativas, algo que el artículo muestra que no es cierto. Se trata de un tema al que no se ha dado mucha visibilidad en los grandes medios del país pero que tiene una enorme importancia, pues perpetúa el subdesarrollo social de España, que es uno de los más acentuados hoy en la Eurozona.

Estamos hoy viendo en España que, una vez más, la gran atención mediática en el país está en lo que se llama el tema nacional o territorial, utilizado, como siempre, por el gobierno español de turno para movilizar a la población para defender “la unidad de la patria”, el eslogan que las derechas españolas siempre han utilizado para defender los intereses económicos que las financian, utilizando el sentir patriótico de la gente para sus fines particulares. Un ejemplo claro de ello es la situación actual.

El problema mayor que tiene hoy España es el enorme problema social (ver mi artículo “El nuevo régimen social de España”, Público, 23.06.17), que es ni más ni menos que el gran deterioro de la calidad de vida de las clases populares (que constituyen la gran mayoría de la población española), resultado directo de las políticas neoliberales (como las reformas laborales y los enormes recortes del gasto público que financian las transferencias sociales, como las pensiones, y los servicios públicos del Estado del Bienestar tales como la sanidad, la educación, la vivienda social, los servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios y otros) iniciadas por el gobierno de Zapatero y expandidas por el gobierno de Rajoy. He documentado extensamente a lo largo de estos años la naturaleza y extensión de esta crisis sin precedentes en el periodo democrático postdictatorial (ver Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015).

La gran falsedad promovida por el establishment político-mediático del país es que las crisis económicas y financieras, que determinaron la crisis política, ya han terminado. Se justifica tal optimismo con la aparición del crecimiento económico, lo cual se atribuye a las medidas aplicadas por el gobierno de Rajoy. La evidencia científica, fácilmente accesible para el que quiera verla, muestra, sin embargo, que la reversión del declive del crecimiento económico (que caracterizó la Gran Recesión) no se ha debido primordialmente a las medidas tomadas por el gobierno Rajoy sino (como han reconocido el Fondo Monetario Internacional e, incluso, el Banco de España) a factores externos (fundamentalmente la bajada de los precios del petróleo y los bajos tipos de interés debido a la política monetaria del BCE), que tienen poco que ver con las medidas tomadas por el gobierno de Rajoy. Y la misma evidencia científica muestra que la enorme crisis social continúa en España, donde hay nada menos que 2,3 millones de empleos menos hoy que antes de que se iniciara la Gran Recesión; donde la precariedad laboral es lo que define la creación de empleo; donde el PIB per cápita no ha recuperado los niveles existentes en 2007; donde el 28% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social, incluyendo el alarmante fenómeno de la pobreza laboral, es decir, pobreza entre personas que están trabajando a tiempo completo (15% de la población ocupada); y donde el 70% de los hogares continúan sin mejoras en sus condiciones de vida.

Pero la otra gran falsedad promovida por el establishment político-mediático español es que las políticas de austeridad impuestas por el gobierno de Rajoy han dejado de aplicarse, lo cual, no es cierto, pues tales políticas han continuado. Y la mejor prueba de ello es la aprobación del techo de gasto del Estado que ocurrió hace unos días en las Cortes Españolas. Tal medida fue una propuesta del gobierno Rajoy aprobada por las derechas españolas que incluyen, además del PP y su Frente de Juventudes (Ciudadanos), a las derechas vascas (PNV) y canarias (Coalición Canaria), así como a la “izquierda” canaria de Nueva Canarias (NC).

¿Qué es el techo de gasto público?

A primera vista tal término aparece como un concepto económico que la gente normal y corriente no entiende o aparentemente no le interesa, y ello a pesar de su enorme importancia. En realidad, las escuelas de sus niños, la sanidad de sus enfermos, la educación de sus jóvenes y adultos, la vivienda social, las escuelas de infancia y los servicios domiciliarios y una larga lista de servicios públicos, así como las transferencias públicas, tales como las pensiones, dependen en parte del techo de gasto público, que quiere decir del límite de gasto público del que el Estado puede disponer. Es uno de los indicadores más importantes para medir el compromiso del Estado con el desarrollo de sus funciones, incluyendo la provisión de servicios y transferencias a la sociedad, que quiere decir, a usted, lector.

Pues bien, tal techo de gasto público, es decir, techo de la cantidad que el Gobierno de Rajoy ha definido como el máximo dinero que el Estado se puede gastar es clara y excesivamente bajo, lo cual se hace para cumplir los famosos objetivos de estabilidad presupuestaria, que en lenguaje llano quiere decir bajar el gasto en transferencias públicas y en los servicios del Estado del Bienestar para reducir el déficit de las cuentas del Estado (es decir, la diferencia entre sus ingresos y sus gastos).

La pobreza del gasto público del Estado Español

El gasto público en España es muy bajo, mucho más bajo que en el promedio de la Eurozona (los países de la UE que utilizan el euro como su unidad monetaria). Y este bajo gasto público se debe en gran medida a que los ingresos públicos al Estado son también muy bajos; en realidad, de los más bajos de la UE-15. Pero la situación es incluso peor, pues no solo es de los más bajos, sino que desde el 2007 al 2015, mientras tales ingresos al Estado aumentaron en el promedio de la UE-15 un 1,2% del PIB, en España disminuyeron un 2,7%. Un dato que hay que tener muy en cuenta es que la mayoría de tal gasto es el gasto público social, es decir, el gasto en las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar a los que me referí al principio del artículo. En realidad, el hecho de que los servicios sanitarios públicos, las escuelas públicas, la vivienda social, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios, los servicios sociales y otros (que son todos ellos esenciales para garantizar la calidad de vida y bienestar de las familias en España) tengan pocos recursos en este país, se debe a que este gasto público social sea cinco puntos del PIB más bajo que el promedio de los países de la Eurozona. Los datos están ahí para el que quiera verlos.

Y una de las razones de que sea tan bajo es que los ingresos al Estado son también muy bajos. En realidad, de los más bajos de la Eurozona. Tales ingresos al Estado son nada menos que ocho puntos del PIB más bajos que en el promedio de la Eurozona. Y a pesar de esta gran pobreza de los ingresos al Estado, la derecha, tanto la de siempre, el PP, como la nueva, Ciudadanos, hacen gala de sus propuestas de bajar tales ingresos, reduciendo los impuestos (algo que sistemáticamente beneficia más a las rentas superiores que a las medias e inferiores).

Y una de las mayores causas de la pobreza de recursos se debe a la regresividad de la política fiscal, que conlleva que las grandes empresas, las grandes fortunas y los más pudientes no aporten al Estado lo que deberían. Este déficit no es fácil de ver cuando se analiza lo que la población debería pagar en impuestos, según el tipo nominal impositivo, es decir, lo que en teoría deberían de pagar según su nivel de ingresos (que es parecido a los de la UE-15). Ahora bien, si en lugar del tipo nominal analizamos el tipo efectivo (es decir, lo que en realidad la gente paga en impuestos), entonces vemos que es muy bajo y ello es debido a la enorme cantidad de deducciones fiscales que caracterizan al sistema fiscal regresivo español. Ni que decir tiene que las deducciones son mucho más utilizadas por las rentas superiores que por las rentas medias e inferiores. La diferencia entre lo que nominalmente deberían pagar las grandes empresas y las rentas superiores, y lo que pagan, es nada menos que 37.000 millones de euros (solo en IRPF y en el IVA) que el Estado deja de ingresar, aproximadamente el déficit estructural que tiene la economía española (el déficit estructural contabiliza los gastos no-coyunturales del Estado, es decir, el déficit no producido en momentos de crisis, sino el déficit permanente del Estado).

Si sumamos a este déficit fiscal (37.000 millones), el fraude fiscal (al que el 80% es producido por los súper ricos y las grandes empresas, según datos de técnicos de Hacienda) que representa 90.000 millones de euros (según Carlos Cruzado, presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda), más los fondos que el Estado no recibe debido a la reducción de los impuestos al patrimonio y a la herencia, y lo que el IBEX-35 deja de pagar (que nominalmente debería ser un 25%, y en cambio paga solo un 7%, según reconoció recientemente el ministro Cristóbal Montoro), nos encontramos con una situación de injusticia fiscal enorme. Esta injusticia contribuye a deteriorar aún más dos fenómenos: uno es el aumento de la desigualdad en España, en donde el 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país (27,4%), mientras que el 20% más pobre se queda con un 0,1%, o que la fortuna de las 3 personas más ricas en nuestro país equivale a la del 30% más pobre. Y el segundo fenómeno es que en España son los trabajadores los que paguen la gran mayoría de los impuestos y los que sostienen el Estado del Bienestar. Nada menos que el 85% del esfuerzo fiscal en España recae sobre las rentas del trabajo. Puesto que del 2008 al 2016, las rentas del trabajo han caído un 6,1% (33.679M€), mientras que las rentas del capital han aumentado un 1,7% (7.850M€), es lógico que los ingresos del Estado también se hayan reducido.

Este fenómeno es bien percibido por la ciudadanía española, según el último barómetro del CIS sobre fiscalidad (julio 2016), ante la pregunta de ¿cree que los impuestos se cobran con justicia y pagan más los que más tienen? Un abrumador 86,6% cree que se cobran con injusticia. De hecho, la opinión mayoritaria de los españoles es que es preferible mejorar los servicios públicos aunque haya que pagar más impuestos (44,7%) que pagar menos impuestos aunque haya que reducir servicios públicos (solo 15,8%). No hay duda de que por el bien del país y de la población que vive en él, hay que terminar con la austeridad. Y para ello hay que aumentar los impuestos, pero no a las rentas del trabajo (a la mayoría de la población) sino a las rentas de capital (las minorías privilegiadas).

¿Y por qué el techo de gasto es tan importante?

La respuesta es fácil, pues el techo de gasto público es el máximo que el Estado pueda gastarse. Un Estado pobre tanto en su gasto público social y como en sus ingresos fiscales, está condenado a una subfinanciación continua y eterna. Pues bien, el techo de gasto aprobado el martes 11 de julio en las Cortes Españolas impone que el máximo que el Estado se podrá gastar en el 2018 (ya en esta España supuestamente recuperada) es de 119.834 millones de euros, que es mucho menor (en realidad, 62.000 millones de euros) del que había en 2010 (ocho años antes).

