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Pedí una pizza y me trajeron un conflicto laboral

17 agosto, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Al Servicio de Atención al Cliente de Deliveroo:

Les escribo para expresarles mi malestar por el incidente que sufrió mi pedido del pasado domingo. Estábamos mi mujer y yo en casa, sin ganas de salir ni preparar cena, así que decidimos usar su app para pedir una pizza. Cuál sería nuestra sorpresa al descubrir que el repartidor no trajo la pizza, sino algo que no habíamos pedido: un menú “conflicto laboral”. Constaba de dos platos: un caso de explotación laboral y una experiencia de lucha.

Como teníamos hambre y no había pizza, decidimos hincarle el diente a la explotación de los riders de Deliveroo, a ver qué tal sabía. Un poco dura para mi gusto, y además una receta extraña: una mezcla de ingredientes viejos (abusos horarios, salarios de miseria, y cuerpos a disposición de la empresa como braceros de hace un siglo) pero cocinados con técnicas innovadoras (economía “colaborativa”, digital, startup, etc.).

Además, en casa somos de llamar al pan, pan, y al trabajo, trabajo. Por eso al leer los ingredientes del plato nos disgustaron los eufemismos usados por Deliveroo para cocinar su oferta laboral: en vez de “trabaja con nosotros”, dicen “colabora con nosotros”. No despiden, sino que “desconectan”, sobre todo a los que reparten conflictos en lugar de pizzas. Al racaneo de no darte ni una mala camiseta, y no digamos ya un seguro de accidente, lo llaman “reparte a tu gusto con tu chaqueta o camiseta favorita”. A la disponibilidad total y a merced de la empresa la denominan “horario flexible”, sin olvidar la rutinaria apelación a la libertad (“eres libre de elegir cuando repartes”). Y a la ridiculez que pagan la llaman “remuneración competitiva” e “ingresos atractivos”.

Como seguíamos teniendo hambre, probamos con el segundo plato: la experiencia de lucha, a ver si estaba más comestible. Reconozco que nos supo bien. Muy sabrosa. Que los más precarios entre los precarios sean capaces de organizarse, elaborar reivindicaciones comunes y montar una huelga es uno de esos bocados que te alegran el día y te animan a intentar cocinar en casa tu propia lucha laboral.

De hecho, deberíamos estar todos atentos a este pequeño conflicto, y apuntar la receta por si un día nos toca preparar una igual. Hoy son solo unos pocos ciclistas, pero lo que está en juego es mucho más que asegurar un mínimo de horas o de pedidos: lo que está en disputa es el futuro de las relaciones laborales, que sigamos siendo trabajadores o acabemos todos como “colaboradores”. Porque si lo piensan bien, no hay sector o empresa al que no podamos aplicar el modelo “colaborativo”. ¿Por qué contratar médicos o profesores, pudiendo tener una app que intermedie y ponga en contacto a pacientes que buscan médico y médicos que buscan pacientes; alumnos con ganas de aprender y profesores con ganas de enseñar?

Por eso muchos estamos pendientes del conflicto de Deliveroo. No solo los trabajadores: también los empresarios siguen la huelga de riders con interés, porque Deliveroo, como otras empresas similares, es un anticipo y un ensayo de en qué quieren convertir algunos las relaciones entre empresas y trabajadores. Quizás esta sea la próxima reforma laboral, sin necesidad de publicarla en el BOE.

El nuevo régimen social de España

12 agosto, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 23 de junio de 2017.

Este artículo es el resumen de los datos más impactantes de la situación social en España, que no es coyuntural, sino estructural, dentro del sistema económico español actual.

España ha sufrido una de las más importantes crisis económicas y financieras durante su periodo democrático, crisis que también ha determinado una crisis social, y, como era predecible, una gran crisis de legitimidad del Estado y del establishment político y mediático del país. La respuesta de tal establishment ha sido que todos estos sacrificios eran necesarios para poder salir de la crisis, que, según este establishment, se está resolviendo.

Ahora bien, en este argumentario se olvida que, en realidad, la crisis (la Gran Recesión) y la respuesta que se ha dado a ella estaban configuradas y determinadas por un contexto político que favoreció estructuralmente a unos a costa de otros. Los primeros eran aquellos sectores del mundo del capital (las grandes empresas financieras, y las grandes corporaciones productoras de bienes y servicios) que dominan el Estado español y la gran mayoría de medios públicos y privados de información del país. Y las perdedoras han sido, predominantemente, las clases populares, que constituyen la mayoría de la población. Mientras que los primeros derivan sus rentas predominantemente de la propiedad del capital y de su gestión, los segundos lo hacen del mundo del trabajo, sobre todo de los salarios y de los beneficios sociales.

La evidencia de ello es abrumadora. Veamos algunos datos: 1) Des de el inicio de la crisis (2008) hasta el año pasado (2016), las rentas del trabajo han caído un 6,1% (33.679M€), mientras que las rentas del capital han aumentado un 1,7% (7.850M€). En suma, en el periodo 2008-2016 el peso de los salarios en la economía ha bajado 2,9 puntos, de 54,6% al 52,7%; 2) La participación de los beneficios de las empresas no financieras en España está por encima del de la zona euro (42,6% frente a 40,6%); 3) Las empresas no financieras españolas han aumentado su participación en el VAB (valor añadido bruto) del 37,7% hasta el 42,6% entre el periodo 2007-2015: el segundo país de toda la UE que más ha aumentado; 4) La polarización social (S80/20) se ha incrementado en un 11,8% desde 2009 (de 5,9 en 2009 a 6,6 en 2016), es decir, el 20% más rico dispone de 6,6 veces más ingresos que el 20% más pobre. Somos el 3º país con mayor polarización de toda la UE (después de Rumanía y Bulgaria); 5) La desigualdad ha sufrido uno de los mayores incrementos de toda la OCDE desde 2009, y el índice de Gini alcanzó los 34,5 en 2016: 3,5 puntos por encima de la media europea (31 en 2015); 6) En los últimos 15 años el 30% de la población que vive en riesgo de exclusión ha visto cómo sus activos netos apenas crecían un 3%, mientras que los del 10% más rico se disparaban un 56%; 7) El 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país (27,4%), mientras que el 20% más pobre se quedaba con un 0,1%; 8) La fortuna de las 3 personas más ricas en nuestro país equivale a la del 30% más pobre.

Todos estos hechos han sido, en gran parte, consecuencia de toda una serie de intervenciones por parte del Estado que han provocado un enorme deterioro del mercado laboral. Esto ha sido particularmente acentuado a partir de las reforma laborales del gobierno Zapatero, primero, y de las más intensas del gobierno Rajoy. Indicadores de tal deterioro del mercado laboral muestran que: 1) El 41,5% de los desempleados llevan más de 2 años en paro (1,8 millones de personas); 2) El 24,7% de los desempleados llevan más de 4 años en paro (1,1 millones); 3) Más de 4 de cada 10 jóvenes que buscan trabajo están en paro; 4) Un 15,3% de las jornadas laborales son a tiempo parcial; 5) Más de uno de cada cuatro empleos es temporal (26,5%); 6) En los últimos cinco años se ha acumulado una caída del poder adquisitivo de la remuneración media en un 4,5% (912 € menos); 7) El 34,4% de los asalariados (seis millones de personas) cobran menos del salario mínimo interprofesional.

El desmontaje del Estado del Bienestar

Han contribuido a este enorme crecimiento de las desigualdades las políticas públicas de los partidos gobernantes del Estado español, las cuales han debilitado el ya escasamente financiado Estado del Bienestar. De hecho, España dedica menos recursos a los servicios públicos y transferencias del Estado del Bienestar que la gran mayoría de los países de la UE. 1) España tiene el gasto público social como porcentaje del PIB (24,6%) de los más bajos de la UE-15; 2) España tiene el gasto público social por habitante de los más bajos de la UE y ha disminuido durante los años de la gran recesión, consecuencia de los grandes recortes; 3) España tiene uno de los porcentajes de la población adulta que trabaja en los servicios públicos más bajos de la UE-15 (el grupo de países de semejante riqueza), por ejemplo 1 de cada 10 habitantes en comparación con 1 de cada 4 en Suecia. Si España tuviera el porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar como en Suecia (de 1 de cada 10 a 1 de cada 4) reduciría significativamente el desempleo; 4) El gasto público en España es uno de los más bajos de Europa, representa el 43,6% de su PIB; la media del conjunto de los 28 países europeos es 48,1%; 5) España es uno de los países que dedican menor gastos en protección social: 2,7 puntos menos del PIB que la media de países de la Eurozona (17,6% frente al 20,3 de la UE); 6) Esta subfinanciación ocurre en todas las dimensiones del Estado del Bienestar excepto en el gasto en desempleo. Este retraso se ha acentuado con los recortes de gasto público social que ha ocurrido en todos los servicios: 6.a) El gasto autonómico de sanidad por habitante se redujo un 14,2% entre el periodo 2009-2016. (1.195€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 1.393€); 6.b) El gasto autonómico de educación por habitante se redujo un 5,87% entre el periodo 2009-2016. (785€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 834€); 6.c) El gasto público total consolidado en Servicios Sociales fue de 16.000 millones de euros en 2016, aproximadamente 1.000 millones menos que en 2010; 6.d) El gasto autonómico de servicios sociales por habitante se redujo un 1,55% entre el periodo 2009-2016. (254€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 258€).; 6.e) Mientras que, el gasto autonómico en deuda pública por habitante aumentó 381,8% entre el periodo 2009-2016. (582€ en 2016 mientras que en 2009 fue de 121€); 7) El Estado del Bienestar es de los menos redistributivos de Europa: la tasa de pobreza se reduce antes de transferencias sociales en España del 29,5% en 2016 al 22,3% después de transferencias sociales. Mientras que en la UE se pasa de un 26% en 2015 baja al 17,3% de reducción de pobreza (8,7% de reducción en la UE frente a 7,2% en España).

