Archive for the ‘economía’ Category

Ideas para poner la economía al servicio de la vida

23 octubre, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

En la introducción a La economía rosquilla (Paidós, 2018), la economista británica Kate Raworth sostiene: “necesitamos una nueva historia económica, un relato de nuestro futuro económico común que sea apropiado para el siglo XXI. Pero hay algo que no debemos olvidar: los relatos más potentes de la historia han sido siempre los que se han narrado con imágenes”. De ahí el título y uno de los ejes del libro.

La sustancia de su rosquilla es el área (bidimensional) entre dos círculos concéntricos. El exterior marca el límite del techo ecológico, más allá del cual se pone en riesgo la sostenibilidad del planeta. El círculo interior contiene el conjunto de necesidades sociales que satisfacer mediante la actividad económica: las materiales, como el agua, la energía, el alimento, la vivienda; las vitales, como la educación o la salud, y también las sociales, como la paz, la justicia, la equidad social, la igualdad de género y la participación política. Traspasar este círculo hacia el interior implica privaciones sociales. La zona entre ambos círculos sería así “el espacio seguro y justo para la humanidad”, un espacio que la actividad económica debería contribuir a crear y sostener.

A partir de esta metáfora, el resto del libro desarrolla lo que promete en portada su subtítulo: ‘7 maneras de pensar la economía del siglo XXI’. Esta frase contiene a la vez tanto el principal atractivo como su principal carencia.

Empecemos por los aciertos. El primero de ellos es la elección de esos siete temas: (1) Dejar de considerar el PIB el primer objetivo de la actuación económica; (2) incardinar la economía en su contexto natural y social, lo que incluye desde el impacto medioambiental hasta el papel del mercado y del Estado, como también el rol de las familias y las actividades sin retribución; (3) centrarse en una visión integral de la naturaleza humana, abandonando la dañina metáfora del hombre económico racional; (4) tomar en cuenta la naturaleza sistémica del medio ambiente y de la propia sociedad implica que estén en equilibrio dinámico; (5) practicar un diseño económico en que el crecimiento va asociado a una distribución equitativa y (6) a la regeneración de recursos, en la línea de la economía circular, y (7) explorar cómo las economías que son financiera, política y socialmente adictas al crecimiento podrían aprender a vivir del mismo modo con o sin él.

Las propuestas se describen en un lenguaje claro y accesible sin necesidad de conocimientos previos. Pero el planteamiento tiene una carencia: se trata de propuestas para pensar la economía, no para cambiarla. Aborda de modo convincente el ¿para qué cambiar la economía? y ofrece pistas sobre ¿qué cambiar? Pero se detiene antes de abordar quién y cómo llevar estos cambios a la práctica. Un síntoma de esta carencia: el concepto de liderazgo, necesario para todo cambio, no aparece ni en el índice. ¿Recogerá alguien el reto?

[Este artículo ha sido publicado en el número de verano de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente conuna suscripción]

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El futuro de la ocupación y la economía del bien común

9 octubre, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

La economía del bien común atiende la recuperación los valores que están en todas nuestras constituciones (dignidad humana, justicia social, solidaridad…) y que teóricamente son la base de la actividad económica. Propone las medidas para que realmente los valores sean las reglas de anclaje de la economía. De este modo, el beneficio pasa de ser considerado un fin en sí mismo a un simple medio para el bien común.

El trabajo es y será cada vez más un bien escaso. El cambio tecnológico y la globalización son los factores que se analizan habitualmente por su incidencia en la oferta de trabajo. La progresiva desaparición de las pymes y del comercio de barrio es un indicador de la pérdida de tejido empresarial. La economía del bien común es firme defensora de la empresa como unidad económica viable. En este caso apoyaría las medidas que tiendan a corregir los sobrecostes que suelen soportar los pequeños negocios y que las grandes empresas no asumen, bien porque los externalizan o bien porque por su tamaño consiguen otras ventajas.

Al hablar de medidas de apoyo a la pyme y al pequeño comercio podemos hablar de aquellas directamente referidas al mercado laboral y también de otras que se refieren a la infraestructura económica en la que desarrolla su actividad la empresa. Por su importancia nos referiremos al acceso a la vivienda y al alquiler, por tanto, al mercado inmobiliario.

El valor de la vivienda referido al tiempo de trabajo necesario para conseguirla nos da una medida del esfuerzo exigido al trabajador. Tanto o más directamente para la pyme está el precio del alquiler de los locales. ¡Cuántos pequeños negocios generan poco más que para el pago del alquiler! En este caso el protagonismo del alquiler está determinando el margen disponible para retribuir al principal elemento de la cadena de valor: el trabajador.

La economía del bien común apoya una discriminación fiscal positiva a favor de la pyme; y para la gran empresa, la realización obligatoria del balance del bien común, aportando transparencia sobre su gestión y obteniendo recompensas en su caso según su contribución al bien común.

Mercado laboral

Un segundo bloque de análisis cuando hablamos del futuro de la ocupación es el que se refiere a la propia rigidez del mercado de trabajo, tanto en los sistemas de contratación como en la reducción salarial como mecanismo de ajuste al que se ha recurrido en los últimos años. En este sentido la economía del bien común se suma a todos aquellos que piden una amplia reforma del mercado laboral que ponga como centro a la persona. Hablemos de instrumentos contractuales que tengan en cuenta la diversidad de personas, de edades, el envejecimiento progresivo de nuestra población… La excesiva uniformidad y rigidez en la que nos encontramos determina también unas culturas empresariales uniformes que resultan, por tanto, muy excluyentes. Hay un enorme campo por recorrer tanto en sistemas de contratación como en políticas internas, para aprovechar el potencial de las personas añadiendo más indicadores de rendimiento laboral a la productividad, que seguramente acabarían redundando también en un incremento de la misma.

La economía del bien común propone una medida singular: el año sabático. Cada décimo año en la profesión será un año sabático financiado a través de un salario mínimo incondicional. Las personas pueden hacer en este tiempo lo que quieran. Esta medida descarga el mercado de trabajo en un 10%, lo que equivale a la actual tasa de desempleo en la Unión Europea.

El futuro de la ocupación va a marcar el futuro de la desigualdad social. Gracias a su visión holística, la economía del bien común se convierte en una alternativa válida porque regula y no destruye, limita los excesos e incluye medidas de espectro amplio, macro y micro, para armonizar la ocupación y los factores que le afectan.

[Este artículo ha sido publicado en el número de verano de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente conuna suscripción]

Las falsedades de la supuesta recuperación económica promovida por el pensamiento neoliberal dominante

9 septiembre, 2018

Fuente: http://www.vnavarro.org

Vicenç Navarro, 16 de agosto de 2018.

Vicenç Navarro
Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pomepu Fabra

Se está creando la percepción en los países del capitalismo desarrollado de que la Gran Recesión -que ha causado un deterioro muy acentuado del bienestar y calidad de vida de la mayoría de sus poblaciones- es un hecho del pasado, consecuencia del supuesto éxito de las políticas neoliberales que los gobiernos de estos países han ido aplicando durante este período. Estas políticas han consistido en reformas laborales (supuestamente encaminadas a favorecer la flexibilidad de los mercados laborales) y recortes del gasto público, incluyendo del gasto público social (en servicios públicos como la sanidad, la educación, la vivienda social, los servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios, y otros; y en transferencias públicas, como las pensiones) que se aplicaron para reducir el supuestamente excesivo déficit público que estaba “ahogando” a la economía, como consecuencia de una “excesiva generosidad de los derechos sociales” que tenía que corregirse y revertirse mediante la imposición de políticas de austeridad.

El “supuesto éxito” de las políticas públicas neoliberales

Según los establishments político-mediáticos que promueven la sabiduría convencional en cada país, estas medidas han tenido un gran éxito habiendo recuperado el rigor y la eficiencia de sus economías. Como prueba de ello, presentan indicadores que -según afirman- reflejan tal recuperación como, por ejemplo, el aumento del crecimiento económico y la disminución del paro. Esta promoción de las políticas neoliberales va acompañada, por lo general, de referencias al “supuesto gran éxito” de la economía estadounidense -máximo referente del pensamiento neoliberal-, que se atribuye a la gran flexibilidad de su mercado de trabajo y a su escaso gasto público (el más bajo, una vez descontado su gasto militar), muy acentuado en el caso del gasto público social (responsable de que EE.UU. sea el país capitalista desarrollado con menor protección social). Según explica la sabiduría convencional -de clara sensibilidad neoliberal- este país, después del colapso de su economía (de 2007 a 2009 su PIB bajó un 4%), recuperó, a partir del 2009, su tasa de crecimiento (un promedio de 2,1% anual), lo que provocó un gran descenso del paro, que de ser del 10% pasó a ser el más bajo del mundo capitalista desarrollado, con un 3,8%.

Lo que esconden los indicadores del “supuesto éxito”: el deterioro muy notable del bienestar y calidad de vida de las clases populares

Lo que tales argumentos ocultan o desconocen es que, en gran parte de los países capitalistas desarrollados, las cifras del paro tienen un valor muy relativo para medir el grado de eficiencia del mercado laboral, pues excluyen a grandes sectores de la población que sufren las consecuencias del gran deterioro del mercado laboral (causado por tales políticas neoliberales), y que no quedan reflejados en la tasa de paro. Este indicador de paro no incluye, por ejemplo, la población que trabaja en situación parcial y temporal que querrían hacerlo a tiempo completo (la población empleada subocupada), un problema grave creado por las reformas laborales. Este sector ha sufrido un notable aumento, alcanzando su máxima expresión en el trabajo precario, muy generalizado hoy en la gran mayoría de países capitalistas desarrollados. En España se habla mucho (con razón) del elevadísimo paro, pero no se habla tanto del elevadísimo nivel de precariedad entre la población empleada. Los contratos más frecuentes en España son los que duran 15 días y una cuarta parte del total tiene una duración de 7 días, siendo este el tipo de contrato que ha aumentado más desde el inicio de la crisis en 2007. Desde que se inició la crisis, casi el 60% del empleo creado ha sido -precisamente- de carácter temporal y parcial.

Otro sector de la población que no se incluye en la tasa final del paro es la gente que ha abandonado la búsqueda de puestos de trabajo por no encontrarlo. En EE. UU., en caso de incluirse este sector de la población, la tasa de paro ascendería a un 7,6%. En realidad, si se sumaran los desempleados, los empleados subocupados y los que se han desanimado en su búsqueda de puestos de trabajo, la cifra de paro ascendería a un 10,9% (17,6 millones de personas). Esta trágica (y no hay otra manera realista de definirla) situación, muestra las limitaciones de utilizar la tasa de paro como el indicador principal de eficiencia del mercado de trabajo. El “éxito” en la reducción de la tasa de paro, se ha conseguido a costa de un enorme crecimiento del paro oculto, de la precariedad y del desánimo en el que se encuentran grandes sectores de las clases trabajadores en estos países, que representan la mayoría de las clases populares.