Es más, el crecimiento de tal gasto máximo (1,3%) será mucho menor que el crecimiento de la economía que el gobierno calcula (4,3%). Ello determina que el gasto máximo que el gobierno permitirá, expresado como porcentaje del PIB, será el más bajo desde 2005 (repito, ¡desde 2005!). Ello quiere decir que el nivel máximo del gasto es semejante al que teníamos doce años atrás, a la vez que las necesidades del país han ido aumentando considerablemente. En base a estas cifras, concluir (como hace el establishment político-mediático) que ha llegado el fin de la austeridad es sencillamente una farsa.

Sí que hay alternativas a la austeridad

Es preocupante constatar que el establishment político-mediático del país guarda un silencio ensordecedor sobre este tema, presentándolo como un tema meramente técnico y económico, cuando en realidad es un tema profundamente político (como son la mayoría de temas económicos). Es urgente que se rompa tal silencio, pues para revertir las políticas de austeridad es necesario cuestionar y negar la lógica del techo de gasto, que distorsiona el debate sobre la política presupuestaria, desarrollando a la vez un marco alternativo basado en un concepto opuesto y distinto al concepto de techo de gasto, que es el establecimiento de un suelo de ingresos, es decir, que en lugar de fijarse tanto en el límite de gasto, se enfatice una cantidad de ingresos del Estado, que no pueda caer por debajo de ese suelo. Hay que aplaudir que por primera vez una fuerza política en el Congreso de los Diputados (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) haya iniciado este debate, introduciendo el concepto del “suelo de ingresos” (que unos días después hizo también suyo el PSOE), lo cual es de enorme importancia. Esta fuerza política también ha hecho la propuesta de expandir el techo de gasto, añadiendo 19.500 millones de euros al conjunto de los fondos asignados a Administraciones Públicas. Estos 19.500 millones más (que se podrían haber conseguido fácilmente gracias a mejorar los ingresos públicos) hubieran servido para: subir las pensiones no contributivas (850M€); para actualizar las pensiones al nivel de precios de consumo, considerando la inflación (1.600M€), lo cual no se está haciendo hoy en España; para recuperar los sueldos de los funcionarios (400M€), para aumentar la dotación en becas (75M€); para un ambicioso Plan de Renta Garantizada (3.200M€); para una prestación por hijo a cargo (400M€); y para financiar el ineludible Plan Nacional de Transición Energética (1.500M€). Estas propuestas que aquella fuerza política realizó son razonables y totalmente factibles, aunque predeciblemente fueron denunciadas por las voces neoliberales que todavía predominan en gran parte de la cultura económica y política del país como gastos imposibles de aceptar, pues, según ellos, romperían con las arcas del Estado, siendo esta la frase predecible que se utiliza en el dogma neoliberal que todavía domina hoy el establishment político-mediático que existe en el país, y que ahora nos vende el mensaje de que ya hemos salido de la crisis y que ya hemos dejado la austeridad atrás. Su desfachatez no tiene límites.

El nuevo régimen social de España

12 agosto, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 23 de junio de 2017.

Este artículo es el resumen de los datos más impactantes de la situación social en España, que no es coyuntural, sino estructural, dentro del sistema económico español actual.

España ha sufrido una de las más importantes crisis económicas y financieras durante su periodo democrático, crisis que también ha determinado una crisis social, y, como era predecible, una gran crisis de legitimidad del Estado y del establishment político y mediático del país. La respuesta de tal establishment ha sido que todos estos sacrificios eran necesarios para poder salir de la crisis, que, según este establishment, se está resolviendo.

Ahora bien, en este argumentario se olvida que, en realidad, la crisis (la Gran Recesión) y la respuesta que se ha dado a ella estaban configuradas y determinadas por un contexto político que favoreció estructuralmente a unos a costa de otros. Los primeros eran aquellos sectores del mundo del capital (las grandes empresas financieras, y las grandes corporaciones productoras de bienes y servicios) que dominan el Estado español y la gran mayoría de medios públicos y privados de información del país. Y las perdedoras han sido, predominantemente, las clases populares, que constituyen la mayoría de la población. Mientras que los primeros derivan sus rentas predominantemente de la propiedad del capital y de su gestión, los segundos lo hacen del mundo del trabajo, sobre todo de los salarios y de los beneficios sociales.

La evidencia de ello es abrumadora. Veamos algunos datos: 1) Des de el inicio de la crisis (2008) hasta el año pasado (2016), las rentas del trabajo han caído un 6,1% (33.679M€), mientras que las rentas del capital han aumentado un 1,7% (7.850M€). En suma, en el periodo 2008-2016 el peso de los salarios en la economía ha bajado 2,9 puntos, de 54,6% al 52,7%; 2) La participación de los beneficios de las empresas no financieras en España está por encima del de la zona euro (42,6% frente a 40,6%); 3) Las empresas no financieras españolas han aumentado su participación en el VAB (valor añadido bruto) del 37,7% hasta el 42,6% entre el periodo 2007-2015: el segundo país de toda la UE que más ha aumentado; 4) La polarización social (S80/20) se ha incrementado en un 11,8% desde 2009 (de 5,9 en 2009 a 6,6 en 2016), es decir, el 20% más rico dispone de 6,6 veces más ingresos que el 20% más pobre. Somos el 3º país con mayor polarización de toda la UE (después de Rumanía y Bulgaria); 5) La desigualdad ha sufrido uno de los mayores incrementos de toda la OCDE desde 2009, y el índice de Gini alcanzó los 34,5 en 2016: 3,5 puntos por encima de la media europea (31 en 2015); 6) En los últimos 15 años el 30% de la población que vive en riesgo de exclusión ha visto cómo sus activos netos apenas crecían un 3%, mientras que los del 10% más rico se disparaban un 56%; 7) El 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país (27,4%), mientras que el 20% más pobre se quedaba con un 0,1%; 8) La fortuna de las 3 personas más ricas en nuestro país equivale a la del 30% más pobre.

Todos estos hechos han sido, en gran parte, consecuencia de toda una serie de intervenciones por parte del Estado que han provocado un enorme deterioro del mercado laboral. Esto ha sido particularmente acentuado a partir de las reforma laborales del gobierno Zapatero, primero, y de las más intensas del gobierno Rajoy. Indicadores de tal deterioro del mercado laboral muestran que: 1) El 41,5% de los desempleados llevan más de 2 años en paro (1,8 millones de personas); 2) El 24,7% de los desempleados llevan más de 4 años en paro (1,1 millones); 3) Más de 4 de cada 10 jóvenes que buscan trabajo están en paro; 4) Un 15,3% de las jornadas laborales son a tiempo parcial; 5) Más de uno de cada cuatro empleos es temporal (26,5%); 6) En los últimos cinco años se ha acumulado una caída del poder adquisitivo de la remuneración media en un 4,5% (912 € menos); 7) El 34,4% de los asalariados (seis millones de personas) cobran menos del salario mínimo interprofesional.

El desmontaje del Estado del Bienestar

Han contribuido a este enorme crecimiento de las desigualdades las políticas públicas de los partidos gobernantes del Estado español, las cuales han debilitado el ya escasamente financiado Estado del Bienestar. De hecho, España dedica menos recursos a los servicios públicos y transferencias del Estado del Bienestar que la gran mayoría de los países de la UE. 1) España tiene el gasto público social como porcentaje del PIB (24,6%) de los más bajos de la UE-15; 2) España tiene el gasto público social por habitante de los más bajos de la UE y ha disminuido durante los años de la gran recesión, consecuencia de los grandes recortes; 3) España tiene uno de los porcentajes de la población adulta que trabaja en los servicios públicos más bajos de la UE-15 (el grupo de países de semejante riqueza), por ejemplo 1 de cada 10 habitantes en comparación con 1 de cada 4 en Suecia. Si España tuviera el porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar como en Suecia (de 1 de cada 10 a 1 de cada 4) reduciría significativamente el desempleo; 4) El gasto público en España es uno de los más bajos de Europa, representa el 43,6% de su PIB; la media del conjunto de los 28 países europeos es 48,1%; 5) España es uno de los países que dedican menor gastos en protección social: 2,7 puntos menos del PIB que la media de países de la Eurozona (17,6% frente al 20,3 de la UE); 6) Esta subfinanciación ocurre en todas las dimensiones del Estado del Bienestar excepto en el gasto en desempleo. Este retraso se ha acentuado con los recortes de gasto público social que ha ocurrido en todos los servicios: 6.a) El gasto autonómico de sanidad por habitante se redujo un 14,2% entre el periodo 2009-2016. (1.195€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 1.393€); 6.b) El gasto autonómico de educación por habitante se redujo un 5,87% entre el periodo 2009-2016. (785€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 834€); 6.c) El gasto público total consolidado en Servicios Sociales fue de 16.000 millones de euros en 2016, aproximadamente 1.000 millones menos que en 2010; 6.d) El gasto autonómico de servicios sociales por habitante se redujo un 1,55% entre el periodo 2009-2016. (254€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 258€).; 6.e) Mientras que, el gasto autonómico en deuda pública por habitante aumentó 381,8% entre el periodo 2009-2016. (582€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 121€); 7) El Estado del Bienestar es de los menos redistributivos de Europa: la tasa de pobreza se reduce antes de transferencias sociales en España del 29,5% en 2016 al 22,3% después de transferencias sociales. Mientras que en la UE se pasa de un 26% en 2015 baja al 17,3% de reducción de pobreza (8,7% de reducción en la UE frente a 7,2% en España).

La pobreza del Estado del Bienestar en España es consecuencia de una fiscalidad débil y regresiva que se ha acentuado todavía más con las reformas de los gobiernos Zapatero y Rajoy. Como consecuencia, los ingresos fiscales en España son inferiores a los de los países de nuestro entorno. Las facilidades que tienen las grandes empresas y fortunas para pagar menos de lo que tienen establecido, gracias a un entramado de desgravaciones y exenciones, hace que la carga fiscal recaiga sobre las clases medias y trabajadoras a través del IRPF y de los impuestos al consumo. Más datos: 1) En España el 85% del esfuerzo fiscal recae sobre las rentas del trabajo; 2) 17 de las 35 empresas del IBEX no pagan el impuesto de sociedades en España, cuando tan solo 3 compañías cerraron 2014 con pérdidas.

