Archive for the ‘franquismo’ Category

El resurgimiento del fascismo en España

19 mayo, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Vicenç Navarro, 3 de diciembre de 2013. 

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas.

Universidad Pompeu Fabra

Uno de los mitos que ha promovido la estructura de poder centrado en el estado español es que la dictadura que existió en España desde 1939 a 1978 fue un régimen autoritario pero no totalitario, distinción desarrollada por el politólogo Juan Linz, que ha tenido una gran influencia en la cultura politológica del mundo académico español, desde el que se ha extendido a los establishments políticos y mediáticos del país. Este autor dividió los regímenes dictatoriales en regímenes totalitarios, que promovían una ideología totalizante que intentaba cambiar la sociedad y a los individuos que vivían en ella, tal como -según Linz- lo hacían los regímenes comunistas, y en regímenes autoritarios, que eran regímenes que utilizaban el poder del estado para defender una estructura de poder mediante medios autoritarios, no democráticos, pero sin intentar cambiar la sociedad, careciendo de una ideología que la cohesionara y que intentara cambiarla. Según Linz, un ejemplo de ello fue el régimen liderado por el General Franco. Ni que decir tiene que los defensores y apologistas del régimen dictatorial español promovieron esta versión de lo que fue aquella dictadura, negando su carácter totalitario, portador y promotor de ideologías totalizantes.

Encuentro esta versión de lo que fue la dictadura profundamente apologética y propagandística, carente de credibilidad científica. Es importante señalar que España es uno de los pocos países en el que se conoce a aquella dictadura con el nombre de dictadura franquista. En la mayoría de países democráticos a esa dictadura, sin embargo, se la conocía y definía como fascista. Cuando, por ejemplo, el Sr. Samaranch fue a Atlanta, EEUU, para preparar los Juegos Olímpicos en aquella ciudad, el The New York Times se refirió a él como “el delegado de deportes del régimen fascista liderado por el General Franco”.

El término franquista, utilizado en España, conlleva la asunción de que aquella dictadura fue un régimen caudillista, es decir un régimen liderado por un caudillo cuyo objetivo era mantener el orden social del país, lo cual hacía utilizando medios autoritarios. En este esquema, desaparecido el dictador, desaparece la dictadura. Ahora bien, el régimen era mucho más que caudillista. La ideología que sostenía aquella dictadura era una ideología totalizante, que se reproducía predominantemente a través del estado y que sobrevivió al dictador y a la dictadura. Esta ideología fue el nacional-catolicismo, promovido por los aparatos ideológicos del estado, que afectaba a la totalidad de la sociedad y a los individuos que vivían en ella, invadiendo incluso las esferas más íntimas de la personalidad de los españoles, que incluían desde el comportamiento sexual, al idioma y cultura mediante los que el individuo debía expresarse. El régimen imponía toda una serie de normas de comportamiento y de pensamiento. En realidad, fue uno de los regímenes con una ideología más totalizante que hayan existido en Europa.

El nacionalismo españolista era un nacionalismo extremo, de carácter racista (el día nacional se llamaba el día de la raza), sumamente excluyente, que estaba basado en una visión imperial del Reino de España y con una concepción radial del estado, centrado en Madrid, la capital del Reino. España era la única nación del país y la más antigua de Europa y tenía una misión civilizadora. Otras concepciones de España eran reprimidas y eliminadas, definiéndoselas como anti España. Este nacionalismo españolista estaba intrínsecamente ligado al catolicismo clerical jerárquico español, que era parte del Estado español. No es que la Iglesia apoyara la dictadura; la Iglesia fue un componente claro de la dictadura, hecho que la jerarquía católica todavía hoy niega a pesar de la enorme evidencia de lo contrario. Los sacerdotes estaban pagados por el Estado y el dictador nombraba a sus obispos. La hipocresía de la Iglesia, negando esta realidad, alcanzaba niveles hiperbólicos.

Los aparatos apologéticos del Estado –incluso ahora, los existentes en la llamada época democrática- negaron las características de aquel estado, siendo la máxima expresión de este aparato el Diccionario Biográfico Español  promovido por nada menos que la Real Academia de la Historia, que une a su ausencia de rigor científico una desvergüenza antidemocrática. Un gran número de sus capítulos solo pueden definirse como meros panfletos ultraderechistas que en muchos países democráticos estarían prohibidos o serían ampliamente rechazados.

Aunque estos volúmenes alcanzan niveles extremos de reproducción de esa visión nacional-católica españolista, el hecho es que esa ideología impregna a grandes sectores de la sociedad española. Cuarenta años de dictadura, seguidos de treinta y cinco años de una democracia enormemente limitada y supervisada por la Monarquía y por el Ejército, han imposibilitado el cambio profundo de esta ideología, que la derecha española (que, en el abanico de opciones políticas europeo, encaja en la ultraderecha) y personalidades de la socialdemocracia española como José Bono y compañía (entre otros) sostienen.

Declaraciones recientes de dirigentes españolistas reproducen esta ideología. Ejemplos: El Sr. Aznar sostiene que “España es la nación más antigua de Europa”, el cardenal Rouco que “cuestionar la unidad de España es inmoral”, el Sr. Bono que “la grandeza de España se basa en su unidad” y un largo etcétera. En estas declaraciones, la unidad implica una visión excluyente de España que no admite otro tipo de Estado plurinacional que no sea el actual mononacional.

Esta visión está alcanzando un nivel asfixiante con las medidas represivas que el actual gobierno del PP está imponiendo como la de multar con 30.000 euros a lo que un policía –la mayoría de mentalidad de derechas- defina como un insulto a España, medida altamente represiva que recuerda a la dictadura. Es el reavivamiento del fascismo que nunca nos dejó.

Una última observación. Este sistema totalizante se reproduce también a través de los medios. Existe hoy una dictadura mediática –sí, una dictadura mediática- que no permite la diversidad ideológica que debería estar presente en una democracia. Un ejemplo de ello es que este artículo no sería aceptado para su publicación en ninguno de los cinco rotativos más importantes de España. De ahí que tenga que pedirle al lector que, independientemente de su acuerdo o desacuerdo con su contenido, lo distribuya ampliamente, por mera coherencia con su sensibilidad democrática.

La desmemoria histórica del Partido Popular: ni un euro para las víctimas del franquismo

14 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

El PP le dedica a la Ley de Memoria Histórica la ingente cantidad de 0 euros, un dinero que debía utilizarse para financiar exhumaciones en las 2.000 fosas que se calcula que existen en España

María Eugenia R. Palop

06/04/2017 – 21:05h

El director del CIEMEDH considera que un centro académico podrá conseguir la financiación para abrir fosas que se le niega a las asociaciones memorialistas por sus implicaciones políticas. Foto: Óscar Rodríguez (ARMH).
Imagen de archivo de represaliados por el franquismo. Foto: Óscar Rodríguez (ARMH).

Decía Adorno que “dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad”, pero hay verdades que al Partido Popular, simplemente, no le suscitan ni el más mínimo interés. En los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno ha vuelto a invisibilizar a las víctimas silenciadas de la guerra civil y el franquismo, a imponer la acostumbrada amnesia social, y a evitar que se desmonte la mentira institucionalizada en la que llevamos décadas instalados, gracias, entre otras cosas, a políticas como las suyas.

El PP le dedica a la Ley de Memoria Histórica la ingente cantidad de 0 euros, un dinero que debía utilizarse para financiar exhumaciones en las 2.000 fosas que se calcula que existen en España. Ya en 2012, Rajoy eliminó la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, y redujo la dotación presupuestaria para Memoria Histórica de 6,2 millones, a dos millones y medio. Y en el año 2013, el Gobierno eliminó esta dotación sin más, dejando en las cunetas, por enésima vez, a las víctimas del franquismo, que siguen costeando las exhumaciones con sus propios medios, porque, mal que le pese a Rafael Hernando, se acuerdan de sus padres y familiares haya o no haya subvención.

Ahí siguen, impenitentes, andando “con los muertos para arriba y para abajo” para contrarrestar el ostracismo y las vejaciones del Gobierno del Partido Popular y de personas que, como él, no creen ofender ni humillar a nadie, porque no son nadie las 100.000 o 150.000 que aún esperan verdad, memoria, justicia y reparación. “¿Por qué voy a pedir perdón?”, se preguntaba perplejo Hernando, en un ejercicio retórico de cinismo.

