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Por favor, no repitan la invasión de Irak

23 octubre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Con motivo de los atentados terroristas en Barcelona, el profesor Vicenç Navarro recomienda la lectura de un artículo suyo donde explica los orígenes del yihadismo, publicado en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 18 de noviembre de 2015.

Este artículo hace una llamada a que no se repita lo que ocurrió cuando el gobierno Aznar apoyó al gobierno Bush en su invasión de Irak. El artículo señala que tales invasiones y bombardeos aumentan la simpatía de la población musulmana hacia los grupos fundamentalistas, que en su día fueron ayudados por los gobiernos occidentales en su intento de parar las fuerzas políticas auténticamente reformistas que querían transformar aquellas sociedades.

Cualquier persona que estuviera en Nueva York o tuviera familiares en Nueva York (como era mi caso) el 11 de septiembre de 2001, nunca olvidará lo que ocurrió en esa fecha cuando las Torres Gemelas colapsaron como resultado de un ataque terrorista de las fuerzas militares de Al Qaeda. En torno a 2.600 personas, todas ellas civiles, murieron aquel día en la ciudad. Pero, por horrible que fuera lo que ocurrió en Nueva York aquel día, lo peor para EEUU y para gran número de países estaba por venir. El gobierno federal de EEUU, liderado por el gobierno Bush junior, respondió con una invasión militar de Irak, con la intención de eliminar el régimen de Saddam Hussein, presentado (erróneamente) como el incitador y facilitador de aquel ataque y portador de armas de destrucción masiva (que no existían). Casi un millón de personas –la gran mayoría civiles- han muerto desde entonces como resultado de tal invasión y de la ocupación y conflicto bélico que aquella intervención originó, no solo en Irak, sino también en todo Oriente Medio. Es cierto que el régimen de Saddam Hussein fue eliminado. Pero el resultado que la invasión creó empeoró enormemente la situación en aquel país y en la región. Movimientos fundamentalistas islamistas surgieron con gran fuerza, el ISIS entre ellos, que, junto con Al Qaeda, fueron extendiéndose en Irak y en los países vecinos.

El gobierno Aznar ayudó a tal invasión, y los ataques de Atocha fueron una consecuencia de ello. El Reino Unido, gobernado por el Sr. Toni Blair, también apoyó dicha invasión. Hace unas semanas, Blair, a la luz de los horrores que creó aquella invasión, aceptó que había sido un error. No así el Sr. Aznar, que previsiblemente, y con la rigidez y falta de comprensión de la realidad internacional que caracteriza a la derecha española, continuó aferrado a su visión del mundo. Hoy gobierna en España el mismo partido que la gobernaba en aquel momento histórico. Y hay el peligro de que el gobierno Rajoy actúe de la misma manera que actuó el gobernó Aznar.

¿Cómo está ahora respondiendo el gobierno francés a la masacre de París? Lo mismo que el gobierno Bush hizo en respuesta a la masacre del 11 de septiembre de 2001.

Cuando la invasión de Irak tuvo lugar, el gobierno francés no la apoyó. Creía, con razón, que era un gran error. El gobierno federal y el Congreso de EEUU respondieron a la falta de cooperación francesa con un gran enfado. Según el Congreso de EEUU, Francia -el aliado más antiguo de EEUU- los abandonaba, e incluso traicionaba. El plato de patatas fritas que servía el restaurante del Congreso, conocido como “french fries” (“patatas fritas francesas”) fue bautizado de nuevo como “liberty fries” (“patatas fritas por la libertad”). El resto es bien conocido. Un millón de muertos más tarde, los movimientos fundamentalistas islamistas se han ido expandiendo en toda el área. Y la situación ha empeorado claramente. Fue la invasión patrocinada por el trío Bush-Blair-Aznar la que creó las condiciones para que surgiera el Estado islámico. El Estado iraquí, liderado por el dictador Saddam Hussein, colapsó, iniciándose las luchas entre las distintas partes y componentes de Irak, percibiéndose el nuevo Ejército de Irak como un ejército –creado por las fuerzas ocupantes- carente de legitimidad, visto por amplios sectores de la población como un nuevo instrumento de represión interna. Fue en este contexto que aparecieron las fuerzas radicales fundamentalistas islámicas que establecieron el Califato o Estado Islámico.

Después de Irak surgió Libia, donde se destruyó el régimen dictatorial laico del General Gadafi. La novedad fue que esta vez Francia jugó un papel clave en el cambio del régimen de Libia, bombardeando aquel país, con miles y miles de muertos civiles. Los portavoces intelectuales del establishment político-mediático francés, tales como la voz más servil de tal establishment, el Sr. Bernard-Henri Lévy, presentó tal campaña militar como la “gran defensa de los derechos humanos que caracterizaba al Estado francés”, frases que fueron una copia mimética de lo que habían dicho las voces serviles de establishment político-mediático estadounidense para justificar la invasión de Irak. La única diferencia era que Bernard-Henri Lévy hablaba del Estado francés (heredero del imperio francés conocido por su brutalidad en África) y en el caso de Irak se referían al Estado federal estadounidense (cuyas intervenciones militares –excepto durante la II Guerra Mundial- se han caracterizado por la ayuda a dictaduras enormemente represivas). Por lo visto, ni Bernard-Henri Lévy ni las voces que apoyaron al Presidente Bush junior no se dieron cuenta de la enorme contradicción de presentarse como defensores de los derechos humanos cuando su mejor aliado en el Oriente Medio era Arabia Saudí, que es uno de los regímenes más opresivos y crueles existentes en aquella zona. Y es uno de los mayores financiadores de los extremistas fundamentalistas islamistas.

Como era de prever, la caída del dictador, el General Gadafi, creó un vacío de poder que lo ha llenado el extremismo fundamentalista islamista. Hoy Libia es una enorme fuente de yihadistas (véase mi artículo “¿Dónde está Bernard-Henri Lévy?”, Público, 27.11.2013). Y ahora Francia y EEUU están intentando hacer lo mismo con el régimen dictatorial laico en Siria dirigido por Asad. Y no hay duda de que ahora los bombardeos del gobierno francés sobre poblaciones musulmanas que se ha intensificado este fin de semana como respuesta a la masacre de París, además de aumentar el número de refugiados (ver mi artículo “Las causas del problema de los refugiados”, Público 09.11.15), aumentarán y expandirán el ISIS, creando mayor y mayor simpatía por tal organización entre las poblaciones musulmanas. En realidad, el ataque de los yihadistas tenía como objetivo crear una respuesta que haría escalar todavía más el conflicto, pues esta es precisamente la causa de su crecimiento. Y como era predecible, al Sr. Bernard-Henri Lévy le faltó tiempo para llamar a la guerra en nombre de los derechos humanos (Bernard-Henri Lévy, “La guerra, manual de instrucciones”, El País, 17.11.15). Ahora bien, sería un enorme error que España volviera a apoyar otra invasión, como antes apoyó la invasión de Irak y de Libia. Pero mucho me temo que el gobierno español lo hará. Y serán años de enormes tensiones, pues España está en un área muy próxima a varios de los centros del conflicto.

¿Cuáles son las causas reales del crecimiento del movimiento terrorista fundamentalista islamista?

La gran mayoría de países donde hay un conflicto bélico estaban regidos por sistemas casi feudales, como lo es hoy Arabia Saudí. En todos estos países surgieron movimientos laicos progresistas de distintas sensibilidades (que variaban desde socialistas hasta comunistas) que deseaban cambios profundos en estas sociedades. Cuando los regímenes feudales estaban cayendo, resultado de su presión, los gobiernos occidentales apoyaron, dentro de las fuerzas laicas, a las que frenaron el auge de los movimientos de izquierda, a los cuales reprimieron. El caso más claro fue el nacimiento del régimen de Saddam Hussein, que se estableció con el apoyo del gobierno del Reino Unido y de EEUU. En aquellos países en los que no pudieron parar a estos últimos movimientos progresistas reformistas, entonces apoyaron a los fundamentalistas religiosos, profundamente antireformistas, como fue el caso de Afganistán. Recordemos que Bin Laden había estado en la nómina de la CIA del gobierno federal de EEUU. Y en Siria, el gobierno federal de EEUU junto con el Reino Unido y Francia, ayudó en su día a los fundamentalistas religiosos en su lucha contra el dictador laico Asad, con el probable resultado que el colapso de tal régimen significaría la ruptura de Siria, con una enorme expansión del ISIS en aquel territorio.

Pero los yihadistas tienen su propia dinámica, con su fundamentalismo religioso que está hoy revolviéndose contra sus creadores. Lo que los gobiernos que se autodefinen como democráticos tenían que haber hecho era no intervenir a favor de las fuerzas más reaccionarias, que al impedir los cambios estructurales en aquellos países han perpetuado estructuras enormemente opresivas que están sojuzgando a sus pueblos y que generan la radicalidad bélica religiosa que los gobiernos occidentales apoyaron y que ahora se les vuelve en contra. Una guerra de clases se transformó deliberadamente (en un intento por parte de los fundamentalistas religiosos de los dos lados del conflicto) en una guerra de religiones que está recogiendo una enorme simpatía entre los grupos musulmanes discriminados en los países democráticos (de donde surgen terroristas), siendo Francia el caso más manifiesto. El sueño de la ultraderecha francesa, que puede en un día próximo gobernar Francia, y el sueño del ISIS, es que haya una guerra de religiones, culturas y civilizaciones, favoreciendo así el surgimiento del nazismo de nuevo en Europa. Y ahí están las raíces del problema, y que los bombardeos ayudarán a exacerbar y faciitar. Creerse que el problema del terrorismo se resolverá a base de bombardeos e intervenciones militares en Siria es tan absurdo como creerse que la invasión de Irak y los bombardeos de Libia resolverían los problemas del terrorismo fundamentalista islamista. En realidad, han ayudado a su extensión. Así de claro.

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La politización del dolor de las víctimas del terrorismo

10 octubre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.orgHafida Oukabir

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 30 de agosto de 2017.

Este artículo incorpora una serie de observaciones sobre temas la politización del dolor de las víctimas generados a raíz del ataque terrorista.

A raíz del ataque terrorista en Barcelona y en otros centros urbanos y pueblos de Catalunya, hemos visto durante estos últimos días varios hechos que merecen destacarse. Uno es el espíritu de solidaridad, auténticamente ejemplar, entre las distintas culturas existentes en Catalunya, que alcanzó su máxima expresión cuando en Ripoll se pidió que fuera Hafida Oukabir, la persona musulmana hermana de dos de los terroristas (uno muerto y el otro en prisión), la que resumiera el sentir del dolor y del rechazo hacia el terrorismo que la población de Ripoll sentía. Y en Barcelona, otra persona, también musulmana, Miriam Hatibi, fue una de las dos personas escogidas para leer el manifiesto de protesta y solidaridad, ampliamente aplaudido por el medio millón de personas presentes. El grito espontáneo surgido de la ciudadanía, No Tenim Por! (¡No tenemos miedo!) representaba el sentimiento generalizado de la población barcelonesa de no permitir que el miedo configurara el futuro de la ciudad. La Alcaldesa Colau definió de una manera muy clara y emotiva lo que este grito significaba: era la llamada “a que Barcelona continuara siendo lo que siempre fue y continúa deseando ser, es decir, una ciudad abierta, plural, diversa y solidaria”.

Pero también hubo aspectos no tan positivos durante estos días de gran dolor, que aparecieron tanto en Catalunya como en el resto de España, que merecen señalarse también y que, en cambio (y de un manera predecible) no aparecieron en los mayores medios de comunicación del país, altamente controlados, bien por intereses financieros (los medios privados) o por los partidos gobernantes (los medios públicos). En este aspecto, es importantes señalar que el excelente discurso hecho por Hafida Oukabir en Ripoll incluía un ruego (diría yo exigencia) de que las instituciones catalanas hicieran una autocrítica sobre el comportamiento que habían tenido todos estos años que antecedieron al ataque terrorista, ruego que ha pasado desapercibido y desatendido por completo. Por desgracia, la autocrítica no es una virtud ampliamente practicada en los medios del establishment político-mediático del país, ni de Catalunya ni de España. Resultado de cuarenta años de una dictadura enormemente represiva (convirtiéndose en el régimen gobernante de España que ha atemorizado y asesinado al mayor número de españoles que haya existido en su reciente historia) y de una transición inmodélica, existe hoy en tales medios una cultura democrática poco desarrollada. Y la respuesta a la crisis creada por el terrorismo por parte de tales establishments fue una clara prueba de ello. Veamos algunos ejemplos.

La clara politización por los partidos y movimientos políticos de los hechos acaecidos

Un mensaje hecho con gran contundencia en la manifestación del sábado 26 de agosto (que se centró en una denuncia del terrorismo y una demanda para que exista la paz) fue un rechazo por parte de amplios sectores de la manifestación a la Monarquía Borbónica por su relación privilegiada con la familia real de Arabia Saudí (una de las cinco monarquías absolutas todavía existentes en el mundo), y al partido gobernante en España (el Partido Popular), por su activa y masiva venta de armas españolas a aquel Estado. Aplaudo esta crítica, y solo lamento que no se hubiera hecho mucho antes. Pero me apena que muchos de los protagonistas de estas protestas hayan tenido escasa credibilidad, pues era obvio que su máximo interés era desacreditar a los receptores del mensaje –el Monarca y el gobierno Rajoy- pero, en cambio, parecía importarles poco el argumento que utilizaban para denunciarlos, es decir, la ayuda a los Estados (en este caso, Arabia Saudí) que financiaban el terrorismo. Como indiqué en otro artículo reciente (Ver “Lo que no se está diciendo a raíz del ataque terrorista en Barcelona”, Público, 24.08.17) tales voces, supuestamente escandalizadas con el comportamiento del Rey y del gobierno Rajoy, han mantenido un silencio ensordecedor sobre el apoyo que una institución enormemente importante en Catalunya ha dado a otra dictadura tan absolutista y medieval (y esclavista) como la de Arabia Saudí, que es Qatar, y que es también una de las mayores financiadoras de movimientos yihadistas. Esta institución, protegida por el silencio, es nada menos que el Club de Fútbol de Barcelona que, a través de las camisetas de los jugadores ha estado promocionando al Estado de Qatar, una de las monarquías más absolutas y una de las dictaduras más crueles existentes en el mundo, que también ha estado financiando al terrorismo yihadista. Me parece bien que un conocido militante independentista apareciera casi al lado del rey Felipe VI con una pancarta en que se leía “Felipe, quien quiere la paz no trafica en armas” (en catalán). Pero tal protesta hubiera tenido más credibilidad si aquel y otros miles de independentistas, así como otros que denunciaban al Rey y al gobierno Rajoy hubieran denunciado al Barça en cada partido de fútbol que se jugaba en su campo, por promocionar Qatar. Nunca vimos tal denuncia o abucheo en el campo del Barça, y ello a pesar de que estuviera lleno de banderas independentistas. ¿Por qué callaron tanto tiempo?

