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La desmemoria histórica del Partido Popular: ni un euro para las víctimas del franquismo

14 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

El PP le dedica a la Ley de Memoria Histórica la ingente cantidad de 0 euros, un dinero que debía utilizarse para financiar exhumaciones en las 2.000 fosas que se calcula que existen en España

María Eugenia R. Palop

06/04/2017 – 21:05h

El director del CIEMEDH considera que un centro académico podrá conseguir la financiación para abrir fosas que se le niega a las asociaciones memorialistas por sus implicaciones políticas. Foto: Óscar Rodríguez (ARMH).
Imagen de archivo de represaliados por el franquismo. Foto: Óscar Rodríguez (ARMH).

Decía Adorno que “dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad”, pero hay verdades que al Partido Popular, simplemente, no le suscitan ni el más mínimo interés. En los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno ha vuelto a invisibilizar a las víctimas silenciadas de la guerra civil y el franquismo, a imponer la acostumbrada amnesia social, y a evitar que se desmonte la mentira institucionalizada en la que llevamos décadas instalados, gracias, entre otras cosas, a políticas como las suyas.

El PP le dedica a la Ley de Memoria Histórica la ingente cantidad de 0 euros, un dinero que debía utilizarse para financiar exhumaciones en las 2.000 fosas que se calcula que existen en España. Ya en 2012, Rajoy eliminó la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, y redujo la dotación presupuestaria para Memoria Histórica de 6,2 millones, a dos millones y medio. Y en el año 2013, el Gobierno eliminó esta dotación sin más, dejando en las cunetas, por enésima vez, a las víctimas del franquismo, que siguen costeando las exhumaciones con sus propios medios, porque, mal que le pese a Rafael Hernando, se acuerdan de sus padres y familiares haya o no haya subvención.

Ahí siguen, impenitentes, andando “con los muertos para arriba y para abajo” para contrarrestar el ostracismo y las vejaciones del Gobierno del Partido Popular y de personas que, como él, no creen ofender ni humillar a nadie, porque no son nadie las 100.000 o 150.000 que aún esperan verdad, memoria, justicia y reparación. “¿Por qué voy a pedir perdón?”, se preguntaba perplejo Hernando, en un ejercicio retórico de cinismo.

No hay duda de que hay quienes han descontado ya el costo humano y social de sus privilegios, en la idea tan atroz, como poco contrastada, de que no existe “progreso” sin olvido. Y aunque también hay quienes prefieren avanzar retrocediendo, como diría Paul Valéry; avanzar sin aplastar “flores inocentes en el camino”, sin generar víctimas y sin olvidarlas, hoy, lamentablemente, está claro que los que gobiernan son los primeros. Por eso el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica ha sido esquelético, y por eso ha acabado instaurando una discriminación en el trato, los derechos y las prestaciones que reciben unas víctimas frente a las otras, sin que exista ninguna razón que lo justifique, más allá de la desmemoria selectiva que en este país se ha practicado sin descanso.

Poco importan aquí los acuerdos internacionales sobre estas materias ratificados por España, entre los que cabe destacar la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Poco importa la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, en particular, la jurisprudencia destinada a la protección del derecho a la vida y a la integridad de las personas. Tampoco importa mucho, según parece, la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, que, desarrollada por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, favorece un catálogo de prestaciones y derechos a toda víctima, sin perjuicio de que quepan regulaciones particulares en atención a unos u otros colectivos. Poco importa, por supuesto, el informe del relator de Naciones Unidas en el que se señalaba que es la ignominia y el olvido lo que se ha incorporado a la normalidad democrática de España.

En fin, esta negativa a investigar la suerte de miles de personas desaparecidas a raíz de la estrategia implementada por el Estado franquista, contraviene, entre otras cosas, el derecho internacional que es jurídicamente vinculante y de obligado cumplimiento en nuestro país. Porque no solo es que el Gobierno se niega a cumplir su obligación de actuar de oficio, sino que tampoco pone todos los medios necesarios para que otros agentes puedan llevar a cabo las investigaciones que las autoridades se niegan a hacer, y ello, sin que haya ninguna norma o principio jurídico que impida a un Estado investigar su pasado.

El PP contradice aquí, incluso, a la normativa que se ha desarrollado en el plano autonómico, y que se ha promulgado, o está por promulgarse, en el País Vasco, Andalucía, Navarra, Aragón, Valencia y Baleares, territorios que han conocido directamente los horrores de la guerra civil, la represión de la dictadura y la violencia política posterior, y en los que están domiciliadas un importante número de sus víctimas. Y lo más sorprendente es que algunas de estas normas han salido adelante con la abstención del mismísimo y esquizofrénico Partido Popular.

