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¿Qué hacemos con los llamados paraísos fiscales?

17 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Describe mucho mejor el fenómeno guarida fiscal, escondrijo en el que se refugian una o varias personas buscadas por realizar actividades delictivas, que el de paraíso.

La evasión fiscal es un delito gravísimo: provocar pobreza, dañar la salud, empobrecer el capital humano… son delitos de lesa humanidad.

– Juan Gimeno

07/04/2017 – 19:09h

El PP rechaza penalizar en la nueva Ley de Contratos a empresas vinculadas a paraísos fiscales
Jornada en el Congreso contra los Paraísos fiscales

El lunes 3 de abril, siguiendo la iniciativa del Foro Social Mundial, se celebró el día mundial contra los paraísos fiscales. La plataforma por la Justicia Fiscal[1]  celebró en el Congreso de los Diputados un encuentro con representantes de los grupos parlamentarios en el que planteamos la reflexión sobre la pregunta que da título a este artículo.

En estos tiempos de neolenguaje y posverdad, cada vez más orwelianos, un primer apunte ha de referirse al propio término de Paraísos Fiscales. Porque el lenguaje no es neutral y elegir una forma de denominar algo es ya una opción respecto al mensaje que se quiere enviar.

¿Qué es un “paraíso”? Una definición es la de “lugar en que llegan las almas de los justos y donde gozan de felicidad completa”. Es difícil conseguir algo más atractivo. Solo llegan los mejores y obtienes la felicidad absoluta. Pero resulta difícil aceptar que quienes utilizan los llamados paraísos fiscales sean precisamente los “justos”. Y no nos resignamos a que se presenten esos territorios como lugares deseables.

Tampoco es neutral la definición de paraíso fiscal que encontramos en el diccionario de la RAE: “País o territorio donde la ausencia o parvedad de impuestos y controles financieros aplicables a los extranjeros residentes constituye un eficaz incentivo para atraer capitales del exterior”. Simplemente, una feliz herramienta de política económica. Visto así, por ejemplo, la bomba atómica se definirá como eficaz incentivo para finalizar una guerra.

En inglés se utiliza la expresión Tax Haven (refugio o guarida). Quizás alguien tradujo confundiendo Haven con Heaven (cielo) y nos ha quedado esa perversión.

Sin duda, describe mucho mejor el fenómeno la expresión Guarida (fiscal), escondrijo en el que se refugian una o varias personas buscadas por realizar actividades delictivas (que conllevan habitualmente la defraudación fiscal).

Porque las guaridas fiscales son, en realidad, guaridas de delincuentes: sin ningún sentido económico real, ocultan y sirven de puente para el blanqueo de capitales de actividades como la corrupción, el crimen organizado, las mafias, el terrorismo, el tráfico de armas, el tráfico de drogas… En general, todo tipo de actividades contrarias a los derechos humanos y al bien común.

Como, es cierto, todas los delitos descritos eluden impuestos y blanquean en las guaridas, el adjetivo “fiscal” es apropiado. Pero parece como si se utilizara para suavizar el delito. Si habláramos de guaridas de terroristas, de mafiosos y traficantes, las opiniones públicas pedirían indignadas una acción dura contra ellas. Pero lo de fiscal suena a delito menor, más suave.

No es fácil de entender esta (falta de) conciencia ciudadana. La evasión y el fraude fiscal disminuyen gravemente la recaudación pública, dificultando obtener los ingresos necesarios para financiar la inversión en servicios públicos y sociales esenciales. Además, agrava la injusticia del sistema y vicia la competencia leal al favorecer a las grandes empresas.

¿No somos conscientes de que los recursos públicos son la garantía de los derechos ciudadanos, de derechos humanos básicos? Sin ellos, sufre la educación, la salud, la seguridad, la productividad, la libertad y la propia democracia.

¿No somos conscientes de que la inversión en derechos sociales reduce gastos? Está demostrado que la pobreza incrementa los riesgos de enfermedades y de abandono escolar; que la menor inversión en salud acaba provocando mayor gasto curativo; que la elevada desigualdad reduce el crecimiento y genera inestabilidad social.