La doble moral de los mayores medios de comunicación

Y esta incoherencia se mostró también, como era predecible, en los mayores medios de comunicación catalanes. Prácticamente ninguno de ellos denunció la transformación del Barça (al que, con razón, se le presentó durante la dictadura como de “ser más que un club” por facilitar que la gente canalizara su rechazo a la dictadura a través del fútbol, siendo la única expresión colectiva permitida), en un mero instrumento propagandista del Estado de Qatar, una de las dictaduras más crueles, opresivas, esclavistas y apoyadores del terrorismo existentes hoy en el mundo. Este silencio se convirtió en veto cuando envié a los tres rotativos más importantes de Catalunya un artículo denunciando al Barça por ello, sin que nunca lo publicaran (ver el artículo “El Barça, ¿más que un club?”. ARA, 06.06.16). La censura fue su respuesta. Y tampoco apareció tal denuncia en los mayores canales televisivos de Catalunya, que también han silenciado aquella transformación que, mírese como se mire, es una ofensa a todos los que lucharon por la democracia y justicia social durante la dictadura, que ven ahora cómo los propietarios del Barça transformaron tal club defensor de la libertad y de la democracia en el promotor de una dictadura cruel y terrorista. Aconsejo a los lectores que vean el excelente documental sobre la transformación política del Barça, presentado a nivel internacional por un canal público de la televisión sueca, mostrando lo que fue y lo que representó el Barça durante la dictadura franquista, y lo que ha llegado a ser estos últimos años. (Verlo colgado en mi blog http://www.vnavarro.org). Me alegra ver que Jordi Évole en su artículo semanal en El Periódico, días después de que yo denunciara el silencio sobre el Barça, publicara la primera denuncia del Barça en los medios que he visto en la prensa escrita en papel en este país.

La instrumentalización política del dolor de las víctimas por parte de los mayores medios de información

La falta de cultura democrática que caracterizó la cultura mediática española, que incluye la catalana, apareció una vez más en la manera cómo se cubrieron los hechos dramáticos ocurridos en Barcelona. Tal sesgo alcanzó niveles vergonzosos en la presentación de las figuras protagonistas del evento: las autoridades políticas de carácter institucional. A nivel del Estado central la noticia preferente de los mayores medios próximos al partido gobernante en el Estado español era mostrar el deseo de unidad y prevención de la secesión, dando gran hincapié a la necesidad de mantener una coordinación dentro de la unidad, mostrando, de nuevo, gran incoherencia (hipocresía), pues había sido el Estado central el que había mostrado menos cooperación, consecuencia de su jacobismo, ocultando información a las autoridades catalanas que hubiera sido de gran ayuda, tal como ha documentado la prensa internacional. Pero los medios públicos de la Generalitat de Catalunya también mostraron claros signos del sesgo informativo -al cual nos tienen acostumbrados- intentando negar la importancia de un aviso recibido de Bruselas sobre el Imán, bajo la pobre excusa de que era una mera nota “informal”.

Pero esta utilización de los mayores medios públicos de la Generalitat de Catalunya, y sobre todo de TV3, para promover la secesión de Catalunya fue la visibilidad preferencial que tal canal dio a la figura del President Puigdemont y al Vicepresident Oriol Junqueras, dejando muy en segundo plano a la alcaldesa Ada Colau. La única diferencia con la televisión pública española es que en aquel canal el Monarca y Rajoy absorbieron la mayoría de visibilidad mediática. En ella la alcaldesa Colau tampoco apareció de una manera muy visible. En cualquier otro país demócrata la alcaldesa de la ciudad hubiera liderado la manifestación ciudadana. No así en España. Y la utilización de TV3 para promover el secesionismo alcanzó niveles extremos, como las entrevistas hechas durante la marcha del 26 de agosto en homenaje a las víctimas, a los dos dirigentes del movimiento proindependencia, el Presidente de la ANC y el de Omnium, dándoles un protagonismo que no se le dio a ninguna otra asociación, a pesar de que tenían mucha más centralidad en la crisis terrorista que estos personajes políticos. Creo que a la audiencia le hubiera gustado más que se entrevistara a personal del sistema sanitario de urgencias, por ejemplo (que probablemente se habrían quejado, con razón, de la falta de recursos, resultado de los recortes sanitarios del gobierno Junts Pel Sí), que no a tales dirigentes de movimientos secesionistas que aparecen continuamente en tales medios promoviendo la secesión.

Y también debería hacerse una crítica a las Iglesias, incluyendo las musulmanas, que no se hizo

Pero las críticas deberían también extenderse, como bien pedía Hafida Oukabir, a las comunidades religiosas, que actuaron con gran solidaridad durante la crisis, lo cual aplaudo, pero olvidaron en el periodo pre-crisis la responsabilidad que todas ellas tuvieron en contribuir a crear las condiciones para que tal ataque ocurriera. Y es ahí donde debería criticarse a las religiones, o mejor dicho, a las Iglesias (las instituciones humanas que gestionan las religiones) por su actitud moralizante, arrogante y escasamente democrática. El lector me permitirá hacer una reflexión muy local y que espero aclare lo que digo. Si usted va al bello pueblo de Cadaqués en el Alt Empordà, verá que en un lugar muy prominente de la fachada de la Iglesia hay un reloj de sol. Y bajo tal reloj hay una frase que lo resume todo. Dice “Yo (el reloj de sol) sin sol no soy nada. Tú sin fe no eres nada”. Esta frase es enormemente insultante para los que no somos creyentes, al definirnos como parte de la nada. Bajo este lema de superioridad moral, que se presenta en todas las religiones, las Iglesias se han atribuido la potestad de dominar, explotar y violar todos los derechos humanos imaginables. Y la historia de nuestro país es un ejemplo de ello. Hubo épocas en Catalunya, en España y en Europa, en que el terrorismo de la Iglesia Católica –como en la época de la Inquisición- o durante su apoyo a la dictadura, estaba generalizado. Esto no se ha enseñado en nuestras escuelas y debería haberse hecho.

El Estado debería respetar las religiones, pero regular a sus Iglesias

Y el otro punto que debería también criticarse es la excesiva permisividad del Estado español (sea central, autonómico o local) hacia las Iglesias. Y estoy hablando de todas las Iglesias, que a través de la enseñanza y normativa moral que promueven alcanzar una enorme influencia sobre la población. En realidad, uno de los instrumentos más importantes que utilizó la dictadura franquista para mantenerse en el poder fue la Iglesia Católica, que era una rama del Estado (los sacerdotes eran pagados por el Estado y los obispos eran nombrados por el dictador), y que adoctrinó durante cuarenta años a toda la población. Incluso hoy la Iglesia Católica continúa ejerciendo una enorme influencia en la cultura general del Estado, siendo una de las máximas promotoras, por ejemplo, de la uninacionalidad del Estado y del machismo en el país.

En la España actual, las Iglesias (todas) están en situación privilegiada, la católica mucho más que cualquier otra, siendo ello una consecuencia directa, en el caso de la Iglesia Católica, de la continuación de la cultura franquista en las instituciones del Estado. Y este privilegio incluye una tolerancia excesiva que tiene componentes antidemocráticos, lo cual repercute negativamente sobre la formación y educación de la ciudadanía. Y ello aplica también a la Iglesia musulmana existente en España. Los Imanes -como educadores de sus feligreses- deberían estar regulados, aprobados y registrados por el Estado (sea este central, autonómico o local), asegurándose de que comparten los valores democráticos del país. No puede ser que algunas Iglesias Musulmanas sean “islas de otros países” dentro del país, financiadas desde fuera, transmitiendo una cultura distinta a la del lugar donde residen y viven sus feligreses. Es más, los Imanes deberían hablar el lenguaje de sus feligreses y tener los valores democráticos de la sociedad donde se ubican. Esta normativa, existente ya en otros países, debería aplicarse a todas las Iglesias, y también a la musulmana en España. Y las comunidades musulmanas necesitan presionar para que ello ocurra.

La integración de los jóvenes musulmanes a la sociedad

Pero tales comunidades deberían presionar (junto con toda la sociedad) para que se integre a los jóvenes en la sociedad. Lo que es más importante conocer, de todo lo que ha ocurrido, es saber por qué unos jóvenes que parecían integrados en la sociedad catalana se convirtieron en terroristas. Este es el gran tema del que apenas se ha hablado. Cargar todas las culpas en el Imán es insuficiente. Tan importante es el mensaje como el mensajero. ¿Qué es lo que se estuvo transmitiendo a los jóvenes? ¿Era la transmisión de las brutalidades que se están cometiendo en los países de mayoría musulmana en los que los gobiernos occidentales, como España, están bombardeando o ayudando a bombardear a sus poblaciones? ¿O fue su motivación religiosa la de matar a los infieles? ¿O puede el deseo de recuperar Andalucía remontarnos entonces a la época medieval? Estas son preguntas que deben responderse, pues ello puede llevarnos a una reflexión general, muy necesaria, sobre cuál es el papel de las Iglesias en una sociedad democrática, dentro de otro debate, incluso más urgente y necesario, de cuál es la función de los medios de comunicación en nuestro país, que más que ser de información son de persuasión. La libertad y la democracia dependen, en parte, de ello.

Las ocultadas causas políticas del crecimiento de las desigualdades

5 octubre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 4 de mayo de 2017.

Este artículo resume un informe que ha tenido un enorme impacto en Estados Unidos sobre las causas políticas del enorme crecimiento de las desigualdades, no solo en Estados Unidos, sino en los países capitalistas desarrollados, cuestionando los argumentos que atribuyen tal crecimiento a la revolución tecnológica y/o a la globalización. El artículo subraya que es el contexto político y las relaciones de poder que lo configuran lo que determina la revolución tecnológica y/o la globalización.

Una de las características del tiempo que vivimos es el crecimiento de las desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales, tanto entre como dentro de la mayoría de países capitalistas desarrollados. En este artículo me centraré en las causas del crecimiento de las desigualdades económicas, analizando las desigualdades salariales, las desigualdades en los ingresos familiares y las desigualdades en la propiedad del capital (productos que generan renta), analizando tales desigualdades en Estados Unidos, por dos razones: una, por ser representativo del capitalismo más avanzado y desarrollado del mundo capitalista occidental (punto de referencia para el pensamiento liberal); y otra, porque lo que estamos viendo desde los años ochenta, a partir de la revolución neoliberal iniciada por el presidente Reagan, es la “americanización de Europa”, expresión que refleja el dominio del pensamiento liberal a los dos lados del Atlántico Norte. En realidad, tal crecimiento de las desigualdades económicas se debe primordialmente a la aplicación (e imposición) de las políticas neoliberales en la gran mayoría de tales países, siguiendo el modelo neoliberal estadounidense.

Las desigualdades salariales

Si analizamos la evolución de los salarios, ya sea considerando el salario por hora, ya sea el salario anual, podemos ver que los salarios del decil superior han crecido de una manera muy marcada, casi exponencial a partir de la década de los años ochenta (cuando se inició la revolución o, mejor dicho, contrarrevolución neoliberal), mientras que los salarios de los cuatro deciles inferiores han ido creciendo muy lentamente desde entonces (e incluso han descendido durante la Gran Recesión 2007-2015, lo cual nunca ocurrió en el decil superior, cuyos salarios continuaron aumentando durante la Gran Recesión). Y lo que sí que disminuyó en la gran mayoría de la población asalariada fueron los beneficios sociales, relacionados con los sueldos. Así, por ejemplo, el porcentaje de la población laboral que tenía alguna cobertura de beneficios sanitarios, financiados conjuntamente por los empresarios y por los trabajadores y empleados (la mayoría de la financiación del aseguramiento sanitario privado en EEUU proviene del lugar de trabajo a través de aportaciones de empleadores y empleados) descendió durante el mismo periodo de tiempo considerablemente, descenso mucho más marcado entre los deciles salariales inferiores, pasando de un 42% en 1980 a un 25% en 2010, que en el decil superior (de un 92% a un 78%). Una situación semejante ocurrió con las pensiones privadas financiadas a través de puestos de trabajo (la mayoría de los datos presentados en este artículo proceden del documento Three Key Economic Distributions, del profesor John Schmitt, del Washington Center for Equitable Growth).

Ingresos familiares

En los ingresos familiares vemos también, durante el mismo periodo 1980-2015, un crecimiento muy acentuado de los ingresos de las familias del decil superior de ingresos familiares. En cambio, en los deciles inferiores hemos visto un crecimiento muy lento de los ingresos familiares desde 1980, crecimiento interrumpido, sin embargo, durante la Gran Recesión. La causa de que los ingresos familiares no hayan descendido (como descendieron los salarios) en los deciles inferiores se debe al incremento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo, más acentuado en los deciles inferiores que en los deciles superiores, en los que el crecimiento de los ingresos familiares se debe al crecimiento tan marcado de los ingresos salariales de las mujeres pertenecientes a las clases de ingresos superiores.

De estos datos de deriva que los deciles superiores, y muy en particular el decil más alto, han visto crecer sus ingresos de una manera muy acentuada durante la contrarrevolución neoliberal, crecimiento muy marcado a medida que el nivel de renta subía. Así, el 1% de mayor renta salarial pasó de tener el 10% de toda la renta del país en 1980 a un 23% en 2015.