No hay duda de que hay quienes han descontado ya el costo humano y social de sus privilegios, en la idea tan atroz, como poco contrastada, de que no existe “progreso” sin olvido. Y aunque también hay quienes prefieren avanzar retrocediendo, como diría Paul Valéry; avanzar sin aplastar “flores inocentes en el camino”, sin generar víctimas y sin olvidarlas, hoy, lamentablemente, está claro que los que gobiernan son los primeros. Por eso el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica ha sido esquelético, y por eso ha acabado instaurando una discriminación en el trato, los derechos y las prestaciones que reciben unas víctimas frente a las otras, sin que exista ninguna razón que lo justifique, más allá de la desmemoria selectiva que en este país se ha practicado sin descanso.

Poco importan aquí los acuerdos internacionales sobre estas materias ratificados por España, entre los que cabe destacar la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Poco importa la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, en particular, la jurisprudencia destinada a la protección del derecho a la vida y a la integridad de las personas. Tampoco importa mucho, según parece, la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, que, desarrollada por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, favorece un catálogo de prestaciones y derechos a toda víctima, sin perjuicio de que quepan regulaciones particulares en atención a unos u otros colectivos. Poco importa, por supuesto, el informe del relator de Naciones Unidas en el que se señalaba que es la ignominia y el olvido lo que se ha incorporado a la normalidad democrática de España.

En fin, esta negativa a investigar la suerte de miles de personas desaparecidas a raíz de la estrategia implementada por el Estado franquista, contraviene, entre otras cosas, el derecho internacional que es jurídicamente vinculante y de obligado cumplimiento en nuestro país. Porque no solo es que el Gobierno se niega a cumplir su obligación de actuar de oficio, sino que tampoco pone todos los medios necesarios para que otros agentes puedan llevar a cabo las investigaciones que las autoridades se niegan a hacer, y ello, sin que haya ninguna norma o principio jurídico que impida a un Estado investigar su pasado.

El PP contradice aquí, incluso, a la normativa que se ha desarrollado en el plano autonómico, y que se ha promulgado, o está por promulgarse, en el País Vasco, Andalucía, Navarra, Aragón, Valencia y Baleares, territorios que han conocido directamente los horrores de la guerra civil, la represión de la dictadura y la violencia política posterior, y en los que están domiciliadas un importante número de sus víctimas. Y lo más sorprendente es que algunas de estas normas han salido adelante con la abstención del mismísimo y esquizofrénico Partido Popular.

Reivindicar el derecho y el deber de memoria no es solo poner en el centro un hecho del pasado, sino resignificarlo y asumir las responsabilidades que se derivan del mismo, articular un consenso sobre lo intolerable, y delimitar claramente lo que, de ningún modo, puede volver a suceder. Y en la medida en que esto no se hace, no puede garantizarse nada. La responsabilidad tiene una dimensión temporal que no se agota en el presente; mira hacia al pasado, como ha de mirar hacia el futuro, y trata a todas las víctimas de la misma manera, aunque distinga las diferentes violencias de las que cada una ha sido objeto.

Quienes defendemos una política de la memoria para todas las víctimas, sin exclusión, estamos convencidos de que el examen detenido del pasado es un arma que permite combatir el “revisionismo” y el “negacionismo” con los que se justifican y se niegan todos los días las atrocidades que hemos vivido, y de las que muchas personas tienen todavía recuerdos terriblemente vivos. Y sabemos, además, que lo que las sociedades eligen recordar y olvidar, y el modo en que lo hacen, condiciona totalmente sus opciones de futuro, de manera que sin memoria no puede haber una auténtica cultura democrática, ni puede hablarse, en puridad, de un sistema político legítimo.

Dice la Comisión de Derechos Humanos de UN en sus Principios para la protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, que “el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe al Estado”. Pues bien, es este el deber que el Gobierno no cumple y este es el rico patrimonio que nos usurpa descaradamente cada vez que privatiza el uso de nuestra memoria y nos impide recordar.

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“Esto van Carrero, el rey, la Virgen y un etarra por el Valle de los Caídos…”

12 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

La derecha ultramontana ha recogido el guante de la “guerra cultural”, y se ha lanzado al contraataque. No van a dejar pasar ni una.

Isaac Rosa

06/04/2017 – 21:27h

El PSOE considera "urgente" sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos
EFE

El chiste bomba. El chiste definitivo, el combo que te garantiza cárcel, multa y linchamiento mediático. Un chiste donde mezcles monarquía, Iglesia católica y ETA, con un par de toques de franquismo disfrazados de humillación a las víctimas (Carrero) y ofensa a los creyentes (el Valle de los Caídos). Lo salteas con gracia y consigues un chiste que reúne en una sola frase lo más top del Código Penal: el artículo 510 (odio), el 525 (ofensa a sentimientos religiosos), el 578 (enaltecimiento del terrorismo) y el 491 (injurias a la corona). “Esto van Carrero, el rey, la Virgen y un etarra por el Valle de los Caídos, cuando de pronto…”. A ver quién se atreve a terminar el chiste.

Se acumulan las denuncias o condenas por bromear con esos mismos ingredientes: Cassandra y Carrero, El Intermedio con el Valle de los Caídos, el cartel del carnaval gallego, el “santísimo coño insumiso“, el rapero y sus rimas sobre el rey, y hasta la bandera republicana denunciada en Cádiz… Si ampliamos a los últimos años, la hemeroteca está llena de actuaciones judiciales y/o linchamientos mediáticos por bromear con los cuatro pilares de la derecha hispánica: monarquía, iglesia, franquismo y ETA.

Casi siempre bromas, porque hemos asumido que el humor es la única coartada para decir ciertas cosas. “Sólo era una broma”, repetimos. ¿Y si hubiera sido en serio? ¿Sólo en broma puedo decir que el Valle de los Caídos, cruz incluida, me parece “una mierda”?

Hay quien piensa que no deberíamos gastar tinta y saliva, que son casos aislados, anecdóticos; que detrás solo hay cuatro zumbados ultras; y siempre quedan en nada. Pero no es cierto. A menudo la denuncia viene de la Guardia Civil ( apatrullando  las redes), la Fiscalía o el propio Gobierno. Y las consecuencias: multas, cárcel, linchamiento, y cada vez más miedo y autocensura.

De anecdótico, nada: lo que vemos es un contraataque en toda regla, la ofensiva de la derecha más ultramontana, que se lanza a por raperos, humoristas, títeres o protestas festivas, para que quede claro que no van a pasar ni una. Que están en pie de guerra y no les importa ni el “efecto Streisand” (rebautizado como “efecto Carrero”). Que no cederán un milímetro de terreno. Que pretenden ampliar sus dominios.

¿Queríais “guerras culturales”? Pues ahí las tenéis: la derecha cavernícola lanzada en tromba. En los tribunales, con jueces afines y leyes a medida. En los medios, ganando espacio (con un conquistador-evangelizador en la tele pública). Y una y otra vez marcando agenda, consiguiendo que aceptemos su marco de discusión y caigamos en sus trampas.

Estaba la izquierda tan ufana cambiando el traje de los reyes magos, rebautizando calles y pidiendo sacar la misa de TVE, y ¿qué esperaba? ¿Que la derecha se iba a quedar mirando? No. Se han lanzado al ataque. Al contraataque. Saben bien (lo saben mejor que la izquierda) que la batalla de los símbolos puede ser la primera escaramuza para posteriores batallas más materiales. Que uno empieza quitando la misa de la tele, y acaba derogando el concordato; y el que llama mierda al hiperprotegido Valle de los Caídos puede luego sacar la piqueta.

Por eso la primera trinchera está ahí, en lo cultural, en lo simbólico. Y para que Iglesia, monarquía, herencia franquista y nacionalismo españolista estén a salvo, no se puede consentir ni una broma.

Mariano Rajoy vuelve a ignorar la ley de memoria histórica en su legislatura de “consenso”

11 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Los presupuestos de 2017 consolidan el ninguneo del Gobierno del PP a la exhumación de represaliados y la atención a víctimas del franquismo: la partida presupuestaria es cero.

Su socio principal, Ciudadanos, era partidario de las exhumaciones y el cambio de calles “sin campañas exageradas”.

Al llegar a Moncloa Rajoy quitó la Oficina de Víctimas, luego bajó a la mitad el presupuesto para exhumaciones, y un año después lo eliminó.

Raquel Ejerique

04/04/2017 – 21:17h

Trabajos en una fosa común
Trabajos en una fosa común

Rajoy ha dejado clara su postura ante la ley de memoria histórica desde que llegó a la Moncloa: desactivarla reduciendo primero su presupuesto y luego eliminándolo. En las cuentas de este 2017 incide en la misma línea, de modo que su anunciada legislatura de “consenso” ante la necesidad de acuerdos parlamentarios se estrena con cambios de posición en temas como educación o violencia de género, pero no van a alcanzar a las víctimas del franquismo, tal y como se puede comprobar en la decisión de negar la dotación presupuestaria en el primer año de su nueva legislatura. Es el cuarto año consecutivo que lo hace.

