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La insensibilidad moral de la Iglesia católica

25 diciembre, 2018

Fuente: http://www.publico.es

Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.

Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

No existe plena conciencia en España del enorme conservadurismo de las máximas autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica en nuestro país, resultado de su histórica alianza con las fuerzas ultraconservadoras que han dominado al Estado español en los últimos setenta y cinco años. Y quisiera aclarar que cuando hablo de la  jerarquía española, incluyo también a  la catalana y a la vasca que, aún siendo más sensibles hacia el carácter plurinacional del Estado español, continúan siendo insensibles hacia el bienestar social de las clases populares, limitando su acción a la labor asistencial de carácter caritativo, la cual, sin desmerecer su valor para sectores muy vulnerables de la población, no afecta al bienestar general de la mayoría de la población, seriamente afectada por las políticas públicas de austeridad del gasto público del Estado español (tanto el central como las CCAA). Los recortes de gasto público social  que caracterizan a estas políticas públicas de austeridad contribuyen  en gran medida al deterioro de la calidad de vida de la población. La falta de crítica de la Iglesia Católica hacia estas políticas públicas promovidas ahora por los gobiernos conservadores que están debilitando enormemente las transferencias (como las pensiones) y los servicios públicos (como sanidad, educación y servicios sociales del Estado del Bienestar) es sorprendente en una institución –como la Iglesia Católica- que se presenta como promotora de la moral individual y colectiva de una sociedad. El énfasis en la caridad, en ausencia de una preocupación por la justicia y la equidad, suena a una incoherencia próxima al escapismo y cercana al oportunismo.

Su aparente preocupación por los síntomas –la pobreza-  con deliberado olvido de sus causas –la injusticia y explotación social- es una muestra de una moral oportunista, afín a las estructuras de poder responsables de la pobreza. Hoy el deterioro del bienestar de la población se está generando mediante unas intervenciones públicas que sistemáticamente apoyan a unos sectores y clases sociales a costa de otros. La evidencia de ello es abrumadora.

De ahí que, comparando el silencio ensordecedor de las autoridades eclesiásticas frente a estas políticas públicas con la protesta activa y contundente frente a las políticas que facilitan el aborto y permiten la homosexualidad, parezca lógico concluir que la jerarquía eclesiástica tiene una gran preocupación (que alcanza niveles casi de obsesión) por los derechos de los que no han nacido todavía (en su lucha, por ejemplo, contra el aborto) y en cambio muestra una desatención hacia los derechos de los que ya han nacido.

Comparando con la Iglesia Protestante Anglicana

Este ultraconservadurismo se pone en evidencia claramente cuando se compara también su comportamiento con el de la Iglesia Protestante Anglicana en Gran Bretaña frente a una situación semejante a la de España . El Sr. Rajoy de Gran Bretaña se llama Sr. David Cameron, presidente del PP británico que se llama Partido Conservador. Como en España, el Partido Conservador ha sido históricamente muy cercano a la Iglesia Anglicana hasta el punto de que solía llamársele el Partido Conservador con Sotana. Pero esta relación se ha ido debilitando y, aunque es el partido más próximo a esta Iglesia, el hecho es que últimamente ha habido bastantes enfrentamientos sobre temas de política económica y social.

Así, el gobierno presidido por David Cameron ha estado, como también el gobierno Rajoy, debilitando el Servicio Nacional de Salud (National Health Service, NHS) a base de recortes de gasto público sanitario, que están destruyendo el servicio. 25.145 empleados han sido despedidos; se ha reducido el 6% de todas las camas hospitalarias; el tiempo de espera promedio ha alcanzado la mayor cifra conocida; la satisfacción del usuario con estos servicios ha decaído, bajando de un 70% en 2010 a un 60% en 2012; la privatización de la sanidad ha sido favorecida por estos recortes, que están afectando a la calidad de los servicios sanitarios públicos; 12 hospitales públicos han sido privatizados; y así un largo etcétera, políticas, todas ellas, que están siendo aplicadas aquí en España por el Partido Popular, el partido más próximo a la Iglesia Católica (junto con CiU, cuyo gobierno está llevando a cabo políticas también semejantes en Catalunya).

Pues bien, en Gran Bretaña las autoridades máximas de la Iglesia Anglicana han denunciado pública y extensamente estas políticas. Un ejemplo es el simposio convocado por el Arzobispo de York para analizar los valores morales que guiaban el desarrollo de estas políticas. El documento preparado por el Arzobispo John Sentamu (Health and Well-Being, and the NHS) debería ser lectura obligatoria para todas las autoridades de la jerarquía católica española, para todos los creyentes católicos y para todos los votantes del PP (y de CiU). Sería deseable que algún católico progresista lo tradujera. El documento incluye comentarios como los siguientes:

“Deberíamos favorecer aquellas políticas que alientan el sentido de hermandad de los que viven en nuestro país. (…) Estas políticas de recortes van en contra de estos valores (…) afectan a la dignidad de las personas.(…) No  podemos apoyar políticas que separan, no unen, a personas, y muy en especial en momentos de gran vulnerabilidad, como en la enfermedad.(…) La compasión necesita ir asociada con el sentido de dignidad, derechos y equidad.(…) La  moral nos exige construir una sociedad bajo estos principios.(…) Es nuestra obligación defender los principios de Bevan (el Ministro de Salud del gobierno laborista británico que estableció el NHS) que dan el derecho a cada ciudadano de tener acceso a los servicios sanitarios.(…) No podemos apoyar o estar callados frente a una situación como la actual en la que este derecho está siendo afectado en la práctica por las políticas de recortes. (…) No podemos aceptar por razones morales que la atención sanitaria dependa de la capacidad de pago del paciente. (…) El NHS debería estar financiado progresivamente, de manera que contribuyan con impuestos más acentuados los que más tienen. (…) Debemos apoyar a un sistema público en el que tanto los pacientes como los que trabajan en él sean respetados y queridos por el sistema. Un hospital no puede ser un supermercado. (…) Necesitamos expresar nuestro profundo desacuerdo con aquellos políticos que no respetan la justicia social que guía la financiación y provisión de servicios del NHS, de manera que los recursos se financien según el nivel de renta e ingresos de la ciudadanía, y que se distribuyan según la necesidad de los pacientes. Necesitamos hablar claro a favor de la equidad”.

Nada semejante a este documento ha sido firmado por ningún obispo español, en respuesta a la crisis actual. Aquí toda crítica de la Iglesia al gobierno  ha sido sobre temas relacionados con el sexo (aborto, homosexualidad) y sobre los ingresos a la Iglesia por parte del Estado, y nada, repito, nada, sobre justicia social. Y es ahí donde sería deseable que hubiera un movimiento en las bases de la Iglesia Católica española (incluyendo la catalana y la vasca) para exigir un cambio en sus dirigentes. Es de una enorme importancia para que la situación actual pueda cambiar. Así pasó en Gran Bretaña y así podría (y debería) ocurrir en nuestro país.

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Cómo el tema nacional oculta el drama social: las elecciones andaluzas

15 diciembre, 2018

Fuente: http://www.publico.es

Vicenç Navarro

Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España).

Ha sido también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 48 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España.

Es uno de los investigadores españoles más citados en la literatura científica internacional en ciencias sociales

Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra

He documentado extensamente (ver Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015, y “La enorme crisis social creada por las políticas neoliberales de los gobiernos españoles y catalanes”, Público, 27.11.18) el enorme drama social que existe en España, sin precedentes en el periodo democrático. La calidad de vida y el bienestar de la población, y muy en especial de las clases populares, están siendo afectados muy negativamente por tal crisis, ignorada en su mayor parte por el establishment político del país y por sus mayores medios de información, que centran su atención en las tensiones interterritoriales derivadas del no resuelto tema nacional.

Las dimensiones y consecuencias de tal crisis social son muchas y sus causas son fáciles de ver. En lugar prominente están las reformas laborales que han creado un gran deterioro del mercado laboral, y los recortes del gasto público social durante la Gran Recesión que han empobrecido de una manera muy marcada los servicios públicos del Estado del Bienestar (sanidad, educación, servicios sociales, vivienda social y servicios domiciliarios, entre otros), que ya estaban entre los menos financiados de la UE-15 (el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo al de España) antes de que se iniciara la crisis (España se gastaba entonces 60.000 millones de euros menos de lo que debería haberse gastado en tales servicios por el nivel económico que tenía).

Y los responsables de tales políticas públicas son también conocidos: el gobierno del PSOE, liderado por el Sr. Zapatero, inició esas políticas de clara tendencia neoliberal, las cuales fueron expandidas más tarde por el gobierno Rajoy, apoyado por el partido Ciudadanos, liderado por el Sr. Rivera. En Catalunya fueron los gobiernos de la Generalitat liderados por el Sr. Mas y más tarde por el Sr. Puigdemont (cuando Convergencia Democràtica de Catalunya se transformó en el PDeCAT), con la ayuda primero de Unió Democràtica de Catalunya y más tarde de ERC, los que apoyaron y llevaron a cabo tales políticas.

La crisis continúa y no se ha resuelto

Y aun cuando el establishment político y mediático español está promocionando la percepción de que la crisis se ha resuelto, los datos muestran la falsedad de tal postura. Solo hace unos días el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) presentó los datos de empleo y paro registrado, mostrando la pervivencia y continuidad de la precariedad, una de las principales características del mercado de trabajo español, facilitada por las reformas laborales aprobadas. Los contratos indefinidos representaron solo el 10% de todos los nuevos contratos producidos, y de estos indefinidos, el 30% lo fueron a tiempo parcial. Y por si no fuera poco, el 26% de todos los contratos tienen una duración menor a siete días, cuando hace diez años estos contratos solo representaban el 14% del total. Esta precariedad quiere decir salarios bajos y peores condiciones de trabajo, no solo para los afectados sino también para la mayoría de los trabajadores, pues establece un clima y una cultura de inestabilidad que crea una gran inseguridad en la mayoría de la clase trabajadora.

Estos datos son sistemáticamente ignorados por el establishment político-mediático del país, que continúa mostrando el crecimiento del empleo como un indicador de la supuesta recuperación y resolución del tema social. Pero lo que tal argumento ignora es que la EPA (la Encuesta de Población Activa del Estado), en su reciente informe sobre la población empleada, señala que todavía falta por recuperar el 30% del empleo destruido desde 2007, el año del inicio de la crisis. En realidad, el desempleo continúa siendo de los más elevados en la UE-15. Y, reflejando no solo el clasismo sino también el machismo existente en la sociedad española, los indicadores del deterioro del mercado laboral son incluso más acentuados entre las mujeres.

Los recortes que han deteriorado el bienestar de las clases populares

Los recortes del gasto público han ocurrido en cada uno de los componentes del que ya era un subfinanciado Estado del Bienestar, lo que ha significado un gran descenso de la cantidad y calidad de tales servicios, con una reducción marcada del personal que trabaja en ellos. Las huelgas y manifestaciones de los trabajadores de tales servicios son la tónica general en una agitación social que se está expandiendo a lo largo del territorio español, sin que haya habido una gran cobertura mediática, agitación que ha sido especialmente acentuada en Catalunya, donde los recortes del gasto público realizados por los gobiernos independentistas presididos por el Sr. Mas y Puigdemont (y ahora Torra) han sido especialmente acentuados. Predeciblemente, el portavoz de Junts per Catalunya (la antigua Convergència), el Sr. Eduard Pujol, se refirió a la resolución de los problemas creados por tales recortes como un tema no esencial –y por lo tanto secundario– frente al objetivo del gobierno catalán de conseguir la secesión de España. Hay que subrayar que el partido hegemónico en la coalición del gobierno independentista catalán apoyó en las Cortes Españolas la mayoría de leyes (reforma laboral y recortes) propuestas por los partidos gobernantes en España (es el caso de la reforma laboral de 2012, de la ley de estabilidad presupuestaria del mismo año o del decreto de recortes, también de 2012, todos ellos apoyados por este partido).

En España continúan habiendo clases sociales y el deterioro del bienestar de las clases populares se ha hecho a costa de la enorme concentración de la riqueza y de los ingresos por parte de las clases y élites dominantes. Y lo mismo ha ocurrido en Catalunya

Esta breve reseña del impacto de la crisis en el nivel de vida de las clases populares no se puede terminar sin contrastar tal deterioro del bienestar de estas clases, que constituyen la mayoría de la población, con el crecimiento del nivel de vida de una minoría que no alcanzará a ser un 15-20% de la población (burguesía, pequeña burguesía y clase media profesional de renta superior al servicio de los dos grupos anteriores), que ha sido particularmente acentuado en la minoría (dentro de esta minoría) que deriva sus ingresos de la propiedad del capital (y muy en especial del capital financiero). Nunca antes en el periodo democrático las rentas del capital como porcentaje de todas las rentas habían sido tan altas y las rentas del trabajo habían sido tan bajas como ahora. Este grupo del 15-20% tiene una enorme influencia política y mediática en el país y es el que determina la agenda y discurso del establishment político-mediático. Y es a través de los medios de información (que son también de persuasión) que ejercen una enorme influencia en determinar la sabiduría convencional del país.

Este grupo social dominante siempre ha ejercido una enorme influencia sobre el Estado, debido, en parte, a la transición inmodélica que mantuvo su enorme influencia sobre la gran mayoría de los aparatos de dicho Estado. Su ideología, heredada del régimen dictatorial anterior, se caracteriza por su clasismo y su nacionalismo uninacional extremo. Su clasismo determina la gran regresividad de la fiscalidad española (si las políticas fiscales españolas fueran semejantes a las existentes en el promedio de la UE, el Estado español y sus autonomías ingresarían alrededor de 80.000 millones de euros más de los que ingresa hoy) y la gran pobreza de su Estado, incluyendo de su Estado del Bienestar, uno de los menos financiados de la UE-15. Y su nacionalismo uninacional se muestra también en la gran centralización del Estado (responsable del 50% del gasto público, siendo los municipios responsables solo de un 13% y las autonomías de un 32%). Y cuando en 2010 hubo un intento de redefinir esta relación, reconociendo el carácter plurinacional del Estado a través del Estatuto de Autonomía catalán (aprobado por el Parlament, por las Cortes y por el pueblo catalán en referéndum), este fue vetado por el Tribunal Constitucional (TC), iniciándose así el surgimiento del movimiento independentista como respuesta a la falta de sensibilidad por parte del Estado hacia la plurinacionalidad. Y desde entonces las crisis interterritoriales han sido el centro del debate político entre fuerzas que, por lo demás, han apoyado un mismo proyecto neoliberal.

Una vez más, el tema nacional ocultó el tema social: las elecciones en Andalucía

Lo que llamó la atención en las elecciones de Andalucía fue el enorme protagonismo que el tema nacional tuvo en el debate electoral, en el que las derechas (el PP y Ciudadanos), máximas valedoras del españolismo uninacional, llevaron la iniciativa, definiendo el terreno de la lucha electoralEn esta campaña sus dirigentes estatales (los Sres. Casado y Rivera) jugaron un papel clave, interesados en utilizar “la defensa de la unidad de la patria” para atacar al gobierno del PSOE y a su aliado Unidos Podemos (UP), presentándolos casi como “traidores a la patria”. En realidad, de haberse centrado la campaña en el tema social, el debate hubiera girado en torno al presupuesto del gobierno del PSOE y de su aliado UP (que había sido el elemento clave en la preparación de tal presupuesto), unas cuentas que significarían una reversión muy notable de las políticas de austeridad, con una notable expansión del gasto público entre otras medidas sumamente urgentes y necesarias, como es el empoderar a las autoridades locales para poder resolver el enorme drama de la vivienda.

