Posts Tagged ‘Vicenç Navarro’

Las falsedades de la supuesta recuperación económica promovida por el pensamiento neoliberal dominante

9 septiembre, 2018

Fuente: http://www.vnavarro.org

Vicenç Navarro, 16 de agosto de 2018.

Vicenç Navarro
Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pomepu Fabra

Se está creando la percepción en los países del capitalismo desarrollado de que la Gran Recesión -que ha causado un deterioro muy acentuado del bienestar y calidad de vida de la mayoría de sus poblaciones- es un hecho del pasado, consecuencia del supuesto éxito de las políticas neoliberales que los gobiernos de estos países han ido aplicando durante este período. Estas políticas han consistido en reformas laborales (supuestamente encaminadas a favorecer la flexibilidad de los mercados laborales) y recortes del gasto público, incluyendo del gasto público social (en servicios públicos como la sanidad, la educación, la vivienda social, los servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios, y otros; y en transferencias públicas, como las pensiones) que se aplicaron para reducir el supuestamente excesivo déficit público que estaba “ahogando” a la economía, como consecuencia de una “excesiva generosidad de los derechos sociales” que tenía que corregirse y revertirse mediante la imposición de políticas de austeridad.

El “supuesto éxito” de las políticas públicas neoliberales

Según los establishments político-mediáticos que promueven la sabiduría convencional en cada país, estas medidas han tenido un gran éxito habiendo recuperado el rigor y la eficiencia de sus economías. Como prueba de ello, presentan indicadores que -según afirman- reflejan tal recuperación como, por ejemplo, el aumento del crecimiento económico y la disminución del paro. Esta promoción de las políticas neoliberales va acompañada, por lo general, de referencias al “supuesto gran éxito” de la economía estadounidense -máximo referente del pensamiento neoliberal-, que se atribuye a la gran flexibilidad de su mercado de trabajo y a su escaso gasto público (el más bajo, una vez descontado su gasto militar), muy acentuado en el caso del gasto público social (responsable de que EE.UU. sea el país capitalista desarrollado con menor protección social). Según explica la sabiduría convencional -de clara sensibilidad neoliberal- este país, después del colapso de su economía (de 2007 a 2009 su PIB bajó un 4%), recuperó, a partir del 2009, su tasa de crecimiento (un promedio de 2,1% anual), lo que provocó un gran descenso del paro, que de ser del 10% pasó a ser el más bajo del mundo capitalista desarrollado, con un 3,8%.

Lo que esconden los indicadores del “supuesto éxito”: el deterioro muy notable del bienestar y calidad de vida de las clases populares

Lo que tales argumentos ocultan o desconocen es que, en gran parte de los países capitalistas desarrollados, las cifras del paro tienen un valor muy relativo para medir el grado de eficiencia del mercado laboral, pues excluyen a grandes sectores de la población que sufren las consecuencias del gran deterioro del mercado laboral (causado por tales políticas neoliberales), y que no quedan reflejados en la tasa de paro. Este indicador de paro no incluye, por ejemplo, la población que trabaja en situación parcial y temporal que querrían hacerlo a tiempo completo (la población empleada subocupada), un problema grave creado por las reformas laborales. Este sector ha sufrido un notable aumento, alcanzando su máxima expresión en el trabajo precario, muy generalizado hoy en la gran mayoría de países capitalistas desarrollados. En España se habla mucho (con razón) del elevadísimo paro, pero no se habla tanto del elevadísimo nivel de precariedad entre la población empleada. Los contratos más frecuentes en España son los que duran 15 días y una cuarta parte del total tiene una duración de 7 días, siendo este el tipo de contrato que ha aumentado más desde el inicio de la crisis en 2007. Desde que se inició la crisis, casi el 60% del empleo creado ha sido -precisamente- de carácter temporal y parcial.

Otro sector de la población que no se incluye en la tasa final del paro es la gente que ha abandonado la búsqueda de puestos de trabajo por no encontrarlo. En EE. UU., en caso de incluirse este sector de la población, la tasa de paro ascendería a un 7,6%. En realidad, si se sumaran los desempleados, los empleados subocupados y los que se han desanimado en su búsqueda de puestos de trabajo, la cifra de paro ascendería a un 10,9% (17,6 millones de personas). Esta trágica (y no hay otra manera realista de definirla) situación, muestra las limitaciones de utilizar la tasa de paro como el indicador principal de eficiencia del mercado de trabajo. El “éxito” en la reducción de la tasa de paro, se ha conseguido a costa de un enorme crecimiento del paro oculto, de la precariedad y del desánimo en el que se encuentran grandes sectores de las clases trabajadores en estos países, que representan la mayoría de las clases populares.

En el país modelo neoliberal, EE.UU., a estos datos debe sumarse otro factor raramente mencionado cuando se analiza el tema del paro: el elevadísimo porcentaje de la población que está encarcelada. Los presos de aquel país son 2,2 millones de personas, tres veces superior al promedio de los países de semejante nivel de desarrollo económico. Sin lugar a dudas, si el porcentaje de la población encarcelada fuera semejante a la existente en la mayoría de países de la UE, el número de personas sin trabajo y que lo están buscando (así como las tasas del paro oficial) sería incluso mucho mayor que el enunciado en las cifras oficiales de paro. En realidad, la elevada encarcelación es una de las causas de que el paro aparente ser tan bajo en EE.UU.

Los elevados costes de las reformas laborales y otras medidas neoliberales

En España, la aplicación de las políticas neoliberales creó un enorme deterioro del mercado laboral español. Todavía hoy, cuando se asume que la economía se ha recuperado, solo la mitad de los puestos de trabajo perdidos (3,8 millones) durante el inicio de la crisis (2008-2013) se han recuperado. Pero como en el caso de EE.UU., si sumamos a las personas que están en paro (17%) las personas que están subocupadas (personas que trabajan a tiempo parcial involuntario) y las que han abandonado la búsqueda de trabajo, desanimados en encontrarlo, la cifra de paro real aumentaría a un 28%, es decir, casi el doble.

Repito pues, una observación que, a pesar de su gran importancia, apenas es visible en los fórums mediáticos y políticos del país: el descenso del paro oculta el gran crecimiento del paro oculto, de la precariedad y del desánimo. Esta es la realidad que se desconoce e ignora, y que ha causado grandes protestas populares en todos los países, canalizadas por los movimientos antiestablishment.

¿Por qué los salarios no suben -e incluso continúan bajando- cuando el desempleo supuestamente se está reduciendo?

Estas cifras reales de personas desocupadas -que no quedan reflejadas en los indicadores de paro- explican que haya una enorme reserva de personas en necesidad de trabajo. Es más, a las personas que constituyen esta gran reserva de gente buscando trabajo hay que añadir los millones de trabajadores que existen en reserva en países menos desarrollados, cuyos trabajadores aceptan salarios mucho más bajos y las condiciones de trabajo mucho peores que en los países capitalistas desarrollados. De ahí que la desregulación del mercado de trabajo (una de las mayores medidas neoliberales) haya ido acompañada de otra gran medida neoliberal: la desregulación de la movilidad de capitales (con la globalización de las llamadas multinacionales) que está empoderando al mundo empresarial frente al mundo del trabajo. La amenaza del desplazamiento de empresas a países con salarios bajos es una de las medidas disciplinarias más comunes hoy en los países capitalistas desarrollados, en contra de los trabajadores.

Como parte de esta desregulación del movimiento de capitales se ha promovido la otra cara de la moneda, es decir, la promoción de la movilidad de los trabajadores, favoreciendo la inmigración como medida para garantizar la disponibilidad de trabajadores que, por la vulnerabilidad asociada a la condición de inmigrantes aceptan salarios más bajos y peores condiciones de trabajo.

Estos datos explican que, a pesar del descenso del nivel de paro oficial, los salarios no suban. Si tal cifra de paro fuera real, la clase trabajadora estaría más empoderada en su negociación con el mundo empresarial, a fin de obtener salarios más altos. El hecho de que ello no ocurra se debe al enorme debilitamiento de la case trabajadora y del mundo del trabajo, incluyendo sus sindicatos, que se traduce en la enorme disponibilidad de trabajadores potenciales, estén estos dentro o fuera del país. 

La gran debilidad del mundo del trabajo: el objetivo de las políticas neoliberales

Hemos visto así que uno de los principios del pensamiento económico dominante -el subrayar que el descenso del paro crea un aumento de los salarios– no se ha realizado: los salarios no han estado subiendo durante la recuperación. Antes al contrario, han estado descendiendo. De nuevo, mirando el modelo estadounidense vemos que el trabajador (no supervisor) de EE.UU. recibe hoy un salario que es un 4% más bajo que en el año 1972 -hace 46 años- y ello a pesar de que la productividad de este tipo de trabajador se ha más que doblado durante este período. La riqueza creada por este aumento de la productividad no ha beneficiado, sin embargo, al trabajador, sino a todos los demás que están por encima de él, desde sus supervisores, empresarios y equipos de dirección, así como a los financieros que manipulan el crédito y especulan con los beneficios empresariales conseguidos por el descenso de los salarios.

Esta situación se ha dado también en las economías europeas, incluida la española. En la gran mayoría de países europeos, el crecimiento de la productividad ha sido mayor que el crecimiento de los salarios, realidad que ha estado ocurriendo desde el inicio de período neoliberal, a finales de la década de los años setenta del pasado siglo, hasta ahora. En otras palabras, esta situación ha contribuido a que el PIB de tales países haya subido más rápidamente que los salarios (que en muchos países, como EE.UU., han incluso bajado) (ver: P. Dolack, Flat Wages ZCommunications, 2018).

Lo mismo o peor está ocurriendo en España

En España los salarios han bajado también. Ha sido un descenso del 10% durante el período de aplicación máximo de las políticas neoliberales (2008-2014) (afectando primordialmente a las mujeres y a los jóvenes), permaneciendo estables (o bajando en el sector privado), perdiendo así capacidad adquisitiva al crecer en menor grado que la inflación. En realidad, los salarios para los mismos puestos de trabajo, desde 2008 a 2015 descendieron un 12%. Ello ha estado ocurriendo a la vez que la productividad del trabajador (productividad real por hora trabajada) ha ido aumentando mucho más rápidamente que los salarios. El excedente se ha destinado a incrementar los beneficios empresariales, a las rentas superiores, aumentando con ello las desigualdades, siendo estas últimas de las más acentuadas en la Unión Europea.

Como resultado de ello, las rentas del trabajo han ido descendiendo en todos los países a la vez que las rentas del capital han ido subiendo. En España, este cambio en la distribución de las rentas ha sido uno de los más marcados. Como bien dijo en su día el magnate empresarial Warren Buffet, hay “una lucha de clases y la hemos estado ganando”. Y esta victoria se extiende a todos los niveles, de tal manera que la ideología del gran mundo empresarial -el neoliberalismo- continúa siendo hegemónica en las instituciones políticas y mediáticas, a pesar del enorme fracaso de lo que han significado en el quehacer económico del país. Ahora bien, la expresión “desastre” es relativa, pues para el mundo del capital y de sus gestores, la economía ha ido muy bien. Y lo que deseaban, es decir, la disminución de los salarios, de las expectativas de los trabajadores y el descenso (y, en ocasiones, el desmantelamiento) de la protección social, ha sido su gran “éxito”.

¿Cómo se ha conseguido la victoria neoliberal?

Lo que hemos visto es cómo la aplicación de las políticas públicas neoliberales ha debilitado los instrumentos creados por el mundo del trabajo para defender sus intereses, como los sindicatos. Las reformas laborales, por ejemplo, estaban encaminadas a “flexibilizar” el mundo del trabajo. El término flexibilizar quiere decir eliminar los derechos laborales y sociales conseguidos por los trabajadores durante la época dorada del capitalismo (1945-1980), donde un pacto social se había conseguido entre el mundo del capital y el mundo del trabajo. De ahí que la solución exigiría un cambio político, observación especialmente importante, pues las causas políticas del deterioro del mercado de trabajo se ignoran constantemente, atribuyendo tal deterioro a la automatización, a la robotización o a cualquier otro elemento, sin tener en cuenta que, a su vez, tales variantes técnicas son determinadas por el contexto político.

Parte de este debilitamiento del mundo del trabajo han sido los cambios en los partidos políticos que habían sido creados por este y que se han ido distanciando de su base electoral, haciendo suyas muchas de las medidas neoliberales que han contribuido a tal distanciamiento. El creciente control de estos partidos políticos (la mayoría de tradición socialdemócrata) por la clase media ilustrada (profesionales de formación universitaria que desarrollan intereses de clase propios, distintos a los que había sido su base electoral) explica su renuncia a políticas redistributivas y su conversión al neoliberalismo, tal y como ha ocurrido con los gobiernos Clinton, Obama, Blair, Schröder, Hollande, Zapatero, entre otros.  El colapso de la socialdemocracia y otras izquierdas es un indicador de ello.

Es lógico y predecible que los movimientos antiestablishment de base obrera hayan ido apareciendo como respuesta

Esta situación explica el surgimiento de los movimientos antiestablishmentque protestan por la pérdida de la calidad de vida de las clases populares, causada por las reformas laborales, por las políticas de austeridad y por la globalizaciónEl abandono por parte de las fuerzas gobernantes de izquierdas de las políticas redistributivas que las caracterizaron en el pasado (aduciendo que eran “anticuadas” o “imposibles de realizar”), y su compromiso con el neoliberalismo, fue el responsable del surgimiento de tales movimientos. El establishment político-mediático neoliberal atribuye tales movimientos a un crecimiento del nacionalismo, racismo, chovinismo, o cualquier ismo que esté de moda en estos centros.

Y cada una de las características de estos movimientos es respuesta directa al ataque neoliberal. El nacionalismo, por ejemplo, es una protesta frente a la globalización. Su antiinmigración es un indicador de rechazo a la globalización del mundo del trabajo, en respuesta a su ansiedad y temor a la pérdida su empleo o a la dificultad en encontrarlo. Y su antiestablishment es consecuencia de verlo como responsable de las políticas que les perjudicaronEn EE.UU., por ejemplo, no hay evidencia de que el racismo se haya incrementado. En realidad, los votantes que hicieron posible la elección de Trump en el Colegio Electoral de EE.UU. procedían de barrios obreros en áreas desindustrializadas que habían votado a un negro, el candidato Obama, para la presidencia en las elecciones anteriores. Y en 2016, Trump ganó por que Clinton representaba al establishment, al ser Ministra de Asuntos Exteriores y máxima promotora de la globalización, responsable de las políticas públicas que habían estado dañando a la clase trabajadora.

La demonización de las protestas populares antiestablishment

Es característico del establishment político-mediático definir como “retrógrados” y “basura social” -como hizo la Sra. Clinton- estas protestas de los que se han opuesto a las medidas neoliberales que han dañado enormemente la calidad de vida de las clases populares. En realidad, era fácilmente predecible que Trump ganaría las elecciones (y así lo anunciamos algunos pocos cuando se iniciaron las primarias del Partido Republicano y más tarde cuando se eligió el Presidente). Las clases trabajadoras, dañadas por tales políticas, están mostrando su rechazo a los establishments político-mediáticos. La única alternativa que hubiera podido ganar a Trump era el candidato socialista Bernie Sanders, que pedía una revolución democrática, y así lo mostraban las encuestas. La destrucción de la candidatura Sanders por parte del partido demócrata, controlado por la candidata Clinton, fue un elemento clave en la victoria de Trump. Ni que decir tiene que las clases trabajadoras no son el único sector que presenta tal rechazo, aunque si que son las más movilizadas por ser también las más perjudicadas. Y lo mismo ha ocurrido en casi cada país europeo. Desde el Brexit en el Reino Unido, al surgimiento de la ultraderecha a lo largo del territorio europeo son síntomas de ello. El abandono del proyecto auténticamente transformador por parte de los partidos de izquierda explica la canalización del enfado popular por parte de partidos radicales de ultraderecha.