La pobreza se ha incrementado

Resultado de todo lo anterior es que la pobreza está ya incluida como parte integrante del sistema económico. No es coyuntural, sino estructural. En otras palabras, la pobreza se ha instalado en la sociedad española, afectando a personas y familias que cada vez ven más difícil salir de su situación. La transmisión intergeneracional dará lugar a nuevas generaciones que van a reproducir la pobreza y que cada vez van a tener más difícil salir de ella. De nuevo, más datos: 1) La renta media de los hogares se ha reducido un 11% desde 2009 (30.045€) a 2016 (26.730€); 2) Hay más de 2,5 millones de trabajadores/as están por debajo del umbral de la pobreza: un aumento del 21,55% desde 2009 (11,6% en 2009 frente a 14,1% en 2016); 3) España ha registrado la cifra más alta de pobreza desde 2005: más de 10 millones de personas en España están por debajo del umbral de la pobreza (el 22,3% de la población); 4) Pese a la ‘recuperación económica’ la tasa de pobreza ha continuado aumentado respecto al año pasado (2015= 22,1%; 2016= 22,3%); 5) El 42,2% de los hogares de 1 adulto con 1 o más niños dependientes está en situación de pobreza; 6) El 30,6% de los hogares con niños dependientes están en situación de pobreza; 7) Casi 650.000 hogares, más de 1 millón de personas, no tienen ningún ingreso (3,52% de los hogares); 8) La pobreza persistente (personas que permanecen en riesgo de pobreza 2 de los 3 últimos años) es de 15,8 en España (2015) frente a 11,5 en la Eurozona (2015), 4,3 puntos menos, de las más altas de Europa; 9) La mala alimentación por motivos económicos y, en ocasiones, el hambre, son situaciones reales que afectan a más de 1 millón de personas en España; 10) La Tasa Arope, que es el indicador utilizado por la Unión Europea para medir la exclusión social, sitúa a España 4,9 puntos por encima de la media de la eurozona (27,9 frente al 23%): una de las más altas de la UE; 11) En 1 de cada 10 hogares se pasa frío o excesivo calor por no poder mantener la vivienda a temperatura adecuada; 12) En 4 de cada 10 hogares no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año; 13) El 15,3% de los hogares tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes; 14) El 8,4% de los hogares tienen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal; 15) 2,6 millones de personas sufren carencia material severa (5,8% de la población); 16) 4 de cada 10 personas viven en hogares sin capacidad para afrontar gastos imprevistos; 17) Al menos 6 millones de personas, sin ser pobres, se encuentran en situación económica precaria.

Conclusión. El resultado de las políticas neoliberales que han sido seguidas hasta ahora por parte de los gobiernos del PSOE y del PP a nivel central, y por los partidos de derechas (tales como CiU, que ahora se llama PDeCAT) y socialistas que han gobernado en las autonomías

Espero no haberles aturdido con tantos datos. Pero les ruego que consideren que detrás de cada dato hay un enorme, repito, enorme, dolor impuesto a las clases populares de España. Pero este daño se ha conseguido a costa de una gran transferencia de fondos del mundo del Trabajo al mundo de los beneficios de los grandes propietarios del capital, de los más elevados de la Eurozona. Esta realidad permanece ocultada en los mayores medios de información y persuasión del país.

Ante esta realidad hay que entender que las pequeñas variaciones de los indicadores económicos, que se presentan por los partidos gobernantes como el PP como indicadores de recuperación económica, se realizan dentro de un marco estructural caracterizado por estos datos. Lo que ha ocurrido estos años en España es un cambio dentro del régimen capitalista, que ha pasado de blando a duro, y ello como resultado de la victoria en un conflicto político que ocurre entre una minoría económica, financiera, mediática y política, por un lado, y las clases populares, que son la mayoría de la población, por el otro. Así de claro.

(Agradezco a mi colega Eduardo González de Molina la ayuda en la provisión de la mayoría de estos datos)

La alcaldesa Ada Colau lleva razón en su conflicto con Airbnb: los pisos turísticos están destruyendo los barrios

2 agosto, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 11 de abril de 2017.

Este artículo aborda la destrucción de los barrios en las ciudades con atractivo turístico por la expansión de los pisos turísticos, los cuales provocan la sustitución de una población estable por una población transeúnte, poco comprometida con el bienestar de la ciudadanía. El artículo detalla los elevados costes que tal expansión significa para la calidad de vida de la ciudadanía, y cómo varias ciudades turísticas de EEUU están respondiendo a esa amenaza. El artículo también defiende a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por haberse enfrentado con empresas como Airbnb, que están promoviendo tal actividad mercantil.

Uno de los hechos económicos más extendidos en las grandes urbes de atractivo turístico ha sido el enorme desarrollo de los pisos turísticos, que se presentan como un ejemplo de lo que se conoce como economía colaborativa, en la que la relación entre el comprador de servicios (el turista que busca hospedarse por tiempos cortos) y la persona que los ofrece (el dueño del piso) se hace directamente a través de una agencia que los pone en contacto, y no a través de la industria hotelera, a la cual sustituye. En teoría parecería una relación razonable, e incluso progresista (y así se ha presentado incluso en algunos medios de información de tal orientación política). Por un lado, tenemos las personas que tienen habitaciones o pisos disponibles que quieren aumentar sus ingresos alquilando tales espacios a turistas, y por el otro lado, el turista que busca un espacio más económico que el hotel y/o residencia. En esta relación, la institución necesaria es una compañía que ponga en contacto a las dos partes –al turista y al propietario de la casa o habitación-, compañías que se han extendido enormemente, y de las cuales Airbnb es la más conocida.

Hasta aquí la descripción de lo que debería pasar en teoría. Y, ¿quién se puede oponer a que una familia pueda conseguir unos ingresos extra a base de alquilar un espacio de su propia casa o de su propiedad? Se presenta así una alternativa a las grandes corporaciones hoteleras, que hasta ahora habían controlado la distribución de los espacios de hospedaje de tales ciudades turísticas.

La rebelión ciudadana en contra de los pisos turísticos

Como en el caso de otros ejemplos de “economía colaborativa” (como la compañía de transportes UBER, entre otros), nos encontramos que la distancia entre la teoría y la realidad es enorme, hasta tal punto que ha surgido una gran protesta ciudadana en todas las ciudades en las que los pisos turísticos se han expandido. Y muchas de estas ciudades están considerando no solo regularlos intensamente, sino incluso prohibirlos. ¿Por qué?

La respuesta es fácil de ver. En primer lugar, la existencia de tales pisos significa una gran molestia para las fincas y para los barrios donde existen estos pisos turísticos, pues es una población transeúnte, no ligada o conectada con el bario o fincas cuya movilidad y/o comportamiento y rompe con la cohesión y espíritu comunitario del lugar. La evidencia de ello es abrumadora. Hay barrios enteros en Barcelona, por ejemplo, que corren el peligro de diluir su carácter vecinal debido al elevado número de tales pisos.

Y para complicar todavía más esta situación, gran parte de estos pisos turísticos no están ni identificados, operan sin ningún tipo de regulación o protección del usuario y de los vecinos, y no ofrecen ninguna garantía ni de seguridad ni de calidad. En general no hay protección frente a dicha actividad mercantil, que contribuye muy poco al erario público, pues un gran número de estos pisos actúan ilegalmente, y no contribuyen, a través del pago de impuestos, a cubrir los gastos extras que su existencia implica. No es de extrañar, por lo tanto, que haya constantemente protestas ciudadanas en lugares donde existen estos pisos turísticos.

Y por si ello no fuera poco, la utilización de pisos turísticos disminuye la oferta de pisos de alquiler para gente normal y corriente, disparándose los precios de los alquileres. En Barcelona, desde 2015, estos alquileres han experimentado un crecimiento muy acentuado (un 15% anual), que es insostenible para la mayoría de la población, cuyos ingresos crecen mucho más lentamente. Hay una relación directa entre el número de pisos turísticos en un barrio, el crecimiento del precio de los alquileres, y el éxodo de vecinos a otros barrios con menos pisos turísticos.

Una protesta internacional. ¿Qué puede hacerse?

El equipo del profesor John Whitlow, de la City University of New York (también profesor visitante del JHU-UPF Public Policy Center), acaba de publicar un interesante estudio sobre cómo ciudades turísticas en EEUU (como Nueva York, San Francisco, Nueva Orleans, Seattle, Los Ángeles y Miami) están respondiendo a esta amenaza a la calidad de vida de los vecinos y a la identidad de los barrios. Entre tales intervenciones municipales están:

1. Limitaciones del número de días al año que una persona propietaria puede poner su piso o habitación a disposición de alquileres cortos. El número varía de 30 a 90 días. Todas las ciudades citadas, excepto Miami, aplican esta norma.

2. Provisión de permisos para establecer pisos turísticos solo en ciertos barrios de la ciudad, tal como exigen Miami y Nueva Orleans.

3. Exigencia de licencia y registro. Todas las ciudades exigen que tanto la agencia Airbnb (y otras agencias similares), así como las personas que alquilan sus espacios, estén licenciadas y registradas, exigiéndoles, además, que garanticen el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene.

4. Deben pagar impuestos, exigencia presente en todas las ciudades, como condición para ejercer tal tipo de actividad comercial.

5. Notificación al ayuntamiento de las personas que alquilan estos espacios y de los inquilinos que ocupan tales espacios.

6. Aprobación por parte del ayuntamiento del tipo de vivienda que puede ponerse al mercado como piso turístico, estableciendo normas de espacio. Solo Nueva Orleans excluye este requerimiento. Todas las demás lo tienen.

7. Todas las personas que ofrecen pisos turísticos tienen que ser residentes de la ciudad. Las personas no residentes no pueden comercializar su vivienda para pisos turísticos. Esta regulación tiene como objetivo dificultar que empresas de capital-riesgo compren propiedad inmobiliaria para transformarla en pisos turísticos.