Reivindicar el derecho y el deber de memoria no es solo poner en el centro un hecho del pasado, sino resignificarlo y asumir las responsabilidades que se derivan del mismo, articular un consenso sobre lo intolerable, y delimitar claramente lo que, de ningún modo, puede volver a suceder. Y en la medida en que esto no se hace, no puede garantizarse nada. La responsabilidad tiene una dimensión temporal que no se agota en el presente; mira hacia al pasado, como ha de mirar hacia el futuro, y trata a todas las víctimas de la misma manera, aunque distinga las diferentes violencias de las que cada una ha sido objeto.

Quienes defendemos una política de la memoria para todas las víctimas, sin exclusión, estamos convencidos de que el examen detenido del pasado es un arma que permite combatir el “revisionismo” y el “negacionismo” con los que se justifican y se niegan todos los días las atrocidades que hemos vivido, y de las que muchas personas tienen todavía recuerdos terriblemente vivos. Y sabemos, además, que lo que las sociedades eligen recordar y olvidar, y el modo en que lo hacen, condiciona totalmente sus opciones de futuro, de manera que sin memoria no puede haber una auténtica cultura democrática, ni puede hablarse, en puridad, de un sistema político legítimo.

Dice la Comisión de Derechos Humanos de UN en sus Principios para la protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, que “el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe al Estado”. Pues bien, es este el deber que el Gobierno no cumple y este es el rico patrimonio que nos usurpa descaradamente cada vez que privatiza el uso de nuestra memoria y nos impide recordar.

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Mariano Rajoy vuelve a ignorar la ley de memoria histórica en su legislatura de “consenso”

11 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Los presupuestos de 2017 consolidan el ninguneo del Gobierno del PP a la exhumación de represaliados y la atención a víctimas del franquismo: la partida presupuestaria es cero.

Su socio principal, Ciudadanos, era partidario de las exhumaciones y el cambio de calles “sin campañas exageradas”.

Al llegar a Moncloa Rajoy quitó la Oficina de Víctimas, luego bajó a la mitad el presupuesto para exhumaciones, y un año después lo eliminó.

Raquel Ejerique

04/04/2017 – 21:17h

Trabajos en una fosa común
Trabajos en una fosa común

Rajoy ha dejado clara su postura ante la ley de memoria histórica desde que llegó a la Moncloa: desactivarla reduciendo primero su presupuesto y luego eliminándolo. En las cuentas de este 2017 incide en la misma línea, de modo que su anunciada legislatura de “consenso” ante la necesidad de acuerdos parlamentarios se estrena con cambios de posición en temas como educación o violencia de género, pero no van a alcanzar a las víctimas del franquismo, tal y como se puede comprobar en la decisión de negar la dotación presupuestaria en el primer año de su nueva legislatura. Es el cuarto año consecutivo que lo hace.

Su socio principal en las cuentas para este año, Ciudadanos, tampoco tenía como prioridad a los represaliados, aunque en su programa sí hablaba de facilitar exhumaciones (sin especificar si las debía financiar el Estado) y modificar los callejeros aunque advirtiendo de que “sin campañas exageradas”. Todo ello, sin dañar la “reconciliación entre españoles”, tomando parte por la hipótesis del PP de que la reparación de las víctimas puede ser peligrosa. Según el resultado final en los presupuestos 2017, la Memoria Histórica seguirá aparcada y no se ha tratado en las negociaciones entre ambos partidos.

Tras llegar a Moncloa en 2011, Rajoy tomó varias medidas que dejaban sin efecto la ley de Zapatero de 2007 y cualquier iniciativa de reparación. Primero, en marzo de 2012, suprimió la Oficina  de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, un organismo creado por el gobierno socialista que se encargaba de atender a los familiares y facilitaba información y procedimientos para las exhumaciones: se calcula que en España quedan 2.000 fosas sin abrir donde yacen sin nombre ni sepultura unos 100.000 españoles.

El Gobierno del PP la integró en una subsecretaría de Justicia que se encarga de indultos, condecoraciones y títulos nobiliarios. Su cuarto cometido es poner “medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. De momento no las hay.

Evolución del presupuesto a Memoria Histórica

pres.mem.histó

Su segunda medida fue recortar a menos de la mitad el presupuesto para la ley de Memoria Histórica, de 6,2 millones (en 2011) a 2,5 millones (en 2012). Con ese dinero se subvencionaban básicamente exhumaciones, a través de una Comisión Interministerial que dependía del Ministerio de Presidencia y que Rajoy borró de los presupuestos.