En el país modelo neoliberal, EE.UU., a estos datos debe sumarse otro factor raramente mencionado cuando se analiza el tema del paro: el elevadísimo porcentaje de la población que está encarcelada. Los presos de aquel país son 2,2 millones de personas, tres veces superior al promedio de los países de semejante nivel de desarrollo económico. Sin lugar a dudas, si el porcentaje de la población encarcelada fuera semejante a la existente en la mayoría de países de la UE, el número de personas sin trabajo y que lo están buscando (así como las tasas del paro oficial) sería incluso mucho mayor que el enunciado en las cifras oficiales de paro. En realidad, la elevada encarcelación es una de las causas de que el paro aparente ser tan bajo en EE.UU.

Los elevados costes de las reformas laborales y otras medidas neoliberales

En España, la aplicación de las políticas neoliberales creó un enorme deterioro del mercado laboral español. Todavía hoy, cuando se asume que la economía se ha recuperado, solo la mitad de los puestos de trabajo perdidos (3,8 millones) durante el inicio de la crisis (2008-2013) se han recuperado. Pero como en el caso de EE.UU., si sumamos a las personas que están en paro (17%) las personas que están subocupadas (personas que trabajan a tiempo parcial involuntario) y las que han abandonado la búsqueda de trabajo, desanimados en encontrarlo, la cifra de paro real aumentaría a un 28%, es decir, casi el doble.

Repito pues, una observación que, a pesar de su gran importancia, apenas es visible en los fórums mediáticos y políticos del país: el descenso del paro oculta el gran crecimiento del paro oculto, de la precariedad y del desánimo. Esta es la realidad que se desconoce e ignora, y que ha causado grandes protestas populares en todos los países, canalizadas por los movimientos antiestablishment.

¿Por qué los salarios no suben -e incluso continúan bajando- cuando el desempleo supuestamente se está reduciendo?

Estas cifras reales de personas desocupadas -que no quedan reflejadas en los indicadores de paro- explican que haya una enorme reserva de personas en necesidad de trabajo. Es más, a las personas que constituyen esta gran reserva de gente buscando trabajo hay que añadir los millones de trabajadores que existen en reserva en países menos desarrollados, cuyos trabajadores aceptan salarios mucho más bajos y las condiciones de trabajo mucho peores que en los países capitalistas desarrollados. De ahí que la desregulación del mercado de trabajo (una de las mayores medidas neoliberales) haya ido acompañada de otra gran medida neoliberal: la desregulación de la movilidad de capitales (con la globalización de las llamadas multinacionales) que está empoderando al mundo empresarial frente al mundo del trabajo. La amenaza del desplazamiento de empresas a países con salarios bajos es una de las medidas disciplinarias más comunes hoy en los países capitalistas desarrollados, en contra de los trabajadores.

Como parte de esta desregulación del movimiento de capitales se ha promovido la otra cara de la moneda, es decir, la promoción de la movilidad de los trabajadores, favoreciendo la inmigración como medida para garantizar la disponibilidad de trabajadores que, por la vulnerabilidad asociada a la condición de inmigrantes aceptan salarios más bajos y peores condiciones de trabajo.

Estos datos explican que, a pesar del descenso del nivel de paro oficial, los salarios no suban. Si tal cifra de paro fuera real, la clase trabajadora estaría más empoderada en su negociación con el mundo empresarial, a fin de obtener salarios más altos. El hecho de que ello no ocurra se debe al enorme debilitamiento de la case trabajadora y del mundo del trabajo, incluyendo sus sindicatos, que se traduce en la enorme disponibilidad de trabajadores potenciales, estén estos dentro o fuera del país. 

La gran debilidad del mundo del trabajo: el objetivo de las políticas neoliberales

Hemos visto así que uno de los principios del pensamiento económico dominante -el subrayar que el descenso del paro crea un aumento de los salarios– no se ha realizado: los salarios no han estado subiendo durante la recuperación. Antes al contrario, han estado descendiendo. De nuevo, mirando el modelo estadounidense vemos que el trabajador (no supervisor) de EE.UU. recibe hoy un salario que es un 4% más bajo que en el año 1972 -hace 46 años- y ello a pesar de que la productividad de este tipo de trabajador se ha más que doblado durante este período. La riqueza creada por este aumento de la productividad no ha beneficiado, sin embargo, al trabajador, sino a todos los demás que están por encima de él, desde sus supervisores, empresarios y equipos de dirección, así como a los financieros que manipulan el crédito y especulan con los beneficios empresariales conseguidos por el descenso de los salarios.

Esta situación se ha dado también en las economías europeas, incluida la española. En la gran mayoría de países europeos, el crecimiento de la productividad ha sido mayor que el crecimiento de los salarios, realidad que ha estado ocurriendo desde el inicio de período neoliberal, a finales de la década de los años setenta del pasado siglo, hasta ahora. En otras palabras, esta situación ha contribuido a que el PIB de tales países haya subido más rápidamente que los salarios (que en muchos países, como EE.UU., han incluso bajado) (ver: P. Dolack, Flat Wages ZCommunications, 2018).

Lo mismo o peor está ocurriendo en España

En España los salarios han bajado también. Ha sido un descenso del 10% durante el período de aplicación máximo de las políticas neoliberales (2008-2014) (afectando primordialmente a las mujeres y a los jóvenes), permaneciendo estables (o bajando en el sector privado), perdiendo así capacidad adquisitiva al crecer en menor grado que la inflación. En realidad, los salarios para los mismos puestos de trabajo, desde 2008 a 2015 descendieron un 12%. Ello ha estado ocurriendo a la vez que la productividad del trabajador (productividad real por hora trabajada) ha ido aumentando mucho más rápidamente que los salarios. El excedente se ha destinado a incrementar los beneficios empresariales, a las rentas superiores, aumentando con ello las desigualdades, siendo estas últimas de las más acentuadas en la Unión Europea.

Como resultado de ello, las rentas del trabajo han ido descendiendo en todos los países a la vez que las rentas del capital han ido subiendo. En España, este cambio en la distribución de las rentas ha sido uno de los más marcados. Como bien dijo en su día el magnate empresarial Warren Buffet, hay “una lucha de clases y la hemos estado ganando”. Y esta victoria se extiende a todos los niveles, de tal manera que la ideología del gran mundo empresarial -el neoliberalismo- continúa siendo hegemónica en las instituciones políticas y mediáticas, a pesar del enorme fracaso de lo que han significado en el quehacer económico del país. Ahora bien, la expresión “desastre” es relativa, pues para el mundo del capital y de sus gestores, la economía ha ido muy bien. Y lo que deseaban, es decir, la disminución de los salarios, de las expectativas de los trabajadores y el descenso (y, en ocasiones, el desmantelamiento) de la protección social, ha sido su gran “éxito”.

¿Cómo se ha conseguido la victoria neoliberal?

Lo que hemos visto es cómo la aplicación de las políticas públicas neoliberales ha debilitado los instrumentos creados por el mundo del trabajo para defender sus intereses, como los sindicatos. Las reformas laborales, por ejemplo, estaban encaminadas a “flexibilizar” el mundo del trabajo. El término flexibilizar quiere decir eliminar los derechos laborales y sociales conseguidos por los trabajadores durante la época dorada del capitalismo (1945-1980), donde un pacto social se había conseguido entre el mundo del capital y el mundo del trabajo. De ahí que la solución exigiría un cambio político, observación especialmente importante, pues las causas políticas del deterioro del mercado de trabajo se ignoran constantemente, atribuyendo tal deterioro a la automatización, a la robotización o a cualquier otro elemento, sin tener en cuenta que, a su vez, tales variantes técnicas son determinadas por el contexto político.

Parte de este debilitamiento del mundo del trabajo han sido los cambios en los partidos políticos que habían sido creados por este y que se han ido distanciando de su base electoral, haciendo suyas muchas de las medidas neoliberales que han contribuido a tal distanciamiento. El creciente control de estos partidos políticos (la mayoría de tradición socialdemócrata) por la clase media ilustrada (profesionales de formación universitaria que desarrollan intereses de clase propios, distintos a los que había sido su base electoral) explica su renuncia a políticas redistributivas y su conversión al neoliberalismo, tal y como ha ocurrido con los gobiernos Clinton, Obama, Blair, Schröder, Hollande, Zapatero, entre otros.  El colapso de la socialdemocracia y otras izquierdas es un indicador de ello.

Es lógico y predecible que los movimientos antiestablishment de base obrera hayan ido apareciendo como respuesta

Esta situación explica el surgimiento de los movimientos antiestablishmentque protestan por la pérdida de la calidad de vida de las clases populares, causada por las reformas laborales, por las políticas de austeridad y por la globalizaciónEl abandono por parte de las fuerzas gobernantes de izquierdas de las políticas redistributivas que las caracterizaron en el pasado (aduciendo que eran “anticuadas” o “imposibles de realizar”), y su compromiso con el neoliberalismo, fue el responsable del surgimiento de tales movimientos. El establishment político-mediático neoliberal atribuye tales movimientos a un crecimiento del nacionalismo, racismo, chovinismo, o cualquier ismo que esté de moda en estos centros.

Y cada una de las características de estos movimientos es respuesta directa al ataque neoliberal. El nacionalismo, por ejemplo, es una protesta frente a la globalización. Su antiinmigración es un indicador de rechazo a la globalización del mundo del trabajo, en respuesta a su ansiedad y temor a la pérdida su empleo o a la dificultad en encontrarlo. Y su antiestablishment es consecuencia de verlo como responsable de las políticas que les perjudicaronEn EE.UU., por ejemplo, no hay evidencia de que el racismo se haya incrementado. En realidad, los votantes que hicieron posible la elección de Trump en el Colegio Electoral de EE.UU. procedían de barrios obreros en áreas desindustrializadas que habían votado a un negro, el candidato Obama, para la presidencia en las elecciones anteriores. Y en 2016, Trump ganó por que Clinton representaba al establishment, al ser Ministra de Asuntos Exteriores y máxima promotora de la globalización, responsable de las políticas públicas que habían estado dañando a la clase trabajadora.