Y el informe termina indicando que el nivel de requerimientos está expandiéndose rápidamente, a medida que la ciudadanía se está quejando más y más por las molestias que tales pisos turísticos están creando. En realidad, una ley muy popular que se está expandiendo es que los vecinos de una finca puedan votar sobre permitir o no que hayan pisos turísticos en aquella finca. Cuando tal ley se aplica tiene un impacto muy inmediato, parando y revirtiendo dicha expansión. En realidad, el enfado ciudadano está alcanzando tal nivel, que el tipo de sanciones por violaciones de las normas definidas anteriormente está aumentado. Entre ellas, en todas las ciudades citadas (excepto en Los Ángeles) se multa a los propietarios de pisos y a Airbnb con entre 500 y 2.000 dólares por día en casos de violación de las normas municipales. Y el propietario puede ser llevado a los tribunales en caso de que los vecinos de quejen de las molestias originadas por los pisos turísticos. El informe (puesto en mi web http://www.vnavarro.org) detalla, ciudad por ciudad, las normas y regulaciones. Todo ello parece indicar que no es descartable, en un futuro próximo, que tal enfado alcance niveles de indignación y que pasen a aprobarse leyes de prohibición de la existencia de tales pisos turísticos, pues no hay duda que su existencia está deteriorando el bienestar y la calidad de vida de los barrios en las ciudades. Su existencia es una prueba más del impacto sumamente negativo de las políticas neoliberales aplicadas en el diseño del desarrollo urbano. La mercantilización de todas las dimensiones de la actividad humana está llevando a un deterioro muy notable de la calidad de vida de la ciudadanía. Y lo que es sorprendente es que a este desarrollo algunas voces que se definen como progresistas lo llamen “progreso”.

La debilidad de los ayuntamientos en Catalunya y en el resto de España

Una de las mayores diferencias entre el poder municipal en Catalunya y España, y el poder municipal en EEUU, es la enorme debilidad de los ayuntamientos catalanes y españoles, debilidad que caracteriza a los Estados del sur de Europa, donde las fuerzas conservadoras han dominado tales Estados por periodos más largos de tiempo en los siglos XX y XXI. Es precisamente donde las izquierdas han gobernado durante más tiempo (como en los países escandinavos) donde los ayuntamientos tienen mayor poder, mientras que es en el sur de Europa, donde las derechas han sido más poderosas, donde los ayuntamientos son más débiles. Esta falta de poder en el nivel del Estado más próximo a la ciudadanía limita enormemente la incidencia de la ciudadanía en el desarrollo de las políticas públicas que afectan con mayor intensidad a su calidad de vida y bienestar.

Considerando la debilidad de los ayuntamientos en España, es de aplaudir que el Ayuntamiento de Barcelona haya ofrecido un liderazgo, reconocido internacionalmente, para limitar el daño creado por los pisos turísticos a la calidad de vida de los vecinos en Barcelona. Predeciblemente las fuerzas conservadoras y neoliberales, que continúan teniendo un enorme poder político y mediático en España (incluyendo Catalunya), y Airbnb han intentado demonizar al ayuntamiento, manipulando y mintiendo, presentando las acciones de este como excesivamente radicales, motivadas por razones ideológicas anticuadas, ocultando que en otras ciudades tales medidas ya se han desarrollado y han probado ser altamente populares. El mérito del Ayuntamiento de Barcelona es el de haberse enfrentado a tales intereses, con el coraje que caracteriza a la alcaldesa Ada Colau, que ha sido aplaudido en muchas otras ciudades, las cuales se han inspirado en ella. Este aplauso debe ir acompañado de la denuncia a la Generalitat de Catalunya, controlada por las fuerzas conservadoras y neoliberales (y cuyos medios públicos de información y persuasión promueven Airbnb), que predeciblemente ha dificultado los pasos que el ayuntamiento deseaba tomar y que la ciudad se merecía. ¿Hasta cuándo continuará ignorando un clamor popular frente a esta situación que se está convirtiendo en una pesadilla para miles y miles de ciudadanos?

El retorno de Karl Marx para entender lo que está pasando en el capitalismo avanzado

8 julio, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 30 de mayo de 2017.

Este artículo contrasta la cobertura no solo de los medios de información económica, sino incluso de los rotativos en general, sobre pensamientos críticos con la sabiduría convencional del país, tales como el marxismo. El artículo señala que, como bien ha reconocido The Economist, el semanario de orientación liberal más conocido en el mundo occidental, el economista Marx llevaba bastante razón en su análisis del capitalismo, una opinión que sería impensable que se diera en los medios españoles, donde el sesgo conservador y neoliberal es tan dominante que excluye cualquier pensamiento crítico.

En una de las columnas más conocidas del semanario The Economist, la columna Bagehot (a cargo de Adrian Wooldridge), se acaba de publicar un artículo en su número del 13 de mayo que sería impensable que apareciera en las páginas de cualquier revista económica de España de semejante orientación liberal a la que tiene tal semanario. En realidad, no solo en cualquier revista económica, sino en cualquiera de los mayores medios de información de este país (incluyendo Catalunya) tal tipo de artículo nunca podría haberse publicado.

Bajo el título El momento marxista, y el subtítulo Los laboristas llevan razón: Karl Marx tiene mucho que enseñar a los políticos de hoy en día, la columna Bagehot analiza el debate existente entre el dirigente del Partido Laborista del Reino Unido, el Sr. Jeremy Corbyn, y su ministro de Economía y Hacienda en la sombra, el Sr. John McDonnell, por un lado, y los dirigentes del Partido Conservador así como los rotativos conservadores Daily Telegraph y Daily Mail, por el otro. Definir tal intercambio como debate es, sin embargo, excesivamente generoso por parte de la columna Bagehot, pues la respuesta de los rotativos conservadores y de los dirigentes conservadores a los dirigentes laboristas es una burda, grosera e ignorante demonización de Marx y del marxismo, confundiendo marxismo con estalinismo, cosa que también se hace constantemente en los mayores medios de comunicación españoles, en su mayoría también de orientación conservadora o neoliberal.

Los aciertos de Marx según Bagehot, de The Economist

Una vez descartados los argumentos de la derecha británica, la columna Bagehot pasa a discutir lo que considera las grandes profecías de Karl Marx (y así las define) para entender lo que está ocurriendo hoy en el mundo capitalista desarrollado, señalando que muchas de sus predicciones han resultado ser ciertas. Entre ellas señala que:

1. La clase capitalista (que en la columna Bagehot se insiste que continúa existiendo, aunque no se utilice tal término para definirla), que es la clase de los propietarios y gestores del gran capital productivo, está siendo sustituida –como anunció Marx- cada vez más por los propietarios y gestores del capital especulativo y financiero, que Marx (y la columna Bagehot) consideran parasitarios de la riqueza creada por el capital productivo. Esta clase parasitaria es la que, según dicha columna, domina al mundo del Capital, siendo tal situación la mayor responsable del “abusivo” y “escandaloso” (término que Bagehot utiliza) crecimiento de las desigualdades. Los primeros han conseguido cada vez más beneficios a costa de todos los demás. Y para mostrarlo, el columnista del The Economist señala que mientras en 1980 los chief executives de las 100 empresas británicas más importantes ingresaban 25 veces más que el típico empleado de sus empresas, hoy ganan 130 veces más. Los equipos dirigentes de tales entidades inflaron sus ingresos a costa de sus empleados, recibiendo a la vez pagos (además del salario), de las empresas a través de acciones, pensiones y otros privilegios y beneficios. De nuevo, la columna Bagehot, señala que Marx ya lo predijo y así ocurrió. Es más, la columna Bagehot descarta el argumento que tales remuneraciones se deban a lo que el mercado de talentos exige, pues la mayoría de estos salarios escandalosos de los ejecutivos se los han atribuido ellos mismos, a través del contacto que tienen en los Comités Ejecutivos (Executive Boards) de las empresas.

Marx llevaba bastante razón

2. Marx y Bagehot cuestionan la legitimidad de los estados, instrumentalizados por los poderes financieros y económicos. La evidencia acumulada muestra que el maridaje del poder económico y político ha caracterizado la naturaleza de los Estados. La columna Bagehot hace referencia, por ejemplo, al caso Blair (dirigente de la 3ª Vía), que de dirigente del Partido Laborista, una vez dejado el cargo político, pasó a ser asesor de entidades financieras y de regímenes impresentables. En España podríamos añadir una larga lista de expolíticos que hoy trabajan para las grandes empresas, poniendo a su servicio todo el conocimiento y contactos adquiridos durante su cargo político.

3. Otra característica del capitalismo predecida por Marx –según la columna Bagehot- es la creciente monopolización del capital, tanto productivo como especulativo, que está ocurriendo en los países capitalistas más desarrollados. Bagehot señala como tal monopolización ha ido ocurriendo.

4. Y, por si no fuera poco, Bagehot señala que Marx también llevaba razón cuando señaló que el capitalismo por sí mismo crea la pobreza a través del descenso salarial. En realidad, Bagehot aclara que Marx hablaba de “inmiseración”, que es –según el columnista- un término algo exagerado pero cierto en su esencia, pues según tal columnista los salarios han ido bajando y bajando desde que empezó la crisis en 2008, de manera tal que, al ritmo actual, la tan cacareada recuperación no permitirá que se alcancen los niveles de empleo y nivel salarial de antes de la Gran Recesión en muchos años.

Es más, además de estas grandes predicciones, la columna Bagehot afirma que la presente crisis no se puede entender sin entender los cambios dentro del capital, por un lado, y el crecimiento de la explotación de la clase trabajadora, por el otro, tal como señaló Marx.

¿Se imagina el lector a algún gran diario español, sea o no económico, que hubiera permitido un artículo como este? The Economist es el semanario liberal más importante del mundo. Y promueve tal ideología. Pero algunos de sus principales columnistas son capaces de aceptar que, después de todo, Marx, el mayor crítico que ha tenido el capitalismo, llevaba bastante razón. Sería, repito, impensable que en este país, tan escorado a la derecha como resultado de una transición inmodélica de una dictadura fascista a una democracia tan limitada, no solo un rotativo liberal, sino cualquier mayor rotativo, publicara tal artículo con el tono y análisis que lo hace una de las mayores columnas de tal rotativo, firmada por uno de los liberales más activos y conocidos. Esta columna y la persona que está a cargo de ella, sin embargo, no se han convertido al marxismo. Pero reconocen que el marxismo –que en este país ha sido definido por algunas voces como anticuado, irrelevante o cosas peores- es una herramienta esencial para entender la crisis actual. En realidad, no son los primeros que lo han hecho. Otros economistas han reconocido esta realidad aunque, por regla general, tales economistas no se enmarcan en la sensibilidad liberal. Paul Krugman, uno de los economistas keynesianos más conocidos hoy en el mundo, dijo recientemente que el economista que mejor había predicho y analizado las periódicas crisis del capitalismo, como la actual, había sido Michał Kalecki, que perteneció a tal tradición.