Su socio principal en las cuentas para este año, Ciudadanos, tampoco tenía como prioridad a los represaliados, aunque en su programa sí hablaba de facilitar exhumaciones (sin especificar si las debía financiar el Estado) y modificar los callejeros aunque advirtiendo de que “sin campañas exageradas”. Todo ello, sin dañar la “reconciliación entre españoles”, tomando parte por la hipótesis del PP de que la reparación de las víctimas puede ser peligrosa. Según el resultado final en los presupuestos 2017, la Memoria Histórica seguirá aparcada y no se ha tratado en las negociaciones entre ambos partidos.

Tras llegar a Moncloa en 2011, Rajoy tomó varias medidas que dejaban sin efecto la ley de Zapatero de 2007 y cualquier iniciativa de reparación. Primero, en marzo de 2012, suprimió la Oficina  de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, un organismo creado por el gobierno socialista que se encargaba de atender a los familiares y facilitaba información y procedimientos para las exhumaciones: se calcula que en España quedan 2.000 fosas sin abrir donde yacen sin nombre ni sepultura unos 100.000 españoles.

El Gobierno del PP la integró en una subsecretaría de Justicia que se encarga de indultos, condecoraciones y títulos nobiliarios. Su cuarto cometido es poner “medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. De momento no las hay.

Evolución del presupuesto a Memoria Histórica

pres.mem.histó

Su segunda medida fue recortar a menos de la mitad el presupuesto para la ley de Memoria Histórica, de 6,2 millones (en 2011) a 2,5 millones (en 2012). Con ese dinero se subvencionaban básicamente exhumaciones, a través de una Comisión Interministerial que dependía del Ministerio de Presidencia y que Rajoy borró de los presupuestos.

El año siguiente, en 2013, Rajoy inició la senda del cero. Cero euros para las víctimas, una decisión que le han afeado organismos internacionales como la ONU, que criticó en un duro informe que fueran los familiares quienes costean la recuperación de los cuerpos o los forenses y voluntarios en sus ratos libres sin remuneración. Pese a la reprimenda y a que España está en la senda opuesta de países como Chile, Italia, Alemania o Argentina, el Gobierno ha mantenido su postura hasta hoy.

Es más, el presidente se ha jactado en público de haber desactivado la ley quitándole el presupuesto [vídeo abajo]. Preguntado en un acto por qué no la había derogado, aclaraba que había hecho otra cosa que significaba en términos pragmáticos lo mismo: “Bueno, la dotación presupuestaria ha sido cero. La media es cero y fue cero todos los años”. Es decir, hay una ley pero no se puede cumplir porque el Gobierno la ha vaciado presupuestariamente.

En cuestión de dinero lo ha dejado claro, pero también con otras actuaciones que no requieren un desembolso. Por ejemplo, dilatar más de un año el cumplimiento de la sentencia que obliga al Gobierno a exhumar dos cuerpos del Valle de los Caídos o boicotear la querella argentina que investiga los crímenes del franquismo.

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Los republicanos eran “los buenos” y los franquistas “los malos”

4 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Somos la nación del Valle de los Caídos, de las calles y estatuas dedicadas a asesinos, de “periodistas” y políticos que defienden públicamente a un maldito dictador

Carlos Hernández | 11/01/2017 – 20:48h

Franco y Hitler, en Hendaya, el 23 de octubre de 1940. / picture-alliance/Judaica-Samml/Newscom/Efe
Franco y Hitler, en Hendaya, el 23 de octubre de 1940. / picture-alliance/Judaica-Samml/Newscom/Efe

La noche de Reyes murió un hombre bueno. José Alcubierre pasó cuatro años y medio en el campo de concentración nazi de Mauthausen, donde vio cómo su padre, Miguel, era asesinado. Nunca fue reconocido como un héroe por el país que le vio nacer. Ni él ni los miles de compatriotas que, por defender la libertad, acabaron en el peor de los infiernos creado por el ser humano. José murió como todos ellos: olvidado e ignorado por su Gobierno, por sus políticos, por su país. José era español.

Mientras el niño prisionero de Mauthausen fallecía en el exilio francés, en esta España de Indas y Marhuendas conocíamos el contenido de dos discursos reveladores. Una alcaldesa y un diputado autonómico del partido que gobierna España, gracias por cierto a los votos del PSOE, elogiaron la figura de Franco durante una cena organizada por la fundación que lleva el nombre del dictador. Mientras ella pedía un aplauso para “el mejor jefe de Estado español del siglo XX”, él se enorgullecía de que su hijo de 14 años rebatiera “a su profesora comunista” diciéndole “que con Franco en España había orden”.

Estos hechos, el olvido del héroe y el aceptado ensalzamiento del asesino, demuestran lo que realmente pasa en nuestra querida España. Si hoy seguimos así, sin resolver el problema de Historia y de Memoria que tiene este país, es, entre otras cosas, porque los demócratas no hemos hablado con la suficiente claridad. No lo hicimos durante la Transición porque el aparato franquista tuteló ese proceso y lo condicionó con la permanente amenaza de acabar con él mediante su método favorito: el golpe de Estado. Y no lo hemos hecho durante los 40 años de democracia porque vivimos tan acomplejados que acabamos comprando el discurso de los herederos del dictador.

Solo así se entiende que una mayoría de los españoles mantenga una absoluta equidistancia entre víctimas y verdugos, es decir, entre quienes defendieron la democracia republicana y aquellos que acabaron con ella gracias al apoyo de Adolf Hitler. De aquí es de donde surgen todas las anomalías y los anacronismos que avergonzarían a cualquier país civilizado. Somos la nación del Valle de los Caídos, de las calles y estatuas dedicadas a asesinos, de “periodistas” y políticos que defienden públicamente a un maldito dictador.

Nunca es tarde para empezar y el paso más importante es reivindicar intelectualmente lo que debería ser obvio y que, sin embargo, en nuestro país suena casi revolucionario. Lo diré sin matices, con un lenguaje infantil que resulta muy necesario en este caso: los republicanos fueron “los buenos” y los franquistas “los malos”. Hasta que no asumamos como sociedad esta evidencia histórica, no dejaremos de ser un país democráticamente anormal.

Solo los neonazis y ultraderechistas cuestionan en Europa quienes fueron “los buenos” y quienes “los malos” en la II Guerra Mundial. El hecho de que los Aliados cometieran numerosas atrocidades, entre ellas los criminales bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagashaki, no hace que nadie cuestione la culpabilidad astronómica de Hitler y los suyos.

¿Se atrevería nuestro Rey a defender la misma impresentable equidistancia entre nazis y aliados que la que mantuvo entre demócratas y franquistas durante su mensaje de Nochebuena? ¿Osaría Felipe VI acusar a los descendientes de los judíos gaseados en Birkenau de querer reabrir heridas por intentar honrar la memoria de sus víctimas? ¿Haría Campofrío un anuncio navideño equiparando a un SS con una guerrillera de la Resistencia o con un seguidor del Bayern de Munich? ¿Emitiría Telecinco una serie humanizando a Heinrich Himmler? ¿Seríamos capaces de tener enterrado en un enorme mausoleo, cuidado por monjes benedictinos, a Adolf Hitler? ¿Toleraría nuestra Justicia una fundación que llevara el nombre del Führer?

Dicho todo esto vamos con los matices. Claro que es necesario analizar el periodo republicano, como todos, desde un rigor histórico objetivo alejado de cualquier idealismo. Claro que hubo “buenos” y “malos” en ambos bandos… Cerca de 50.000 personas fueron asesinadas extrajudicialmente durante la guerra en la España republicana. Es una cifra escandalosa e injustificable… como lo fueron los bombardeos aliados de Dresde o de Hamburgo. Y, sí, claro que hay que divulgar lo ocurrido en Paracuellos y en otros lugares donde se cometieron cobardes matanzas por parte de extremistas comunistas y anarquistas.

El problema para los nostálgicos del franquismo y para los cómplices del mismo, como parece ser nuestro Rey, es que los hechos históricos documentados nos alejan de la equidistancia. Dictadura frente a democracia; 150.000 asesinados por los sublevados frente a 50.000 por los republicanos; el terror, la muerte y la violación de mujeres como estrategia de guerra ordenada por los líderes golpistas frente a la actitud de los mandatarios de la República que intentaron controlar e incluso castigar los crímenes cometidos por sus exaltados; democracia, imperfecta pero democracia, con libertad, derechos sociales e igualdad frente a 40 años de oscuridad, crímenes de Estado, totalitarismo, machismo y miedo…

José Alcubierre fue un hombre bueno y Francisco Franco un asesino. Uno murió la pasada semana, olvidado en el exilio francés; el otro continúa enterrado en un gran mausoleo cerca de Madrid, tiene una estatua en Melilla y su apellido sigue presente en las calles y plazas de cientos de municipios españoles. ¿Somos o no somos una sociedad democráticamente enferma?