La demonización de las protestas populares antiestablishment

Es característico del establishment político-mediático definir como “retrógrados” y “basura social” -como hizo la Sra. Clinton- estas protestas de los que se han opuesto a las medidas neoliberales que han dañado enormemente la calidad de vida de las clases populares. En realidad, era fácilmente predecible que Trump ganaría las elecciones (y así lo anunciamos algunos pocos cuando se iniciaron las primarias del Partido Republicano y más tarde cuando se eligió el Presidente). Las clases trabajadoras, dañadas por tales políticas, están mostrando su rechazo a los establishments político-mediáticos. La única alternativa que hubiera podido ganar a Trump era el candidato socialista Bernie Sanders, que pedía una revolución democrática, y así lo mostraban las encuestas. La destrucción de la candidatura Sanders por parte del partido demócrata, controlado por la candidata Clinton, fue un elemento clave en la victoria de Trump. Ni que decir tiene que las clases trabajadoras no son el único sector que presenta tal rechazo, aunque si que son las más movilizadas por ser también las más perjudicadas. Y lo mismo ha ocurrido en casi cada país europeo. Desde el Brexit en el Reino Unido, al surgimiento de la ultraderecha a lo largo del territorio europeo son síntomas de ello. El abandono del proyecto auténticamente transformador por parte de los partidos de izquierda explica la canalización del enfado popular por parte de partidos radicales de ultraderecha.

En España, la aplicación de las políticas neoliberales de los gobiernos Zapatero primero y Rajoy después, afectaron muy negativamente al bienestar de las clases populares, que generó el movimiento de protesta y rechazo llamado 15-M, un soplo de aire fresco en el clima neoliberal promovido por los establishments político-mediáticos del país, y que cristalizó más tarde en Podemos. Este partido en poco tiempo se convirtió en una de las mayores fuerzas políticas del país, con un enorme impacto canalizando el enorme enfado y rechazo hacia las políticas neoliberales. Ello previno la movilización de la ultraderecha como instrumento de protesta, debido en gran parte a que esta estaba ya en el partido gobernante -el Partido Popular-, mayor impulsor del neoliberalismo (junto con Ciudadanos). De ahí que, el compromiso de tal partido con el neoliberalismo sea uno de los mayores obstáculos para que capitalice el enfado de las clases populares, por muy nacionalista y antiinmigración que se presente, como intenta su nuevo dirigente, Pablo Casado. Un tanto parecido ocurrirá con Ciudadanos, que está hoy utilizando su nacionalismo para ocultar su neoliberalismo.

La única salida a esta situación es que exista una amplia alianza de movimientos sociales y fuerzas políticas que rechacen el neoliberalismo, la globalización y la desregulación de los mercados laborales, así como de la movilidad de capitales y trabajadores a nivel internacional, que ha estado creando un enorme dolor a las clases populares. A no ser que exista este rechazo a las políticas neoliberales actuales, no veo posibilidades de cambio. Así de claro.

Lo que se ha ocultado detrás del conflicto de banderas: la borbónica y la independentista

15 agosto, 2018

Fuente: http://www.publico.es

Vicenç Navarro
Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra

En España y en Catalunya el gran tema de sus establishments político-mediáticos es el tema interterritorial (también llamado nacional), que lo absorbe prácticamente todo. Tal tema centra la vida parlamentaria tanto en las Cortes Generales españolas como en el Parlament de Catalunya, así como en los mayores medios de información del país. Si se analiza, sin embargo, cuáles son los problemas reales de la gente normal y corriente, se ve fácilmente que los temas que les preocupan son otros. Y uno de los más importantes es el deterioro de la calidad de vida y bienestar de la mayoría de la población, que se ha ido produciendo en los últimos diez años como parte de lo que se conoce como la Gran Recesión, y que lejos de haber desaparecido continúa golpeando a las clases populares de una manera muy marcada. Pero no toda la población está sufriendo igual. En realidad, a algunos sectores les ha ido pero que muy bien durante tal período. Veamos los datos.

¿Cómo ha evolucionado la distribución de las rentas en España, incluyendo Catalunya?

Un indicador valioso para definir a quién le va bien y a quién no le va bien es la distribución de las rentas en el país. Y mirando esa distribución se puede ver que las rentas del trabajo (el dinero que la gente recibe del trabajo que realiza, predominantemente a través de los salarios) en España, incluyendo Catalunya, han ido bajando y bajando durante los años de la Gran Recesión, mientras que las rentas del capital (es decir, el dinero que los ricos y superricos obtienen de la propiedad de los bienes que generan renta, como por ejemplo acciones en el banco) han ido subiendo y subiendo durante el mismo periodo. Las primeras rentas –las del trabajo- han pasado de representar el 50,1% de todas las rentas en 2008 (primer año de la crisis) a un 47,3% en 2017, y en Catalunya han descendido incluso más, pasando de un 50,1% a un 45,9% durante el mismo periodo. Este descenso contrasta con lo que ha ocurrido en el promedio de la Unión Europea de los Quince (UE-15), que es el grupo de la UE que tiene mayor nivel de desarrollo económico. En esta comunidad -de la que formamos parte- las rentas del trabajo han subido ligeramente en vez de bajar, pasando de representar un 47,9% a un 48% durante el mismo período 2008-2017.

Este descenso de las rentas del trabajo ha ocurrido en España a la vez que hemos visto un incremento de las rentas del capital (de los superricos y ricos), que han pasado de representar un 41,7% de todas las rentas en 2008 a un 42,4% en 2017, incremento que en Catalunya ha sido incluso mayor, pasando de un 42,1% a un 44,5% durante el mismo período. En el promedio de la UE-15, por el contrario, las rentas del capital descendieron, en lugar de subir como en España, pasando de un 40,9% a un 40,1% en el período 2008-2017.

¿Qué ha causado esta redistribución de las rentas de abajo hacia arriba?

Varias son las causas de lo que acabo de describir. Pero una de las más importantes fue la aplicación de las políticas públicas neoliberales llevadas a cabo por los gobiernos españoles y catalanes durante el período 2009-2017, tales como las reformas laborales (que han empoderado al mundo empresarial a costa del mundo del trabajo), las reformas fiscales (que han favorecido a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo) y las políticas de austeridad (que han dañado especialmente a las clases populares al reducirse los servicios públicos como la sanidad, la educación y otros a costa de favorecer a los servicios privados utilizados por la gente con más dinero). Tales políticas fueron impuestas a la población (y digo impuestas pues no estaban en sus programas electorales) por los gobiernos españoles (el gobierno Zapatero del PSOE primero -2004/2010- y el gobierno Rajoy del Partido Popular después -2010/2018, y desde el 2015 con el apoyo de Ciudadanos-) y por los gobiernos catalanes (el gobierno Mas de Convergència i Unió desde 2010 a 2012, y con el apoyo de ERC de 2012 a 2015, seguido del gobierno Puigdemont –también de Convergència, que gobernó en alianza con ERC y con el apoyo de la CUP– durante el periodo 2015-2017).

Los equipos económicos del gobierno Zapatero eran de orientación neoliberal, siendo Jordi Sevilla el mayor ideólogo de aquel gobierno en áreas económicas (en el libro De nuevo socialismo, del mismo Jordi Sevilla, este se preguntaba si “alguien puede defender a estas alturas del siglo que un programa socialdemócrata debe ir a favor de más impuestos y más gasto público”), dicho en uno de los países que tiene uno de los gastos públicos y los ingresos más bajos de la UE-15. La sensibilidad neoliberal del gobierno español fue incluso más acentuada en el gobierno Rajoy. Y en Catalunya los equipos económicos del gobierno Mas primero, y de Puigdemont después, fueron claramente de orientación neoliberal, muy inspirados por uno de los economistas más ultraliberales de Catalunya, el Sr. Sala i Martín, uno de los principales consejeros de Davos, el Vaticano del pensamiento ultraliberal hoy en el mundo, y el gurú de TV3, la televisión pública controlada abusivamente por el gobierno independentista convergente. Tal ideología neoliberal ha estado presente en todas las consejerías del gobierno catalán, incluyendo en sanidad, cuyo consejero, Boi Ruíz (que había sido el jefe de la patronal sanitaria privada), privatizó masivamente la sanidad catalana (entre 2010 y 2016, cuando fue conceller de Salud). En coherencia con su ultraliberalismo, el gobierno catalán de Convergència fue uno de los gobiernos autonómicos en España (y en la UE-15) que hizo mayores recortes en los servicios públicos del Estado del BienestarDurante el período del gobierno convergente de Mas (2010-2015), y después, durante el gobierno independentista presidido por Puigdemont 2015-2017 (liderado por Convergència, con el apoyo de ERC dentro, y de la CUP fuera), el gasto público social de la Generalitat de Catalunya descendió un 11% (entre 2010 y 2017). En sanidad, el gasto sanitario pasó de representar un 5,8% del PIB en 2009 a un 5,2% en 2014. En España pasó del 6,8% al 6,4% en el mismo período. En educación pasó del 3,64% a un 3,60% (en España, de un 4,34% a un 4,15%). Y así un largo etcétera.

Si analizamos estos recortes desde el punto de vista del presupuesto de la Generalitat dentro de ese periodo 2010-2017 (gobernada primero por Mas y después por Puigdemont), el gasto público sanitario cayó un 10,4%, el educativo un 9,9%, el de vivienda un 50,6%, el de protección social un 7,1%, el de promoción social un 31% y así otro largo etcétera. Como ya hemos indicado, los recortes en España fueron de los más acentuados de la UE-15, y dentro de España, Catalunya fue la comunidad autónoma que tuvo mayores recortes.

Y, ¿cómo puede ser que tales gobiernos neoliberales continuaran gobernando durante tanto tiempo (y en Catalunya continúen gobernando)?

Una respuesta a esta pregunta es que el gobierno del PP en España y el gobierno independentista liderado por Convergència (que tienen a su disposición enormes aparatos de información y persuasión) han promovido la percepción de que la economía se ha recuperado y hemos salido ya de tal recesión. Los testarudos datos, sin embargo, cuestionan esta percepción. En realidad la tasa de paro en 2017 era un 110% mayor que en 2007; el porcentaje de personas en paro de larga duración era un 353% más grande; el porcentaje de trabajadores con salarios bajos (que cobran un 33% del salario medio por trabajador) era 24% más elevado en el caso de personas solteras sin hijos. Y así un largo etcétera. En realidad la tasa de riesgo de pobreza es hoy tanto en España (22%) como en Catalunya (19%) uno de los más altos de la UE-15 (16%). Y un tanto igual ocurre en cuanto a la pobreza infantil (25% en Catalunya y 31% en España).

Otros indicadores detrás de los cuales hay también un enorme sacrificio, dolor y malestar son las tasas de ocupación (gente que se encuentra trabajo) entre los jóvenes, de nuevo de las más bajas de la UE-15 (24% en Catalunya y 18% en España, mientras que en la UE-15 es de un 35%). Un tanto igual para las tasas de ocupación de las mujeres y de los hombres en general, siendo entre las primeras más bajo que entre los hombres. Todos estos datos atestiguan la falsedad de que España y Catalunya hayan recuperado los niveles de bienestar económico que existían antes de la crisis.

