Rebelión en la granja, de George Orwell

GEORGE ORWELL (Motihari, India, 1903 – Londres, 1950) es el seudónimo del escritor y periodista británico Eric Arthur Blair. Nació en las colonias inglesas de India y regresó a la metrópoli a los dos años. Volvería a Birmania como integrante del ejército inglés y su experiencia allí le sirvió para escribir Burmese Days (1934) donde muestra un odio hacia el imperialismo.

Participó como miliciano en la Guerra Civil española, donde una bala en el frente de Huesca y una purga estalinista contra el POUM casi acaban con su vida, como relató en Homenaje a Cataluña (1938). A raíz de esta experiencia desarrolló un rechazo feroz hacia el estalinismo, que se refleja alegóricamente en Rebelión en la granja (1945) y por extensión hacia cualquier tipo de totalitarismo, plasmado en su obra cumbre 1984 (1949).

No es sólo por culpa del gobierno

Es muy fácil caer en el tópico de que la culpa de la crisis la tiene el Gobierno pero, ¿es el Gobierno el único responsable? Una publicación de IGNACIO URQUIZU el día 10/02/2010 aborda esta cuestión.

Desde que se mostró la crisis económica con toda su crudeza, gran parte de las responsabilidades se han repartido entre la gestión del Gobierno y los mercados internacionales. Seguramente, cuando en el futuro echemos la vista atrás, en el relato de la crisis figurarán algunos de estos argumentos. Pero habrá más protagonistas. Y si quieren salir bien retratados, deben comenzar a asumir sus responsabilidades.

Se transmite la idea de que empresas, autonomías, expertos y oposición no tienen que ver con la crisis. Si por algo se caracterizan los últimos meses es por la enorme confusión que hay en el debate público. No es casual este desconcierto. Los problemas surgen cuando ésta no está distribuida de forma uniforme. Es decir, cuando un grupo de gente sabe más que los demás.

Entonces se genera lo que los economistas llaman «problemas de información asimétrica». Las consecuencias son dos. Por un lado, aquellos que tienen mayores conocimientos pueden utilizar éstos en beneficio propio. De tal forma que se pueden generar abusos. Por otro, las responsabilidades se diluyen, y uno no sabe muy bien quién es responsable de quién. En el mejor de los casos, las culpas se repartirán entre todos los implicados. Aunque siempre existirá la tentación de asignar la responsabilidad de los problemas a otros.

Es cierto que el Gobierno tiene un gran peso en la gestión de la crisis. A él le corresponde presentar análisis precisos de la situación, anunciar de forma clara los objetivos que persigue y relatar los instrumentos y políticas que va a utilizar para ello. No siempre lo ha realizado con éxito. Las distintas voces sobre la política fiscal o la rectificación de sus propios documentos no ayudan a arrojar luz a su gestión. Pero no es el único responsable y son muchos los que contribuyen y alimentan la confusión, en muchas ocasiones, buscando réditos.

Resulta sorprendente leer muchas de las recomendaciones y análisis que vienen haciendo en los últimos meses las empresas y los organismos internacionales que trabajan en el mercado económico mundial. No sólo no fueron capaces de anticipar la crisis, sino que además siguen sosteniendo los mismos principios que nos condujeron a ella. En estos análisis, los economistas están jugando un papel muy relevante y, al mismo tiempo, cuestionable. Así, muestran un excesivo énfasis en proponer medidas que afectan a los trabajadores y a los Gobiernos y, en cambio, hablan muy poco de los empresarios.

Además, en muchas ocasiones, presentan sus propuestas como si fueran soluciones técnicas cuando, en realidad, son juicios de opinión. Otros responsables de la confusión son los agentes sociales.

Por un lado, la persona que representa en estos momentos a la patronal española no es, precisamente, un ejemplo de gestión. Esto resta mucha credibilidad a las propuestas de los empresarios. Por otro, los sindicatos parecen más preocupados por aquellos trabajadores que tienen un contrato estable. No resulta de utilidad practicar el buenismo en el mercado laboral. Y tampoco es suficiente con decir que se quiere acabar con el empleo precario, esperando que la desaparición de determinados tipos de contratos tenga efectos taumatúrgicos.