Carrero Blanco y el franquismo sociológico

1 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

En casos como los de Cassandra o Strawberry es donde más claramente se refleja lo que es el problema más grave: pretenden que asumamos una línea de continuidad entre dictadura y democracia y, sobre esa base, que aceptemos a Carrero Blanco como víctima del terrorismo.

Gonzalo Boye Tuset02/04/2017 – 18:48h

Las cada vez más abundantes condenas por delitos de enaltecimiento y/o menosprecio a las víctimas del terrorismo, junto con ser auténticas aberraciones jurídicas, lo que realmente reflejan es una serie de problemas de mucho mayor calado que, sin duda, no se solucionarán por la vía del desahogo en redes sociales ni a través de diversos y bienintencionados artículos de opinión (el mío incluido); lo que se necesita es, primero, identificar los problemas y, después, buscar soluciones claras y consistentes que impidan que esta forma de actuar se transforme en la antesala de un sistema represivo irreversible.

Partiré por los problemas, tratando de resumirlos en aquellos que parecen más evidentes.

En primer lugar, tenemos una legislación creada en un momento histórico diferente y que muchos justificaron por razones de seguridad, tal cual en USA se justificaron los recortes de libertades y las bestialidades cometidas en lo que Bush denominó “la guerra contra el terror”. Este tipo de legislaciones, que muchos aplauden cuando a ellos no se las aplican, son las tierras de las que provienen los lodos actuales.

En segundo lugar tenemos una jurisdicción, la de la Audiencia Nacional, que no se justifica ni ahora ni nunca, pero que por iguales razones se ha tendido a respaldar atribuyéndole una suerte de especialización que, realmente, no es tal como está quedando en evidencia en la actualidad. La verdad es que se trata de un Tribunal especial y no especializado porque la especialización implica un trabajo previo y constante de formación en aquellas áreas sobre las que tiene competencia, requisito no cumplido por muchos de los que allí ejercen la función jurisdiccional.

En tercer lugar, en casos como los de Cassandra o Strawberry –por poner solo algunos ejemplos– es donde más claramente se refleja lo que, a mi juicio, es el problema más grave: pretenden que asumamos una línea de continuidad entre dictadura y democracia y, sobre esa base, que aceptemos a Carrero Blanco como víctima del terrorismo. Tal planteamiento no solo es una reescritura de la historia sino la negación de la necesaria ruptura que ha de existir entre dictadura y democracia, matar a un tirano no puede ser considerado un acto terrorista, lo cometa quien lo cometa.

Las soluciones, como siempre, parecen más difíciles que la concreción de los problemas, en todo caso para cada mal siempre hay un remedio.

Ante el enjambre legislativo creado ad hoc para luchar contra ETA, lo que corresponde es un trabajo de derogación de muchas de esas normas, de la adaptación de otras a un sistema y cultura democrática y, sobre todo, a la asunción de un marco jurídico-penal de largo recorrido que sepa colocar al Derecho Penal donde le corresponde como última ratio del poder punitivo del Estado. Es inaceptable que en nuestro Código Penal existan, al menos, 7 tipos penales que repriman aquello que no es más, pero tampoco menos, que libertad de expresión.

Desmontar este andamiaje legal no es técnicamente sencillo, pero es muy difícil llevar a la práctica porque se requiere de un consenso político que permita la aprobación de una Ley Orgánica mediante la cual se pueda reformar, por vía de derogación y/o reubicación sistemática, aquellas normas que a un conjunto amplio de la ciudadanía nos resultan odiosas y que, en términos generales, no son más que normas carentes de espíritu democrático que se están usando para reprimirnos.

En cuanto a la Audiencia Nacional, no me cabe duda de que es un órgano sin sentido constitucional y que debería dejar de existir, no hay razones técnicas que obliguen a mantenerlo en el organigrama jurisdiccional y basta una mirada a nuestro entorno para comprender que un Tribunal de estas características no es necesario ni para luchar contra el terrorismo, ni contra la corrupción ni contra el crimen organizado.

Lo que realmente se necesita para luchar contra aquellas formas más graves y complejas de la criminalidad es justamente lo que ya tenemos: fiscales especializados y jueces independientes allí donde los delitos son cometidos. No resulta lógico ni natural, desde una perspectiva constitucional, la existencia de un órgano supuestamente especializado que ha servido y sirve como correa de transmisión de una visión pre-democrática del Estado.

La Audiencia Nacional lleva años, desde el fin de la actividad terrorista de ETA, intentando atraer competencias llegando hasta extremos tan absurdos como investigar a bandas de ladrones de casas, con el único propósito de justificar su propia existencia; sin embargo, y a través de las aberraciones jurídicas que estamos viendo en materia de libertad de expresión, queda en evidencia que la pervivencia de este órgano jurisdiccional es dañina para nuestra democracia y, en muchos caso, un autentico impedimento para romper definitivamente con la dictadura y adentrarnos en el proceso de construcción de una auténtica democracia.

En cuanto al tercero de los problemas, la línea de continuidad entre dictadura y democracia, el problema es mucho más complejo porque refleja la perpetuación del franquismo sociológico al que están adscritos muchos de aquellos que han dictado las normas que se usan para reprimirnos y han creado y mantienen un órgano jurisdiccional como la Audiencia Nacional y, especialmente, muchos de los que están dictando las resoluciones que tan aberrantes nos parecen y con las cuales se construye y refuerza ese relato continuista.

Considerar a Carrero Blanco como una víctima del terrorismo no es más que un síntoma de ese franquismo sociológico del que hablo porque a muchos nos resulta evidente que “por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”, como decía Cervantes por boca de Don Quijote y que “cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes” como se establecía en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 porque si los derechos humanos no son protegidos por un régimen de Derecho los ciudadanos se ven compelidos al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, tal cual reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Carrero Blanco fue parte importante de una atroz dictadura y un auténtico represor que no merece la protección que el Derecho Penal le da a las víctimas del terrorismo. Que su asesinato lo haya cometido ETA no le convierte, automáticamente, en víctima del terrorismo porque el contexto siempre ha sido y es relevante. La actividad de ETA, y de cualquier grupo armado, durante una dictadura no puede ni debe ser evaluada con los mismos parámetros que la que se cometa en democracia, la diferencia no se le escapaba a San Agustín pero sí, interesadamente, a los de misa diaria o semanal. No ignorar quién fue Carrero Blanco y cuál fue su “obra” es imprescindible a la hora de enjuiciar dichos, que no hechos, como son las expresiones contenidas en diversos tuits.

En cualquier caso, mientras no superemos esa concepción continuista de nuestra historia reciente, relegando el franquismo sociológico a la marginalidad, dará lo mismo las reformas legales que emprendamos tanto para reformar el Código Penal como para suprimir la Audiencia Nacional. El problema no son, únicamente, las normas, sino el uso y la interpretación que de ellas se hace por parte de aquellos que, sociológicamente, siguen siendo franquistas.

El día que Extremadura se levantó

24 abril, 2017

Fuente: http://www.ctxt.es

El 25 de marzo de 1936, más de 60.000 campesinos ocuparon 3.000 fincas de grandes terratenientes. La acción pacífica fue legalizada por la República.

La venganza llegó rápido: la matanza de la plaza de toros de BadajozMª ÁNGELES FERNÁNDEZ / J. MARCOS


<p>Foto de David Seymour (Chim) tomada en la primavera de 1936, en Extremadura.</p>

Foto de David Seymour (Chim) tomada en la primavera de 1936, en Extremadura.

ARMHEX

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES) | 24 DE MARZO DE 2017

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Eran las cinco de la mañana, el alba aún quedaba lejos, cuando miles de campesinos, azada en mano, se concentraron de manera sigilosa en centenares de pueblos de Extremadura. Corría el mes de marzo de 1936 y la reforma agraria durante siglos negada se materializó en una exitosa ocupación de tierras. Entre 60.000 y 80.000 personas, según las fuentes de la época, decidieron que ya era hora de voltear la realidad de Extremadura y poner la tierra en manos de quien la trabajaba, rompiendo así una gestión del territorio mediante latifundios dedicados al pasto que arrancó en el siglo XIII, con la mal llamada Reconquista.

Aquel 25 de marzo de 1936 es la “fecha identitaria del pueblo extremeño”, para el escritor Víctor Chamorro. Aquel 25 de marzo de 1936 marcó un antes y un después no sólo en la historia de la región, sino también de España, aunque poco o nada se sabe de lo acontecido.