El crecimiento de las desigualdades en la distribución de la propiedad

Si en lugar de la distribución de las rentas analizamos la distribución de la propiedad, vemos que esta última se ha ido concentrando mucho más. En realidad, el 1% de propietarios ha pasado de tener el 34% de toda la propiedad en 1980 a un 37% en 2013 (y pasó de tener el 10% de toda la renta al 20%). En realidad, el 20% de propietarios tiene el 88% de toda la propiedad (y el 61% de toda la renta), mientras que el 40% no solo no tiene propiedades, sino que debe dinero para pagarlas. Es decir, están endeudados, primordialmente pagando su vivienda. Es la población hipotecada. Este porcentaje de endeudamiento y la profundidad del mismo crecieron espectacularmente durante la Gran Recesión. Este 40% tiene solo el 9% de toda la renta del país.

El crecimiento de los ingresos del decil superior se debe al crecimiento de los sueldos de los grandes propietarios y gestores de las empresas, que ha sido casi exponencial en las rentas superiores, y al crecimiento de las rentas derivadas de la propiedad que poseen. El ligero crecimiento, estancamiento o descenso de las rentas inferiores (del 40% de la población laboral en EEUU) se debe al ligero crecimiento, estancamiento o descenso de los salarios, y al crecimiento del endeudamiento de dichas rentas inferiores.

La disminución de la movilidad vertical

A raíz de estos datos, se puede concluir que las desigualdades inherentes al sistema capitalista han crecido notablemente en el periodo 1980-2015. Pero un fenómeno igualmente importante y que apenas ha tenido visibilidad mediática ha sido el descenso de la movilidad vertical. Uno de los argumentos que han sido utilizados con mayor frecuencia por parte de los economistas neoliberales ha sido que la estabilidad política del capitalismo avanzado está basada en la movilidad social, es decir, que una persona de origen “humilde” (expresión que se utiliza para definir a las familias de rentas inferiores) pueda alcanzar los niveles superiores de poder económico y/o político. Y se señala como prueba de ello que EEUU ha tenido dos presidentes, Clinton y Obama, de origen “humilde”. En realidad, se considera a EEUU como uno de los países con mayor movilidad vertical, y ello como resultado de las grandes oportunidades que ofrece el modelo económico liberal.

Esta supuesta movilidad vertical también se expresa en que, aparentemente, los hijos e hijas tienen mayor nivel de rentas que sus padres. La movilidad intergeneracional se presenta como una muestra del “sueño americano”, causa mayor de la estabilidad política del país y del atractivo del modelo liberal estadounidense. El único problema con tal supuesto es que no es verdad. Los datos no avalan esta percepción, promovida por el establishment político-mediático del país. Los datos muestran que la movilidad vertical, incluida la intergeneracional, es mucho más limitada de lo que se ha supuesto.

En realidad, EEUU es uno de los países con menos movilidad social. Como bien ha señalado Paul Krugman, EEUU (y el Reino Unido) son los países con menor movilidad social vertical de entre los que se ha estudiado la extensión de tal movilidad (Francia, Japón, Alemania, Nueva Zelanda, Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca). En estos países se analizaba el nivel de renta de los hijos comparándolo con el de sus padres (a la misma edad y con la misma capacidad de compra de la moneda utilizada), viéndose que EEUU era en el que menos se daba el supuesto de que los hijos vivían mejor que los padres, siendo en los países escandinavos donde la movilidad intergeneracional era mayor.

Y lo que es importante señalar es que durante el periodo neoliberal ha descendido la movilidad vertical, a la vez que han crecido las desigualdades de ingresos, de renta y de propiedad.

Las ocultadas causas políticas del crecimiento de las desigualdades

Mucho se ha escrito sobre las causas de tal crecimiento de las desigualdades, desde la revolución digital a la globalización, entre muchos otros factores. En esta discusión se oculta o ignora el elemento político, que es el determinante de dicho crecimiento y que configura todas las otras causas a la que se atribuye tal crecimiento. Qué forma tienen la revolución tecnológica o la globalización depende del contexto político que configura cada una de ellas. Los datos muestran que el crecimiento de las desigualdades adquiere una dimensión mayor a partir de la década de los años ochenta, que es cuando se aplican las políticas neoliberales, que son las políticas que el mundo de las grandes empresas (lo que en EEUU se llama la corporate class) aplica a través de las instituciones políticas, frente y en contra del mundo del trabajo.

Las políticas públicas de corte neoliberal como responsables del crecimiento de las desigualdades

Como consecuencia de ello han tenido lugar los siguientes hechos, todos ellos indicadores del poder de clase del mundo empresarial:

• La disminución, desde 1980, del poder adquisitivo del salario mínimo, establecido por ley por el Estado.

• Descenso de la población laboral sindicalizada, que ha pasado de ser el 30% de la población laboral en 1980 a un 12% en 2014, como resultado del enorme descenso de la sindicalización en el sector privado, que hoy no llega ni al 9% (en el sector público se mantiene en el 38%), y ello a pesar de que la mayoría de los trabajadores señalan, a través de las encuestas, que les agradaría tener sindicatos que defendieran sus intereses. Este descenso, pues, no se debe a la falta de interés, sino a las crecientes dificultades que el mundo empresarial, con ayuda del Estado, impone para que los trabajadores puedan sindicalizarse, siendo EEUU uno de los países donde la sindicalización es más difícil de llevar a cabo.

Esta realidad -la creciente dificultad en poder sindicalizarse- produce el crecimiento de la capacidad de decisión, así como de la influencia política y mediática, del mundo empresarial, lo que ha determinado un enorme debilitamiento de las clases populares, y muy en particular de la clase trabajadora. En realidad, hay una relación inversa entre el nivel de sindicalización en el sector privado y el crecimiento de las desigualdades de renta -tanto individuales como familiares-, tal como ha documentado el respetado y conocido Economic Policy Institute de Washington. Y también está documentado el crecimiento de la brecha salarial dentro de una misma empresa cuanto menor sea la sindicalización y la fuerza de la clase trabajadora dentro de la misma. En realidad, desde 1980 la diferencia salarial entre los ejecutivos de las grandes empresas y los salarios (mediana) de los empleados y trabajadores ha crecido, pasando de ser en 1980 de 29 veces, a 303 en 2015.

La desregulación de los mercados de trabajo

Otra medida neoliberal que tenía como objetivo debilitar al mundo del trabajo han sido las reformas laborales orientadas a desregular el mercado de trabajo, lo cual ha conseguido disminuir los salarios y la protección social de los trabajadores.

La privatización de los servicios públicos

La privatización de los servicios tiene como objetivo el cambio de las relaciones laborales, dificultando la sindicalización y protección de los empleados y trabajadores, menor en el sector privado que en el público. La subcontratación y externalización de actividades y servicios de las empresas (tanto públicas como privadas) tienen como objetivo el debilitamiento de la población empleada, pues en las empresas subcontratadas hay menor protección social y salarios más bajos que en las empresas que subcontratan.

La globalización en el contexto político actual

La movilidad de capitales busca la apertura de los mercados y el abaratamiento de los costes de producción, entre los cuales los costes salariales juegan un papel determinante. De ahí que los tratados mal llamados de libre comercio que regulan la movilidad de capitales tengan como principal objetivo el garantizar las inversiones en países con menores costes laborales, movilidad que se hace a costa de destruir puestos de trabajo con salarios altos en EEUU. La evidencia de ello es abrumadora, habiendo sido tal movilidad una de las mayores causas del descenso de la cantidad de puestos de trabajo en la manufactura en EEUU. La popularidad de tales tratados en el mundo empresarial contrasta con su gran impopularidad entre la clase trabajadora.

La inmigración apoyada por el mundo empresarial

La inmigración ha contribuido a la bajada de los salarios, pues el precio del trabajo depende, en cierta manera, de la demanda de puestos de trabajo y de la oferta de tales puestos. A mayor número de demandantes -de personas que buscan trabajo- menor es el salario ofrecido por los empresarios. De ahí que el mundo empresarial favorezca la entrada de inmigrantes, no solo para aumentar el número de personas que quieren trabajar, sino también por su disponibilidad para aceptar salarios más bajos y en peores condiciones que los nativos.

¿Qué tiene que hacerse?

A la luz de estos datos es lógico que la solución sea precisamente el desarrollo de políticas opuestas a las neoliberales, empoderando a las clases populares a través de los instrumentos disponibles, para revertir el deterioro de su bienestar. Tales medidas pasan por: aumentar el salario mínimo; aumentar la ocupación y la creación de buen empleo; dificultar la creación de mal empleo orientando la revolución tecnológica a la supresión de tal tipo de trabajos; facilitar la sindicalización, alcanzando los niveles del norte de Europa; regular el mercado de trabajo para reforzar al mundo del trabajo en su negociación con el mundo empresarial; desprivatizar los servicios, y extender la responsabilidad pública a los sectores de la energía, las finanzas y sociales (desde sanidad a educación, pasando por servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, vivienda, seguridad y protección social); desanimar y desfavorecer la subcontratación prohibiendo este fenómeno en los servicios públicos, a no ser que los contratantes se comprometan a respetar los derechos laborales (salarios y protección social) existentes en el sector público; desarrollar medidas proteccionistas en la movilidad de capitales y de personas; sindicalizar a la población inmigrante; facilitar la integración de la mujer en el mercado del trabajo, en lugar de enfatizar la inmigración; y eliminar las desigualdades sociales entre géneros y entre razas en el país. Y, naturalmente, políticas fiscales auténticamente progresivas que tengan como objetivo aumentar las rentas del trabajo a costa de reducir las rentas del capital, incluyendo medidas de control público de la propiedad y de la gestión en sectores clave de la economía. Estas son las líneas generales de lo que debe hacerse para reducir las desigualdades, empoderando a las clases populares para que vayan aumentando su nivel de exigencias, de manera que puedan transcender las coordenadas de poder existentes hoy en los países capitalistas de elevado nivel económico. Estas medidas son tan aplicables en EEUU como en España, así como en cualquier otro país a los dos lados del Atlántico Norte que han estado sufriendo las políticas neoliberales implementadas por las clases dominantes. Así de claro.

La amenaza a la democracia: la vuelta al fascismo

28 septiembre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, y en catalán en la columna “Pensament Crític” en el diario PÚBLIC, 20 de septiembre de 2017.

Este artículo documenta la derechización que las instituciones políticas y mediáticas españolas han experimentado durante el gobierno Rajoy, señalando que las prácticas autoritarias de la dictadura se están reproduciendo, centradas ahora en la enorme represión masiva que está teniendo lugar en Catalunya estos días.

Dos hechos que han ocurrido en las últimas semanas muestran el grado de derechización que se ha alcanzado en las instituciones políticas y mediáticas españolas en estos años de gobierno Rajoy. Uno de estos hechos, que ha pasado casi desapercibido, es el otorgamiento por la Editorial Espasa del premio que lleva su nombre a Stanley G. Payne por su libro En defensa de España: desmontando mitos y leyendas negras, que es una defensa del régimen dictatorial que existió en España desde 1939 hasta 1978, considerando al general Franco, que lo lideró, como (y lo cito textualmente) “el mayor modernizador de su país y el líder que alcanzó mayor éxito de todos los aspirantes a las dictaduras de desarrollo del siglo XX”. El libro es una defensa del golpe militar de 1936 y del régimen dictatorial español existente en este país.

Su autor, Stanley G. Payne, es profesor emérito de la Universidad de Wisconsin-Madison, en EEUU, donde dirige la Cátedra Vicens Vives, y pertenece a la categoría de hispanistas anglosajones próximos a las derechas españolas. Gran defensor de la manera cómo se hizo la transición en España de la dictadura a la democracia, considerándola como modélica, es contrario a la re-evaluación de tal proceso que están haciendo las nuevas izquierdas, como Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, a las que considera como nefastas, como define también a las fuerzas republicanas de los años treinta, cuyas acciones, según él, hicieron necesario el golpe militar de los “nacionales” (el entrecomillado es mío). En realidad, Stanley G. Payne ha alertado a la sociedad española de una posible alianza del PSOE con Unidos Podemos, que reproduciría el Frente Popular que él abomina. La última ocasión en la que repitió este comentario fue nada menos que en el Centro de Estudios de la Defensa Nacional del Ministerio de Defensa del Estado español.

Dicho personaje ha recibido múltiples galardones del establishment español, habiendo sido elegido miembro de la Real Academia de Historia y de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, receptor de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, y nombrado doctor Honoris Causa por la Universidad Rey Juan Carlos. Es un académico del establishment conservador, cuyas opiniones y discursos resuenan y son aplaudidos por las derechas españolas, que en el panorama europeo son equivalentes a las ultraderechas. No me imagino que un libro semejante que hablara positivamente (tal como Payne hace de Franco) de Hitler, de Mussolini o incluso del mariscal Pétain recibiera tal reconocimiento en Alemania, en Italia o en Francia respectivamente, países que sufrieron dictaduras fascistas o nazis semejantes a la que sufrió España.

Pero en España no solo es posible, sino que es frecuente. En este aspecto, es importante también conocer qué es la Editorial Planeta, creada por el Sr. José Manuel Lara Hernández, que luchó en la llamada Guerra Civil en el lado golpista como capitán de la Legión, a la que se pasó tras conocer al famoso (por su crueldad) general Yagüe. Participó activamente en la represión política franquista cuando los militares ocuparon Barcelona, y fue, más tarde, jefe del sindicato fascista vertical de Artes Gráficas. En 1949 fundó la Editorial Planeta, convirtiéndose, como resultado de su entramado con el Estado, en una de las casas editoriales más importantes de España. Fue más tarde nombrado Marqués del Pedroso de Lara. Su hijo, José Manuel Lara Bosch, heredero de una de las editoriales más grandes (con unos ingresos anuales de 1.600 millones de euros) de España (y del mundo), expandió sus negocios a los medios de información, llegando a presidir la corporación Atresmedia (a la que pertenecen, entre otras, Antena 3, La Sexta, Onda Cero, Europa FM y Melodía FM). El Grupo Planeta es también el mayor accionista del diario de ultraderecha La Razón. Su gran poder mediático explica la docilidad hacia tal figura por parte del establishment político, lo cual explica sus muchos honores recibidos de autoridades públicas, incluyendo la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura del Estado español, la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid de la Sra. Esperanza Aguirre, el título de hijo adoptivo de Sevilla, y la Cruz de Sant Jordi, máxima condecoración de la Generalitat de Catalunya, y un largo etcétera. Sus relaciones fueron siempre cordiales con los principales partidos políticos gobernantes, primordialmente con las derechas del PP y Convergència, pero también con el PSOE.