La pobreza del Estado del Bienestar en España es consecuencia de una fiscalidad débil y regresiva que se ha acentuado todavía más con las reformas de los gobiernos Zapatero y Rajoy. Como consecuencia, los ingresos fiscales en España son inferiores a los de los países de nuestro entorno. Las facilidades que tienen las grandes empresas y fortunas para pagar menos de lo que tienen establecido, gracias a un entramado de desgravaciones y exenciones, hace que la carga fiscal recaiga sobre las clases medias y trabajadoras a través del IRPF y de los impuestos al consumo. Más datos: 1) En España el 85% del esfuerzo fiscal recae sobre las rentas del trabajo; 2) 17 de las 35 empresas del IBEX no pagan el impuesto de sociedades en España, cuando tan solo 3 compañías cerraron 2014 con pérdidas.

La pobreza se ha incrementado

Resultado de todo lo anterior es que la pobreza está ya incluida como parte integrante del sistema económico. No es coyuntural, sino estructural. En otras palabras, la pobreza se ha instalado en la sociedad española, afectando a personas y familias que cada vez ven más difícil salir de su situación. La transmisión intergeneracional dará lugar a nuevas generaciones que van a reproducir la pobreza y que cada vez van a tener más difícil salir de ella. De nuevo, más datos: 1) La renta media de los hogares se ha reducido un 11% desde 2009 (30.045€) a 2016 (26.730€); 2) Hay más de 2,5 millones de trabajadores/as están por debajo del umbral de la pobreza: un aumento del 21,55% desde 2009 (11,6% en 2009 frente a 14,1% en 2016); 3) España ha registrado la cifra más alta de pobreza desde 2005: más de 10 millones de personas en España están por debajo del umbral de la pobreza (el 22,3% de la población); 4) Pese a la ‘recuperación económica’ la tasa de pobreza ha continuado aumentado respecto al año pasado (2015= 22,1%; 2016= 22,3%); 5) El 42,2% de los hogares de 1 adulto con 1 o más niños dependientes está en situación de pobreza; 6) El 30,6% de los hogares con niños dependientes están en situación de pobreza; 7) Casi 650.000 hogares, más de 1 millón de personas, no tienen ningún ingreso (3,52% de los hogares); 8) La pobreza persistente (personas que permanecen en riesgo de pobreza 2 de los 3 últimos años) es de 15,8 en España (2015) frente a 11,5 en la Eurozona (2015), 4,3 puntos menos, de las más altas de Europa; 9) La mala alimentación por motivos económicos y, en ocasiones, el hambre, son situaciones reales que afectan a más de 1 millón de personas en España; 10) La Tasa Arope, que es el indicador utilizado por la Unión Europea para medir la exclusión social, sitúa a España 4,9 puntos por encima de la media de la eurozona (27,9 frente al 23%): una de las más altas de la UE; 11) En 1 de cada 10 hogares se pasa frío o excesivo calor por no poder mantener la vivienda a temperatura adecuada; 12) En 4 de cada 10 hogares no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año; 13) El 15,3% de los hogares tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes; 14) El 8,4% de los hogares tienen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal; 15) 2,6 millones de personas sufren carencia material severa (5,8% de la población); 16) 4 de cada 10 personas viven en hogares sin capacidad para afrontar gastos imprevistos; 17) Al menos 6 millones de personas, sin ser pobres, se encuentran en situación económica precaria.

Conclusión. El resultado de las políticas neoliberales que han sido seguidas hasta ahora por parte de los gobiernos del PSOE y del PP a nivel central, y por los partidos de derechas (tales como CiU, que ahora se llama PDeCAT) y socialistas que han gobernado en las autonomías

Espero no haberles aturdido con tantos datos. Pero les ruego que consideren que detrás de cada dato hay un enorme, repito, enorme, dolor impuesto a las clases populares de España. Pero este daño se ha conseguido a costa de una gran transferencia de fondos del mundo del Trabajo al mundo de los beneficios de los grandes propietarios del capital, de los más elevados de la Eurozona. Esta realidad permanece ocultada en los mayores medios de información y persuasión del país.

Ante esta realidad hay que entender que las pequeñas variaciones de los indicadores económicos, que se presentan por los partidos gobernantes como el PP como indicadores de recuperación económica, se realizan dentro de un marco estructural caracterizado por estos datos. Lo que ha ocurrido estos años en España es un cambio dentro del régimen capitalista, que ha pasado de blando a duro, y ello como resultado de la victoria en un conflicto político que ocurre entre una minoría económica, financiera, mediática y política, por un lado, y las clases populares, que son la mayoría de la población, por el otro. Así de claro.

(Agradezco a mi colega Eduardo González de Molina la ayuda en la provisión de la mayoría de estos datos)

Lo que deben a Hacienda los grandes morosos daría para pagar el 85% de las prestaciones de desempleo

11 agosto, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Entre los principales problemas económicos en España se puede destacar  el desempleo, que atenaza al 18,7% de la población activa: “La economía española ha mejorado, pero nadie puede estar satisfecho con un paro del 18% que crea tensiones sociales”, decía esta semana el comisario europeo Pierre Moscovici en una entrevista a El País. En paralelo, como muestra la lista de grandes morosos a Hacienda que se conoció este viernes, existe una cierta cultura del incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de algunos miembros de las clases más pudientes.

Ambas realidades se pueden combinar para poner un ejemplo de lo que supone la suma de las deudas de más de un millón de euros al fisco que recoge esa lista. Con los 15.406 millones de euros que deben empresas como Reyal Urbis y Nozar y personas físicas como el exbanquero Mario Conde se podría sufragar el 85% de las prestaciones de desempleo previstas para este año en los Presupuestos Generales del Estado (18.318 millones de euros).

La tercera lista de morosos con Hacienda muestra una cierta mejora respecto a la anterior. Incluye 4.549 deudores por importe de 15.400 millones, el 2% menos que un año antes, en tanto que el total de deudores ha bajado un 4,6%, hasta 4.549 personas físicas y jurídicas. En comparación con la primera lista, el número de deudores ha disminuido un 6,3%, en tanto que casi mil contribuyentes que aparecían en ese primer listado ya no están.

Una cantidad de dinero que han dejado de ingresar las arcas públicas que no por haber disminuido deja de ser elevada, como ejemplifican otras partidas presupuestarias del Estado, aparte de la ya citada del desempleo, que se podrían pagar, en parte o en su totalidad, con los citados 15.400 millones.

Inversión pública

Se podría pagar toda la inversión pública de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que asciende a 12.867 millones de euros (7.540 para infraestructuras), y todavía sobrarían otros 2.533 millones.

Cooperación al desarrollo y pobreza infantil

Se podrían utilizar estos millones sobrantes, por ejemplo para pagar toda lacooperación al desarrollo (513 millones), y el presupuesto destinado a luchar contra los efectos de la lucha contra pobreza infantil (342 millones). Todavía no se llegaría a gastar todo lo que deben los grandes morosos con estas tres partidas.

I+D+i

Otra de las partidas presupuestarias más castigadas por estos años de crisis, y considerada clave para el tan cacareado cambio de modelo productivo. Para este año se destinan un total de 6.028 millones de euros. Es decir, menos de la mitad de lo que deben los grandes morosos.

Sanidad

Las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades autónomas, pero el Estado mantiene un presupuesto para políticas sanitarias (por ejemplo  para hacer frente a enfermedades raras y a programas de prevención y control del sida). En total asciende a 4.093 millones, menos de un tercio de la deuda conocida este viernes.

Educación

Al igual que en el caso anterior, la mayor parte del gasto la afrontan las comunidades autónomas. Pero hay  2.525 millones de euros de gasto del Estado, con las becas como partida más importante, 1.523 millones de euros. En todo caso, un gasto que se podría efectuar seis años consecutivos con lo que deben sólo este año los grandes morosos a la Hacienda Pública.

“Cuanto más se conoce la Renta Básica, más convence y más difícil es ridiculizarla”. Entrevista

9 agosto, 2017

Fuente: http://www.sinpermiso.info

Daniel Raventós

18/06/2017

La entrevista la realizó para vozpopuli.com Bosco Martín Algarra.

En Barcelona ya hay 1.000 personas que reciben una asignación monetaria, trabajen o no. Uno de los ideólogos de esta iniciativa, el economista Daniel Raventós, explica por qué la Renta Básica es un factor de progreso y no un fomento de la vagancia, como muchos aseguran. 

“¿Dinero sin trabajar? ¿Pero estamos locos?”. Es una reacción habitual cuando se habla de Renta Básica.

Pero no. “No es eso, no es eso”, que diría Ortega.

Ni dinero para vagos ni aspiraciones de ilusos ni ensoñaciones de economistas “progres”. La Renta Básica va más allá, según sus partidarios; pero contra eso, contra las descalificaciones simplistas y contra las invectivas más cuñadescas tienen que luchar -día sí y otro también- los promotores de esta singular forma de redistribuir la riqueza.

Entre estos últimos se encuentra Daniel Raventós, economista y profesor titular del departamento de Teoría Sociológica de la Universidad. Junto a sus colegas Jordi Arcarons y Lluís Torrens han diseñado un plan para financiar la “asignación monetaria incondicional” a toda la población.

Hablamos de 7.968 euros anuales para cada español o residente legal, y de 1.593 al año para los menores de 18 años.

De momento, hay 1.000 familias de Barcelona que ya están testando sus efectos durante dos años, aunque con cantidades más reducidas.