En España, la aplicación de las políticas neoliberales de los gobiernos Zapatero primero y Rajoy después, afectaron muy negativamente al bienestar de las clases populares, que generó el movimiento de protesta y rechazo llamado 15-M, un soplo de aire fresco en el clima neoliberal promovido por los establishments político-mediáticos del país, y que cristalizó más tarde en Podemos. Este partido en poco tiempo se convirtió en una de las mayores fuerzas políticas del país, con un enorme impacto canalizando el enorme enfado y rechazo hacia las políticas neoliberales. Ello previno la movilización de la ultraderecha como instrumento de protesta, debido en gran parte a que esta estaba ya en el partido gobernante -el Partido Popular-, mayor impulsor del neoliberalismo (junto con Ciudadanos). De ahí que, el compromiso de tal partido con el neoliberalismo sea uno de los mayores obstáculos para que capitalice el enfado de las clases populares, por muy nacionalista y antiinmigración que se presente, como intenta su nuevo dirigente, Pablo Casado. Un tanto parecido ocurrirá con Ciudadanos, que está hoy utilizando su nacionalismo para ocultar su neoliberalismo.

La única salida a esta situación es que exista una amplia alianza de movimientos sociales y fuerzas políticas que rechacen el neoliberalismo, la globalización y la desregulación de los mercados laborales, así como de la movilidad de capitales y trabajadores a nivel internacional, que ha estado creando un enorme dolor a las clases populares. A no ser que exista este rechazo a las políticas neoliberales actuales, no veo posibilidades de cambio. Así de claro.

Anuncios

Dalí, arte y política

5 septiembre, 2018

Fuente: http://www.publico.es

Vicenç Navarro, 13 de febrero de 2016.

A raíz de debate que se ha creado sobre la posibilidad de que no haya ninguna calle en Madrid que lleve el nombre de Dalí, el profesor Navarro publica de nuevo un artículo que se publicó en este rotativo en diciembre de 2011 en el que se describe brevemente la colaboración de aquel personaje con la dictadura que alcanzó niveles claramente deleznables.

En los últimos meses ha habido conmemoraciones de tres figuras relacionadas con el arte pictórico que merecen especial atención por su significado político, oculto e ignorado en dos de ellas. La primera es Gertrude Stein, figura prominente en la vida artística europea, mecenas del mundo cosmopolita artístico parisino. En estos días su nombre ha aparecido en la prensa internacional a raíz de la exposición de las pinturas que acumuló a lo largo de sus años en París (La aventura de los Stein en el Grand Palais de París). Tal exposición se mostrará posteriormente en el Metropolitan de Nueva York y en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, y no cabe duda de que pasará en algún momento por algún museo español. Como es costumbre, la exposición va acompañada de libros y artículos sobre Gertrude Stein.

Lo que el lector no leerá en ninguno de estos documentos y artículos es quién era Stein y cómo se posicionó durante el periodo histórico que le tocó vivir en París. El silencio sobre ello se debe a que Gertrude Stein (procedente de una de las familias judías más adineradas de EEUU) tenía claras simpatías fascistas. Gran admiradora del general Pétain –jefe de Estado de un Gobierno títere de la ocupación nazi–, tradujo al inglés y publicó 32 discursos de tal general, incluso aquellos en los que justificaba la exclusión de los judíos de puestos de responsabilidad, alabando la colaboración del régimen de Vichy con la dictadura nazi liderada por Hitler (en 1944, a sólo 30 millas de donde vivía Gertrude Stein, 44 niños judíos fueron deportados a Auschwitz: todos ellos fueron asesinados). En su admiración por el general Pétain, llegó a definirlo como el “general Washington de Francia que restauraría en Francia los valores occidentales”. Apoyó el golpe militar de Franco y defendió la dictadura fascista que este estableció. Profundamente anticomunista, justificó el rechazo al judaísmo europeo por lo que ella consideraba simpatías comunistas. Detestaba al presidente Roosevelt y el New Deal, el programa de intervención pública que expandió notablemente los derechos sociales y laborales del pueblo estadounidense.

El otro caso cuyo pasado fascista ha permanecido oculto es el de Salvador Dalí. Tal personaje fue una de las voces que defendió a la dictadura fascista (que en España se llama franquista) con mayor insistencia en los círculos artísticos internacionales. Dalí mostró gran simpatía por la Falange, el partido fascista, utilizando en su discurso la narrativa fascista, tal como documenta Ian Gibson en su libro The Shameful Life of Salvador Dalí (del cual extraigo la mayoría de datos). Su proximidad a la cúpula del partido fascista era bien conocida y su servilismo y adulación hacia el dictador alcanzó niveles nauseabundos. Se refirió a uno de los dictadores más sangrientos conocidos en Europa (por cada asesinato que perpetró Mussolini, Franco ordenó 10.000), el general Franco, como “el político clarividente que impuso la verdad, la claridad y el orden en el país en un momento de gran confusión y anarquía en el mundo”. Su apoyo al fascismo se mantuvo hasta el final de la dictadura, y mostró su máxima expresión en la defensa del dictador y de la dictadura frente a la protesta nacional e internacional por la ejecución, el 27 se septiembre de 1975, de cinco prisioneros políticos. En declaraciones a la Agencia France-Press, indicó que “dos millones de españoles salieron a la calle aplaudiendo al mayor héroe existente en España, el general Franco, mostrando que todo el pueblo español está con él (…). Es una persona maravillosa. Y su acto garantiza que la monarquía que le suceda sea un éxito. En realidad se necesitan tres veces más ejecuciones de las que han ocurrido”. Tales declaraciones ampliamente distribuidas en la prensa internacional fueron determinantes para que se generara un gran desprecio por su figura, pasando de ser un genio a un despreciable ser humano. No así en Catalunya y en España, donde Dalí tiene un monumento en la plaza mayor de Cadaqués, donde veranea la burguesía catalana, para la cual Dalí continúa siendo el gran genio al cual se le dedican incluso óperas en el Teatro del Liceo de Barcelona.

Este olvido del pasado comienza a perderse. Lo cual me lleva a Josep Subirats, un pintor extraordinario que ha permanecido olvidado por haber sido miembro activo de la lucha popular en contra del golpe fascista. En otra sociedad, con claro espíritu democrático, Dalí sería aborrecido y Subirats sería un punto de referencia fundamental en la cultura artística del país. El único de los tres personajes aquí citados que no tiene un pasado a ocultar permanece oculto porque la burguesía continúa dominando la cultura artística del país.

Subirats fue desde su juventud un pintor dedicado a las clases populares con las cuales se sintió identificado. Analizar sus pinturas es comprender y estimar la enorme lucha del pueblo catalán y español en su lucha contra el fascismo. Desde el póster de la UGT que animaba a los campesinos a apoyar a la República, a la llamada de apoyo en Catalunya al pueblo madrileño que estaba resistiendo al asedio fascista, pasando por los dibujos de los campos de concentración donde estuvo preso, y la descripción gráfica de las barracas donde vivían los trabajadores después de la guerra. En todos ellos puede verse con gran belleza y expresión la historia del pueblo catalán y español. La expresión visual de un compromiso es lo que explica su represión y veto. Por fin, tras años y años de silencio, su obra pictórica se mostró en el Museu d’Història de Catalunya, del 4 de octubre al 20 de noviembre de 2011. Sería de desear que se mostrara a lo largo de todo el territorio español.

¿Qué es el neoliberalismo?

4 septiembre, 2018

Fuente: http://www.nuevatribuna.es

Danny Darling, profesor de Geografía Humana de la Universidad de Sheffield, acaba de publicar un artículo en la revista semanal New Stateman (“How Social Mobility got Stuck”, 16/05/2013), que ilustra claramente lo que algunos de nosotros hemos estado diciendo, es decir, que el neoliberalismo es la ideología promovida por los superricos para llevar a cabo políticas públicas que les benefician. El profesor Darling analiza la concentración de las rentas y de la riqueza durante la vida de la Sra. Thatcher (la ídolo de los neoliberales, que ha tenido muy buena prensa en los medios españoles a raíz de su muerte), desde su nacimiento hasta su muerte, mostrando como las políticas que promovió durante su gobierno contribuyeron enormemente a tal concentración. Comencemos por los datos.

Las políticas neoliberales de la Sra. Thatcher fueron las mismas que las del Sr. Reagan en EEUU: un ataque frontal al mundo del trabajo y a los sindicatos, iniciando políticas redistributivas de sentido opuesto a las iniciadas por los gobiernos anteriores

Cuando Margaret Thatcher nació, en 1925, pasó a ser miembro de una familia de la decila superior de renta en Gran Bretaña. Cuando fue a la Universidad de Oxford, su familia ya había alcanzado pertenecer al 1% de la población con mayor renta y cuando, estando en Oxford, se casó con Dennis, su esposo, ya llegó al 0,1%. Ahora bien, a pesar de pertenecer a tal 0,1%, no era considerada lo suficientemente rica como para pasar a ser dirigente del Partido Conservador –Tory-, que estaba controlado por el 0,01% de la población, es decir, los súper ricos del establishment británico. Su elección a presidenta del tal partido se vio como una rebelión de los ricos frente a los súper ricos. Tal rebelión, sin embargo, era ficticia, porque Margaret Thatcher sirvió con gran entusiasmo y docilidad a los súper ricos.

En 1945, cuando Thatcher tenía 20 años, los súper ricos (el 0,01%) recibían 123 veces más renta que el promedio de renta de Gran Bretaña. Cuando cumplió 40 años, en 1965, tal diferencia de renta se había reducido a la mitad, es decir, era 62 veces, que incluso descendió más, de manera que en el año en que fue elegida primera ministra de aquel país, en 1978, había alcanzado el menor diferencial, 28 veces.

Ni que decir tiene que los súper ricos odiaban este descenso de diferencial y las políticas redistributivas en las que se había basado tal reducción. De ahí que promovieran con toda intensidad a Margaret Thatcher, que había mostrado, en su corto liderazgo como dirigente del Partido Conservador, que era su mejor aliada y apuesta para el futuro.

Pero para vencer había que debilitar al Partido Laborista, lo cual consiguió dividiéndolo. Los súper ricos apoyaron a escondidas (y a veces no tan a escondidas) la creación del Social Democratic Party, que dividió a las izquierdas, punto clave para explicar la derrota del gobierno Laborista. Pero la mayor victoria de Margaret Thatcher –como ella misma indicó- fue el cambio del Partido Laborista, convirtiéndose en el New Labor o Tercera Vía que, una vez sustituyó al gobierno conservador, continuó las mismas políticas neoliberales que su gobierno había iniciado.

Las políticas neoliberales de la Sra. Thatcher fueron las mismas que las del Sr. Reagan en EEUU: un ataque frontal al mundo del trabajo y a los sindicatos, iniciando políticas redistributivas de sentido opuesto a las iniciadas por los gobiernos anteriores. Como consecuencia, en 1990, cuando Thatcher abandonó el poder, los súper ricos (el 0,01%) ingresaban 70 veces más que el promedio, políticas que fueron continuadas por el New Labor, de manera que en el 2007 el 0,01% había logrado poseer 144 veces más que el promedio.

Mientras, según el informe “Political and Social Exclusion” de 2013, el 50% de la población (la clase trabajadora y sectores de clases medias) tenían menor renta en 2007 que en 1983 y se perciben firmemente inseguros. Hoy, el 30% de la población vive en viviendas inhabitables y/o insuficientes y el 7% no tiene para comer y están desnutridos. Una persona de cada tres no tiene suficiente dinero para calentar su casa. Ahora bien, a los súper ricos les va pero que muy bien, a los ricos (el otro 9% que completa la decila de renta superior) les va francamente bien, y al 40% restante (de la mitad superior de la población) les va bien o regular. Es al 50% restante, la otra mitad de la población británica, a los que les va mal, y a algunos francamente muy mal. Sería interesante que tal estudio se hiciera en España. Lo difícil será encontrar financiación para realizarlo.

El excesivo poder del Estado central dificulta la resolución del problema de la vivienda y el transporte

28 agosto, 2018

Fuente: http://www.vnavarro.org

 

Uno de los argumentos que se da con mayor frecuencia por parte de aquellas sensibilidades políticas que se oponen a que el Estado central español, basado en la capital del reino, Madrid, descentralice sus responsabilidades, empoderando más a las comunidades autónomas (CCAA) y a las autoridades locales, es que dicho Estado ya está muy descentralizado, llegando incluso a afirmar que España es “uno de los países más descentralizados del mundo”, como más de un dirigente jacobino (ansioso por mantener el poder centralizado en el Estado) ha llegado a afirmar (como por ejemplo hizo el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales del Gobierno de Rajoy, el Sr. Roberto Bermúdez de Castro, el pasado noviembre). Entre estas voces hay también personalidades de la izquierda tradicional del país pertenecientes a las familias políticas socialista y comunista, que asumen que para poder redistribuir mejor los recursos públicos del país es mejor tener y mantener un Estado central fuerte, con muchas responsabilidades y con mucho poder, a fin de transferir fondos de las partes más ricas del país a las más pobres, con el objetivo de alcanzar la deseada igualdad. Este último argumento, junto con el anterior, les permite concluir a tales autoridades jacobinas que las grandes desigualdades del país (entre otros problemas sociales) se deben al escaso poder que se supone tiene el Estado central.

Los datos muestran el error de los jacobinos

Si miramos los datos vemos que el Estado central español, lejos de ser débil y estar en peligro de desaparición, continúa siendo, y con mucho, el nivel territorial de los tres (el central, el autonómico y el local) que maneja y gestiona un porcentaje mayor del gasto público realizado por estos tres niveles de gobierno (47,6% de todo este gasto en 2017, sin incluir la Seguridad Social, por encima del 37,7% de las CCAA y el 14,7% de los entes locales, según Eurostat). En realidad, en la comunidad que incluye a países de semejante nivel de desarrollo económico al español (la Unión Europea de los Quince) podemos ver que España es uno de los países que tiene un Estado central más grande (en el caso de Alemania, durante el mismo año el Estado central realizó el 37,5% de todo el gasto público llevado a cabo por los tres niveles de gobierno, mientras que los gobiernos regionales realizaron el 38,9% y los locales un 23,6%).

Y si en lugar de gasto queremos analizar la capacidad y responsabilidad en la toma de decisiones, vemos que, de nuevo, el Estado central tiene mucha más autoridad que los otros dos niveles de gobierno (el autonómico y el local, el cual tiene un poder limitadísimo y muy pocos recursos). Lo estamos viendo estos días en dos de los mayores problemas que tienen las ciudades del país: uno es el de la vivienda –que ha alcanzado dimensiones más que preocupantes en el caso del alquiler, hasta el punto de que amplios sectores de la población se están viendo expulsados de sus lugares de residencia habituales–, y el otro es la crisis del taxi. Ambos están recibiendo una gran atención por parte de los medios, y reflejan un gran malestar que existe entre las clases populares en el caso de la vivienda, y en sectores de la clase trabajadora en el caso del sector del taxi.

El Estado central es, en parte, responsable de tales crisis sociales

En ambos casos el Estado central tiene una gran responsabilidad en la existencia de estos problemas. Las autoridades municipales –que son el nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía, y que en cualquier país es la autoridad más pública, más popular o menos impopular– tienen un escasísimo (por no decir nulo) poder para regular los alquileres en su territorio. La máxima autoridad es el Estado central. En otros países, como en Alemania o los Países Bajos, por ejemplo, los municipios (como Berlín o Ámsterdam) tienen mucho más poder para regular estos alquileres, resolviendo el enorme problema de la vivienda de una manera mucho más contundente y eficaz.