Pero la burguesía representada por el Sr. Lara ha estado muy inquieta con el surgimiento de la nueva izquierda, que parece más difícil de domar. De ahí el galardón a Payne, en un intento de reforzar “la cultura franquista” todavía hegemónica en las estructuras de poder en este país. Tal burguesía parece estar alarmada, pues en la promoción de la elección del libro de Payne, el jurado del Premio Espasa subraya que tal libro provoca y desmonta los mitos y leyendas negras existentes en España sobre la Guerra Civil y sobre Franco, como si dicha visión favorable a la dictadura fuera minoritaria (casi prohibida) en España, habiendo sido reemplazada por una visión republicana, “roja” y “separatista”, que supuestamente, y según Payne, domina el mundo intelectual del país. En realidad su visión de España y de su historia, lejos de ser prohibida, es la hegemónica en gran parte de los aparatos del Estado y del establishment político y mediático del país. La transición no significó una ruptura con el Estado franquista, sino una adaptación y una apertura de este para legitimarse como Estado democrático, pero conservando y reproduciendo grandes elementos de la cultura franquista que continúan siendo hegemónicos en el país. La España uninacional, centrada en un Estado radial, es la dominante en los aparatos del Estado, y lo que está ocurriendo en España estos días es un ejemplo de ello, lo cual me lleva al segundo hecho ocurrido esta semana.

Pero antes quisiera subrayar que la evidencia existente muestra claramente que Franco tuvo poco de modernizador. Una persona profundamente conservadora y reaccionaria, cruel en extremo (según el profesor Malefakis, de la Universidad de Columbia en Nueva York, experto en el fascismo europeo, por cada asesinato que cometió el régimen de Mussolini, el régimen de Franco cometió 10.000), responsable del enorme retraso político, cultural y económico del país, es lo opuesto a modernizador. Solo dos datos muestran la falacia de ese argumento. Cuando ocurrió el golpe militar, España e Italia tenían el mismo PIB per cápita. Cuando la dictadura terminó, el PIB per cápita en España era solo el 64% del PIB de Italia. Y el 68% de la población adulta tenía menos de seis años de educación.

La represión que está ocurriendo en Catalunya

El Estado central, cuyo Jefe de Estado nunca ha hecho una declaración en contra de tal general (ni la hará), ni en contra de la dictadura (que tampoco hará), y cuyo partido gobernante, fundado por un ministro de Franco, nunca ha denunciado explícitamente aquel régimen, está hoy reprimiendo por la fuerza, con una enorme agresividad y falta de sensibilidad democrática (característica del franquismo), reuniones, discursos, material escrito, revistas y muchos otros actos, lo cual sería impensable en cualquier país democrático. Aquí y ahora, en Catalunya, bajo este régimen considerado democrático, ha reaparecido una represión política que (para aquellos que vivimos aquel horror y luchamos contra él) recuerda la dictadura intentando crear miedo entre la población con campañas masivas de intimidación, y saltándose leyes del mismo Estado, como bien ha denunciado el fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, el Sr. José Antonio Martín Pallín. El hecho de que los partidos independentistas que gobiernan la Generalitat se hayan saltado las leyes, violando el propio Estatut de Catalunya (como he denunciado en otros artículos), no justifica que el Estado central también lo esté haciendo.

Tal represión es para defender una visión de España, repito, uninacional, jerárquica, escasamente democrática, con un escaso compromiso con los derechos políticos, sociales y culturales de los ciudadanos del país, oprimiéndose a aquellos que tienen una visión distinta de España, definiéndolos como anti-España, tal como aquella dictadura hizo, dirigida por los llamados “nacionales”. Ello exige, de todas las fuerzas democráticas, una movilización para denunciar la represión franquista y también para resolver las causas que están creando una enorme tensión entre los distintos pueblos y naciones de España, lo que dificulta, entre otros temas, la resolución del enorme problema social en el que vive el país, en el que la mayoría de los jóvenes que desean trabajar no pueden encontrarlo, y donde casi el 40% de las familias monoparentales apenas llegan a fin de mes. Este es el mayor problema que tiene el país, y que está siendo ignorado, cuando no ocultado, por aquellos que han sido responsables, a los dos lados del Ebro, de la enorme crisis social, escondiéndose ahora detrás de las banderas, como frecuentemente ha ocurrido en la historia de este país.

Los herederos del franquismo están ocupando Catalunya

Dicha represión es la máxima expresión del predominio de la cultura y prácticas franquistas que ha mostrado el gobierno Rajoy hacia las sucesivas demandas expresadas democráticamente por el gobierno catalán, pidiendo que se reconozca la personalidad e identidad de Catalunya dentro del Estado español, siendo el último caso el Estatut del año 2006 impulsado por el gobierno Maragall (una alianza de un partido socialista, un partido comunista, un partido verde y un partido independentista de izquierdas). Aquel Estatut no pidió la escisión, sino el reconocimiento de la identidad de Catalunya después de haber sido aprobado por el Parlament catalán, por las Cortes Españolas y por el pueblo catalán en un referéndum, el cual fue vetado (en algunos de sus elementos esenciales) por el Tribunal Constitucional, que ha sido en gran parte un instrumento conservador, hegemonizado por el PP.

Y es de ahí de donde se genera una movilización de miles de personas en Catalunya que se consideraban españolas, y que han dejado de sentirse como tales, haciéndose favorables a las tesis secesionistas. Es a partir de entonces que grandes multitudes de catalanes salen cada año el día de la Diada a la calle. La enorme rigidez del gobierno Rajoy ha sido el mayor factor para que el independentismo se haya doblado; y a no ser que haya cambios, pasará a ser mayoritario en Catalunya. Esta es la raíz del problema, que no puede resolverse a través de la represión, a la que debemos oponernos y debe ser denunciada, pues la victoria a través de la represión es lo peor que puede ocurrir, tanto en Catalunya como en España. Ni que decir tiene que parte del problema es que los partidos independentistas en Catalunya están intentando instrumentalizar este enfado popular actuando de una manera claramente denunciable (como he escrito en muchos artículos, tales como “Cómo el tema nacional y el tema social se relacionan en Catalunya”, Público, 15.09.17 y “La desunión de las izquierdas: un mayor obstáculo para resolver la gran crisis social en Catalunya”. Público, 06.09.17). Pero la mayor causa de las tensiones es el gobierno Rajoy.

Esto no puede continuar así: los partidos y movimientos democráticos deben movilizarse

Esta situación es intolerable, pues condena al país a estar batallando sobre temas nacionales, olvidando el mayor tema social, lo que se traduce en el aumento del deterioro de la calidad de vida y el bienestar. De ahí que algo debe hacerse, y rápido, y lo primero es terminar la represión que destruye los derechos de la ciudadanía en Catalunya y que provoca lo opuesto a lo deseado.

Hoy el conflicto, no solo en Catalunya, sino en toda España, no es sobre si habrá o no independencia, sino sobre si se violan las reglas de la democracia o no, primordialmente por parte del gobierno español (lo cual forma parte de su ADN político), gobierno que ha llegado a utilizar el Ministerio de Justicia, en alianza con periodistas basura, para dañar y eliminar a sus adversarios políticos. Este es el debate que adquiere especial relevancia hoy. Si el gobierno Rajoy consigue sus fines inmediatos, multiplicará todavía más la inestabilidad en España, recuperando, a su vez, el centralismo, que dificultará la resolución del problema nacional. De ahí la urgencia de que, además de parar la represión, se fuerce un diálogo y un debate entre todas las fuerzas democráticas para ver cómo rebajar tales tensiones. Y como parte de este objetivo, se debería permitir un referéndum pactado (que como varios constitucionalistas han afirmado es posible incluso en la presente Constitución) para posibilitar la libre expresión de la opinión de los catalanes sobre su conexión con el resto de España con garantías, garantías que no han sido respetadas por el gobierno Rajoy (ni tampoco por el gobierno Puigdemont). Entre estas garantías debería incluirse la elección entre varias alternativas, no limitándose a independencia SÍ o NO, pues dicha dicotomía en Catalunya está sesgada a favor del SÍ, pues el NO es claramente inaceptable para la gran mayoría de catalanes ya que significa continuar en la situación actual. Es el reto de las fuerzas democráticas no independentistas desarrollar alternativas (como lo fue en su día el Estatut propuesto por el gobierno Maragall) que compitan con la secesión como manera de resolver tales problemas que no fueron resueltos en la primera transición por imposición del Monarca y del Ejército. Ello requiere una reflexión sobre la necesidad de un proceso constituyente para redefinir España y el Estado español, haciéndolo más democrático, más justo, equitativo y plurinacional. Es imperativo que el problema nacional no continúe ocultando el enorme problema social tan agudo que persiste en el país, pues el problema nacional y social están causados por el enorme dominio que los herederos de la dictadura continúan teniendo sobre el Estado español. De ahí que aplauda la iniciativa de las nuevas izquierdas de convocar una Asamblea de autoridades parlamentarias y municipales, pertenecientes a partidos y movimientos sociales democráticos, para dialogar y proponer salidas a la situación actual.

Y en este proceso, hay que considerar que es urgente que el Partido Popular (causa de las mayores tensiones) deje de gobernar el país. Hoy, numéricamente, es posible sustituirlo, creando a nivel del Estado una alianza entre los partidos de izquierdas y los partidos nacionalistas. Y a nivel de Catalunya los números también muestran que podría establecerse un gobierno de izquierdas que sustituyera al gobierno actual dirigido por Convergència, que ha dominado la Generalitat durante la mayor parte del periodo democrático, y que con el PP ha sido corresponsable de la gran crisis social existente en Catalunya y en España. Esto podría ocurrir ya, pero los movimientos sociales deberían movilizarse y presionar para que ello ocurriera. Me temo que uno de los mayores obstáculos vendrá no solo del aparato central del Estado, sino también del PSOE, pues no ha aceptado todavía el plurinacionalismo que sus antecesores, durante la resistencia antifascista, habían apoyado. Su temor a que desaparezca el bipartidismo en España y la existencia de la resistencia del aparato que perdió en las elecciones a Secretario General (pero continúa siendo potente en su seno) está dificultando esta posibilidad. Espero que una movilización de sus bases pueda una vez más forzar los cambios que permitan hacer la segunda transición, resolviendo los grandes problemas que quedaron sin solventar en la primera. Así lo espero por el bien de Catalunya y de España.

No es posible recuperar la memoria histórica a través de la Ley de la Memoria Histórica

21 septiembre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 27 de abril de 2017.

Este artículo es una crítica a los enormes obstáculos que se han estado aplicando por parte del Estado español a la recuperación de la memoria histórica, señalando que tales obstáculos tienen como objetivo impedir la corrección de las enormes tergiversaciones que se han hecho de la historia reciente de España. Es un tema de gran importancia que tiene muy escasa visibilidad mediática en nuestro país.

Las campañas de recuperación de la memoria histórica han centrado sus actividades en el reconocimiento de las víctimas de la enorme represión que caracterizó a aquel régimen dictatorial, uno de los más represivos de los que hayan existido en Europa en el siglo XX. Nunca debe dejar de enfatizarse que, según estudiosos de los regímenes fascistas y nazis en Europa, como el recientemente fallecido profesor Malefakis, de la Universidad de Columbia de Nueva York, por cada asesinato político que cometió el régimen fascista liderado por Mussolini, el liderado por el General Franco cometió 10.000. Consciente de que tenía a la mayoría de las clases populares en contra, el régimen dictatorial español utilizó el terror para mantenerse en el poder, estableciendo un miedo generalizado sobre el cual, y a través del control de todas las instituciones generadoras de valores (desde los medios de información hasta el sistema educativo) se estableció una cultura profundamente antidemocrática que incluso persiste hoy en España, y que explica que el Estado español haya condenado a una persona a un año de cárcel por haber insultado la memoria del Almirante Carrero Blanco, segundo en la jerarquía en el Estado dictatorial, después del propio dictador.

¿Cómo puede ser que esa cultura heredada del régimen dictatorial todavía exista?

La respuesta a esta pregunta se encuentra en gran parte en la manera como se realizó la transición de la dictadura a la democracia, proceso que no significó una ruptura con el Estado que rigió España durante casi cuarenta años, sino una apertura para incorporar elementos de democracia. Las fuerzas conservadoras que controlaban el Estado dictatorial y los medios de información dominaron el proceso de transición, dominio que explica la baja calidad de la democracia española, el escaso desarrollo de su Estado del Bienestar y la persistencia de la cultura franquista. Tal dominio es lo que también explica la resistencia a la recuperación de la memoria histórica, incluyendo la demanda de rehabilitación y homenaje a las víctimas del régimen terrorista anterior. Tal resistencia se basa, por una parte, en la clara oposición de las fuerzas conservadoras que controlaban el aparato del Estado dictatorial y de sus herederos (que continúan ejerciendo una enorme influencia sobre el Estado actual), así como, por otra parte, en el limitadísimo compromiso con tal recuperación de la memoria histórica por parte de los líderes del PSOE, cuya integración en el nuevo Estado, a través del bipartidismo, se basó en una serie de renuncias y adaptaciones a ese nuevo Estado y a la cultura que transmitió. Y dicha oposición y/o limitadísimo compromiso en recuperar la memoria histórica (en su labor de rehabilitar y homenajear a las víctimas del franquismo) es el resultado de la toma de conciencia de que la demanda de reconocimiento de tales víctimas abre la posibilidad de que se genere otra demanda, parecida, pero distinta, de que se redefina la historia de España, corrigiendo la tergiversada historia que se continúa presentando en las instituciones reproductoras de valores del país, a fin de poder establecer una cultura opuesta a la actual, que sea continuadora de la cultura republicana que la franquista sustituyó. Este es el gran temor de las fuerzas bipartidistas de recuperar la memoria histórica.