Donde la columna Bagehot se equivoca, sin embargo, es al final del artículo, cuando atribuye a Marx políticas llevadas a cabo por algunos de sus seguidores. Confundiendo marxismo con leninismo, la columna concluye que la respuesta histórica y la solución que Marx propone serían un desastre. Ahora bien, que el leninismo tuviera una base en el marxismo no quiere decir que todo marxismo fuera leninista, error frecuentemente cometido por autores poco familiarizados con la literatura científica de dicha tradición. En realidad, Marx dejó para el final su tercer volumen, que tenía que centrarse precisamente en el análisis del Estado. Por desgracia, nunca pudo iniciarlo. Pero lo que sí que escribió sobre la naturaleza del capitalismo ha resultado bastante acertado, de manera tal que no se puede entender la crisis sin recurrir a sus categorías analíticas. La evidencia de ello es claramente contundente y el gran interés que ha aparecido en el mundo académico e intelectual anglosajón, y sobre todo en EEUU y el Reino Unido (donde se publica The Economist), es un indicador de ello. Pero me temo que lo que está ocurriendo en aquellas partes del mundo no lo verá en este país, donde los mayores medios de información son predominantemente de desinformación y persuasión.

El derecho a morir con dignidad

2 junio, 2017

Fuente: http://www.blogs.publico.es

DICIEMBRE 31, 2013

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Vicenç Navarro. Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra

Muchos somos los que hemos visto a personas muy queridas que, debido a la enfermedad que tenían, tuvieron una muerte larga, penosa, dolorosa y humillante. Y era la propia persona que se estaba muriendo la que deseaba morir lo más pronto posible, irse sin pena y sin dolor, y sobre todo, con dignidad. Y, en cambio, era muy poco lo que el enfermo y sus familiares podían hacer para ayudarle. La ley no lo permite.

La mayor razón de ello es un prejuicio religioso que, como en el caso del aborto, habla de la santidad de la vida, sin ser sensible al significado y calidad de dicha vida. Está, como todo sentimiento religioso, basado en fe, en creencias, y escapa a cualquier raciocinio. Y es un indicador más del enorme poder que tiene la Iglesia y de su influencia negativa en la cultura popular que tal posibilidad ni siquiera haya sido considerada por los llamados representantes de la población.

Ni que decir tiene que es un tema complejo, pues puede dar pie a abusos, es decir, que este derecho fuera utilizado por los familiares o personas próximas al enfermo como manera de aliviar su propia incomodidad, añadiendo presión al enfermo para que firmara y diera su consentimiento para que le ayudasen a morir. Pero hay mecanismos y regulaciones que pueden disminuir la posibilidad de este abuso, adquiriendo, por ejemplo, la autorización en un momento de mayor normalidad en el que el paciente pueda decidir en una situación menos estresante, o incluso cuando no estuviera enfermo en fase terminal.

Así se está haciendo en cuatro Estados de EEUU: Oregón, Washington, Vermont y Montana. Y la popularidad de dicha medida explica que otros Estados estén considerando aprobar leyes semejantes. La intervención pública permitiendo la muerte asistida por personal sanitario se llama Death with Dignity Act (ley del derecho a morir con dignidad), y se está extendiendo a lo largo de EEUU. Ello es un indicador de la pérdida de influencia de las religiones en la sociedad. En realidad, ha sido la constante de las religiones, y muy en particular de las iglesias cristianas (y más concretamente de la Iglesia Católica) el valorar el dolor como instrumento de redención y purificación, concepción que adquiere mayor contundencia en el proceso del final de la vida, camino –según dichas religiones– hacia el otro mundo, donde se desarrolla la plena realización de aquel ser. Tal creencia tiene que respetarse por mera coherencia democrática. Cualquier ciudadano tiene el derecho a practicar su religión, según los cánones que marque su iglesia. Ahora bien, este mismo ciudadano no puede imponer sus creencias al resto de la sociedad, tal como las iglesias desean, y muy en particular la Iglesia Católica española, que tradicionalmente ha tenido una relación privilegiada con el Estado español, tanto durante los periodos dictatoriales como en los escasos periodos democráticos que España ha tenido en su historia. La Iglesia Católica española no solo no es un instrumento democrático, sino que es antidemocrático, puesto que nunca ha aceptado que sus creencias son particulares (es decir, debieran afectar solo a sus creyentes) y no universales (es decir, que apliquen a toda la ciudadanía).

Y la dirección ultrarreaccionaria de la Iglesia Católica, que fue durante la dictadura parte del Estado fascista (los clérigos eran pagados por el Estado y los obispos nombrados por el dictador), nunca ha aceptado que sus creencias y sanciones no deben transformarse en políticas públicas en un sistema democrático. Hacerlo, como está ocurriendo en España, es de una enorme insensibilidad democrática, además de una gran crueldad e inhumanidad. Negar el derecho a morir sin dolor y con dignidad a las personas como consecuencia de un mandato de su Dios, es delegar la gobernanza de un país a un poder terrenal no democrático que utiliza un poder supuestamente divino (que nadie ha elegido) para controlar a la población. Han sido un error grave el excesivo respeto y docilidad mostrados por las izquierdas a las imposiciones de un poder fáctico que ha dañado tanto y continúa dañando a la población, y todo ello en nombre de su Dios.

Cómo el poder de género, además del poder de clase, explica también el subdesarrollo social de España (parte 2)

26 mayo, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 1 de marzo de 2017.

Este artículo muestra que la mayor causa del subdesarrollo del Estado del Bienestar se debe no sólo al poder de la clase dominante, sino también al poder del género dominante. Ello se nota predominantemente en el subdesarrollo de los servicios de ayuda a las familias, que son en realidad servicios de ayuda a las mujeres debido a que en España familia quiere decir mujer.

En un artículo anterior expliqué cómo el gran poder e influencia de las clases dominantes en España sobre el Estado (bien sea central o autonómico) ha causado el enorme subdesarrollo de los servicios y transferencias públicos de su Estado del Bienestar (“Las consecuencias del poder de clase: el subdesarrollo social de España (parte 1)”, Público, 23.02.17). En este artículo voy a mostrar cómo el poder de género determina que dentro de la pobreza y el subdesarrollo del Estado del Bienestar, aquellos servicios que tienen menos recursos y están menos desarrollados, son aquellos que afectan particularmente a las mujeres, y que son los servicios de ayuda a las familias, tales como escuelas de infancia -mal llamadas guarderías en España-, y los servicios domiciliarios a las personas con dependencia.

Para mostrar la gran pobreza de recursos públicos para la mujer es importante contrastar el desarrollo de tales servicios del Estado del Bienestar en Suecia (país que ha sido gobernado por las izquierdas por la mayoría del periodo de tiempo que va desde la II Guerra Mundial hasta ahora) con los existentes en España (gobernada por fuerzas y partidos conservadores durante la mayoría del mismo periodo, que va desde los años cuarenta a este año. El contraste en el desarrollo de tales servicios de ayuda a las familias es enorme. De ahí que debamos preguntarnos: ¿Cuáles son las diferencias en la financiación y desarrollo de tales servicios públicos del Estado del Bienestar en los dos países, y por qué estas diferencias? Y para explicarlo permítaseme que el artículo adquiera un tono personal, pues creo que es la manera más didáctica de señalar tal diferencia y el por qué de tales diferencias.

Cuando tuve que irme de España debido a mi participación en la resistencia antifascista a principios de los años sesenta, fui a Suecia (cuyo partido gobernante, por cierto, había ofrecido gran ayuda a la resistencia contra la dictadura en este país). Y fue así como conocí a la que ha sido mi esposa durante más de cincuenta años. Mi esposa es sueca, y mi suegra era también sueca. Hace casi veinte años que mi suegra, que entonces tenía 78 años, se cayó y se rompió el fémur, una situación que ocurre con bastante frecuencia entre los ancianos. En realidad, la misma semana mi madre, de 92 años, que vivía en Barcelona, también se cayó y se rompió el fémur. Así pues, tuve la oportunidad de ver cómo la sociedad sueca cuidaba a mi suegra, y cómo la española cuidaba a mi madre.

Los servicios de atención a las personas con dependencias: comparando España con Suecia

En Suecia, mi suegra tenía el derecho individual (como ciudadana sueca, e independientemente de que tuviera o no familiares que pudieran atenderla) a tener cinco visitas al día de los servicios públicos domiciliarios para las personas con dependencias. Una visita por la mañana, venía, la despertaba, y le preparaba el desayuno; otra venía al mediodía y le preparaba la comida; otra venía por la tarde y la llevaba a pasear en una silla de ruedas o le hacía compañía en casa; otra venía más tarde a prepararle la cena y otra, a las dos de la madrugada, venía a ayudarla a ir al lavabo. Cinco visitas al día. Y mi suegra, como ciudadana sueca, lo veía como lo más natural del mundo. Y cuando cenaba yo con mi amigo, el entonces ministro socialista de Sanidad y Asuntos Sociales, me decía: “Vicenç, proveemos estos servicios por tres razones. Una porque es un servicio sumamente popular. Cuando las derechas (los conservadores y los liberales) gobiernan, no lo tocan pues saben que pagarían un coste electoral si lo redujeran. La segunda razón es que es más económico tener a tu suegra en su casa que en una institución. Y la tercera razón es que creamos empleo”. En Suecia, uno de cada cinco adultos trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar (tales como sanidad, educación, escuelas de infancia –que abren de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, con una gran riqueza de personal y recursos–, servicios domiciliarios –también con gran riqueza de recursos y personal–, servicios sociales, servicios de prevención de la exclusión social, servicios a la infancia y a la juventud, y servicios a la tercera edad, entre otros). En España no llegamos ni a uno de cada diez adultos. En realidad, si tuviéramos el mismo porcentaje de adultos trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar que tienen en Suecia, tendríamos unos 3,5 millones más de puestos de trabajo de los que tenemos, reduciendo espectacularmente el desempleo en España.