Un tanto igual ocurre con los elementos clave del transporte público, como por ejemplo los taxis, en los que todo depende de lo que diga el Estado central, que regula y normativiza este tipo de transporte. La huelga de los taxistas –que llevan bastante razón– incluye precisamente una demanda de que no sea el Estado central, sino los municipios, los que regulen tal tipo de transporte urbano, sustituyendo la situación actual –en la que el protagonista principal es el Estado central– que permite que corporaciones multinacionales como Uber o Cabify se expandan y compitan en términos muy desfavorables para los taxistas, ya que pagan una miseria a los conductores contratados por tales compañías, a los que o no provee ningún tipo de protección social, o bien lo hace de una manera muy limitada.

La centralización del Estado permite su instrumentalización por parte de los grandes grupos y lobbies económicos: el caso de Uber y Cabify

Uber y Cabify son dos multinacionales (la segunda con origen en España) cuya empresa matriz se encuentra en paraísos fiscales –en los Países Bajos en el primer caso, y en el Estado de Delaware (EEUU) en el segundo–, con lo que evitan pagar impuestos en los Estados donde proveen sus servicios. Y es que ejercen una enorme influencia política y mediática (los medios siempre son grandes defensores de los supuestos méritos del mercado), capturando el poder de los Estados centrales y expandiéndose por todo el mundo, incluyendo España.

Hay ya alrededor de 9.000 licencias de coches que están a disposición de tales compañías (4.300 en la Comunidad de Madrid, 1.478 en Andalucía y 1.457 en Catalunya). Tales coches son propiedad de individuos que se ofrecen a esas compañías (como autónomos) para proveer servicios de transporte. A primera vista parece una cosa normal y corriente, de la misma manera que parece una cosa normal y corriente y lógica que una persona propietaria de un piso lo alquile (en su totalidad o parcialmente) al turista que necesita un techo y una casa para unos días (como ocurre en el sector de la vivienda con Airbnb). Son dos ejemplos de lo que se llama economía colaborativa (ver mi artículo “Lo que se llama economía colaborativa no tiene nada de colaborativa”, Público, 03.11.16).

¿Cuál es el problema con la economía colaborativa en el transporte público?

Estas compañías –Uber y Cabify– no tienen empleados con cuyos colectivos tengan que pactar –a través de convenios colectivos– las condiciones de trabajo, salarios, protección social o lo que sea. Las compañías contratan a las personas propietarias de los coches, a las que pagan cantidades muy inferiores a las que reciben los taxistas. Es más, la licencia para poder trabajar, que en el caso de los taxistas alcanza cifras de 200.000 euros, es solo de 20.000-30.000 euros en el caso de tales compañías. Y no ofrecen ninguna o muy poca seguridad al usuario del transporte (dato del que el usuario no es ni siquiera consciente, de manera que si hay un accidente, el usuario tiene escasísima protección). De ahí que la famosa “competencia” sea una farsa desde el principio. Es un ataque frontal a la industria del taxi, pues es difícil que esta pueda competir en estas condiciones.

La aplicación de este modelo a nivel de todos los sectores y servicios tendría un impacto enormemente negativo en la economía, pues los salarios y la protección social bajarían en picado, ya que siempre hay sectores de la población que aceptarán los salarios bajos dado que necesitan sobrevivir, creando un conflicto entre aquellos que ya tienen trabajo y protección social y aquellos que no los tienen. Esto es lo que está ocurriendo en muchos sectores de la economía. Y precisamente los medios de comunicación (la mayoría de los cuales están instrumentalizados por los grupos económicos que controlan el mercado) acusan a los primeros de egoístas y poco solidarios. La cobertura mediática muy desfavorable de la huelga de los taxis es un ejemplo de ello.

De la misma manera que la llamada economía colaborativa de los pisos turísticos realizada por compañías como Aribnb está destruyendo barrios enteros, el mismo tipo de economía en los transportes está destruyendo el transporte público realizado por los taxis. En realidad, en EEUU hay múltiples ejemplos de que cuando Uber ha prácticamente eliminado los taxis ha subido el precio del transporte con tarifas a niveles muy superiores a los proveídos antes por el taxi.

La raíz del problema: el escaso poder municipal

El excesivo poder del Estado central se hace sobre todo a costa del escasísimo poder de los ayuntamientos de las grandes ciudades, que hoy tienen problemas sociales enormes sin instrumentos que les permitan resolverlos, y ello debido a la enorme influencia que las fuerzas conservadoras han tenido históricamente en España sobre el Estado borbónico. No es por casualidad que en los países europeos donde históricamente las derechas han tenido mayor poder –como en el sur de Europa– sus Estados estén muy centralizados, otorgando poderes muy limitados a las autoridades locales, mientras que aquellos países donde las izquierdas democráticas han tenido más poder, como en los países nórdicos, tienen Estados centrales con menos responsabilidades y los municipios tienen más poder que en el sur de Europa.

Las fuerzas conservadoras desfavorecen la participación democrática popular en los procesos de toma de decisiones, y de ahí que se opongan a que los municipios, que son el nivel de decisión más próximo a la ciudadanía, tengan más poder. Los casos de la vivienda y del transporte público son un claro ejemplo de ello. Enfatizar el poder central es facilitar que los lobbies económicos multinacionales lo coopten e instrumentalicen como constantemente ocurre en España.

El Estado central español continúa, así pues, acumulando un número excesivo de responsabilidades, lo cual empobrece la democracia. Y no puede justificarse este centralismo argumentado que es necesario para garantizar la redistribución de recursos para alcanzar la deseada igualdad. En realidad España es uno de los países donde el Estado tiene mayor número de responsabilidades (siendo la fiscal una de ellas), y en cambio es uno de los países con mayores desigualdades sociales e interterritoriales. Suecia, por el contrario, es uno de los países en los que las autoridades locales tienen más poder y a la vez uno de los que tiene menos desigualdades sociales y regionales. Se pueden redistribuir los recursos mediante políticas públicas descentralizadas aceptadas por toda la población, y desarrolladas y puestas en marcha por los niveles más cercanos a esta población. Es lógico que sean los municipios los que tengan que tener la autoridad para resolver los problemas que afectan la calidad de vida de sus ciudadanos en temas como la vivienda y el transporte público, necesidad todavía más palpable en un país como España que es muy diverso en su composición, culturas e identidades.

No es por casualidad que hoy en España y en muchos otros países en Europa y en Norteamérica sean las ciudades las que estén liderando las reformas que están afectando más directamente el bienestar de las clases populares. Hoy Barcelona y Madrid, por ejemplo, están desarrollando nuevas iniciativas para solucionar los problemas de la vivienda y del tráfico, las cuales están claramente dificultadas por las políticas de las derechas que han controlado las palancas de poder para poder solucionarlos. Así de claro.

 

Lo que se ha ocultado detrás del conflicto de banderas: la borbónica y la independentista

15 agosto, 2018

Fuente: http://www.publico.es

Vicenç Navarro
Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra

En España y en Catalunya el gran tema de sus establishments político-mediáticos es el tema interterritorial (también llamado nacional), que lo absorbe prácticamente todo. Tal tema centra la vida parlamentaria tanto en las Cortes Generales españolas como en el Parlament de Catalunya, así como en los mayores medios de información del país. Si se analiza, sin embargo, cuáles son los problemas reales de la gente normal y corriente, se ve fácilmente que los temas que les preocupan son otros. Y uno de los más importantes es el deterioro de la calidad de vida y bienestar de la mayoría de la población, que se ha ido produciendo en los últimos diez años como parte de lo que se conoce como la Gran Recesión, y que lejos de haber desaparecido continúa golpeando a las clases populares de una manera muy marcada. Pero no toda la población está sufriendo igual. En realidad, a algunos sectores les ha ido pero que muy bien durante tal período. Veamos los datos.

¿Cómo ha evolucionado la distribución de las rentas en España, incluyendo Catalunya?

Un indicador valioso para definir a quién le va bien y a quién no le va bien es la distribución de las rentas en el país. Y mirando esa distribución se puede ver que las rentas del trabajo (el dinero que la gente recibe del trabajo que realiza, predominantemente a través de los salarios) en España, incluyendo Catalunya, han ido bajando y bajando durante los años de la Gran Recesión, mientras que las rentas del capital (es decir, el dinero que los ricos y superricos obtienen de la propiedad de los bienes que generan renta, como por ejemplo acciones en el banco) han ido subiendo y subiendo durante el mismo periodo. Las primeras rentas –las del trabajo- han pasado de representar el 50,1% de todas las rentas en 2008 (primer año de la crisis) a un 47,3% en 2017, y en Catalunya han descendido incluso más, pasando de un 50,1% a un 45,9% durante el mismo periodo. Este descenso contrasta con lo que ha ocurrido en el promedio de la Unión Europea de los Quince (UE-15), que es el grupo de la UE que tiene mayor nivel de desarrollo económico. En esta comunidad -de la que formamos parte- las rentas del trabajo han subido ligeramente en vez de bajar, pasando de representar un 47,9% a un 48% durante el mismo período 2008-2017.

Este descenso de las rentas del trabajo ha ocurrido en España a la vez que hemos visto un incremento de las rentas del capital (de los superricos y ricos), que han pasado de representar un 41,7% de todas las rentas en 2008 a un 42,4% en 2017, incremento que en Catalunya ha sido incluso mayor, pasando de un 42,1% a un 44,5% durante el mismo período. En el promedio de la UE-15, por el contrario, las rentas del capital descendieron, en lugar de subir como en España, pasando de un 40,9% a un 40,1% en el período 2008-2017.

¿Qué ha causado esta redistribución de las rentas de abajo hacia arriba?

Varias son las causas de lo que acabo de describir. Pero una de las más importantes fue la aplicación de las políticas públicas neoliberales llevadas a cabo por los gobiernos españoles y catalanes durante el período 2009-2017, tales como las reformas laborales (que han empoderado al mundo empresarial a costa del mundo del trabajo), las reformas fiscales (que han favorecido a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo) y las políticas de austeridad (que han dañado especialmente a las clases populares al reducirse los servicios públicos como la sanidad, la educación y otros a costa de favorecer a los servicios privados utilizados por la gente con más dinero). Tales políticas fueron impuestas a la población (y digo impuestas pues no estaban en sus programas electorales) por los gobiernos españoles (el gobierno Zapatero del PSOE primero -2004/2010- y el gobierno Rajoy del Partido Popular después -2010/2018, y desde el 2015 con el apoyo de Ciudadanos-) y por los gobiernos catalanes (el gobierno Mas de Convergència i Unió desde 2010 a 2012, y con el apoyo de ERC de 2012 a 2015, seguido del gobierno Puigdemont –también de Convergència, que gobernó en alianza con ERC y con el apoyo de la CUP– durante el periodo 2015-2017).

Los equipos económicos del gobierno Zapatero eran de orientación neoliberal, siendo Jordi Sevilla el mayor ideólogo de aquel gobierno en áreas económicas (en el libro De nuevo socialismo, del mismo Jordi Sevilla, este se preguntaba si “alguien puede defender a estas alturas del siglo que un programa socialdemócrata debe ir a favor de más impuestos y más gasto público”), dicho en uno de los países que tiene uno de los gastos públicos y los ingresos más bajos de la UE-15. La sensibilidad neoliberal del gobierno español fue incluso más acentuada en el gobierno Rajoy. Y en Catalunya los equipos económicos del gobierno Mas primero, y de Puigdemont después, fueron claramente de orientación neoliberal, muy inspirados por uno de los economistas más ultraliberales de Catalunya, el Sr. Sala i Martín, uno de los principales consejeros de Davos, el Vaticano del pensamiento ultraliberal hoy en el mundo, y el gurú de TV3, la televisión pública controlada abusivamente por el gobierno independentista convergente. Tal ideología neoliberal ha estado presente en todas las consejerías del gobierno catalán, incluyendo en sanidad, cuyo consejero, Boi Ruíz (que había sido el jefe de la patronal sanitaria privada), privatizó masivamente la sanidad catalana (entre 2010 y 2016, cuando fue conceller de Salud). En coherencia con su ultraliberalismo, el gobierno catalán de Convergència fue uno de los gobiernos autonómicos en España (y en la UE-15) que hizo mayores recortes en los servicios públicos del Estado del BienestarDurante el período del gobierno convergente de Mas (2010-2015), y después, durante el gobierno independentista presidido por Puigdemont 2015-2017 (liderado por Convergència, con el apoyo de ERC dentro, y de la CUP fuera), el gasto público social de la Generalitat de Catalunya descendió un 11% (entre 2010 y 2017). En sanidad, el gasto sanitario pasó de representar un 5,8% del PIB en 2009 a un 5,2% en 2014. En España pasó del 6,8% al 6,4% en el mismo período. En educación pasó del 3,64% a un 3,60% (en España, de un 4,34% a un 4,15%). Y así un largo etcétera.

Si analizamos estos recortes desde el punto de vista del presupuesto de la Generalitat dentro de ese periodo 2010-2017 (gobernada primero por Mas y después por Puigdemont), el gasto público sanitario cayó un 10,4%, el educativo un 9,9%, el de vivienda un 50,6%, el de protección social un 7,1%, el de promoción social un 31% y así otro largo etcétera. Como ya hemos indicado, los recortes en España fueron de los más acentuados de la UE-15, y dentro de España, Catalunya fue la comunidad autónoma que tuvo mayores recortes.

Y, ¿cómo puede ser que tales gobiernos neoliberales continuaran gobernando durante tanto tiempo (y en Catalunya continúen gobernando)?

Una respuesta a esta pregunta es que el gobierno del PP en España y el gobierno independentista liderado por Convergència (que tienen a su disposición enormes aparatos de información y persuasión) han promovido la percepción de que la economía se ha recuperado y hemos salido ya de tal recesión. Los testarudos datos, sin embargo, cuestionan esta percepción. En realidad la tasa de paro en 2017 era un 110% mayor que en 2007; el porcentaje de personas en paro de larga duración era un 353% más grande; el porcentaje de trabajadores con salarios bajos (que cobran un 33% del salario medio por trabajador) era 24% más elevado en el caso de personas solteras sin hijos. Y así un largo etcétera. En realidad la tasa de riesgo de pobreza es hoy tanto en España (22%) como en Catalunya (19%) uno de los más altos de la UE-15 (16%). Y un tanto igual ocurre en cuanto a la pobreza infantil (25% en Catalunya y 31% en España).

Otros indicadores detrás de los cuales hay también un enorme sacrificio, dolor y malestar son las tasas de ocupación (gente que se encuentra trabajo) entre los jóvenes, de nuevo de las más bajas de la UE-15 (24% en Catalunya y 18% en España, mientras que en la UE-15 es de un 35%). Un tanto igual para las tasas de ocupación de las mujeres y de los hombres en general, siendo entre las primeras más bajo que entre los hombres. Todos estos datos atestiguan la falsedad de que España y Catalunya hayan recuperado los niveles de bienestar económico que existían antes de la crisis.