“Cuando los eruditos de la historia anden buscando el hecho que señaló el gran hito de la historia de España, algún dedo caerá, ciertamente, sobre nuestra Extremadura, la región en la cual se ha verificado la primera ocupación de tierras de forma multitudinaria”, publicó el periódico Claridad, vivo entre 1935 y 1939. No ha sido así, la guerra civil y sus inicios especialmente cruentos en Badajoz, la represión franquista, la larga dictadura y el pacto de la transición han silenciado un acontecimiento clave. De hecho, ni con el surgimiento de las autonomías con sus símbolos, estandartes y fiestas se ha recuperado la memoria de este momento y proceso. Ni tan siquiera como dato aparece en los libros de texto.

“1º: A las cinco de la madrugada del día 25 del actual, los campesinos de cada localidad se concentrarán sigilosa y rápidamente en diversos puntos de las afueras del pueblo; procurando todos ir provistos de azada y demás instrumentos propios para efectuar un deslinde. 2º: Efectuada la concentración, con el mismo sigilo y la misma actividad, emprenderán la marcha hacia las afueras de las fincas que deben ser incautadas. 3º: Ya en ellas se trazarán las lindes convenientes (…) 5º: Seguidamente, regresarán al pueblo y, una vez reunidos todos los grupos, se dirigirán ordenadamente al Ayuntamiento (…) 6º: (…) para hacer constar que la Clase Obrera acaba de tomar posesión de tales y cuales fincas en nombre de todos los vecinos del pueblo (…) 7º: (…) al siguiente día y en los sucesivos irán a las fincas incautadas todos los campesinos o una parte de ellos, a continuar la operación de deslinde y a comenzar la del cultivo adecuado…”.

Ésta era la hoja de ruta de la ocupación, recogida en el libro La primavera del Frente Popular, del historiador Francisco Espinosa. Firmada en Badajoz el día 20 de marzo de 1936, alcanzaba nueve puntos en los que se instaba, entre otras cosas, a no causar daños en las fincas –a las incautadas porque ya son de los campesinos y al resto, porque lo serán algún día– y a oír con respeto a la autoridad.

Así, de manera sigilosa y ordenada, bajo la dirección de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, se tomaron 3.000 fincas en 280 pueblos de las provincias de Cáceres y Badajoz, las más grandes del país. Esta vez hubo victoria, triunfo, puños en alto y vivas a la República. Las derrotas anteriores habían sido abono para mejorar la acción.

Portada de la revista francesa Regards con foto de David Seymour (Chim). / ARMHEX

Portada de la revista francesa Regards con foto de David Seymour (Chim). / ARMHEX

Siglos de medievo

“Desde que Extremadura surge con este nombre, en el siglo XIII, hasta el siglo XX se perpetúa una Edad Media, un sistema de agricultura patriarcal, de dedicación de la tierra más a las hierbas que al grano, porque aquí se alimentan todas las ovejas de la Mesta de España, y los agricultores apenas tenían surcos y tenían que marcharse. Hasta el año 1936 en Extremadura se instala el medievo”. Así resume Chamorro siete siglos. Aunque se debe incluir algún matiz en el relato: las desamortizaciones que supusieron la expropiación de los terrenos comunales que existían.

Esta semilla de desigualdad, retratada por novelas como Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes, originó la huelga general campesina o de la siega de junio de 1934, que se saldó con 10.000 detenidos en Extremadura, según algunas fuentes, y 600 personas trasladadas a cárceles de fuera de la región. “De este precedente de derrota van a aprender mucho los jornaleros a la hora de plantear la siguiente lucha”, apunta Manuel Cañada, activista social y una de las personas que con sus textos ha colocado la fecha en la agenda pública extremeña.

Aquel año, 1936, arrancó con un importante crecimiento del desempleo agrario, que coincidió además con una crisis económica y con un largo periodo de lluvias que impedía realizar las labores y, por tanto, acceder a un jornal, como recuerda el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX), José Manuel Corbacho. A la dura situación y a las lecciones aprendidas hay que añadir la frustración por la lentitud en la aplicación de la Reforma Agraria, aprobada en 1932. Intensos ingredientes para el espeso caldo de cultivo de siglos de desigualdad e injusticia.

Entrada la primavera, en tiempo de floración y de inicio de la siembra, la tierra cambió de manos en Extremadura. Y el Instituto de la Reforma Agraria sólo pudo legalizar las ocupaciones. Los servicios provinciales del Instituto notificaron que se habían asentado yunteros y jornaleros en unas 70.000 hectáreas de la provincia de Cáceres y en unas 120.000 de Badajoz.

La guerra civil, la venganza

Poco duró el revolcón histórico y estructural. En julio de ese año se inició la guerra civil, siendo Extremadura una de las primeras comunidades controladas y desangradas por las tropas franquistas. El 14 y 15 de agosto fueron asesinadas y después calcinadas miles de personas en la plaza de toros de Badajoz. “Es la venganza de los señoritos, de los grandes terratenientes”, sentencia Cañada, quien habla de investigaciones que confirman que muchos protagonistas del 25 de marzo fueron fusilados. La descripción es unánime.

Reportaje de la revista francesa Regards con foto de David Seymour (Chim). / ARMHEX

Reportaje de la revista francesa Regards con foto de David Seymour (Chim). / ARMHEX

“Buena parte de aquellos campesinos que participaron en las pacíficas ocupaciones de fincas de marzo del 1936 y en el proceso fueron asesinados o encarcelados por la represión franquista como castigo a su osadía, dado que existió una relación causa-efecto entre la participación activa en estas ocupaciones primaverales y la posterior represión fascista del verano”, apunta, por ejemplo, el presidente de la ARMHEX. La historiadora Candela Chaves ha documentado que Badajoz es la segunda provincia más afectada por la represión franquista.

Mientras aún olía a quemado en la capital pacense, se produjo “la recuperación de las fincas por sus antiguos propietarios, poniendo de nuevo en marcha la antigua organización de los cortijos de forma mucho más dura y humillante para los trabajadores vencidos”, se recoge en el libro Extremadura saqueada, publicado por Ruedo Ibérico en 1978.

Sin cambios

El resto, hasta hoy, es sabido: la falta de oportunidades obligó a emigrar a un 40% de la población en tan sólo 15 años, la renta per cápita es la más baja del país (16.166 euros, un 30,6% inferior a la media nacional), mientras las cifras de paro son las más elevadas de España (más de un 28%).

Y el silencio y el desconocimiento de esta reciente historia es lacerante: “Extremadura fue un foco de atención de los tratadistas de los fenómenos revolucionarios y de la antropología y sociología del campo. Y, sin embargo, con la llegada de la democracia todo esto pasó al olvido”, apunta Víctor Chamorro, quien lleva 50 años novelando sobre la región, de manera incluso “tóxica”, dice. Ahora, la recién creada Asociación 25 de marzo está trabajando para generar un debate sobre la importancia del empoderamiento de la ciudadanía, de la identidad y, por qué no, de la redistribución de la tierra. “Esta es una región periférica en lo económico, social, cultural y político. El 25 de marzo es un elemento constituyente de la identidad del pueblo extremeño, y tiene una capacidad de transformación social enorme”, añade Cañada, quien fuera coordinador de Izquierda Unida en la región.

Foto de David Seymour (Chim) tomada en la primavera de 1936, en Extremadura. / ARMHEX

Foto de David Seymour (Chim) tomada en la primavera de 1936, en Extremadura. / ARMHEX

Han pasado 81 años de aquellas fechas en la que los ojos del mundo, a través de muchos corresponsales, estaban en Extremadura. Y las explotaciones sigue en las mismas pocas manos: la región sufre la “distribución más injusta de las tierras” de todo el Estado, afirma el estudio Estructura de la propiedad de la tierra en España. Concentración y acaparamiento, elaborado por la ONG Mundubat y la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, publicado en diciembre de 2015.

Este informe dedica un especial interés a las situaciones de Galicia, por su estructura minifundista, y de Extremadura, por todo lo contrario. Los datos analizados demuestran que la media del tamaño de las explotaciones es de casi 41 hectáreas, un 83% más elevado que la media estatal. O recogen, por ejemplo, que 163 grandes fincas (de más de mil hectáreas) poseen cuatro veces más tierra que las 28.752 pequeñas fincas. Hay más: el 30% de la tierra sigue en manos del 1,38% de los productores.

“Debemos destacar que algunas de estas grandes propiedades están en manos de latifundistas en el más clásico sentido de la palabra: personas físicas, de grandes familias o empresarios de alto nivel, absentistas en cuanto que su residencia habitual, por supuesto, no está en Extremadura y que tienen esas fincas como valores suntuarios y no como fuentes de renta o empleo”, recoge el documento.