El año siguiente, en 2013, Rajoy inició la senda del cero. Cero euros para las víctimas, una decisión que le han afeado organismos internacionales como la ONU, que criticó en un duro informe que fueran los familiares quienes costean la recuperación de los cuerpos o los forenses y voluntarios en sus ratos libres sin remuneración. Pese a la reprimenda y a que España está en la senda opuesta de países como Chile, Italia, Alemania o Argentina, el Gobierno ha mantenido su postura hasta hoy.

Es más, el presidente se ha jactado en público de haber desactivado la ley quitándole el presupuesto [vídeo abajo]. Preguntado en un acto por qué no la había derogado, aclaraba que había hecho otra cosa que significaba en términos pragmáticos lo mismo: “Bueno, la dotación presupuestaria ha sido cero. La media es cero y fue cero todos los años”. Es decir, hay una ley pero no se puede cumplir porque el Gobierno la ha vaciado presupuestariamente.

En cuestión de dinero lo ha dejado claro, pero también con otras actuaciones que no requieren un desembolso. Por ejemplo, dilatar más de un año el cumplimiento de la sentencia que obliga al Gobierno a exhumar dos cuerpos del Valle de los Caídos o boicotear la querella argentina que investiga los crímenes del franquismo.

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17 rosas vuelven a casa con dignidad

23 diciembre, 2014

Fuente: diario EL PAÍS

MANUEL PLANELLES Sevilla 15 DIC 2012 – 20:13

Las 17 rosas de Guillena fueron encarceladas, vejadas, rapadas y paseadas por su pueblo para escarnio público. Luego, los falangistas las acarrearon en un camión, como animales, y se las llevaron al vecino municipio de Gerena, también en la provincia de Sevilla. Allí, estas 17 mujeres de entre 24 y 70 años fueron asesinadas en noviembre de 1937 y arrojadas a una fosa común del cementerio.

Cuentan que de aquel camión que viajaba hacia la infamia solo salían llantos y gritos de miedo. Este sábado, 75 años después, el silencio casi absoluto solo lo han roto las campanas tocando a muerto. Las 17 rosas de Guillena han regresado a su pueblo y cientos de familiares y vecinos las han acompañado hasta el camposanto. “Verdad, justicia y reparación”, se lee en la placa que han colocado a la entrada del panteón en el que las mujeres descansan juntas desde hoy.

El camino de vuelta de Gerena a Guillena lo han hecho 75 años después como heroínas y con la dignidad recuperada. En dos coches fúnebres han viajado 17 cajas de madera, 17 rosas y 17 pequeños cartelitos con el nombre de cada una. Manuela, Rosario, Natividad, Granada, Trinidad, Ramona, Ana María, Josefa… La Policía Local y una caravana formada por decenas de automóviles con algunas banderas tricolores las han escoltado durante todo el trayecto. Al funeral laico que se ha celebrado en el cementerio de Guillena han asistido los alcaldes de los dos municipios, el presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, y el de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos.

También ha estado allí, sentado en una silla de anea, José Domínguez Núñez, uno de los protagonistas de esta historia. Gracias a este hombre, que presenció encaramado a un olivo el asesinato de las mujeres a manos de falangistas y guardias civiles cuando solo era un niño, se pudo localizar la fosa del cementerio de Gerena en la que todas estaban enterradas.

“Se han cerrado 17 heridas del pasado”, ha resumido María José Domínguez, presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 19 Mujeres de Guillena. Porque las 17 eran, al principio, 19. Pero dos de las detenidas fueron indultadas y se salvaron de la muerte.

Lo que unía a este grupo de mujeres eran sus parejas y familiares, que o bien estaban en el frente con el bando republicano o bien habían huido a la sierra como maquis. Para Lucía Sócam —cuya tía abuela, Granada Hidalgo Garzón, fue una de las asesinadas— este era el único “nexo” entre aquellas mujeres. Ese y que los falangistas querían sacarles el paradero de sus familiares. En el libro Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1996-1963) José María García Márquez denomina a estas acciones “operaciones de limpieza”. Se trataba, según este historiador, de “matanzas de mujeres exclusivamente para cortar de raíz las ayudas que los huidos en las sierras estaban recibiendo de los pueblos”. García Márquez tiene documentadas matanzas como la de Gerena de 1937 en otros municipios sevillanos como El Real de la Jara, El Ronquillo o Guillena.