Provocar pobreza, dañar la salud, empobrecer el capital humano… son delitos de lesa humanidad: acto inhumano que cause intencionalmente grandes sufrimientos o atente gravemente contra la integridad física o la salud mental o física cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

La evasión fiscal es un delito gravísimo

Las guaridas han existido siempre. La impunidad es lo que les permite sobrevivir y crecer. La globalización financiera ha multiplicado los importes y la opacidad, con muchas entidades financieras actuando como inductores y facilitadores de tales prácticas delictivas.

No actuar decididamente contra las guaridas fiscales supone un grave delito de complicidad con los que se dice combatir.

Es cierto que diferentes actores internacionales (G7, G20, OCDE, UE) están, dicen, tomando medidas para obligar a un mayor control sobre la utilización de las guaridas fiscales por parte de grandes empresas y fortunas para eludir o evadir impuestos. Pero… con retraso, timidez y sin afectar a territorios afectos a su propia soberanía.

En todo caso, la cooperación internacional es imprescindible.

No es cierto que no se pueda hacer nada. Hay muchas propuestas perfectamente viables. Estas son algunas de ellas:

  • — Revisar la definición de paraísos fiscales y elaborar un nuevo listado efectivo de territorios. Aunque no tengan ámbito nacional.
  • — Puesta en marcha de un régimen fiscal multilateral que evite la competencia de estímulos fiscales entre Estados y que aborde la transparencia fiscal internacional, el intercambio automático de información y la lucha contra el fraude. Al menos dentro de la UE.
  • — Implantar el Impuesto a las transacciones financieras que penalice los flujos especulativos, especialmente los que se negocian desde estos refugios opacos.
  • — Obligar a las empresas y corporaciones a publicar sus inversiones, beneficios e impuestos pagados país por país.
  • — Registro público obligatorio de titulares reales y últimos de las empresas.
  • — Prohibición de sociedades ficticias y acciones al portador.
  • — Colaboración obligada de las grandes entidades de Banca Privada (titulares que operan en guaridas fiscales).
  • — Ligar acuerdos de libre comercio con convenios de intercambio de información.
  • — Penalizaciones a las empresas con fondos o filiales en esos territorios:
    • — en la obtención de contratos y concursos
    • — en beneficios fiscales
    • — en los movimientos con guaridas fiscales

Cabe destacar en esta dirección el movimiento por los Municipios libres de paraísos fiscales.

  • — Reforzar y priorizar la inspección.
  • — Proteger a los denunciantes y filtradores.
  • — Penas mayores que las actuales, y sin reducciones, a quienes utilicen las guaridas fiscales.
  • — Exigencia de responsabilidades a asesores e intermediarios financieros.
  • — Plazo ampliado para prescripción de delitos.
  • — …

Es imprescindible apuntar hacia la completa erradicación de las guaridas fiscales… a medio plazo. A corto plazo es imperativo acometer medidas que penalicen y desincentiven la utilización de estos territorios. Medidas enmarcadas en la lucha contra la evasión y el fraude, que son las lacras que es preciso extirpar.

No es un objetivo imposible. Depende de la voluntad política y de la capacidad de presión.

El castigo social y electoral ha de ser la medida más eficaz para conseguir superar la tibieza de las políticas aplicadas. Por ello, es necesario educar y sensibilizar a la ciudadanía en la gravedad de los delitos fiscales así como en la gravedad de los comportamientos cómplices, aunque solo sea por omisión.

Erradicar las guaridas fiscales es un primer paso. Y es responsabilidad colectiva: de los líderes políticos y los gobiernos, de los medios de comunicación y de los educadores, de los votantes y ciudadanos…

También de todas las organizaciones sociales que trabajamos por un mundo mejor y más justo.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor

[1] La plataforma por la Justicia Fiscal, es una alianza de organizaciones ciudadanas, sindicatos, movimientos sociales, ONG y otros actores de la sociedad civil, movilizadas para corregir las desigualdades del sistema impositivo y exigir medidas reales contra el perjuicio social de la evasión y la elusión fiscal y acabar con los llamados Paraísos Fiscales.