La escasa visibilidad de los respectivos dirigentes estatales en las campañas de las izquierdas andaluzas diluyó el espacio social en la campaña electoral, pues del presupuesto del Estado apenas se habló. Este alejamiento de los partidos de izquierda andaluces de sus compañeros y compañeras estatales fue resultado de un deseo de Susana Díaz y de Teresa Rodríguez y sus equipos, que querían distanciarse de tales dirigentes y de las políticas de tales partidos (PSOE y UP), subrayando su autonomía. Este distanciamiento les perjudicó electoralmente, pues dificultó el debate sobre el tema social, ya que evitó, como he indicado antes, que la campaña se centrara en el presupuesto propuesto por el gobierno Sánchez y realizado conjuntamente con UP. En caso de que el debate se hubiera centrado en el tema social a nivel estatal, el PP y C’s hubieran sido mostrados por lo que ambos son: los instrumentos del 15-20% de la población, incluyendo en Andalucía.

Susana Díaz perdió casi 400.000 votos. Representaba la derecha del PSOE, que echó a Sánchez para poder investir a Rajoy como presidente, que defendió con mayor ahínco la aplicación del 155 en Catalunya, que rompió con IU y se alió con Ciudadanos, y que siempre mostró su gran hostilidad hacia Podemos. Y en la campaña se distanció de la dirección del PSOE, y apenas tocó el tema social, principal debate a nivel del Estado, un presupuesto que representaría una revisión de las políticas de austeridad que ella misma ha aplicado en Andalucía.

Adelante Andalucía perdió casi 300.000 votos, recabando menos votos que la suma que Podemos e IU había aglutinado en las anteriores elecciones andaluzas. Como Susana Díaz, también se distanció del equipo dirigente estatal, entre otras razones para enfatizar su autonomismo. Su énfasis en señalar su identidad andaluza era su respuesta al nacionalismo españolista de las derechas. Pero al poner el tema nacional en el centro de su estrategia, le hicieron el juego, sin darse cuenta, a la derecha nacionalista españolista, desaprovechando la oportunidad de criticar a tal derecha estatal y andaluza por su oposición a la propuesta de presupuestos de la izquierda a nivel estatal. Al establecer esta dicotomía estatal versus autonómico diluyeron el mensaje social, pues gran parte de la crisis social se debe a intervenciones a nivel estatal (aprobadas también por las oligarquías andaluzas con las que Susana Díaz ha colaborado activamente).

En cierta manera reprodujeron la estrategia de las izquierdas catalanistas soberanistas, no independentistas (como En Comú Podem), que ganan en las elecciones estatales pero pierden (y mucho) en las autonómicas. El tema social andaluz y el catalán vienen determinados en su gran mayoría por políticas públicas que se realizan a nivel estatal (con el apoyo de las derechas andaluzas y catalanas, sean o no secesionistas). De ahí la importancia de que las izquierdas muestren la complicidad de las derechas autonómicas con las derechas estatales. Se tenía que haber mostrado que detrás del conflicto de banderas hay una conjunción de intereses de clase, que coinciden en la aplicación de las mismas políticas neoliberales. Y ello no puede hacerse sin que las izquierdas autonómicas y estatales se coordinen y complementen sus estrategias. No hacerlo es permitir el monopolio de lo estatal por parte de las derechas. Y esto es lo que ocurrió en Andalucía. Al no tocar el tema estatal (que hubiera sido el presupuesto social), el debate se centró en el tema nacional, dirigido por las derechas.

Una consecuencia de ello fue no solo la pérdida conjunta de casi 700.000 votos, sino la abstención del 41,35% de los electores. En realidad, las derechas (PP, C’s y Vox) consiguieron solo 1,8 millones de votos (de un electorado de más de 6 millones). Ello significa menos de un 30% del censo, y menos de un 7% del censo para Vox (que está beneficiándose enormemente de la visibilidad mediática que recibe, la cual ignora que no es más que la versión extrema de lo que las derechas llamadas constitucionalistas han sostenido). En realidad, la noticia principal no fue este 7%, sino el 41,35% que se abstuvo: la mayoría de las clases populares.

El previsible buen resultado de Vox es una consecuencia de la creciente radicalización de las derechas españolas en respuesta al proceso secesionista en Catalunya y a la aparición de una fuerza política a nivel de toda España que, además de tener una visión plurinacional de esta, tiene una clara identidad republicana, con propuestas y vocación transformadora de la estructura de poder en España, que pone el tema social en el centro de su estrategia. De ahí la enorme hostilidad hacia una nueva visión de España, poliédrica en lugar de radial, republicana en lugar de monárquica, con vocación transformadora, que exige justicia social y auténtica democratización política y económica del país. La derecha española, claramente enraizada en la cultura franquista, se ve amenazada, lo que explica su agresividad. Que utilice el eslogan de querer defender la igualdad de todos los españoles carece de credibilidad, pues su políticas neoliberales –el eje de su programa económico y social– es la mejor prueba de que su gobierno aumentaría todavía más las desigualdades creadas ya por el PP y C’s, a nivel de clase social, de género, de raza, de nación, de idioma y de de orientación sexual, entre otros. Han sido precisamente las políticas neoliberales las mayores responsables del crecimiento de las desigualdades entre españoles. Así de claro.

Las causas del crecimiento del mal llamado populismo

12 diciembre, 2018

http://www.publico.es

Vicenç Navarro
Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Uno de los documentos que ha tenido más influencia en el siglo XX, el Manifiesto Comunista, comienza con la famosa frase:

Un espectro se cierne sobre Europa: el espectro del comunismo.Contra este espectro se han conjurado en santa jauría todas las potencias de la vieja Europa, el Papa, el zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. No hay un solo partido de oposición a quien los adversarios gobernantes no hayan motejado de comunistas”.

A principios del siglo XXI se podría escribir un documento con un párrafo introductorio semejante, poniendo la palabra populismo en lugar de comunismo, y cambiando los nombres de los establishments políticos, económicos y religiosos que se sienten amenazados por el crecimiento de los movimientos que tales establishments definen como populistas. Este nuevo documento comenzaría con el siguiente relato:

Un espectro se cierne sobre el capitalismo avanzado a los dos lados del Atlántico Norte: el espectro del populismo. Contra este espectro se ha conjurado una santa jauría, todos los establishments políticos y mediáticos de estos países y sus partidos políticos gobernantes, así como sus instituciones supranacionales. No hay un solo partido político de oposición a quien los adversarios gobernantes no hayan definido como populistas”.

Como ocurrió en el siglo XX con el comunismo, el término populismo en el siglo XXI es utilizado en la narrativa política y mediática de las instituciones que reproducen las estructuras de poder político y mediático (así como de los poderes económicos y financieros que las sustentan) para definir cualquier movimiento o partido que cuestione su poder, su legitimidad y las políticas públicas neoliberales que han estado imponiendo a la población de los países a los dos lados del Atlántico Norte: Europa y Norteamérica. El objetivo de este artículo es analizar si tienen algo en común estos movimientos definidos como populistas, a fin de ver las principales causas de su expansión y movimiento, y en la segunda parte, analizar qué es lo que en ciencias políticas se define como populismo, y ver si a aquellos movimientos les corresponde ser definidos como tales.

Cuáles son los elementos que tienen en común estos movimientos

Aunque variados, la gran mayoría de partidos llamados populistas tienen algunos puntos en común. Uno de ellos es su oposición clara a la globalización e integración económica y a la homogeneización cultural y política que ellas conllevan y que es percibida como una amenaza a su propia identidad nacional. Este sentimiento aparece en muchas formas y dimensiones. Pero en todas ellas hay un nacionalismo que es definido por los establishments político-mediáticos responsables de tal globalización como “retrógrado”, “provinciano”, “proteccionista”, “antimoderno”, “anticuado”, “irracional”, “insolidario”, “chauvinista” y un largo etcétera. Se intenta demonizar, con ello, a dicho nacionalismo, oponiéndolo a un supuesto internacionalismo modernizador y progresista.

Este deseo de recuperación de la identidad y control de las condiciones y recursos nacionales característicos del sentimiento nacionalista se basa primordialmente (aunque no exclusivamente) en la identificación de la globalización con el descenso de la calidad de vida y bienestar de las clases populares que ha ocurrido como consecuencia de tal globalización. Su nacionalismo es una respuesta lógica y previsible a su percepción de que dicha globalización es responsable del malestar en el que viven. De ahí que su rechazo a la globalización y a las instituciones y partidos que la promueven sea el que genere su nacionalismo. Miles de ejemplos así lo muestran. Uno de los más recientes es lo ocurrido en Baltimore, EEUU. El barrio obrero blanco de Dundalk (el barrio de los trabajadores de la siderurgia de tal ciudad) votó masivamente al candidato antiglobalización Trump, que denunció el traslado de los altos hornos del acero (uno de los mayores centros de empleo de la ciudad) a países con salarios más bajos y peores condiciones de trabajo, en contra de la candidata Hilary Clinton, que apoyó la globalización. Y ello ocurrió a lo largo de la mayoría de barrios obreros de EEUU. Un tanto semejante ocurrió en gran parte de los países de la Unión Europea. La evidencia empírica existente de que la movilidad de capitales a países con salarios bajos ha dañado sustancialmente el nivel de vida de la clase trabajadora de los países del capitalismo desarrollado del Atlántico Norte es abrumadora y convincente. Y también es abrumadora y convincente la evidencia que muestra que aun siendo la inmigración un factor positivo para los países capitalistas desarrollados, esta puede implicar unos costes (como la bajada de salarios) para sectores vulnerables de las clases populares que explican su rechazo.

La mayoría de los movimientos populistas son hostiles hacia los establishments políticos y mediático neoliberales

De ahí que el rechazo a la globalización e integración económica por parte de los partidos llamados populistas vaya acompañado de otra característica, la de ser movimientos antiestablishments, y muy en particular de los establishments políticos y mediáticos, a los cuales se considera responsables de la imposición de las políticas neoliberales, incluyendo la globalización. Su propuesta política se define como la defensa “de los de abajo” – el pueblo – frente “a los de arriba”, las élites políticas responsables de dicha globalización.

Todo ello explica la tercera característica: el protagonismo de amplios sectores de la supuestamente desaparecida clase trabajadora entre las bases de estos movimientos. Tanto en EEUU como en el Reino Unido o en Suecia (países que creo conocer bien por haber vivido en ellos durante muchos años), así como en Francia y en Alemania entre muchos otros, grandes sectores de su clase trabajadora que habían votado a las izquierdas votan hoy a partidos populistas. Naturalmente que tales sectores no son los únicos votantes de estos partidos (ni tampoco son, en ocasiones, la mayoría de tales votantes), pero juegan un papel clave y central en estos movimientos antiestablishment populistas. En EEUU la clase trabajadora blanca (que es la gran mayoría de la clase trabajadora de aquel país) fue determinante en la elección del candidato Trump a la presidencia de EEUU. Lo mismo ocurrió en el Reino Unido, donde la clase trabajadora británica fue el eje del movimiento a favor del Brexit, que era un movimiento de protesta frente al establishment político y mediático de la UE. En Suecia, hace unas semanas, grandes sectores de la clase trabajadora votaron al partido llamado populista de ultraderechas (Demócratas de Suecia). En Francia, el cinturón rojo de París votó a Le Pen, y en Alemania el espectacular declive de la socialdemocracia ha ido acompañado – como ha ocurrido en la mayoría de países de la UE – de la expansión de partidos llamados populistas.

¿Por qué están creciendo estos movimientos? Las políticas neoliberales promovidas por los establishments político-mediáticos son la principal causa

Definir, sin más, a estos movimientos como chauvinistas y antiinmigrantes, atribuyendo su expansión a su supuesto racismo y oposición a la inmigración, es no entender lo que está detrás de estos sentimientos, pues estos sentimientos (que sí existen en varios de estos movimientos) son síntomas, no causas, de la aparición y extensión de tales movimientos. La causa real de su crecimiento es ni más ni menos que el enorme deterioro de las condiciones de vida de las clases populares en general, y de la clase trabajadora en particular, en cada uno de estos países, deterioro que se ha ido produciendo desde los años ochenta a ambos lados del Atlántico Norte. Y ello como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales –que alcanzó su máxima expresión con el estallido de la Gran Recesión-, medidas que los políticos gobernantes neoliberales crearon deliberadamente a fin de derrotar al mundo del trabajo, lo cual han conseguido (ver mi libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015). Los datos hablan por sí mismos. Las rentas del trabajo (las rentas derivadas, primordialmente, del trabajo, es decir, de los salarios) han ido disminuyendo en la mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte desde la aplicación de tales políticas (iniciadas a finales de los años setenta y principios de los ochenta), mientras que las rentas del capital han ido creciendo. Concretamente, en la década de 1970, la participación de los salarios en términos de compensación por empleado fue: en EEUU del 70% del PIB; en los países que serían más tarde la UE-15, este porcentaje era el 72,9%; en Alemania un 70,4%; en Francia un 74,3%; en Italia un 72,2%; en el Reino Unido un 74,3%; y en España un 72,4%. Estos porcentajes bajaron muy significativamente a partir de entonces. En 2012 tales porcentajes pasaron a representar: en EEUU el 63,6% del PIB; en los países de la UE-15 el 66,5%; en Alemania el 65,2%; en Francia el 68,2%; en Italia el 64,4%; en el Reino Unido el 72,7%; y en España el 58,4%. El descenso de las rentas del trabajo durante el periodo 1981-2012 fue, pues, de un 5,5% en EEUU, un 6,9% en la UE-15, un 5,4% en Alemania, un 8,5% en Francia, un 7,1% en Italia, un 1,9% en el Reino Unido y un 14,6% en España, siendo este último país donde tal descenso fue mayor. Detrás de estas cifras hay un crecimiento enorme de las desigualdades sociales, que han alcanzado su máxima expresión durante la Gran Recesión. Tal crecimiento es un tema visible en los grandes medios de comunicación, y ha alcanzado un nivel de preocupación y alarma en los centros de poder político por la previsible inestabilidad que conlleva, pues a nivel de calle (aunque no a nivel de la mayoría de los principales medios) tal crecimiento de las desigualdades se debe a que el enorme aumento de la riqueza y bienestar de las minorías pudientes se ha estado consiguiendo a costa del gran descenso del bienestar y nivel de vida de la mayoría de las clases populares, que constituyen la mayoría de la población.

El gran crecimiento de las desigualdades como consecuencia de las políticas neoliberales

No es, por lo tanto, mera casualidad que tales movimientos – con base obrera – hayan aparecido con mayor intensidad durante la Gran Recesión. Explicar, repito, este crecimiento y expansión debido al crecimiento del sentimiento antiinmigrante o chauvinista, o lo que fuera, es no entender que fue el deterioro de la calidad de vida y del bienestar de las clases populares y de la clase trabajadora lo que explica el crecimiento de tales sentimientos. En realidad, en EEUU amplios sectores de la clase trabajadora blanca que habían votado anteriormente al candidato negro Obama votaron a Trump en las últimas elecciones. No niego que haya existido un crecimiento del sentimiento antiinmigración, aunque este sentimiento no siempre responde a un aumento notable de la población inmigrante. Tal aumento sí que ha ocurrido en Suecia y en Alemania, por ejemplo, pero no ha ocurrido en EEUU, ni en el Reino Unido, ni en Francia. Y, sin embargo, el crecimiento de estos movimientos ha sido casi idéntico en estos países. Es el deterioro de las condiciones de vida de las clases populares la causa principal del crecimiento de tales movimientos. Análisis detallados, país por país, así lo muestran. Los salarios, las condiciones de trabajo, la ocupación y el bienestar en cada uno de estos países se han deteriorado. Un indicador claro de este deterioro es el crecimiento de las enfermedades llamadas de la desesperación –“despair”–   (la adicción a las drogas o al alcohol, y las enfermedades relacionadas con el estrés) en la mayoría de estos países.