El enorme poder de los establishments político-mediáticos de España y Catalunya

Una de las causas de la continuidad de tales fuerzas políticas en el gobierno es su capacidad de desviar la atención política y mediática de la crisis social a la crisis interterritorial. La crisis social mostrada en este artículo está ocultada detrás del GRAN TEMA: EL INTERTERRITORIAL, que lo esconde todo. Un ejemplo de ello es lo ocurrido en los pasados días. La gran noticia de la semana es que el candidato vencedor en las primarias para escoger la presidencia del PP (el partido más de derechas en España, que en el espectro político europeo es la ultraderecha) ha sido el Sr. Pablo Casado. Pero lo que no se ha dicho es que su principal asesor económico es Daniel Lacalle, que en política fiscal está incluso más a la derecha que el presidente Trump de EEUU. Su intención es reducir todavía más el sector público (uno de los más subdesarrollados en infrafinanciados de la UE-15), incluyendo los servicios públicos como, entre otros, la sanidad, la educación y la vivienda social, y las transferencias públicas -como las pensiones-, privatizándolas lo máximo posible, junto con enormes bajadas de impuestos que beneficiarían en su mayoría a las rentas superiores. El pensamiento de tal economista es casi idéntico al sostenido por Sala i Martín, citado ya antes en el artículo, que ha sido el gurú de Convergència, y cuya portavoz es la economista Elsa Artadi, que ha sido traductora de sus libros. Es el gran triunfo del ultraneoliberalismo, ambos, insisto, más a la derecha que el equipo económico del presidente Trump. Mientras, en el último congreso de Convergència (ahora llamado PDeCAT) dos de las personas más aclamadas fueron el expresidente Mas y también el Sr. Puigdemont, ambos responsables de la aplicación de las políticas que han hecho tanto daño a las clases populares catalanas. Naturalmente que el aplauso no era por la aplicación de tales políticas. Tal como también ocurrió en el último congreso del PP, el aplauso a Casado y, en Convergència, a Mas y Puigdemont era por su nacionalismo extremo, que está dominando la vida política de este país, y cuyo conflicto de banderas está creando gran número de tensiones, con las cuales se ocultan otras realidades, y muy en especial, la gran crisis social creada precisamente por aquellos “superpatriotas” que hoy enarbolan con mayor frecuencia las banderas de los dos bandos nacionalistas del país: el borbónico y el independentista. Un caso claro de cómo el conflicto de banderas está ocultando y sustituyendo el conflicto entre las clases populares por un lado, y los de arriba de siempre por el otro, una lucha que continúa vigente en este país. Así de claro.

La funeraria de Madrid que se privatizó por 100 pesetas: una remunicipalización de “éxito” con 4,1 millones de beneficios

4 agosto, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

La Funeraria de la capital fue protagonista de uno de los mayores escándalos de la época de José María Álvarez del Manzano. En 1993, se vendieron casi la mitad de las acciones de la hasta entonces empresa pública y, por lo tanto se semiprivatizó, por la cantidad de 100 pesetas. El contrato que se alcanzó con la sociedad privada se extinguía el 15 de septiembre de 2016. Pese a las reticencias del socio privado, el Ayuntamiento de Madrid gobernado ya por Ahora Madrid decidió remunicipalizar la empresa.

En el primer año de gestión 100% pública, la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (EMSFC) ha cerrado las cuentas con 4,1 millones de euros de beneficios, venía de tener pérdidas el año anterior por 230.000 euros. El presupuesto para 2018 prevé un aumento de los beneficios hasta los 4,8 millones de euros. Estos buenos resultados refuerzan el plan de inversiones de la empresa, que incluye la reforma integral del tanatorio sur.

Antes de la remunicipalización, el Ayuntamiento de Madrid controlaba el 51% de la funeraria y Funespaña -perteneciente a Mapfre- el 49% restante. La funeraria municipal era una empresa rentable que generaba beneficios cada año, excepto el último año de gestión mixta que tuvo un déficit de 230.000 euros. Pese a que durante la gestión semiprivada había beneficios de en torno a 40.000 euros, estos se han multiplicado por 100 desde que es completamente pública.

¿Cómo? Dejando de pagar la tasa interna de rentabilidad a la que el Ayuntamiento se comprometió con el socio privado por su inversión en la funeraria, que estaba fijada en un 20% de los beneficios antes de impuestos. Funespaña entró en la empresa por 100 pesetas y posteriormente hizo una ampliación de capital de 1,2 millones.

Funespaña ha obtenido durante los años en los que ha estado en la empresa de funeraria de Madrid 64 millones de euros de beneficios: 38 millones por la gestión de la sociedad (20% de los beneficios antes de impuestos) y 26 millones de dividendos por la propiedad del 49% de las acciones. Supuso multiplicar por 54 su inversión inicial. A su vez, eran 64 millones que dejaba de ganar el Ayuntamiento de Madrid. Por eso, para el Ayuntamiento de Madrid la remunicipalización ha sudo todo un “éxito”. Eso no incluye los sueldos de los altos directivos ni los beneficios obtenidos por las operaciones con empresas vinculadas, recuerdan desde el Consistorio.

El pasado viernes, el consejo de administración de la Empresa municipal funeraria, con el concejal de Emergencias, Seguridad y Salud, Javier Barbero, de presidente y el edil Carlos Sánchez Mato de vicepresidente, aprobaron una ampliación de capital por 21 millones de euros para acometer inversiones “que se han dejado de hacer durante los más de 20 años en los que ha sido una sociedad mixta”, explica a eldiario.es Sánchez Mato.

El anterior Gobierno municipal de Ana Botella encargó al  Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra (CEMOSA) una auditoría para determinar qué el estado de conservación de cementerios y tanatorios. El informe que ya llegó con Manuela Carmena como alcaldesa concluyó que la Empresa Mixta de Servicios Funerarios no atendió a su responsabilidad de conservación de los doce cementerios y dos tanatorios que explotaba. El análisis del estado de conservación cifraba las obras necesarias en todos esos recintos por valor de casi 23,8 millones.

El informe apuntaba a que la “falta de mantenimiento” había generado “lesiones o patologías sobre los materiales o elementos constructivos añadidas a las intrínsecas que se les supone debido a su antigüedad. Un plan de inversiones de mantenimiento hubiera paliado con creces las lesiones que se observan actualmente en los cementerios”.

“La falta sistemática de mantenimiento se produjo mientras el socio privado continuaba recibiendo dividendos y el 20% del resultado de explotación”, recuerda Sánchez Mato. “Si hubieran hecho las inversiones de las que tenía obligación su beneficio habría sido de 40 millones, pero prefirieron quedarse los 20 millones de más”, critica.

Desde 1993 a 2016, los 23 años de gestión semiprivada, Funeraria invirtió 24 millones de euros. Desde que la empresa ha vuelto a ser pública, el Ayuntamiento de Madrid prevé invertir un total de 39,2 millones de euros en tres hasta 2020. En 2017 se acometieron 2,2 millones en inversiones; 2018 terminará con 14,3 millones; para 2019 se prevén 12,4 millones, y para 2020 unos 10 millones. La ampliación de capital de 21 millones aprobada en el consejo del viernes sirve para que la empresa tenga las reservas suficientes para afrontar todas esa inversiones. El resto de la inversión hasta llegar a los 39,2 millones se afrontará “con la generación de caja de la sociedad”, explican desde la empresa municipal.

Pleito judicial por 23 millones de euros

El enfrentamiento entre Funespaña y el Ayuntamiento de Madrid ante la remunicipalización de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid (EMSFM) llegó a los tribunales. Funespaña quería una compensación del Consistorio por la extinción de la concesión.

En concreto, Funespaña quería el reparto de las reservas voluntarias de la sociedad. “De lo contrario, se privaría a Funespaña SA de su derecho a participar en los beneficios sociales, sin que la eventual imposición a la EMSFM de obligaciones adicionales en un momento posterior pueda justificar la privación definitiva y confiscatoria de dicho derecho esencial”, decía el escrito.

La aseguradora quería un reparto de dividendos por un valor de 23 millones de euros al liquilar la empresa, algo a lo que se negó el Ayuntamiento de Madrid. Fuentes del Consistorio aseguran a este diario que los tribunales anularon el acuerno pero a su vez deja claro que al socio privado no le corresponde tal compensación.

Pedro Sánchez subirá impuestos, pero menos de lo que proponía hace tres meses en la oposición

24 julio, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

Está aún por ver cuánto de lo que se ha filtrado era globo sonda y cuánto decisión firme ya tomada, pero el anuncio de que el Gobierno de Pedro Sánchez prepara una subida de impuestos ha desatado una cierta polémica que puede convertirse en un vendaval en las próximas semanas.

No vamos a subir los impuestos “a la ciudadanía”, solo a la banca y a las empresas tecnológicas, ha dicho este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Cuando el Gobierno sube un impuesto a la banca, lo acaba pagando el cliente, replican en la oposición. La semana pasada, la ministra concretó algo más: a la banca, a las tecnológicas… y a todas las grandes corporaciones el Impuesto de Sociedades…

A primeros de abril, hace apenas tres meses, cuando el PSOE estaba en la oposición y nadie o casi nadie en el partido pensaba que llegaría al Gobierno en pocas semanas, Pedro Sánchez presentó en la sede central socialista sus Presupuestos Alternativos a los de Mariano Rajoy y el PP. Los socialistas abogaban en ellos por elevar la recaudación tributaria en unos 8.000 millones anuales para -decían- financiar un plan de inversiones y atender mejor el gasto social, y combatir así la desigualdad, que crecía en la sociedad española postcrisis como un mal irrefrenable.

Los mayores ingresos, según aquel plan elaborado por Manu Escudero, el secretario de Política Económica y Empleo del partido, saldrían de varias fuentes. De nuevos impuestos a la banca, entre ellos uno específico finalista destinado a mejorar las cuentas de la Seguridad Social que ya habían anunciado los socialistas en enero. De la llamada ‘fiscalidad verde’, aumentando los impuestos al gasóleo para acercarlos progresivamente a los de la gasolina. De eliminar deducciones, exenciones y bonificaciones a las grandes corporaciones, de modo que en el Impuesto de Sociedades pagaran un tipo efectivo del 15%, y no el 12% de media que actualmente pagan y que ha hecho que el conjunto de este impuesto recaude hoy unos 20.000 millones al año, cuando antes de la crisis aportaba 40.000 millones. Y, atención asalariados con altas retribuciones, de un incremento del IRPF a quienes ganen más de 120.000 euros al año.