Nuevos dueños

En el pequeño aeropuerto de Talavera la Real (Badajoz), aterrizó en abril del año pasado Mohamed bin Rashid Al Maktum. El primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y jeque de Dubái visitaba la tercera gran finca que ha comprado en la provincia Badajoz. El hecho no es aislado. “Ahora estamos viendo cómo los terratenientes extremeños se asocian a terratenientes extranjeros cuyas fortunas vienen del petróleo y que compran enormes extensiones de tierra extremeña”, afirma Chamorro.

En febrero de 2015, el jeque Mansour Al Nahyan, dueño del club de fútbol Manchester City y hermano del emir de Abu Dhabi, invirtió en otra parcela pacense. Este jeque controla el fondo de inversión IPIC, dueño de la petrolera española Cepsa y también de parte de la eléctrica portuguesa EDP, entre otras compañías, como explican en su web. Los anteriores dueños, la familia Mora-Figueroa Domecq, son una de las mayores fortunas de España y también de las mayores beneficiarias de la Política Agraria Común (PAC). Pero esto daría para otro reportaje.

AUTOR

  • Mª Ángeles Fernández

  • J. Marcos

El franquismo que se resistía a morir

29 marzo, 2017

Fuente: http://www.infolibre.es

Julián Casanova, 24 de enero de 2017.

Han pasado cuarenta años de aquellos trágicos días entre el 23 y 28 de enero de 1977. España viajaba hacia un lugar desconocido, aunque muchos insistan ahora en que todo a partir de la muerte de Franco tenía un guión escrito.

La salida de la dictadura, como sabemos, resultó espinosa. Más de una generación de españoles había crecido y vivido sin ninguna experiencia directa de derechos o procesos democráticos. Al Ejército de Franco, unido en torno a él y que no había sufrido una derrota militar, como ocurrió en otras dictaduras, le costó asimilar los cambios. Los gobernantes, primero con Arias Navarro y después con Suárez, conservaban casi intacto el aparato político y represivo del Estado. Las amenazas de golpe por arriba y de terrorismo por abajo llenaron de dificultades aquellos primeros años tras la muerte del dictador. El armazón del régimen franquista que controlaba el poder no contenía el embrión de la democracia y tampoco el nuevo jefe del Estado ofrecía las mejores garantías.

Prescindamos de las dos lecturas básicas que se hacen desde el presente –transición feliz desde una dictadura a una democracia plena; o democracia impura legitimada por el régimen de 1978– y saquemos a la luz algunas de las tensiones de aquella época.

En 1976 había todavía en España más de un millar de presos políticos, los miembros de la Brigada de Investigación Político-Social actuaban de forma impune, el Tribunal de Orden Público (TOP), la jurisdicción especial creada en diciembre de 1963, abrió en ese año casi cinco mil causas con penas de cárcel, sanciones administrativas y elevadas multas, y la censura se recrudeció a través de las suspensiones gubernativas, las incautaciones de periódicos y los expedientes de la Dirección General de Prensa.

En realidad, desde los últimos años de la dictadura, el orden público fue una preocupación constante de sus dirigentes frente al comunismo y la masonería. Eran, como se había repetido machaconamente desde la victoria en la Guerra Civil, los grandes enemigos de España, infiltrados en los años setenta, tras el desarrollo y la modernización, en la Iglesia y en las universidades, en las clases trabajadoras y en los medios de información.

La conflictividad laboral se disparó a partir diciembre de 1975 no sólo por el número de huelgas y de obreros implicados sino también por la extensión de las protestas hacia todos los sectores productivos a lo largo y ancho del territorio nacional. Una movilización social desconocida desde hacia cuarenta años, vertebrada fundamentalmente en torno a Comisiones Obreras, la organización de combate más influyente, con bases sólidas dentro del sindicalismo vertical del régimen y una amplia red de enlaces y jurados en las grandes empresas.

A las autoridades políticas, los gobernadores civiles y los mandos policiales les preocupaba especialmente que, junto a las demandas laborales y las protestas por la carestía de la vida, aparecieran otras reivindicaciones de carácter claramente político como la reclamación de libertad sindical, los derechos de reunión y asociación, las peticiones de readmisión de despedidos o de libertad para los encarcelados, las huelgas de solidaridad, los paros simbólicos como protesta por acontecimientos de carácter nacional, las huelgas de hambre y los encierros en iglesias y polideportivos y la difusión de los métodos asamblearios, un caldo de cultivo para el surgimiento de líderes sindicales y para el ensayo de la cultura política democrática.

Desde julio de 1976, desde el nombramiento de Adolfo Suárez como jefe de Gobierno, las elites políticas procedentes del franquismo estaban llevando adelante una reforma legal de las instituciones de la dictadura, empujadas desde abajo por las fuerzas de la oposición democrática y por una amplia movilización social de muy diverso signo. El día 18 de noviembre 435 de los 531 procuradores votaron a favor de la Ley para la Reforma, aprobada después en referéndum el 15 de diciembre. Pero las cosas se complicaron, y mucho, en el mes que siguió a esa consulta popular y especialmente en los días que transcurrieron entre el 23 y el 28 de enero de 1977.

Los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), el brazo armado de una escisión comunista, que ya habían secuestrado al presidente del Consejo de Estado, Antonio de Oriol,  el 11 de diciembre, secuestraron también, el 24 de enero, al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el teniente general Emilio Villaescusa, y asesinaron a tres policías. En las calles de Madrid se vivió la muerte de un estudiante a manos de un grupo de ultras, el fallecimiento posterior de una joven golpeada por un bote de humo en una manifestación de protesta y la irrupción de unos pistoleros de ultraderecha en un despacho de abogados laboralistas ligados a CCOO con el resultado de cinco muertos y cuatro heridos graves.

Aunque esos secuestros y los asesinatos en el despacho laboralista, perseguían una reacción violenta de las fuerzas armadas, no hubo movimientos en los cuarteles pidiendo el estado de excepción. El Gobierno mantuvo la calma y el Partido Comunista de España, todavía ilegal, recibió innumerables muestras de solidaridad por el orden y la disciplina que sus dirigentes y militantes exhibieron en la impresionante manifestación de duelo por los cinco asesinados, celebrada dos días después, el 26 de enero, en la que cientos de miles de asistentes recorrieron en silencio las calles de Madrid con claveles rojos y puños cerrados en alto.

El proceso de reforma legal continuó adelante y desembocó en la celebración de elecciones generales en junio de ese año, algo que contribuyó a la legitimación de la élite política y del monarca procedentes de la dictadura. En esos meses fue disuelto el TOP, y se desmantelaron las instituciones básicas de la dictadura. Entre abril y junio los 20.000 funcionarios de la Organización Sindical y los 7.000 adscritos a los organismos del Movimiento fueron absorbidos por la Administración conservando todos sus derechos, sin que se mencionara, en ningún momento, la posibilidad de purgas o de depuraciones.

Suele señalarse como una peculiaridad de la política actual en España, comparada con la de otros países europeos, la inexistencia de un partido/movimiento de ultraderecha potente, influyente en la sociedad. La forma en que se produjo la transición en aquellos años explica muchas cosas. Todo ese proyecto de reforma política, de transición de la dictadura a la democracia, tuvo que premiar con prebendas y cargos públicos a un sector de la elite franquista. Muchos procuradores franquistas que votaron la reforma en las Cortes volvieron después a la política activa, ya legitimados democráticamente, elegidos por sus provincias de origen en junio de 1977, beneficiados por el apoyo gubernamental o como senadores de designación real. Habían pasado más de cuatro décadas desde las últimas elecciones generales, las de febrero de 1936.

El cuarenta aniversario de los asesinatos en el despacho del número 55 de la calle Atocha de Madrid es un buen momento para  recordar, al margen de lecturas políticas actuales, cómo y bajo qué circunstancias el largo pasado autoritario iba quedando atrás, borrando sus huellas  más incómodas, pese a que el bunker y la ultraderecha seguían resistiendo.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, autor, junto a Carlos Gil Andrés, de ‘Historia de España en el siglo XX’ (Ariel)

El guardián del orden de Franco

14 marzo, 2017

Fuente: blogs.elpais.com/historias

Por: Julián Casanova | 19 de diciembre de 2013

PeticionImagenCAOACLGP

Luis Carrero Blanco saluda a Franco / EFE.

El día en que lo mataron, 20 de diciembre de 1973, el almirante Luis Carrero Blanco iba a presentar un documento en la reunión de ministros en el que mostraba su obsesión por los grandes demonios de la España franquista, el comunismo y la masonería. Eran, como se había repetido machaconamente desde la victoria en la guerra civil, los grandes enemigos de España, infiltrados ahora, tras el desarrollo y la modernización, en la Iglesia y en las universidades, en las clases trabajadoras y en los medios de información.