El enorme poder de los establishments político-mediáticos de España y Catalunya

Una de las causas de la continuidad de tales fuerzas políticas en el gobierno es su capacidad de desviar la atención política y mediática de la crisis social a la crisis interterritorial. La crisis social mostrada en este artículo está ocultada detrás del GRAN TEMA: EL INTERTERRITORIAL, que lo esconde todo. Un ejemplo de ello es lo ocurrido en los pasados días. La gran noticia de la semana es que el candidato vencedor en las primarias para escoger la presidencia del PP (el partido más de derechas en España, que en el espectro político europeo es la ultraderecha) ha sido el Sr. Pablo Casado. Pero lo que no se ha dicho es que su principal asesor económico es Daniel Lacalle, que en política fiscal está incluso más a la derecha que el presidente Trump de EEUU. Su intención es reducir todavía más el sector público (uno de los más subdesarrollados en infrafinanciados de la UE-15), incluyendo los servicios públicos como, entre otros, la sanidad, la educación y la vivienda social, y las transferencias públicas -como las pensiones-, privatizándolas lo máximo posible, junto con enormes bajadas de impuestos que beneficiarían en su mayoría a las rentas superiores. El pensamiento de tal economista es casi idéntico al sostenido por Sala i Martín, citado ya antes en el artículo, que ha sido el gurú de Convergència, y cuya portavoz es la economista Elsa Artadi, que ha sido traductora de sus libros. Es el gran triunfo del ultraneoliberalismo, ambos, insisto, más a la derecha que el equipo económico del presidente Trump. Mientras, en el último congreso de Convergència (ahora llamado PDeCAT) dos de las personas más aclamadas fueron el expresidente Mas y también el Sr. Puigdemont, ambos responsables de la aplicación de las políticas que han hecho tanto daño a las clases populares catalanas. Naturalmente que el aplauso no era por la aplicación de tales políticas. Tal como también ocurrió en el último congreso del PP, el aplauso a Casado y, en Convergència, a Mas y Puigdemont era por su nacionalismo extremo, que está dominando la vida política de este país, y cuyo conflicto de banderas está creando gran número de tensiones, con las cuales se ocultan otras realidades, y muy en especial, la gran crisis social creada precisamente por aquellos “superpatriotas” que hoy enarbolan con mayor frecuencia las banderas de los dos bandos nacionalistas del país: el borbónico y el independentista. Un caso claro de cómo el conflicto de banderas está ocultando y sustituyendo el conflicto entre las clases populares por un lado, y los de arriba de siempre por el otro, una lucha que continúa vigente en este país. Así de claro.

Los grandes costes para las izquierdas gobernantes del olvido histórico al que han contribuido

3 agosto, 2018

Fuente: http://www.vnavarro.org

Vicenç Navarro

Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España).

Ha sido también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 48 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España.

Es uno de los investigadores españoles más citados en la literatura científica internacional en ciencias sociales.

Vicenç Navarro
Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra

Estamos viviendo en este periodo convulso de la vida política del país los costes que ha significado para la democracia española el olvido de la memoria histórica por parte de los distintos gobiernos de izquierdas que ha habido en España. La recuperación de tal memoria por parte de estos gobiernos se ha limitado predominantemente al cambio del nombre de las calles que homenajeaban a personas identificadas con el régimen dictatorial anterior (1939-1978), medida necesaria pero muy insuficiente para corregir la enorme tergiversación de la historia de España que se enseña en las escuelas españolas y que se reproduce en la gran mayoría de medios de información orales, escritos y televisivos del país. Esta tergiversación alimenta una visión de España heredada del régimen político anterior, que consiste en una España monárquica, uninacional y radial en la que el Estado central ve con malos ojos y reprime otras visiones de España, como la republicana, plurinacional y poliédrica, que frecuentemente es presentada como la “anti España”. La primera visión, la uninacional, monárquica y radial, persiste hoy en España, y ello a pesar de que, por fin, la sepultura de uno de los dictadores más represivos que haya habido en Europa parece que va a sacarse del Valle de los Caídos, al mismo tiempo que el partido heredero de la cultura franquista (el Partido Popular) está experimentando una crisis profunda.

¿Por qué la visión uninacional de España continúa? El enorme dominio de las fuerzas conservadoras sobre el Estado español

Que esta visión de España haya continuado se debe al dominio que las fuerzas conservadoras que controlaron el Estado dictatorial tuvieron sobre el proceso de transición de la dictadura a la democracia, definido por el establishment político-mediático español como “modélico”. Tal definición asume que el producto de tal Transición modélica fue una democracia también modélica, homologable a la existente en cualquier otro país de la Europa Occidental. Sin embargo, lejos de ser modélica, la democracia española es muy limitada, como consecuencia de la enorme influencia que aquellas fuerzas conservadoras han continuado teniendo sobre el Estado central durante todo el periodo democrático. Y una característica de las enormes limitaciones de dicha democracia es que se haya seguido promoviendo una historia tergiversada y una visión de España como un país monárquico, uniancional y radial, promovida en los medios de reproducción de valores (desde el sistema educativo hasta los mayores medios de información y persuasión).

Las consecuencias del olvido histórico: no se percibe que las causas de los dos mayores problemas que existen en España (el problema social y el nacional) deriven del punto anterior

Este olvido histórico ha debilitado enormemente a las fuerzas republicanas, forzándolas incluso a redefinir el lenguaje, la narrativa y el relato de su proyecto. Como consecuencia de ello las izquierdas han abandonado, en general, las categorías analíticas, normativas y los relatos que le eran propios, lo que ha dificultado mucho la comprensión de las causas políticas de los mayores problemas que existen en España: el problema social y el problema nacional (también llamado problema territorial).

El primer problema se evidencia por el gran retraso social de España. España tiene uno de los gastos públicos sociales (en sanidad, educación, vivienda social, servicios sociales, escuelas de infancia y guarderías, servicios domiciliarios y pensiones, entre otros servicios y transferencias públicos) per cápita más bajos de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de la UE con un desarrollo económico similar al español. Y las condiciones del mercado de trabajo están entre las peores en esta comunidad política. El informe reciente del European Trade Union Institute “Bad Jobs’ recovery? European Job Quality Index 2005-2015” pone a España como uno de los países que trata peor a sus trabajadores (ver mi artículo “España es el país de la Unión Europea con peores condiciones de trabajo”, Público, 25.02.18). Los datos del informe así lo muestran. Y la situación se ha deteriorado incluso más durante los últimos diez años, un periodo conocido como la Gran Recesión. Estos datos, por cierto, deberían estar en las portadas de los mayores medios de información, y no lo están.

Hay múltiples causas de esta realidad, pero en un lugar prominente está la enorme influencia que el establishment económico y financiero (los propietarios y gestores del gran capital) ha continuado teniendo sobre el Estado español. España es uno de los países de la UE-15 en el que las rentas derivadas del capital representan un porcentaje mayor del total de las rentas, y las rentas del trabajo un porcentaje menor. Es, por lo tanto, uno de los países de la UE-15 con mayores desigualdades de renta y de propiedad. Todo es resultado del hecho de que el Estado español actual no supuso una ruptura con el anterior, sino una apertura dentro de un marco heredado del régimen previo. El enorme conservadurismo de los aparatos del Estado es una consecuencia de ello.

Otra consecuencia: la demonización y/o olvido de la República

El olvido de la historia real del país explica que se perpetúe la tergiversada visión de la República y de lo que fue la llamada Guerra Civil. Se oculta, así, que la República significó un intento de cambiar la correlación de fuerzas políticas dentro del Estado español, produciendo toda una serie de reformas (las reformas agrarias, la introducción de la escuela pública, el establecimiento de la Seguridad Social, el empoderamiento de los sindicatos, el aborto, el divorcio, el voto de las mujeres, entre muchas otras reformas progresistas) que afectaron a los intereses de los principales grupos de poder –desde la banca hasta la Iglesia y al Ejército, pasando también por los terratenientes y grandes empresarios-, los cuales dieron un golpe militar (apoyados por el régimen nazi alemán y el fascista italiano, sin cuyo apoyo no hubiera sido exitoso) que estableció una de las dictaduras más sangrientas que hayan existido en este continente (por cada asesinato que cometió el régimen de Mussolini, el régimen de Franco perpetró 10.000). Nada de esto es conocido por la gran mayoría de la juventud de este país, como resultado del olvido de la memoria histórica. En realidad, la tergiversada historia es la que continúa enseñándose. De ahí que las causas del enorme subdesarrollo social del país –que se encuentran en el enorme dominio que los principales intereses económicos y financieros, así como los sectores sociales más pudientes, continúan teniendo sobre el Estado central español, heredero del anterior- no sean conocidas por la juventud del país, que no relacionan el presente con el pasado de su país. Esta ignorancia y desconocimiento debilitan enormemente su capacidad transformadora.

Las causas de la no resolución del problema nacional

La misma correlación de fuerzas dentro del Estado inmodélico, causa del enorme retraso social de España, es la responsable también de las tensiones interterritoriales que han alcanzado un nivel no visto antes durante el periodo democrático. El Estado borbónico no admite la plurinacionalidad de España. Habiendo impuesto la visión monárquica-borbónica, uninacional y radical de España, no tolera el reconocimiento y redefinición del Estado, y considera la visión plurinacional –que caracterizó la visión republicana- como la anti-España. “La unidad de España” es el eslogan de tal visión. Hoy, las voces a favor de la plurinacionalidad son marginadas en el debate nacional. Y esta intolerancia está estimulando el crecimiento de los movimientos favorables en Catalunya a la secesión.

La definición del régimen dictatorial como “franquista”

La continuación de la enorme influencia de las fuerzas herederas del régimen dictatorial español sobre el Estado español y sobre las instituciones reproductoras de valores en España (incluyendo la Iglesia y la Academia) explica también que tal régimen sea conocido como “franquista”, siendo presentado así como un régimen autoritario caudillista, semejante a muchas de las dictaduras latinoamericanas que periódicamente interrumpieron los sistemas democráticos de aquellos países. Una figura académica (procedente de una familia fascista) que tuvo un papel fundamental en la promoción de esta visión fue el profesor Juan Linz, que reconoció el carácter autoritario del régimen español, negándole, sin embargo, cualquier carácter totalitario, es decir, portador de una ideología totalizante que afectara todas las dimensiones de la sociedad e invadiera todas las estructuras de valores del ser humano, como lo era, por ejemplo, el comunismo. De ahí que sea definido en el relato dominante como franquismo, que quiere decir caudillismo autoritario sin deseo de imponer una ideología totalizante.

Pero todo el que haya vivido aquella dictadura puede dar testimonio del carácter profundamente totalitario de aquel régimen, el cual promovía e imponía una ideología que abarcaba todas las dimensiones del ser humano (desde el lenguaje hasta cómo practicar el sexo). El nacionalismo extremo de carácter imperialista (con el uso del águila del imperio como uno de sus símbolos) basado en una supuesta superioridad étnica, racial y cultural (el día nacional se llamaba el Día de la Raza), que negaba la existencia de clases sociales y el conflicto entre ellas (mediante los sindicatos verticales) a la vez que exigía la supeditación de los intereses de la clase trabajadora a los intereses del Estado, controlado por los intereses financieros y económicos que el régimen defendía, eran, todos ellos, características del fascismo. No es casualidad que en el Valle de los Caídos esté la sepultura del dictador, acompañada de la sepultura del fundador de la Falange, el partido fascista (que así fue definido por su fundador). De ahí que aquel régimen sea conocido internacionalmente como un régimen fascista (ver mi artículo “Franquismo o fascismo”, Público, 09.07.13), y que sea España el único país en el que el régimen dictatorial es definido como franquista. De la misma manera que no se llama régimen mussoliniano al régimen fascista italiano, o régimen hitleriano al régimen nazi, tampoco se debería llamar régimen franquista al régimen fascista español.

Naturalmente que tal ideología fascista también tenía un componente religioso importante, lo que explica, pero no justifica, que fuera llamada también nacionalcatolicismo, resaltando el maridaje entre el fascismo y el profundamente reaccionario y conservador catolicismo español, promovido por la Iglesia católica, que era parte de aquel Estado. Y lo era porque los sacerdotes estaban pagados por el Estado y los obispos eran nombrados por el dictador. Decir, como se dice con frecuencia, que la Iglesia “apoyó al régimen” es atribuirle una independencia y autonomía que no tenía. La Iglesia era parte del aparato del Estado fascista. Sin ir más lejos, la Iglesia utilizaba el saludo fascista en sus ceremonias y el dictador entraba en las iglesias bajo palio. Pero tal maridaje no debe ocultar el carácter fascista del régimen, al que hay que definir como tal, tal como se hace a nivel internacional. Cuando el diario New York Times (durante los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996) escribió la nota biográfica del Sr. Samaranch, Presidente del Comité Olímpico Internacional, lo describió como “delegado de Deportes del régimen fascista español liderado por el general Franco”. Repito, fuera de España casi nadie define aquel régimen como franquista.

La complicidad entre la Monarquía y el fascismo

El Estado monárquico es un Estado producto de un golpe militar en el que desde el principio estuvieron entrelazados los dirigentes golpistas con la Monarquía, de tal manera que José Antonio Primo de Rivera fue nombrado duque (a título póstumo), Queipo de Llano marqués y Carrero Blanco duque (también a título póstumo), y así un largo etcétera. También la familia del dictador pasó a ser parte de la aristocracia, siendo el caso más conocido el de la esposa del dictador, Carmen Polo y Martínez-Valdés, que fue nombrada señora de Meirás. Y este entrelazamiento continuó en la época llamada democrática, de manera que el ministro de Justicia del Partido Popular, el partido heredero de las fuerzas que dominaron los aparatos del Estado dictatorial, guardianas de la cultura franquista a través de este ministro, Rafael Catalá, nombró a Carmen Martínez-Bordiú, la nieta del dictador, heredera del ducado de Franco. Tal complicidad entre la monarquía, la aristocracia y el Estado caracterizó al régimen dictatorial y al actual.

La batalla de los símbolos y la falta de ellos para las izquierdas: la bandera de la España progresista es la republicana, no la borbónica

El resultado del olvido histórico es que, al abandonar la memoria histórica y la necesaria corrección de la tergiversación histórica de España (y de Catalunya), las izquierdas gobernantes han aceptado los símbolos del Estado borbónico como los símbolos de España, de manera que hoy están desnudos de símbolos que muestren posibles alternativas a este Estado. Esta situación es muy clara en Catalunya, donde hubo una cultura republicana amplia y extendida, y en donde las izquierdas fueron, durante la II República, las dirigentes en el desarrollo de esta otra España plurinacional, alternativa a la uninacional borbónica. De ahí que sea dificilísimo para las izquierdas catalanas identificarse con la bandera borbónica. Las fuerzas represivas fascistas llevaron a cabo una brutal represión contra las clases populares (como ocurrió en el resto de España) y contra la cultura catalana bajo los símbolos borbónicos (la bandera borbónica y el himno de la Marcha Real). Así, las tropas fascistas que ocuparon Catalunya lo hicieron bajo dicha bandera borbónica y con los tonos del dicho himno. Y la oposición a estos golpistas y a sus símbolos provino en Catalunya del gobierno republicano de la Generalitat de Catalunya, que enarbolaba en sus actos la senyera –la bandera catalana- y también la bandera republicana. Este era el símbolo de las fuerzas democráticas. El presidente Companys, uno de los presidentes de la Generalitat de Catalunya más populares (no solo en Catalunya sino también en España, habiendo sido director de una revista conocida como Nueva España), presidió frecuentemente sus actos con la bandera catalana y la republicana española.

Al haber abandonado tales símbolos hoy las izquierdas españolas (y catalanas no secesionistas) están faltadas de símbolos. Y ahí está el grave problema, que el sentimiento de ser español, además de catalán, tiene hoy como símbolo la bandera borbónica, lo cual es enormemente difícil de aceptar emocionalmente. Y ahí están los costes del olvido histórico. En su día Gramsci ya indicó que el que controla las banderas controla todo lo demás. Una fuerza política que abandone su pasado y el reconocimiento de sus antecesores y de sus raíces es débil por definición. En realidad, es un símbolo de tal debilidad que las izquierdas no enarbolen la bandera republicana. Hoy, dicha bandera es perseguida y temida por la estructura de poder del Estado español. Otro síntoma de debilidad es que las izquierdas apenas canten cuando se reúnen, pues incluso se han olvidado de las luchas y de los cánticos que sus antecesores vivieron y crearon en la larga lucha para conseguir la fraternidad, la libertad y la solidaridad de los pueblos y naciones de España.

