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El salario mínimo no tiene relación con la tasa de paro

26 enero, 2019

Fuente: http://www.lamarea.com

“Hay planteamientos que señalan que a medida que los salarios se elevan, la tasa de paro aumenta, y viceversa. El razonamiento de fondo es más ideológico que científico”.

15 octubre 2018
El salario mínimo no tiene relación con la tasa de paro
Una oficina de Empleo. FERNANDO SÁNCHEZ

La teoría económica más conocida e importante –conocida como síntesis neoclásica y que desagraciadamente se sigue enseñando en las facultades– considera que los niveles salariales tienen impacto en la tasa de paro de la economía en cuestión. Estos planteamientos señalan que a medida que los salarios se elevan, la tasa de paro aumenta, y viceversa. El razonamiento de fondo –que es más ideológico que científico– es el siguiente: los salarios suponen un coste importante para los empleadores, de forma que si aquellos aumentan, estos se verían en complicaciones para seguir con su negocio; y la única forma que tendrían de no echar el cierre sería despidiendo a uno o más trabajadores. El despido reduciría los costes salariales y, de esta forma, el negocio podría continuar, aunque la parte negativa sería que la tasa de paro aumentaría. Este razonamiento se utiliza también en sentido inverso: si los salarios disminuyen los empleadores tendrán menos coste y por lo tanto más margen económico para contratar a nuevos trabajadores, de forma que la tasa de paro se reduciría.

Una recomendación política que se deriva de este razonamiento es la eliminación o reducción de los salarios mínimos que se fijan por ley: si fuese más elevado se destruiría empleo, por lo que la forma más fácil de evitar esos problemas pasaría por reducir o eliminar completamente el salario mínimo legal. De esta forma, los empleadores ajustarían los salarios a sus necesidades económicas, el negocio prosperaría sin problemas y supuestamente habría creación de empleo.

La reflexión es tan simple que cualquiera puede entenderla y asimilarla con facilidad. Pero el problema es que la realidad económica es enormemente compleja y no se puede abordar utilizando razonamientos tan mecánicos y directos como el descrito. Tanto las premisas como las deducciones utilizadas son absolutamente irreales, no se cumplen en ninguna economía del planeta.

En primer lugar, no en todos los sectores los salarios suponen un coste elevado para el empleador. En aquellos en los que la productividad es muy elevada, como por ejemplo el energético o financiero, los costes salariales no son, ni de lejos, el coste más importante.  En segundo lugar, que los salarios aumenten no quiere decir que las empresas pasen a registrar pérdidas. El margen de beneficio empresarial no suele estar ajustado al mínimo. Es decir, el empleador en cuestión podría compensar el incremento salarial con una minoración de beneficios o de dividendos, y el negocio podría continuar.

En tercer lugar, el simple hecho de que los costes salariales sean menores no implica que vaya a aumentar el empleo. Los empleadores contratan en función de las necesidades de su negocio, no en función de los costes salariales. Ya pueden estar todos los trabajadores cobrando 1 euro a la hora que, si el negocio no necesita más trabajadores, el empleador no contratará a nadie más. En este caso, cualquier reducción salarial es una inyección de beneficios empresariales, y sin que la tasa de paro se inmute (no así las condiciones laborales de los trabajadores, claro, que empeorarían).

No nos debe sorprender que la evidencia empírica señale que no hay relación entre salario mínimo y tasa de paro. Hay países con salarios mínimos inexistentes que sufren tasas de desempleo muy importantes, y países con salarios mínimos elevados que sufren tasas de paro notables. No existe ninguna relación entre ambas variables. La tasa de paro depende de muchísimos factores, y el salario mínimo es de los menos importantes. En definitiva, la teoría económica convencional intenta disfrazar de ciencia lo que es el anhelo ideológico de reducir la masa salarial y así aumentar la masa de los beneficios empresariales.

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La subida del SMI es necesaria y es beneficiosa

20 enero, 2019

http://www.economistasfrentealacrisis.com

Desde que el Gobierno anunció su voluntad de subir el SMI a 900 euros mensuales a partir de 2019 se ha desatado una verdadera tormenta, una campaña, contra esa medida. Campaña que está siendo significativa y reveladoramente protagonizada por los que impulsaron y defendieron las medidas del Gobierno anterior para forzar una devaluación de los salarios que es permanente (se mantiene independientemente de la situación de la economía, tras cinco ejercicios de crecimiento continuado, y de las empresas, cuyos beneficios han alcanzado los niveles anteriores a la crisis), y que se ceba –no parece un término inadecuado teniendo en cuenta los datos- en los grupos de salarios más bajos.