Las diferencias entre estos movimientos llamados populistas

Analizando la naturaleza de los movimientos populares del siglo XX (que continúan existiendo) y del siglo XXI, vemos que el comunismo y el socialismo tenían y tienen (al menos en teoría) una dimensión acusatoria y de denuncia (que se traducía en su oposición al establishment liberal y/o conservador, sostenedores del capitalismo) y una dimensión propositiva (sustituir el capitalismo por el socialismo). No así la mayoría de populismos, que tienen una dimensión antiestablishment pero que carecen de una dimensión propositiva. El comunismo y el socialismo tenían y tienen (de nuevo, al menos en teoría) una cohesión ideológica y, por lo general, un objetivo común. Y su visión afectaba y afecta todas las dimensiones de la actividad política, incluyendo elementos como el sentido nacionalista, identitario. La visión de izquierdas de la nación, por ejemplo, es distinta a la concepción de nación de las derechas (influenciadas por los establishments económicos y financieros dominantes). La nación, en su versión comunista o socialista, es la colectividad formada por gente normal y corriente cuyo bienestar es el objeto esencial de la función pública, asignándose los recursos según la necesidad, y exigiendo recursos según la habilidad de la ciudadanía. La extensión de los derechos sociales, laborales y políticos era un componente esencial para conseguir el empoderamiento de la clase trabajadora en su camino hacia el socialismo. Fue precisamente en aquellos países donde tales derechos fueron más universales, cubriendo a toda la población, donde se cuestionó la continuidad del capitalismo. El caso más claro fue Suecia, con las reformas Meidner, que hubieran podido alcanzar uno de los objetivos más importante del proyecto socialista: la propiedad colectiva de los medios de producción. El neoliberalismo fue la respuesta del mundo empresarial y financiero que fue aplicada por los gobiernos de derechas (aunque también por los gobiernos socialdemócratas), que consiguieron debilitar el universalismo, solidaridad y seguridad en el mercado laboral (como ampliar privatizaciones de su estado del bienestar y reformas laborales que rompieron con la seguridad y protección social del mundo del trabajo), lo que  creó la inseguridad, punto básico para el surgimiento de una ultraderecha de base obrera antiinmigrante, hecho facilitado por el enorme crecimiento de la inmigración, como ocurrió en Suecia, que alcanzó unos límites sin precedentes en aquel país. La inseguridad laboral y otras medidas neoliberales son condiciones necesarias para el crecimiento del movimiento antiinmigrante.

El nacionalismo (la defensa de la identidad nacional) de derechas tiene, sin embargo, otra orientación. Lo caracteriza una visión mística, totalitaria, excluyente, racista (o etnicista) y clasista, identificando los intereses nacionales con los intereses de las clases dominantes. Se me dirá, con razón, que el nazismo se definió como nacionalsocialismo. Y adoptó medidas como las políticas de pleno empleo, las cuales eliminaron el paro, entre otras. Pero la promoción de tales propuestas, así como la narrativa obrerista de su relato, era precisamente parte de su estrategia para parar y destruir el comunismo y el socialismo. De ahí el apoyo y financiación en los países donde surgió el nazismo (y, por cierto, también el fascismo) de tales movimientos por parte de las élites financieras y económicas. El nazismo y el fascismo salvaron el capitalismo y a los capitalistas de la amenaza del socialismo y del comunismo. Este fue su objetivo. El caso español es un claro ejemplo de ello. La Falange (el partido fascista), junto con la Iglesia, fue uno de las instituciones de mayor represión durante el régimen franquista contra el comunismo y el socialismo.

El gran fracaso de las izquierdas y su autoría en el desarrollo y expansión del neoliberalismo como causa del crecimiento del mal llamado populismo

Ante esta realidad, la pregunta que debe hacerse es: ¿cómo es que estos sectores de la clase trabajadora votan a la ultraderecha y no a los partidos tradicionalmente enraizados en las clases trabajadoras, como son la mayoría de partidos de izquierdas? Y la respuesta a la pregunta es muy fácil, pues gran parte de los partidos gobernantes de las izquierdas fueron también responsables de la aplicación de las políticas neoliberales, las cuales incluyen las políticas de reforma de los mercados laborales, las políticas de austeridad, los recortes y las políticas facilitadoras e incentivadoras de la globalización. De ahí que tales partidos, que han sido percibidos (correctamente) por estas clases populares como los responsables (junto con los partidos gobernantes de otras sensibilidades) de las políticas que les han hecho tanto daño, hayan ido perdiendo gran apoyo popular. La adaptación de los partidos socialistas o socialdemócratas al neoliberalismo ha sido una de las principales causas del crecimiento de tales movimientos populistas.

El descenso del apoyo popular y electoral a tales partidos de la izquierda y su sustitución por los partidos populistas explica que hayan estado surgiendo nuevas sensibilidades dentro de las izquierdas que estén intentando canalizar este enfado popular (que es justo, lógico y predecible), respondiendo a las demandas fruto de esta queja. Bernie Sanders en EEUU, Corbyn en el Reino Unido, el nuevo movimiento de izquierdas alemán Aufstehen, el PG de Mélenchon en Francia, y Podemos y sus confluencias en España (tales como En Marea y Catalunya en Comú) son un ejemplo de ello. Ahora bien, definir a estos movimientos como populistas es un gran error.Ni que decir tiene que la visión del populismo como “enfrentamiento del pueblo contras las élites” tiene validez, pero solo hasta cierto punto, pues el pueblo tiene clases sociales, géneros, razas y nacionalidades con intereses distintos que distan de ser coincidentes. Encontrar elementos en común es el gran reto de tales movimientos, pero dentro de un objetivo común que permita relacionar todos los tipos de explotación, para lo cual se requiere la transformación profunda de las sociedades capitalistas actuales para permitir y facilitar una nueva sociedad (que no llegará en el año A, més M, día D), sino que se irá construyendo (destruyendo) día a día según la correlación de poderes en cada país. Todos estos movimientos de la nueva izquierda salen y están enraizados en las izquierdas. Llamarlos populistas es un intento de identificarlos con otras formaciones de claro sentido derechista.

La situación en España

Todo lo que he dicho es aplicable a España. Si el PSOE no hubiera dejado de desarrollar medidas socialistas, es probable que no hubiera aparecido Podemos. Las políticas económicas aplicadas por el PSOE eran neoliberales en extremo (las recientes declaraciones del ministro de Economía más influyente en el PSOE, el Sr. Solchaga, criticando el movimiento de los pensionistas, acusándolos de ser injustos en sus demandas y en sus quejas, son un ejemplo de ello). Podemos ha sido y continúa siendo un punto de referencia internacional, pues España es uno de los países donde este mal llamado populismo ha sido de izquierdas. De ahí la importancia de lo que ocurre en tal formación política. El reciente artículo de Illueca, Monereo y Anguita en Cuarto Poder (“¿Fascismo en Italia? Decreto dignidad”, 05.09.18) creó un gran revuelo, con críticas injustas en su mayoría, pues se malinterpretó como una defensa de la coalición de gobierno italiana, asignándole la definición de fascista. Es cierto que el título y el estilo provocadores del artículo no fueron suficientemente cuidadosos y dieron pie a tal confusión. Pero lo que el artículo señalaba era que las políticas discutidas de carácter proteccionista eran casi las mismas que estaban cuestionando la hegemonía neoliberal existente en el establishment político-mediático europeo. Ahora bien, dicho artículo generó una muy necesaria reflexión de que hoy hace falta otra izquierda que responda con mayor radicalidad al enfado existente entre las clases populares de estos países. El gobierno Trump, por cierto, también ha realizado propuestas copiadas de la izquierda de Bernie Sanders, como el proponer que el porcentaje de materiales utilizados en los automóviles que se produzcan en el país con materiales procedentes de él sea muy elevado. Ahora bien, definir a la coalición gobernante en Italia como fascista me parece poco riguroso, aunque sí que tiene – como la tienen muchas características del populismo de derechas – semejanzas al fascismo: la visión autoritaria escasamente democrática y el racismo nacionalista de la Liga Norte (partido de la coalición que influenció en su día a amplios sectores del pujolismo en Catalunya), son claramente antidemocráticos.

Los grandes límites del populismo: la necesidad de combinar lo nuevo con lo antiguo

La estrategia de defensa de los de abajo frente a los de arriba (o del pueblo frente a las élites), aunque necesaria, tanto electoralmente como tácticamente, es dramáticamente insuficiente, pues no reconoce, como acabo de indicar, que no todos los miembros del pueblo tienen intereses iguales. No hay duda de que los distintos sectores de la población tienen elementos en común, y es necesario capitalizar estos puntos en común. En realidad, la naturaleza tan profunda de la crisis acentúa más las condiciones que la población tiene en común. Los recortes de los derechos sociales y laborales son un ejemplo de ello; tales recortes afectan a la gran mayoría de la población, pero no de la misma manera. Y de ahí la importancia de tener en cuenta en la estrategia política la existencia de categorías analíticas como género, raza y también clase social, siendo esta última una categoría de enorme importancia, muy olvidada en España, donde se ha aceptado la definición de nuestro país como un país estratificado en tres clases (los ricos, la clase media y los pobres), sin que la clase trabajadora aparezca por ninguna parte, asumiendo que ha desaparecido o se ha convertido en la clase mediaLos movimientos antiestablishment de base obrera han mostrado, sin embargo, que dicha clase existe y está muy frustrada.

Y es ahí donde, sin repetir los errores de la izquierda tradicional (que fueron muchos), hay que recuperar categorías de análisis hoy olvidadas u ocultadas, pues la realidad muestra que siguen teniendo valor. En realidad, el enorme espacio que las clases medias ilustradas (personas con educación superior) tienen en las instituciones representativas, incluidos los partidos políticos, facilitó su conversión al neoliberalismo. De ahí que las alianzas de lo nuevo con lo antiguo –incluidos algunos partidos anteriores– sean esenciales en los nuevos partidos. Antiguo no es sinónimo de anticuado. En ciencias (y no deberíamos abandonar el deseo de utilizar la ciencia como determinante de las políticas públicas) hay muchos principios fundamentales que son muy antiguos pero no anticuados. La ley de la gravedad es muy antigua y, sin embargo, no es anticuada. Si no se lo cree, salte de un cuarto piso y lo verá. Lo que le pasó a la socialdemocracia es que saltó del cuarto piso creyendo que eso de las clases sociales ya no serviría, y se estrelló. Lo antiguo da conocimiento de lo ocurrido y de dónde venimos. Echarlo por la borda es un error. Y ello tiene tanto que ver con la recuperación de la memoria histórica como con la narrativa y en el tipo de análisis que se utiliza para entender nuestra realidad. Olvidar categorías de poder como clase social o la relevancia del socialismo es semejante a negar la ley de la gravedad. Espero que estas notas contribuyan a corregir este error.

La enorme crisis social creada por las políticas neoliberales de los gobiernos españoles y catalanes

29 noviembre, 2018

Fuente: http://www.publico.es

La aplicación de políticas neoliberales, como las reformas laborales que tenían como objetivo, en teoría, aumentar la flexibilidad laboral (lo cual consiguieron a costa de un enorme crecimiento de la precariedad, de la inestabilidad laboral y de la desprotección social), y como los recortes del gasto y empleo públicos que han afectado especialmente a las transferencias y servicios públicos del ya muy poco financiado Estado del Bienestar español, incluyendo el catalán (a fin de reducir el déficit público con la intención, en teoría, de tranquilizar a los mercados financieros), por parte de los gobiernos liderados en España por el Sr. Zapatero primero y por el Sr. Rajoy después (con el apoyo de Ciudadanos), y de los gobiernos del Sr. Mas y del Sr. Puigdemont –y ahora del Sr. Torra– (en alianza con Unió Democràtica y más tarde con ERC) en Catalunya, ha tenido un impacto devastador en la calidad de vida y el bienestar de las clases populares de España, incluyendo Catalunya. Nunca antes en el periodo democrático se había visto tal deterioro. Desde el inicio de la Gran Recesión –causada por la aplicación de tales políticas– en 2007 hasta el año pasado, 2017, la tasa de desempleo pasó de un 8,2% a un 17,2% (un crecimiento del 110%). En número de personas, significó pasar de tener 1.846.000 parados a tener 3.917.000 (2.071.000 personas más). Durante el mismo periodo de tiempo 2007-2017, el porcentaje de personas en paro de larga duración pasó de ser un 1,7% (377.000 personas) a un 7,7% (1.724.000 personas). El porcentaje de trabajadores que ganaron solo una tercera parte del salario medio pasó de ser el 21% a un 27% (en el caso de personas solteras sin hijos), y del 13% a un 14% en el caso de parejas con un salario y dos hijos. Y el porcentaje de trabajadores que ganaban menos del salario mínimo subió de un 8,8% a un 12%. Hoy España (incluyendo Catalunya) tiene una de las tasas de riesgo de pobreza más altas en la UE (un 22%), que es incluso mayor en el caso de los niños (32%).
La tasa de ocupación (porcentaje de la población que trabaja) entre la gente joven es hoy solo del 18% (en Catalunya el 25%), una situación dramática y que augura un futuro nivel de vida para los jóvenes que estará por debajo del de sus padres. Pero no solo los jóvenes están en una situación muy preocupante. Otro grupo etario con grandes dificultades es el trabajador “maduro” (por encima de 55 años), que representan el 14% del total de parados, habiendo crecido su desempleo un 293% durante el periodo 2007-2017. Esta situación tan deteriorada en el mundo del trabajo explica también el gran crecimiento de las desigualdades, siendo España (incluyendo Catalunya) el país que tiene unas desigualdades más acentuadas en la UE-15.El desmantelamiento del Estado del Bienestar.

Como consecuencia de los recortes, el porcentaje del PIB gastado en la sanidad pública bajó durante el periodo 2009-2015 de un 5,8% a un 5,4% en Catalunya, y de un 6,8% a un 6,5% en España, porcentajes de gasto sanitario público más bajos que en el promedio de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de la UE de mayor desarrollo económico, y mucho más bajos que en Suecia (donde subió durante el mismo periodo de un 7,3% a un 9,2%). Un tanto igual ocurrió con la educación, cuyo gasto bajó en Catalunya de un 4,21% a un 3,68% (durante el periodo 2009-2015), y en España de un 5,02% a un 4,16%, mucho más bajos que en la UE-15. Y así un largo y penoso descenso por cada uno de los capítulos del Estado del bienestar español, incluyendo el catalán.