La pobreza de tales servicios de ayuda a las familias en España

Habiendo visto qué pasaba en Suecia, veamos qué pasaba en España y preguntémonos: ¿quién cuidaba a mi madre? En Barcelona no había tales servicios públicos. Los únicos que había los proveía el Ayuntamiento, pero eran solo para personas muy pobres y con una intensidad de atención muchísimo menor que en Suecia (dos visitas a la semana). Esta observación no es una crítica al Ayuntamiento de Barcelona, pues un ayuntamiento no puede abonar el coste de tal servicio (en Suecia lo pagan, aparte de los ayuntamientos, el gobierno regional, el Estado central y el usuario, que contribuye con parte de su pensión). En Barcelona había unos servicios privados que le costaban un riñón al usuario. Eran muy caros (aun cuando la mayoría de las trabajadoras empleadas en el servicio domiciliario eran ecuatorianas, a las que se pagaba pésimamente). El elevado precio de tales servicios privados implicaba que no fueran accesibles para las clases populares.

La pregunta, pues, continúa: ¿quién cuidaba a mi madre? Y la respuesta la conoce cualquier mujer en España: mi hermana, de mi edad. La mujer española cubre las enormes insuficiencias del Estado del Bienestar español, con un coste humano enorme. La mujer española tiene tres veces más enfermedades debido al estrés que el hombre. Tiene también un coste social elevado, pues la sobrecarga de la mujer explica que España tenga una de las fertilidades (número de niños por mujer fértil) más bajas del mundo. La mujer española cuida (dentro de la familia) a los infantes, a los jóvenes (que viven en casa de los padres hasta los 29 años como promedio), a sus parejas y a los ancianos, y, además, el 53% trabaja también en el mercado laboral. Ser mujer en España es ser un ser humano estresado por tantas responsabilidades, y con escasísima (prácticamente nula) ayuda por parte del Estado.

Y todo ello ocurre en una sociedad que se define como “muy pro familiar” en la que la familia es supuestamente el centro de la sociedad. La hipocresía de la estructura de poder dominada por los hombres (responsable del subdesarrollo del Estado del Bienestar, como mostré en mi artículo anterior) aparece, entre otros muchos casos, en la narrativa oficial del país, que se presenta como “muy pro familiar” que contrasta con el nulo apoyo a la familia por parte del Estado, cuyas políticas públicas aquellas estructuras de poder determinan. El poder de clase y el poder del hombre (el género dominante en las estructuras del poder del Estado) explican la enorme pobreza de los servicios de ayuda a las familias (y en España, cuando decimos familia, decimos mujer). Y este subdesarrollo de estos servicios hace un daño tremendo a la mujer y a toda la sociedad.

El olvido a los infantes. La pobreza y subdesarrollo de las escuelas de infancia en España

Otro servicio de una enorme importancia para ayudar a las familias (y por lo tanto a la mujer) son las escuelas de infancia, un servicio muy poco desarrollado en España, y ello a pesar de la gran evidencia existente en la literatura científica que muestra que la inversión pública en las escuelas de infancia en un país es una de las inversiones más importantes que puede hacer un Estado, ya que el desarrollo emocional, psicológico e intelectual de un infante es esencial para el futuro de un país. Y tal desarrollo requiere de una interacción y socialización con otros seres humanos (además de las madres y los padres) desde una edad muy temprana.

De todo lo dicho hasta ahora es fácil deducir que el Estado (sea central, autonómico o local) debe desarrollar tres tipos de políticas públicas para ayudar a las familias (y, repito, por lo tanto a la mujer) a alcanzar una sociedad justa que intente eliminar todo tipo de explotación (tanto de clase como de género), una sociedad que sea humana, solidaria y amable, y que ayude a sus miembros a alcanzar la felicidad que todo ser humano merece. Una de estas intervenciones es la de establecer servicios de apoyo a las mujeres que les permitan compaginar sus responsabilidades familiares con su proyecto profesional. La otra intervención pública consiste en facilitar una revolución cultural, socializando al hombre en la corresponsabilización de las obligaciones familiares. Y la tercera intervención es facilitar la independización de los hijos e hijas de sus padres, dejando el hogar familiar a edades más tempranas que ahora. No es bueno para una sociedad que los hijos e hijas vivan con los padres hasta que tienen 29 años como promedio. No deberían sobrepasar los 18 años. Eso requiere toda una serie de intervenciones que faciliten su emancipación.

Debe establecerse el 4º pilar del bienestar: ¿qué es este pilar?

Está claro que la liberación de la mujer es una exigencia para el bienestar de toda la sociedad, hecho poco apercibido por las clases dominantes en España. El número de hijos e hijas que desean las familias españolas es 2 por familia (número que es también bastante común a los dos lados del Atlántico Norte). Y en España es donde el número actual (1,32) es más distante del deseado, solo por delante de Grecia (de entre los países de la UE-15). Por otra parte, tenemos evidencia de que la mayoría de mujeres desea desarrollar una profesión o trabajo en el mundo laboral, situación que es de una gran importancia económica, pues la entrada de la mujer en el mercado de trabajo es una condición sine qua non para aumentar la riqueza del país (trabajo quiere decir riqueza), así como para crear empleo. La entrada de la mujer al mercado laboral crea la necesidad de crear puestos de trabajo para realizar los servicios personales que antes realizaba como ama de casa.

De ahí que facilitar esta integración de la mujer en el mercado de trabajo sea una exigencia humana y también económica. Y esto es lo que vieron los gobiernos suecos ya en los años sesenta. Tuve el enorme privilegio entonces de conocer a Alva Myrdal, que con su esposo, Gunnar Myrdal (más tarde Premio Nobel de Economía), establecieron las bases de las políticas familiares en Suecia. Ya en los años cincuenta, el gobierno sueco era consciente que en un futuro próximo faltarían personas para ocupar los puestos de trabajo. De ahí que el gobierno sueco considerara dos alternativas para resolver tal problema. Una hubiera sido la de facilitar la inmigración y abrir las fronteras ampliamente. La otra era facilitar la integración de la mujer en el mercado de trabajo, que es la que escogieron. En España se escogió siempre la primera alternativa (facilitar la inmigración) sobre la segunda alternativa (ayudar a la integración de la mujer al mercado de trabajo), en parte debido al dominio de las derechas y del mundo empresarial sobre las instituciones políticas (el inmigrante, por su condición de inmigrante, con menor protección social, acepta salarios más bajos y condiciones de trabajo peores). De ahí que Suecia tenga el porcentaje mayor de mujeres en el mercado de trabajo, y España tenga uno de los porcentajes menores. Una condición para la integración de la mujer en el mercado laboral es facilitar su integración estableciendo unos servicios de ayuda a las familias, como escuelas de infancia y servicios domiciliarios para las personas con dependencias (tal como hicieron en Suecia), lo que se conoce en España como el 4º pilar del bienestar. Tales servicios están muy poco desarrollados en España.

¿Hay posibilidades de que se establezca el 4º pilar del bienestar en España?

Sí que las hay. Pero ello requiere una gran presión social. Y sería de desear que el movimiento feminista hiciera suya esta campaña. Me explicaré. Y permítaseme que, de nuevo, me refiera a mi experiencia personal.

Desde que me integré en España de nuevo, hace ya muchos años, he intentado ayudar a todas las fuerzas progresistas que desean mejorar la muy mejorable situación social y económica de las clases populares. Dirijo el Programa de Políticas Públicas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), y desde allí intento poner mi conocimiento al servicio de aquellos gobiernos, partidos políticos, sindicatos o movimientos sociales que me pidan ayuda para facilitar su compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida de las clases populares. Entre los profesores del programa tengo la suerte de contar con el economista Josep Borrell. Su enorme experiencia en los gobiernos de España y en el Parlamento Europeo, y su gran sensibilidad social han sido de gran valía. Cuando fue elegido en las primarias del PSOE (contra el candidato oficial Joaquín Almunia) me llamó enseguida pidiéndome que le ayudara. Y nos encontramos en la estación de Sants. Siempre recordaré aquella tarde por lo que ocurrió. Me pidió que le ayudara y recuerdo que le dije que sí que le ayudaría, pero esta ayuda estaba condicionada a que se comprometiera, en caso de que fuera Presidente del gobierno español, a desarrollar diez políticas públicas. Y la primera era comprometerse a que se establecieran los servicios a las mujeres españolas que ya tenían las mujeres suecas, garantizando que tuvieran los mismos derechos que tenía la mujer sueca. Y cuando me preguntó el significado de tal promesa, le mostré una silla cercana a la que le faltaba una pata de las cuatro que debería tener y le dije: “el Estado del Bienestar en este país es como esta silla, tiene tres patas. Una es el derecho a la sanidad (un derecho, por cierto, todavía no formalizado), otra es el derecho a la educación, y la tercera es el derecho a la pensión (derecho que todavía no existe plenamente, aun cuando las pensiones no contributivas van en esta dirección). Pero no hay una cuarta pata, que es el derecho al acceso a los servicios de ayuda a las familias, que debería incluir el derecho a las escuelas de infancia y el derecho a los servicios domiciliarios (tal como ocurre en Suecia)”. Como era de esperar, Josep Borrell me preguntó cómo lo pagaríamos. Y yo, que sabía que me haría la pregunta, le propuse las medidas fiscales necesarias que serían populares y que la ciudadanía apoyaría, pues estarían basadas en aumentar la carga impositiva a las rentas derivadas de la propiedad del capital y de las rentas superiores. Borrell y yo titulamos a estos servicios, en recuerdo de la cuarta pata de la silla, el 4º pilar del bienestar, término que desde entonces ha hecho fortuna.