Apindep: sí, se puede

10 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

La cooperativa de consumo y usuarios Apindep, formada por familiares de niños con discapacidad intelectual, es un ejemplo de cómo se puede salir adelante si se trabaja en común.

El estrecho vínculo con el territorio ha sido clave en el éxito de la organización, con sede en Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona).

Sus responsables quieren construir viviendas para los usuarios y mejorar las leyes para que se adapten a las situaciones de cada persona.

Mariana Vilnitzky

03/04/2017 – 21:19h

Tres usuarios de Apindep, en el huerto de la cooperativa catalana. Foto: APINDEP
Tres usuarios de Apindep, en el huerto de la cooperativa catalana. FOTO: APINDEP

Prueba de que se puede. Prueba de que a la adversidad hay que ganarle la partida. Prueba de que la unión hace la fuerza. Ese es el ejemplo que da Apindep, una cooperativa de consumo y usuarios, sin ánimo de lucro y de iniciativa social, formada por familiares de niños con discapacidad intelectual en el pequeño pueblo de Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona).

“Habíamos creado un grupo de madres en 1993, porque queríamos que nuestros hijos estuvieran integrados, pero luego buscábamos más: un lugar donde nuestros hijos pudieran estar bien. En la escuela estaban todo el día, pero después de que terminaran la escuela, ¿qué?, ¿dónde irían mientras trabajábamos?”, cuenta Mercè Llauradó, directora de la organización.

Al principio, Apindep era una asociación, pero en 2006 se transformó en cooperativa, con el objetivo de crear recursos a la dependencia, innovar y garantizar la autonomía de sus hijos durante todo el ciclo vital.

Llauradó camina por las instalaciones de Apindep y muestra con calidez y emoción el milagro que la cooperativa ha logrado construir: en dos hectáreas de terreno, una estructura de 1.500 metros cuadrados en donde trabajan 27 personas y que tiene capacidad para acoger a más de 64 usuarios (sólo en la parte del centro ocupacional). El espacio tiene grandes ventanales que dan al jardín y lugares de ocio, trabajo, educación física, comedor y aprendizaje.

“No teníamos un duro”, agrega Llauradó. “Nos hemos unido y hemos salido adelante. Es una cooperativa muy ligada al territorio. El Ayuntamiento y la gente se han involucrado mucho. El terreno nos lo vendió un señor de aquí, pero nos lo dio en propiedad antes, para que se lo fuésemos pagando cuando pudiéramos. El arquitecto puso a su gente a trabajar sin coste”.

Al lado de Llauradó camina con cierta dificultad su hijo Sergi, con discapacidad física y psíquica, que se muestra también orgulloso de lo que han logrado juntos: un huerto (accesible para silla de ruedas) donde aprenden no sólo a sembrar, sino también a sentirse útiles. Además de integrarse, Sergi ha conocido en Apindep su amor por los animales, especialmente por los perros, a los que ha aprendido a bañar como parte del servicio de peluquería canina en la cooperativa.

Apindep ha luchado mucho para recibir ayudas estatales que creían que les correspondían. Llauradó misma llegó a llamar a un ministro y no se quedó quieta hasta conseguir que Apindep pudiera percibir dinero de fines sociales, a través de la casilla del IRPF (no reunía los requisitos por tratarse de una organización local).

Pero además, en pocos años ha constituido un centro ocupacional. Interactúa también con colegios, con la biblioteca, con centros para la tercera edad, y a su vez con personas provenientes de la cárcel para su integración en la sociedad.

Parte del dinero proviene también de las actividades laborales de la cooperativa. Además de practicar la horticultura y la jardinería (más que nada es una actividad de aprendizaje, pero obtiene algunos productos para su propio comedor), recicla papel, gestiona el bar del Instituto La Vall del Tenes y, entre otras cosas, tiene una peluquería canina.