Ni que decir tiene que el cerrarse en sus respectivas memorias puede ser también contraproducente, aislándolas del resto de la sociedad. Esto ocurrió en parte con el Partido Comunista de España (PCE), que habiendo sido la fuerza que lideró la resistencia antifascista, continuó con una cultura cerrada en sí misma que desgraciadamente lo aisló del conjunto social. Pero en España las izquierdas han llegado al otro extremo, y ese olvido de su memoria está teniendo un enorme coste. De ahí que en un momento de profunda crisis del Estado español y pérdida de apoyo popular de la Monarquía sea importante y urgente que se corrija la historia de este país, mostrando que las fuerzas progresistas siempre diseñaron alternativas al Estado borbónico –causa del retraso social y de la no resolución del llamado problema territorial–, estableciendo el Estado republicano que siempre mostró mayor vocación democrática, mayor sensibilidad social, y mayor ansia de justicia y solidaridad que el Estado al cual sustituyó.

De ahí el gran temor de la estructura del Estado borbónico a que los partidos políticos que lucharon contra el Estado dictatorial borbónico se aliaran recientemente en su estrategia para terminar con el gobierno del PP, los herederos del “franquismo”. Esta alianza debería ser esencial para permitir los cambios en el Estado que faciliten el establecimiento de la democracia (todavía hoy muy limitada) y del bienestar de la población (todavía hoy muy insuficiente) que el Estado monárquico ha obstaculizado para evitar su realización. Se inicia con ello un periodo en la historia de este país, que ha sido causado por las grandes movilizaciones que han tenido lugar a lo largo del territorio español (que se habían iniciado ya con el 15-M), para estimular ese cambio profundo que permita una transición mayor de la que ocurrió en el 78. Hoy las encuestas muestran un crecimiento del deseo popular de cambio del régimen del 78, en el que el Estado borbónico es cada día más cuestionado.

La continua tergiversación de la República española y de la Generalitat republicana en Catalunya

7 julio, 2018

Fuente: http://www.publico.es

Vicenç Navarro
Catedrático emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra

El olvido de la memoria histórica ha permitido la continuación de una versión tergiversada de la historia de este país promovida por los partidos conservadores (que, a nivel de calle, se conocen como las derechas) que presenta la República como un periodo oscuro, liderado por unos políticos y partidos incompetentes e instrumentalizados por la Unión Soviética –tales como Juan Negrín- y por los comunistas –como el PSUC en Catalunya-, todos ellos responsables de un enorme dolor que se impuso a la población y muy en especial a los combatientes de la Guerra Civil. La última versión de tal tergiversación se ha reproducido en amplios sectores conservadores del nacionalismo catalán, conocidos por su profundo anti-izquierdismo. Sus máximos enemigos fueron los llamados nacionales –los golpistas fascistas- y, al mismo nivel de responsabilidad, los gobiernos republicanos progresistas españoles –como el presidido por Juan Negrín-, así como el gobierno de izquierdas de la Generalitat de Catalunya presidido por Lluís Companys. Esta visión se presenta en varias versiones. Pero lo que considero también preocupante es que algunos sectores del socialismo español –pertenecientes a la sensibilidad largocaballerista- también consideraron que el fin de la República fue determinado o acelerado por las políticas del gobierno republicano de Juan Negrín, el cual es presentado como un mero títere en manos de la Unión Soviética liderada por Stalin.

Cómo estas tesis aparecen en una de las obras de teatro más exitosas en Catalunya: “In Memoriam. La Quinta del Biberón”

Un ejemplo del primer tipo de tergiversación, consecuencia de su profundo anticomunismo, es la obra que lleva tal nombre, que ha sido un gran éxito esta primavera en el Teatre Lliure de Barcelona, que termina cada noche con una ovación a cuerpo levantado de la audiencia (de clase media de renta media-superior), que llena a rebosar el teatro. La obra parece a primera instancia un merecido homenaje a los soldados de la Quinta del Biberón (llamada así por estar compuesta por soldados muy jóvenes) que lucharon duramente en el frente del Ebro, defendiendo un territorio que, según el narrador de la obra de teatro, “todos sabían que perderían”. En definitiva, se les asignó un objetivo inalcanzable: batallar en una guerra en la que no podían vencer.

El escenario de tal obra de teatro es la presentación por parte de un grupo de soldados pertenecientes a la Quinta del Biberón del sufrimiento que padecieron y de la inutilidad de su sacrificio. La tesis del autor de la obra teatral, Lluís Pasqual i Sánchez (director también del Teatre Lliure), es que los causantes de tanto sacrificio (que incluye también el sacrificio que sufrieron los combatientes en los dos bandos de la Guerra Civil) fueron los gobiernos de estos dos bandos, tanto el del bando fascista –definido también en la obra teatral como el bando nacional- como el del bando republicano. Esta equidistancia de responsabilidades es un elemento clave en la obra. A cada personaje, a cada frase retórica, a cada canción de un bando que aparece en la pantalla que hay en el escenario, hay otra del otro bando. Así, en la lista de culpables aparece no solo Franco, sino también Negrín, el presidente del Gobierno español, y Lluís Companys, el presidente de la Generalitat; no solo Queipo de Llano, sino también el general Líster, y no solo los nazis y fascistas italianos, sino también los comisarios soviéticos y sus aliados comunistas. En realidad, cada vez que aparece un dirigente fascista, en la pantalla grande (que sirve para describir el contexto histórico) aparece inmediatamente después un dirigente republicano: cada vez que aparece una frase del lado golpista aparece también críticamente una frase del lado republicano. Esta equidistancia requiere poner a los republicanos del gobierno Negrín y a los comunistas al mismo nivel que los fascistas. Su anticomunismo -que satisface a las derechas conservadoras y a los socialistas largocaballeristas por igual- aparece constantemente en la obra, al atribuirles gran responsabilidad por el enorme sufrimiento.

La equivalencia del comunismo con el fascismo

Esta tesis de equidistancia y equivalencia entre fascismo y comunismo es una característica del pensamiento dominante hoy en España y en gran parte de Europa. Esta equidistancia es esencial para sostener la tesis central de esta obra teatral, que es la tesis de un humanismo pacifista muy atrayente, que denuncia la insensibilidad del poder –los gobiernos tanto fascistas como comunistas y/o republicanos- hacia la vida de los jóvenes a los que envía al frente y a la muerte. Es un mensaje poderoso, muy bien presentado, que moviliza al público que llena el teatro noche tras noche, aplaudiendo al final de pie.

La única vez que la obra se adentra en el contexto político de lo que está presentando, analizando la naturaleza del conflicto, es cuando aparece descrita la causa de dicho conflicto militar como el conflicto del Estado fascista en contra de Catalunya. Y aun cuando ello corresponde a una realidad, no existe ningún intento de explicar tal conflicto más allá del eje nacional, ya que nunca se hace referencia a que este conflicto era predominantemente (y a nivel de toda España) una clara lucha de clases entre la estructura de poder económica y política que había dominado siempre la vida del país por un lado, y las fuerzas representantes de las clases populares por el otro, las cuales, con sus reformas, afectaron los intereses de las clases pudientes, que apoyaron el golpe militar y el conflicto que se llama Guerra Civil. La República Española, ante el golpe militar, tenía el derecho de tomar las armas, y los errores que hubieran ocurrido en el campo militar no pueden borrar tal realidad y con ello hacernos ahora pacifistas. El Réquiem y el coro casi religioso del final, con el que la obra termina, presentan un acento humanista que, en voz de uno de los soldados, define todas las guerras –la Guerra Civil incluida- como inútiles, crueles y carentes de sentido, lo que parece negar tal derecho.

Los silencios y falsedades de las tesis centrales que se reproducen en la tergiversada historia de España y Catalunya, y en “In Memoriam”

Ni que decir tiene que la obra hace una buena labor en presentar los horrores de cualquier guerra en general y de la Guerra Civil en particular. Y presenta también información de la brutal represión que siguió a la victoria fascista, estableciendo una de las dictaduras más sangrientas que haya habido en el siglo XX, aunque podría haber añadido más datos, como por ejemplo (tal como ha documentado uno de los mayores conocedores del fascismo europeo, el profesor Malefakis de la Universidad de Columbia de Nueva York) que por cada asesinato político que hizo Mussolini, Franco hizo 10.000 (¡!). En la descripción de la represión, como hijo de maestros represaliados por el fascismo, me sorprendió agradablemente el reconocimiento que hace la obra de la represión contra los maestros republicanos (apenas conocida) que ocurrió durante la dictadura.

Ahora bien, el problema que tiene la obra es que en ninguna parte hay una explicación del porqué la Guerra Civil ocurrió. En su intento de responsabilizar a los dos bandos por la violencia en el frente, jamás cita qué significaban y representaban cada uno de los bandos. En tal mensaje se demoniza a la República y a su gobierno, el cual había sido responsable de algunos de los cambios más significativos que tuvieron lugar en España y en Catalunya en la primera mitad del siglo XX. La República, a pesar del poco tiempo que tuvo, instauró la escuela pública, la seguridad social, dos reformas agrarias, el divorcio, el voto femenino, reforzó a los sindicatos, y una larga lista de reformas, todas ellas medidas que estaban cambiando la correlación de fuerzas en España, incluyendo en Catalunya, y que causaron el golpe militar fascista. Es más, se estaba configurando una nueva visión de España, rompiendo con el Estado monárquico jacobino uninacional que había sido el mayor responsable del enrome retraso económico, político, social y cultural de España y de Catalunya.

Ni que decir tiene que hubo muchos errores, pero estos no pueden ocultar los grandes logros que se habían alcanzado para las clases populares de los distintos pueblos y naciones de España. Poner a los gobernantes republicanos en la misma categoría que los golpistas fascistas (que habían interrumpido aquel período democrático en defensa de sus intereses) es profundamente ofensivo para todos los participantes en aquellos eventos, incluyendo a los que dieron su vida en defensa de la República, entre ellos los miembros de la Quinta del Biberón. El hecho de que la Quinta del Biberón fuera derrotada no convierte su muerte en inútil. Y es criticable que los autores de la obra utilicen el enorme dolor y sacrificio de los combatientes para promover su mensaje pacifista humanitario, sin nunca explicar las consecuencias que habría tenido para la República abandonar las armas.

La supuesta atribución de alargar la guerra a la Unión Soviética y a su supuesto títere, el presidente Negrín

Este argumento, reproducido ad nauseam por las derechas en España, incluyendo en Catalunya, y también por algunas izquierdas anticomunistas, que atribuye el desastroso final de la República al supuesto dominio del Gobierno de Negrín por parte de la Unión Soviética, ha sido cuestionado extensamente en la historiografía actual, señalando su falta de veracidad. Durante la dictadura (1939-1978) y durante la democracia que se estableció como consecuencia de una transición inmodélica (debido al enorme dominio que las derechas herederas del fascismo tuvieron en el proceso de transición y en la democracia que le siguió) tal versión del fin de la República fue la dominante en amplios círculos del establishment político-mediático del país. Repito que la evidencia que se ha ido acumulando y que alcanza dimensiones considerables muestra, sin embargo, la enorme falsedad de este argumento.

La obra de teatro culpabiliza a Negrín de la política de continuar la resistencia (“resistir y resistir”), el mismo Negrín que la historiografía dominante hoy en España considera un mero instrumento de la Unión Soviética. Esta tesis se ha basado en una serie de supuestos cada uno de los cuales han sido mostrado como una falsedad por la evidencia que se ha ido produciendo (ver, entre otros, los libros del historiador –que no puede presentarse como filocomunista y/o filosoviético- Ángel Viñas El escudo de la República. El oro de España, la apuesta soviética y los hechos de mayo de 1937, publicado en 2010, y La República en guerra. Contra Franco, Hitler, Mussolini y la hostilidad borbónica, publicado en 2012, del mismo autor).

A la luz de esta evidencia, acusar a la Unión Soviética y a los comunistas de ser responsable de gran número de los males descritos en In Memoriam es injusto. Quisiera aquí aclarar, para protegerme de la mala leche y manipulación muy común en las tertulias y en la vida política española (incluyendo la catalana), que mis libros (y muy en particular mi libro crítico con la Unión Soviética y su evolución bajo Stalin –que escribí durante mi largo exilio-) estuvieron prohibidos en la Unión Soviética, siendo yo una persona declarada non grata por la URSS de Breznev. Tengo, pues, credenciales suficientes para no ser puesto en la categoría de prosoviético. Pero negar que la Unión Soviética jugó un papel determinante en la derrota del nazismo durante la II Guerra Mundial –como tuvo que reconocer Winston Churchill-, o que la Unión Soviética fue el único poder que ayudó a la República en su lucha contra el fascismo por motivos de solidaridad es, repito, injusto. Y esto último es lo que no reconoce In Memoriam. Pero lo peor no es la falsedad que comunica, sino los silencios que mantiene. En realidad, los silencios ensordecedores son también culpables. En ninguna parte aparece la enorme pasividad de las llamadas democracias en apoyo de la República Española. Aparecen Hitler y Mussolini en la obra, pero nunca aparecen los dirigentes de las democracias occidentales que negaron su apoyo a la República. Franco ganó debido a la ayuda que recibió de Hitler y Mussolini, y la República perdió por la falta de defensa recibida de las supuestas democracias. En realidad, la esperanza de Negrín era que la predecible II Guerra Mundial, provocada por la expansión del nazismo, forzaría a tales gobiernos, por fin, a defender a la República. Tal esperanza, compartida por la Unión Soviética, fue un error, como bien se mostró cuando la II Guerra Mundial se inició. Ahora bien, presentar este error como una inmoralidad me parece injusto. Es más, parte del deseo de resistir era retrasar la enorme matanza que se sabía que ocurriría, dando tiempo para que se salvaran tanto los bienes como las personas que garantizarían la continuidad de la República, una vez terminado el conflicto militar. Los intentos fallidos de rendición pactada que ya habían ocurrido habían mostrado el error de la alternativa, ahora promovida en In Memoriam.

Negrín no fue un títere de la URSS

En realidad, hubo desacuerdos entre Negrín y Stalin. Y como documenta, entre otros, Ángel Viñas, Negrín era plenamente consciente que el gobierno soviético también respondía a sus intereses geopolíticos en el diseño de su agenda. Pero no es justo minimizar que un componente importante de tal agenda fuera expresión de una muy necesaria solidaridad que la URSS dio y que las supuestas democracias occidentales, sin embargo, no dieron.

Ni que decir tiene que la Unión Soviética y el partido comunista cometieron actos sectarios (como el asesinato de Nin por el que Negrín protestó y que desaprobó, protegiendo a la dirección del POUM) y otras intervenciones denunciables. Pero ello, aunque diluye, no invalida el gran papel –más positivo que negativo- que tuvieron durante la Guerra Civil tanto la URSS como el Partido Comunista –PSUC en Catalunya-, partido este último que destacó claramente más tarde durante la dictadura fascista en la resistencia antifascista. Nada de ello aparece en la obra. Lo único que aparece críticamente es la actitud de los comisarios rusos y de los comunistas disciplinando a las tropas, haciendo la vida imposible a los soldados de la Quinta del Biberón.

El humanismo pacifista es también una posición política muy rentable de sostener en la España de hoy, en la que se vende el mensaje de que todos eran culpables

Que hubo errores militares, entre muchos otros, no hay duda. Pero utilizar estos errores para culpabilizar al gobierno de la República y al gobierno de la Generalitat (diciendo que enviaban soldados a la muerte sabiendo que no servía para nada) es profundamente erróneo, además de ser injusto y ofensivo para todos los que sufrieron y murieron defendiendo la República, incluyendo a los que lucharon en el frente del Ebro que incluyó, además de la Quinta del Biberón, otras fuerzas del Ejército Republicano y de las Brigadas Internacionales. Decir que la pérdida de sus vidas fue inútil, por no haber conseguido lo que deseaban (la libertad, la justicia y la democracia), al haber perdido la guerra, es absurdo. Bajo este criterio solo los vencedores pueden justificar su sacrificio.