Cuando los socialistas gobernaron, de nuevo, más tarde, aceptaron una parte de la propuesta que hicimos, el establecimiento de los servicios domiciliarios (por desgracia, escasamente financiados y que los gobiernos conservadores en España, incluyendo en Catalunya, han reducido enormemente), sin establecer, sin embargo, las escuelas de infancia. El hecho de que se redujera la financiación de los servicios domiciliarios y ni siquiera se incorporaran las escuelas de infancia se debe a la escasa presión popular ejercida sobre los aparatos del Estado, escasa presión resultado del limitado poder de la mujer (y sobre todo de la mujer enraizada en las clases populares) en las instituciones políticas y en la sociedad civil. El machismo en España es muy fuerte, como ocurre en todas las sociedades con una intensa y extensa cultura religiosa.

Es cierto que hay cada vez más mujeres en las Cortes y en los centros de decisión. Pero mi experiencia en varios países donde he vivido y trabajado, me ha enseñado que el mero cambio de hombres por mujeres en las instituciones representativas no es suficiente para que la vida de la mayoría de las mujeres –que pertenecen a las clases populares– se beneficie de ello. Esto ha pasado con los hombres y pasará con las mujeres. Hay clases sociales dentro de los hombres y hay clases sociales dentro de las mujeres. A no ser que las mujeres en puestos de poder representen sobre todo los intereses de las mujeres de las clases populares (que constituye la mayoría de las mujeres en cualquier país), el bienestar de estas últimas no mejorará. Esto es lo que ha ocurrido con los negros en EEUU. No hay que olvidar que durante el mandato del Presidente Obama, el primer presidente de EEUU afroamericano, la calidad de vida y bienestar de la mayoría de los afroamericanos de clase trabajadora no mejoró. Y tampoco hay que olvidar que la mayoría de las mujeres de clase trabajadora no votaron a la feminista Hillary Clinton, sino al candidato Trump, que se presentó con un discurso y narrativa de clase apelando a la clase trabajadora blanca frente al establishment político-mediático representado –según Trump- por la candidata demócrata, la Sra. Hillary Clinton, que se presentó como la mujer feminista en defensa de las mujeres. La candidata del movimiento feminista, liderado por mujeres de clase media alta y por clase de renta alta, en el caso de la Sra. Clinton, nunca se dirigieron a la clase trabajadora y a su sufrimiento, consecuencia de la aplicación de las políticas liberales. De ahí que las mujeres de las clases populares votaran al candidato republicano Trump como rechazo a lo que representaba la Sra. Clinton, el “male dominated establishment” del Partido Demócrata, que en su día (hace ya muchísimos años, durante la época del Presidente Roosevelt) se consideraba el Partido del Pueblo.

De todo lo dicho en el artículo se debería concluir que los partidos progresistas deberían ser especialmente sensibles a las conexiones entre los dos tipos de explotación: el de clase y el de género. Este es el reto de las y los feministas en tales opciones políticas: tener en cuenta la dimensión de clase, priorizando siempre a las clases populares, y en este caso a las mujeres de tales clases para las cuales el desarrollo del 4º pilar del bienestar es esencial para mejorar su bienestar. Estos servicios y el cambio de actitud del hombre son elementos de enorme importancia en la liberación de la mujer -y también del hombre-, pues este último, al sostener y mantener su carácter explotador, disminuye y limita el potencial de su propio desarrollo emotivo, psicológico e intelectual. La evidencia de ello es abrumadora.

El resurgimiento del fascismo en España

19 mayo, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Vicenç Navarro, 3 de diciembre de 2013. 

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas.

Universidad Pompeu Fabra

Uno de los mitos que ha promovido la estructura de poder centrado en el estado español es que la dictadura que existió en España desde 1939 a 1978 fue un régimen autoritario pero no totalitario, distinción desarrollada por el politólogo Juan Linz, que ha tenido una gran influencia en la cultura politológica del mundo académico español, desde el que se ha extendido a los establishments políticos y mediáticos del país. Este autor dividió los regímenes dictatoriales en regímenes totalitarios, que promovían una ideología totalizante que intentaba cambiar la sociedad y a los individuos que vivían en ella, tal como -según Linz- lo hacían los regímenes comunistas, y en regímenes autoritarios, que eran regímenes que utilizaban el poder del estado para defender una estructura de poder mediante medios autoritarios, no democráticos, pero sin intentar cambiar la sociedad, careciendo de una ideología que la cohesionara y que intentara cambiarla. Según Linz, un ejemplo de ello fue el régimen liderado por el General Franco. Ni que decir tiene que los defensores y apologistas del régimen dictatorial español promovieron esta versión de lo que fue aquella dictadura, negando su carácter totalitario, portador y promotor de ideologías totalizantes.

Encuentro esta versión de lo que fue la dictadura profundamente apologética y propagandística, carente de credibilidad científica. Es importante señalar que España es uno de los pocos países en el que se conoce a aquella dictadura con el nombre de dictadura franquista. En la mayoría de países democráticos a esa dictadura, sin embargo, se la conocía y definía como fascista. Cuando, por ejemplo, el Sr. Samaranch fue a Atlanta, EEUU, para preparar los Juegos Olímpicos en aquella ciudad, el The New York Times se refirió a él como “el delegado de deportes del régimen fascista liderado por el General Franco”.

El término franquista, utilizado en España, conlleva la asunción de que aquella dictadura fue un régimen caudillista, es decir un régimen liderado por un caudillo cuyo objetivo era mantener el orden social del país, lo cual hacía utilizando medios autoritarios. En este esquema, desaparecido el dictador, desaparece la dictadura. Ahora bien, el régimen era mucho más que caudillista. La ideología que sostenía aquella dictadura era una ideología totalizante, que se reproducía predominantemente a través del estado y que sobrevivió al dictador y a la dictadura. Esta ideología fue el nacional-catolicismo, promovido por los aparatos ideológicos del estado, que afectaba a la totalidad de la sociedad y a los individuos que vivían en ella, invadiendo incluso las esferas más íntimas de la personalidad de los españoles, que incluían desde el comportamiento sexual, al idioma y cultura mediante los que el individuo debía expresarse. El régimen imponía toda una serie de normas de comportamiento y de pensamiento. En realidad, fue uno de los regímenes con una ideología más totalizante que hayan existido en Europa.

El nacionalismo españolista era un nacionalismo extremo, de carácter racista (el día nacional se llamaba el día de la raza), sumamente excluyente, que estaba basado en una visión imperial del Reino de España y con una concepción radial del estado, centrado en Madrid, la capital del Reino. España era la única nación del país y la más antigua de Europa y tenía una misión civilizadora. Otras concepciones de España eran reprimidas y eliminadas, definiéndoselas como anti España. Este nacionalismo españolista estaba intrínsecamente ligado al catolicismo clerical jerárquico español, que era parte del Estado español. No es que la Iglesia apoyara la dictadura; la Iglesia fue un componente claro de la dictadura, hecho que la jerarquía católica todavía hoy niega a pesar de la enorme evidencia de lo contrario. Los sacerdotes estaban pagados por el Estado y el dictador nombraba a sus obispos. La hipocresía de la Iglesia, negando esta realidad, alcanzaba niveles hiperbólicos.

Los aparatos apologéticos del Estado –incluso ahora, los existentes en la llamada época democrática- negaron las características de aquel estado, siendo la máxima expresión de este aparato el Diccionario Biográfico Español  promovido por nada menos que la Real Academia de la Historia, que une a su ausencia de rigor científico una desvergüenza antidemocrática. Un gran número de sus capítulos solo pueden definirse como meros panfletos ultraderechistas que en muchos países democráticos estarían prohibidos o serían ampliamente rechazados.

Aunque estos volúmenes alcanzan niveles extremos de reproducción de esa visión nacional-católica españolista, el hecho es que esa ideología impregna a grandes sectores de la sociedad española. Cuarenta años de dictadura, seguidos de treinta y cinco años de una democracia enormemente limitada y supervisada por la Monarquía y por el Ejército, han imposibilitado el cambio profundo de esta ideología, que la derecha española (que, en el abanico de opciones políticas europeo, encaja en la ultraderecha) y personalidades de la socialdemocracia española como José Bono y compañía (entre otros) sostienen.

Declaraciones recientes de dirigentes españolistas reproducen esta ideología. Ejemplos: El Sr. Aznar sostiene que “España es la nación más antigua de Europa”, el cardenal Rouco que “cuestionar la unidad de España es inmoral”, el Sr. Bono que “la grandeza de España se basa en su unidad” y un largo etcétera. En estas declaraciones, la unidad implica una visión excluyente de España que no admite otro tipo de Estado plurinacional que no sea el actual mononacional.

Esta visión está alcanzando un nivel asfixiante con las medidas represivas que el actual gobierno del PP está imponiendo como la de multar con 30.000 euros a lo que un policía –la mayoría de mentalidad de derechas- defina como un insulto a España, medida altamente represiva que recuerda a la dictadura. Es el reavivamiento del fascismo que nunca nos dejó.

Una última observación. Este sistema totalizante se reproduce también a través de los medios. Existe hoy una dictadura mediática –sí, una dictadura mediática- que no permite la diversidad ideológica que debería estar presente en una democracia. Un ejemplo de ello es que este artículo no sería aceptado para su publicación en ninguno de los cinco rotativos más importantes de España. De ahí que tenga que pedirle al lector que, independientemente de su acuerdo o desacuerdo con su contenido, lo distribuya ampliamente, por mera coherencia con su sensibilidad democrática.

¿Quién acosa a quién? La desvergüenza de ‘El País’

15 abril, 2017

Fuente: http://www.elpais.com

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 15 de marzo de 2017.

Este artículo responde a la acusación que El País hizo al profesor Navarro cuando lo acusó en sus páginas de acosarles. El artículo muestra que la realidad es precisamente al revés. El artículo señala también la gran derechización que ha ido experimentando este rotativo como consecuencia del creciente dominio de su accionariado por parte de empresas financieras, convirtiéndolo en un instrumento de batalla contra las escasas voces críticas que existen en el mundo intelectual y político del país.

El día 7 de marzo de 2017 El País escribió un editorial en el que hacía suyas las acusaciones –que había hecho el día anterior la Asociación de la Prensa de Madrid- al partido Podemos por acoso a los periodistas que proveían información desfavorable a los intereses de tal formación política. En la siguiente página donde se publicó tal editorial, aparecía una columna que intentaba mostrar ejemplos de dicho acoso, incluyendo en aquella lista un artículo que escribí el pasado 14 de febrero en Público, titulado “La desinformación y manipulación de los medios sobre Vistalegre”.