Laia Ortiz, responsable de derechos sociales del Ayuntamiento de Barcelona, explicaba que una persona sola que participa de este experimento puede percibir entre 400 y 500 euros mensuales. Si convive con más personas, la cantidad aumenta. La cantidad de una familia de cuatro miembros puede oscilar entre los 1.000 y 1.500 euros.

¿Qué hará la gente cuando le dan dinero gratis? ¿Malgastarlo? ¿Invertirlo en negocios? ¿Ahorrar para tener ‘un colchón’ en época de vacas flacas?

Hay gente que de veras necesita un dinero extra. Pero, ¿por qué dárselo a quien no lo necesita?

Vamos a ver. Me haces esa pregunta porque estás pensando que la Renta Básica se añadiría a lo que cada uno de nosotros gana. No es así. La cantidad que cada ciudadano percibiría como Renta Básica no se añadiría sin más a su salario o a su pensión o prestación por desempleo.

Entonces empecemos por lo básico. ¿Qué entiende usted por Renta Básica?

Es una asignación monetaria incondicional a toda la población. Con la reforma que proponemos nosotros, la Renta Básica está exenta de IRPF. Este es un detalle fundamental. Nosotros proponemos que a partir del euro que se gana por encima de la Renta Básica, que estaría exenta, se empiece a pagar IRPF.

Es decir, que si uno gana el salario medio español, que está por debajo de los 2.000 euros, ¿pagaría más impuestos?

Por su Renta Básica no, porque está exenta, insisto. Esta iniciativa se puede concretar de diversas maneras, pero tal como Jordi Arcarons, Lluís Torrens y yo hemos propuesto, se basa en una reforma del IRPF que significa, a efectos prácticos, que el 20% más rico de la población perdería y el que está debajo de ese 20% ganaría.

Si me tuviera que citar los tres o cuatro impactos más positivos de la Renta Básica, ¿cuáles eligiría?

Primero: si tú das una Renta Básica al menos igual que el umbral de la pobreza, la pobreza desaparece.

Segundo: los trabajadores y los salarios más bajos tendrían un poder de negociación superior al que tenemos ahora.

Y tercero, por solo decir solo tres, nos evitamos una cantidad de burocracias y gastos administrativos y de gestión impresionantes.

¿Esto último lo dice porque suprimirían todas las subvenciones por debajo de la cantidad asignada como Renta Básica?

Efectivamente: Toda asignación monetaria -no nos estamos refiriendo a los servicios básicos como Educación o Sanidad- por debajo de la Renta Básica desaparecería. Es decir, si una persona tiene una pensión alta, de 2.000 euros, no gana ni pierde, porque recibiría la Renta Básica (700) más 1.300 euros para completar su pensión. Pero si una persona sólo cobra la prestación social de 400 euros, recibiría 300 más hasta llegar a los 700, que es la cantidad mensual aproximada que proponemos como Renta Básica.

Dinero gratis a menores

Ustedes proponen una Renta Básica a todo español mayor de edad de 7.968 euros anuales. ¿Por qué esa y no otra?

Porque en esa cifra exacta está ubicado el umbral de la pobreza del Estado español cuando realizamos el estudio, si descuentas a la comunidad autónoma vasca y navarra.

¿Por qué excluyen a Navarra y País Vasco?

Porque, según los datos que teníamos, era mejor desagregar esas dos comunidades porque tienen un régimen fiscal distinto. No queríamos mezclar determinados aspectos que hubieran complicado el cálculo.

En el caso de los menores, ¿no es al fin y al cabo un dinero que va a los bolsillos de los padres?

Efectivamente. Pero si se implantara una Renta Básica tendría que estar acompañada de una ley que regulase el uso y castigara el abuso, incluyendo la retirada de la patria potestad. Esto ya ocurre ahora. Cuando un padre o madre no se comporta con sus menores como la ley estima que debe hacerlo, también puede perder su custodia.

¿Y qué teme de poner en marcha esta propuesta?

Uno de los grandes problemas de la Renta Básica es que cuando no se conoce casi nada es muy fácil de ridiculizar. Esto ya ha pasado en parlamentos distintos, entre ellos tres o cuatro veces en el español, pero también en parlamentos autonómicos y de otros estados. Hay gente que dice que vamos a mantener a vagos, que nadie trabajaría, que los inmigrantes nos van a inundar… Es muy fácil de ridiculizar.

¿Y cómo evitarlo?

Dando a conocer esta iniciativa. Es muy interesante ver que a medida que la población conoce más esta propuesta, más a favor está. Porque ve fácilmente que basta profundizar un poco para darse cuenta de que algunas de las objeciones que se hacen a la Renta Básica son pura demagogia.

La reducción del índice de Gini

Ustedes proponen para reformar la Renta Básica quitar los subsidios que sean de una cuantía inferior y reformar el IRPF. ¿Podría resumir cuáles serían las líneas Básica de esa reforma del IRPF?

El IRPF actual es muy poco redistributivo. Analicemos el índice de Gini, el que más se usa internacionalmente para medir las desigualdades de Renta en un mismo país, que va de 0 a 1 (cuanto más se acerca al 1, hay más desigualdad; cuanto más se acerca al 0, menos). Si partimos de un índice de Gini que ronda el 0,41 antes del IRPF, tenemos que después pasa a a ser de 0,36.

O sea, que se reduce, pero poca cosa…

Exacto. Con nuestra propuesta, el índice de Gini quedaría alrededor del 0,25, en unos niveles muy similares a los que existen en los Estados más igualitarios (o menos desigualitarios) del mundo: Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia. Es decir, se trataría, como esta reducción de Gini muestra, de una gran redistribución de la riqueza de los más ricos al resto de la población. Los ricos seguirían siendo ricos, pero un poco menos a cambio de la erradicación de la pobreza.

¿Contempla que se pueda renunciar a la Renta Básica aquel a quien no le convenza o le perjudique fiscalmente?

Claro, no cabe duda de que quien quiera renunciar le hace un favor al resto y hay que respetar su decisión.

La Renta Básica ¿es solo para ciudadanos, para residentes, para inmigrantes…?

Para todos los ciudadanos de un país y los residentes legales. Estamos hablando de dinero público y debemos saber a dónde va. No lo vamos a dar a ciegas. Es una cuestión elemental.

¿Y no teme un efecto llamada a los emigrantes del mundo entero?

Quien se ha puesto a estudiar seriamente el efecto llamada sobre una Renta Básica ha llegado a la conclusión de que no será así. La inmigración está causada por la falta de condiciones materiales de existencia en el lugar de origen. Con Renta Básica o sin ella, la presión migratoria será tan grande como siempre si no cambian las cosas. Es más: si se implantara una Renta Básica en países pobres, las presiones para emigrar serían menores, como es fácil de entender.

El ‘NO’ de Suiza

Los suizos votaron sobre la Renta Básica y un 77% del electorado dijo que no. ¿Es un mal precedente?

Yo diría que hay que ser más cauto. Lo que me extraña es cómo tanta gente, un 23%, votó a favor tal y como sucedieron allá las cosas. Cuando se iba acercando la fecha de la votación, los apoyos a la Renta Básica iban creciendo y causando alarma entre los bancos, patronales, partidos y medios de comunicación, que estaban en contra en su gran mayoría. Insisto: cuanto más conoce la gente de qué va realmente la Renta Básica, más la apoyan.

¿Hay una Renta Básica de derechas y otra de izquierdas?

Hay gente de derechas y de izquierdas que propone la Renta Básica, lo cual confunde a mucha gente. La gente piensa: “¿dónde está el secreto?”. El problema está en las diferencias que hay entre una propuesta de derechas o de izquierdas: Básicamente la financiación de unos y de otros. La derecha quiere una Renta Básica a cambio de desmantelar una parte del Estado de Bienestar. La izquierda quiere una Renta Básica sin desmantelarlo, al revés, reforzándolo. Sólo retiraría las subvenciones inferiores a la Renta Básica, por razones explicadas.

Imagínese que yo soy Juan Pérez, el español medio, que no ve nada claro su idea. Estamos en un bar tomándonos una caña. Convénzame como lo haría a un amigo.

Juan, dedica 15 minutos, ¡solo 15 minutos! a leer nuestra propuestas de la Renta Básica. Juzga por ti mismo. Te apuesto la próxima caña a que cambiarás de opinión. Si después de leerlo sigues pensando que no va a funcionar, te explico más cosas en pocos minutos más. Y no te preocupes, que, si aún sigues siendo un contrario a la Renta Básica, la próxima cerveza la pago yo.

 

es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de SinPermiso y presidente de la Red Renta Básica. Es miembro del comité científico de ATTAC. En el próximo mes de julio aparecerá su nuevo libro “Renta Básica contra la incertidumbre” de la colección los retos de la economía (Ed. RBA).

Fuente:

La alcaldesa Ada Colau lleva razón en su conflicto con Airbnb: los pisos turísticos están destruyendo los barrios

2 agosto, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 11 de abril de 2017.

Este artículo aborda la destrucción de los barrios en las ciudades con atractivo turístico por la expansión de los pisos turísticos, los cuales provocan la sustitución de una población estable por una población transeúnte, poco comprometida con el bienestar de la ciudadanía. El artículo detalla los elevados costes que tal expansión significa para la calidad de vida de la ciudadanía, y cómo varias ciudades turísticas de EEUU están respondiendo a esa amenaza. El artículo también defiende a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por haberse enfrentado con empresas como Airbnb, que están promoviendo tal actividad mercantil.