A pesar de lo innecesario de esa devaluación salarial ajena a cualquier consideración vinculada con el ciclo económico o con las necesidades de competitividad (por tanto, solo justificada por la intención de producir una permanente transferencia de rentas desde los salarios más bajos hacia los beneficios), ninguno de aquellos levanta su voz para manifestar la inconveniencia de mantener esa irracionalidad. Pero, se defiende sin empacho lo contrario, que la subida del SMI va a dañar a los que pretende defender, reduciendo sus oportunidades de empleo y aumentando la desigualdad.

Toda esta paradójica argumentación y, más en general, la forma fuera de todo contexto en la que se analiza la subida del SMI, hace conveniente que se recuerden algunos aspectos de la misma.

1- Un SMI suficiente es necesario en España al igual que en la mayor parte de los países

Comenzando por un plano conceptual. El Salario Mínimo oficial se denomina “interprofesional” precisamente porque se trata de un mínimo laboral independiente de las condiciones de los sectores y de las empresas concretas. Trata de fijar un umbral mínimo de salarios por debajo del cual no se admite retribuir legalmente el trabajo y, consiguientemente, se declaran no admisibles socialmente las iniciativas empresariales que se muestren incapaces de generar unos niveles de productividad del trabajo suficientes para garantizar ese mínimo. Es por lo tanto un mínimo basado en consideraciones sociales de cada país y de cada momento.

Obviamente su desaparición, o un nivel más bajo del mismo, permitiría la existencia de actividades empresariales de menor productividad y salarios, pero estas se consideran indeseables económicamente e inaceptables socialmente, debido a su incapacidad de mantener unos niveles mínimos de vida como contrapartida del trabajo asalariado: infra empleos. Por esa razón existen salarios mínimos legales en la mayoría de los países.

Cuando el nivel de desempleo de un país es bajo y el marco legal y las condiciones de funcionamiento de la negociación colectiva son adecuados, el SMI puede tener poca operatividad y puede resultar innecesario. Por eso no todos los países lo tienen. En sentido contrario, condiciones opuestas a las anteriores, como sucede en el caso de España, hacen que el SMI sea necesario. Incluso recientemente se ha introducido en determinados países (Alemania, Reino Unido…) que carecían de su tradición, ante la evidencia de que la situación laboral ocasionada por determinadas medidas había hecho caer la contrapartida salarial por debajo de esos mínimos socialmente admisibles.

¿Qué tipo de actividad empresarial es de tal carácter que resulta capaz de producir los rendimientos necesarios en España para retribuir el trabajo con un mínimo de 736 euros y no con 900 euros en jornada completa? ¿Merece la pena desde un punto de vista social y económico que un tipo de actividad empresarial semejante sea ‘protegida’ y se permitan las condiciones para darle viabilidad? ¿Tan incapaces desde el punto de vista empresarial (y de la política económica) somos en nuestro país que no sabemos ni podemos impulsar actividades que generen una productividad mínima y unos retornos suficientes para retribuir con 164 euros más al mes a un trabajador, y que necesitemos y deseemos tales actividades para crear empleo? Seguramente no es esa la cuestión, sino más bien el cambio en la dinámica salarial que supone la subida del SMI respecto a la política que se venía manteniendo desde la reforma laboral de 2012. Y las resistencias de todos aquellos que la han venido defendiendo.

2- La subida del SMI debía ser mayor en esta ocasión

Naturalmente, las reacciones a la subida del SMI han sido en esta ocasión incluso más fuertes debido a que el incremento propuesto es sustancialmente mayor al producido en ocasiones anteriores. Pero, dejando al margen las circunstancias políticas del asunto, ¿cuáles son las razones para que haya sido así?

En primer lugar, por la propia magnitud de la previa devaluación de los salarios más bajos desde el comienzo de la crisis y de la aplicación de las medidas de la reforma laboral de 2012, dirigidas a reforzar y hacer permanente esa devaluación. Y, con todo ello, el consiguiente incremento brutal de las desigualdades entre los niveles salariales más altos y los más bajos.

En segundo lugar, debido a la situación de debilidad y marginación del SMI español respecto al de los países de nuestro entorno. En el gráfico siguiente se constata que ocupamos la última posición de todos los países en la relación entre el SMI y los salarios mediano y medio. De hecho, con cálculos de 2016, España era el país en que mayor porcentaje de subida debía tener el SMI para alcanzar el umbral de referencia del 60% del salario medio recomendado por la Carta Social Europea.

En tercer lugar, por la negativa de los que ahora protestan por la subida del SMI a reconocer lo inadecuado de las medidas adoptadas para provocar una devaluación salarial que ha desconectado de forma permanente la evolución de los salarios de la evolución de la economía y de las empresas, y la asociada resistencia a que tales medidas fueran modificadas.

Junto a ello, la ausencia de tiempo y de consenso político suficientes para reformar y sustituir tales medidas.