Decir que «el Gobierno parece una pandilla de aficionados» añade mucha confusión al debate. Los terceros actores en grado de responsabilidad son las comunidades autónomas. En estos momentos representan un porcentaje muy relevante de nuestro gasto público y algunos dirigentes regionales no muestran una visión estratégica. Por ejemplo, el presidente de la Comunidad Valenciana ha decidido gastarse cientos de millones de euros en eventos que duran un fin de semana. Mientras tanto, tiene una de las tasas de fracaso escolar más alta de España y el porcentaje de desempleados es también de los más elevados.

Si hay un lugar donde es necesario cambiar el modelo de crecimiento económico es la Comunidad Valenciana. En cambio, su política económica está muy alejada de este objetivo. ¿Qué credibilidad transmite a los mercados este tipo de decisiones?

Finalmente, si hay alguien que agita la confusión es la oposición. Es cierto que su trabajo es controlar la acción del Gobierno. No obstante, si tuviesen tan claro qué ha pasado, cuáles son los objetivos y qué políticas deben implementarse, ya lo habrían anunciado. Además, algunas de las declaraciones del Partido Popular invitan a pensar que la claridad en el debate revelaría la impopularidad de su proyecto.

Quizás sea la única oportunidad que tenga el PP de acceder al poder. No tienen una estrategia definida y sus propuestas son impopulares. Así que, si difuminan la acción del Gobierno, nadie percibirá sus defectos. Si todos estos actores agitan la confusión es porque para ellos sus propios intereses son más prioritarios que la salida de la crisis. Además, con ello trasladan toda la responsabilidad de la situación actual al Ejecutivo socialista. Pero, parafraseando a John F. Kennedy en su discurso inaugural de 1961: no nos preguntemos qué puede hacer nuestro país por nosotros, sino qué podemos hacer todos juntos. De esta crisis sólo saldremos con la colaboración de todos, y comenzar a asumir cada uno su responsabilidad puede ser un primer paso.

Ignacio Urquizu es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.

Mi opinión (y la de muchos) sobre las veguerías

Jóvenes, ¡qué desesperación!

Hoy corriendo en la pista de atletismo, mi primo y yo nos hemos juntado con una clase de instituto. Daban ganas de llorar, jóvenes sin ganas de nada, con el móvil por el medio, el mp3 y el profesor aguantando todo el chaparrón no vaya a ser que sea él el que salga perjudicado. Recuerdo que en mis tiempos, y no hace mucho, moríamos literalmente por ser el mejor en cualquier prueba y obtener la mejor marca posible. ¿Tanto ha cambiado en tan poco tiempo? A todo esto se suma muchas veces el consentimiento por parte de todos los que rigen la educación de estos jóvenes. Como anillo al dedo me ha venido para ilustrar el tema una viñeta de una de mis páginas favoritas a la que suelo realizar una visita diaria (www.e-faro.info), aquí la dejo:

No debemos olvidar nuestro pasado

Con el debate que se ha abierto a costa del polémico Ayuntamiento catalán de Vic, han sido las diferentes voces que se han alzado contra esta medida. Este artículo del historiador Santos Juliá, demuestra como estas medidas populistas ponen en el ojo del huracán al emigrante en primer lugar, cuando ha sido él el que ha soportado los más duros trabajos que la población nativa despreciaba. Aquí dejo el artículo:

Los vimos llegar con cierta incredulidad pronto transformada en euforia: España, país de emigración, de donde habían salido millones de personas, en años no tan lejanos como para que se hayan borrado de nuestras retinas las viejas maletas de madera atadas con una guita, se convertía a marchas forzadas en país de inmigración, adonde llegaban millones de personas en busca de un pan que llevarse a la boca. ¿Cuántos, exactamente? Pues, si los datos del INE son correctos, nada menos que 5.440.948 desde enero de 1999 hasta diciembre de 2008, un poco menos de los que probablemente residen ahora entre nosotros: 5,6 millones.