Es importante destacar que las dimensiones más duras y antisociales de estas políticas neoliberales, tanto los recortes (como la ley de estabilidad presupuestaria de 2012 o el decreto de recortes del mismo año) como las reformas laborales y la amnistía fiscal, fueron aprobadas por los dos partidos gobernantes en España (el PP) y en Catalunya (CiU). CiU era una coalición de dos partidos: CDC, un partido liberal, y UDC, un partido cristianodemócrata. Más tarde CDC dejó de aliarse con UDC y pasó a gobernar con ERC, apoyado desde fuera del gobierno por la CUP. Tal partido (CDC, ahora PDeCAT) es un partido neoliberal que hasta hace unos días pertenecía a la misma familia política que Ciudadanos (otro partido político neoliberal), de la que fue expulsado por su historial de corrupción en su etapa pujolistaEste partido ha promocionado, como parte de su política neoliberal, la llamada declaración del Dia de l’Alliberament Fiscal, que expresa el deseo de establecer un límite en cuanto a la carga fiscal, distanciándose de garantizar los servicios básicos del Estado del Bienestar. Tal declaración es presentada en forma de moción de este partido en los ayuntamientos catalanes (inspirada por un movimiento semejante de la derecha en EEUU, conocido como Tax Freedom Day, que favorece la limitación de la carga fiscal junto con un cuestionamiento del compromiso estatal de garantizar el acceso a la sanidad y a la educación). En su día, Convergència fue responsable de los mayores recortes de gasto público sanitario conocidos en la UE-15 (promovidos por el conseller de Salud, Boi Ruiz, que había sido presidente de la patronal sanitaria privada antes de ser nombrado consejero, y que durante su mandato recomendó que la gente afectada por los recortes contratara un seguro sanitario privado).

Es también importante subrayar que tales partidos políticos neoliberales (PP, Ciudadanos y el PDeCAT) lideran los bloques nacionalistas –el españolista los dos primeros, y el catalanista, hoy independentista, el último (siendo partidos en polos opuestos en sus políticas nacionales)–. Todos ellos utilizan el nacionalismo para movilizar a sus bases a la vez que en los pasillos y despachos del poder –como en el Congreso de los Diputados– firman y apoyan las mismas políticas que han hecho un enorme daño a las clases populares a ambos lados del Ebro. Ni que decir tiene que detrás de su supuesto “amor a la patria y a la nación” hay un intento de ocultar el daño e impopularidad creada por la implementación forzosa (pues no estaban en sus programas electorales) de tales políticas neoliberales, las cuales han creado dicha enorme crisis social. Sin las movilizaciones de banderas –la borbónica por el lado españolista y la estelada por el lado independentista–, tales partidos habrían disminuido espectacularmente su apoyo electoral como ha ocurrido en la mayoría de países de la UE.

Gran parte de la población es consciente de la enorme crisis y atribuye a las políticas neoliberalres aplicadas su existencia

Como era de esperar, artículos publicados en revistas de signo neoliberal próximas a los nacionalistas de ambos lados han intentado convencer a la ciudadanía de que la situación se ha resuelto y que los recortes se han revertido alcanzando los niveles de gasto que España, incluyendo Catalunya, tenían antes de la crisis. Artículos titulados “La remisión de los recortes” o parecidos son comunes en tales medios. Pero los datos muestran la enorme falsedad de esos supuestos. En realidad, la gran mayoría de la ciudadanía es plenamente consciente de ello. En una encuesta reciente publicada en El País (11.11.18), la gran mayoría de españoles (82%), incluyendo los catalanes, no creen que España haya salido de la crisis. Y un porcentaje también muy elevado (66%) acusa a las políticas de la clase política (es decir, de los partidos gobernantes) de la crisis y de su continuidad como consecuencia de tales políticas. El 73,6% de los encuestados, que representan a la población española, creen (con razón) que España tiene mayor pobreza, un 77,9% que hay menor calidad en el empleo, el 67,4% que hay mayores desigualdades y el 58,5% que hay menor desarrollo económico. Las estadísticas muestran que tales percepciones responden claramente a una realidad. Casi un cuarto de la población sufre riesgo de pobreza y exclusión social, incluyendo gente asalariada. Y los ingresos y el nivel de vida de la mayoría de la población han disminuido. Es también importante señalar que además de responsabilizar a la clase política gobernante por la enorme crisis, también el 67,2% responsabiliza al Banco Central Europeo, al Fondo Monetario Internacional y a la Comisión Europea (comúnmente conocidos como la Troika) por haber promovido tales políticas.

Y hace solamente unos días el barómetro del CEO (Centro de Estudios de Opinión del la Generalitat de Catalunya) mostraba que los dos principales problemas (que están incluso por encima del desempleo) que la mayoría de la población catalana considera que hay en Catalunya son la insatisfacción con la política (que incluye las políticas públicas que se están aplicando) y las tensiones entre Catalunya y España (que en realidad quiere decir entre el bloque unionista y el separatista). En la misma encuesta, el 66% favorece la protesta social para lograr que “los políticos cambien de rumbo”, y la gran mayoría suspende con claridad la gestión de los gobiernos catalán y español.

La respuesta popular a la enorme crisis

Como era de esperar, apareció un movimiento de protesta, el 15-M, cuyo principal eslogan era una denuncia de tales políticas y de los partidos gobernantes que las impusieron, indicando que la clase política carecía de legitimidad pues no estaba sirviendo a la población. El “no nos representan” era su denuncia, y el “sí se puede” era el camino para encontrar una solución. Era fundamental que se cuestionara el argumento del establishment neoliberal que justificaba la aplicación de tales políticas indicando que eran las únicas posibles. Tal movimiento mostró con datos (ver Navarro, V. Torres, J. Garzón, A. Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España. Sequitur, 2011) que sí se podían seguir otras alternativas. Y se estableció un movimiento político-social, Podemos, que ha tenido un gran impacto político en el país. De nuevo, en la encuesta de El País, una mayoría de la población (alrededor del 66%) cree que la aparición de Podemos fue consecuencia del rechazo a tales políticas. Entre otros cambios, el fin del bipartidismo es un resultado de ello.

La respuesta del establishment neoliberal

Hay que subrayar que tal crisis fue fácil de predecir. Algunos lo hicimos: en el libro Neoliberalismo y Estado del Bienestar (Ariel Económica, 1997) ya avancé que las políticas iniciadas en la década de los años ochenta a los dos lados del Atlántico Norte crearían una enorme crisis. Y así ocurrió. Tales políticas favorecieron sistemáticamente a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo, creando unas enormes desigualdades que crearían una crisis económica y financiera, que a su vez originaría una gran crisis social y, por último, una gran crisis política que cuestionaría la legitimidad de las instituciones que sustentan la estructura de poder.

Por lo general, el establishment neoliberal está hoy a la defensiva, aun cuando el conflicto de banderas está en cierta medida alentado por los dos bandos, a fin de ocultar la crisis social y sus responsabilidades en su establecimiento. A mayor responsabilidad, mayor es el grito de las banderas. Por lo demás, su apoyo a tales políticas continúa.

Ahora bien, en el panorama político español ha habido cambios en gran parte como consecuencia de la movilización y protesta que ha aparecido en las calles. El PSOE ha sido sensible y ha sido receptivo a las propuestas de Unidos Podemos, siendo su resultado el establecimiento de una propuesta de presupuestos cuya aplicación sería el inicio del fin del neoliberalismo. Desde el incremento del salario mínimo (de los más bajos de la UE) hasta la regulación del precio del alquiler, hay toda una serie de propuestas que beneficiarían enormemente la calidad de vida y el bienestar de la población, y muy en particular de las clases populares de los distintos pueblos y naciones de España. Predeciblemente las derechas españolas (PP y Ciudadanos) se han opuesto a ello, aunque no ha sido la única oposición que está encontrando la propuesta de presupuestos.

Más sorprendente ha sido la oposición de las izquierdas independentistas, que han puesto la aprobación de los presupuestos como parte de una negociación con el gobierno socialista, subrayando que su apoyo a los presupuestos sería un favor al gobierno que no están dispuestos a realizar a no ser que este cambie en su política hacia los presos. Los presupuestos, que sin lugar a dudas beneficiarían a la mayoría de la población catalana, quedan, pues, supeditados a la resolución del tema de los presos.

Conscientes de que tal posición les podría suponer un coste electoral, algunas voces de tales izquierdas del bloque independentista han indicado que favorecen las medidas sociales que incluyen los presupuestos, ofreciéndose a apoyar tales cambios no como parte de unos presupuestos, sino como una suma de decretos-ley, cada uno de los cuales contendría una medida social. Según la Constitución, el gobierno está autorizado a establecer medidas presupuestarias excepcionales de apoyo a decretos-ley que el gobierno considere de especial interés. Y así lo ha propuesto el mismo gobierno Sánchez.

Los decretos-ley no son lo que se supone

El error de sustituir los presupuestos por decretos-ley es, sin embargo, creer que las medidas sociales de los presupuestos pueden sustituirse por una suma de tales decretos, lo cual es altamente cuestionable, tal como la experiencia demuestra. No hay duda de que las derechas neoliberales, el PP y Ciudadanos, llevarán esos decretos-ley al Tribunal Constitucional (TC), basándose en que una condición para su aprobación es su excepcionalidad. En otras palabras, los decretos-ley en los temas sociales enunciados tienen que responder a circunstancias de urgencia y excepcionalidad, categoría subjetiva que, sin lugar a dudas, dará pie a la intervención del TC, lo que llevará, además de a un gran retraso, a la posibilidad muy probable de que dichas medidas sean vetadas por tal tribunal. La judicialización de la política es una constante en la estrategia de las derechas en España, conscientes de que el poder judicial en este país está muy escorado a la derecha, como el juicio de los presos políticos está demostrando. De ahí que tal judicialización dificultará e incluso imposibilitará su aprobación. Así pasó con anteriores decretos-ley, como la declaración de inconstitucionalidad en el año 1997 de una reforma fiscal de 1992, o en el año 2016 de unos créditos extraordinarios aprobados en 2014. En ambos casos el TC indicó que unos cambios de tal naturaleza no podían seguir la vía extraordinaria, sino la ordinaria. Y así podría pasar, anulando la probabilidad de que tales medidas pudieran ser aprobadas.

La enorme responsabilidad de las izquierdas independentistas en perpetuar la enorme crisis social existente en Catalunya y en España

Es un gran error y una enorme incoherencia el ligar y relacionar la aprobación de los presupuestos (que significan un paso muy importante, ya que contienen medidas de gran calado que beneficiarían enormemente a las clases populares de Catalunya y de España) a cambios del gobierno español en el tema nacional. La continua supeditación de la resolución de la enorme crisis social a la resolución del tema nacional está convirtiendo a tales izquierdas en cómplices del enorme daño que los partidos neoliberales están imponiendo a la población.

Su comportamiento durante el “procés” está ahora alcanzando su máxima expresión en su oposición a la aprobación de tales medidas progresistas. Las clases populares están sufriendo y no pueden supeditarse las acciones encaminadas a eliminar o al menos disminuir tal dolor a acciones en otros ámbitos, anteponiendo el tema nacional (por muy noble que su causa les parezca) a la resolución de la brutal crisis social.

Hoy, la gran mayoría de la población catalana votaría a partidos de izquierdas. Según la última encuesta del CEO, la suma de los votos de ERC, PSC, Catalunya en Comú y la CUP sería mayoritaria entre la población (58,5%). Es lógico, pues, asumir que, conforme al principio de representatividad y solidaridad que debería guiar a las izquierdas, la mayoría de catalanes desea que estas medidas sean aprobadas. Ahora bien, las izquierdas independentistas (ERC y CUP) prefieren mantener la alianza con otros partidos independentistas (y por lo tanto con la derecha neoliberal del PDeCAT), una alianza que sería minoritaria (la suma de ERC, PDeCAT y CUP no alcanzaría el 50%, concretamente sería el 48,4%). Y la suma de las derechas (PDeCAT, Ciudadanos y PP) sería solo del 39,5%. Y, en cambio, los partidos neoliberales de derechas, claramente en minoría, serían los mayores beneficiarios del veto independentista a los presupuestos.

Las izquierdas independentistas deberían anteponer el deseo de las clases populares, en un momento de gran crisis social. Ignorar tal deseo (a favor de un futuro incierto) es un gran error que, por desgracia, se ha cometido durante un largo periodo de tiempo. Parecen no entender que la estrategia de tensión que están favoreciendo está llevando a una situación que está causando un enorme daño a la mayoría de la población, que no es para nada responsable ni de la situación, ni de los presos políticos, ni de la rigidez y represión del Estado central, ni de la torpeza del gobierno catalán. Así de claro.

Fake news que aparecen en el discurso unionista e independentista

24 noviembre, 2018

http://www.publico.es

Vicenç Navarro
Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra.

A raíz del conflicto entre el estado borbónico español por un lado y el gobierno independentista catalán por el otro, han aparecido en los discursos de los nacionalistas de los dos polos – el españolista y el catalanista – toda una serie de aseveraciones que distorsionan claramente la realidad que nos rodea. Es necesario y urgente, por lo tanto, que se muestren tales aseveraciones como mera propaganda política que se promueven para defender sus intereses puramente partidistas (la movilización de sus bases) a costa del bien común, que sale perjudicado por el aumento de tales tensiones. En este artículo citaré varias de estas aseveraciones realizadas por cada bando (el unionista y el secesionista) que – tal como intentan las fake news – confunden y desfiguran lo que, en realidad, está ocurriendo en este país.

I. FAKE NEWS DEL ESTABLISHMENT UNIONISTA ESPAÑOL

  1. No hay presos políticos en España (?!)

Un argumento bastante extendido entre dirigentes del bando unionista (así como partes del aparato del Estado central y columnistas y articulistas afines a tal bando) es que no se puede hablar de presos políticos en España, ya que los dirigentes secesionistas que están en la cárcel o en el exilio no pueden considerarse como tal. Es más, incluso dirigentes de izquierdas que padecieron prisión en los calabozos de la dictadura franquista han señalado que tales personas “no son prisioneros políticos”, pues las condiciones a las que están sujetos en nada se parecen a las que ellos o ellas vivieron. De ahí su conclusión de que no sean presos políticos.

Pero no puede concluirse, ni por la desemejanza en las condiciones carcelarias (ahora y durante la dictadura) ni por el contexto político en el que se realizaron las detenciones ahora y las que ocurrieron durante la dictadura, que los secesionistas presos no sean presos políticos. Es cierto que llevan razón aquellos que critican los actos en la prisión Modelo de Barcelona – donde se encarceló a la mayoría de resistentes antifranquistas – que realizaron los gobernantes secesionistas de la Generalitat de Catalunya para intentar establecer un paralelismo entre las detenciones y los encarcelamientos de entonces y los de ahora. En realidad, cualquier persona que haya padecido la represión del régimen fascista puede distinguir claramente que hay una diferencia entre la situación de entonces y la de ahora. Pero ello no niega que tanto los detenidos como los exiliados independentistas estén donde están por razones políticas, como consecuencia de una falta de sensibilidad y cultura democrática del Estado español, que intenta resolver un tema político mediante medidas represivas y punitivas de carácter policial y judicial, medidas que han sido de una torpeza inmensa, a todas luces extremas, pues los secesionistas las han utilizado astutamente para movilizar a sus bases y desacreditar internacionalmente al Estado español, lo cual han conseguido con bastante éxito (ver mi artículo “El porqué de la pobre imagen que el Estado español proyecta al exterior”, Público, 22 de junio de 2018). Día tras día aparecen noticias del ridículo que está haciendo el Estado español y su judicatura, cuando tribunales europeos están señalando (y denunciando) el carácter político de la judicatura española. Solo esta semana hemos visto como en Bélgica un juez ha desestimado la sentencia de la Audiencia Nacional, ratificada por el Tribunal Supremo, contra el cantante Josep Miquel Arenas por “enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas”, concretamente a tres años y medio de cárcel en España, por las canciones insultantes hacia el Jefe del Estado español. Viví durante mi largo exilio en Suecia y Reino Unido (dos monarquías) y en Estados Unidos (una república), y no concibo que instituciones jurídicas homologables en aquellos países a las que han realizado tal sentencia se hubieran comportado como en España, de una forma tan represiva, claramente en contra de la libertad de expresión. Estuve trabajando en la Casa Blanca (en el grupo encargado de elaborar la reforma sanitaria de aquel país en la administración Clinton) durante el período del escándalo Lewinsky, que generó (con razón) una enorme avalancha de insultos hacia el presidente Clinton. Ni una persona en EEUU fue amonestada por tal comportamiento. Y en las monarquías sueca y británica los reyes recibían insultos sin que nadie fuera llevado a los tribunales. “Spain is different”, sin embargo. Aquí se los sanciona, y ello se debe a razones políticas, reproduciendo una cultura política heredera del régimen anterior de nula sensibilidad democrática.