El folleto de promoción de la obra termina con la frase “de que muchos de los combatientes de la quinta del biberón creyeron que luchaban por la libertad”, frase que casi aparece con un tono irónico a la vista del contenido de la obra de teatro, que transmite el mensaje de que, en realidad, su sacrificio no sirvió para nada. Perder una batalla o incluso una guerra, sin embargo, no es el fin de una causa. Y la lucha por la libertad, por la democracia y por la justicia social se ha ido construyendo a lo largo del siglo XX a base de la continuidad en las luchas para conseguirlas. El sacrificio de muchas personas ha inspirado a otras, que han continuado su lucha. Incluso hoy la bandera republicana aparece frecuentemente en las movilizaciones frente al Estado borbónico español. De ahí que las fuerzas que se oponen al cambio hayan hecho todo lo posible para que no se conozca el enorme sacrificio que hicieron nuestros antepasados. La desmemoria histórica que existe en España, incluyendo Catalunya, no es casual o inocente. Ha tenido un propósito: olvidar lo que fue la República.

Aunque esta no es su intención, In Memoriam niega a las víctimas el significado de su sacrificio. Me parece legítimo que se haga una crítica de una estrategia militar (la de resistencia) y de los errores que hubo en ella. Pero que se haga una crítica de esta estrategia, supuestamente errónea, utilizándola no solo para ignorar y ocultar lo que fue y representaba el gobierno republicano que estableció dicha estrategia (homologándolo al gobierno fascista) sino también para promover una postura “humanitaria pacifista”, me parece una manipulación que, por mucho que se esté haciendo hoy en los fórums intelectuales dominantes, debe ser denunciada por lo que fue: la aceptación y resignación sin más del terror fascista.

 

Cómo los ‘súper patriotas’ están ocultando la enorme crisis social que crearon

16 junio, 2018

Fuente: http://www.pubico.es

Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra

El triunfo de los “súper patriotas” (nacionalistas de derechas) a los dos lados del Ebro

Las declaraciones de claro tono etnicista, xenófobo, supremacista y antiespañol del nuevo presidente de la Generalitat, el Sr. Quim Torra, han creado, como era lógico y predecible, un gran revuelo en Catalunya, contribuyendo a una polarización entre los catalanes que se sienten españoles y aquellos que no, polarización que ha alcanzado un nivel muy acentuado desde que gobierna en Catalunya una coalición a favor de la independencia liderada por el partido nacionalista de derechas, hoy llamado PDeCAT. También predecible ha sido la respuesta inmediata del presidente Torra frente al gran rechazo por parte de amplios sectores de la población de sus declaraciones y escritos. El ahora presidente ha intentado minimizar su importancia, alegando que ha sido malinterpretado, lo cual ha hecho con todo el apoyo mediático del establishment nacionalista conservador que ha dominado la vida política e institucional catalana desde casi el principio de la etapa democrática.

En realidad, tales declaraciones de un dirigente nacionalista de derechas no hubieran tenido que crear esta sorpresa pues lo que el presidente Torra dijo está ampliamente asumido en tal establishment nacionalista conservador, enraizado en la tradición política conocida como pujolismo y que (a pesar de las maniobras de marketing político, con cambio de nombre incluido) ha hegemonizado las instituciones gobernadas y/o influenciadas por la Generalitat de Catalunya durante la mayor parte del período democrático. La novedad de tales declaraciones no es tanto su contenido sino su forma, pues este etnicismo chovinista antiespañol ha sido una característica del pujolismo desde sus inicios, cuando se llamaba “charnego” al ciudadano español trabajador venido a Catalunya predominantemente de Murcia y Andalucía. Tal adjetivo peyorativo para definir a personas que vivían en Barcelona, pero que habían nacido fuera de Catalunya, procedentes del sur de España, era muy común en la cultura nacionalista de derechas liderada durante la mayoría del periodo democrático catalán por el Sr. Jordi Pujol.

El “charneguismo” es un concepto etnicista, xenófobo y supremacista, utilizado por el nacionalismo catalanista de derechas

Es sorprendente que se niegue por parte del establishment nacionalista catalanista de derechas que las expresiones utilizadas por el presidente Torra sean etnicistas, xenófobas y supremacistas. El hecho de que la Real Academia Española no utilice este término no significa que no exista el concepto. La lengua inglesa, que es más funcional que las lenguas derivadas del latín, claramente señala que es supremacista “aquel que cree que un grupo de personas debe liderar o tener el control sobre otro tipo de grupos de personas porque piensa que son mejores”. La línea divisoria que define al grupo de personas puede ser racial, étnica y/o cultural. Creerse que un grupo de personas (los charnegos) deben tener menos poder porque pertenecen a otra etnia o cultura es supremacismo puro y duro. Vi esta manera de pensar y actuar cuando a principios de los años sesenta fui médico del Somorrostro, el barrio de “charnegos”, donde tales trabajadores, recién llegados a Catalunya, vivían en condiciones miserables en uno de los barrios más pobres de la ciudad. La definición de aquellos ciudadanos como “charnegos” por parte de los nacionalistas catalanes de derechas me hacía a mí el “médico de los charnegos”, título que era supuestamente un insulto pero que siempre consideré un honor. El Sr. Pujol llegó incluso a afirmar explícitamente que los “charnegos” –mis pacientes- tenían un coeficiente intelectual menor que los catalanes, declaraciones que más tarde -como ha hecho el presidente Torra ahora- desmereció y por las que también (respondiendo a la cultura cristiana que caracteriza a la mayoría de sus dirigentes) pidió perdón-. En realidad, con la astucia política que lo definía, Jordi Pujol intentó más tarde cubrir este flanco y protegerse de la acusación de xenófobo incluyendo en su entorno a figuras conocidas de habla castellana, como fue Paco Candel, presentándolos como representativos de la “otra Catalunya”, supuestamente amigos de la familia nacionalista conservadora. La preocupación y cautela del Sr. Pujol por no caer en los insultos etnicistas quedaba frecuentemente al descubierto por las declaraciones de su esposa, la Sra. Ferrusola, que mostraba la cara más pura del etnicismo, chovinismo y supremacismo pujolista. Sus declaraciones cuestionando la catalanidad del candidato (charnego) Montilla, a raíz de su elección como Presidente de la Generalitat de Catalunya, eran casi idénticas a las declaraciones más recientes del ahora presidente Torra sobre la supuesta falta de catalanidad del presidente Montilla y su idoneidad para ocupar tal cargo.

El patrimonialismo del nacionalismo conservador pujolista

Otra característica del etnicismo del nacionalismo de derechas, relacionado con su supremacismo,  fue su sentido patrimonialista del Estado autonómico que controlaban, gobernando Catalunya con un caciquismo parecido al caciquismo de la democracia cristiana del sur de Italia: el clientelismo y la corrupción han sido siempre elementos claves de esta tradición política (en realidad es el partido catalán más parecido al PP en España). Y tal patrimonio del Estado era una fuente importante de mantenimiento y sostenibilidad para gran parte de los medios intelectuales catalanes, pues la gran mayoría de revistas, diarios o cadenas televisivas con sede en Catalunya estaban subvencionados e influenciados por el partido gobernante en la Generalitat. En realidad su propia existencia dependía de las subvenciones de la Generalitat. Su influencia era, en el caso de los medios públicos de la Generalitat (como TV3 y Catalunya Ràdio) de absoluto control (semejante al que el partido gobernante español, el Partido Popular, ejerce sobre TVE). Esta era (y continúa siendo) la Catalunya predominantemente de sectores de la burguesía (aunque no toda), de la pequeña burguesía y de los pequeños comerciantes (“els botiguers”) y de amplios sectores de las clases medias de renta superior, incluyendo sectores importantes de las clases medias ilustradas (la clase media de educación avanzada) que han jugado un papel clave en la reproducción de la hegemonía de tal ideología. Esta era la Catalunya presentada como la Catalunya real de composición social variada pero con dominio de las clases sociales de renta por encima del nivel de renta media del país. Ni que decir tiene que también tenía y tiene componentes populares –y muy en particular en las zonas rurales-, la mayoría de creencias religiosas católicas. Pero la mayoría de sus militantes y votantes no pertenecen a la clase trabajadora catalana. Es cierto que algunos dirigentes del PDeCAT proceden de la UGT, pero más del aparato de la UGT que de las bases de tal sindicato.

Los instrumentos políticos de este nacionalismo catalanista de derechas

Sus instrumentos políticos eran CDC (de tendencia liberal) y UDC (la democracia cristiana próxima a la Iglesia catalana centrada en Montserrat, el monasterio benedictino que ofreció el aval religioso a este nacionalismo étnico). Ni que decir tiene que hay otras versiones nacionalistas distintas a la pujolista, pero esta última ha tenido una influencia mayor en la vida política, cultural e intelectual de Catalunya, y muy en particular en el movimiento secesionista, el cual, aun cuando no fue creado por el pujolismo, sí que este se adaptó rápidamente a su expansión. Tal expansión fue la respuesta al creciente rechazo que se dio en Catalunya en relación con los vetos del Tribunal Constitucional a elementos claves del Estatuto propuesto por el gobierno tripartito catalán, así como hacia las políticas hostiles del partido gobernante en España (el Partido Popular) hacia Catalunya.

Su control del aparato de la Generalitat y de los medios de comunicación públicos de esta permitieron a este nacionalismo conservador convertirse en la fuerza hegemónica y dominante del bloque secesionista, que adoptó elementos característicos del pujolismo, como su actitud profundamente antiespañola basada en creencias un tanto chovinistas, tales como su percepción, ampliamente promovida para defender su secesionismo, de que España es incambiable, confundiendo Estado con población, y atribuyendo a la población española una incapacidad de cambio. Esta percepción es el obstáculo mayor hacia el necesario transversalismo que debería existir en Catalunya entre las fuerzas progresistas para sacar del gobierno a los partidos gobernantes (PP con ayuda de Ciudadanos en España, y PDeCAT en Catalunya).

El único polo opuesto al pujolismo y a sus aliados fueron, durante el periodo democrático, el socialismo y, en su día, el comunismo catalanes, que gobernaban en la mayoría de las grandes ciudades de Catalunya, siendo el ayuntamiento de Barcelona el centro de la oposición a tal nacionalismo durante la mayor parte de ese período.Hoy el sueño del nacionalismo conservador y sus aliados es llegar a gobernar Barcelona, convirtiéndola en la capital de la inexistente República Catalana.

El enorme coste del procesismo: la gran crisis social en Catalunya y en el resto de España

El enorme coste del “procesismo” liderado por las fuerzas secesionistas es la continuación de la enorme crisis social, resultado de la aplicación de políticas públicas neoliberales impuestas por los partidos nacionalistas de derechas gobernantes tanto en España como en Catalunya, cuya responsabilidad queda ocultada detrás del debate nacional. En realidad las políticas públicas impuestas por el PP, con el apoyo de Ciudadanos, por un lado, y del PDeCAT, por el otro, han jugado un papel clave en crear la enorme crisis social.Estos tres partidos son profundamente nacionalistas de derechas. El PDeCAT es hoy la versión esencialista del nacionalismo secesionista catalán de derechas, mientras que el PP y Ciudadanos son profundamente nacionalistas conservadores y herederos del nacionalismo españolista, presentándose a sí mismos como los defensores de una España uninacional, también excluyente de cualquier otra nación en España y profundamente supremacista (incluso racista, pues durante muchos periodos de su historia, su existencia se basaba en la superioridad de la raza -el día nacional, el 12 de octubre, que conmemoraba la conquista de América Latina, se conocía como el día de la Raza-), el cual alcanzó su máxima expresión durante la dictadura fascista. Esta visión de España, excluyente de otras visiones de España (a las cuales definen como anti España), es hoy hegemónica y aparece en su versión más esencialista en el PP (partido enraizado en la clase dirigente del régimen dictatorial) y en Ciudadanos (partido creado por el establishment empresarial español, incluyendo el catalán, para parar a Podemos, una nueva fuerza política enraizada en el movimiento 15-M que se caracterizó por tener una visión distinta de España: una España plurinacional, más justa y más democrática que la actual, cuyas raíces estaban en el progresismo republicano y en la lucha de la resistencia antifascista).

Luchan sobre banderas pero implementan las mismas políticas anti clases populares

Estos tres partidos son partidos nacionalistas de derechas (unos españolistas y el otro catalanista) que han estado imponiendo (y digo imponiendo porque no estaban en sus ofertas electorales) a la población las políticas de claro corte neoliberal, las cuales incluían políticas de recortes del gasto público y, muy en especial, del gasto público social (como parte de sus políticas de austeridad), así como reformas laborales que deterioraron marcadamente el mercado de trabajo, con una reducción de los salarios y un gran crecimiento de la precariedad. Como consecuencia, el nivel de vida y capacidad adquisitiva de las clases populares descendieron marcadamente, mientras que las rentas superiores (y las rentas de la propiedad del capital) aumentaron de forma muy destacable. Los datos hablan por sí mismos: en Catalunya, las rentas del trabajo (como porcentaje del PIB) pasaron de representar un 50% en 2008 a un 45,8% en 2017, mientras que las rentas del capital subieron un 42% a un 44,5% durante el mismo periodo 2008-2017 (esta evolución contrasta con la que se ha dado en el conjunto del Estado español, donde las rentas del trabajo “solo” descendieron del 50,1% al 47,3% del PIB, mientas que las del capital pasaron del 41,7% al 42,4%). Como consecuencia, en Catalunya el nivel de renta del 20% de renta superior (que vive en la parte “alta” de las ciudades) ha pasado de ser 5,6 veces el nivel de renta del 20% de renta inferior en 2009 a ser de 6 veces en 2016. Una situación semejante ha ocurrido en el resto de España.

En realidad, el número de “ricos” en Catalunya (gente que declara sobre una base imponible de más de 1 millón de euros) ha aumentado durante la crisis. Solo del 2014 al 2015 hubo 577 personas más ricas (con un total de 31.951 personas en 2015). Mientras tanto, en la “otra Catalunya”, el 46,7% de los parados catalanes llevaban más de un año buscando trabajo (un incremento de 29,9 puntos porcentuales en el peso de este colectivo desde el 2008, cuando era solo el 16,8% de todos los parados). Ello significa que ha habido un aumento de 178.200 personas más en esta situación en el año 2016 respecto al 2008. En realidad, Catalunya es una de las partes de la UE-15 que tiene más parados de larga duración.

Y lo que es incluso peor es que el 72,1% (es decir, 365.700 personas) de las personas en situación de desempleo no tienen ninguna prestación en concepto de paro. Y para terminar esta lista de indicadores negativos, el salario del 10% de trabajadores con los salarios más bajos se redujo del 2008 al 2015 un 12%. Esta es la condición en la que se encuentran grandes sectores de la otra Catalunya de habla castellana. Son los “charnegos” de hoy, que vienen de lugares diversos en España y en el extranjero.