Uno de los hechos económicos más extendidos en las grandes urbes de atractivo turístico ha sido el enorme desarrollo de los pisos turísticos, que se presentan como un ejemplo de lo que se conoce como economía colaborativa, en la que la relación entre el comprador de servicios (el turista que busca hospedarse por tiempos cortos) y la persona que los ofrece (el dueño del piso) se hace directamente a través de una agencia que los pone en contacto, y no a través de la industria hotelera, a la cual sustituye. En teoría parecería una relación razonable, e incluso progresista (y así se ha presentado incluso en algunos medios de información de tal orientación política). Por un lado, tenemos las personas que tienen habitaciones o pisos disponibles que quieren aumentar sus ingresos alquilando tales espacios a turistas, y por el otro lado, el turista que busca un espacio más económico que el hotel y/o residencia. En esta relación, la institución necesaria es una compañía que ponga en contacto a las dos partes –al turista y al propietario de la casa o habitación-, compañías que se han extendido enormemente, y de las cuales Airbnb es la más conocida.

Hasta aquí la descripción de lo que debería pasar en teoría. Y, ¿quién se puede oponer a que una familia pueda conseguir unos ingresos extra a base de alquilar un espacio de su propia casa o de su propiedad? Se presenta así una alternativa a las grandes corporaciones hoteleras, que hasta ahora habían controlado la distribución de los espacios de hospedaje de tales ciudades turísticas.

La rebelión ciudadana en contra de los pisos turísticos

Como en el caso de otros ejemplos de “economía colaborativa” (como la compañía de transportes UBER, entre otros), nos encontramos que la distancia entre la teoría y la realidad es enorme, hasta tal punto que ha surgido una gran protesta ciudadana en todas las ciudades en las que los pisos turísticos se han expandido. Y muchas de estas ciudades están considerando no solo regularlos intensamente, sino incluso prohibirlos. ¿Por qué?

La respuesta es fácil de ver. En primer lugar, la existencia de tales pisos significa una gran molestia para las fincas y para los barrios donde existen estos pisos turísticos, pues es una población transeúnte, no ligada o conectada con el bario o fincas cuya movilidad y/o comportamiento y rompe con la cohesión y espíritu comunitario del lugar. La evidencia de ello es abrumadora. Hay barrios enteros en Barcelona, por ejemplo, que corren el peligro de diluir su carácter vecinal debido al elevado número de tales pisos.

Y para complicar todavía más esta situación, gran parte de estos pisos turísticos no están ni identificados, operan sin ningún tipo de regulación o protección del usuario y de los vecinos, y no ofrecen ninguna garantía ni de seguridad ni de calidad. En general no hay protección frente a dicha actividad mercantil, que contribuye muy poco al erario público, pues un gran número de estos pisos actúan ilegalmente, y no contribuyen, a través del pago de impuestos, a cubrir los gastos extras que su existencia implica. No es de extrañar, por lo tanto, que haya constantemente protestas ciudadanas en lugares donde existen estos pisos turísticos.

Y por si ello no fuera poco, la utilización de pisos turísticos disminuye la oferta de pisos de alquiler para gente normal y corriente, disparándose los precios de los alquileres. En Barcelona, desde 2015, estos alquileres han experimentado un crecimiento muy acentuado (un 15% anual), que es insostenible para la mayoría de la población, cuyos ingresos crecen mucho más lentamente. Hay una relación directa entre el número de pisos turísticos en un barrio, el crecimiento del precio de los alquileres, y el éxodo de vecinos a otros barrios con menos pisos turísticos.

Una protesta internacional. ¿Qué puede hacerse?

El equipo del profesor John Whitlow, de la City University of New York (también profesor visitante del JHU-UPF Public Policy Center), acaba de publicar un interesante estudio sobre cómo ciudades turísticas en EEUU (como Nueva York, San Francisco, Nueva Orleans, Seattle, Los Ángeles y Miami) están respondiendo a esta amenaza a la calidad de vida de los vecinos y a la identidad de los barrios. Entre tales intervenciones municipales están:

1. Limitaciones del número de días al año que una persona propietaria puede poner su piso o habitación a disposición de alquileres cortos. El número varía de 30 a 90 días. Todas las ciudades citadas, excepto Miami, aplican esta norma.

2. Provisión de permisos para establecer pisos turísticos solo en ciertos barrios de la ciudad, tal como exigen Miami y Nueva Orleans.

3. Exigencia de licencia y registro. Todas las ciudades exigen que tanto la agencia Airbnb (y otras agencias similares), así como las personas que alquilan sus espacios, estén licenciadas y registradas, exigiéndoles, además, que garanticen el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene.

4. Deben pagar impuestos, exigencia presente en todas las ciudades, como condición para ejercer tal tipo de actividad comercial.

5. Notificación al ayuntamiento de las personas que alquilan estos espacios y de los inquilinos que ocupan tales espacios.

6. Aprobación por parte del ayuntamiento del tipo de vivienda que puede ponerse al mercado como piso turístico, estableciendo normas de espacio. Solo Nueva Orleans excluye este requerimiento. Todas las demás lo tienen.

7. Todas las personas que ofrecen pisos turísticos tienen que ser residentes de la ciudad. Las personas no residentes no pueden comercializar su vivienda para pisos turísticos. Esta regulación tiene como objetivo dificultar que empresas de capital-riesgo compren propiedad inmobiliaria para transformarla en pisos turísticos.

Y el informe termina indicando que el nivel de requerimientos está expandiéndose rápidamente, a medida que la ciudadanía se está quejando más y más por las molestias que tales pisos turísticos están creando. En realidad, una ley muy popular que se está expandiendo es que los vecinos de una finca puedan votar sobre permitir o no que hayan pisos turísticos en aquella finca. Cuando tal ley se aplica tiene un impacto muy inmediato, parando y revirtiendo dicha expansión. En realidad, el enfado ciudadano está alcanzando tal nivel, que el tipo de sanciones por violaciones de las normas definidas anteriormente está aumentado. Entre ellas, en todas las ciudades citadas (excepto en Los Ángeles) se multa a los propietarios de pisos y a Airbnb con entre 500 y 2.000 dólares por día en casos de violación de las normas municipales. Y el propietario puede ser llevado a los tribunales en caso de que los vecinos de quejen de las molestias originadas por los pisos turísticos. El informe (puesto en mi web http://www.vnavarro.org) detalla, ciudad por ciudad, las normas y regulaciones. Todo ello parece indicar que no es descartable, en un futuro próximo, que tal enfado alcance niveles de indignación y que pasen a aprobarse leyes de prohibición de la existencia de tales pisos turísticos, pues no hay duda que su existencia está deteriorando el bienestar y la calidad de vida de los barrios en las ciudades. Su existencia es una prueba más del impacto sumamente negativo de las políticas neoliberales aplicadas en el diseño del desarrollo urbano. La mercantilización de todas las dimensiones de la actividad humana está llevando a un deterioro muy notable de la calidad de vida de la ciudadanía. Y lo que es sorprendente es que a este desarrollo algunas voces que se definen como progresistas lo llamen “progreso”.

La debilidad de los ayuntamientos en Catalunya y en el resto de España

Una de las mayores diferencias entre el poder municipal en Catalunya y España, y el poder municipal en EEUU, es la enorme debilidad de los ayuntamientos catalanes y españoles, debilidad que caracteriza a los Estados del sur de Europa, donde las fuerzas conservadoras han dominado tales Estados por periodos más largos de tiempo en los siglos XX y XXI. Es precisamente donde las izquierdas han gobernado durante más tiempo (como en los países escandinavos) donde los ayuntamientos tienen mayor poder, mientras que es en el sur de Europa, donde las derechas han sido más poderosas, donde los ayuntamientos son más débiles. Esta falta de poder en el nivel del Estado más próximo a la ciudadanía limita enormemente la incidencia de la ciudadanía en el desarrollo de las políticas públicas que afectan con mayor intensidad a su calidad de vida y bienestar.

Considerando la debilidad de los ayuntamientos en España, es de aplaudir que el Ayuntamiento de Barcelona haya ofrecido un liderazgo, reconocido internacionalmente, para limitar el daño creado por los pisos turísticos a la calidad de vida de los vecinos en Barcelona. Predeciblemente las fuerzas conservadoras y neoliberales, que continúan teniendo un enorme poder político y mediático en España (incluyendo Catalunya), y Airbnb han intentado demonizar al ayuntamiento, manipulando y mintiendo, presentando las acciones de este como excesivamente radicales, motivadas por razones ideológicas anticuadas, ocultando que en otras ciudades tales medidas ya se han desarrollado y han probado ser altamente populares. El mérito del Ayuntamiento de Barcelona es el de haberse enfrentado a tales intereses, con el coraje que caracteriza a la alcaldesa Ada Colau, que ha sido aplaudido en muchas otras ciudades, las cuales se han inspirado en ella. Este aplauso debe ir acompañado de la denuncia a la Generalitat de Catalunya, controlada por las fuerzas conservadoras y neoliberales (y cuyos medios públicos de información y persuasión promueven Airbnb), que predeciblemente ha dificultado los pasos que el ayuntamiento deseaba tomar y que la ciudad se merecía. ¿Hasta cuándo continuará ignorando un clamor popular frente a esta situación que se está convirtiendo en una pesadilla para miles y miles de ciudadanos?

España no va mejor porque Botín sea más rico

28 julio, 2017

Fuente: http://www.juantorreslopez.com

Publicado en Público.es el 21 de octubre de 2013

Las últimas declaraciones de Emilio Botín diciendo que España vive un momento fantástico son una verdad como un templo. Siempre, claro está, que diga que para él y los suyos.

Es cierto que España vive un momento de gloria: las reformas que han venido realizando antes el gobierno de Zapatero y ahora el de Rajoy han ido exclusivamente encaminadas a recuperar a los bancos privados insolventes por su irresponsable política crediticia y a dar más poder de negociación y decisión a las grandes empresas. Los resultados son claros: una caída gigantesca de los salarios, que directamente redunda en aumento de beneficios empresariales, mayor concentración bancaria y negocios impresionantes para los bancos y las grandes empresas que han hecho de España la nación más desigual de nuestro entorno. A costa, eso sí, de una destrucción de empleo gigantesca, de miles de empresas arruinadas y de millones de personas que han perdido todo, bienes, viviendas y derechos sociales.