Un tanto igual sucede con la acusación de rebelión a los dirigentes independentistas que hicieron los actos de desobediencia civil del 1 de octubre, acusándolos nada menos de rebelión violenta, acusación considerada sin mérito por tribunales alemanes homologables a los españoles. Tal acusación de rebelión responde a una cultura represiva de carácter político, imbuida del nacionalismo españolista, intolerante hacia una visión plurinacional de España. Es una sentencia claramente política, hecha por cuerpos e instituciones judiciales enormemente politizados. Está claro que la opinión más extendida en Europa es que estas decisiones judiciales en España tienen una motivación política y, por lo tanto, sus víctimas son presos políticos.

  1. La desobediencia a la ley es un indicador de un comportamiento antidemocrático (?!)

Una constante en portavoces del establishment español es la acusación de que la desobediencia a la ley es un indicativo de un comportamiento contrario a la democracia. Esta confusión, asimilando ley y democracia, deriva de una visión profundamente conservadora a favor del statu quo. Pero la ley no es intrínsecamente análoga a democracia. Una ley puede dificultar el desarrollo democrático de un país. Por ejemplo, la ley que regula los procedimientos del sistema electoral español permite que un partido, con una minoría de votos notable, controle el Senado. El carácter sesgado de la ley española (que queda también reflejado en la ley electoral catalana) permite que una minoría tenga poder sobre una mayoría, y ello ocurre constantemente en el sistema representativo español (y catalán).

De ahí que desobedecer la ley no sea equivalente a ser antidemocrático. En realidad, la desobediencia civil ha sido una constante en el mejoramiento del sistema democrático. El hecho, además, de que tal desobediencia se quiera castigar con medidas represivas de tipo policial y judicial es, como indiqué en el párrafo anterior, característico de sistemas con una escasa cultura democrática. Dicha desobediencia debe tener una respuesta política y, si se da el caso, incluso administrativa (como las inhabilitaciones), pero no debe recurrirse a una respuesta policial, judicial o militar.

II. FAKE NEWS DEL ESTABLISHMENT INDEPENDENTISTA

Habiendo mostrado las falsedades que se reproducen en el discurso unionista dominante, paso a mostrar las falsedades en el discurso secesionista.

  1. Hay un mandato popular para que Catalunya se separe de España (?!)

La proclamación de la independencia no puede basarse en la existencia de un mandato popular, como constantemente acentúan líderes independentistas. Ni las elecciones (que les dieron una mayoría en el Parlament – 70 de 135 escaños – que no se corresponde con una mayoría electoral – 47,51% de votos independentistas, frente al 52,05% de votos no independentistas –, debido a una falta de proporcionalidad en el sistema parlamentario catalán) ni las encuestas muestran que la mayoría de la población catalana desee la independencia. Todo lo contrario, la evidencia apunta que la mayoría de la población catalana no desea la secesión. Este es el punto débil de su legitimación y justificación: no hay un mandato popular para la secesión. La declaración de independencia aprobada en el Parlament, que considera establecida la República Catalana, es profundamente antidemocrática, pues no refleja la voluntad de la mayoría.

Según datos del barómetro del CEO de junio de 2017, en Catalunya, en general, las personas con un nivel de renta familiar superior a 1.800 euros quieren la independencia, mientras que no la quieren los que pertenecen a tramos de renta inferior. Por lo tanto, los datos muestran que son precisamente las clases populares en general y la clase trabajadora en particular las que están más en desacuerdo con la secesión. Los datos están ahí para todo el que quiera verlos. Es el punto más flaco del procés. Su proceso hacia la independencia es profundamente antidemocrático, y están utilizando todos los medios – incluyendo medidas antidemocráticas como el abusivo control de los medios de comunicación públicos de la Generalitat – para alcanzar sus objetivos.

  1. El “referéndum” del 1 de octubre avala el mandato de secesión (?!)

Tal argumento parece desconocer lo que se requiere para que un referéndum sea considerado un referéndum. Una de las condiciones para que pueda hablarse de referéndum es que exista una pluralidad de opciones con plena capacidad de decisión y debate de alternativas, es decir, que se muestren todas las alternativas y que puedan ser debatidas. Debería estar claro que las condiciones en las que se realizó dicho referéndum – con control, utilización y masiva instrumentalización de los medios públicos por parte de la Generalitat – no garantizaron el debate y su credibilidad. Se confundió agitación con debate. Ahora bien, el hecho de que no pueda definirse como referéndum, no excluye que podría considerarse como un acto de protesta en contra en Estado central, como muchos participantes  hicieron, siendo en este sentido un acto efectivo de denuncia de su nula vocación democrática. Ello no justifica, sin embargo, que se considere como un mandato popular para declarar la independencia. Incluso considerando como válidas las cifras dadas por la Generalitat, nos encontramos que solo un 38% del censo electoral votó a favor de la independencia en el día 1 de octubre. No puede tomarse este bajo porcentaje como muestra de un mandato popular. Es más, un número elevado de votantes votó para mostrar su oposición y desacuerdo con el gobierno Rajoy, situación que fue incluso más acentuada por la tarde de aquel día, cuando hubo gente, como yo, que salimos a la calle para votar como protesta frente a la brutalidad policial, que se había mostrado en las noticias del mediodía.

  1. Los dirigentes independentistas representan a toda la población catalana (?!)

La posición de los independentistas, que estaban ganando la batalla ideológica a nivel internacional, fue debilitada cuando se supo de la ideología que alimentaba el secesionismo del Sr. Torra, elegido presidente, pasando a ser el dirigente del movimiento independentista. El hecho de que definiera a los catalanes no catalanoparlantes (la mayoría de la clase trabajadora) como ciudadanos de segunda categoría tuvo un impacto internacional muy denigrante para este país. Su etnicismo (casi racista) identificó al  independentismo como un movimiento de ultraderecha xenófobo. Haber acusado al presidente Montilla de no ser merecedor de tal cargo al ser inmigrante y no suficiente catalán, fue un indicador de un pensamiento xenófobo que ha alarmado a la opinión internacional. Hay que subrayar que tal etnicismo, que ya se presentó en su día en el pujolismo, está asustando a gran parte de la opinión internacional, creando a la vez unas enormes tensiones dentro de Catalunya. Sin embargo, debe subrayarse también que este etnicismo, aunque característico de sectores dirigentes de la derecha catalana nacionalista, no es representativo de grandes sectores del independentismo republicano.

  1. El procés estimulará las posibilidades de cambio en España (?!)

Esta aseveración, utilizada frecuentemente por secesionistas, tiene poca evidencia que la avale. En realidad, el procés ha dañado considerablemente las posibilidades de cambio en España, pues al presentarla como “incambiable” ha ayudado a facilitar el distanciamiento de los españoles en contra de ellos, dificultando enormemente la posibilidad de cambio en España. En realidad, no hay evidencia de que tal movimiento represente una amenaza al régimen de 1978. Todo lo contrario, lo está reforzando, pues al polarizar la situación, presentándola como un conflicto entre la España opresora (que roba a los catalanes) y la Catalunya victimizada, refuerza el apoyo popular de los españoles al Estado central, que se presenta como el defensor de la unidad de España, impidiendo que cristalice una resistencia popular frente al estado monárquico a lo largo del territorio español, canalizando el sentir popular hacia la monarquía, presentándola como garante de tal unidad.

 Está claro que la monarquía y el gobierno Rajoy, al perder su apoyo popular, consecuencia del impacto negativo de sus políticas neoliberales impuestas a la población y de la amplia percepción de su corrupción, estuvieron utilizando el conflicto con los independentistas para recuperar tal apoyo. Lo mismo está ocurriendo, por cierto, en el bando secesionista. La conversión de Convergència – la derecha catalana – al independentismo es un claro ejemplo de oportunismo político para esconder su profunda corrupción y su complicidad en la implementación de aquellas políticas neoliberales.

  1. Soberanismo e independentismo es lo mismo (?!)

En realidad, el gran error del independentismo es el de identificar el derecho a decidir única y exclusivamente con la independencia. Ello anula la posibilidad de conseguir la soberanía que representa el derecho a decidir, pues la mayoría de catalanes es soberanista pero no secesionista. El derecho a decidir es el derecho a escoger entre varias alternativas. Hoy el uso del soberanismo por parte de los independentistas está dañando el secesionismo pues la monopolización de su uso lleva a una excesiva identificación entre soberanismo e independentismo. Tal monopolización, dando siempre protagonismo al independentismo, dificulta la defensa del derecho a decidir y de la democracia. Esta monopolización aparece también en la defensa de los presos y exiliados que se utiliza para promover siempre el independentismo, bajo la fachada de defender la democracia.

Una persona puede ser soberanista y, sin embargo, no independentista. Soberanía quiere decir que la población decide. Y puede decidir compartir con España elementos importantes de tal soberanía, lo cual puede también ocurrir sin afectar negativamente al bienestar de las poblaciones que viven en el sistema político que reúna varias soberanías. La evidencia de que el Estado español está excesivamente centralizado es abrumadora (ver mi último artículo “Las consecuencias negativas de la excesiva centralización del Estado español”, Público, 30.08.18). De ahí que no solo deba descentralizarse, sino también redefinirse y cambiar su soberanía uninacional por una plurinacionalidad con distintas soberanías, que no quiere decir, como dicen los jacobinos, que se diluya la solidaridad entre las distintas poblaciones soberanas. El discurso y tensiones actuales están dificultando y obstaculizando el desarrollo de estas posibilidades. Y que ello ocurra se debe a intereses meramente partidistas de los dirigentes nacionalistas españoles y catalanes.

  1. Solo hay dos soluciones: la unión o la secesión (?!)

Esta ha sido hasta ahora la postura de los dirigentes de ambos bandos, lo cual favorece la movilización de sus bases. Su enorme dominio de los medios de comunicación favorece tal polarización, acusando de ambigüedad a los que se oponen a esta. No hay, sin embargo, ninguna ambigüedad. Hoy la postura más valiente, necesaria y más sensible a las necesidades de la gente normal y corriente es la de, en primer lugar, denunciar al Estado monárquico central, heredero del sistema dictatorial anterior, que aun siendo distinto a él, ha mantenido una cultura y unos comportamientos que exigen su denuncia. Oponerse al comportamiento antidemocrático del Estado español en su relación con los independentistas es una exigencia de cualquier persona o formación política democrática.

Pero por mera coherencia democrática debe también denunciarse el comportamiento antidemocrático del independentismo catalanista, pues no tiene un mandato de la población que vive y trabaja en Catalunya para establecer un Estado independiente. Tal denuncia debe ir acompañada con una clara denuncia de la complicidad del partido de derechas que ha gobernado Catalunya durante la mayor parte del periodo democrático (primero con el apoyo de Unió Democràtica y después con el de ERC y la CUP) con el Estado español en el desarrollo de políticas que han dañado la calidad de vida y el bienestar de la mayoría de las clases populares, partido que, por cierto, no es menos corrupto que el PP en España. Hacer esta denuncia no es, como los independentistas subrayan, “equivalencia” en cuanto al comportamiento de los dos bloques. Cualquier crítica es ocultada respondiendo que es injusto atacar a las víctimas a la vez que a los victimarios. Este argumento – fake news – sirve para ocultar cualquier crítica. Y no puede tolerarse, pues, en contra de de lo que supone tal acusación, su victimismo les favorece desde el punto de vista partidista, además de olvidar que su comportamiento está victimizando a las clases populares, pues su atención sobre el tema nacional es una ocultación de su responsabilidad por haber creado la enorme crisis social en Catalunya, donde la mayoría de jóvenes ya no vivirá mejor que sus padres. Así de claro.

Las falsedades de la supuesta recuperación económica promovida por el pensamiento neoliberal dominante

9 septiembre, 2018

Fuente: http://www.vnavarro.org

Vicenç Navarro, 16 de agosto de 2018.

Vicenç Navarro
Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pomepu Fabra

Se está creando la percepción en los países del capitalismo desarrollado de que la Gran Recesión -que ha causado un deterioro muy acentuado del bienestar y calidad de vida de la mayoría de sus poblaciones- es un hecho del pasado, consecuencia del supuesto éxito de las políticas neoliberales que los gobiernos de estos países han ido aplicando durante este período. Estas políticas han consistido en reformas laborales (supuestamente encaminadas a favorecer la flexibilidad de los mercados laborales) y recortes del gasto público, incluyendo del gasto público social (en servicios públicos como la sanidad, la educación, la vivienda social, los servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios, y otros; y en transferencias públicas, como las pensiones) que se aplicaron para reducir el supuestamente excesivo déficit público que estaba “ahogando” a la economía, como consecuencia de una “excesiva generosidad de los derechos sociales” que tenía que corregirse y revertirse mediante la imposición de políticas de austeridad.

El “supuesto éxito” de las políticas públicas neoliberales

Según los establishments político-mediáticos que promueven la sabiduría convencional en cada país, estas medidas han tenido un gran éxito habiendo recuperado el rigor y la eficiencia de sus economías. Como prueba de ello, presentan indicadores que -según afirman- reflejan tal recuperación como, por ejemplo, el aumento del crecimiento económico y la disminución del paro. Esta promoción de las políticas neoliberales va acompañada, por lo general, de referencias al “supuesto gran éxito” de la economía estadounidense -máximo referente del pensamiento neoliberal-, que se atribuye a la gran flexibilidad de su mercado de trabajo y a su escaso gasto público (el más bajo, una vez descontado su gasto militar), muy acentuado en el caso del gasto público social (responsable de que EE.UU. sea el país capitalista desarrollado con menor protección social). Según explica la sabiduría convencional -de clara sensibilidad neoliberal- este país, después del colapso de su economía (de 2007 a 2009 su PIB bajó un 4%), recuperó, a partir del 2009, su tasa de crecimiento (un promedio de 2,1% anual), lo que provocó un gran descenso del paro, que de ser del 10% pasó a ser el más bajo del mundo capitalista desarrollado, con un 3,8%.