El constante argumento que utilizaron las derechas en España en contra de aprobar una ley de memoria histórica fue que “abriría heridas” que se asume (erróneamente) que están cerradas. Pero tal argumento oculta el hecho de que la oposición a la recuperación de la memoria histórica tiene poco que ver con el estado de las heridas, y mucho que ver, por el contrario, con el deseo de evitar que se conozca la historia real de los distintos pueblos y naciones de España. Con ello se evita también que se cuestione la cultura franquista que persiste, impidiendo que reaparezca la cultura republicana. Ahí está el meollo de la cuestión.

La labor de ocultación de los medios de información y persuasión en España. El caso de El País

Durante muchísimos años, los medios de información han promovido y continúan promoviendo las instituciones monárquico-borbónicas, tergiversando tanto su pasado como su presente, ocultando realidades que pudieran dañarlas. Las grandes limitaciones de la libertad de prensa (un indicador más del enorme poder de las fuerzas conservadoras) aparecieron con toda claridad en esta protección de la Monarquía por parte de los medios, confundiendo persuasión y promoción con información. Un caso claro es el de El País. Este rotativo fue fundado por dirigentes del régimen anterior, y en su nacimiento intervinieron personajes como Fraga Iribarne, tal como reconoció recientemente el presidente del Grupo Prisa (al que pertenece este rotativo), Juan Luis Cebrián. En realidad, Cebrián proviene de una familia fascista, siendo su padre uno de los directores del diario Arriba, del partido fascista La Falange. Siguiendo los pasos de su padre, fue periodista y trabajó en periódicos del aparato fascista, como Pueblo (que era el diario propiedad de los sindicatos verticales). Más tarde fue uno de los directores de RTVE (concretamente, jefe del servicio de informativos) durante el último periodo de la dictadura, el máximo instrumento mediático el régimen.

Colaboró con otros elementos del Estado dictatorial para favorecer una apertura, presionando para que hubiera un cambio significativo en el Estado que facilitara el establecimiento del juego democrático, labor meritoria pero también limitada, pues estaba claro desde el principio que los límites de la apertura estaban fijados, permitiendo el debate dentro de unos parámetros sumamente limitados. Una consecuencia de ello fue que El País fue siempre hostil a fuerzas y personalidades de izquierda que pudieran cuestionar el Estado monárquico actual y que pudieran significar una amenaza para la continuación de las relaciones de poder dentro de tal Estado, resultado del maridaje entre el poder económico y financiero, por un lado, y el poder político y mediático por el otro. Ello explica su clara oposición a figuras como Alfonso Guerra y más tarde Josep Borrell en el PSOE, a Gerardo Iglesias y Julio Anguita en el PCE, y ahora a Pablo Iglesias en Podemos.

Las declaraciones de Juan Luis Cebrián, presidente del grupo Prisa, sobre la memoria histórica

Tal oposición de El País a las izquierdas se extiende a la Ley de la Recuperación de la Memoria Histórica. En una entrevista reciente en El Mundo (20.02.17), Cebrián expresa su oposición a la Ley de la Memoria Histórica, pues “genera conflictos y problemas”. Considera que el Estado no debería inmiscuirse en esta labor. Tras reconocer que “la mayoría de impulsores del periódico (El País) fueron personas vinculadas con el franquismo” añade, sin embargo, que él, en realidad, nunca fue franquista (sí, léalo y lo verá, dicho por el mismo individuo que dirigió los mayores medios de propaganda y persuasión de tal régimen). También cuestiona en esa entrevista que el régimen que él llama franquista fuera terrorista, criticando al Presidente Zapatero por haber éste indicado que su abuelo, asesinado por los golpistas, fue víctima del terrorismo, señalando Cebrián que ello no es cierto, pues no fue una víctima del régimen, sino una víctima de la guerra entre dos bandos, asumiendo (erróneamente) que los Estados de los dos bandos intentaron dominar a la población mediante el ejercicio del terror. Predeciblemente, niega también la plurinacionalidad de España, y considera que la ley está por encima de todo y de todos, ley que ha sido acordada en unas coordenadas de poder heredadas de la inmodélica Transición, muy desigual y poco equilibrada. Cebrián está en contra de la redefinición de España que reconozca su plurinacionalidad, y se muestra dispuesto a enviar a la Guardia Civil a Catalunya para poner orden, asegurándose de que la ley se respeta, exigiendo que los representantes parlamentarios que actúan para realizar un referéndum vayan a la cárcel, tal como el yerno del Rey Juan Carlos I debería hacer, poniendo un tema profundamente político (la relación de Catalunya con España) al mismo nivel que si fuera un caso de fraude y corrupción fiscal. No deja de ser paradójico que este personaje, que con su silencio a través de su diario cubrió en su día la enorme corrupción de Jordi Pujol, a fin de protegerlo, ahora exija la prisión para aquellos que piden la secesión. La doble moralidad de este personaje y el oportunismo mostrado a lo largo de su vida son un buen reflejo de la reproducción de la cultura y el comportamiento franquistas que continúa dándose en grandes secciones de tal rotativo. Ni que decir tiene que El País tiene profesionales de gran valor cuya credibilidad e integridad, sin embargo, debe cuestionarse por su silencio ensordecedor frente a los comportamientos sectarios, abusivos y claramente antidemocráticos de tal rotativo que se han ido acentuando en los últimos años en contra de las voces que exigen un cambio profundo para establecer una España más democrática, más justa, más plurinacional y con muchísima más pluralidad en sus medios. Tal silencio debe también denunciarse.

Quisiera añadir una nota personal. Procedo de una familia represaliada por el fascismo, por el mismo régimen al que sirvieron el padre y el hijo Cebrián. No podemos estar más lejos en cuanto a biografía y vida profesional. Que tal individuo presente mi deseo de desenmascarar tanta mentira y tanto cinismo como “un intento de abrir las heridas” es una muestra más, como mínimo, de la incomprensión que los hijos e hijas de los vencedores del golpe fascista militar muestran hacia el enorme mal que han hecho y continúan haciendo a España. Ahora bien, es probable que en lugar de incomprensión sea un caso más del cinismo y caradura (no hay otra manera de definirlo) que ha caracterizado a los oportunistas que han estado gobernando España durante tanto tiempo en defensa de sus intereses, reproduciendo la cultura franquista que está asfixiando al país.

Resumen de la presentación por el Profesor Navarro en el simposio celebrado en la New York University el día 24 de abril, “Imperfect Transition and Challenges of the Present Victims of Francoism, Terrorism and the State”

El capitalismo de amiguetes: Coca-Cola y el presidente Trump

15 septiembre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 27 de julio de 2017.

Este artículo señala las consecuencias del capitalismo de amiguetes que ha establecido el presidente Trump en EEUU. Hoy Coca-Cola está dirigiendo la mayor agencia federal encargada de la nutrición en este país. El artículo indica los efectos de ello.

Una de las posturas ampliamente extendida entre economistas neoliberales (que goza de gran visibilidad mediática en los mayores medios de comunicación, tanto privados como públicos y tanto escritos como orales y televisivos) es que el mayor problema de la economía española es que el Estado ha sido gestionado y dirigido por gente muy poco competente, que no sobrevivirían en el sector privado. Según tales economistas, los gestores públicos no tienen ni idea de cómo debería gestionarse una empresa. Lo que se necesitaría, dicen tales autores, es permitir que sean grandes empresarios los que contribuyan con su experiencia a la eficiencia de la gestión pública. En Catalunya, el economista de mayor proyección mediática en la televisión pública TV3, de clara sensibilidad neoliberal, ha enfatizado en más de una ocasión que el problema del Estado español (y catalán) es que los que lo gestionan no tienen ninguna experiencia en la empresa privada, alentando que sean gestores de tales empresas los que gestionen también las públicas.

Trump como modelo de la gestión empresarial

Lo que hemos estado viendo en la Administración Trump es la toma del poder directo de los distintos aparatos del Estado por la clase empresarial del país, en un proceso en el que las mayores agencias del Estado pasan a ser dirigidas por grandes empresarios o gestores próximos a las grandes empresas del país sin ningún intermediario. Es la máxima expresión del “capitalismo de amiguetes” en el que todo el aparato del Estado está dirigido y gestionado por los amiguetes del presidente.

Uno de los casos más recientes es el que se ha dado en las agencias federales de Salud Pública, hoy dirigidas por personas procedentes de o próximas a las compañías comerciales del sector agropecuario, consideradas algunas de ellas las mayores promotoras de alimentos que no son considerados saludables, como en el caso de Coca-Cola. Veamos los datos.

En un excelente artículo publicado por Sheila Kaplan en primera plana del New York Times del 23 de julio de este año, se detalla como la empresa Coca-Cola influencia las políticas alimentarias del país, promoviendo las bebidas azucaradas, que se considera son la mayor causa de la obesidad infantil en EEUU. En realidad, tal obesidad ha alcanzado unos niveles epidémicos en toda la sociedad, pero muy en particular entre los niños y los jóvenes. Las causas de dicha epidemia se han estudiado con gran detalle y son conocidas. Investigaciones llevadas a cabo por la mayor agencia federal de investigación en salud pública, el Center for Disease Control -CDC- (localizado en el mismo Estado de Georgia donde está también ubicada la sede de la empresa Coca-Cola), han señalado, por ejemplo, que las bebidas azucaradas como la Coca-Cola (entre otras) son una de las mayores causas del crecimiento de la obesidad en EEUU, siendo también responsables del aumento de la diabetes tipo 2, de enfermedades del corazón, de enfermedades renales, de enfermedades del hígado, del aumento de cavidades dentales y caries, y de artritis. Tales bebidas no son las únicas causas. Hay otros alimentos, como los ricos en grasas (la típica hamburguesa McDonald’s es un ejemplo de ello), que son otros ejemplos de ello. En realidad, el mejoramiento de la dieta ha sido una de las campañas más centrales de las agencias de salud pública federales. ¡Al menos hasta ahora!

Ahora bien, tales empresas alimentarias, responsables de dicha epidemia (y a fin de diluir el énfasis en la dieta como medida preventiva), están enfatizando el ejercicio físico como la manera de prevenir la obesidad. Coca-Cola ha financiado en el mismo Estado de Georgia un programa gestionado por el Departamento de Salud Pública de tal Estado, que consiste en añadir media hora de ejercicio en las escuelas públicas de aquel Estado, convirtiéndose en la campaña central del programa contra la obesidad entre los jóvenes de Georgia. Ni que decir tiene que dicho programa tiene mérito propio, y es aconsejable que se continúe. Ahora bien, es dramáticamente insuficiente para prevenir el problema, pues como bien señala la profesora de nutrición de la New York University, la Dra. Marion Nestle -autora del excelente libro crítico con el consumo de soda, Soda Politics: Taking On Big Soda (and Winning)-, “una persona normal y corriente tiene que correr 3 millas (unos 5 kilómetros) para compensar las calorías existentes en una botella de 20 onzas de peso (un medio kilo)… Yo estoy muy a favor del ejercicio físico. Pero la realidad es que no hace mucho para reducir peso. De ahí que considere la campaña de perder peso a base primordialmente de hacer ejercicio físico (que es lo que la industria de la soda y comida basura promueven) como muy limitada, a no ser que vaya acompañada de un cambio de dieta, que es un factor más importante para resolver la epidemia de obesidad”.

Coca-Cola ahora tiene gran influencia en el gobierno federal y en el CDC

El presidente Trump ha nombrado directiva del CDC a la Dra. Fitzgerald, que era precisamente la Directora del Departamento de Salud del Estado de Georgia, cuando Coca-Cola financió el programa de aumentar media hora de ejercicio en las escuelas públicas. Coca-Cola tiene gran influencia en el Estado de Georgia y sobre sus representantes, la mayoría republicanos (incluido el famoso Newt Gingrich, asesor hoy del presidente Trump), influencia que ahora se ha extendido también al gobierno federal, siendo el nombramiento de la Dra. Fitzgerald un indicador de ello. Como consecuencia de ello, la gran amiga de Coca-Cola tendrá ahora una gran influencia en el diseño de las campañas de reducción de la obesidad. Consciente de la movilización en su contra de la comunidad salubrista de EEUU, la Dra. Fitzgerald ha subrayado recientemente su interés también en promover la ingesta de fruta y vegetales entre los niños. Pero como bien señala la autora del artículo, Sheila Kaplan (de la cual extraigo todos estos datos), es muy probable que a partir de ahora se enfatice mucho más el ejercicio físico que no la dieta para reducir la epidemia de obesidad en EEUU. En realidad, el artículo de la Dra. Fitzgerald sobre nutrición que aparece en la promoción de los programas en contra de la obesidad de la web de Coca-Cola lleva el significativo título de que “La solución de la obesidad infantil requiere movimiento (físico)”. Y las subvenciones federales a instituciones que están haciendo estudios sobre la obesidad se centrarán primordialmente en áreas no relacionadas con los productos que ellos promueven, tales como las sodas. Esta es la consecuencia del capitalismo de amiguetes que existe hoy en EEUU y que, sin lugar a dudas, va a afectar a España también.

No es cierto que la austeridad haya terminado: el techo de gasto muestra lo contrario

12 septiembre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, y en catalán en la columna “Pensament Crític” en el diario PÚBLIC, 25 de julio de 2017.

Este artículo cuestiona la postura promovida por el establishment político-mediático del país según la cual ya hemos salido de la crisis y el Estado ha terminado de aplicar medidas de austeridad y recortes del gasto público. El artículo se centra en lo ocurrido hace unos días en las Cortes Españolas, donde se aprobó el techo de gasto público, subrayándose una vez más que no había alternativas, algo que el artículo muestra que no es cierto. Se trata de un tema al que no se ha dado mucha visibilidad en los grandes medios del país pero que tiene una enorme importancia, pues perpetúa el subdesarrollo social de España, que es uno de los más acentuados hoy en la Eurozona.