Todo ha sido concebido para que los banqueros como Botín y los grandes propietarios recuperen las posiciones que tenían antes de la crisis que ellos han provocado y ahora es lógico que todas esas medidas den resultados que les parecen fantásticos.

Pero ni siquiera así se puede admitir que lo que dice Botín sea del todo cierto.

Por un lado, las entradas de capital a las que alude no se han reflejado aún en los datos oficiales del Banco de España, de modo que si se atreve a decir que están produciéndose debe ser porque las nota en sus bolsillos. Y las empresas normales y corrientes no sienten, por el contrario, que les haya mejorado la afluencia del crédito y el impulso financiero que necesitan para salir adelante. De hecho, se estima que en 2014 van a cerrar un 25% más empresas que en este año.

Sí parece que se están produciendo entradas de capital procedentes de fondos de inversión que se están quedando con miles de inmuebles y propiedades de todo tipo, lo que debe estar dejando buenas comisiones en bancos e inmobiliarias ligadas a ellos y lo que seguramente se traduzca en unas décimas de incremento en el PIB de los próximos meses.

Pero ¿acaso se puede considerar eso suficiente, o fantástico, cuando los datos que reflejan la evolución real de la economía (exportaciones, crédito, empleo, producción industrial, ventas al por menor etc.) empeoran?

Es muy posible que estas entradas de capital puramente especulativo y voraz sigan produciéndose pero de ninguna manera puede considerarse, ni siquiera aunque vayan a traducirse con toda probabilidad en un leve crecimiento del PIB, como un augurio de que la economía española se recupera porque ni van a traer aumento del empleo, ni más o mejor vida para las empresas, ni más competitividad (suponiendo que sea eso lo que necesitemos), ni más actividades que a medio plazo permitan generar nuevos ingresos.

Lo que le ocurre a Botín no es nuevo. Sufre el mismo tipo de distorsión cognitiva que ha afectado siempre a las clases ricas españolas: confunden el todo con la parte, sus intereses con los del conjunto de los españoles.

Y lo lamentable no es que personajes como Botín sufran ese tipo de maligna disonancia sino que actúan en consecuencia y nos llevan a todos al precipicio.

Botín es un banquero que si en España hubiera Justicia, gobiernos decentes y democracia estaría en la cárcel desde hace tiempo.

Como he explicado en varios lugares, el diario El País informó el 27 de mayo de 2008 que, para defenderse de la acusación de supuestos favores al Banco de Santander, el ex Ministro de Economía Rodrigo Rato presentó un escrito de la ex-Secretaria de Estado de Justicia y luego Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, “en la que ésta pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al Abogado del Estado “instrucciones” sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito”, concretamente, pidiendo que no se dirigiera “acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes”. Gracias a ello, su presidente no tuvo que ser juzgado por unas actuaciones que el diario digital el Confidencial de 21 de septiembre de 2006 describió de la siguiente forma: “Durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables (…) El banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. (…) A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera. Como consecuencia del descubrimiento de esa serie de irregularidades, la acusación solicitó para el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas), que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública”.

Como digo, si en España hubiera Justicia al señor Botín se le hubiera enjuiciado y condenado. Si hubiera gobiernos decentes la señora Fernández de la Vega (que ahora se sienta en el Consejo de Estado) nunca hubiera dado esa orden. Y si hubiera democracia toda la gente sabría qué sucedió y al señor Botín le daría vergüenza de decir las cosas que dice porque lo correrían a gorrazos por las calles. Mejor dicho, con toda probabilidad, por los patios de una cárcel.

De la misma naturaleza es su juicio sobre el ex ministro de Economía Rodrigo Rato de quien dice que fue el mejor de la democracia. Es natural que lo diga: solo con la vergonzosa concesión de desgravaciones fiscales con el dinero de todos los españoles a las empresas que invirtieran en el exterior (como el banco del señor Botín) ya le hizo un favor suficiente como para justificar que lo siente ahora en sus sillones y lo mitifique de esa forma. Su gestión en Bankia engañando a miles de personas, su política que dio lugar a la crisis, o su ceguera para anticiparla aquí o en el FMI no tiene importancia. Pelillos a la mar que el negocio es el negocio.

Una ventaja tienen, eso sí, las declaraciones de Botón. Permiten comprobar a quien tuviera alguna duda qué tipo de salida es la que quieren darle a la crisis y la que le van a dar si no hay una respuesta social contundente que quite de una vez el Boletín Oficial del Estado a los gestores del señor Botín y compañía que gobiernan contra España: no la que recupere el empleo, el salario, la actividad empresarial y el bienestar social, sino la que permita que siga aumentando la riqueza de los ya de por sí más ricos que provocaron la crisis, los que fomentaron artificialmente una deuda privada y empresarial gigantesca a base de endeudarse ellos mismos y cuyos costes quieren ahora pasar a las espaldas de los de siempre.

Los mitos sobre el comercio internacional y las ventajas del librecambio

25 julio, 2017

Fuente: http://www.juantorreslopez.com

Publicado en eldiario.es el 5 de junio de 2017

Uno de los ámbitos de la teoría y la política económicas en donde más mitos y mentiras se han difundido es el relativo al comercio internacional. En particular, los economistas de ideología liberal y quienes defienden los intereses de las grandes corporaciones siempre se ha empeñado en proclamar que liberalizarlo por completo tiene más ventajas que cualquier otro régimen comercial. Pero casi siempre lo hacen sorteando la evidencia empírica y forzando los argumentos para dar por bueno lo que carece de suficiente fundamento científico.

Voy a comentar brevemente cinco principales mitos que desde hace ya muchos años sirven de fundamento para defender la supuesta superioridad del comercio sin trabas o protección de ningún tipo.

La teoría económica convencional afirma que el librecambio, entendido como la máxima liberalización comercial y financiera, proporciona aumento del comercio, crecimiento económico acelerado, cambio tecnológico más rápido y una asignación más eficiente de los recursos en el interior de la economía que lo practica. A partir de ahí, se asegura que proporciona muchas más ventajas que el proteccionismo.

Sin embargo, para poder establecer esta tesis los economistas que la defienden han de partir de dos hipótesis esenciales, ninguna de las cuales es posible que se dé en la realidad, salvo casos verdaderamente excepcionales.

En primer lugar, que las naciones comercian entre sí en función de los costes relativos de las mercancías, es decir, que se especializan en una u otra siempre que la puedan obtener a menor coste que las demás. En segundo lugar, que los mercados en donde comercian todas las naciones o empresas son de competencia perfecta (lo que quiere decir que en ellos no hay ninguna empresa o grupo de empresas que tenga poder suficiente para influir sobre las condiciones del intercambio, que los productos que se intercambian son completamente idénticos, que no hay ningún tipo de dificultad para que se incorpore al mercado cualquier nueva empresa y que empresas y consumidores tienen información perfecta y gratuita sobre todas las circunstancias que afectan al intercambio en el mercado).

Si se dan ambas hipótesis al completo (y otros supuestos complementarios más complicados que no puedo comentar aquí) se pueden deducir las tesis que justifican la ventaja o superioridad del librecambio. A saber: todas las economías tenderán a ser igual de competitivas; la relación entre las importaciones y exportaciones se modifica automáticamente en todas ellas para igualar su saldo, de modo que no habrá déficit ni superávit comerciales sostenidos en los diferentes países; los salarios reales y las tasas de beneficio se igualarán en todas las economías; y ninguno de esos ajustes producirá pérdidas netas de empleo, salvo algunas a corto plazo que se irán compensando.

No hace falta ser un premio Nobel para saber que en la realidad no se dan esas condiciones, imprescindibles para que la liberalización total de los intercambios comerciales produzca los efectos benéficos que aseguran sus defensores: los mercados no son de competencia perfecta, las economías no son todas igual de competitivas, todas ellas presentan continuamente desequilibrios comerciales, el desempleo es un mal generalizado en las economías contemporáneas, y mucho más en las últimas etapas de mayor liberalización comercial, y hay grandes diferencias entre los salarios reales y las tasas de beneficio.

Es verdad que en los últimos años se han desarrollado planteamientos más sofisticados ante el irrealismo, las incoherencias y la debilidad de estas hipótesis, pero lo cierto es que tampoco se corresponden con lo que ocurre en la realidad y que hoy día sigue siendo cierto lo que se demostró hace años: solo se puede decir que el librecambio es superior al proteccionismo estableciendo hipótesis que chocan frontalmente con la realidad y contra toda evidencia empírica. Más concretamente, solo se puede afirmar que el librecambio sería más favorable para una economía si y sólo si todos los mercados fueran de competencia perfecta, si todos los trabajadores que pierden su empleo a causa de la apertura comercial encuentra otro de semejante categoría y retribución y si el ajuste comercial que se produzca deja inalterada la distribución final de la renta (además de otras condiciones más complejas que no tengo espacio para exponer aquí). Unas condiciones que es materialmente imposible que se den en el realidad y mucho más en su conjunto.

Por tanto, si no se dan esas condiciones teóricas, es posible que políticas proteccionistas sean mucho mejores, más eficientes y más eficaces para promover actividad económica, empleo y bienestar que las liberalizadoras.

2. Los países que quieran progresar deben abrir al máximo sus fronteras y practicar el librecambio.

Esta idea es también un mito completamente desmentido por la realidad. Sencillamente, es imposible mostrar el caso de algún país cuya economía haya llegado a encontrarse en algún momento entre las más avanzadas del mundo y que lo haya conseguido abriendo sus fronteras y practicando el librecambio. Todas las grandes potencias económicas, financieras y comerciales de la historia han llegado a serlo gracias al proteccionismo ejercido bajo cualquiera de sus diferentes formas. Y las grandes economías de hoy día (Estados Unidos, Unión Europea, Japón, China…) siguen siendo proteccionistas aunque, eso sí, dicen defender el libre comercio para poder exigir a los demás países que liberalicen sus economías, justamente para que así se consoliden las relaciones de asimetría que les favorecen.