Aconsejo al lector que se lea tal artículo (que adjunto aquí), en el que hago una crítica de informaciones aparecidas en los mayores rotativos, incluyendo El País, en su cobertura del Congreso de Vistalegre II de Podemos. También, por cierto, le aconsejo que lea artículos anteriores en los que critico detalladamente el comportamiento del equipo editorial y periodistas de El País (véase “Las manipulaciones y mentiras en El País”, 30.12.14).

Verá el lector que en ninguna parte de mis textos hay ningún insulto o amenaza o cualquier otro comportamiento que pueda encajar en la categoría de acoso. Lo que hago es mostrar la falta de veracidad de sus informaciones, y su tono claramente ofensivo en muchos de sus reportajes cuya intención no es la de informar sino la de persuadir, creando un clima hostil hacia Podemos.

La falta de veracidad de El País

El caso más claro de falta de veracidad es cuando El País publicó una noticia informando que Pasqual Maragall (que fue primero alcalde de Barcelona y presidente de la Generalitat de Catalunya más tarde) fue abucheado cuando entró en el Pavelló de la Vall d’Hebron (lleno a rebosar) donde se iba a celebrar un acto de Podemos, con una presentación por parte de Pablo Iglesias. Los miles de personas que abarrotaban el recinto fueron testigos de la enorme falta de veracidad de aquella noticia, pues no solo no fue un abucheo, sino que fue precisamente lo contrario: una gran ovación a uno de los alcaldes más populares que Barcelona haya tenido, popularidad incluso más acentuada en los barrios obreros como la Vall d’Hebron. Pero esta falta de veracidad fue acompañada de un intento de ocultación, rechazando la publicación de una carta de corrección que escribí al director del rotativo con la esperanza de que la falsa noticia fuera un error del periodista (resultado de, puede, no saber distinguir entre abucheo y ovación). En esta carta no había tampoco insultos ni amenazas (que me desagradan profundamente, como bien sabe cualquier lector familiarizado con mis escritos), o ningún tipo de acoso. Pedí que hicieran una corrección, que se negaron a hacer. Es ahí que pude ver que no era un error sino una grosera manipulación, indigna de tal rotativo.

La enorme agresividad y manipulación

Esta falta de veracidad va acompañada de un comportamiento abusivo e insultante que apareció en su cobertura de los debates que han existido en Podemos y en el momento del Congreso de Vistalegre II. Las legítimas diferencias entre Pablo Iglesias e Iñigo Errejón sobre la estrategia política a seguir fueron presentadas como una mera lucha por el sillón, presentándolas nada menos que como algo parecido a la lucha entre Stalin y Trostky, que terminó con el asesinato del segundo por parte del primero. Es imposible, por muy ignorante de la historia que fuera, que el autor de tal analogía no supiera que esa comparación era abusiva en extremo, publicada única y exclusivamente con el deseo de crear animosidad hacia el supuesto asesino potencial, el Sr. Pablo Iglesias. Critiqué dicho comportamiento agresivo en el articulo “La desinformación y manipulación de los medios sobre Vistalegre”, artículo presentado por El País como un ejemplo de acoso a los autores de tales falsedades y manipulaciones, acusándome a mí en las páginas del rotativo de atacar a la libertad de prensa y al derecho de información.

Ante tal acusación, escribí una carta al Director (ver aquí). El País no quiso publicar la carta. En su lugar publicó tres cartas que apoyaban a El País y añadían más insultos a Podemos. Cabe entonces preguntarle a dicho diario: ¿quién está violando las normas básicas de un fórum que dice defender la libertad de prensa? Es El País el que está violando las más mínimas reglas de conducta profesional, manipulando, falseando e insultando a aquellos a los que considera sus adversarios. Junto con un gran número de rotativos, es un instrumento de batalla y propaganda que carece de vocación y compromiso de respetar y promover la diversidad de opiniones, esencial en un fórum que aspira a ser portavoz de la libertad de expresión que sistemáticamente viola. Es obvio que ese rotativo ha dejado de serlo desde hace ya tiempo, alcanzando niveles extremos bajo la dirección de Antonio Caño (Ver “El sesgo profundamente derechista de Antonio Caño, el nuevo director de El País”, Público, 24.02.14, o “La supuesta imparcialidad del director de El País, Antonio Caño”, El Plural, 11.08.14). Ello explica el temor que existe entre los políticos e intelectuales de este país, que no se atreven a enfrentarse al Cuarto Poder (mero instrumento de intereses financieros y económicos) que, sin ningún reparo, milita y batalla para reducir la diversidad de opiniones, no solo en sus páginas, sino también en la sociedad, incluyendo a aquellas fuerzas políticas y voces críticas con el orden establecido por aquellos poderes fácticos que los poseen y/o influencian. De ahí la importancia de mostrar tales medios por lo que son. Y aplaudo a los pocos políticos que se atreven a enfrentárseles denunciando su comportamiento profundamente antidemocrático.

Sería muy deseable que hubiera en España asociaciones en defensa de la libertad de prensa que sistemáticamente presentaran casos claros de manipulaciones, mentiras y errores de los medios, tal como ocurre en EEUU con Extra o Fair. La muy limitada democracia en España (incluyendo Catalunya) los necesita como el aire que respiramos.

¿A dónde va El País?

Creo que es evidente que El País se ha ido moviendo más y más hacia posturas de derechas, e incluso de ultraderecha, mostrando comportamientos que hasta entonces habían caracterizado a La Razón o al ABC, y que en las áreas económicas ha significado un apoyo claro a las políticas públicas de claro corte neoliberal (reformas laborales y recortes del gasto público) que han llevado al país a un desastre. Apoyó las medidas iniciadas en esta dirección por el PSOE, justificándolas como “necesarias debido a la extrema gravedad de la situación” (13.05.2010). La crisis estaba afectando al país y al rotativo que llevaba su nombre, de manera que las acciones de dicha empresa (el grupo PRISA) cayeron un 87% y su deuda llegó a los 5.000 millones de euros. Las políticas desarrolladas para rellenar este vacío condujeron a lo que Marina Vallejo Valcárcel ha llamado la financiarización de El País. El accionariado del diario pasó de ser propiedad de la familia Polanco (que en 2009 tenía el 71% de todas las acciones), a solo el 19% en 2010. Grandes bloques financieros pasaron a ser sus propietarios. El grupo Liberty pasó a poseer más del 50% de las acciones, tal como documenta Marina Vallejo (en un interesante informe, La deriva ideológica de El País: del socialismo a Ciudadanos, realizado para la Facultad de Comunicaciones de la UPF, del cual extraigo la mayoría de os datos que aquí presento). Entre el nuevo accionariado de PRISA destaca el sultán catarí Ghanim Al Hodaifi Al Kuwati, que inyectó 75 millones de euros, consiguiendo el 10% de las acciones; el banco británico HSBC (9,6% de las acciones); el empresario mejicano Roberto Alcántara (9,3% de las acciones); Caixabank (9%); Banco Santander (4,6%) y Telefónica (4,5%). Esta financiarización reforzó este enorme sesgo neoliberal del rotativo, que Marina Vallejo muestra analizando los titulares y fotografías de las portadas del rotativo. El número de portadas favorables al PP y de “noticias favorables al PP y al Sr. Rajoy” aumentaron más tarde significativamente. Este sesgo fue acompañado de una gran hostilidad hacia el 15-M, al cual intentó comparar desde el principio con ETA (sí, leyó bien, nada menos que con ETA), movilizaciones dirigidas por Bildu. Las noticias sobre el 15-M, con fotografías incluidas, aparecían (¿por casualidad?) al lado de noticias sobre Bildu y lo que definía como su preocupante ascenso. Ello ocurrió, como muestra Marina Vallejo, los días 16 y 21 de mayo, mostrando marchas y manifestaciones del 15-M al lado (y también en portada) de las manifestaciones de Bildu. Como indica la autora “Este hecho podría dar a entender que El País quería relacionar el 15-M con extremistas de izquierda o alteradores de lo público, pues incluso en la portada del 16 de mayo, un breve pie de foto informa de lo ocurrido, y anuncia principalmente los arrestos y altercados”.

El cambio lo lideró el director Cebrián, que se hizo impopular incluso dentro de la plantilla del rotativo por despedir a 149 trabajadores –un tercio de la plantilla-, a la vez que ingresaba 13 millones de euros (35.600 euros diarios) en 2011, como indicaba la carta del Comité de Empresa. Cebrián reforzó todavía más el sesgo neoliberal cuando nombró a Antonio Caño nuevo Director de El País (ver mis artículos sobre Caño), el cual empezó su hostilidad hacia Podemos, definiéndolo en una entrevista con Ana Pastor como un partido “antisistema democrático. Sus dirigentes creen en otro sistema que probablemente no es democrático”, continuando y reforzando así la línea anti-Podemos que había señalado Cebrián, el cual se refirió a “el no disimulado escalofrío que recorre a los círculos dirigentes y a amplios sectores de las clases acomodadas ante la noticia de que un partido como Podemos encabeza la lista de los eventualmente más votados en las elecciones (…)”, definiendo a Podemos como “una expresión populista de las enfermedades infantiles del socialismo”. Y más tarde, y como parte de la campaña de alertar del peligro que representaba para la economía española el programa económico de Podemos, propusieron que el lector se leyera el informe del IBEX-35 para estimular la economía, que consistía en una serie de medidas neoliberales que han dañado tanto a las clases populares. No es de extrañar, pues, que Cebrián y El País se opusieran a cualquier coalición de Pedro Sánchez con Podemos, indiciándole que si hacían tal pacto, PRISA iniciaría “una guerra contra él”. La guerra contra Podemos, pues, continúa viva, presentándose El País a la vez como el gran defensor de la libertad de prensa, dando a todas las opciones políticas la misma cobertura mediática, informando a la población de una manera equilibrada sobre todos ellos. A la vez que se autodefine con declaraciones altisonantes, planea la destrucción de aquellos que considera sus enemigos. Así es El País.