La utilización vergonzosa de las banderas por los supuestos súper patriotas para ocultar sus vergüenzas

Esta realidad mostrada en estos datos es la ignorada en el debate sobre el tema nacional. Nunca antes las banderas han sido utilizadas con mayor desvergüenza para ocultar el enorme drama social. Las tres fuerzas políticas hoy en España que se presentan como las más “patriotas” (unas en “defensa de la unidad de España”, y la otra “en defensa de la nación catalana en contra de la España que le roba”) son las que están aplicando políticas que han hecho mayor daño a las clases populares tanto en Catalunya como en España. El miedo del PSOE a que se le acuse de “antipatriota” explica que se alíe con el PP y con Ciudadanos. Y un tanto igual ocurre en Catalunya con ERC y con la CUP. Ambos partidos, que se consideran de izquierdas, apoyan el liderazgo del pujolismo en el bloque secesionista (corresponsable con el PP y Ciudadanos de la gran crisis social que viven las clases populares de Catalunya, que son la mayoría del pueblo catalán). ERC y la CUP, al anteponer el tema nacional –aliados y bajo la dirección de la derecha– al tema social están perjudicando a tales clases populares. Es más, y como dije anteriormente, al afirmar la imposibilidad de cambiar España, están reproduciendo el argumento etnicista según el cual “hay algo en la manera de ser de los españoles que no los hace sensibles al cambio”.

Tales partidos súper patriotas de derechas a los dos lados del Ebro han causado la enorme crisis social

Las políticas neoliberales (las reformas laborales y las políticas de austeridad) han tenido un impacto muy negativo en la calidad de vida y bienestar de la población catalana. Además del descenso salarial y del aumento de la precariedad, los recortes en los servicios públicos (de los más acentuados en España) han tenido unas consecuencias muy negativas. En educación el gasto de la Generalitat ha bajado durante el periodo 2010-2017 en 626 millones de euros (un 10% menos), en sanidad en 1.026,97 millones (un 10,33% menos), en vivienda un 50% menos (-366,28 millones), en protección social un 7,1% menos (-149,9 millones), en promoción social un 30,9% (-31,16 millones) y así un largo etcétera. Y el PdeCAT, junto con el PP y Ciudadanos, ha apoyado la legislación que hizo posibles tales recortes. En realidad, el PDeCAT ha sido uno de los partidos en las Cortes Españolas que han ayudado más al PP para que este consiguiera sus grandes parcelas de poder. Sus votos han sido determinantes no solo para aprobar la legislación neoliberal, sino también para elegir a figuras clave como la Presidenta de las Cortes Españolas, la Sra. Ana Pastor.

Estas políticas de austeridad se han desarrollado como parte de una estrategia para favorecer la privatización de los servicios públicos, siendo la sanidad y la educación un claro ejemplo de ello. El ex consejero de Salud, Boi Ruiz (que había sido la cabeza de la patronal sanitaria privada), hizo declaraciones explícitas en este sentido. Y la ex consejera de Educación favoreció a las escuelas privadas a costa de las escuelas públicas.

Pero estas políticas, favorecedoras de los servicios privados, fueron acompañadas de un intervencionismo favorable con los propietarios de los servicios privados a costa de los usuarios, política que ha tenido un impacto devastador en la vivienda, siendo el elevado precio del alquiler una de sus consecuencias, habiendo alcanzado un drama social. Los desahucios de personas y familias que no pueden pagar el alquiler han llegado a niveles escandalosos (ver “Uno de los derechos constitucionales más ignorados en España: el derecho a la vivienda”, Público, 10.05.18). Y para acentuarlo todavía más, los “súper patriotas” como el PP, Ciudadanos o el PDeCAT han aprobado, junto con el PNV, el “desahucio exprés”, facilitando que el período de desahucio se reduzca a dos meses, medida que afectaría a millones de catalanes que incluso sin estar desahuciados estarían bajo el enorme temor de poder estarlo. ¿Cómo pueden presentarse estos partidos neoliberales como defensores de la patria cuando están dañando a la gente que son componentes claves de tal patria?

En realidad, los partidos secesionistas han atribuido la crisis social a la pertenencia de Catalunya a España, y a la falta de soberanía de la primera para poder realizar sus propias políticas públicas de desarrollo. Identificando España como el Estado español, tal argumento ha atraído a sectores de la población catalana que no son particularmente secesionistas pero sí creen que será imposible para Catalunya resolver su enorme crisis social sin separarse de España e independizándose del Estado español. Tal argumento podría ser coherente en caso de que los que lideraran el proceso de secesión fueran fuerzas políticas comprometidas con otras políticas distintas y opuestas a las que se están aplicando en Catalunya y en España. Y ahí está el punto flaco del argumento secesionista progresista, pues la fuerza política que lidera hoy el movimiento independentista representa una opción conservadora neoliberal responsable de la crisis actual. Es poco creíble que el PDeCAT hiciera una política distinta a la que ha realizado hasta ahora. En realidad, sus dirigentes y pensadores en temas económicos (promovidos por los medios públicos de la Generalitat) son conocidas figuras neoliberales. Y como se demostró en la transición española, el que controla la transición controla el producto final.

Qué debería hacerse: centrarse en el tema social

En realidad, la solución es fácil de ver: el eje social debería centrar el debate político y mediático, poniendo la resolución del enorme problema social de las clases populares en el centro del debate. Ello implicaría resolver el enorme problema social ahora, y sin esperar a una incierta independencia o cualquier otro proyecto, que de realizarse, no se haría ni hoy ni mañana ni en un futuro inmediato. Y este proyecto no puede realizarse hoy en Catalunya bajo el liderazgo del gobierno controlado por los de siempre. Es una condición esencial para poder cambiar Catalunya el cambiar España, en alianza con las fuerzas progresistas que han estado surgiendo a lo largo del territorio español que, junto con fuerzas renovadas de la izquierda tradicional, tienen una clara vocación democrática profunda, comprometidas con el bienestar de las clases populares y con la calidad de vida de la población y con una visión distinta y opuesta a la esencialista uninacional: una España plurinacional, solidaria y profundamente democrática. Ver que ello es imposible (como creen las fuerzas secesionistas) es caer en el etnicismo chovinista que está obstaculizando el desarrollo de la muy necesaria transversalidad. Es urgente que las fuerzas republicanas progresistas a los dos lados del Ebro colaboren y se alíen para cambiar Catalunya y España. Pero para que ello ocurra son necesarias movilizaciones que exijan una solución inmediata de la gran crisis social. Y aquí de nuevo la calle está y va muy por delante de las instituciones políticas. La solución al problema social exige cambios profundos en España (con el cambio del gobierno) y también en Catalunya (con el cambio de quien gobierna la Generalitat). Con los de siempre controlando los gobiernos español y catalán, el problema no se resolverá. Así de claro.

Por qué apoyo a Podemos, al nuevo Podem Catalunya y a En Comú Podem

14 diciembre, 2017

Fuente: blogs.publico.es

Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra

Como estudioso de la situación social de España he estado más que preocupado por el deterioro del bienestar y calidad de vida de las clases populares, que constituyen la mayoría de la población española (incluyendo la catalana), deterioro que ha ocurrido durante estos años de crisis conocidos como la Gran Recesión (que para millones de españoles ha significado la Gran Depresión), y que debería también titularse la Gran Crisis Social, pues ha sido (y por mucho) la mayor crisis social que España (incluyendo Catalunya) ha sufrido durante su periodo democrático. He documentado extensamente este deterioro en mis escritos, tanto académicos (Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante, Ed. Anagrama, 2015) como en prensa general (ver “El mayor problema que tiene hoy Catalunya del cual no se habla: la crisis social”Público, 30.06.2017 y “El nuevo régimen social de España”Público, 23.06.2017).

El deterioro es tal que por primera vez en el periodo democrático los hijos están teniendo un nivel de vida inferior al de sus padres. En Catalunya, por ejemplo, el 40% de la población tiene un nivel de vida (medido en unidades de compra estandarizadas) menor que el de sus padres. Y relacionado con este hecho, vemos también otro fenómeno preocupante: el número de personas que ascienden en la escala de movilidad social es, en Catalunya, inferior al número de personas que desciende en tal escala. Ahora bien, no a todos les va igual de mal. En realidad, a algunos les ha ido bastante bien. Así, en Catalunya los ingresos del quintil superior en nivel de renta (el 20% de renta superior, un grupo de enorme poder político y mediático) ha visto crecer sus ingresos considerablemente mientras la mayoría de la población los ha visto reducir, habiendo alcanzado Catalunya (y España) una de las desigualdades mayores en la Unión Europea. En nuestro país, las clases populares están sufriendo. De ahí que la imagen que los establishments financieros y económicos están promoviendo, con la ayuda de los establishments políticos y mediáticos del país (tanto en España como también en Catalunya), de que estamos ya “recuperándonos” no describe acertadamente lo que está ocurriendo. Si asumimos que recuperación quiere decir volver a los niveles de vida y renta anteriores a la crisis, entonces los datos muestran la falsedad de este supuesto. Hoy ser mileurista (que era un término para definir escasez antes de la crisis) ha pasado ya a ser un sueño para millones de catalanes y españoles. 

Por qué esta gran crisis social

En realidad, por extraño que parezca las causas de tal crisis son bastante fáciles de ver, aun cuando es más que probable que el lector no las vea, ni las oiga, ni las lea en los mayores medios de comunicación del país. Las causas han sido las políticas públicas realizadas por los partidos gobernantes, tanto en España como en Catalunya, durante todos estos años, y que responden a un ideario neoliberal que ha dominado el pensamiento económico catalán, español y europeo, ideario promovido también durante muchos años por los establishments europeos como el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Ecofin (los ministros de Economía y Hacienda de la UE), el Banco Central Europeo (BCE) y también el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estas políticas han incluido reformas laborales que han debilitado a los sindicatos y que han creado un gran deterioro de los salarios (un 10% como promedio desde 2007) y la calidad del trabajo, con aumentos masivo de la precariedad en el empleo, como demuestran los datos: el 57% de los empleos creados entre el 2º trimestre de 2014 y el 2º trimestre de 2017 son temporales, en donde los contratos más frecuentes son solo de 15 días, así como un aumento elevadísimo del desempleo, que ha llegado a alcanzar un 52% entre los jóvenes y ello a pesar de que un millón y medio de ellos han dejado España, siendo nuestro país uno de los que exporta más jóvenes al extranjero.

El otro gran componente de estas políticas públicas neoliberales han sido las políticas de recortes del gasto público, muy acentuadas en las transferencias públicas como las pensiones (que, producto de estos recortes, se calcula se reducirán en un 30% de aquí a unos treinta años) y las ayudas a las familias, así como en los servicios públicos del Estado del bienestar como sanidad, educación, servicios sociales, servicios destinados a ayudar a las personas con dependencia y vivienda social, entre muchos otros. Estos recortes, junto con las privatizaciones en tales servicios, han contribuido a la dramática reducción del bienestar y calidad de vida de las clases populares. La gente normal y corriente lo está pasando muy mal, y puesto que estas clases populares constituyen la mayoría de la población uno esperaría que esta crisis social centrara la atención del debate político en estas elecciones del 21 de diciembre. Y, en cambio, no lo centra. ¿Por qué no? Para entender esto tenemos que entender quiénes son los que imponen (y digo imponen porque ninguna de estas políticas públicas neoliberales estaba en los programas electorales de los partidos gobernantes) y cuánto poder político y mediático tienen. 

¿Quién aplica estas políticas?

La respuesta a esta pregunta es también muy fácil de ver, aunque tampoco el lector la verá, oirá o leerá en los medios. La respuesta es tan fácil que a los responsables de estas políticas se los puede describir con nombres y apellidos, todos ellos con gran proyección mediática, aunque ninguno de ellos aparezca en los medios por su responsabilidad por haber creado la enorme Gran Crisis Social. Hagamos una lista de los partidos neoliberales.

En primer lugar hay que poner al gobierno Rajoy, que ha aplicado con gran dureza tales políticas –reformas laborales y recortes- que han causado tanto sufrimiento. Junto al PP hay que poner a Ciudadanos, que es incluso más papista que el Papa. Es hoy el partido más neoliberal existente en España. Conocido como la “rama política del Ibex-35”, su compromiso con tales políticas es muy acusado y ello a pesar de que hay cada vez más voces dentro de la ortodoxia neoliberal que comienzan a dudar de la sabiduría y conveniencia de tales políticas. Nada menos que el Sr. Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, ha admitido recientemente que las políticas de austeridad (“recortes”) han sido un error para la Unión Europea, y el Sr. Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, y la Sra. Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, han indicado que los salarios en España (incluyendo Catalunya) son demasiado bajos. Y en España incluso El País, que es el mayor órgano de difusión del neoliberalismo, editorializó recientemente que puede que los salarios sean demasiado bajos. La derecha dura española, el PP y Ciudadanos, sin embargo, permanece fiel a su dogma neoliberal, pase lo que pase. Después de todo, los intereses económicos que los financian lo están pasando muy bien. Los beneficios del Ibex-35 nunca habían alcanzado niveles tan altos. El dato más indicativo de ello es que mientras que las rentas del trabajo (sobre el total de rentas) han ido disminuyendo durante la Gran Crisis Social, las rentas del capital han ido subiendo.

En Catalunya, el partido neoliberal más importante es Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ahora rebautizado como PDeCAT, un partido clientelar, con un largo historial de corrupción, perteneciente a la misma familia política europea que Ciudadanos; ambos se presentan como de centro cuando en realidad han sido de los partidos que han propuesto y/o votado más leyes neoliberales en las Cortes Españolas.

Y por extraño que parezca hay que incluir al PSOE de Zapatero en esta categoría, pues fue tal gobierno el que comenzó las políticas neoliberales que fueron más tarde continuadas y expandidas por las derechas gobernantes que lo sucedieron. E incluyo en esta categoría al PSC, pues aun cuando sus bases (a diferencia del PP, Ciudadanos y el PDeCAT) son de gente de izquierdas (que prioriza políticas antineoliberales), las direcciones y aparatos de ambos partidos han reaccionado a la crisis financiera con políticas neoliberales de libro de texto. Hay que reconocer y aplaudir que el PSOE y el PSC jugaran un papel clave en el establecimiento del Estado del Bienestar en España. Pero, repito, su respuesta a la crisis fue típicamente neoliberal y no hay indicios de que Pedro Sánchez esté comprometido en romper con el neoliberalismo. Me encantaría estar equivocado. El PSOE tiene economistas de gran valía, de tradición socialdemócrata, pero todavía hoy los que han asesorado a los gobiernos socialistas han sido de claro corte socioliberal (la versión light del neoliberalismo). Hasta ahora, Pedro Sánchez parece haber renunciado, una vez más, a su compromiso de aliarse con otras fuerzas progresistas como Unidos Podemos para realizar el cambio tan urgente que el país necesita. 

La situación de las izquierdas catalanas

En Catalunya, ERC fue uno de los componentes de la coalición de izquierda –el Tripartit-, que ha sido el único gobierno de izquierdas que Catalunya ha tenido en su periodo democrático. Es un partido que es un paraguas de muchas sensibilidades políticas, desde marxistas a liberales: lo único o lo más importante que las une es su independentismo. Ahora bien, me apena que su equipo económico parezca compartir las tesis del dogma neoliberal. Varios indicadores refuerzan mi impresión. La Ley de Presupuesto aprobada por Junts Pel Sí fue una continuación de los presupuestos anteriores de Convergència i Unió, sin cambios significativos. Sus políticas asistenciales (como combatir la pobreza energética) iban por buen camino pero han sido insuficientes. Pero en temas clave no ha habido una ruptura con el neoliberalismo, dejando intactas las mayores intervenciones realizadas por Convergència (hoy PDeCAT) que han dañado al mundo del trabajo y al Estado del Bienestar. Es también sorprendente y decepcionante que en el famoso debate Borrell-Junqueras en TV3, este último tomara como su punto de referencia al gurú ultraliberal del movimiento independentista, el Sr. Sala i Martín.  Parecen estar mal aconsejados si se dejan influenciar por tal economista, el economista más promocionado por el mayor instrumento mediático del gobierno de Junts pel Sí, TV3, pagado por los contribuyentes catalanes, la gran mayoría de los cuales no comparte la ideología neoliberal promocionada por tal economista en la televisión pública catalana en estos días preparatorios para las elecciones.