Como en el Gobierno nadie hace exactamente lo mismo que prometió en la oposición, algunas de aquellas medidas parece que no están ahora en el plan del Gobierno Sánchez. Entre las que se han quedado en el camino, por lo que se deduce de las palabras de la ministra Montero, está lo del IRPF. Los asalariados muy bien pagados también son “ciudadanía”, luego de atenernos a la palabra de la titular de Hacienda no verán aumentada su carga fiscal. Y entre las medidas que no estaban entre las del PSOE de abril pasado y ahora sí estarán, la principal será el nuevo impuesto a las tecnológicas, un invento de última hora de Montoro del que Montero parece que se adueñará, quizás con algún matiz.

Ha dicho la ministra de Hacienda que pretende construir “una nueva fiscalidad del siglo XXI”. Salvo sorpresa y gorda de última hora, demasiada frase para tan escasos cambios. La reforma fiscal que necesita España –uno de los países europeos con menor presión fiscal respecto al PIB- debería ser mucho más ambiciosa, ahora que ya va bastante avanzado el siglo XXI. Aunque también es cierto que no se le puede pedir esa ambición a un Gobierno que acaba de llegar, que sólo tiene 84 escaños seguros en el Congreso y que afronta un mandato que durará, como mucho, dos años.

La que bien podríamos llamar “nueva fiscalidad para 2019 y como mucho 2020” es un parche de tamaño pequeño tirando a mediano que, si el PSOE logra pactarlo en el Congreso y sacarlo adelante, le dará al Gobierno entre 6.000 y 8.000 millones adicionales para, en 2019 –año electoral, no se olvide: con al menos urnas municipales, autonómicas y europeas-, atender necesidades productivas y sobre todo emergencias sociales. Un parche pequeño tirando a mediano que se resumiría en “no tocar a las clases medias” y en que paguen algo más los más ricos, pero con un importante matiz: los más ricos de entre los grandes consorcios corporativos; no las personas físicas más ricas o las grandes fortunas o los partícipes de las sicav. Es decir: aumentar la progresividad fiscal, pero sólo un poquito. Y si al siguiente mandato, y gracias entre otros factores a esos recursos adicionales con que contará el Gobierno, tiene el PSOE más fuerza en el Congreso, ya se verá si se afronta de verdad una nueva fiscalidad para el siglo XXI.

La progresividad fiscal, por cierto, es un principio que está en nuestro ordenamiento jurídico desde hace dos siglos largos. La Constitución de Cádiz de 1812, la Pepa, decía en su artículo 339: “Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno”, y “facultades” en aquellos tiempos remotos era sinónimo de dinero.  En el Diccionario de la Real Academia Española aún está recogida la palabra en ese sentido,  en la acepción 10. 

La Constitución vigente, en su artículo 31, dice: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad…”.

¿Insistiremos tanto en el asunto, en Cartas Magnas tan alejadas en el tiempo, porque eso de que los que más tienen más paguen sea solamente un sueño colectivo, apenas un aspiracional?

No es proteccionismo contra libre cambio: es guerra comercial

20 julio, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

El establecimiento de aranceles y otras medidas de proteccionismo comercial en los Estados Unidos se están interpretando como una agresión liderada por su presidente con el fin de defender los intereses nacionales de su país a costa del libre comercio que hasta su llegada prevalecía en el planeta.

Es verdad que Trump emprende esta batalla afirmando a todo el mundo que “América es lo primero y sólo América la primera” pero yo creo que ésa es una interpretación simplista e incluso interesada que no refleja la realidad de lo que está sucediendo, ni de lo que ha sucedido antes, ni permite anticipar lo que muy posiblemente vaya a ocurrir en el futuro.

No es verdad que Trump esté combatiendo el libre comercio por la sencilla razón de que el libre comercio no ha existido nunca en nuestro planeta como régimen comercial mínimamente extendido. Lo reconocía hace unos meses alguien tan poco sospechoso como Pascal Lamy, ex director general de la Organización Mundial del Comercio: “El libre comercio no existe (…) Es un falso tema de controversia. Estas discusiones sobre el libre comercio son en gran medida fantasía. Lo que existe en la realidad es un movimiento de apertura comercial, que ha experimentado aceleraciones y desaceleraciones a lo largo de la historia” (Pascal Lamy: Libre-échange et discours protectionnistes).

Es verdad que en los últimos decenios se ha producido un incremento continuado del comercio internacional pero eso se ha producido en un doble contexto de protección comercial.

Por un lado, las grandes potencias (Estados Unidos, Unión Europea, Japón, China…) han protegido sus intereses, la mayoría de las veces sin disimulo, mediante todo tipo de medidas: subsidios a su producción, aranceles cuando han podido, cuotas de importación, devaluaciones competitivas de sus monedas… Según el Global TradeAlert elaborado por CreditSuisse, a la llegada de Trump en Estados Unidos se mantenían 1.280 medidas proteccionistas en vigor y según un estudio reciente en los últimos cuatro años se han tomado 3.439  nuevas medidas de este tipo en todo el mundo ( Protectionism. Trade war reloaded).

También es cierto, por otro lado, que se han firmado un buen número de acuerdos presentados como “de libre comercio” pero, en realidad, no lo son. Unas veces, porque se basan en tratar igual a los desiguales y eso simplemente protege el interés de los más fuertes. Y otras, porque lo que buscan y consiguen no es promover abiertamente el comercio en general y en igualdad de condiciones sino proteger a las grandes compañías transnacionales (proporcionándoles mejores condiciones de actuación, jurisdicciones privilegiadas, menos controles o menos sujeción a obligaciones sociales o medioambientales…).

El país más proteccionista del mundo

Es imposible poner un solo ejemplo de una gran potencia que haya llegado a serlo renunciando al proteccionismo e impulsando sincera y efectivamente el libre comercio. Lo que siempre han hecho ha sido protegerse a sí mismas y a sus grandes empresas y utilizar su poder para obligar a que las economías más débiles abran sus fronteras. Y Estados Unidos en concreto ha sido, con mucha diferencia, el país más proteccionista del mundo de 1990 a 2013, según el mencionado informe de CreditSuisse.

El planeta ha vivido en los últimos decenios bajo un régimen comercial de proteccionismo de las grandes potencias mutuamente consentido (y que, precisamente por ello, ha podido desarrollarse en condiciones de suficiente equilibrio), en un contexto, eso sí, de progresiva apertura comercial.

La novedad de las medidas de Trump no es, por tanto, que sean proteccionistas o contrarias al libre comercio sino que se están llevando a cabo de modo explícito, sin disimulos, unilateral y agresivo, pudiendo llevar consigo una auténtica guerra comercial.

La diferencia puede parecer demasiado sutil o incluso un simple juego de palabras, pero creo que no lo es.

Es cierto que el proteccionismo de las grandes potencias, que nunca ha desaparecido, como acabo de señalar, representa siempre una cierta agresión hacia las demás: el resto de los países no han dejado de reclamar a China, por ejemplo, que deje de manipular su moneda para no darle ventajas artificiales a sus exportaciones, y Europa y Estados Unidos no han dejado nunca de tener controversias y conflictos comerciales por sus diferentes formas de regular o incluso por sus subvenciones o aranceles. Pero lo que está empezando a ocurrir ahora es que las medidas de Estados Unidos no se dan en el anterior clima de concesión mutua y de respeto al status quo, que es lo que diferencia un clima de competencia económica, más o menos agresiva pero aceptada, de una guerra comercial .

Cuando se produce una escalada de respuestas más o menos generalizadas a la agresión inicial (como ocurrió en 1930 cuando Estados Unidos elevó unilateral y rápidamente sus aranceles), cuando se desata la guerra, lo  que viene inmediatamente después es una caída en cadena del comercio internacional con efectos depresivos ya ampliamente analizados en la historia económica.

Hoy día sabemos que las guerras comerciales casi nunca resuelven los problemas que supuestamente trata de solventar el país que las desata con sus medidas proteccionistas. En este caso, Trump no va a defender los intereses de América y de los americanos en su conjunto ni va a salvar a los sectores económicos que pretende proteger. Actualmente, las empresas estadounidenses y en realidad todo su comercio internacional forman parte de cadenas internacionales de valor, de modo que las medidas proteccionistas de Trump sólo van a producir subidas de precios que proporcionarán beneficios extraordinarios a unas pocas empresas pero menos renta efectiva y menos ventas al conjunto de la economía (los aranceles sobre las importaciones de acero o aluminio, por ejemplo, van a perjudicar a las industrias del automóvil y la construcción). Tampoco van a hacer más competitivos a los sectores a quienes se trata de proteger porque éstos tienen problemas estructurales que no se curan eliminando la competencia exterior.

Cuando la protección no es mutuamente consentida, como ahora, se busca hacer daño con ella. Y eso es lo que harán China o Europa apuntando a los intereses y sectores que más empleo generan en Estados Unidos o incluso a los que en mayor medida apoyan electoralmente a su presidente. Trump ni siquiera conseguirá mejorar el balance exterior estadounidense porque está estableciendo aranceles a productos que se utilizan como inputs intermedios en su industria nacional: lo comido por lo servido. Estados Unidos se va a pegar un tiro en el pie.

La historia económica también nos ha enseñado que las guerras comerciales suelen traer consigo problemas monetarios de toda índole y crisis financieras, que las medidas agresivas que llevan consigo se imponen rápidamente pero luego son más difíciles de eliminar y que no suelen tener vencedores sino que pierden casi todos los que se ven involucrados en ellas.

Pero si hay algo especialmente preocupante de entre lo que nos enseña la historia económica de las guerras comerciales es que, con mucha frecuencia, terminan en conflictos armados y a veces generalizados. No lo olvidemos, porque quién sabe si detrás de una estrategia comercial de apariencia nacionalista y de factura económica tan torpe lo que hay en realidad es una ofensiva de la poderosa industria armamentística.

Aspirar a que exista un comercio completamente libre es una excusa para proteger a los más fuertes y creerse el discurso de quienes dicen que lo defienden es una ingenuidad que se paga caro. Pero pensar que el proteccionismo a ultranza puede resolver los problemas de las sociedades modernas es una simpleza quizá peor. Se necesita un sistema mundial de acuerdos multilaterales basados en la equidad y el equilibrio, en la protección de los más débiles, en el uso sostenible de los recursos naturales y en la salvaguarda de los intereses futuros de la humanidad. Todo lo contrario de lo que lleva a la guerra que se avecina.

Renta básica y renta máxima

19 junio, 2018

Fuente: http://www.attac.com

1 junio 2018 |

Daniel Raventós – Consejo Científico de ATTAC España

Hay ricos y pobres. Una constatación trivial. Las causas aducidas para explicar o justificar la existencia de ricos y pobres son tan abundantes como las setas en otoño (o a finales de verano cuando la meteorología es propicia). Hay quien encuentra esta realidad tan natural como la atracción sexual o la ley de la gravedad. Y la justifica normativamente: por méritos, por capacidad de iniciativa e innovación, por motivación competitiva. Cristianos y religiosos en general, liberales doctrinarios, seguidores de la escuela austríaca, neoliberales, darwinistas sociales… han aportado distintas justificaciones filosóficas o pseudofilosóficas ante esta constante histórica de la existencia de ricos y pobres. Otros la critican a partir de criterios que pueden ir desde la “inmoralidad” de las grandes fortunas hasta la ineficiencia económica.