Frente a ellos, siempre quedaría “el espíritu de nuestro Movimiento, la virilidad, el patriotismo, el honor, la decencia….”. Y la receta que ofrecía para atajar la infiltración del comunismo en la enseñanza se parecía mucho a la que ya habían aplicado con tanto éxito los militares rebeldes y las autoridades franquistas durante la guerra y la posguerra: “Hay que borrar de los cuadros del profesorado de la Enseñanza General Básica y de la Universidad a todos los enemigos del régimen y hay que separar de la Universidad a todos los alumnos que son instrumento de subversión”.

España siempre fue, como le gustaba decir, la razón de ser de su vida política. Nacido el 4 de marzo de 1904 en Santoña (Cantabria), Carrero apenas había intervenido en la guerra civil, el bautismo de fuego de los militares de su generación, y no debió su ascenso hasta la cúspide de la dictadura a los méritos acumulados durante lo que él mismo llamó después “la primera victoria de Occidente contra el imperialismo soviético”. Era un militar sin condecoraciones de guerra, algo muy extraño en esa dictadura que se inauguró el 1 de abril de 1939 con la victoria ante el “cautivo y desarmado Ejército rojo”.

 

Carrero Blanco, alf+®rez de fragata

En julio de 1936 vivía en Madrid, destinado como profesor en la Escuela de Guerra Naval y, ante la incertidumbre de esos primeros días que siguieron a la sublevación militar, alegó enfermedad para no acudir a su destino y se refugió en la embajada de México, y después en la de Francia, antes de pasar al bando franquista. En un informe fechado el 5 de mayo de 1947 le explicó a Franco, sin embargo, que “en aquellos trágicos momentos”, con su hermano José fusilado y su familia expuesta a todos los peligros, “me hice a mí mismo el voto de dedicar el resto de mi vida al servicio de España, sin pensar para nada ni en mi porvenir ni en mis conveniencias particulares”.

A lo largo de su vida política, y en su relación con Franco, Carrero se inventó su personaje y es muy difícil discriminar entre la verdad y la falsedad, entre lo que ocultó o distorsionó y aquello que siempre subrayó en sus confesiones públicas o a su Caudillo. A los historiadores, en general, les ha preocupado poco ese tema, más interesados en el Carrero que consiguió ser el delfín o la mano derecha del dictador, gracias, se supone, a su habilidad, valentía y lealtad. Comenzó siendo monárquico por tradición familiar, no luchó ni conspiró contra la República y en su trayectoria política nunca pareció comprometerse con nada sin tener garantía de su éxito y rentabilidad.

Carrero no pertenecía al círculo de Franco, ni en lo profesional ni en lo personal, y terminada la guerra, inició un ascenso meteórico hacia el poder. Además de adjudicarse la autoría de informes en los que únicamente había colaborado –como el que el ministro de Marina, Salvador Moreno, presentó a Franco en noviembre de 1940 sobre la no intervención de España en la Segunda Guerra Mundial- y de conseguir destituciones de aquellos que entorpecían su ascenso –como la de Serrano Súñer tras en el enfrentamiento entre carlistas y falangistas en el santuario de Begoña en agosto de 1942-, se enorgulleció con frecuencia del impecable servicio que ofreció a España y a su máximo gobernante, al que le pertenecían “títulos de Caudillo, Monarca, Príncipe y Señor de los Ejércitos”. Sus muestras de desmesurada adulación hacia Franco fueron constantes y la que manifestó en las Cortes en 1957 las resumía todas: “Dios nos ha concedido la inmensa gracia de un Caudillo excepcional a quien solo podemos juzgar como uno de esos dones que, para un propósito realmente grande, la Providencia concede a las naciones cada tres o cuatro siglos”.

El orden y la unidad en torno al ejército fue la fórmula de Carrero para la supervivencia del régimen en los momentos difíciles. “Orden, unidad y aguantar” frente a los enemigos externos y “buena acción policial para prevenir cualquier subversión” interna. En un discurso ante el Estado Mayor en abril de 1968, advirtió “que nadie, ni desde fuera ni desde dentro, abrigue la más mínima esperanza de poder alterar en ningún aspecto el sistema institucional, porque aunque el pueblo no lo toleraría nunca, quedan en último extremo las fuerzas armadas”.

La advertencia no era baladí porque, justo en esos años, la aparición de altos niveles de conflictividad quebró la tan elogiada paz de Franco. Hasta su asesinato, Carrero desempeñó un papel crucial. En realidad, aunque convenció a Franco, que ya presentaba claros síntomas de envejecimiento, de que nombrara a Juan Carlos como su sucesor, al frente de una “Monarquía del Movimiento Nacional, continuadora perenne de sus principios e instituciones”, era él, y no tanto el Príncipe, quien aseguraba su continuidad. Sobre todo después del escándalo Matesa y de la formación de un nuevo Gobierno en octubre de 1969.

El asunto Matesa, las siglas de Maquinaria Textil, S.A., estalló de súbito en el verano de ese año y se convirtió en el mayor escándalo financiero de toda la dictadura. La empresa fabricaba maquinaria textil en Pamplona y tenía sucursales y compañías subsidiarias en América Latina. Su director, Juan Vilá Reyes, conectado con el Opus Dei y los grupos tecnocráticos, logró cuantiosos créditos oficiales de ayuda a la exportación, cerca de once mil millones de pesetas, justificados con pedidos que en la práctica no existían o estaban inflados. Las irregularidades fueron denunciadas y aireadas por la prensa del Movimiento, con la ayuda desde el Gobierno de Manuel Fraga Iribarne y José Solís Ruiz, para intentar desacreditar a los ministros del Opus Dei, un pulso más de la dura batalla por el poder que libraban esos dos grupos desde principios de los años sesenta.

Los efectos políticos de ese escándalo fueron inmediatos. Carrero pidió a Franco una remodelación total del gobierno y el 29 de octubre formó lo que ha pasado a la historia como el “gobierno monocolor”. Carrero continuaba de vicepresidente, con más poder que nunca, y casi todos los ministros en puestos clave eran miembros del Opus Dei, de la ACNP, o se identificaban con la línea tecnocrática-reaccionaria que compartía con Laureano López Rodó. Manuel Fraga Iribarne y Solís Ruiz fueron cesados y aunque Carrero no asumió todavía la presidencia del Gobierno, era él quien dirigió la política gubernamental.

Esa pugna por el control del proceso político entre Carrero y el Opus Dei por un lado y el sector azul del Movimiento por otro, abrió definitivamente la crisis en el interior del franquismo, aunque no fueron solo conflictos internos por el poder los que complicaron la vida a la dictadura en sus últimos años. La conflictividad alcanzó en 1970 el nivel más alto de la dictadura, con casi medio millón de trabajadores metidos en reivindicaciones y nueve millones de horas perdidas. Muchas de esas huelgas derivaban en enfrentamientos con la policía y con muchos huelguistas torturados y en la cárcel. La represión fue especialmente dura en el País Vasco, donde ETA había empezado a desafiar a las fuerzas armadas de la dictadura con asesinatos y atracos a bancos y empresas. La mezcla de agitación laboral, universitaria y terrorista provocó una dura reacción de militares y políticos ultraderechistas que convencieron a Franco para que respondiera con un juicio ejemplar contra dieciséis prisioneros vascos, entre ellos dos sacerdotes. El proceso comenzó en diciembre en Burgos, sede de la región militar a la que pertenecía el País Vasco, y concluyó con la condena a muerte a seis de los acusados y con 519 años de prisión para los demás, aunque unos días después, en su mensaje de fin de año transmitido por televisión, Franco anunció su magnánima decisión de conmutar las penas de muerte por años de cárcel.

Carrero con Kissinger, el d+¡a antes del atentado

Pese al perdón, todo ese proceso tuvo consecuencias muy negativas para el régimen, que vio cómo un sector de la sociedad respondía con huelgas y manifestaciones, los obispos vascos pedían clemencia y en el exterior se protestaba contra Franco como no se recordaba desde los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial.

Los años que siguieron fueron los más agitados de la dictadura. Algunos miembros de la jerarquía eclesiástica, muy renovada tras la desaparición de los principales exponentes de la cruzada y del nacionalcatolicismo, empezaron a romper el matrimonio con la dictadura, presionados también por muchos sacerdotes y comunidades cristianas que, especialmente en Cataluña, el País Vasco y las grandes ciudades, reclamaban una Iglesia más abierta, comprometida con la justicia social y los derechos humanos.