Cada una de las represaliadas tenía su pequeña historia. En el caso de Granada Hidalgo Garzón, cuya madre también forma parte de las 17 asesinadas en Gerena, sabía leer. “Era un peligro público”, ironiza su sobrina nieta, “leía la prensa republicana”.

Sócam también está dentro de la asociación 19 Mujeres de Guillena. Han tardado más de una década en conseguir localizar, desenterrar, identificar y volver a enterrar dignamente a sus familiares y vecinas. Y la principal angustia que sentían era el paso del tiempo, que ha ido borrando a los descendientes directos de las represaliadas. “Aún quedan cinco hijos vivos que llevaban 75 años esperando”, según Sócam.

Es el caso de Antonia Macedo, que también ha asistido al homenaje a las 17 rosas. Tiene 79 años y la dejaron huérfana de madre a los cuatro. De ella le queda una foto y unos bonitos ojos azules que ayer estaban cubiertos de lágrimas. “Lo que yo he pasado sin mi madre”, contaba a las puertas del Ayuntamiento de Gerena, donde han estado custodiados los restos de las 17 mujeres desde febrero de este año, cuando se concluyó la exhumación.

“Mataron a mi madre porque iban en busca de mi padre, que estaba en el frente”. Antonia tenía otra hermana, que murió poco tiempo después. “Además, mi madre estaba embarazada”.

La represión franquista también se cebó con las mujeres. “Querían sembrar miedo, y bien sembrado lo dejaron”. Según Sócam, los huérfanos que quedaron sufrieron “vejaciones” durante el resto de la dictadura.

El historiador García Márquez tiene recopilados en la provincia de Sevilla más de 500 expedientes de mujeres asesinadas solo en aplicación de los bandos de guerra. “Más que 13, 17 o 25 rosas, hay una auténtica rosaleda de muerte”, señala este investigador en su libro. El aceite de ricino y el escarnio público eran las recetas que más empleaban los falangistas contra las represaliadas. “Estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen”. El general Gonzalo Queipo de Llano, el máximo responsable de la represión en Sevilla, arengaba así a sus tropas contra las mujeres a través de sus charlas radiofónicas al inicio del alzamiento.

Pero, transcurridos 75 años, Antonia Macedo ya no quiere venganza contra los que le quitaron a su madre aquel mes de noviembre de 1937. “No soy vengativa”. Sin embargo, conoce a los que la asesinaron o ayudaron a hacerlo. “Son del pueblo, y están todos muertos ya”.

Barberá obliga a pagar por exhumar una víctima del franquismo

28 noviembre, 2014

Fuente: diario EL PAÍS

La alcaldesa de Valencia carga los costes a los familiares que perdieron una subvención por los retrasos del Ayuntamiento.

ADOLF BELTRAN Valencia 2 JUL 2014 – 14:30 CET210

De “anacronismo en el ámbito de los derechos humanos” ha calificado Matías Alonso, portavoz del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, el hecho de que el Ayuntamiento de Valencia, que preside Rita Barberá, del PP, permita, por fin, después de cinco años de retrasos, que sean exhumados de una fosa común del cementerio civil de la ciudad los restos de Téofilo Alcorisa, víctima de la represión franquista, pero ordene a la vez que los familiares se hagan cargo de los costes. Ocurre que la familia tuvo que devolver una subvención de 50.000 euros lograda para ello en 2009 en aplicación de la Ley de Memoria Histórica precisamente debido a la dilación del caso.

Alcorisa, padre de un guerrillero del maquis, fue detenido por la Guardia Civil en 1947 en Santa Cruz de Moya y su familia no supo hasta 60 años después que había sido trasladado a Valencia, donde murió durante su detención, supuestamente al ahorcarse con los cordones de sus zapatos. Localizado su cuerpo en un fosa del cementerio, su exhumación se ha convertido en un largo pulso con el Ayuntamiento que preside Rita Barberá, de la que solo logró la oposición arrancar un acuerdo para permitirla después de que el bufete del exjuez Baltasar Garzón se hiciera cargo hace solo unos meses del caso ante los tribunales.

Pese a que como ha señalado Alonso este miérocles, en una conferencia de prensa junto al secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, José Luis Ábalos, debería tratarse de “un empeño meramente humanitario”, las condiciones que la junta de gobierno que preside Barberá impone para la exhumación pueden llevar los costes a unos 45.000 euros, de los que la familia no dispone, como ha explicado la hija del fallecido Pilar Alcorisa, que ha asistido al acto junto a su marido, Luis Romero.