Para la concepción de la libertad republicana o “republicanismo” como se acostumbra a abreviar, los factores o elementos explicativos interesantes son, aunque puedan diferir en la formulación según los autores y las épocas, muy sencillos de explicar. Para la variante democrática del republicanismo, la libertad política y el ejercicio de la ciudadanía no son compatibles bajo relaciones de dominación. Y ¿qué es la dominación para el republicanismo? La dominación ­–el dominium en la literatura republicana histórica- es por supuesto proteica, pero la forma de regular la propiedad [1] ha sido la cuestión más relevante que ha prevalecido y ha conformado los distintos diseños institucionales que hemos conocido. La “distinción principal” dirá Aristóteles ya hace más de 2300 años, para entender cualquier sociedad, es la que se establece entre ricos y pobres. Y lo que separa  a unos y otros en esta distinción fundamental es la propiedad, la cuestión relevante. Entiéndase bien: relevante no quiere dar a entender que me refiero a única. La dominación la ejercen los ricos propietarios sobre todas aquellas personas que no tienen la existencia material garantizada porque no disponen de propiedad. Lo que equivale a decir que en una relación de dominación como la que viven la mayor parte de las personas no ricas, estas no pueden ser libres.

Los grandes ricos, debido a una configuración política de los mercados pro domo sua que este dominio les posibilita, inciden directamente en el imperium, es decir, en la degeneración despótica de las instituciones que podían ser una contención del dominium. No es escasa precisamente la literatura proveniente de los más diversos campos académicos sobre la capacidad de los grandes ricos propietarios para poner a su servicio las instituciones públicas. Lo de las puertas giratorias sería solamente una manifestación de las más visibles, pero tan solo una más.

Informe tras informe constata las inmensas riquezas que de forma constante y creciente está acumulando una ultraminoría de nuestra especie. Por ejemplo el The Wealth Report 2018 que vale la pena consultar. También son conocidos los de Capgemini y los de Oxfam. La tendencia implacable: los ricos incrementan en los últimos años su riqueza, los demás la ven decrecer. Que la crisis ha ido mal a todo el mundo es una broma malintencionada. Solamente un dato entre muchos referido al Reino de España: en los años 2012 y 2013, calificados como los más duros de la crisis económica, la diferencia entre los que ganaban más y los que ganaban menos aumentó. Las grandes diferencias entre las fortunas y la total carencia de las mismas crea algo bien reconocido hasta por las mentes más proclives a justificarlo todo: desigualdad. Pero para el republicanismo democrático  hay si cabe algo políticamente más importante: el peligro para la libertad de la mayoría no rica que estas grandes desigualdades suponen.

La propuesta de la renta básica, una asignación monetaria incondicional a toda la población, podría significar una gran medida para la mayor parte de la población no rica. Cierto. Porque esta gran mayoría dispondría de las bases mínimas para la existencia material, condición para ejercer la libertad. Y eso es mucho. Pero, quizás a diferencia de otras interpretaciones, lo que podría esperarse de la renta básica en un mundo como el actual tampoco sea demasiado. Hace unos trece años, antes por tanto de la gran crisis económica y las políticas económicas que atacaron aún más las condiciones de vida de la mayoría no rica, escribía con una amiga y un amigo que ya no está con nosotros:

“¿Qué puede esperarse, en un mundo así, de una propuesta modesta como es la de una renta básica? No mucho, si la renta básica es concebida solamente como un conjunto de medidas contra la pobreza. Menos aún, si es entendida como una dádiva para los desposeídos del primer mundo; o como un amortiguador de la crisis de los Estados de Bienestar europeos.”

Y poco después:

“Ahora bien; una buena renta básica aumentaría la libertad de la ciudadanía; haría a los pobres y a los desposeídos más independientes. Más independientes, y por lo mismo, más prontos también a organizarse. Más capaces de resistir a los procesos de desposesión y de forjar autónomamente las bases materiales de su existencia social: (…) y más capaces, también materialmente, de fomentar el asociacionismo y el cooperativismo, de llevar a cabo iniciativas como las de la recuperación de fábricas y empresas abandonadas o echadas a perder por la incuria especulativa de sus propietarios[2]. Más capaces de luchar contra las políticas neoliberales, promotoras de la polarizada desigualdad entre los países ricos y los países pobres, y dentro de cada país, entre los ricos y los pobres.”

Que la renta básica es una propuesta que formaría parte de un conjunto de otras medidas de política económica y social, incluso de la política sin calificativos, se ha repetido muchas veces. Es algo elemental puesto que nadie en su sano juicio pretende que la renta básica puede hacer frente a todas las realidades que, al menos para las personas de izquierda, son muy importantes y decisivas en la configuración de nuestras vidas y existencia. Como ejemplos: el enorme poder de las grandes fortunas y de las transnacionales que atentan a las condiciones de existencia material de toda la población no rica, la acelerada degradación ambiental de nuestro planeta, la política monetaria para embridar al sistema financiero, las condiciones de trabajo asalariado cada vez más literalmente semejantes al “esclavismo a tiempo parcial” de Aristóteles y recuperado por Marx, las condiciones de muchas mujeres en el ámbito público y privado (es decir, no solamente en la vida familiar sino en la empresa privada que, según la perspectiva republicana, nunca ha sido un lugar público) y, para terminar en algún sitio, una realidad política en muchos lugares completamente apartada del laicismo y la existencia de monarquías aún legales.

Detengámonos solamente en una medida para hacer frente a una realidad que configura nuestras vidas. Así, algunos defensores republicanos de la renta básica, la propuesta debe ir acompañada de una renta máxima. Entiéndase bien: no se está diciendo que la renta básica o “va junto a” o no vale la pena, sino que si “va junto a” más interesantes beneficios según la concepción de la libertad histórica republicana democrática puede tener. Renta máxima: a partir de determinada cantidad no se puede ganar más, es decir, 100% de tasa impositiva. Liberales, simpatizantes de izquierda respetuosos del orden existente, técnicos de lo viejo conocido, peritos en legitimación… reaccionan contrariamente ante esta propuesta porque aducen problemas del tipo: la ingeniería fiscal permitirá eludir la medida, se producirá fuga de capitales, no incentivará la iniciativa… Republicanamente las grandes fortunas que por la lógica de las cosas a su dominium agregan el imperium  a su conveniencia, son incompatibles con la libertad de la gran mayoría. De ahí precisamente que la neutralidad republicana, a diferencia de la liberal que se conforma con que el estado no tome partido por una concepción determinada de la buena vida en detrimento de las otras que puedan existir, exige acabar con los grandes poderes privados que tienen la capacidad (y la ejercen) de imponer su concepción privada de la buena vida y de disputarle al estado esta prerrogativa.  Cierto que lo más frecuente no es que disputen al estado esta imposición del bien privado como público, sino que le dicten lo que debe hacer[3], una muestra de imperium que cualquiera con ojos de ver puede constatar.

Garantizar la existencia material de toda la población, condición para ejercer la libertad,  impedir que los grandes poderes privados sean capaces de imponer a su arbitrio los destinos públicos, condición también para ejercer la libertad, y dos medidas para ello: la renta básica incondicional y la renta máxima. No son las únicas medidas para combatir el dominium  y el imperium, pues algunas más deberían acompañarlas como, por ejemplo, determinadas propuestas realizadas con acierto provenientes del feminismo, la teoría económica y el ecologismo. Se convendrá, empero, que una renta básica y una renta máxima conformarían una sociedad que, para la inmensa mayoría de la población, sería más libre. Esta es la razón por la que muchas personas creen que vale la pena el esfuerzo de luchar por ello.


[1] La concepción de la propiedad que el liberalismo hizo posteriormente suya (hasta hoy) fue la de William Blackstone: “el dominio exclusivo y despótico que un hombre exige y ejerce sobre las cosas externas del mundo, con exclusión total de cualquier otro individuo en el universo”. Por supuesto muy diferente a otras concepciones de la propiedad que ya contemplaba el derecho civil romano, por no decir la que tenían republicanos contemporáneos de Blackstone como Maximilien Robespierre.

[2] Este artículo fue escrito para Le Monde Diplomatique del cono sur en unos momentos en que algunas fábricas y empresas argentinas habían sido abandonadas por sus dueños y seguían funcionando por la actividad autogestionaria de sus trabajadores y trabajadoras.

[3] Rutherford Birchard Hayes, 19 presidente de EEUU, dejó dicho al respecto algo difícil de igualar en claridad: “este gobierno es de las empresas, por las empresas y para las empresas”. Actualmente podría decirse lo mismo de muchos gobiernos sin necesidad de forzar un ápice la realidad.

 

Daniel Raventós es editor de Sin Permiso, presidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro del Comité Científico de ATTAC. Sus últimos libros son, en colaboración con Jordi Arcarons y Lluís Torrens, “Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa” (Serbal, 2017) y, en colaboración con Julie Wark, “Against Charity” (Counterpunch, 2018).

ATTAC España no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

Economía social y solidaria: ni entramado ni clientelismo

13 junio, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

Algunos medios de comunicación convencionales se lanzaron hace poco más de un mes a la generación de una falsa polémica en torno a la relación que desde el Ayuntamiento de Madrid se mantiene con el tejido cooperativo de la ciudad. Las secciones dedicadas a información de Madrid en El País y El Mundo consideraron que la tormenta que terminó forzando la dimisión de Cifuentes era el mejor momento para hablar del volumen de la contratación menor en el Ayuntamiento de Madrid y, en concreto, la facturación que a través de este mecanismo de contratación pública había recaído sobre entidades de la Economía Social.

Bajando a lo concreto, para El País las informaciones ofrecidas entraban dentro del marco de “una investigación (…) que los lectores tienen derecho a conocer, gobierne quien gobierne” y se escudó en la veracidad de los datos publicados. Además a través de Lola Galán, la defensora del lector, el diario recordaba que “en un país democrático la prensa tiene una misión fiscalizadora de enorme importancia que no debe ser torpedeada bajo ningún concepto”. Hasta aquí es fácil estar de acuerdo con la defensa de los contenidos vertidos sobre la Economía Social y Solidaria (ESS). Sin embargo, este postulado no justifica bajo ningún concepto el uso tendencioso, el maltrato informativo y la parcialización con el que estas empresas periodísticas han intentado machacar durante un mes al tejido organizado que en esta ciudad trabaja por la consolidación de formas de economía ajenas a la lógica capitalista. Economías sociales, solidarias, feministas, sostenibles y que se basan en la cooperación y no en la competencia o el lucro.