Estamos hoy viendo en España que, una vez más, la gran atención mediática en el país está en lo que se llama el tema nacional o territorial, utilizado, como siempre, por el gobierno español de turno para movilizar a la población para defender “la unidad de la patria”, el eslogan que las derechas españolas siempre han utilizado para defender los intereses económicos que las financian, utilizando el sentir patriótico de la gente para sus fines particulares. Un ejemplo claro de ello es la situación actual.

El problema mayor que tiene hoy España es el enorme problema social (ver mi artículo “El nuevo régimen social de España”, Público, 23.06.17), que es ni más ni menos que el gran deterioro de la calidad de vida de las clases populares (que constituyen la gran mayoría de la población española), resultado directo de las políticas neoliberales (como las reformas laborales y los enormes recortes del gasto público que financian las transferencias sociales, como las pensiones, y los servicios públicos del Estado del Bienestar tales como la sanidad, la educación, la vivienda social, los servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios y otros) iniciadas por el gobierno de Zapatero y expandidas por el gobierno de Rajoy. He documentado extensamente a lo largo de estos años la naturaleza y extensión de esta crisis sin precedentes en el periodo democrático postdictatorial (ver Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015).

La gran falsedad promovida por el establishment político-mediático del país es que las crisis económicas y financieras, que determinaron la crisis política, ya han terminado. Se justifica tal optimismo con la aparición del crecimiento económico, lo cual se atribuye a las medidas aplicadas por el gobierno de Rajoy. La evidencia científica, fácilmente accesible para el que quiera verla, muestra, sin embargo, que la reversión del declive del crecimiento económico (que caracterizó la Gran Recesión) no se ha debido primordialmente a las medidas tomadas por el gobierno Rajoy sino (como han reconocido el Fondo Monetario Internacional e, incluso, el Banco de España) a factores externos (fundamentalmente la bajada de los precios del petróleo y los bajos tipos de interés debido a la política monetaria del BCE), que tienen poco que ver con las medidas tomadas por el gobierno de Rajoy. Y la misma evidencia científica muestra que la enorme crisis social continúa en España, donde hay nada menos que 2,3 millones de empleos menos hoy que antes de que se iniciara la Gran Recesión; donde la precariedad laboral es lo que define la creación de empleo; donde el PIB per cápita no ha recuperado los niveles existentes en 2007; donde el 28% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social, incluyendo el alarmante fenómeno de la pobreza laboral, es decir, pobreza entre personas que están trabajando a tiempo completo (15% de la población ocupada); y donde el 70% de los hogares continúan sin mejoras en sus condiciones de vida.

Pero la otra gran falsedad promovida por el establishment político-mediático español es que las políticas de austeridad impuestas por el gobierno de Rajoy han dejado de aplicarse, lo cual, no es cierto, pues tales políticas han continuado. Y la mejor prueba de ello es la aprobación del techo de gasto del Estado que ocurrió hace unos días en las Cortes Españolas. Tal medida fue una propuesta del gobierno Rajoy aprobada por las derechas españolas que incluyen, además del PP y su Frente de Juventudes (Ciudadanos), a las derechas vascas (PNV) y canarias (Coalición Canaria), así como a la “izquierda” canaria de Nueva Canarias (NC).

¿Qué es el techo de gasto público?

A primera vista tal término aparece como un concepto económico que la gente normal y corriente no entiende o aparentemente no le interesa, y ello a pesar de su enorme importancia. En realidad, las escuelas de sus niños, la sanidad de sus enfermos, la educación de sus jóvenes y adultos, la vivienda social, las escuelas de infancia y los servicios domiciliarios y una larga lista de servicios públicos, así como las transferencias públicas, tales como las pensiones, dependen en parte del techo de gasto público, que quiere decir del límite de gasto público del que el Estado puede disponer. Es uno de los indicadores más importantes para medir el compromiso del Estado con el desarrollo de sus funciones, incluyendo la provisión de servicios y transferencias a la sociedad, que quiere decir, a usted, lector.

Pues bien, tal techo de gasto público, es decir, techo de la cantidad que el Gobierno de Rajoy ha definido como el máximo dinero que el Estado se puede gastar es clara y excesivamente bajo, lo cual se hace para cumplir los famosos objetivos de estabilidad presupuestaria, que en lenguaje llano quiere decir bajar el gasto en transferencias públicas y en los servicios del Estado del Bienestar para reducir el déficit de las cuentas del Estado (es decir, la diferencia entre sus ingresos y sus gastos).

La pobreza del gasto público del Estado Español

El gasto público en España es muy bajo, mucho más bajo que en el promedio de la Eurozona (los países de la UE que utilizan el euro como su unidad monetaria). Y este bajo gasto público se debe en gran medida a que los ingresos públicos al Estado son también muy bajos; en realidad, de los más bajos de la UE-15. Pero la situación es incluso peor, pues no solo es de los más bajos, sino que desde el 2007 al 2015, mientras tales ingresos al Estado aumentaron en el promedio de la UE-15 un 1,2% del PIB, en España disminuyeron un 2,7%. Un dato que hay que tener muy en cuenta es que la mayoría de tal gasto es el gasto público social, es decir, el gasto en las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar a los que me referí al principio del artículo. En realidad, el hecho de que los servicios sanitarios públicos, las escuelas públicas, la vivienda social, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios, los servicios sociales y otros (que son todos ellos esenciales para garantizar la calidad de vida y bienestar de las familias en España) tengan pocos recursos en este país, se debe a que este gasto público social sea cinco puntos del PIB más bajo que el promedio de los países de la Eurozona. Los datos están ahí para el que quiera verlos.

Y una de las razones de que sea tan bajo es que los ingresos al Estado son también muy bajos. En realidad, de los más bajos de la Eurozona. Tales ingresos al Estado son nada menos que ocho puntos del PIB más bajos que en el promedio de la Eurozona. Y a pesar de esta gran pobreza de los ingresos al Estado, la derecha, tanto la de siempre, el PP, como la nueva, Ciudadanos, hacen gala de sus propuestas de bajar tales ingresos, reduciendo los impuestos (algo que sistemáticamente beneficia más a las rentas superiores que a las medias e inferiores).

Y una de las mayores causas de la pobreza de recursos se debe a la regresividad de la política fiscal, que conlleva que las grandes empresas, las grandes fortunas y los más pudientes no aporten al Estado lo que deberían. Este déficit no es fácil de ver cuando se analiza lo que la población debería pagar en impuestos, según el tipo nominal impositivo, es decir, lo que en teoría deberían de pagar según su nivel de ingresos (que es parecido a los de la UE-15). Ahora bien, si en lugar del tipo nominal analizamos el tipo efectivo (es decir, lo que en realidad la gente paga en impuestos), entonces vemos que es muy bajo y ello es debido a la enorme cantidad de deducciones fiscales que caracterizan al sistema fiscal regresivo español. Ni que decir tiene que las deducciones son mucho más utilizadas por las rentas superiores que por las rentas medias e inferiores. La diferencia entre lo que nominalmente deberían pagar las grandes empresas y las rentas superiores, y lo que pagan, es nada menos que 37.000 millones de euros (solo en IRPF y en el IVA) que el Estado deja de ingresar, aproximadamente el déficit estructural que tiene la economía española (el déficit estructural contabiliza los gastos no-coyunturales del Estado, es decir, el déficit no producido en momentos de crisis, sino el déficit permanente del Estado).

Si sumamos a este déficit fiscal (37.000 millones), el fraude fiscal (al que el 80% es producido por los súper ricos y las grandes empresas, según datos de técnicos de Hacienda) que representa 90.000 millones de euros (según Carlos Cruzado, presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda), más los fondos que el Estado no recibe debido a la reducción de los impuestos al patrimonio y a la herencia, y lo que el IBEX-35 deja de pagar (que nominalmente debería ser un 25%, y en cambio paga solo un 7%, según reconoció recientemente el ministro Cristóbal Montoro), nos encontramos con una situación de injusticia fiscal enorme. Esta injusticia contribuye a deteriorar aún más dos fenómenos: uno es el aumento de la desigualdad en España, en donde el 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país (27,4%), mientras que el 20% más pobre se queda con un 0,1%, o que la fortuna de las 3 personas más ricas en nuestro país equivale a la del 30% más pobre. Y el segundo fenómeno es que en España son los trabajadores los que paguen la gran mayoría de los impuestos y los que sostienen el Estado del Bienestar. Nada menos que el 85% del esfuerzo fiscal en España recae sobre las rentas del trabajo. Puesto que del 2008 al 2016, las rentas del trabajo han caído un 6,1% (33.679M€), mientras que las rentas del capital han aumentado un 1,7% (7.850M€), es lógico que los ingresos del Estado también se hayan reducido.

Este fenómeno es bien percibido por la ciudadanía española, según el último barómetro del CIS sobre fiscalidad (julio 2016), ante la pregunta de ¿cree que los impuestos se cobran con justicia y pagan más los que más tienen? Un abrumador 86,6% cree que se cobran con injusticia. De hecho, la opinión mayoritaria de los españoles es que es preferible mejorar los servicios públicos aunque haya que pagar más impuestos (44,7%) que pagar menos impuestos aunque haya que reducir servicios públicos (solo 15,8%). No hay duda de que por el bien del país y de la población que vive en él, hay que terminar con la austeridad. Y para ello hay que aumentar los impuestos, pero no a las rentas del trabajo (a la mayoría de la población) sino a las rentas de capital (las minorías privilegiadas).

¿Y por qué el techo de gasto es tan importante?

La respuesta es fácil, pues el techo de gasto público es el máximo que el Estado pueda gastarse. Un Estado pobre tanto en su gasto público social y como en sus ingresos fiscales, está condenado a una subfinanciación continua y eterna. Pues bien, el techo de gasto aprobado el martes 11 de julio en las Cortes Españolas impone que el máximo que el Estado se podrá gastar en el 2018 (ya en esta España supuestamente recuperada) es de 119.834 millones de euros, que es mucho menor (en realidad, 62.000 millones de euros) del que había en 2010 (ocho años antes).

Es más, el crecimiento de tal gasto máximo (1,3%) será mucho menor que el crecimiento de la economía que el gobierno calcula (4,3%). Ello determina que el gasto máximo que el gobierno permitirá, expresado como porcentaje del PIB, será el más bajo desde 2005 (repito, ¡desde 2005!). Ello quiere decir que el nivel máximo del gasto es semejante al que teníamos doce años atrás, a la vez que las necesidades del país han ido aumentando considerablemente. En base a estas cifras, concluir (como hace el establishment político-mediático) que ha llegado el fin de la austeridad es sencillamente una farsa.

Sí que hay alternativas a la austeridad

Es preocupante constatar que el establishment político-mediático del país guarda un silencio ensordecedor sobre este tema, presentándolo como un tema meramente técnico y económico, cuando en realidad es un tema profundamente político (como son la mayoría de temas económicos). Es urgente que se rompa tal silencio, pues para revertir las políticas de austeridad es necesario cuestionar y negar la lógica del techo de gasto, que distorsiona el debate sobre la política presupuestaria, desarrollando a la vez un marco alternativo basado en un concepto opuesto y distinto al concepto de techo de gasto, que es el establecimiento de un suelo de ingresos, es decir, que en lugar de fijarse tanto en el límite de gasto, se enfatice una cantidad de ingresos del Estado, que no pueda caer por debajo de ese suelo. Hay que aplaudir que por primera vez una fuerza política en el Congreso de los Diputados (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) haya iniciado este debate, introduciendo el concepto del “suelo de ingresos” (que unos días después hizo también suyo el PSOE), lo cual es de enorme importancia. Esta fuerza política también ha hecho la propuesta de expandir el techo de gasto, añadiendo 19.500 millones de euros al conjunto de los fondos asignados a Administraciones Públicas. Estos 19.500 millones más (que se podrían haber conseguido fácilmente gracias a mejorar los ingresos públicos) hubieran servido para: subir las pensiones no contributivas (850M€); para actualizar las pensiones al nivel de precios de consumo, considerando la inflación (1.600M€), lo cual no se está haciendo hoy en España; para recuperar los sueldos de los funcionarios (400M€), para aumentar la dotación en becas (75M€); para un ambicioso Plan de Renta Garantizada (3.200M€); para una prestación por hijo a cargo (400M€); y para financiar el ineludible Plan Nacional de Transición Energética (1.500M€). Estas propuestas que aquella fuerza política realizó son razonables y totalmente factibles, aunque predeciblemente fueron denunciadas por las voces neoliberales que todavía predominan en gran parte de la cultura económica y política del país como gastos imposibles de aceptar, pues, según ellos, romperían con las arcas del Estado, siendo esta la frase predecible que se utiliza en el dogma neoliberal que todavía domina hoy el establishment político-mediático que existe en el país, y que ahora nos vende el mensaje de que ya hemos salido de la crisis y que ya hemos dejado la austeridad atrás. Su desfachatez no tiene límites.

El nuevo régimen social de España

12 agosto, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 23 de junio de 2017.

Este artículo es el resumen de los datos más impactantes de la situación social en España, que no es coyuntural, sino estructural, dentro del sistema económico español actual.

España ha sufrido una de las más importantes crisis económicas y financieras durante su periodo democrático, crisis que también ha determinado una crisis social, y, como era predecible, una gran crisis de legitimidad del Estado y del establishment político y mediático del país. La respuesta de tal establishment ha sido que todos estos sacrificios eran necesarios para poder salir de la crisis, que, según este establishment, se está resolviendo.

Ahora bien, en este argumentario se olvida que, en realidad, la crisis (la Gran Recesión) y la respuesta que se ha dado a ella estaban configuradas y determinadas por un contexto político que favoreció estructuralmente a unos a costa de otros. Los primeros eran aquellos sectores del mundo del capital (las grandes empresas financieras, y las grandes corporaciones productoras de bienes y servicios) que dominan el Estado español y la gran mayoría de medios públicos y privados de información del país. Y las perdedoras han sido, predominantemente, las clases populares, que constituyen la mayoría de la población. Mientras que los primeros derivan sus rentas predominantemente de la propiedad del capital y de su gestión, los segundos lo hacen del mundo del trabajo, sobre todo de los salarios y de los beneficios sociales.