Lo que esconden los indicadores del “supuesto éxito”: el deterioro muy notable del bienestar y calidad de vida de las clases populares

Lo que tales argumentos ocultan o desconocen es que, en gran parte de los países capitalistas desarrollados, las cifras del paro tienen un valor muy relativo para medir el grado de eficiencia del mercado laboral, pues excluyen a grandes sectores de la población que sufren las consecuencias del gran deterioro del mercado laboral (causado por tales políticas neoliberales), y que no quedan reflejados en la tasa de paro. Este indicador de paro no incluye, por ejemplo, la población que trabaja en situación parcial y temporal que querrían hacerlo a tiempo completo (la población empleada subocupada), un problema grave creado por las reformas laborales. Este sector ha sufrido un notable aumento, alcanzando su máxima expresión en el trabajo precario, muy generalizado hoy en la gran mayoría de países capitalistas desarrollados. En España se habla mucho (con razón) del elevadísimo paro, pero no se habla tanto del elevadísimo nivel de precariedad entre la población empleada. Los contratos más frecuentes en España son los que duran 15 días y una cuarta parte del total tiene una duración de 7 días, siendo este el tipo de contrato que ha aumentado más desde el inicio de la crisis en 2007. Desde que se inició la crisis, casi el 60% del empleo creado ha sido -precisamente- de carácter temporal y parcial.

Otro sector de la población que no se incluye en la tasa final del paro es la gente que ha abandonado la búsqueda de puestos de trabajo por no encontrarlo. En EE. UU., en caso de incluirse este sector de la población, la tasa de paro ascendería a un 7,6%. En realidad, si se sumaran los desempleados, los empleados subocupados y los que se han desanimado en su búsqueda de puestos de trabajo, la cifra de paro ascendería a un 10,9% (17,6 millones de personas). Esta trágica (y no hay otra manera realista de definirla) situación, muestra las limitaciones de utilizar la tasa de paro como el indicador principal de eficiencia del mercado de trabajo. El “éxito” en la reducción de la tasa de paro, se ha conseguido a costa de un enorme crecimiento del paro oculto, de la precariedad y del desánimo en el que se encuentran grandes sectores de las clases trabajadores en estos países, que representan la mayoría de las clases populares.

En el país modelo neoliberal, EE.UU., a estos datos debe sumarse otro factor raramente mencionado cuando se analiza el tema del paro: el elevadísimo porcentaje de la población que está encarcelada. Los presos de aquel país son 2,2 millones de personas, tres veces superior al promedio de los países de semejante nivel de desarrollo económico. Sin lugar a dudas, si el porcentaje de la población encarcelada fuera semejante a la existente en la mayoría de países de la UE, el número de personas sin trabajo y que lo están buscando (así como las tasas del paro oficial) sería incluso mucho mayor que el enunciado en las cifras oficiales de paro. En realidad, la elevada encarcelación es una de las causas de que el paro aparente ser tan bajo en EE.UU.

Los elevados costes de las reformas laborales y otras medidas neoliberales

En España, la aplicación de las políticas neoliberales creó un enorme deterioro del mercado laboral español. Todavía hoy, cuando se asume que la economía se ha recuperado, solo la mitad de los puestos de trabajo perdidos (3,8 millones) durante el inicio de la crisis (2008-2013) se han recuperado. Pero como en el caso de EE.UU., si sumamos a las personas que están en paro (17%) las personas que están subocupadas (personas que trabajan a tiempo parcial involuntario) y las que han abandonado la búsqueda de trabajo, desanimados en encontrarlo, la cifra de paro real aumentaría a un 28%, es decir, casi el doble.

Repito pues, una observación que, a pesar de su gran importancia, apenas es visible en los fórums mediáticos y políticos del país: el descenso del paro oculta el gran crecimiento del paro oculto, de la precariedad y del desánimo. Esta es la realidad que se desconoce e ignora, y que ha causado grandes protestas populares en todos los países, canalizadas por los movimientos antiestablishment.

¿Por qué los salarios no suben -e incluso continúan bajando- cuando el desempleo supuestamente se está reduciendo?

Estas cifras reales de personas desocupadas -que no quedan reflejadas en los indicadores de paro- explican que haya una enorme reserva de personas en necesidad de trabajo. Es más, a las personas que constituyen esta gran reserva de gente buscando trabajo hay que añadir los millones de trabajadores que existen en reserva en países menos desarrollados, cuyos trabajadores aceptan salarios mucho más bajos y las condiciones de trabajo mucho peores que en los países capitalistas desarrollados. De ahí que la desregulación del mercado de trabajo (una de las mayores medidas neoliberales) haya ido acompañada de otra gran medida neoliberal: la desregulación de la movilidad de capitales (con la globalización de las llamadas multinacionales) que está empoderando al mundo empresarial frente al mundo del trabajo. La amenaza del desplazamiento de empresas a países con salarios bajos es una de las medidas disciplinarias más comunes hoy en los países capitalistas desarrollados, en contra de los trabajadores.

Como parte de esta desregulación del movimiento de capitales se ha promovido la otra cara de la moneda, es decir, la promoción de la movilidad de los trabajadores, favoreciendo la inmigración como medida para garantizar la disponibilidad de trabajadores que, por la vulnerabilidad asociada a la condición de inmigrantes aceptan salarios más bajos y peores condiciones de trabajo.

Estos datos explican que, a pesar del descenso del nivel de paro oficial, los salarios no suban. Si tal cifra de paro fuera real, la clase trabajadora estaría más empoderada en su negociación con el mundo empresarial, a fin de obtener salarios más altos. El hecho de que ello no ocurra se debe al enorme debilitamiento de la case trabajadora y del mundo del trabajo, incluyendo sus sindicatos, que se traduce en la enorme disponibilidad de trabajadores potenciales, estén estos dentro o fuera del país. 

La gran debilidad del mundo del trabajo: el objetivo de las políticas neoliberales

Hemos visto así que uno de los principios del pensamiento económico dominante -el subrayar que el descenso del paro crea un aumento de los salarios– no se ha realizado: los salarios no han estado subiendo durante la recuperación. Antes al contrario, han estado descendiendo. De nuevo, mirando el modelo estadounidense vemos que el trabajador (no supervisor) de EE.UU. recibe hoy un salario que es un 4% más bajo que en el año 1972 -hace 46 años- y ello a pesar de que la productividad de este tipo de trabajador se ha más que doblado durante este período. La riqueza creada por este aumento de la productividad no ha beneficiado, sin embargo, al trabajador, sino a todos los demás que están por encima de él, desde sus supervisores, empresarios y equipos de dirección, así como a los financieros que manipulan el crédito y especulan con los beneficios empresariales conseguidos por el descenso de los salarios.

Esta situación se ha dado también en las economías europeas, incluida la española. En la gran mayoría de países europeos, el crecimiento de la productividad ha sido mayor que el crecimiento de los salarios, realidad que ha estado ocurriendo desde el inicio de período neoliberal, a finales de la década de los años setenta del pasado siglo, hasta ahora. En otras palabras, esta situación ha contribuido a que el PIB de tales países haya subido más rápidamente que los salarios (que en muchos países, como EE.UU., han incluso bajado) (ver: P. Dolack, Flat Wages ZCommunications, 2018).

Lo mismo o peor está ocurriendo en España

En España los salarios han bajado también. Ha sido un descenso del 10% durante el período de aplicación máximo de las políticas neoliberales (2008-2014) (afectando primordialmente a las mujeres y a los jóvenes), permaneciendo estables (o bajando en el sector privado), perdiendo así capacidad adquisitiva al crecer en menor grado que la inflación. En realidad, los salarios para los mismos puestos de trabajo, desde 2008 a 2015 descendieron un 12%. Ello ha estado ocurriendo a la vez que la productividad del trabajador (productividad real por hora trabajada) ha ido aumentando mucho más rápidamente que los salarios. El excedente se ha destinado a incrementar los beneficios empresariales, a las rentas superiores, aumentando con ello las desigualdades, siendo estas últimas de las más acentuadas en la Unión Europea.

Como resultado de ello, las rentas del trabajo han ido descendiendo en todos los países a la vez que las rentas del capital han ido subiendo. En España, este cambio en la distribución de las rentas ha sido uno de los más marcados. Como bien dijo en su día el magnate empresarial Warren Buffet, hay “una lucha de clases y la hemos estado ganando”. Y esta victoria se extiende a todos los niveles, de tal manera que la ideología del gran mundo empresarial -el neoliberalismo- continúa siendo hegemónica en las instituciones políticas y mediáticas, a pesar del enorme fracaso de lo que han significado en el quehacer económico del país. Ahora bien, la expresión “desastre” es relativa, pues para el mundo del capital y de sus gestores, la economía ha ido muy bien. Y lo que deseaban, es decir, la disminución de los salarios, de las expectativas de los trabajadores y el descenso (y, en ocasiones, el desmantelamiento) de la protección social, ha sido su gran “éxito”.

¿Cómo se ha conseguido la victoria neoliberal?

Lo que hemos visto es cómo la aplicación de las políticas públicas neoliberales ha debilitado los instrumentos creados por el mundo del trabajo para defender sus intereses, como los sindicatos. Las reformas laborales, por ejemplo, estaban encaminadas a “flexibilizar” el mundo del trabajo. El término flexibilizar quiere decir eliminar los derechos laborales y sociales conseguidos por los trabajadores durante la época dorada del capitalismo (1945-1980), donde un pacto social se había conseguido entre el mundo del capital y el mundo del trabajo. De ahí que la solución exigiría un cambio político, observación especialmente importante, pues las causas políticas del deterioro del mercado de trabajo se ignoran constantemente, atribuyendo tal deterioro a la automatización, a la robotización o a cualquier otro elemento, sin tener en cuenta que, a su vez, tales variantes técnicas son determinadas por el contexto político.

Parte de este debilitamiento del mundo del trabajo han sido los cambios en los partidos políticos que habían sido creados por este y que se han ido distanciando de su base electoral, haciendo suyas muchas de las medidas neoliberales que han contribuido a tal distanciamiento. El creciente control de estos partidos políticos (la mayoría de tradición socialdemócrata) por la clase media ilustrada (profesionales de formación universitaria que desarrollan intereses de clase propios, distintos a los que había sido su base electoral) explica su renuncia a políticas redistributivas y su conversión al neoliberalismo, tal y como ha ocurrido con los gobiernos Clinton, Obama, Blair, Schröder, Hollande, Zapatero, entre otros.  El colapso de la socialdemocracia y otras izquierdas es un indicador de ello.

Es lógico y predecible que los movimientos antiestablishment de base obrera hayan ido apareciendo como respuesta

Esta situación explica el surgimiento de los movimientos antiestablishmentque protestan por la pérdida de la calidad de vida de las clases populares, causada por las reformas laborales, por las políticas de austeridad y por la globalizaciónEl abandono por parte de las fuerzas gobernantes de izquierdas de las políticas redistributivas que las caracterizaron en el pasado (aduciendo que eran “anticuadas” o “imposibles de realizar”), y su compromiso con el neoliberalismo, fue el responsable del surgimiento de tales movimientos. El establishment político-mediático neoliberal atribuye tales movimientos a un crecimiento del nacionalismo, racismo, chovinismo, o cualquier ismo que esté de moda en estos centros.

Y cada una de las características de estos movimientos es respuesta directa al ataque neoliberal. El nacionalismo, por ejemplo, es una protesta frente a la globalización. Su antiinmigración es un indicador de rechazo a la globalización del mundo del trabajo, en respuesta a su ansiedad y temor a la pérdida su empleo o a la dificultad en encontrarlo. Y su antiestablishment es consecuencia de verlo como responsable de las políticas que les perjudicaronEn EE.UU., por ejemplo, no hay evidencia de que el racismo se haya incrementado. En realidad, los votantes que hicieron posible la elección de Trump en el Colegio Electoral de EE.UU. procedían de barrios obreros en áreas desindustrializadas que habían votado a un negro, el candidato Obama, para la presidencia en las elecciones anteriores. Y en 2016, Trump ganó por que Clinton representaba al establishment, al ser Ministra de Asuntos Exteriores y máxima promotora de la globalización, responsable de las políticas públicas que habían estado dañando a la clase trabajadora.

La demonización de las protestas populares antiestablishment

Es característico del establishment político-mediático definir como “retrógrados” y “basura social” -como hizo la Sra. Clinton- estas protestas de los que se han opuesto a las medidas neoliberales que han dañado enormemente la calidad de vida de las clases populares. En realidad, era fácilmente predecible que Trump ganaría las elecciones (y así lo anunciamos algunos pocos cuando se iniciaron las primarias del Partido Republicano y más tarde cuando se eligió el Presidente). Las clases trabajadoras, dañadas por tales políticas, están mostrando su rechazo a los establishments político-mediáticos. La única alternativa que hubiera podido ganar a Trump era el candidato socialista Bernie Sanders, que pedía una revolución democrática, y así lo mostraban las encuestas. La destrucción de la candidatura Sanders por parte del partido demócrata, controlado por la candidata Clinton, fue un elemento clave en la victoria de Trump. Ni que decir tiene que las clases trabajadoras no son el único sector que presenta tal rechazo, aunque si que son las más movilizadas por ser también las más perjudicadas. Y lo mismo ha ocurrido en casi cada país europeo. Desde el Brexit en el Reino Unido, al surgimiento de la ultraderecha a lo largo del territorio europeo son síntomas de ello. El abandono del proyecto auténticamente transformador por parte de los partidos de izquierda explica la canalización del enfado popular por parte de partidos radicales de ultraderecha.

En España, la aplicación de las políticas neoliberales de los gobiernos Zapatero primero y Rajoy después, afectaron muy negativamente al bienestar de las clases populares, que generó el movimiento de protesta y rechazo llamado 15-M, un soplo de aire fresco en el clima neoliberal promovido por los establishments político-mediáticos del país, y que cristalizó más tarde en Podemos. Este partido en poco tiempo se convirtió en una de las mayores fuerzas políticas del país, con un enorme impacto canalizando el enorme enfado y rechazo hacia las políticas neoliberales. Ello previno la movilización de la ultraderecha como instrumento de protesta, debido en gran parte a que esta estaba ya en el partido gobernante -el Partido Popular-, mayor impulsor del neoliberalismo (junto con Ciudadanos). De ahí que, el compromiso de tal partido con el neoliberalismo sea uno de los mayores obstáculos para que capitalice el enfado de las clases populares, por muy nacionalista y antiinmigración que se presente, como intenta su nuevo dirigente, Pablo Casado. Un tanto parecido ocurrirá con Ciudadanos, que está hoy utilizando su nacionalismo para ocultar su neoliberalismo.

La única salida a esta situación es que exista una amplia alianza de movimientos sociales y fuerzas políticas que rechacen el neoliberalismo, la globalización y la desregulación de los mercados laborales, así como de la movilidad de capitales y trabajadores a nivel internacional, que ha estado creando un enorme dolor a las clases populares. A no ser que exista este rechazo a las políticas neoliberales actuales, no veo posibilidades de cambio. Así de claro.

Dalí, arte y política

5 septiembre, 2018

Fuente: http://www.publico.es

Vicenç Navarro, 13 de febrero de 2016.

A raíz de debate que se ha creado sobre la posibilidad de que no haya ninguna calle en Madrid que lleve el nombre de Dalí, el profesor Navarro publica de nuevo un artículo que se publicó en este rotativo en diciembre de 2011 en el que se describe brevemente la colaboración de aquel personaje con la dictadura que alcanzó niveles claramente deleznables.