Si algunas han liberalizado sus relaciones comerciales en algún momento de su historia ha sido cuando ya habían llegado a la cúspide del progreso económico y disfrutaban de suficiente ventaja sobre las demás. Lo que han hecho y siguen haciendo es, como escribió Friedrich List en 1885, “darle una patada a la escalera por la que se ha subido, privando así a otros de la posibilidad de subir detrás”.

Por tanto, no es verdad que lo que convenga hoy día a las economías en peores condiciones sea no protegerse, que es lo que hicieron en su día todas las grandes potencias para progresar. Por el contrario, sí sabemos que lo que les perjudica es mantenerse en el régimen de asimetría y doble moral hoy día imperante, es decir, abrirse de par en par a las potencias mientras que éstas les cierran sus puertas.

3. Las normas internacionales que regulan el comercio internacional promueven el librecambio como requisito para aumentar el comercio, el crecimiento económico y el empleo.

La tesis dominante entre los defensores de la liberalización comercial, ampliamente impuesta en los últimos cuarenta años de políticas neoliberales, es que gracias a ella aumenta el comercio y que el incremento de las relaciones comerciales es lo que permite que haya más empleo, menos pobreza y mayor bienestar.

Las evidencias empíricas al respecto también son abundantes y claras. Puede aceptarse que mayores tasas de crecimiento económico estén asociadas a mayor volumen de exportaciones pero no hay ninguna relación entre el crecimiento económico y el de las exportaciones con la existencia de más o menos restricciones nacionales al comercio. Lo mismo que ninguna potencia ha llegado a serlo con políticas de liberalización comercial y renunciando al proteccionismo, no hay tampoco ningún país que hayan alcanzado tasas notables de crecimiento de la producción y de las exportaciones aplicando políticas de liberalización generalizada.

Las evidencias apuntan en el sentido contrario. Por un lado, los países que han cosechado más éxito económico en los últimos decenios han sido precisamente los que han tenido políticas más proteccionistas (Corea, Taiwán, Japón, China, como también las potencias de siempre). Por otro, países como la mayoría de los latinoamericanos que liberalizaron por completo sus relaciones comerciales han pagado una factura muy alta en términos de crecimiento, desempleo y pobreza. Algo que es bastante lógico si se tiene en cuenta que la mayor apertura está asociada a más inestabilidad y que ésta es negativa para el crecimiento.

Lo que se busca cuando se establecen medidas liberalizadoras del comercio no es promover el comercio porque los datos demuestran que así no se consigue. Y mucho menos cuando esa liberalización, tal y como viene ocurriendo en los últimos decenios, es asimétrica y solo se orienta a dar mayor libertad de acción y mayor poder a las grandes corporaciones. Por eso lo que ha aumentado en los últimos años de liberalización comercial han sido los beneficios y no el crecimiento económico, el empleo y el bienestar.

5. Los tratados comerciales como el TTIP o el CETA buscan favorecer el librecambio entre quienes los firman

Los tratados que se han ido firmando en los últimos años, o que se quiere firmar en estos momentos, como el TTIP o el CETA, se presentan a la opinión pública como tratados “de libre comercio” pero no es verdad que lo sean.

Ya hemos dicho que para que el libre comercio sea realmente ventajoso debe darse en condiciones de competencia perfecta que en la realidad no pueden existir. Y dichos tratados no solo no establecen la competencia perfecta sino que ni siquiera se dirigen en esa dirección. Son acuerdos que lo que proporcionan  son mejores condiciones a las grandes corporaciones que controlan los mercados y que, por tanto, refuerzan la naturaleza oligopólica de los mercados y restringen de facto y de iure la competencia.

La mejor prueba de ello es que los que se presentan como tratados de libre comercio y que supuestamente buscan igualar a las partes lo que hacen es mantener la asimetría original y, por tanto, tratar igual a los desiguales que es justo lo que mejor conviene a los más poderosos.

Uno de los últimos tratados de “libre comercio” es el suscrito por Estados Unidos y Colombia en 2012 y sus efectos son bastante elocuentes: las exportaciones de Colombia a la gran potencia han bajado un 54% desde entonces, se han perdido 51.000 empleos en el sector agropecuario y 106.000 en la industria manufacturera de ese país, y el superávit con Estados Unidos de 8.244 millones de dólares que tenía a su favor se ha convertido en un déficit de 1.414 millones.

6. Los economistas que critican las supuestas ventajas del librecambio y la organización actual del comercio internacional defienden la autarquía y el aislacionismo comercial

Como comento en mi libro ‘ Economía para no dejarse engañar por los economistas‘, Ravi Batra afirma que la idea de que el librecambio es mucho mejor para todas las economías “ha llegado a ser casi un dogma para los economistas, hasta tal punto que cualquiera que la cuestione se expone al ridículo “. Y así es, aunque la evidencia empírica indique que es justamente la teoría convencional la que peca de irrealismo.

Desgraciadamente, lo que suele ocurrir es que los economistas convencionales que defienden estas ideas librecambistas no refutan los argumentos de quienes las han criticado a lo largo de muchos años y con todo tipo de análisis sino que recurren a la descalificación, cuando no al insulto. Una típica respuesta es limitarse a decir que lo que quieren los críticos con la realidad del comercio internacional y con los postulados liberalizadores es la autarquía, es decir, acabar con el comercio entre las naciones y aumentar la intervención del Estado a toda cosa.

Para mostrar que no exagero ni invento, traigo aquí los comentarios de dos economistas españoles muy conocidos e influyentes.

José Carlos Díez hizo en su cuenta de Twitter el siguiente comentario para atacar las críticas que Pablo Iglesias había hecho al comercio internacional de nuestros días:  “Pablo Iglesias discípulo de Marx y contrario al libro comercio. Revival de la autarquía franquista. Menudo elemento”.

Es cierto que se trata de un economista de poca solidez teórica y que interviene en el debate económico más como cruzado al servicio de una causa política que como buscador de la verdad, pero me parece que refleja claramente la actitud de la ideología económica dominante ante las posiciones teóricas que la ponen en cuestión.  Daniel Lacalle (un buen amigo a pesar de las casi infinitas diferencias de pensamiento que tengo con él) titulaba, por su parte, un artículo sobre estos temas diciendo “El proteccionismo solo protege al gobierno”, cuando es de una evidencia clamorosa que son las grandes empresas las que reclaman y consiguen esa protección que él denuncia y que son ellas quienes principalmente se benefician del proteccionismo tradicional hoy día dominante.

Quienes criticamos las tesis que defienden el imposible y falso librecomercio de nuestra época no defendemos la autarquía ni estamos en contra del comercio o de las relaciones económicas internacionales. Ni siquiera defendemos el proteccionismo a la vieja usanza que no es garantía de progreso sino de incremento de las desigualdades. Defendemos, en todo caso, un buen comercio, la protección de la población, de los recursos económicos y del medio ambiente que sea compatible con la eficiencia y el máximo nivel posible de equidad.

El mal modo en que funciona el comercio internacional en las últimas décadas y el predominio de una ideología económica que, con independencia de cuál sea su intención, solo lleva a aumentar el privilegio de las grandes corporaciones, tienen mucho que ver con los grandes problemas actuales de la economía mundial. Huir de prejuicios y de planteamientos maniqueos, poner en cuestión las ideas que se comprueban claramente contrarias  a la realidad y acabar con los privilegios que no tienen más justificación que el desigual poder de las partes es hoy una exigencia de primer orden en nuestro mundo.

¿Quiénes son los adictos a la deuda?

7 julio, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Uno de los mitos más extendidos sobre la vida económica es el que afirma que la enorme deuda que se acumula en el mundo es consecuencia de que la gente normal y corriente vive por encima de sus posibilidades y de que los partidos de centro-izquierda son muy pródigos cuando gobiernan, produciendo grandes déficits que la aumentan sin cesar.

Se trata, como tantas otras, de una falsedad que se desmiente fácilmente con el conocimiento elemental de los procesos económicos y con los datos. Pero que, a base de repetirse miles de veces, ha terminado por convertirse en un credo que la gente asume y que, gracias a ello, permite imponer las políticas económicas que benefician a otros.

Cuando se consigue que la gente crea que la deuda tan elevada se ha generado por su culpa, debido a su comportamiento irresponsable, se pueden ya imponer medidas correctivas “de austeridad” y recorte en los gastos sin que sus beneficiarios protesten, o al menos sin que lo hagan suficiente o convencidamente, pues están convencidos de que deben expiar su culpa.

La trampa es clara: unos (los acreedores) generan la deuda en su beneficio pero hacen creer a los deudores que estos últimos son los responsables de ella, y así pueden imponerles más fácilmente las condiciones que aseguren el pago, multiplicado por los intereses, de la deuda. Y la trampa es tan antigua que la palabra “deuda” significa también “culpa” en muchas lenguas. Para Nietzsche el propio concepto de culpa procede del “tener deuda”: el deudor siempre es culpable.

Los datos, como he dicho, muestran claramente que son precisamente los gobiernos más a la derecha los que multiplican la deuda mientras que los de centro-izquierda suelen ser los que tienen que dedicarse a reducirla. Y la prueba más evidente de que son las políticas más liberales las que aumentan la deuda se tiene simplemente comprobando que su mayor incremento histórico se ha producido precisamente desde los años 80 del siglo pasado cuando comenzaron a imponerse generalizadamente.