La familia logró una ayuda de 50.000 euros en la época del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que tuvo que devolver por las dilaciones en la resolución del caso. Ahora no podría volverla a solicitar porque el Gobierno de Mariano Rajoy ha acabado hasta con la oficina que las concedía. Podría plantearse una iniciativa de mecenazgo ciudadano para recoger el dinero, pero tanto Alonso como Ábalos lo han descartado. “Estamos hablando de un tema muy especial”, ha indicado Alonso, que ha recordado que el grupo de desapariciones forzosas de la ONU está siguiendo lo que ocurre con esta complicada exhumación. “No es solo un tema administrativo”, ha añadido Ábalos, que ha presentado iniciativas sobre el caso en el Congreso, donde es diputado. “sino de un asunto político, de un claro ejercicio de obstrucción por parte de Rita Barberá”.

El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica ha preparado alegaciones ante el Ayuntamiento de Valencia y se dispone a volver a movilizar a entidades e instituciones, mientras la familia planteará en el juzgado, a través de Garzón, la situación creada. “Con la misma documentación, otros alcaldes del PP han resuelto casos parecidos rápidamente”, ha comentado Alonso, que ha citado a los alcaldes de Paterna, Segorbe o Borriol. El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica ha resuelto 18 exhumaciones similares en la Comunidad Valenciana. “El único caso que sigue abierto es este”, ha señalado su portavoz.

La concejal delegada de Cementerios del Ayuntamiento de Valencia, Lourdes Bernal, ha salido al paso de la denuncia sobre los problemas para exhumar el cuerpo de Teófilo Alcorisa,muerto en un cuartel de la Guardia Civil en Valencia ocho años después del final de la Guerra Civil, tras ser detenido sin más epxlicaciones en 1947 en su aldea de Santa Cruz de Moya. Según Bernal, el Ayuntamiento tramita el caso “siguiendo los cauces reglamentarios”.

En un comunicado en respuesta a las afirmaciones del coordinador del Grupo por la Recuperación de la Memoria Histórica, Matías Alonso, Bernal ha insistido en que en el pleno municipal del mes de febrero se aprobó la exhumación de los restos de Teófilo Alcorisa, por lo que no se está “torturando” a la familia como pretende hacer ver “este señor”.

“Por parte de la Delegación de Cementerios se le ha facilitado toda la información habida y por haber, con total transparencia, y se les ha tratado con el mimo y la exquisitez que caracterizan al personal del servicio. Por tanto, pedimos que deje de verter una opinión política en el asunto y sea realista porque le importa más obtener rédito electoral que apoyar a la familia en esta circunstancia tan delicada”, ha asegurado la concejal.

Según Bernal, se han llevado a cabo “todas las comunicaciones y publicaciones pertinentes” y “se está a la espera” de que se presente el proyecto modificado por parte de los representantes de la familia Alcorisa, ya que “a fecha de hoy todavía no han presentado la modificación”.

Lourdes Bernal ha añadido por último que exige a Matías Alonso que “respete” a los familiares de las personas que se encuentran en la misma línea de exhumación y que “siga los cauces marcados por la ley, respetando también el trabajo de los funcionarios y, cómo no, a sus representados”.

Gaspar cavó su propia fosa

17 mayo, 2013

Un pueblo de Burgos homenajea a 24 fusilados en 1936 maniatados por la espalda

 

Era 20 de noviembre de 1936. Tenía 55 años, mujer y seis hijos, tres de ellos menores de edad. “Esa noche, él debió intuir lo que iba a pasar porque antes de salir de casa, al contrario que las otras dos noches, se despidió de mi abuela y de mi tía con un beso”, explica su nieta, Ana Pereda.

Gaspar Pereda fue fusilado y arrojado a una fosa de 6,5 metros de largo y 2,5 de ancho en una finca de cultivo de Loma de Montija (Burgos) con otros 22 hombres y una mujer. Un equipo de 25 técnicos de la sociedad de ciencias Aranzadi exhumó los cuerpos, enterrados a 50 centímetros de profundidad, en abril de 2011. La mitad tenía las manos atadas por la espalda con alambre.

Tras analizar los restos genéticamente en el laboratorio de la facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco, ayer se celebró en Gayangos (Burgos) la localidad de donde procedían la mayoría de las víctimas, un homenaje. Sus familiares volvieron a enterrarlos juntos, pero bajo una lápida con sus nombres y apellidos.

Ahora tienen un lugar al que llevarles flores cuando quieran. Francisco Etxeberria, el forense que dirigió los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas, ha abierto más de un centenar de fosas del franquismo desde el año 2000, pero cuenta que en esta los familiares de las víctimas le contaron un episodio que le sobrecogió especialmente. “El hijo de uno de los fusilados me dijo que había ido al sitio con su madre dos años después de que mataran a su padre para dejar unas flores. Al llegar, les apedrearon vecinos del pueblo. Tuvieron que escaparse corriendo. El hombre decía que ese era el recuerdo más triste de su vida”.