En los últimos meses ha habido conmemoraciones de tres figuras relacionadas con el arte pictórico que merecen especial atención por su significado político, oculto e ignorado en dos de ellas. La primera es Gertrude Stein, figura prominente en la vida artística europea, mecenas del mundo cosmopolita artístico parisino. En estos días su nombre ha aparecido en la prensa internacional a raíz de la exposición de las pinturas que acumuló a lo largo de sus años en París (La aventura de los Stein en el Grand Palais de París). Tal exposición se mostrará posteriormente en el Metropolitan de Nueva York y en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, y no cabe duda de que pasará en algún momento por algún museo español. Como es costumbre, la exposición va acompañada de libros y artículos sobre Gertrude Stein.

Lo que el lector no leerá en ninguno de estos documentos y artículos es quién era Stein y cómo se posicionó durante el periodo histórico que le tocó vivir en París. El silencio sobre ello se debe a que Gertrude Stein (procedente de una de las familias judías más adineradas de EEUU) tenía claras simpatías fascistas. Gran admiradora del general Pétain –jefe de Estado de un Gobierno títere de la ocupación nazi–, tradujo al inglés y publicó 32 discursos de tal general, incluso aquellos en los que justificaba la exclusión de los judíos de puestos de responsabilidad, alabando la colaboración del régimen de Vichy con la dictadura nazi liderada por Hitler (en 1944, a sólo 30 millas de donde vivía Gertrude Stein, 44 niños judíos fueron deportados a Auschwitz: todos ellos fueron asesinados). En su admiración por el general Pétain, llegó a definirlo como el “general Washington de Francia que restauraría en Francia los valores occidentales”. Apoyó el golpe militar de Franco y defendió la dictadura fascista que este estableció. Profundamente anticomunista, justificó el rechazo al judaísmo europeo por lo que ella consideraba simpatías comunistas. Detestaba al presidente Roosevelt y el New Deal, el programa de intervención pública que expandió notablemente los derechos sociales y laborales del pueblo estadounidense.

El otro caso cuyo pasado fascista ha permanecido oculto es el de Salvador Dalí. Tal personaje fue una de las voces que defendió a la dictadura fascista (que en España se llama franquista) con mayor insistencia en los círculos artísticos internacionales. Dalí mostró gran simpatía por la Falange, el partido fascista, utilizando en su discurso la narrativa fascista, tal como documenta Ian Gibson en su libro The Shameful Life of Salvador Dalí (del cual extraigo la mayoría de datos). Su proximidad a la cúpula del partido fascista era bien conocida y su servilismo y adulación hacia el dictador alcanzó niveles nauseabundos. Se refirió a uno de los dictadores más sangrientos conocidos en Europa (por cada asesinato que perpetró Mussolini, Franco ordenó 10.000), el general Franco, como “el político clarividente que impuso la verdad, la claridad y el orden en el país en un momento de gran confusión y anarquía en el mundo”. Su apoyo al fascismo se mantuvo hasta el final de la dictadura, y mostró su máxima expresión en la defensa del dictador y de la dictadura frente a la protesta nacional e internacional por la ejecución, el 27 se septiembre de 1975, de cinco prisioneros políticos. En declaraciones a la Agencia France-Press, indicó que “dos millones de españoles salieron a la calle aplaudiendo al mayor héroe existente en España, el general Franco, mostrando que todo el pueblo español está con él (…). Es una persona maravillosa. Y su acto garantiza que la monarquía que le suceda sea un éxito. En realidad se necesitan tres veces más ejecuciones de las que han ocurrido”. Tales declaraciones ampliamente distribuidas en la prensa internacional fueron determinantes para que se generara un gran desprecio por su figura, pasando de ser un genio a un despreciable ser humano. No así en Catalunya y en España, donde Dalí tiene un monumento en la plaza mayor de Cadaqués, donde veranea la burguesía catalana, para la cual Dalí continúa siendo el gran genio al cual se le dedican incluso óperas en el Teatro del Liceo de Barcelona.

Este olvido del pasado comienza a perderse. Lo cual me lleva a Josep Subirats, un pintor extraordinario que ha permanecido olvidado por haber sido miembro activo de la lucha popular en contra del golpe fascista. En otra sociedad, con claro espíritu democrático, Dalí sería aborrecido y Subirats sería un punto de referencia fundamental en la cultura artística del país. El único de los tres personajes aquí citados que no tiene un pasado a ocultar permanece oculto porque la burguesía continúa dominando la cultura artística del país.

Subirats fue desde su juventud un pintor dedicado a las clases populares con las cuales se sintió identificado. Analizar sus pinturas es comprender y estimar la enorme lucha del pueblo catalán y español en su lucha contra el fascismo. Desde el póster de la UGT que animaba a los campesinos a apoyar a la República, a la llamada de apoyo en Catalunya al pueblo madrileño que estaba resistiendo al asedio fascista, pasando por los dibujos de los campos de concentración donde estuvo preso, y la descripción gráfica de las barracas donde vivían los trabajadores después de la guerra. En todos ellos puede verse con gran belleza y expresión la historia del pueblo catalán y español. La expresión visual de un compromiso es lo que explica su represión y veto. Por fin, tras años y años de silencio, su obra pictórica se mostró en el Museu d’Història de Catalunya, del 4 de octubre al 20 de noviembre de 2011. Sería de desear que se mostrara a lo largo de todo el territorio español.

¿Qué es el neoliberalismo?

4 septiembre, 2018

Fuente: http://www.nuevatribuna.es

Danny Darling, profesor de Geografía Humana de la Universidad de Sheffield, acaba de publicar un artículo en la revista semanal New Stateman (“How Social Mobility got Stuck”, 16/05/2013), que ilustra claramente lo que algunos de nosotros hemos estado diciendo, es decir, que el neoliberalismo es la ideología promovida por los superricos para llevar a cabo políticas públicas que les benefician. El profesor Darling analiza la concentración de las rentas y de la riqueza durante la vida de la Sra. Thatcher (la ídolo de los neoliberales, que ha tenido muy buena prensa en los medios españoles a raíz de su muerte), desde su nacimiento hasta su muerte, mostrando como las políticas que promovió durante su gobierno contribuyeron enormemente a tal concentración. Comencemos por los datos.

Las políticas neoliberales de la Sra. Thatcher fueron las mismas que las del Sr. Reagan en EEUU: un ataque frontal al mundo del trabajo y a los sindicatos, iniciando políticas redistributivas de sentido opuesto a las iniciadas por los gobiernos anteriores

Cuando Margaret Thatcher nació, en 1925, pasó a ser miembro de una familia de la decila superior de renta en Gran Bretaña. Cuando fue a la Universidad de Oxford, su familia ya había alcanzado pertenecer al 1% de la población con mayor renta y cuando, estando en Oxford, se casó con Dennis, su esposo, ya llegó al 0,1%. Ahora bien, a pesar de pertenecer a tal 0,1%, no era considerada lo suficientemente rica como para pasar a ser dirigente del Partido Conservador –Tory-, que estaba controlado por el 0,01% de la población, es decir, los súper ricos del establishment británico. Su elección a presidenta del tal partido se vio como una rebelión de los ricos frente a los súper ricos. Tal rebelión, sin embargo, era ficticia, porque Margaret Thatcher sirvió con gran entusiasmo y docilidad a los súper ricos.

En 1945, cuando Thatcher tenía 20 años, los súper ricos (el 0,01%) recibían 123 veces más renta que el promedio de renta de Gran Bretaña. Cuando cumplió 40 años, en 1965, tal diferencia de renta se había reducido a la mitad, es decir, era 62 veces, que incluso descendió más, de manera que en el año en que fue elegida primera ministra de aquel país, en 1978, había alcanzado el menor diferencial, 28 veces.

Ni que decir tiene que los súper ricos odiaban este descenso de diferencial y las políticas redistributivas en las que se había basado tal reducción. De ahí que promovieran con toda intensidad a Margaret Thatcher, que había mostrado, en su corto liderazgo como dirigente del Partido Conservador, que era su mejor aliada y apuesta para el futuro.

Pero para vencer había que debilitar al Partido Laborista, lo cual consiguió dividiéndolo. Los súper ricos apoyaron a escondidas (y a veces no tan a escondidas) la creación del Social Democratic Party, que dividió a las izquierdas, punto clave para explicar la derrota del gobierno Laborista. Pero la mayor victoria de Margaret Thatcher –como ella misma indicó- fue el cambio del Partido Laborista, convirtiéndose en el New Labor o Tercera Vía que, una vez sustituyó al gobierno conservador, continuó las mismas políticas neoliberales que su gobierno había iniciado.

Las políticas neoliberales de la Sra. Thatcher fueron las mismas que las del Sr. Reagan en EEUU: un ataque frontal al mundo del trabajo y a los sindicatos, iniciando políticas redistributivas de sentido opuesto a las iniciadas por los gobiernos anteriores. Como consecuencia, en 1990, cuando Thatcher abandonó el poder, los súper ricos (el 0,01%) ingresaban 70 veces más que el promedio, políticas que fueron continuadas por el New Labor, de manera que en el 2007 el 0,01% había logrado poseer 144 veces más que el promedio.

Mientras, según el informe “Political and Social Exclusion” de 2013, el 50% de la población (la clase trabajadora y sectores de clases medias) tenían menor renta en 2007 que en 1983 y se perciben firmemente inseguros. Hoy, el 30% de la población vive en viviendas inhabitables y/o insuficientes y el 7% no tiene para comer y están desnutridos. Una persona de cada tres no tiene suficiente dinero para calentar su casa. Ahora bien, a los súper ricos les va pero que muy bien, a los ricos (el otro 9% que completa la decila de renta superior) les va francamente bien, y al 40% restante (de la mitad superior de la población) les va bien o regular. Es al 50% restante, la otra mitad de la población británica, a los que les va mal, y a algunos francamente muy mal. Sería interesante que tal estudio se hiciera en España. Lo difícil será encontrar financiación para realizarlo.

El excesivo poder del Estado central dificulta la resolución del problema de la vivienda y el transporte

28 agosto, 2018

Fuente: http://www.vnavarro.org

 

Uno de los argumentos que se da con mayor frecuencia por parte de aquellas sensibilidades políticas que se oponen a que el Estado central español, basado en la capital del reino, Madrid, descentralice sus responsabilidades, empoderando más a las comunidades autónomas (CCAA) y a las autoridades locales, es que dicho Estado ya está muy descentralizado, llegando incluso a afirmar que España es “uno de los países más descentralizados del mundo”, como más de un dirigente jacobino (ansioso por mantener el poder centralizado en el Estado) ha llegado a afirmar (como por ejemplo hizo el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales del Gobierno de Rajoy, el Sr. Roberto Bermúdez de Castro, el pasado noviembre). Entre estas voces hay también personalidades de la izquierda tradicional del país pertenecientes a las familias políticas socialista y comunista, que asumen que para poder redistribuir mejor los recursos públicos del país es mejor tener y mantener un Estado central fuerte, con muchas responsabilidades y con mucho poder, a fin de transferir fondos de las partes más ricas del país a las más pobres, con el objetivo de alcanzar la deseada igualdad. Este último argumento, junto con el anterior, les permite concluir a tales autoridades jacobinas que las grandes desigualdades del país (entre otros problemas sociales) se deben al escaso poder que se supone tiene el Estado central.

Los datos muestran el error de los jacobinos

Si miramos los datos vemos que el Estado central español, lejos de ser débil y estar en peligro de desaparición, continúa siendo, y con mucho, el nivel territorial de los tres (el central, el autonómico y el local) que maneja y gestiona un porcentaje mayor del gasto público realizado por estos tres niveles de gobierno (47,6% de todo este gasto en 2017, sin incluir la Seguridad Social, por encima del 37,7% de las CCAA y el 14,7% de los entes locales, según Eurostat). En realidad, en la comunidad que incluye a países de semejante nivel de desarrollo económico al español (la Unión Europea de los Quince) podemos ver que España es uno de los países que tiene un Estado central más grande (en el caso de Alemania, durante el mismo año el Estado central realizó el 37,5% de todo el gasto público llevado a cabo por los tres niveles de gobierno, mientras que los gobiernos regionales realizaron el 38,9% y los locales un 23,6%).

Y si en lugar de gasto queremos analizar la capacidad y responsabilidad en la toma de decisiones, vemos que, de nuevo, el Estado central tiene mucha más autoridad que los otros dos niveles de gobierno (el autonómico y el local, el cual tiene un poder limitadísimo y muy pocos recursos). Lo estamos viendo estos días en dos de los mayores problemas que tienen las ciudades del país: uno es el de la vivienda –que ha alcanzado dimensiones más que preocupantes en el caso del alquiler, hasta el punto de que amplios sectores de la población se están viendo expulsados de sus lugares de residencia habituales–, y el otro es la crisis del taxi. Ambos están recibiendo una gran atención por parte de los medios, y reflejan un gran malestar que existe entre las clases populares en el caso de la vivienda, y en sectores de la clase trabajadora en el caso del sector del taxi.

El Estado central es, en parte, responsable de tales crisis sociales

En ambos casos el Estado central tiene una gran responsabilidad en la existencia de estos problemas. Las autoridades municipales –que son el nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía, y que en cualquier país es la autoridad más pública, más popular o menos impopular– tienen un escasísimo (por no decir nulo) poder para regular los alquileres en su territorio. La máxima autoridad es el Estado central. En otros países, como en Alemania o los Países Bajos, por ejemplo, los municipios (como Berlín o Ámsterdam) tienen mucho más poder para regular estos alquileres, resolviendo el enorme problema de la vivienda de una manera mucho más contundente y eficaz.

Un tanto igual ocurre con los elementos clave del transporte público, como por ejemplo los taxis, en los que todo depende de lo que diga el Estado central, que regula y normativiza este tipo de transporte. La huelga de los taxistas –que llevan bastante razón– incluye precisamente una demanda de que no sea el Estado central, sino los municipios, los que regulen tal tipo de transporte urbano, sustituyendo la situación actual –en la que el protagonista principal es el Estado central– que permite que corporaciones multinacionales como Uber o Cabify se expandan y compitan en términos muy desfavorables para los taxistas, ya que pagan una miseria a los conductores contratados por tales compañías, a los que o no provee ningún tipo de protección social, o bien lo hace de una manera muy limitada.

La centralización del Estado permite su instrumentalización por parte de los grandes grupos y lobbies económicos: el caso de Uber y Cabify

Uber y Cabify son dos multinacionales (la segunda con origen en España) cuya empresa matriz se encuentra en paraísos fiscales –en los Países Bajos en el primer caso, y en el Estado de Delaware (EEUU) en el segundo–, con lo que evitan pagar impuestos en los Estados donde proveen sus servicios. Y es que ejercen una enorme influencia política y mediática (los medios siempre son grandes defensores de los supuestos méritos del mercado), capturando el poder de los Estados centrales y expandiéndose por todo el mundo, incluyendo España.

Hay ya alrededor de 9.000 licencias de coches que están a disposición de tales compañías (4.300 en la Comunidad de Madrid, 1.478 en Andalucía y 1.457 en Catalunya). Tales coches son propiedad de individuos que se ofrecen a esas compañías (como autónomos) para proveer servicios de transporte. A primera vista parece una cosa normal y corriente, de la misma manera que parece una cosa normal y corriente y lógica que una persona propietaria de un piso lo alquile (en su totalidad o parcialmente) al turista que necesita un techo y una casa para unos días (como ocurre en el sector de la vivienda con Airbnb). Son dos ejemplos de lo que se llama economía colaborativa (ver mi artículo “Lo que se llama economía colaborativa no tiene nada de colaborativa”, Público, 03.11.16).