La evidencia de ello es abrumadora. Veamos algunos datos: 1) Des de el inicio de la crisis (2008) hasta el año pasado (2016), las rentas del trabajo han caído un 6,1% (33.679M€), mientras que las rentas del capital han aumentado un 1,7% (7.850M€). En suma, en el periodo 2008-2016 el peso de los salarios en la economía ha bajado 2,9 puntos, de 54,6% al 52,7%; 2) La participación de los beneficios de las empresas no financieras en España está por encima del de la zona euro (42,6% frente a 40,6%); 3) Las empresas no financieras españolas han aumentado su participación en el VAB (valor añadido bruto) del 37,7% hasta el 42,6% entre el periodo 2007-2015: el segundo país de toda la UE que más ha aumentado; 4) La polarización social (S80/20) se ha incrementado en un 11,8% desde 2009 (de 5,9 en 2009 a 6,6 en 2016), es decir, el 20% más rico dispone de 6,6 veces más ingresos que el 20% más pobre. Somos el 3º país con mayor polarización de toda la UE (después de Rumanía y Bulgaria); 5) La desigualdad ha sufrido uno de los mayores incrementos de toda la OCDE desde 2009, y el índice de Gini alcanzó los 34,5 en 2016: 3,5 puntos por encima de la media europea (31 en 2015); 6) En los últimos 15 años el 30% de la población que vive en riesgo de exclusión ha visto cómo sus activos netos apenas crecían un 3%, mientras que los del 10% más rico se disparaban un 56%; 7) El 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país (27,4%), mientras que el 20% más pobre se quedaba con un 0,1%; 8) La fortuna de las 3 personas más ricas en nuestro país equivale a la del 30% más pobre.

Todos estos hechos han sido, en gran parte, consecuencia de toda una serie de intervenciones por parte del Estado que han provocado un enorme deterioro del mercado laboral. Esto ha sido particularmente acentuado a partir de las reforma laborales del gobierno Zapatero, primero, y de las más intensas del gobierno Rajoy. Indicadores de tal deterioro del mercado laboral muestran que: 1) El 41,5% de los desempleados llevan más de 2 años en paro (1,8 millones de personas); 2) El 24,7% de los desempleados llevan más de 4 años en paro (1,1 millones); 3) Más de 4 de cada 10 jóvenes que buscan trabajo están en paro; 4) Un 15,3% de las jornadas laborales son a tiempo parcial; 5) Más de uno de cada cuatro empleos es temporal (26,5%); 6) En los últimos cinco años se ha acumulado una caída del poder adquisitivo de la remuneración media en un 4,5% (912 € menos); 7) El 34,4% de los asalariados (seis millones de personas) cobran menos del salario mínimo interprofesional.

El desmontaje del Estado del Bienestar

Han contribuido a este enorme crecimiento de las desigualdades las políticas públicas de los partidos gobernantes del Estado español, las cuales han debilitado el ya escasamente financiado Estado del Bienestar. De hecho, España dedica menos recursos a los servicios públicos y transferencias del Estado del Bienestar que la gran mayoría de los países de la UE. 1) España tiene el gasto público social como porcentaje del PIB (24,6%) de los más bajos de la UE-15; 2) España tiene el gasto público social por habitante de los más bajos de la UE y ha disminuido durante los años de la gran recesión, consecuencia de los grandes recortes; 3) España tiene uno de los porcentajes de la población adulta que trabaja en los servicios públicos más bajos de la UE-15 (el grupo de países de semejante riqueza), por ejemplo 1 de cada 10 habitantes en comparación con 1 de cada 4 en Suecia. Si España tuviera el porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar como en Suecia (de 1 de cada 10 a 1 de cada 4) reduciría significativamente el desempleo; 4) El gasto público en España es uno de los más bajos de Europa, representa el 43,6% de su PIB; la media del conjunto de los 28 países europeos es 48,1%; 5) España es uno de los países que dedican menor gastos en protección social: 2,7 puntos menos del PIB que la media de países de la Eurozona (17,6% frente al 20,3 de la UE); 6) Esta subfinanciación ocurre en todas las dimensiones del Estado del Bienestar excepto en el gasto en desempleo. Este retraso se ha acentuado con los recortes de gasto público social que ha ocurrido en todos los servicios: 6.a) El gasto autonómico de sanidad por habitante se redujo un 14,2% entre el periodo 2009-2016. (1.195€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 1.393€); 6.b) El gasto autonómico de educación por habitante se redujo un 5,87% entre el periodo 2009-2016. (785€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 834€); 6.c) El gasto público total consolidado en Servicios Sociales fue de 16.000 millones de euros en 2016, aproximadamente 1.000 millones menos que en 2010; 6.d) El gasto autonómico de servicios sociales por habitante se redujo un 1,55% entre el periodo 2009-2016. (254€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 258€).; 6.e) Mientras que, el gasto autonómico en deuda pública por habitante aumentó 381,8% entre el periodo 2009-2016. (582€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 121€); 7) El Estado del Bienestar es de los menos redistributivos de Europa: la tasa de pobreza se reduce antes de transferencias sociales en España del 29,5% en 2016 al 22,3% después de transferencias sociales. Mientras que en la UE se pasa de un 26% en 2015 baja al 17,3% de reducción de pobreza (8,7% de reducción en la UE frente a 7,2% en España).

La pobreza del Estado del Bienestar en España es consecuencia de una fiscalidad débil y regresiva que se ha acentuado todavía más con las reformas de los gobiernos Zapatero y Rajoy. Como consecuencia, los ingresos fiscales en España son inferiores a los de los países de nuestro entorno. Las facilidades que tienen las grandes empresas y fortunas para pagar menos de lo que tienen establecido, gracias a un entramado de desgravaciones y exenciones, hace que la carga fiscal recaiga sobre las clases medias y trabajadoras a través del IRPF y de los impuestos al consumo. Más datos: 1) En España el 85% del esfuerzo fiscal recae sobre las rentas del trabajo; 2) 17 de las 35 empresas del IBEX no pagan el impuesto de sociedades en España, cuando tan solo 3 compañías cerraron 2014 con pérdidas.

La pobreza se ha incrementado

Resultado de todo lo anterior es que la pobreza está ya incluida como parte integrante del sistema económico. No es coyuntural, sino estructural. En otras palabras, la pobreza se ha instalado en la sociedad española, afectando a personas y familias que cada vez ven más difícil salir de su situación. La transmisión intergeneracional dará lugar a nuevas generaciones que van a reproducir la pobreza y que cada vez van a tener más difícil salir de ella. De nuevo, más datos: 1) La renta media de los hogares se ha reducido un 11% desde 2009 (30.045€) a 2016 (26.730€); 2) Hay más de 2,5 millones de trabajadores/as están por debajo del umbral de la pobreza: un aumento del 21,55% desde 2009 (11,6% en 2009 frente a 14,1% en 2016); 3) España ha registrado la cifra más alta de pobreza desde 2005: más de 10 millones de personas en España están por debajo del umbral de la pobreza (el 22,3% de la población); 4) Pese a la ‘recuperación económica’ la tasa de pobreza ha continuado aumentado respecto al año pasado (2015= 22,1%; 2016= 22,3%); 5) El 42,2% de los hogares de 1 adulto con 1 o más niños dependientes está en situación de pobreza; 6) El 30,6% de los hogares con niños dependientes están en situación de pobreza; 7) Casi 650.000 hogares, más de 1 millón de personas, no tienen ningún ingreso (3,52% de los hogares); 8) La pobreza persistente (personas que permanecen en riesgo de pobreza 2 de los 3 últimos años) es de 15,8 en España (2015) frente a 11,5 en la Eurozona (2015), 4,3 puntos menos, de las más altas de Europa; 9) La mala alimentación por motivos económicos y, en ocasiones, el hambre, son situaciones reales que afectan a más de 1 millón de personas en España; 10) La Tasa Arope, que es el indicador utilizado por la Unión Europea para medir la exclusión social, sitúa a España 4,9 puntos por encima de la media de la eurozona (27,9 frente al 23%): una de las más altas de la UE; 11) En 1 de cada 10 hogares se pasa frío o excesivo calor por no poder mantener la vivienda a temperatura adecuada; 12) En 4 de cada 10 hogares no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año; 13) El 15,3% de los hogares tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes; 14) El 8,4% de los hogares tienen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal; 15) 2,6 millones de personas sufren carencia material severa (5,8% de la población); 16) 4 de cada 10 personas viven en hogares sin capacidad para afrontar gastos imprevistos; 17) Al menos 6 millones de personas, sin ser pobres, se encuentran en situación económica precaria.

Conclusión. El resultado de las políticas neoliberales que han sido seguidas hasta ahora por parte de los gobiernos del PSOE y del PP a nivel central, y por los partidos de derechas (tales como CiU, que ahora se llama PDeCAT) y socialistas que han gobernado en las autonomías

Espero no haberles aturdido con tantos datos. Pero les ruego que consideren que detrás de cada dato hay un enorme, repito, enorme, dolor impuesto a las clases populares de España. Pero este daño se ha conseguido a costa de una gran transferencia de fondos del mundo del Trabajo al mundo de los beneficios de los grandes propietarios del capital, de los más elevados de la Eurozona. Esta realidad permanece ocultada en los mayores medios de información y persuasión del país.

Ante esta realidad hay que entender que las pequeñas variaciones de los indicadores económicos, que se presentan por los partidos gobernantes como el PP como indicadores de recuperación económica, se realizan dentro de un marco estructural caracterizado por estos datos. Lo que ha ocurrido estos años en España es un cambio dentro del régimen capitalista, que ha pasado de blando a duro, y ello como resultado de la victoria en un conflicto político que ocurre entre una minoría económica, financiera, mediática y política, por un lado, y las clases populares, que son la mayoría de la población, por el otro. Así de claro.

(Agradezco a mi colega Eduardo González de Molina la ayuda en la provisión de la mayoría de estos datos)

La alcaldesa Ada Colau lleva razón en su conflicto con Airbnb: los pisos turísticos están destruyendo los barrios

2 agosto, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 11 de abril de 2017.

Este artículo aborda la destrucción de los barrios en las ciudades con atractivo turístico por la expansión de los pisos turísticos, los cuales provocan la sustitución de una población estable por una población transeúnte, poco comprometida con el bienestar de la ciudadanía. El artículo detalla los elevados costes que tal expansión significa para la calidad de vida de la ciudadanía, y cómo varias ciudades turísticas de EEUU están respondiendo a esa amenaza. El artículo también defiende a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por haberse enfrentado con empresas como Airbnb, que están promoviendo tal actividad mercantil.

Uno de los hechos económicos más extendidos en las grandes urbes de atractivo turístico ha sido el enorme desarrollo de los pisos turísticos, que se presentan como un ejemplo de lo que se conoce como economía colaborativa, en la que la relación entre el comprador de servicios (el turista que busca hospedarse por tiempos cortos) y la persona que los ofrece (el dueño del piso) se hace directamente a través de una agencia que los pone en contacto, y no a través de la industria hotelera, a la cual sustituye. En teoría parecería una relación razonable, e incluso progresista (y así se ha presentado incluso en algunos medios de información de tal orientación política). Por un lado, tenemos las personas que tienen habitaciones o pisos disponibles que quieren aumentar sus ingresos alquilando tales espacios a turistas, y por el otro lado, el turista que busca un espacio más económico que el hotel y/o residencia. En esta relación, la institución necesaria es una compañía que ponga en contacto a las dos partes –al turista y al propietario de la casa o habitación-, compañías que se han extendido enormemente, y de las cuales Airbnb es la más conocida.

Hasta aquí la descripción de lo que debería pasar en teoría. Y, ¿quién se puede oponer a que una familia pueda conseguir unos ingresos extra a base de alquilar un espacio de su propia casa o de su propiedad? Se presenta así una alternativa a las grandes corporaciones hoteleras, que hasta ahora habían controlado la distribución de los espacios de hospedaje de tales ciudades turísticas.

La rebelión ciudadana en contra de los pisos turísticos

Como en el caso de otros ejemplos de “economía colaborativa” (como la compañía de transportes UBER, entre otros), nos encontramos que la distancia entre la teoría y la realidad es enorme, hasta tal punto que ha surgido una gran protesta ciudadana en todas las ciudades en las que los pisos turísticos se han expandido. Y muchas de estas ciudades están considerando no solo regularlos intensamente, sino incluso prohibirlos. ¿Por qué?

La respuesta es fácil de ver. En primer lugar, la existencia de tales pisos significa una gran molestia para las fincas y para los barrios donde existen estos pisos turísticos, pues es una población transeúnte, no ligada o conectada con el bario o fincas cuya movilidad y/o comportamiento y rompe con la cohesión y espíritu comunitario del lugar. La evidencia de ello es abrumadora. Hay barrios enteros en Barcelona, por ejemplo, que corren el peligro de diluir su carácter vecinal debido al elevado número de tales pisos.

Y para complicar todavía más esta situación, gran parte de estos pisos turísticos no están ni identificados, operan sin ningún tipo de regulación o protección del usuario y de los vecinos, y no ofrecen ninguna garantía ni de seguridad ni de calidad. En general no hay protección frente a dicha actividad mercantil, que contribuye muy poco al erario público, pues un gran número de estos pisos actúan ilegalmente, y no contribuyen, a través del pago de impuestos, a cubrir los gastos extras que su existencia implica. No es de extrañar, por lo tanto, que haya constantemente protestas ciudadanas en lugares donde existen estos pisos turísticos.

Y por si ello no fuera poco, la utilización de pisos turísticos disminuye la oferta de pisos de alquiler para gente normal y corriente, disparándose los precios de los alquileres. En Barcelona, desde 2015, estos alquileres han experimentado un crecimiento muy acentuado (un 15% anual), que es insostenible para la mayoría de la población, cuyos ingresos crecen mucho más lentamente. Hay una relación directa entre el número de pisos turísticos en un barrio, el crecimiento del precio de los alquileres, y el éxodo de vecinos a otros barrios con menos pisos turísticos.