El caso de Estados Unidos es paradigmático. El padre de la revolución conservadora que impulsó el neoliberalismo, Ronald Reagan, llegó a la presidencia diciendo que la deuda estaba fuera de control, cuando en realidad se encontraba en el nivel más bajo de los últimos 50 años. Pero lo que ocurrió fue que bajo su mandato y el siguiente de Bush padre la deuda se disparó como nunca antes, volvió a bajar con la presidencia demócrata de Clinton y nuevamente subió con Bush hijo. Y algo parecido se puede decir con la ingente deuda que los países más atrasados acumularon bajo gobiernos de derecha o extrema derecha a partir de los años 80.

La banca internacional, de la mano de la CIA, impulsó golpes de Estado para imponer a dictadores civiles o militares cuya primera y principal tarea consistía en suscribir préstamos multimillonarios (muchos de los cuales ni siquiera llegaban a sus países). Las auditorías que se han realizado años después en algunos lugares han demostrado que ese endeudamiento fue un auténtico crimen contra sus pueblos, una deuda ilegítima y tramposa que las grandes potencias y los poderes financieros no tienen la vergüenza de reconocer como tal.

En España estamos viendo en estos últimos años que sucede algo parecido. Los ayuntamientos más endeudados son precisamente los del Partido Popular y cuando han llegado partidos o coaliciones de centro-izquierda se han de dedicar a reducirla con enorme esfuerzo.

Se ha dicho hasta la saciedad que el problema de deuda que ahora tiene la economía española se debe a que antes de la crisis la gente corriente vivía “por encima de sus posibilidades” pero los datos también contradicen esa idea. Según los del Banco de España, en 2008 a las familias le correspondía el 25% de la deuda total y el 35% de la deuda no financiera (excluida la de los bancos, es decir, sólo la de las familias, la del sector público y la de las empresas no financieras). A las empresas no financieras, el 33% de la total y el 47% de la no financiera. Al sector público el 11,8 % de la total y el 16% de la no financiera y a las entidades financieras, el 30,3% de la total. Y, además, el 49,1% de las familias y el 83,5% del 20% con menos ingreso no estaban endeudadas. Y la mayoría de las familias (73,4%) con menos renta (40%) solo tenían en aquel año la deuda correspondiente a su vivienda habitual.

En contra de lo que se quiere hacer creer, las familias y las personas corrientes, o las pequeñas y medianas empresas, no son las adictas a la deuda, y endeudarse no es lo que buscan los partidos políticos más progresistas. Todo lo contrario, son ellos quienes sufren la deuda como lo que es, una esclavitud resultado de la desigualdad y de las políticas de creación artificial de escasez y de bajos ingresos.

La razón de por qué la deuda es tan elevada en todas las economías es otra, doble y bien clara. Por un lado, porque es el negocio de la banca y ésta tiene suficiente poder como para imponer un modelo generalizado de crecimiento económico impulsado por la deuda para garantizar y aumentar sus beneficios. Y, por otro, a causa de los intereses que la multiplican sin cesar.

Gracias a las normas que regulan el sistema bancario desde hace décadas, la banca tiene el privilegio de poder dar préstamos creando el dinero que presta desde la nada, es decir, sin tenerlo previamente. Y es obvio que un privilegio como este no lo desperdicia, sino que lo utiliza a la máxima potencia.

Si el negocio de la banca es dar préstamos (si solo recibiera depósitos se arruinaría) y lo que busca es aumentar su beneficio, lo que tiene que hacer es crear deuda constantemente. Para ello utiliza su poder, que es enorme precisamente por ese mismo privilegio, para imponer las políticas que restringen el ingreso y que obligan a endeudarse constantemente, o que implican modos de vida (viviendas en propiedad) que necesitan financiación externa, o para corromper a los políticos y obligarlos a realizar gastos cuantiosos, sean necesarios o no pero que deben financiarse con su crédito.

Quien es adicto a la deuda es la banca porque esa es la fuente de sus ganancias y de su impresionante poder, no solo financiero, sino también mediático, cultural y político.

La segunda razón que hace que la deuda se multiplique es el interés.

El dinero que un banco central o un banco comercial da en préstamo viene, como he dicho, de la nada. Por eso los bancos centrales pueden prestar al 0% a los bancos privados, como igual podría hacer un banco privado o comercial (otra cosa es que el interés se utilice como incentivo o desincentivo en la vida económica). Pero estos últimos lo prestan al interés más alto que pueden y, además, con fórmulas de interés compuesto que multiplican la deuda en poco tiempo: una al 7% se duplica en diez años, por ejemplo.

Los datos que muestran el peso de los intereses en la deuda total son abrumadores. De cada 100 euros de deuda pública acumulada en el conjunto de la UE-28 de 1995 hasta finales de 2015, más de la mitad (57,6 euros) corresponden a intereses, en la eurozona 60,5 euros y en España 61,4 en ese mismo periodo.

Cuando se nos dice que hay que salvar a los bancos, lo que se quiere decir es que hay que crear las condiciones que les permitan seguir creando deuda. Y es precisamente por ello que en estos últimos años en que se han ido rescatando con inmensas cantidades de dinero público (que han obligado a endeudarse aún más a los Estados) lo que ha ocurrido es que la deuda ha vuelto a crecer espectacularmente. Lógico: un banco rescatado es el que de nuevo comienza a generar deuda.

Nos decían que había que imponer las políticas de recortes para que bajara la deuda pero lo que se buscaba era justo todo lo contrario: reducir la capacidad de generar ingreso propio para que los bancos volvieran a prestar y a crear deuda. Por eso en 2015 había en Europa cinco billones más de deuda pública que en 2007, y 2,4 billones más que en 2010. Y por eso la deuda total ha aumentado en 57 billones de dólares en todo el mundo desde 2007 a mediados de 2016, y la de los Estados ha pasado de 26 billones de dólares a 56,5 billones en ese mismo periodo.

La prueba del engaño es que la deuda haya subido de esa manera justamente en el periodo de aplicación de políticas de recortes sociales y rescate a la banca justificadas como las imprescindibles para disminuirla.

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Aquí puedes leer el anterior artículo de Juan Torres de la serie Desvelando mentiras, mitos y medias verdades económicas: “ No todos los economistas predicen mal“.

Estos son los perdedores y ganadores de una hipotética renta básica

5 julio, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

La propuesta de una renta básica es simple: un ingreso asegurado y universal para toda la población sean cuales sean sus circunstancias e ingresos. Cómo hacerlo y qué efectos tendría, no tanto. El último informe de la OCDE sobre renta básica alerta de que los sistemas de protección social y beneficios sociales actuales son tan complejos que su reemplazo por una renta básica crearía un complicado balance de ganadores y perdedores. De hecho, este ingreso podría no contribuir apenas a reducir la pobreza en algunos países.

Ese balance dependería de dos factores: quiénes son los beneficiarios de los sistemas actuales y cómo se plantearía la renta básica, es decir, cómo se financiaría y a qué beneficios sustituiría. Una foto del estado actual ayuda a mostrar qué población recibe más transferencias sociales. Estas transferencias sociales se hacen en forma de subsidios, prestaciones, pero también a través del sistema de pensiones, de la educación o del sistema fiscal.

En Finlandia, por ejemplo, el 20% más pobre recibe cuatro veces más transferencias que el 20% más rico. En Francia, los dos estratos de población acaban por recibir prácticamente lo mismo por diferentes vías. En otro grupo de países, entre los que se encuentran España, Grecia, Portugal e Italia, el 20% más rico se beneficia del triple de transferencias sociales que el 20% más pobre, una irregularidad que marca la ineficienca del sistema de protección social de los países del sur de Europa.

Este reparto es clave para saber quién gana y quién pierde. Si la renta básica sustituyera a los beneficios actuales, es decir, si el dinero que ahora se gasta en todas las prestaciones se sumara y se repartiera en cantidades iguales a cada ciudadano, los más pobres de algunos países con fuertes sistemas de protección (como los nórdicos) saldrían perdiendo. “Como en la mayoría de países estas transferencias están dirigidas a la población con niveles más bajos de ingresos estas personas ya están recibiendo unos beneficios mayores que lo que percibirían si se sustituyen por la renta básica”, explica el politólogo Pepe Fernández Albertos. En esos casos, la renta básica no solo no serviría para reducir la pobreza, sino que harían que gente que ahora está fuera de ese umbral cayera en él al reducir sus ingresos.

No es el caso de España. Al pertenecer al grupo de países donde las transferencias sociales benefician tan poco a los grupos más desfavorecidos, estas personas podrían salir ganando si se sustituyeran por una renta básica. “En España los programas de transferencia son muy poco redistributivos”, apunta Fernández Albertos. Las clases medias que ahora apenas se benefician de alguna ayuda también ganarían al empezar a recibir un cheque mensual con su renta básica.

El otro factor a tener cuenta es a qué sustituye y cómo se paga esa renta básica. Un argumento muy usado por sus defensores es que esta medida podría tener un coste cero: al sustituir a muchos programas de ayudas y prestaciones actuales se usaría ese dinero para financiarla. Pero, ¿cuál sería la cuantía de la renta básica que saldría? Los cálculos de la OCDE señalan que, en general, derivaría en una prestación de cuantía inferior a los sistemas de rentas mínimas que ya están funcionando en cada país. Es el caso de España: esos ingresos mínimos representan ahora  el 60% del umbral de la pobreza, mientras que una renta básica financiada de esta manera (a coste cero) estaría en el 35% de ese umbral.