La cooperativa sigue luchando por sus sueños. No parará hasta conseguirlos. Entre otras cosas, quiere construir pisos con soporte para los usuarios, y mejorar las leyes para que se adapten a las situaciones de cada persona. “Mi hijo, por ejemplo, consiguió un trabajo de una hora semanal en un negocio del pueblo. Pero con sólo esa hora perdía su subvención por discapacidad. Queremos que las ayudas se den a las personas por su condición, más allá de que de vez en cuando puedan conseguir algún trabajo”, explica Llauradó.

Hay también otros sueños, más o menos ambiciosos, como construir una piscina para refrescarse durante el verano. Algo ya aparentemente fácil, después de haber conseguido todo lo que ha logrado.

[Este artículo ha sido publicado en el número de marzo de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente conuna suscripción]

Un año de paraísos fiscales en el punto de mira

7 abril, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Después de un año de que comenzara la publicación de los Papeles de Panamá, la UE todavía tiene pendiente publicar una lista de paraísos tras rechazar su primera propuesta el Parlamento Europeo.

La OCDE defiende que se han logrado “significativos éxitos” pero reconoce “deficiencias en la arquitectura de la transparencia internacional”.

“Nosotros no hemos encontrado más endurecimiento en las normas”, dice el presidente de la filial española de uno de los principales bancos andorranos.

Antonio M. Vélez02/04/2017 – 18:34.

Más allanamientos en Panamá por vínculos de Mossack Fonseca con "Lava Jato"
Oficinas de Mossack Fonseca. EFE

Este lunes pasado se cumplió un año del estallido del escándalo de Los Papeles de Panamá, la mayor filtración de documentos de la historia, con origen en el bufete de abogados Mossack Fonseca. Un terremoto que reveló las artimañas fiscales de un extenso listado de multimillonarios y de dirigentes políticos de todo el mundo (o personas de su entorno) y que en España acabó con la carrera política del exministro de Industria José Manuel Soria. A propósito de este aniversario, el Foro Social Mundial ha declarado este 3 de abril Día Mundial Contra los Paraísos Fiscales.

Un año después, hemos conocido  la reciente detención por su presunta implicación en el caso Lava Jato, el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil, de los dos fundadores de Mossack Fonseca.

Sabemos también que el despacho que durante décadas ayudó a crear miles de sociedades offshore llegó a convertirse  en sede del Registro Mercantil de Niue, un atolón del Pacífico ubicado a 10.000 kilómetros del bufete que utilizaron defraudadores españoles como el actor Imanol Arias.

Y también sabemos que en España el  Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Ministerio de Economía, ha realizado catorce informes de inteligencia financiera sobre 209 sociedades que se encontraban en la base de datos del afamado despacho panameño.

¿Pero se han producido avances en la lucha contra la evasión en los territorios offshore en este último año?

El balance del Foro global sobre la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es positivo. Este órgano, que desde este año preside la española María José Garde, defiende en su informe de progreso de 2016 que aunque persisten “deficiencias en la arquitectura de la transparencia internacional”, se han logrado “significativos éxitos”.

Su tesis es que “aunque la filtración subrayaba los continuos problemas de la evasión fiscal internacional, también mostraba la efectividad de las medidas que la comunidad internacional impulsa para abordar estos problemas. Los documentos mostraban que el número de compañías con ventajas fiscales creadas por el bufete en cuestión llevaba disminuyendo varios años y que el número de nuevas empresas con acciones al portador [que no permiten conocer quiénes son sus verdaderos propietarios] había caído prácticamente a cero en 2015”.

“Aunque las filtraciones ocupan titulares en todo el mundo y subrayan los problemas derivados de la opacidad de las entidades jurídicas, la realidad es que se han realizado enormes progresos en la lucha contra este problema durante los últimos años y se continúan realizando”, resume el informe.

Unos días después del escándalo panameño, la Comisión Europea proponía una medida recomendada por la OCDE que ya estaba vigente en España, el desglose de información país por país con los pagos de renta e impuestos de empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales. Una medida reputacional y de control que no deja de ser un avance. Pero la UE ha sido incapaz de consensuar una lista de paraísos fiscales que había prometido para este año, incluso antes del caso de Los Papeles de Panamá.