Los familiares de las víctimas siempre supieron que sus seres queridos habían ido a parar a esta fosa porque un hombre logró escapar aquella noche de la muerte. “El tiro le dejó herido, pero no le mató. Así que cuando los asesinos se fueron, bajó al pueblo y contó lo que había pasado antes de marcharse para siempre”, relata Ana Pereda. “En el pueblo, los familiares de los muertos pactaron no decir que lo habían visto por temor a que los falangistas mataran a toda su familia en represalia por haber sobrevivido”.

Para entonces, a la familia Pereda ya le habían provocado un sufrimiento inmenso. Gaspar era, la noche que lo mataron, un padre con el corazón roto que sabía que el mayor de sus hijos, Lucas, de 24 años, había sido asesinado por los falangistas y que su cuerpo estaba tirado en cualquier cuneta. “A Lucas lo fueron a buscar un mes antes de que mataran a mi abuelo. Los dos eran labradores, gente de campo. No estaban metidos en política, pero estaban marcados por votar a la izquierda. En el pueblo contaban que había sido el cura el que había hecho la lista de fusilados para los falangistas”, relata Pereda.

Tras el asesinato de Lucas, los hijos de Gaspar se fueron a esconder al monte. En la casa solo se quedaron las mujeres, el más pequeño de los hijos y el propio Gaspar, que no quiso dejarles solos. Hasta que la tercera noche, los falangistas no le dejaron volver a casa después de haberle obligado a cavar su tercera y última fosa.

Pero como en tantos otros pueblos, los asesinos no se conformaron con matar a los hombres. Y después de fusilar a Lucas y a Gaspar, humillaron a las mujeres. A las viudas. “El día de la fiesta del pueblo cogieron a mi abuela y a mi tía, les raparon la cabeza delante de todo el mundo y las obligaron a barrer así la plaza del pueblo. También les dieron aceite de ricino”, cuenta Pereda. “A ellas y a todas las mujeres de rojos”. “Mi padre nos contó lo que había pasado, pero nunca quién lo había hecho. Decía que no tenía sentido aumentar los odios, porque había que convivir con quienes habían hecho todo aquello”.

Agustín Fernández buscaba en esta fosa a su abuela, Severina Pérez. Él fue quien promovió la exhumación e inició el papeleo para solicitar los permisos, la subvención del Gobierno… Pero no ha tenido suerte. Ninguno de los restos hallados se corresponde con su abuela. “Pensábamos que la habían traído aquí. Sabemos que los falangistas la subieron a un camión junto a su hija Lucía, que llevaba en brazos a Esperanza, un bebé de poco tiempo”, relata. Finalmente, al negarse Lucía a dejar a su bebé, la dejaron bajar. Pero Severina, que tenía entonces 62 años y estaba viuda, no pudo librarse. “Mi abuela tenía un negocio de ultramarinos con una taberna en la parte baja de la casa y yo creo que la mataron porque tenían deudas con ella”.

Sus hijos estaban en el frente, luchando con los republicanos, cuando fusilaron a su madre. Al regresar, fueron enviados a distintos penales: Santoña, Cádiz, Valdenoceda… Esperanza, el bebé que salvó a su madre de continuar el trayecto en aquel camión, relató durante la exhumación que uno de sus primeros recuerdos de pequeña era precisamente el de ver a su madre y a sus tías escribir cartas a los hombres: al frente de guerra primero y a la cárcel después.

Agustín asegura que seguirá buscando a su abuela. Ana promete hacer lo posible por rescatar de la cuneta a la que fue arrojado, los restos de su tío. Lo harán solos, sin apoyo económico, porque la de Loma de Montija fue una de las últimas exhumaciones que se realizaron con subvención del Gobierno. Ya no hay dinero para la recuperación de la memoria.