Nadie puede discutir que cada medio de comunicación establece su línea editorial y no es ninguna sorpresa que empresas del tamaño de Prisa o Unidad Editorial tienen poco en común con los valores que sostienen los objetivos de la ESS, pero justificar lo que ha sido un ataque mediático en el derecho a la información para despejar las críticas a su labor periodística no deja de ser tramposo. Y es que, analizando sus excusas, ¿no consideran de interés para el lector el vínculo que el mismo Ayuntamiento mantiene con estas sociedades? Sus convenios de colaboración, patrocinios o inversiones de fondos públicos en publicidad institucional también son datos a los que se puede acceder a través del portal de transparencia del Ayuntamiento, pero no han sido aún merecedores de ninguna investigación y, menos, han ocupado titulares. De entrada, y al margen de criterios políticos, esta colaboración es igual de lícita que la que se fomenta con el tejido cooperativo de Madrid.

La publicación orquestada y escalonada de informaciones sesgadas disfrazadas de hecho noticiable y novedoso, además de distraer a la audiencia del fraude del master de Cifuentes y su episodio con las cremas, sirvió para que PP, Cs y PSOE pudieran colgar de estos titulares su oportunismo político y discursivo. Sin ir más lejos, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid hablaba abiertamente de “red clientelar”. Evidentemente, Almeida azuzaba sin poder probar ni una sola irregularidad en la contratación y sin haber denunciado esta presunta “trama” ante los tribunales, por más que las querellas de humo hayan caracterizado la labor política desde la oposición de su grupo y Cs durante esta legislatura.

La información sometida al interés político de la oposición

Para el PP -banda organizada para el saqueo de fondos públicos desde el poder político, como ha confirmado recientemente la sentencia de la Gürtel-, la contratación legal de servicios a cooperativas o las medidas municipales aplicadas para reforzar la labor de la ESS supone ahora “fomentar una red clientelar”; en la campaña electoral de 2015, sin embargo, prometían estudiar las fórmulas necesarias para que la economía social jugase en Madrid “un papel fundamental”. En debate organizado en mayo de 2015 por la Federación de Cooperativas Madrileñas (FECOMA), el candidato Carlos Izquierdo se posicionaba claramente a favor de “reducir las trabas administrativas a las empresas de la economía social” y aludía a la necesidad de aumentar los conciertos públicos con este tipo de entidades dado su rol como “aliadas”. En la misma línea se posicionó Alberto Reyero (Ciudadanos), defendiendo la inserción de cláusulas sociales y proponiendo ventajas fiscales a través de “bonos de impacto social” que beneficiasen a las iniciativas cooperativas basadas en la no competitividad. Se mostró además muy favorable a la existencia de convenios para beneficiar a este tipo de entidades porque “un factor importante es que no se persiga el lucro”. De hecho, y sin que resulten ejemplares las medidas del gobierno de la Comunidad de Madrid para impulsar el cooperativismo, el 3 de mayo de este año se publicaba un acuerdo del Consejo de Gobierno para reservar hasta un 8% del importe en la licitación de contratados a favor de empresas de inserción, que se incrementará hasta un 10% en los próximos años. Además, también se incorporaba la posibilidad de que las entidades de la ESS accediesen de forma prioritaria a determinados procesos de contratación.

El fomento de una economía justa que sitúe a las personas en el centro es un compromiso político que Ahora Madrid adquirió hace tres años en las urnas y es prioritario defender tanto la legitimidad de cada expediente como los efectos positivos que el crecimiento de economías no lucrativas y alternativas al capitalismo tiene sobre la sociedad. Es fundamental no dejarse arrastrar por una presión mediática desatada por los grupos empresariales de Prisa y Unidad Editorial y que se enmarca en su papel de dique de contención de las políticas de cambio de cara a la generación de opinión pública. La equiparación con prácticas corruptas a base de informaciones tendenciosas redactadas con el objetivo de sembrar sospechas infundadas, la información contada a medias, la no diferenciación entre contratación menor y concursos públicos, el señalamiento público de personas que no han cometido ninguna irregularidad, la comparación con Bárcenas, el uso de terminología propia de las informaciones sobre hechos delictivos (trama, entramado, conexión…) y el desigual trato a la información dependiendo de si el objeto es el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad son síntomas de manipulación informativa por más que se retuerzan datos verídicos hasta la deformación. El País y El Mundo han incurrido en este tipo de prácticas y las han justificado tirando de dignidad profesional y de una supuesta relevancia informativa. Eso sí, cuando el 30 de abril los mismos medios vendieron su portada íntegra a una reconocida empresa de automoción, el discurso del deber informativo y la libertad de prensa pasó, por desgracia, a un segundo plano.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión de la autora y ésta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.

Por mí y por todas mis compañeras: el ataque a la economía social y solidaria

30 mayo, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

En las últimas semanas se está produciendo un importante ataque desde dos grandes medios de comunicación, El Mundo y El País, a las empresas de la Economía Social y Solidaria que trabajan con el Ayuntamiento de Madrid, así como a varios concejales, asesores y quizá de fondo a la alcaldesa. Se inventan una “trama” y sueltan nombres de personas que trabajan en la economía social o trabajaron en ella y hoy lo hacen en el Ayuntamiento. Las personas nombradas no tienen capacidad de contratación de servicios, pero se insinúa que la tienen y que usan su poder para crear una red clientelar.

No es una novedad. Desde 2015, el intento de descrédito mediático ha sido una constante. De forma recurrente, los nombres de personas y empresas de la economía social se han utilizado como arma arrojadiza contra el gobierno de Ahora Madrid.

Sin embargo, quizás porque se acercan unas nuevas elecciones, este último ataque es más intenso y, llamadme malpensada, parece estar coordinado entre varios medios de comunicación y algunos partidos políticos. Intuyo que, después de unas semanas de sacar todo tipo de información confusa e insidiosa, se terminará produciendo alguna querella infundada del PP, Ciudadanos o ambos, contra Ahora Madrid, que, como en otros casos acabará desestimada o archivada pero que generará ruido de cara a la contienda electoral. La economía social y solidaria y el cooperativismo es el terreno de combate que han elegido para poner en marcha esta estrategia.

En este marco de acoso a las cooperativas, el pasado lunes 30 de abril, se lanzaba una noticia que me afectaba a mí directamente. La escribía un periodista de El País, Luca Constantini, entregado desde hace meses a la causa de mezclar palabras, hechos y nombres en artículos venenosos de escaso rigor y calidad.

Ese lunes pude experimentar el dolor, el agobio y la rabia que da que alguien te difame en un medio de difusión masivo, y exponga una imagen distorsionada de ti ante miles de personas que no te conocen y a las que no puedes llegar para aclarar. Es curioso, pero no estuve tranquila hasta que pude comunicarme con mis hermanos y hermanas, que no son activistas, y solo se me saltaron las lágrimas cuando me expresaron su apoyo y confianza incondicional. Imagino que también se sentirán así Fernando Sabín, compañero imprescindible que, en una serie de piezas aún más delirantes que las que hablan de mí, está sufriendo un acoso tremendo por parte de periodistas de El Mundo; o Toño Hernández, el compañero de activismo y de vida más generoso.

Siento la necesidad de explicar cuáles son las falsedades y las medias verdades con las que Costantini construyó la noticia, que siguen la misma lógica del resto de noticias de este periodista contra Tangente y muy similares a las que El Mundo está usando con otras personas y empresas de la economía social. Siento la obligación de hacerlo ante muchas personas que me conocen y a las que no tengo el derecho de exigir actos de fe ni confianza ciega.

En mi caso, la noticia dice que he sido impulsora y fundadora de la candidatura de Ahora Madrid y además participante de una empresa cooperativa. A partir de esas dos afirmaciones, y sin realizar ningún tipo de acusación concreta, se insinúan todo tipo de uso de influencias y poderes que consiguieron que Carmena haya terminado “dando” 300.000 euros a mi “firma” (mismo término que usa El Mundo para dirigirse a las empresas de economía social). La entradilla del artículo afirma textualmente que “la cooperativa fundada por Yayo Herrero, activista de IU y Ganemos, pertenece a un grupo que ha obtenido ya 1.000.000 de euros del Ayuntamiento de Madrid”.

Me gustaría aclarar algunos aspectos respecto a la información publicada.

Uno. Una cooperativa no es la “firma” de nadie. Es una empresa en la que las personas socias-trabajadoras son dueñas y, por tanto, quienes deciden democráticamente sobre todos los aspectos: una trabajadora, un voto.

Yo, efectivamente, fui una de las socias fundadoras de Garúa S. Coop. Mad. hace más de 10 años. En enero de 2012 decidí aceptar una oferta de trabajo externa y dejé de ser socia-trabajadora. Es decir, desde hace casi seis años y medio –salí de Garúa más de tres años antes de las elecciones de 2015- no formo parte de la empresa, y, por no ser trabajadora, no participo ni tengo voto sobre sus proyectos y actividad.

Dos. Tangente es un grupo cooperativo que aglutina a varias empresas –14 en total– de la economía social y que engloba el trabajo de unos 130 profesionales. Se conformó como grupo a finales de 2013, después de que yo hubiese dejado de trabajar en Garúa; por tanto, nunca he tenido la oportunidad de participar ni trabajar en él. Desconozco cuáles son los concursos a los que legítimamente se presenta y los que gana.

Tres. No soy activista ni de IU, ni de Ganemos, ni de ninguna de las organizaciones que construyeron la candidatura de Ahora Madrid. Se lo dejé claro al periodista por correo electrónico el día antes de que sacara la noticia. Me consta que recibió el correo porque recoge fragmentos del mismo en su artículo, pero prefirió mantener la mentira en su titular, supongo que para poder sostener su rocambolesca teoría.

Cuatro. Tampoco fui, como se insinúa, fundadora de Ahora Madrid; no impulsé la creación de la confluencia, no participé en la organización de la campaña electoral de Ahora Madrid. Es cierto que recibí propuestas, e incluso algo de presión, para incluirme en las listas de la candidatura, pero quienes me conocen saben que hasta el momento he optado por no participar en iniciativas que tengan como objetivo presentarse a elecciones. Tampoco he aceptado propuestas que supusiesen trabajar de forma remunerada en la política institucional ni como liberada en movimientos sociales, aunque me parece legítimo y necesario que otras personas lo hagan.

Asistí durante la campaña a un encuentro de Manuela Carmena con las entidades de la economía social madrileña, similar a los que se mantienen con candidatos de otros partidos, en la que le informamos de lo que éramos y le trasladamos nuestras expectativas.

Acudí como ciudadana a los actos de campaña que me interesaban y reivindico mi derecho a hacerlo sin tener que dar explicaciones ni disculparme ante nadie por ello.