Por último, la CUP, aun cuando se presenta de izquierdas y muy radical en su mensaje, en realidad siempre antepone el tema nacional al tema social, convirtiéndose en la práctica en un aliado imprescindible de Junts pel Sí.

En este resumen del panorama político en Catalunya y España puedo predecir que a no ser que haya un cambio significativo en las políticas públicas del PSOE, PSC y ERC, será muy difícil que se salga de la Gran Crisis. Esperar que cambien las derechas me parece un error. Ello me lleva a explicar por qué apoyo a Podemos, IU, En Marea, Catalunya en Comú-Podem y Podem Catalunya. La respuesta es muy lógica: son los únicos partidos que se han opuesto al neoliberalismo, y donde han gobernado han mostrado que otras políticas alternativas eran y son posibles. La evidencia de ello es abrumadora. Donde gobiernan estas fuerzas políticas se aplican políticas diferentes y opuestas a las neoliberales, como en las principales ciudades de España. 

Pero hay también otras razones de por qué las apoyo. La plurinacionalidad de España

Pero hay otra razón. Como catalán y español, que vengo de una familia represaliada por su apoyo y compromiso con el bienestar de las clases populares de los distintos pueblos y naciones de España, así como por su visión republicana y no borbónica del Estado, me siento identificado con el único espacio político (Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea) que considero heredero de esta tradición y cultura republicana. Su reconocimiento del plurinacionalismo de España es una característica que lo hace atractivo a todos aquellos que quieren vivir juntos en España, en fraternidad, solidaridad, con respeto a la diversidad y plurinacionalidad, construyendo una España policéntrica y no radial, como ahora.

Hoy esta visión variada y plurinacional es más necesaria que nunca pues los nacionalismos extremos -el nacionalismo borbónico por un lado, y los secesionistas independentistas por el otro- están llevando el país a un desastre no solo social, sino también nacional. No es casualidad, por cierto, que los mismos partidos que quieren imponer su visión uninacional de España, el PP y Ciudadanos (liderando el nacionalismo españolista), y el PDeCAT (liderando el nacionalismo independentista) sean también los partidos más neoliberales. Están todos ellos utilizando las banderas para esconder su neoliberalismo, lo que constituye un caso típico de esconderse detrás de las banderas para ocultar unas políticas que están causando tanto daño. La evidencia de que existe dicha utilización de las banderas (la borbónica por los primeros, y la estelada por los segundos) para ocultar su defensa de los grandes intereses económicos y financieros que representan es abrumadora. Es doloroso ver cómo Ciudadanos, cuyas políticas neoliberales están dañando a la clase trabajadora en Catalunya y en España, sea el que consiga más apoyo en los barrios obreros debido a su defensa de la “unidad de España”. 

Últimas observaciones sobre Podem Catalunya

Una de las causas del enorme poder de las derechas en España y en Catalunya se debe a la gran división de las izquierdas  (ver “La desunión de las izquierdas: una de las mayores causas de la gran crisis social”, Público, 08.11.2017). De ahí la enorme necesidad de que las izquierdas catalanas, muy divididas, establezcan coaliciones tendentes hacia una unidad. Ello ha sido posible a nivel del Estado cuando se estableció En Comú/Podem, que ganó las elecciones generales en Catalunya dos veces. Es la unión de Barcelona en Comú, ICV y EUiA con Podem, la rama catalana de Podemos. Esta coalición, sin embargo, no se ha establecido en Catalunya hasta ahora.

Y es ahí donde deben entenderse varios puntos pues, como era de esperar, los medios –en su campaña de hostilidad hacia esta izquierda- han estado tergiversando las noticias sobre el cambio de liderazgo en Podem Catalunya. No son ciertos varios hechos. No es cierto que Pablo Iglesias haya intervenido en Podem Catalunya de la misma manera que Rajoy ha intervenido el Gobierno catalán. Esta versión, interesadamente promovida por la dirección saliente de Podem, es falsa, pues no fue “Madrid” sino la máxima autoridad de Podem Catalunya, los inscritos, los que votaron masivamente en contra de la dirección anterior y a favor de la coalición con Catalunya en Comú. En realidad, el descontento de muchos miembros de Podem con la dirección política del equipo anterior, próximo a la CUP y a ERC, era bien conocido y la gran participación –que batió todos los récords-, con un no a la política de la dirección saliente y un sí rotundo a la coalición, era previsible.

Por otra parte, la convocatoria inmediata de elecciones el 21D por parte del gobierno Rajoy creó problemas de calendario que imposibilitaron los procedimientos característicos de culturas participativas como la de Podem, como son las primarias y la preparación de las listas electorales, lo cual explica que no solo Podem sino muchas otras formaciones políticas no pudieran seguir tales procedimientos. Es más, Podemos nombró una gestora integrada por personas conocidas, a las cuales se reconocía como favorables al mandato del nivel más soberano de Podem, los inscritos. Esta gestora se estableció después de haber hecho la lista electoral, pues su función era distinta: preparar la campaña electoral junto con Catalunya en Comú y también preparar la Asamblea Ciudadana para elegir la nueva dirección de Podem. Y, como era de esperar, hay miembros que, coherentes con su desacuerdo con el mandato de los inscritos, están dejando Podem Catalunya, lo que queda compensado por un número mayor de miembros que se están movilizando para establecer el nuevo Podem, cumpliendo así el objetivo de la unidad de las fuerzas progresistas que Catalunya necesita como el aire que respira. Y, un primer paso para ello, es el establecimiento de la coalición Catalunya en Comú-Podem que es la única fuerza política hoy en Catalunya que combina una crítica al neoliberalismo, que ha dañado tanto a la mayoría de la población catalana, con propuestas alternativas que han mostrado su factibilidad donde han gobernado, junto con un reconocimiento de la plurinacionalidad de España con una propuesta real y realizable para llevarla a cabo.

Por favor, no repitan la invasión de Irak

23 octubre, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Con motivo de los atentados terroristas en Barcelona, el profesor Vicenç Navarro recomienda la lectura de un artículo suyo donde explica los orígenes del yihadismo, publicado en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 18 de noviembre de 2015.

Este artículo hace una llamada a que no se repita lo que ocurrió cuando el gobierno Aznar apoyó al gobierno Bush en su invasión de Irak. El artículo señala que tales invasiones y bombardeos aumentan la simpatía de la población musulmana hacia los grupos fundamentalistas, que en su día fueron ayudados por los gobiernos occidentales en su intento de parar las fuerzas políticas auténticamente reformistas que querían transformar aquellas sociedades.

Cualquier persona que estuviera en Nueva York o tuviera familiares en Nueva York (como era mi caso) el 11 de septiembre de 2001, nunca olvidará lo que ocurrió en esa fecha cuando las Torres Gemelas colapsaron como resultado de un ataque terrorista de las fuerzas militares de Al Qaeda. En torno a 2.600 personas, todas ellas civiles, murieron aquel día en la ciudad. Pero, por horrible que fuera lo que ocurrió en Nueva York aquel día, lo peor para EEUU y para gran número de países estaba por venir. El gobierno federal de EEUU, liderado por el gobierno Bush junior, respondió con una invasión militar de Irak, con la intención de eliminar el régimen de Saddam Hussein, presentado (erróneamente) como el incitador y facilitador de aquel ataque y portador de armas de destrucción masiva (que no existían). Casi un millón de personas –la gran mayoría civiles- han muerto desde entonces como resultado de tal invasión y de la ocupación y conflicto bélico que aquella intervención originó, no solo en Irak, sino también en todo Oriente Medio. Es cierto que el régimen de Saddam Hussein fue eliminado. Pero el resultado que la invasión creó empeoró enormemente la situación en aquel país y en la región. Movimientos fundamentalistas islamistas surgieron con gran fuerza, el ISIS entre ellos, que, junto con Al Qaeda, fueron extendiéndose en Irak y en los países vecinos.

El gobierno Aznar ayudó a tal invasión, y los ataques de Atocha fueron una consecuencia de ello. El Reino Unido, gobernado por el Sr. Toni Blair, también apoyó dicha invasión. Hace unas semanas, Blair, a la luz de los horrores que creó aquella invasión, aceptó que había sido un error. No así el Sr. Aznar, que previsiblemente, y con la rigidez y falta de comprensión de la realidad internacional que caracteriza a la derecha española, continuó aferrado a su visión del mundo. Hoy gobierna en España el mismo partido que la gobernaba en aquel momento histórico. Y hay el peligro de que el gobierno Rajoy actúe de la misma manera que actuó el gobernó Aznar.

¿Cómo está ahora respondiendo el gobierno francés a la masacre de París? Lo mismo que el gobierno Bush hizo en respuesta a la masacre del 11 de septiembre de 2001.

Cuando la invasión de Irak tuvo lugar, el gobierno francés no la apoyó. Creía, con razón, que era un gran error. El gobierno federal y el Congreso de EEUU respondieron a la falta de cooperación francesa con un gran enfado. Según el Congreso de EEUU, Francia -el aliado más antiguo de EEUU- los abandonaba, e incluso traicionaba. El plato de patatas fritas que servía el restaurante del Congreso, conocido como “french fries” (“patatas fritas francesas”) fue bautizado de nuevo como “liberty fries” (“patatas fritas por la libertad”). El resto es bien conocido. Un millón de muertos más tarde, los movimientos fundamentalistas islamistas se han ido expandiendo en toda el área. Y la situación ha empeorado claramente. Fue la invasión patrocinada por el trío Bush-Blair-Aznar la que creó las condiciones para que surgiera el Estado islámico. El Estado iraquí, liderado por el dictador Saddam Hussein, colapsó, iniciándose las luchas entre las distintas partes y componentes de Irak, percibiéndose el nuevo Ejército de Irak como un ejército –creado por las fuerzas ocupantes- carente de legitimidad, visto por amplios sectores de la población como un nuevo instrumento de represión interna. Fue en este contexto que aparecieron las fuerzas radicales fundamentalistas islámicas que establecieron el Califato o Estado Islámico.

Después de Irak surgió Libia, donde se destruyó el régimen dictatorial laico del General Gadafi. La novedad fue que esta vez Francia jugó un papel clave en el cambio del régimen de Libia, bombardeando aquel país, con miles y miles de muertos civiles. Los portavoces intelectuales del establishment político-mediático francés, tales como la voz más servil de tal establishment, el Sr. Bernard-Henri Lévy, presentó tal campaña militar como la “gran defensa de los derechos humanos que caracterizaba al Estado francés”, frases que fueron una copia mimética de lo que habían dicho las voces serviles de establishment político-mediático estadounidense para justificar la invasión de Irak. La única diferencia era que Bernard-Henri Lévy hablaba del Estado francés (heredero del imperio francés conocido por su brutalidad en África) y en el caso de Irak se referían al Estado federal estadounidense (cuyas intervenciones militares –excepto durante la II Guerra Mundial- se han caracterizado por la ayuda a dictaduras enormemente represivas). Por lo visto, ni Bernard-Henri Lévy ni las voces que apoyaron al Presidente Bush junior no se dieron cuenta de la enorme contradicción de presentarse como defensores de los derechos humanos cuando su mejor aliado en el Oriente Medio era Arabia Saudí, que es uno de los regímenes más opresivos y crueles existentes en aquella zona. Y es uno de los mayores financiadores de los extremistas fundamentalistas islamistas.

Como era de prever, la caída del dictador, el General Gadafi, creó un vacío de poder que lo ha llenado el extremismo fundamentalista islamista. Hoy Libia es una enorme fuente de yihadistas (véase mi artículo “¿Dónde está Bernard-Henri Lévy?”, Público, 27.11.2013). Y ahora Francia y EEUU están intentando hacer lo mismo con el régimen dictatorial laico en Siria dirigido por Asad. Y no hay duda de que ahora los bombardeos del gobierno francés sobre poblaciones musulmanas que se ha intensificado este fin de semana como respuesta a la masacre de París, además de aumentar el número de refugiados (ver mi artículo “Las causas del problema de los refugiados”, Público 09.11.15), aumentarán y expandirán el ISIS, creando mayor y mayor simpatía por tal organización entre las poblaciones musulmanas. En realidad, el ataque de los yihadistas tenía como objetivo crear una respuesta que haría escalar todavía más el conflicto, pues esta es precisamente la causa de su crecimiento. Y como era predecible, al Sr. Bernard-Henri Lévy le faltó tiempo para llamar a la guerra en nombre de los derechos humanos (Bernard-Henri Lévy, “La guerra, manual de instrucciones”, El País, 17.11.15). Ahora bien, sería un enorme error que España volviera a apoyar otra invasión, como antes apoyó la invasión de Irak y de Libia. Pero mucho me temo que el gobierno español lo hará. Y serán años de enormes tensiones, pues España está en un área muy próxima a varios de los centros del conflicto.

¿Cuáles son las causas reales del crecimiento del movimiento terrorista fundamentalista islamista?

La gran mayoría de países donde hay un conflicto bélico estaban regidos por sistemas casi feudales, como lo es hoy Arabia Saudí. En todos estos países surgieron movimientos laicos progresistas de distintas sensibilidades (que variaban desde socialistas hasta comunistas) que deseaban cambios profundos en estas sociedades. Cuando los regímenes feudales estaban cayendo, resultado de su presión, los gobiernos occidentales apoyaron, dentro de las fuerzas laicas, a las que frenaron el auge de los movimientos de izquierda, a los cuales reprimieron. El caso más claro fue el nacimiento del régimen de Saddam Hussein, que se estableció con el apoyo del gobierno del Reino Unido y de EEUU. En aquellos países en los que no pudieron parar a estos últimos movimientos progresistas reformistas, entonces apoyaron a los fundamentalistas religiosos, profundamente antireformistas, como fue el caso de Afganistán. Recordemos que Bin Laden había estado en la nómina de la CIA del gobierno federal de EEUU. Y en Siria, el gobierno federal de EEUU junto con el Reino Unido y Francia, ayudó en su día a los fundamentalistas religiosos en su lucha contra el dictador laico Asad, con el probable resultado que el colapso de tal régimen significaría la ruptura de Siria, con una enorme expansión del ISIS en aquel territorio.

Pero los yihadistas tienen su propia dinámica, con su fundamentalismo religioso que está hoy revolviéndose contra sus creadores. Lo que los gobiernos que se autodefinen como democráticos tenían que haber hecho era no intervenir a favor de las fuerzas más reaccionarias, que al impedir los cambios estructurales en aquellos países han perpetuado estructuras enormemente opresivas que están sojuzgando a sus pueblos y que generan la radicalidad bélica religiosa que los gobiernos occidentales apoyaron y que ahora se les vuelve en contra. Una guerra de clases se transformó deliberadamente (en un intento por parte de los fundamentalistas religiosos de los dos lados del conflicto) en una guerra de religiones que está recogiendo una enorme simpatía entre los grupos musulmanes discriminados en los países democráticos (de donde surgen terroristas), siendo Francia el caso más manifiesto. El sueño de la ultraderecha francesa, que puede en un día próximo gobernar Francia, y el sueño del ISIS, es que haya una guerra de religiones, culturas y civilizaciones, favoreciendo así el surgimiento del nazismo de nuevo en Europa. Y ahí están las raíces del problema, y que los bombardeos ayudarán a exacerbar y faciitar. Creerse que el problema del terrorismo se resolverá a base de bombardeos e intervenciones militares en Siria es tan absurdo como creerse que la invasión de Irak y los bombardeos de Libia resolverían los problemas del terrorismo fundamentalista islamista. En realidad, han ayudado a su extensión. Así de claro.