La OCDE dice, por tanto, que sin impuestos adicionales una renta básica a coste cero “estaría muy lejos de erradicar la pobreza”, pero que conseguir una renta por encima del umbral de la pobreza sería “muy cara”. “La idea es que si quieres tener una renta básica que esté por encima del umbral de la pobreza o bien introduces algunos criterios de condicionalidad para percibirla, lo que lleva a perder algunas de sus características, o bien tienes que aumentar tu presupuesto, lo que acaba con la idea de presupuesto cero, de que implantarla no supondría un aumento del gasto”, señala el politólogo.

La OCDE concluye que la introducción de una renta básica debería ser, por tanto, paulatina e ir acompañada de un debate sobre cómo asumir una distribución más equitativa del crecimiento económico. Lo que parece claro, constata el organismo, es que las nuevas formas de empleo, el aumento de la desigualdad, la amenaza de miles de trabajos perdidos por la robotización y los desequilibrios entre vida laboral y personal están haciendo que el debate sobre la renta básica esté cada vez más presente.

¿El Estado de Bienestar es insostenible porque “resulta imposible mantenerlo”?

3 julio, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Las palabras que encabezan este artículo son textuales. Las dijo en abril de 2009 el ex presidente José María Aznar (Aznar cree insostenible el actual Estado del bienestar) y las ha vuelto a repetir en nuevas ocasiones, más o menos de la misma forma que los demás responsables de las políticas económicas que se han aplicado en los últimos años. Y, como ha ocurrido con otros mitos y mentiras, a fuerza de repetirse se ha conseguido que la gente termine creyéndose esa idea y que acepte las medidas que recortan sus derechos y los bienes públicos a los que venía accediendo. Pero ¿qué hay de verdad en esa afirmación? ¿Es cierto que los gastos públicos destinados a garantizar bienestar social son tan elevados y necesitan una financiación tan exagerada que resulta “imposible mantenerlos”?

A mi juicio, tanto si contemplamos el caso español como el de otros países avanzados, se puede concluir fácilmente que lo que dicen Aznar y otros políticos o economistas de su misma orientación es el resultado de sus preferencias ideológicas y contrario a la realidad que muestran los números.

En primer lugar, habría que explicar por qué en otros países se puede mantener sin demasiados problemas un porcentaje de gasto social sobre el PIB más elevado que el español y en nuestro país no. Es más, lo que habría que considerar es que nuestro gasto social más reducido es una rémora a la hora de generar más ingresos y actividad económica. Es decir, que conviene ponerlo a la altura de los demás, en lugar de reducirlo, si queremos que nuestra economía funcione mejor.

Increíblemente, los economistas y políticos neoliberales que atacan el gasto social y al Estado de Bienestar lo hacen considerando que es un gasto perdido, una especie de dispendio que se desperdicia en la propia barriga del Estado y que, por tanto, no tiene utilidad ninguna. Digo que resulta increíble que se diga eso porque resulta obvio que cada euro de gasto que realiza el Estado en sanidad, educación, pensiones…, o en cualquier otro concepto, se convierte (más o menos inmediatamente y en mayor o menor proporción) en un euro de ingreso del sector privado. El gasto público lo reciben empleados públicos que se lo gastan en consumo de bienes y servicios, o empresas que igualmente lo incorporan a la actividad económica invirtiendo y gastando a su vez, o rentistas que adquieran deuda pública (otra cosa es, como señalaré después que se tenga que gastar en intereses o que salga de nuestra economía).

Yo no defiendo que el Estado gaste por gastar, sino que se evalúe con el máximo rigor la conveniencia social del gasto público y su forma de realizarse. Pero eso es una cosa y otra creer a los economistas liberales cuando, para rechazar al Estado por preferencias ideológicas, se inventan el mito de que el gasto público no ayuda a la economía privada o a la actividad económica en general.

La realidad es que el gasto social y público en general tiene dos grandes ventajas. La primera, que cuando se realiza puede generar un incremento final en la renta mucho mayor. Es lo que los economistas llamamos el “efecto multiplicador” del gasto público (parecido al que tienen la inversión o las exportaciones) y que algunos economistas anarquista-liberales incluso se empeñan en negar con tal de justificar sus preferencias ideológicas. Es cierto que puede ser mayor o menor, o incluso anularse en determinadas circunstancias, pero, como las meigas, haberlo, háylo. Como explico en mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas, organismos tan conservadores como el Fondo Monetario Internacional no solo confirman su existencia, sino que han tenido que reconocer que es más grande de lo que se creía. El gasto público no llena la barriga del Estado, sino el bolsillo del sector privado, como saben muy bien los grandes promotores, constructores y banqueros españoles, sobre todo, pero también la inmensa mayoría de los empresarios que pueden vender sus productos gracias a que hay quienes reciben ingresos, por una vía u otra, del Estado.

La segunda gran ventaja del gasto social (y público en general) es que se puede financiar sin coste alguno por el banco central puesto que el dinero que presta se crea de la nada. Es evidente que eso hay que hacerlo garantizando siempre que la demanda que se crea tenga oferta suficiente para que no suban los precios, pero significa que el gasto social puede utilizarse sin problemas para activar la economía cuando el sector privado no consigue hacerlo.

Y esta ventaja del gasto social lleva directamente a descubrir otra de las grandes mentiras de los políticos y economistas neoliberales sobre su sostenibilidad. La que afirma que es el causante de los déficits y de la abultada deuda pública.

La oficina de estadística europea Eurostat acaba de publicar los últimos datos de deuda pública e intereses de España y del resto de países europeos y son bastante claros al respecto.

De 1995 a 2016, la deuda pública española ha aumentado en 811.349 millones de dólares (de 295.604 millones a 1,106 billones de euros) y en ese periodo España ha pagado 509.730 millones de euros en intereses. Es decir, que 62 de cada 100 euros del incremento que ha tenido la deuda pública española corresponden a intereses. Dicho de otra manera, eso significa que si nuestra deuda pública es tan elevada no es porque el gasto social o el público en general hayan sido muy grandes sino porque se renunció a que lo financiara el banco central, que puede hacerlo sin intereses. Es fácil deducir que si eso hubiera ocurrido, si el Estado español hubiera sido financiado en las mismas condiciones en que el Banco Central Europeo financia actualmente a la banca privada, la deuda pública española no sería superior al 100% del PIB sino que ni siquiera pasaría de la mitad.

Los economistas y políticos liberales enseguida me replicarían diciendo que estoy pidiendo que el banco central financie sin límite al Estado para que derroche. Pero no es eso lo que estoy planteando: he afirmado que soy partidario de que el gasto público sea eficiente y lo más austero posible, no ilimitado, y que se realice sin despilfarro y sin corrupción. Y lo cierto es que la deuda pública y, por tanto, el gasto público serían mucho más bajos si el banco central financiara correctamente a los Estados. Por el contrario, es la política neoliberal que concede a la banca privada el beneficio de financiar con dinero que crea de la nada y que genera artificialmente escasez de ingresos lo que aumenta la deuda, como mostré en mi anterior artículo ¿Quiénes son los adictos a la deuda?, publicado en este mismo diario.

Otra falsedad sobre el Estado de Bienestar consiste en afirmar que se benefician unos de él y lo pagan otros, de modo que genera un efecto de inequidad que, entre otras cosas, limita la libertad individual.

Dejaré a un lado el debate sobre la redistribución de ingresos que efectivamente genera el gasto social porque es una cuestión moral y sobre la que solo caben decisiones políticas que dependen de nuestras preferencias y no del análisis económico.

Pero sí hay que subrayar que se ha podido demostrar que los beneficiarios de los gastos del Estado de Bienestar contribuyen mediante sus impuestos a financiarlo incluso en mayor medida de lo que reciben. Los investigadores Anwar Shaikh y Ahmet Tonak han comprobado, para varios periodos de la economía estadounidense y de otros países, que el valor neto de las transferencias (es decir, el que queda una vez que se deducen los impuestos que pagan sus beneficiarios) ha sido negativo durante la mayoría de los años que han estudiado.

Finalmente, la mentira que hay detrás de los argumentos de Aznar y demás políticos neoliberales se demuestra si tomamos en cuenta los recursos con que se podría disponer para financiar el Estado de Bienestar. Valga un sencillo razonamiento.

El gasto que realizan anualmente todos los gobiernos del planeta es de unos 20 billones de dólares anuales.

Según el Banco de Pagos Internacionales, el volumen total de transacciones financieras en todo el mundo fue de unos 9.765 billones de dólares en 2015 (estoy hablando de millones de millones).

Por tanto, todo el gasto público mundial (no solo el destinado al bienestar) se podría financiar haciendo desaparecer TODOS  LOS IMPUESTOS QUE SE PAGAN EN EL MUNDO (este es el momento en que los economistas liberales deberían levantarse al unísono para hacer la ola a los economistas que hacemos esta propuesta) y estableciendo solo y simplemente una minúscula tasa de 20 céntimos por cada 100 dólares de transacción financiera. Ni un impuesto más.

Sé que el ejemplo es algo burdo porque me consta que las transacciones son complejas y que una medida de esta naturaleza requeriría medios y voluntad política hoy día inexistentes. Pero sirve para lo esencial, esto es, para demostrar que el problema básico al que se enfrenta el mantenimiento, no solo del Estado de Bienestar existente sino el de uno muchísimo más avanzado, no es la falta de recursos. Como también podría llegarse a la misma conclusión sobre la financiación del Estado de Bienestar en España: se podría financiar sin dificultad simplemente logrando que todos españoles y todas las empresas contribuyeran al fisco tal y como se establece en la Constitución española, de acuerdo con su capacidad económica y bajo los principios de igualdad y progresividad.

No hay falta de recursos, hay miseria de voluntades y una ideología anarco-capitalista con suficiente poder imponerse a base de mitos y falsedades.

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Aquí puedes leer el anterior artículo de Juan Torres de la serie Desvelando mentiras, mitos y medias verdades económicas: ” ¿Quiénes son los adictos a la deuda?“.