¿Cuál es el problema con la economía colaborativa en el transporte público?

Estas compañías –Uber y Cabify– no tienen empleados con cuyos colectivos tengan que pactar –a través de convenios colectivos– las condiciones de trabajo, salarios, protección social o lo que sea. Las compañías contratan a las personas propietarias de los coches, a las que pagan cantidades muy inferiores a las que reciben los taxistas. Es más, la licencia para poder trabajar, que en el caso de los taxistas alcanza cifras de 200.000 euros, es solo de 20.000-30.000 euros en el caso de tales compañías. Y no ofrecen ninguna o muy poca seguridad al usuario del transporte (dato del que el usuario no es ni siquiera consciente, de manera que si hay un accidente, el usuario tiene escasísima protección). De ahí que la famosa “competencia” sea una farsa desde el principio. Es un ataque frontal a la industria del taxi, pues es difícil que esta pueda competir en estas condiciones.

La aplicación de este modelo a nivel de todos los sectores y servicios tendría un impacto enormemente negativo en la economía, pues los salarios y la protección social bajarían en picado, ya que siempre hay sectores de la población que aceptarán los salarios bajos dado que necesitan sobrevivir, creando un conflicto entre aquellos que ya tienen trabajo y protección social y aquellos que no los tienen. Esto es lo que está ocurriendo en muchos sectores de la economía. Y precisamente los medios de comunicación (la mayoría de los cuales están instrumentalizados por los grupos económicos que controlan el mercado) acusan a los primeros de egoístas y poco solidarios. La cobertura mediática muy desfavorable de la huelga de los taxis es un ejemplo de ello.

De la misma manera que la llamada economía colaborativa de los pisos turísticos realizada por compañías como Aribnb está destruyendo barrios enteros, el mismo tipo de economía en los transportes está destruyendo el transporte público realizado por los taxis. En realidad, en EEUU hay múltiples ejemplos de que cuando Uber ha prácticamente eliminado los taxis ha subido el precio del transporte con tarifas a niveles muy superiores a los proveídos antes por el taxi.

La raíz del problema: el escaso poder municipal

El excesivo poder del Estado central se hace sobre todo a costa del escasísimo poder de los ayuntamientos de las grandes ciudades, que hoy tienen problemas sociales enormes sin instrumentos que les permitan resolverlos, y ello debido a la enorme influencia que las fuerzas conservadoras han tenido históricamente en España sobre el Estado borbónico. No es por casualidad que en los países europeos donde históricamente las derechas han tenido mayor poder –como en el sur de Europa– sus Estados estén muy centralizados, otorgando poderes muy limitados a las autoridades locales, mientras que aquellos países donde las izquierdas democráticas han tenido más poder, como en los países nórdicos, tienen Estados centrales con menos responsabilidades y los municipios tienen más poder que en el sur de Europa.

Las fuerzas conservadoras desfavorecen la participación democrática popular en los procesos de toma de decisiones, y de ahí que se opongan a que los municipios, que son el nivel de decisión más próximo a la ciudadanía, tengan más poder. Los casos de la vivienda y del transporte público son un claro ejemplo de ello. Enfatizar el poder central es facilitar que los lobbies económicos multinacionales lo coopten e instrumentalicen como constantemente ocurre en España.

El Estado central español continúa, así pues, acumulando un número excesivo de responsabilidades, lo cual empobrece la democracia. Y no puede justificarse este centralismo argumentado que es necesario para garantizar la redistribución de recursos para alcanzar la deseada igualdad. En realidad España es uno de los países donde el Estado tiene mayor número de responsabilidades (siendo la fiscal una de ellas), y en cambio es uno de los países con mayores desigualdades sociales e interterritoriales. Suecia, por el contrario, es uno de los países en los que las autoridades locales tienen más poder y a la vez uno de los que tiene menos desigualdades sociales y regionales. Se pueden redistribuir los recursos mediante políticas públicas descentralizadas aceptadas por toda la población, y desarrolladas y puestas en marcha por los niveles más cercanos a esta población. Es lógico que sean los municipios los que tengan que tener la autoridad para resolver los problemas que afectan la calidad de vida de sus ciudadanos en temas como la vivienda y el transporte público, necesidad todavía más palpable en un país como España que es muy diverso en su composición, culturas e identidades.

No es por casualidad que hoy en España y en muchos otros países en Europa y en Norteamérica sean las ciudades las que estén liderando las reformas que están afectando más directamente el bienestar de las clases populares. Hoy Barcelona y Madrid, por ejemplo, están desarrollando nuevas iniciativas para solucionar los problemas de la vivienda y del tráfico, las cuales están claramente dificultadas por las políticas de las derechas que han controlado las palancas de poder para poder solucionarlos. Así de claro.

 

Lo que se ha ocultado detrás del conflicto de banderas: la borbónica y la independentista

15 agosto, 2018

Fuente: http://www.publico.es

Vicenç Navarro
Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra

En España y en Catalunya el gran tema de sus establishments político-mediáticos es el tema interterritorial (también llamado nacional), que lo absorbe prácticamente todo. Tal tema centra la vida parlamentaria tanto en las Cortes Generales españolas como en el Parlament de Catalunya, así como en los mayores medios de información del país. Si se analiza, sin embargo, cuáles son los problemas reales de la gente normal y corriente, se ve fácilmente que los temas que les preocupan son otros. Y uno de los más importantes es el deterioro de la calidad de vida y bienestar de la mayoría de la población, que se ha ido produciendo en los últimos diez años como parte de lo que se conoce como la Gran Recesión, y que lejos de haber desaparecido continúa golpeando a las clases populares de una manera muy marcada. Pero no toda la población está sufriendo igual. En realidad, a algunos sectores les ha ido pero que muy bien durante tal período. Veamos los datos.

¿Cómo ha evolucionado la distribución de las rentas en España, incluyendo Catalunya?

Un indicador valioso para definir a quién le va bien y a quién no le va bien es la distribución de las rentas en el país. Y mirando esa distribución se puede ver que las rentas del trabajo (el dinero que la gente recibe del trabajo que realiza, predominantemente a través de los salarios) en España, incluyendo Catalunya, han ido bajando y bajando durante los años de la Gran Recesión, mientras que las rentas del capital (es decir, el dinero que los ricos y superricos obtienen de la propiedad de los bienes que generan renta, como por ejemplo acciones en el banco) han ido subiendo y subiendo durante el mismo periodo. Las primeras rentas –las del trabajo- han pasado de representar el 50,1% de todas las rentas en 2008 (primer año de la crisis) a un 47,3% en 2017, y en Catalunya han descendido incluso más, pasando de un 50,1% a un 45,9% durante el mismo periodo. Este descenso contrasta con lo que ha ocurrido en el promedio de la Unión Europea de los Quince (UE-15), que es el grupo de la UE que tiene mayor nivel de desarrollo económico. En esta comunidad -de la que formamos parte- las rentas del trabajo han subido ligeramente en vez de bajar, pasando de representar un 47,9% a un 48% durante el mismo período 2008-2017.

Este descenso de las rentas del trabajo ha ocurrido en España a la vez que hemos visto un incremento de las rentas del capital (de los superricos y ricos), que han pasado de representar un 41,7% de todas las rentas en 2008 a un 42,4% en 2017, incremento que en Catalunya ha sido incluso mayor, pasando de un 42,1% a un 44,5% durante el mismo período. En el promedio de la UE-15, por el contrario, las rentas del capital descendieron, en lugar de subir como en España, pasando de un 40,9% a un 40,1% en el período 2008-2017.

¿Qué ha causado esta redistribución de las rentas de abajo hacia arriba?

Varias son las causas de lo que acabo de describir. Pero una de las más importantes fue la aplicación de las políticas públicas neoliberales llevadas a cabo por los gobiernos españoles y catalanes durante el período 2009-2017, tales como las reformas laborales (que han empoderado al mundo empresarial a costa del mundo del trabajo), las reformas fiscales (que han favorecido a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo) y las políticas de austeridad (que han dañado especialmente a las clases populares al reducirse los servicios públicos como la sanidad, la educación y otros a costa de favorecer a los servicios privados utilizados por la gente con más dinero). Tales políticas fueron impuestas a la población (y digo impuestas pues no estaban en sus programas electorales) por los gobiernos españoles (el gobierno Zapatero del PSOE primero -2004/2010- y el gobierno Rajoy del Partido Popular después -2010/2018, y desde el 2015 con el apoyo de Ciudadanos-) y por los gobiernos catalanes (el gobierno Mas de Convergència i Unió desde 2010 a 2012, y con el apoyo de ERC de 2012 a 2015, seguido del gobierno Puigdemont –también de Convergència, que gobernó en alianza con ERC y con el apoyo de la CUP– durante el periodo 2015-2017).

Los equipos económicos del gobierno Zapatero eran de orientación neoliberal, siendo Jordi Sevilla el mayor ideólogo de aquel gobierno en áreas económicas (en el libro De nuevo socialismo, del mismo Jordi Sevilla, este se preguntaba si “alguien puede defender a estas alturas del siglo que un programa socialdemócrata debe ir a favor de más impuestos y más gasto público”), dicho en uno de los países que tiene uno de los gastos públicos y los ingresos más bajos de la UE-15. La sensibilidad neoliberal del gobierno español fue incluso más acentuada en el gobierno Rajoy. Y en Catalunya los equipos económicos del gobierno Mas primero, y de Puigdemont después, fueron claramente de orientación neoliberal, muy inspirados por uno de los economistas más ultraliberales de Catalunya, el Sr. Sala i Martín, uno de los principales consejeros de Davos, el Vaticano del pensamiento ultraliberal hoy en el mundo, y el gurú de TV3, la televisión pública controlada abusivamente por el gobierno independentista convergente. Tal ideología neoliberal ha estado presente en todas las consejerías del gobierno catalán, incluyendo en sanidad, cuyo consejero, Boi Ruíz (que había sido el jefe de la patronal sanitaria privada), privatizó masivamente la sanidad catalana (entre 2010 y 2016, cuando fue conceller de Salud). En coherencia con su ultraliberalismo, el gobierno catalán de Convergència fue uno de los gobiernos autonómicos en España (y en la UE-15) que hizo mayores recortes en los servicios públicos del Estado del BienestarDurante el período del gobierno convergente de Mas (2010-2015), y después, durante el gobierno independentista presidido por Puigdemont 2015-2017 (liderado por Convergència, con el apoyo de ERC dentro, y de la CUP fuera), el gasto público social de la Generalitat de Catalunya descendió un 11% (entre 2010 y 2017). En sanidad, el gasto sanitario pasó de representar un 5,8% del PIB en 2009 a un 5,2% en 2014. En España pasó del 6,8% al 6,4% en el mismo período. En educación pasó del 3,64% a un 3,60% (en España, de un 4,34% a un 4,15%). Y así un largo etcétera.

Si analizamos estos recortes desde el punto de vista del presupuesto de la Generalitat dentro de ese periodo 2010-2017 (gobernada primero por Mas y después por Puigdemont), el gasto público sanitario cayó un 10,4%, el educativo un 9,9%, el de vivienda un 50,6%, el de protección social un 7,1%, el de promoción social un 31% y así otro largo etcétera. Como ya hemos indicado, los recortes en España fueron de los más acentuados de la UE-15, y dentro de España, Catalunya fue la comunidad autónoma que tuvo mayores recortes.

Y, ¿cómo puede ser que tales gobiernos neoliberales continuaran gobernando durante tanto tiempo (y en Catalunya continúen gobernando)?

Una respuesta a esta pregunta es que el gobierno del PP en España y el gobierno independentista liderado por Convergència (que tienen a su disposición enormes aparatos de información y persuasión) han promovido la percepción de que la economía se ha recuperado y hemos salido ya de tal recesión. Los testarudos datos, sin embargo, cuestionan esta percepción. En realidad la tasa de paro en 2017 era un 110% mayor que en 2007; el porcentaje de personas en paro de larga duración era un 353% más grande; el porcentaje de trabajadores con salarios bajos (que cobran un 33% del salario medio por trabajador) era 24% más elevado en el caso de personas solteras sin hijos. Y así un largo etcétera. En realidad la tasa de riesgo de pobreza es hoy tanto en España (22%) como en Catalunya (19%) uno de los más altos de la UE-15 (16%). Y un tanto igual ocurre en cuanto a la pobreza infantil (25% en Catalunya y 31% en España).

Otros indicadores detrás de los cuales hay también un enorme sacrificio, dolor y malestar son las tasas de ocupación (gente que se encuentra trabajo) entre los jóvenes, de nuevo de las más bajas de la UE-15 (24% en Catalunya y 18% en España, mientras que en la UE-15 es de un 35%). Un tanto igual para las tasas de ocupación de las mujeres y de los hombres en general, siendo entre las primeras más bajo que entre los hombres. Todos estos datos atestiguan la falsedad de que España y Catalunya hayan recuperado los niveles de bienestar económico que existían antes de la crisis.

El enorme poder de los establishments político-mediáticos de España y Catalunya

Una de las causas de la continuidad de tales fuerzas políticas en el gobierno es su capacidad de desviar la atención política y mediática de la crisis social a la crisis interterritorial. La crisis social mostrada en este artículo está ocultada detrás del GRAN TEMA: EL INTERTERRITORIAL, que lo esconde todo. Un ejemplo de ello es lo ocurrido en los pasados días. La gran noticia de la semana es que el candidato vencedor en las primarias para escoger la presidencia del PP (el partido más de derechas en España, que en el espectro político europeo es la ultraderecha) ha sido el Sr. Pablo Casado. Pero lo que no se ha dicho es que su principal asesor económico es Daniel Lacalle, que en política fiscal está incluso más a la derecha que el presidente Trump de EEUU. Su intención es reducir todavía más el sector público (uno de los más subdesarrollados en infrafinanciados de la UE-15), incluyendo los servicios públicos como, entre otros, la sanidad, la educación y la vivienda social, y las transferencias públicas -como las pensiones-, privatizándolas lo máximo posible, junto con enormes bajadas de impuestos que beneficiarían en su mayoría a las rentas superiores. El pensamiento de tal economista es casi idéntico al sostenido por Sala i Martín, citado ya antes en el artículo, que ha sido el gurú de Convergència, y cuya portavoz es la economista Elsa Artadi, que ha sido traductora de sus libros. Es el gran triunfo del ultraneoliberalismo, ambos, insisto, más a la derecha que el equipo económico del presidente Trump. Mientras, en el último congreso de Convergència (ahora llamado PDeCAT) dos de las personas más aclamadas fueron el expresidente Mas y también el Sr. Puigdemont, ambos responsables de la aplicación de las políticas que han hecho tanto daño a las clases populares catalanas. Naturalmente que el aplauso no era por la aplicación de tales políticas. Tal como también ocurrió en el último congreso del PP, el aplauso a Casado y, en Convergència, a Mas y Puigdemont era por su nacionalismo extremo, que está dominando la vida política de este país, y cuyo conflicto de banderas está creando gran número de tensiones, con las cuales se ocultan otras realidades, y muy en especial, la gran crisis social creada precisamente por aquellos “superpatriotas” que hoy enarbolan con mayor frecuencia las banderas de los dos bandos nacionalistas del país: el borbónico y el independentista. Un caso claro de cómo el conflicto de banderas está ocultando y sustituyendo el conflicto entre las clases populares por un lado, y los de arriba de siempre por el otro, una lucha que continúa vigente en este país. Así de claro.