En enero pasado, el Parlamento Europeo obligó a la Comisión Europea a rehacer una relación provisional de “países de riesgo” relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo compuesta por Corea del Norte, Irán, Afganistán, Bosnia Herzegovina, Irak, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen. Se quedaban fuera territorios como Islas Bermudas, Islas Caimán o Panamá, por no hablar de los cuatro países miembro de la UE a los que la ONG Oxfam situaba en diciembre pasado en la lista de paraísos “más agresivos” del mundo: Holanda, Irlanda, Luxemburgo y Chipre.

Más conciencia, las mismas medidas

Tras Los Papeles de Panamá, llegarían Los Papeles de la Castellana, una investigación publicada por eldiario.es en junio pasado; Bahamas Leaks (en septiembre) y Football Leaks (a finales de 2016). Filtraciones masivas que quizás han aumentado la conciencia ciudadana sobre las consecuencias de la existencia de los paraísos, pero que no han propiciado la adopción de una normativa más estricta, coinciden los expertos consultados.

“Nosotros no hemos encontrado más endurecimiento en las normas, que ya eran bastante exigentes”, dice a eldiario.es el presidente de la filial española de uno de los principales bancos andorranos, que pide el anonimato.

Este directivo asegura que la normativa vigente ya “es durísima, tanto en España como en Estados Unidos”, y recuerda que, tras la llegada de Donald Trump al poder, todo apunta a una “relajación” de la normativa bancaria, después de que el nuevo presidente estadounidense firmase en febrero una orden ejecutiva para derogar parte de la ley Dodd-Frank, que fue promulgada en 2010 tras la crisis financiera que arrancó en 2008.

“Mi conclusión es que no hay una verdadera voluntad política ni de la Comisión Europea, ni del G20, ni de la OCDE, de acabar con la utilización de los paraísos fiscales: dan vueltas a la tortilla con medidas que son positivas, pero que no van al fondo de la cuestión”, dice José María Peláez, inspector de Hacienda.

Este experto en fiscalidad internacional aventura que no se adoptan medidas más contundentes (fundamentalmente, en materia de intercambio de información) “porque si se pusiera sobre la mesa todo lo que hay, muchos mandatarios se verían retratados”.

Unas semanas después de estallar el escándalo, el Parlamento Europeo anunció la creación de una Comisión de Investigación cuya efectividad muchos discuten (“Se crean comisiones de investigación para no investigar nada”, decía hace un mes el eurodiputado de Podemos Miguel Urban) que comenzó sus trabajos en septiembre y que debería tener redactadas sus conclusiones en junio.

Su puesta en marcha ha encontrado notables trabas de la propia Comisión Europea. Cabe recordar que la esposa del comisario español Miguel Arias Cañete apareció en Los Papeles de Panamá; y la excomisaria Neelie Kroes, en Bahamas Leaks.

El inspector José María Peláez, que hace un mes participó en los trabajos de esa comisión, relativiza la importancia de la entrada en vigor del nuevo estándar de intercambio de información fiscal de la OCDE.

En teoría, a partir de este año, con los nuevos convenios que suscriban los países, los datos fiscales se intercambiarán de forma automática. Pero su pronóstico es que “van a intercambiar información los países que no tienen ningún problema en hacerlo: los miembros de la OCDE. Los que son auténticos paraísos fiscales no van a firmar y no afrontarán “ninguna consecuencia”. “Mi conclusión es que los paraísos fiscales van a seguir existiendo y se van a seguir utilizando”.

Miguel Urban, de Podemos, considera que se ha avanzado “muy poco” en esta materia y cree que los criterios de la lista que está elaborando Bruselas “son laxos”: “Hay muchas formas diferentes para que un país salga de ese listado llegando, por ejemplo, a acuerdos unilaterales con otros países”.

En su opinión, que no exista ese listado ni se implanten mecanismos más firmes se explica porque, “para empezar, a la propia institución europea y a los gobiernos parece que les preocupan más los nombres que la existencia de la evasión y el robo a gran escala. Además, también se necesitaría la unanimidad del Consejo, y en este caso Luxemburgo se niega tajantemente; y aún es más difícil teniendo a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea”.