El impacto de estos millones de personas sobre la población española es impresionante: España ha sido el país demográficamente más dinámico de la Unión Europea en la última década. Por supuesto, la población ha crecido más que en cualquier otro: de 40 hemos pasado a ser 46 millones en estos 10 años. Pero hay mucho más que el mero crecimiento cuantitativo: sin el aporte de la inmigración, nuestra población sería hoy en su conjunto más vieja, habría en ella muchos menos niños y, sobre todo, muchos menos jóvenes de entre 20 y 35 años, las mujeres habrían tenido más dificultades para ocupar puestos de trabajo al nivel de sus estudios y la seguridad social estaría amenazada de quiebra en un plazo más corto del que anuncian voces autorizadas. Y además, sin inmigrantes, seríamos menos ricos de lo que creímos ser mientras duró la fiesta.

La fiesta consistió en que los empleos desertados por los nativos encontraron en ellos rápido repuesto, tantas veces sin contrato: trabajo en la agricultura, la construcción y los servicios públicos y personales de bajo valor añadido y con salarios envilecidos. Explotación, se llamaba antes la figura, y mientras hay márgenes para explotar fuerza de trabajo barata, todos caben. Las regularizaciones de sin papeles se sucedieron; los sindicatos, convertidos en fortaleza de empleados con contrato indefinido, no pestañearon: se trataba en su mayoría de una mano de obra que se movía en un mercado cuidadosamente segmentado, no competitivo para sus afiliados. Y así, a la par que millones de inmigrantes hacían funcionar la máquina desde los fogones de una sociedad que de rural había pasado a ser de servicios, y dinamizaban la demografía, elevando en unas décimas el índice sintético de fecundidad y echando el freno a la acelerada carrera al envejecimiento, los nativos los acogimos presumiendo de conducirnos con ellos como era debido: España, no hay ni que recordarlo, no es racista.

Pero la burbuja estalló y se llevó por delante millones de puestos de trabajo, en la construcción desaforada, pero también en la industria y en los servicios. El paro conquistó el primer puesto, y a gran distancia, en las preocupaciones de los españoles. Con razón, porque este paro no se debe a un incremento de la población activa sino a una caída en picado de la ocupada, es decir, a una masiva destrucción de puestos de trabajo de difícil, tal vez imposible, reposición. Otros fantasmas de un pasado más reciente han vuelto a rondar nuestros recuerdos: 10 años, 10, costó recuperar el número de empleos de 1976. En la actualidad no hay ningún motivo para pensar que la economía española pueda recuperar en un plazo más corto el nivel de empleo de 2007. En aquella década hubo que sustituir los sobrantes de empleo agrario por empleo nuevo en servicios; ahora, los puestos en servicios que puedan crearse o son de alto valor añadido o no serán. Y lo primero no se crea del día a la noche, así se promulguen leyes y decretos.

Y entonces todas las miradas se dirigen a los inmigrantes. La consigna de las próximas elecciones ya se ha echado a rodar: no cabemos todos. No es casualidad que haya sido acuñada en Vic. Allí, en Vic, los inmigrantes son ya el 20% de la población: son, pues, enormemente visibles. Y allí es fuerte un nacionalismo radical, que actúa a modo de espoleta de una singular competencia política en la que todos pugnan por ser, o parecer, más nacionalistas que el vecino por si acaso esa demagogia nacional-populista sirve para no perder votos. Y en medio de estas pugnas, con el tripartito en ascuas y las elecciones a un año vista, los inmigrantes llevan todas las perder: son siempre los chivos expiatorios. Primera reacción, pues, negar su existencia: no empadronarlos si no tienen papeles o no disponen de un puñado de metros. Así es como si no existieran. Luego, una vez que no existan, habrá tiempo de demostrarles que si antes cabíamos, ahora ya no cabemos todos.