Curas y católicos que hablaban de democracia y socialismo y criticaban a la dictadura y a sus manifestaciones más represivas. Todo eso era nuevo, muy nuevo, en España y parece lógico que provocara una reacción en amplios sectores franquistas, acostumbrados a una Iglesia servil y entusiasta con la dictadura. Un documento confidencial de la Dirección General de Seguridad, fechado en 1966, ya advertía que de los tres pilares de la dictadura, “el Catolicismo, el Ejército y la Falange”, únicamente el segundo aparecía “firme, unido como realidad y esperanza de continuidad”, mientras que el catolicismo mostraba signos de división en torno a tres problemas: “el clero separatista; la lucha interna entre sacerdotes conservadores y sacerdotes avanzados; y la actitud de cierta parte del clero frente a las altas jerarquías eclesiásticas”.

Carrero Blanco llamó a esa disidencia de una parte de la Iglesia católica “la traición de los clérigos”, porque el manto protector que la dictadura había dado a la Iglesia no se merecía eso. Y para demostrar los servicios prestados, “aunque sólo sea en el orden material”, prueba de cómo Franco “quiso servir a Dios sirviendo a su Iglesia”, Carrero daba cifras: “desde 1939, el Estado ha gastado unos 300.000 millones de pesetas en construcción de templos, seminarios, centros de caridad y enseñanza, sostenimiento del culto”.

Agujero de la bomba contra Carrero Blanco

Cráter en la calle madrileña de Claudio Coello tras el atentado contra Carrero Blanco.

En 1973, el último año de su vida, el aumento de los conflictos fue espectacular, con la provincia de Barcelona a la cabeza de las huelgas, como en casi todo ese período. En realidad, desde 1970 hasta la muerte de Franco, los conflictos se extendieron por todas las grandes ciudades y se radicalizaron por la intervención represiva de los cuerpos policiales, cuyos disparos dejaban a menudo muertos y heridos en las huelgas y manifestaciones. La violencia policial llegaba también a las Universidades donde crecían las protestas y se multiplicaban las minúsculas organizaciones de extrema izquierda. La respuesta de las autoridades franquistas, con Carrero a la cabeza, fue siempre mano dura, represión y una confianza inquebrantable en las fuerzas armadas para controlar la situación.

El asesinato de Carrero, presidente del Gobierno desde junio de ese año de 1973, aceleró la crisis interna del régimen. Cuando Franco murió, su dictadura se desmoronaba. La desbandada de los llamados reformistas o “aperturistas” en busca de una nueva identidad política era ya general. Muchos franquista de siempre, poderosos o no, se convirtieron de la noche a la mañana en demócratas de toda la vida. Era improbable que el franquismo continuara sin Franco, pero el gobierno de Carlos Arias Navarro mantenía intacto el aparato represivo y tenía a su disposición ese ejército salido de la guerra, educado en la dictadura y fiel a Franco.

Hay quienes creen que con Carrero todo se hubiera prolongado y otros que consideran que su lealtad a la Monarquía de Juan Carlos le hubiera impedido oponerse al proceso de transición. Pero eso pertenece al terreno de la historia contrafactual. Mientras estuvo vivo, fue uno de los principales instigadores de que el ejército defendiera siempre su victoria en la guerra por medio del terror institucionalizado y de la legislación represiva del Estado. Y así forjó su carrera, con alegatos en defensa del orden y construyendo e inventando un personaje austero, listo, sin ambiciones y siempre dispuesto a trabajar por España y por su Caudillo.

Franco pop

12 febrero, 2017

Fuente: http://www.ctxt.es

SERGIO DEL MOLINO, 11 DE DICIEMBRE DE 2016

En la Venta de Almadrones, sobre los terrenos donde se libró la batalla de Guadalajara, cambiaron hace tiempo los expositores de cintas de música de gasolinera por conservas de lujo, chocolatinas y vinos y licores. Nada reseñable si no fuera porque el vino destacado no es de Rioja ni Ribera ni Albariño ni de ninguna denominación de origen famosa. Y, si lo es, no se sabe, porque toda la etiqueta la ocupa un retrato de Francisco Franco y el nombre en mayúsculas de FRANCO. La etiqueta del reverso es una bandera de España, y debajo del nombre del vino (Franco, obviamente), el lema España, una, grande y libre, con multitud de signos de exclamación que excuso reproducir.

La Venta de Almadrones, más conocida como el Área 103, es una de las zonas de descanso más concurridas de las carreteras españolas, en plena Alcarria, en el kilómetro 103 de la A-2. A la hora de comer es difícil encontrar sitio. Cientos, tal vez miles, de personas pasan a diario por delante de las estanterías donde el vino Franco se exhibe con patriótico orgullo, y hasta hoy no he visto a nadie escandalizado. A lo sumo, si alguien repara, se hace una foto discretamente, sonriendo. Otros se dan codazos y señalan moviendo la cabeza, como diciendo lo que hay que ver, pero no he visto que nadie ponga el grito en el cielo. Supongo que, si hubiese muchas protestas, colocarían las botellas en un lugar menos visible.

Me resulta curioso que algo así pase tan desapercibido en esta época de ofensa permanente y de campañas de censura en change.org. Esta semana, el dueño de un restaurante me contó que tuvo que cambiar lo que se veía en las pantallas de tele del local porque algunos clientes consideraban que los vídeos musicales que salían en ellos eran pornografía inapropiada para sus hijos pequeños. En la era de la queja continua, sin embargo, nadie considera nocivo para sus hijos la venta al público de un vino que homenajea a un dictador.

Cuatro décadas después, el franquismo sigue cubierto de una capa de folclorismo y cachondeo que impide que se tome conciencia de lo atroz que fue. El propio Franco tiene la culpa, con su figura de malvado de tebeo de Bruguera y su voz de flauta afónica. Era un dictador sin escenografía de terror, incapaz de imponerse, puro esperpento y caricatura de sí mismo. Pero también parte del discurso antifranquista es responsable de esta banalización, al apostar por el humor y la parodia. Sobre todo en el cine, desde La escopeta nacional (1978) a Buen viaje, excelencia (2003), se ha incidido en el lado grotesco y cómico de la dictadura. Incluso los relatos más dramáticos han elegido la caricatura al retratar a los militares franquistas o a los prebostes del régimen.

QUÉ GILIPOLLAS ÉRAMOS. Y QUÉ POCAS DISCULPAS TENÍAMOS

El humor desactiva el miedo, y la burla de la dictadura ha sido un resorte crítico demoledor y necesario para acabar con muchas inercias y tentaciones posfranquistas, pero, a la larga, ha folclorizado tanto a Franco que cuesta verlo como lo que fue: un dictador temible, sangriento, implacable y sádicamente criminal. Pinochet y los milicos argentinos proyectaban una imagen un millón de veces más siniestra.

Yo mismo me tomé a guasa el asunto durante mucho tiempo. En un piso que compartía en Madrid (en una época de disipación y pereza irrepetible), mi compañero y yo decidimos decorar el salón con un cartel que anunciaba los actos de un 20-N en la plaza de Oriente, con los retratos de Franco y José Antonio. Nos parecía una broma estupenda y nos encantaba ver la cara de desconcierto, incomodidad y cabreo de quienes visitaban la casa.

Qué gilipollas éramos. Y qué pocas disculpas teníamos.

En mi novela Lo que a nadie le importa (Random House, 2014) intenté purgar esa frivolidad narrando una parte de la batalla del Ebro y retratando a un Franco aterrador inspirado en monstruos de fantasía, una especie de Sauron que mandaba a sus soldados a ser triturados como carne de cañón. Para entonces, ya estaba convencido de que a Franco le sobra caricatura. Franco nos tiene que dar miedo, porque es terrorífico, porque el relato desapasionado y descriptivo de lo que hizo provoca mil escalofríos.

HASTA EL REY MÁS CRUEL SE APIADA DEL BUFÓN DE VEZ EN CUANDO

No creo que en España persista el franquismo, como sostienen muchos, pero sí hay un problema de asimilación. La caricatura continua produce al final un efecto compasivo. Hasta el rey más cruel se apiada del bufón de vez en cuando, y la burla costumbrista del franquismo hace que miles de personas pasen cada día junto a un expositor de botellas de vino de Franco y se rían, divertidas, como si aquello fuera una broma carpetovetónica, el exabrupto senil de un suegro facha. Algunos, tal vez, se lleven una de recuerdo, para bromear con sus amigos, para regalársela como chiste a su primo de Podemos o como humorada kitsch. Gente que no tolera un vídeo musical porque lo considera pornográfico se reirá de buena gana con un homenaje a un dictador asesino.

Y yo, que le encuentro la gracia a casi todo, no le veo la guasa a esto por ningún lado.

AUTOR

Sergio del Molino. Juntaletras. Autor de La España vacía, Lo que a nadie le importa y La hora violeta, premio El Ojo Crítico 2013.