Paracuellos y quién escribe la Historia

28 septiembre, 2012

Me resulta asqueroso que mucha gente le dé el mismo estatus a los políticos y quisiera creer que la gente no es gilipollas. Hace no mucho murió Manuel Fraga y toda la caverna le ensalzó a pesar de ser un fascista (ideología que él mismo no ocultaba). Si lo comparamos con cómo se han portado con Carrillo, la gente debe creer que Fraga era algo así como familia de Jesucristo y Carrillo de Satanás. Pero he aquí una revelación que puede que os aclare un poquito: Fraga era un fascista y defendió la dictadura, es decir, se encontraba en el bando ‘nacional’ de Franco, el que realizó un golpe de Estado a la legítima República. Carrillo era un comunista que defendió la República democrática, luchó contra el fascismo, se exilió y tuvo que ceder durante la Transición a muchas de las peticiones que los comunistas se propusieron. Un fascista y un demócrata demonializado por Paracuellos de manera injusta por los franquistas. Y claro, la juventud que es gilipollas, cree que Fraga era una hermanita de la caridad y Carrillo un demonio gracias a la desinformación. (Que me perdone la juventud que no es gilipollas).

A todo esto, en EL PAÍS, unos historiadores profesionales (y no los dinosaurios de la Academia), han realizado un gran trabajo para esclarecer qué pasó en realidad en Paracuellos y cuál fue el papel de Santiago Carrillo, si es que lo tuvo.

Fuente: diario EL PAÍS

Entre las numerosas necrológicas aparecidas inmediatamente tras el fallecimiento de Santiago Carrillo algunas siguen haciendo hincapié en Paracuellos. Los lectores de este periódico quizá estén interesados en conocer los resultados de nuestras investigaciones que nos permiten arrojar dudas acerca de la pervivencia del canon franquista en varias de entre ellas. Las categorizamos en tres rúbricas: contexto, chispazo para la acción y responsabilidades y supervisión.

1. A comienzos de noviembre de 1936 las columnas franquistas habían llegado a las puertas de Madrid, sembrando de cadáveres su camino. Los bombardeos causaban estragos en la población. Entre los presos en las cárceles había centenares de militares dispuestos a unirse a los rebeldes. Su liberación parecía inminente.

2. El chispazo que condujo a Paracuellos provino de uno de los agentes de la NKVD llegado a Madrid mes y medio antes. La liquidación masiva de enemigos había sido una práctica habitual en la guerra civil rusa. Aplicada al caso de una ciudad al límite, la NKVD no dudó en recomendar la misma “profilaxis”. A finales de octubre de 1936 el embajador soviético ya sugirió recuperar a los presos dispuestos a servir a la República. Como se había hecho con los oficiales zaristas para que se unieran a los bolcheviques.

3. El agregado militar, coronel/general Goriev, informó crípticamente a Moscú de la labor desarrollada por la NKVD durante el asedio de Madrid en un despacho del 5 de abril de 1937 y mencionó un nombre, el de “Alexander Orlov”. Lo envió por la vía reglamentaria a su jefe, el director del servicio de inteligencia militar. Lo descubrió en Moscú antes de 2004 Frank Schauff. Hay un borrador en el archivo histórico del PCE, en la Universidad Complutense. No conocemos a ninguno de quienes mantienen enhiesto el canon franquista que lo haya consultado. Hoy se quedaría con un palmo de narices. Falta la página con la referencia a la NKVD. Una casualidad. Se nos ha dicho que cuando un investigador ruso quiso consultar el despacho en los archivos moscovitas el legajo había sido declarado inaccesible. Otra casualidad.

4. La recomendación de la NKVD la puso en marcha Pedro Fernández Checa, secretario de Organización del PCE. Fueron militantes comunistas y anarco-sindicalistas quienes se encargaron de los aspectos operativos. Los primeros actuaron a través de los órganos de la DGS. Los segundos, que controlaban la periferia madrileña libre de asedio, aseguraron la realización. Fuera o no por igual, todos colaboraron en la liquidación de la presunta quinta columna excitados por las bravatas del general Mola acerca del potencial de sus partidarios en la capital.

5. Las primeras “sacas” se examinaron en una de las periódicas reuniones de la Junta de Defensa de Madrid. Ninguno de sus componentes pudo alegar desconocimiento sobre lo ocurrido. Dado que la presidía el general Miaja, sería difícil exonerarle de responsabilidad. También a los demás componentes. Uno de ellos, el consejero de Orden Público, Santiago Carrillo, recibió instrucciones que no se transcribieron. Como otros jóvenes socialistas, acababa de solicitar el ingreso en el PCE. Las “sacas” se paralizaron por intervención del anarquista Melchor Rodríguez. Volvieron a reanudarse después de que este quedara desautorizado por el ministro de Justicia, el expistolero cenetista García Oliver.