Cinco. El artículo de Luca Costantini dice que, aunque yo le he dicho por escrito que no tengo ni he querido tener vinculación orgánica ni económica con el Ayuntamiento, “Herrero sí colaboró con el Consistorio en la auditoría ciudadana de la deuda, por la que se pagaron 500.000 euros en informes y contratos donde participaron miembros de Fuhem, otro colectivo dirigido por Herrero”.

Este es un asunto sobre el que el mismo periodista trató de ensuciar en otros artículos previos. Lo explico de nuevo. Varias personas fuimos invitadas a participar en el consejo de la auditoría de la deuda. La realización de esta auditoría era una de las promesas centrales del programa con el que Ahora Madrid concurrió a las elecciones. El consejo asesor está integrado por personas expertas en los diferentes ámbitos que se pretendían auditar y la participación en este consejo es voluntaria y gratuita. Mi aportación se centra en proporcionar criterios para la evaluación de políticas públicas en materia medioambiental, cosa en la que, faltando a la modestia, he de decir que tengo conocimientos más que suficientes y contrastados.

Las personas que estamos en el consejo asesor no participamos en la decisión de a qué empresas o personas se adjudican esos trabajos técnicos. En cualquier caso, el colmo de la cutrez periodística es decir que en esos informes y contratos adjudicados participaron miembros de Fuhem. Una compañera, que además de trabajar en Fuhem colabora con una universidad, se postuló, en nombre de ésta última, como candidata para coordinar el trabajo de la auditoría. Su candidatura no ganó la licitación, pero la noticia sugiere lo contrario.

Además, y como aclaración, Fuhem – el periodista escribió mal el nombre en el artículo– no es un colectivo, sino que es una fundación de reconocido prestigio en el conjunto del Estado y en especial en Madrid, con casi 60 años de historia. Lo que sí es cierto es que tengo el orgullo de ser su directora desde enero de 2012, aunque siempre he observado con escrúpulo la distancia entre mi actividad política y mi trabajo profesional.

Vamos, que ni trabajo en Garúa, ni formo parte de Tangente, ni soy activista de IU o Ganemos. No he formado, ni formo parte del proyecto de Ahora Madrid. No hay personas de Fuhem que hayan trabajado en la auditoría de la deuda. No cobro por ser parte del consejo asesor, ni participo en la asignación de esos trabajos. Costantini sabía todo esto porque yo se lo explicité, pero en su artículo insinúa lo contrario.

Señalar a la economía social

Pienso mucho lo que cuesta llevar las prácticas feministas a la política. No se está consiguiendo ni en la organización de los tiempos, ni en las formas, ni en la capacidad de debatir, ni de buscar acuerdos. Creo que algunos medios, con ataques infundados como estos, tienen una parte importante de culpa y se convierten en importantes aliados del patriarcado más rancio.

He de decir que la calidad del artículo de Luca Costantini me parece pésima y, aunque soy crítica desde hace años con la línea editorial de El País, me parece tremendo que un diario de esa tirada no tenga controles de calidad que impidan que personas como esta arrastren el nivel y prestigio de su periódico hasta extremos tan bajos.

Pero no quiero reivindicar solo mi nombre o mi honestidad. No quiero ponerme de perfil ante lo que es el propósito de fondo de esta campaña de El País y El Mundo que trata de meter miedo, hacer pensar que todos somos iguales y señalar a la Economía Social y Solidaria y a quienes trabajan en ella como un atajo de advenedizos que ocupan un lugar que no les corresponde.

Defiendo que cualquier persona puede intentar ocupar con honestidad el lugar en el que desee estar. La gente tiene derecho a participar en la política institucional independientemente de dónde haya trabajado en el pasado y a ser tratada en los medios con el debido respeto y rigor. La institución tiene que vigilar la honestidad de las actuaciones, velar por la correcta gestión de lo público y actuar con firmeza ante cualquier irregularidad. Es precisamente la impunidad la que iguala a honestos y a corruptos.

Quiero decir, también, que Garúa es una excelente empresa, integrada por profesionales enormemente cualificados. Es el lugar donde, sin duda, volveré a trabajar. Es la empresa en la que es posible hacer tareas con sentido, criar hijos e hijas a la vez que se trabaja, desarrollar proyectos propios.

No me sorprende que mis excompañeras hayan obtenido tres contratos en diferentes concejalías en torno al diseño de un “proceso participativo”, la implementación de un “plan de consumo sostenible” y “actividades formativas para la introducción de la alimentación ecológica”. En esos tres aspectos, Garúa es una referencia. Me alegra mucho que el Ayuntamiento, a partir de los procedimientos administrativos que tiene establecidos, les haya seleccionado.

El proyecto de 292.000 euros al que hace referencia el titular de El País está adjudicado a una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por otra entidad (que lleva el 95% del trabajo y la facturación) y Garúa (que lleva el 5% restante). Es curioso que solo aparezca el nombre de Garúa. Quizás sea porque era la única forma de poder construir “el notición”. Y esa ausencia resulta aún más relevante por el hecho de que la otra entidad es la que lleva prestando ese servicio desde 2004, cuando ni siquiera era soñado el 15M y gobernaba el PP.

El objetivo: generar miedo

Cuando los artículos hablan de “dar a dedo”, se pretende equiparar y confundir millonarias dádivas mediante sobres y comisiones ilegales con la adjudicación de trabajos concretos y verificables que, según los propios datos de El País, y teniendo en cuenta que en Tangente trabajan 130 personas, han supuesto una retribución bruta de unos 2.500 euros por trabajadora y año. Es obvio que el “pelotazo” descubierto por el sagaz periodista suena ridículo y que para las empresas de Tangente, el Ayuntamiento de Madrid es un cliente más.

El propósito de esta ofensiva mediática es triple. Por un lado, hacer pensar que da lo mismo quién esté en las instituciones. Hagamos creer que todo es lo mismo. Fabriquemos supuestas “tramas corruptas” que salpiquen a concejales, asesoras y a sus espacios de procedencia.

En segundo lugar, se persigue asestar un golpe a una forma alternativa de concebir la economía y las empresas. Se ensucian los nombres de muchas personas y de entidades empresariales que llevan años construyendo modelos económicos alternativos que tienen como prioridad la autoorganización, el bienestar, el mantenimiento y crecimiento del empleo, a la vez que se producen servicios socialmente necesarios que no destruyen la naturaleza y resuelven necesidades humanas.

Y el tercer objetivo es generar miedo. Miedo a defender y llevar a cabo los programas; miedo a ocupar espacios legítimos, miedo a emplear otros lenguajes y otras prácticas… Después de casi tres años de acoso mediático en el Ayuntamiento es ya hora de no tener miedo. Han sido muchos meses de querer pasar inadvertidos ante ofensivas que no van a cesar hasta que desaparezcas o dejes de ser lo que eres.

Canto en un coro de mujeres y nuestra directora utiliza las mejores metáforas para explicarnos cómo tenemos que interpretar un tema. A veces, cuando no estamos seguras, no llegamos a las notas más altas, desafinamos o el sonido no sale limpio. En esos momentos nos dice “chicas, están cantando con miedo y así la canción no expresa nada. Canten sin miedo, canten como si la voz les saliera de los ovarios”. Y oye, la voz termina saliendo, y juntas somos capaces de conquistar las notas más altas.

Por eso, hoy quiero sacar mi voz también de los ovarios, porque no quiero tener miedo.

Voy a seguir defendiendo que la economía social y solidaria es una opción necesaria para revertir un modelo económico que echa a las personas de sus casas para luego especular con ellas; que le corta la luz a la gente cuando no puede pagar; que hace expedientes de regulación de empleo, a veces incluso teniendo beneficios; que recorta en servicios públicos; que pretende encerrar a la mujeres en casa para que se ocupen de sostener la reproducción cotidiana; que genera masas de personas desempleadas, las culpa y estigmatiza por no tener empleo; que destruye bienes finitos y desregula los ciclos naturales de los que dependemos.

Quiero reivindicar el derecho de las personas a trabajar, a construir empresas y a ser activistas o participar en la institución si así lo desean. No hay que esconder que muchas nos organizamos para transformar un modelo que le declara la guerra a la vida. Lo hacemos consciente y orgullosamente.

He intentado tener siempre un buen nivel de diálogo en todas las organizaciones políticas a las que he podido acceder o me han prestado atención, con el fin, confieso, de tratar de influir en la transversalización de las cuestiones ecológicas y feministas en sus programas y acciones y proponer alianzas y confluencias. Pienso seguir haciéndolo.

He hablado, como dice Costantini, de economía social en ámbitos de “IU, Ganemos e incluso de Podemos”. Sí, lo he hecho y también en ámbitos del PSOE, del PNV o de la CUP. He hablado de economía ecosocial invitada por ayuntamientos de todos los colores políticos, también del PP, en universidades de todo el Estado, en centros sociales ocupados, en parroquias, conventos, asociaciones de budistas, en cursos para jueces y juezas, en formaciones para sindicalistas de todo el espectro… En todos los lugares en los que he tenido la oportunidad de hacerlo.

Lo voy a seguir haciendo, aún más si puedo, y además, trabajaré en las empresas de economía social que quiera y nos presentaremos a todos los concursos públicos que podamos, porque el espacio de la economía es también nuestro espacio y tenemos derecho a estar en él.

Seguiré firmando los manifiestos que me parezcan oportunos y apoyando todas aquellas causas que crea debo apoyar. No creo que se llegue a más gente ocultando las ideas en las que una cree. Lo transversal es saber explicarlas y estar dispuesta a debatirlas con cualquiera, con respeto y poniendo el cuerpo cuando haga falta.

No todos somos iguales

Tener posición política clara es un derecho perfectamente compatible con poner en marcha empresas y pretender vivir del trabajo en ellas. La clave es hacerlo con honestidad y transparencia, ahí están los portales del ayuntamiento en los que se detallan los contratos adjudicados. También son accesibles las cuentas de las empresas de la economía social, que no sólo miden sus resultados en términos monetarios, sino que también hacen balances sociales que incluyen la calidad del empleo y de los servicios prestados, la sostenibilidad o la igualdad de género.

No todas somos iguales. Ni las empresas son iguales, ni las organizaciones empresariales, ni las personas que gobiernan, ni las que están en la judicatura, ni tampoco los periodistas. En algunas de mis charlas, durante el coloquio la gente más fatalista suele plantear que cuando las economías alternativas cojan fuerza, el sistema iría a saco a por ellas. Puede que estemos llegando a ese momento y, de ser así, habrá que disputar esa hegemonía económica.

A mí me sirve de inspiración el movimiento feminista que ha pasado activamente a reclamarlo y exigirlo todo. Ante la violencia estructural o mediática estamos obligadas a dar un paso adelante, no dejar estas agresiones sin respuesta y defendernos colectivamente.