Una protesta internacional. ¿Qué puede hacerse?

El equipo del profesor John Whitlow, de la City University of New York (también profesor visitante del JHU-UPF Public Policy Center), acaba de publicar un interesante estudio sobre cómo ciudades turísticas en EEUU (como Nueva York, San Francisco, Nueva Orleans, Seattle, Los Ángeles y Miami) están respondiendo a esta amenaza a la calidad de vida de los vecinos y a la identidad de los barrios. Entre tales intervenciones municipales están:

1. Limitaciones del número de días al año que una persona propietaria puede poner su piso o habitación a disposición de alquileres cortos. El número varía de 30 a 90 días. Todas las ciudades citadas, excepto Miami, aplican esta norma.

2. Provisión de permisos para establecer pisos turísticos solo en ciertos barrios de la ciudad, tal como exigen Miami y Nueva Orleans.

3. Exigencia de licencia y registro. Todas las ciudades exigen que tanto la agencia Airbnb (y otras agencias similares), así como las personas que alquilan sus espacios, estén licenciadas y registradas, exigiéndoles, además, que garanticen el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene.

4. Deben pagar impuestos, exigencia presente en todas las ciudades, como condición para ejercer tal tipo de actividad comercial.

5. Notificación al ayuntamiento de las personas que alquilan estos espacios y de los inquilinos que ocupan tales espacios.

6. Aprobación por parte del ayuntamiento del tipo de vivienda que puede ponerse al mercado como piso turístico, estableciendo normas de espacio. Solo Nueva Orleans excluye este requerimiento. Todas las demás lo tienen.

7. Todas las personas que ofrecen pisos turísticos tienen que ser residentes de la ciudad. Las personas no residentes no pueden comercializar su vivienda para pisos turísticos. Esta regulación tiene como objetivo dificultar que empresas de capital-riesgo compren propiedad inmobiliaria para transformarla en pisos turísticos.

Y el informe termina indicando que el nivel de requerimientos está expandiéndose rápidamente, a medida que la ciudadanía se está quejando más y más por las molestias que tales pisos turísticos están creando. En realidad, una ley muy popular que se está expandiendo es que los vecinos de una finca puedan votar sobre permitir o no que hayan pisos turísticos en aquella finca. Cuando tal ley se aplica tiene un impacto muy inmediato, parando y revirtiendo dicha expansión. En realidad, el enfado ciudadano está alcanzando tal nivel, que el tipo de sanciones por violaciones de las normas definidas anteriormente está aumentado. Entre ellas, en todas las ciudades citadas (excepto en Los Ángeles) se multa a los propietarios de pisos y a Airbnb con entre 500 y 2.000 dólares por día en casos de violación de las normas municipales. Y el propietario puede ser llevado a los tribunales en caso de que los vecinos de quejen de las molestias originadas por los pisos turísticos. El informe (puesto en mi web http://www.vnavarro.org) detalla, ciudad por ciudad, las normas y regulaciones. Todo ello parece indicar que no es descartable, en un futuro próximo, que tal enfado alcance niveles de indignación y que pasen a aprobarse leyes de prohibición de la existencia de tales pisos turísticos, pues no hay duda que su existencia está deteriorando el bienestar y la calidad de vida de los barrios en las ciudades. Su existencia es una prueba más del impacto sumamente negativo de las políticas neoliberales aplicadas en el diseño del desarrollo urbano. La mercantilización de todas las dimensiones de la actividad humana está llevando a un deterioro muy notable de la calidad de vida de la ciudadanía. Y lo que es sorprendente es que a este desarrollo algunas voces que se definen como progresistas lo llamen “progreso”.

La debilidad de los ayuntamientos en Catalunya y en el resto de España

Una de las mayores diferencias entre el poder municipal en Catalunya y España, y el poder municipal en EEUU, es la enorme debilidad de los ayuntamientos catalanes y españoles, debilidad que caracteriza a los Estados del sur de Europa, donde las fuerzas conservadoras han dominado tales Estados por periodos más largos de tiempo en los siglos XX y XXI. Es precisamente donde las izquierdas han gobernado durante más tiempo (como en los países escandinavos) donde los ayuntamientos tienen mayor poder, mientras que es en el sur de Europa, donde las derechas han sido más poderosas, donde los ayuntamientos son más débiles. Esta falta de poder en el nivel del Estado más próximo a la ciudadanía limita enormemente la incidencia de la ciudadanía en el desarrollo de las políticas públicas que afectan con mayor intensidad a su calidad de vida y bienestar.

Considerando la debilidad de los ayuntamientos en España, es de aplaudir que el Ayuntamiento de Barcelona haya ofrecido un liderazgo, reconocido internacionalmente, para limitar el daño creado por los pisos turísticos a la calidad de vida de los vecinos en Barcelona. Predeciblemente las fuerzas conservadoras y neoliberales, que continúan teniendo un enorme poder político y mediático en España (incluyendo Catalunya), y Airbnb han intentado demonizar al ayuntamiento, manipulando y mintiendo, presentando las acciones de este como excesivamente radicales, motivadas por razones ideológicas anticuadas, ocultando que en otras ciudades tales medidas ya se han desarrollado y han probado ser altamente populares. El mérito del Ayuntamiento de Barcelona es el de haberse enfrentado a tales intereses, con el coraje que caracteriza a la alcaldesa Ada Colau, que ha sido aplaudido en muchas otras ciudades, las cuales se han inspirado en ella. Este aplauso debe ir acompañado de la denuncia a la Generalitat de Catalunya, controlada por las fuerzas conservadoras y neoliberales (y cuyos medios públicos de información y persuasión promueven Airbnb), que predeciblemente ha dificultado los pasos que el ayuntamiento deseaba tomar y que la ciudad se merecía. ¿Hasta cuándo continuará ignorando un clamor popular frente a esta situación que se está convirtiendo en una pesadilla para miles y miles de ciudadanos?

El retorno de Karl Marx para entender lo que está pasando en el capitalismo avanzado

8 julio, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 30 de mayo de 2017.

Este artículo contrasta la cobertura no solo de los medios de información económica, sino incluso de los rotativos en general, sobre pensamientos críticos con la sabiduría convencional del país, tales como el marxismo. El artículo señala que, como bien ha reconocido The Economist, el semanario de orientación liberal más conocido en el mundo occidental, el economista Marx llevaba bastante razón en su análisis del capitalismo, una opinión que sería impensable que se diera en los medios españoles, donde el sesgo conservador y neoliberal es tan dominante que excluye cualquier pensamiento crítico.

En una de las columnas más conocidas del semanario The Economist, la columna Bagehot (a cargo de Adrian Wooldridge), se acaba de publicar un artículo en su número del 13 de mayo que sería impensable que apareciera en las páginas de cualquier revista económica de España de semejante orientación liberal a la que tiene tal semanario. En realidad, no solo en cualquier revista económica, sino en cualquiera de los mayores medios de información de este país (incluyendo Catalunya) tal tipo de artículo nunca podría haberse publicado.

Bajo el título El momento marxista, y el subtítulo Los laboristas llevan razón: Karl Marx tiene mucho que enseñar a los políticos de hoy en día, la columna Bagehot analiza el debate existente entre el dirigente del Partido Laborista del Reino Unido, el Sr. Jeremy Corbyn, y su ministro de Economía y Hacienda en la sombra, el Sr. John McDonnell, por un lado, y los dirigentes del Partido Conservador así como los rotativos conservadores Daily Telegraph y Daily Mail, por el otro. Definir tal intercambio como debate es, sin embargo, excesivamente generoso por parte de la columna Bagehot, pues la respuesta de los rotativos conservadores y de los dirigentes conservadores a los dirigentes laboristas es una burda, grosera e ignorante demonización de Marx y del marxismo, confundiendo marxismo con estalinismo, cosa que también se hace constantemente en los mayores medios de comunicación españoles, en su mayoría también de orientación conservadora o neoliberal.

Los aciertos de Marx según Bagehot, de The Economist

Una vez descartados los argumentos de la derecha británica, la columna Bagehot pasa a discutir lo que considera las grandes profecías de Karl Marx (y así las define) para entender lo que está ocurriendo hoy en el mundo capitalista desarrollado, señalando que muchas de sus predicciones han resultado ser ciertas. Entre ellas señala que:

1. La clase capitalista (que en la columna Bagehot se insiste que continúa existiendo, aunque no se utilice tal término para definirla), que es la clase de los propietarios y gestores del gran capital productivo, está siendo sustituida –como anunció Marx- cada vez más por los propietarios y gestores del capital especulativo y financiero, que Marx (y la columna Bagehot) consideran parasitarios de la riqueza creada por el capital productivo. Esta clase parasitaria es la que, según dicha columna, domina al mundo del Capital, siendo tal situación la mayor responsable del “abusivo” y “escandaloso” (término que Bagehot utiliza) crecimiento de las desigualdades. Los primeros han conseguido cada vez más beneficios a costa de todos los demás. Y para mostrarlo, el columnista del The Economist señala que mientras en 1980 los chief executives de las 100 empresas británicas más importantes ingresaban 25 veces más que el típico empleado de sus empresas, hoy ganan 130 veces más. Los equipos dirigentes de tales entidades inflaron sus ingresos a costa de sus empleados, recibiendo a la vez pagos (además del salario), de las empresas a través de acciones, pensiones y otros privilegios y beneficios. De nuevo, la columna Bagehot, señala que Marx ya lo predijo y así ocurrió. Es más, la columna Bagehot descarta el argumento que tales remuneraciones se deban a lo que el mercado de talentos exige, pues la mayoría de estos salarios escandalosos de los ejecutivos se los han atribuido ellos mismos, a través del contacto que tienen en los Comités Ejecutivos (Executive Boards) de las empresas.

Marx llevaba bastante razón

2. Marx y Bagehot cuestionan la legitimidad de los estados, instrumentalizados por los poderes financieros y económicos. La evidencia acumulada muestra que el maridaje del poder económico y político ha caracterizado la naturaleza de los Estados. La columna Bagehot hace referencia, por ejemplo, al caso Blair (dirigente de la 3ª Vía), que de dirigente del Partido Laborista, una vez dejado el cargo político, pasó a ser asesor de entidades financieras y de regímenes impresentables. En España podríamos añadir una larga lista de expolíticos que hoy trabajan para las grandes empresas, poniendo a su servicio todo el conocimiento y contactos adquiridos durante su cargo político.

3. Otra característica del capitalismo predecida por Marx –según la columna Bagehot- es la creciente monopolización del capital, tanto productivo como especulativo, que está ocurriendo en los países capitalistas más desarrollados. Bagehot señala como tal monopolización ha ido ocurriendo.

4. Y, por si no fuera poco, Bagehot señala que Marx también llevaba razón cuando señaló que el capitalismo por sí mismo crea la pobreza a través del descenso salarial. En realidad, Bagehot aclara que Marx hablaba de “inmiseración”, que es –según el columnista- un término algo exagerado pero cierto en su esencia, pues según tal columnista los salarios han ido bajando y bajando desde que empezó la crisis en 2008, de manera tal que, al ritmo actual, la tan cacareada recuperación no permitirá que se alcancen los niveles de empleo y nivel salarial de antes de la Gran Recesión en muchos años.

Es más, además de estas grandes predicciones, la columna Bagehot afirma que la presente crisis no se puede entender sin entender los cambios dentro del capital, por un lado, y el crecimiento de la explotación de la clase trabajadora, por el otro, tal como señaló Marx.

¿Se imagina el lector a algún gran diario español, sea o no económico, que hubiera permitido un artículo como este? The Economist es el semanario liberal más importante del mundo. Y promueve tal ideología. Pero algunos de sus principales columnistas son capaces de aceptar que, después de todo, Marx, el mayor crítico que ha tenido el capitalismo, llevaba bastante razón. Sería, repito, impensable que en este país, tan escorado a la derecha como resultado de una transición inmodélica de una dictadura fascista a una democracia tan limitada, no solo un rotativo liberal, sino cualquier mayor rotativo, publicara tal artículo con el tono y análisis que lo hace una de las mayores columnas de tal rotativo, firmada por uno de los liberales más activos y conocidos. Esta columna y la persona que está a cargo de ella, sin embargo, no se han convertido al marxismo. Pero reconocen que el marxismo –que en este país ha sido definido por algunas voces como anticuado, irrelevante o cosas peores- es una herramienta esencial para entender la crisis actual. En realidad, no son los primeros que lo han hecho. Otros economistas han reconocido esta realidad aunque, por regla general, tales economistas no se enmarcan en la sensibilidad liberal. Paul Krugman, uno de los economistas keynesianos más conocidos hoy en el mundo, dijo recientemente que el economista que mejor había predicho y analizado las periódicas crisis del capitalismo, como la actual, había sido Michał Kalecki, que perteneció a tal tradición.

Donde la columna Bagehot se equivoca, sin embargo, es al final del artículo, cuando atribuye a Marx políticas llevadas a cabo por algunos de sus seguidores. Confundiendo marxismo con leninismo, la columna concluye que la respuesta histórica y la solución que Marx propone serían un desastre. Ahora bien, que el leninismo tuviera una base en el marxismo no quiere decir que todo marxismo fuera leninista, error frecuentemente cometido por autores poco familiarizados con la literatura científica de dicha tradición. En realidad, Marx dejó para el final su tercer volumen, que tenía que centrarse precisamente en el análisis del Estado. Por desgracia, nunca pudo iniciarlo. Pero lo que sí que escribió sobre la naturaleza del capitalismo ha resultado bastante acertado, de manera tal que no se puede entender la crisis sin recurrir a sus categorías analíticas. La evidencia de ello es claramente contundente y el gran interés que ha aparecido en el mundo académico e intelectual anglosajón, y sobre todo en EEUU y el Reino Unido (donde se publica The Economist), es un indicador de ello. Pero me temo que lo que está ocurriendo en aquellas partes del mundo no lo verá en este país, donde los mayores medios de información son predominantemente de desinformación y persuasión.