6. La supervisión quedó en manos no de la DGS, relegada como brazo ejecutor, sino del miembro más prominente del Buró Político que permaneció en Madrid: Fernández Checa. Uno de los policías, Ramón Torrecilla Guijarro, declaró posteriormente que solía informar a Organización sobre cómo iba la operación. Esto respondía estrictamente al modus operandi comunista. El secretario de Organización era, en los diferentes partidos comunistas nacionales, el enlace con los servicios de inteligencia soviéticos. Lógico. En la concepción comunista de la lucha contra la reacción, la NKVD era al partido lo que el partido era a las masas: su vanguardia.

7. Fernández Checa era también el responsable de una sección consustancial a toda organización de corte leninista: el aparato secreto o ilegal, compuesto de “cuadros especiales” que se activaban según el contexto en que se desenvolviera el partido. Uno de los consejeros militares en España, Mansurov (Xanti), rememoró haber trabajado con él en la capacitación de tales cuadros. Algunos se formaron in situ; otros, como Santiago Álvarez Santiago (participante en las reuniones del consejo de la DGS en noviembre de 1936 y uno de quienes engranaban con los delegados en las prisiones para seleccionar a los presos que irían camino del matadero), se instruyeron en la sección especial político-militar de la Escuela Leninista de Moscú o en su seminario político. Fue el caso de Isidoro Diégez (responsable del PC madrileño). También los de Lucio Santiago (jefe de las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia, movilizadas para las “sacas”), Andrés Urrésola (policía encargado de efectuarlas en Porlier), Agapito Escanilla (secretario del Radio Oeste del PC) o Torrecilla (miembro del consejo de la DGS y enlace con el Buró Político). El aparato se incrustó en la DGS mucho antes de noviembre. Todos se habían ya curtido en la eliminación de falangistas.

8. El nombre y doble papel de Fernández Checa no han aparecido, que sepamos, en los centenares de páginas vertidas sobre Paracuellos por los autores profranquistas. Pero su responsabilidad tanto en el chispazo inicial como en la supervisión y vigilancia de la operación es innegable. La dualidad de cadenas de mando nunca existió para quienes la ejecutaron: su lealtad no la debían a la Junta de Defensa sino exclusivamente al partido, vanguardia consciente de la lucha antifascista. El operativo fue netamente comunista. Los anarquistas más bien auxiliares.

9. Tanto desde el punto de vista profranquista, como después para autores en busca de notoriedad, siempre fue más “productivo” centrar la atribución de responsabilidades en Santiago Carrillo. Fernández Checa murió en México en 1940. La mayoría de los “cuadros especiales” fueron ejecutados en España en 1941-42. Todos quedaron amortizados como elemento arrojadizo de la publicística antirepublicana. Sorprende un tanto la absolución otorgada a Miaja. Sin duda no cabía extraer mucho capital propagandístico poniéndole en solfa. No ocurre lo mismo con Carrillo, hasta el punto de desfigurar arteramente hace poco tiempo las referencias que a él hizo Felix Schlayer, cónsul honorario de Noruega y súbdito alemán que publicó sus memorias durante el cálido régimen del maestro Goebbels. Curioso es también que el número de citas a Carrillo sea más abundante en las glosas posteriores de la Causa General que en la propia documentación del procedimiento. No tuvo un expediente propio hasta su promoción como ministro en el gobierno Giral en el exilio en 1946. Un mero repaso a la hemeroteca digital de Abc llevará al lector a la conclusión de que su nombre aparece tanto más vinculado a Paracuellos cuanto más se aproximaba la transición. Una batalla del pasado que sigue librándose en tono presentista.

10. El énfasis que continúa poniéndose sobre Paracuellos cumple dos funciones esenciales. En primer lugar, sirve para epitomizar el “terror rojo”. Paracuellos aparece como norma en lugar de lo que realmente fue, una dramática excepción que continúa presentándose como algo de lo que fue responsable el Gobierno de la República. En segundo lugar, sirve de inmejorable tapadera para ocultar la represión franquista, mucho más sangrienta y duradera. Los “mini-Paracuellos” de que están esmaltadas las regiones en que triunfó la sublevación no cuentan. Su recuerdo hay que obliterarlo con humo e incienso.

Es molesto leer, particularmente en este periódico, cómo en las cunetas y fuera de los cementerios, a veces en modernas urbanizaciones, las “fosas del olvido” tienen la desagradable ocurrencia de emerger tan pronto se excava. España es en esto un caso único, y auténticamente vergonzoso, en la Europa occidental. Paracuellos se ha convertido en la contraseña taumatúrgica para oscurecer, de forma pavloviana, un terror mucho más brutal.

Fernando Hernández Sánchez, José Luis Ledesma, Paul Preston y Ángel Viñas son contribuidores en la obra En el combate por la historia (Pasado y presente, 2012).