En cuarto lugar, por la resistencia de las organizaciones empresariales a aceptar y aplicar a través de los convenios colectivos el acuerdo salarial firmado por ellas mismas con los sindicatos UGT y CCOO (en particular lo relativo a establecer un salario mínimo de convenio que alcanzase los 1.000 euros en 2020), que ha ocasionado una práctica rebelión en las filas patronales que no veían ‘necesidad’ u obligación alguna de aplicarlo en el contexto de una negociación colectiva en la que el desequilibrio de fuerzas a su favor, producido por el marco laboral de la reforma de 2012, les permitía continuar manteniendo la cuasi congelación de los salarios y en todo caso subidas inferiores al IPC.

El acuerdo salarial con los sindicatos permitía adaptar el ritmo y la magnitud de aplicación de ese objetivo de salario mínimo de convenio a las circunstancias y posibilidades de los sectores y de las empresas, asimilando fácilmente los incrementos de costes laborales, que por otra parte (en cuanto al salario mínimo) afectaban a una porción bastante minoritaria de los trabajadores. La falta total de voluntad para aplicar a través de la negociación colectiva, que es el instrumento más idóneo para hacerlo de forma eficiente, una subida de los salarios más bajos ha evidenciado la conveniencia de subir el SMI legal. La actitud empresarial y un marco legal inadecuado para la negociación colectiva han sido dos importantes motores para la aprobación a través de los instrumentos legales de una subida del SMI de tales características. Es un error pensar que actuaciones tan contrarias a una evolución razonable de los salarios no tendrían consecuencias.

3- El empleo seguirá creciendo mucho y se verá positivamente afectado por la subida del SMI

La subida del SMI elevará, obviamente, el umbral de ingreso marginal de las empresas a partir del cual crearán empleo. Pero, se seguirá creando empleo y con toda probabilidad muy poco menos porque:

1) la elasticidad del empleo respecto al PIB, que es con mucho la más alta de toda la UE (ver gráfico), será algo menor, pero seguirá siendo de las más elevadas, 2) el empleo creado será –por fin- mejor, de mayor productividad y con ello más sostenible, elevando a medio y largo plazo la tasa de empleo, y 3) los empleos afectados por la subida serán pocos, porque una parte seguramente muy grande de los que perciben ahora el SMI lo hacen debido no a que su cualificación y productividad sean tan bajas que no les permite a las empresas obtener retornos superiores al SMI, sino debido a que las condiciones depresivas del mercado laboral (paro, precariedad, debilitamiento de los convenios colectivos, reducido nivel del SMI, etc.) permiten a las empresas retribuirles simplemente con el SMI aunque su productividad sea mucho mayor. En definitiva, los cálculos realizados (significativamente los del Banco de España) para demostrar que el crecimiento del SMI hundirá la creación de empleo son burdos y muy poco rigurosos. Parecen mucho más fundados y menos ‘ideológicos’ los de la AIREF, que al menos intentan tener en cuenta los impactos simultáneos en variables relacionadas (consumo, renta bruta familiar, etc.).

Son, en todo caso, efectos positivos sobre el empleo: porque se creará mucho empleo por punto de crecimiento del PIB, pero será de mayor productividad, más resiliente y elevará más la tasa de empleo descontados los efectos del ciclo. No se puede mantener un SMI escaso para subvencionar actividades empresariales ínfimamente productivas solo porque hay una parte de los desempleados que tienen asimismo una ínfima cualificación. La racionalidad económica y el sentido común dicen que lo adecuado es mejorar la cualificación de estos e impulsar actividades empresariales más productivas.

El alarmismo sobre los efectos en el empleo del aumento del salario mínimo no se sustenta en datos

14 enero, 2019

Fuente: http://www.eldiario.es

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) recogida en el acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos acaparó la mayoría de los titulares. No es para menos: el aumentoascendería al 22,3% en un año, el mayor de la democracia. El alza ha revitalizado un histórico debate entre economistas sobre los efectos en el empleo de las subidas del salario mínimo. También el alarmismo de algunos sectores conservadores que auguran la destrucción de puestos de trabajo. Varios expertos que advierten de las posibles consecuencias negativas reconocen, no obstante, que por el momento no hay evidencias empíricas contundentes sobre ellas en la práctica del mercado laboral en España.

Tras el anuncio de la subida pactada hasta los 900 euros mensuales en 14 pagas, las alarmas sobre la destrucción de puestos de trabajo saltaron desde la patronal y otros gabinetes de estudios liberales, como suele ser habitual en estos casos. El candidato a suceder a Joan Rosell al frente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que “puede llegar un momento en el que las empresas no puedan pagar ni contratar a la gente” y desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE, think tankde la patronal) han lanzado el mismo mensaje: “Ralentizará la creación de empleo a tiempo completo, fomentará la contratación temporal y la economía sumergida y elevará el paro estructural de los jóvenes y de los trabajadores menos cualificados”.

Esos mensajes ya se han difundido con anterioridad, con la subida del 8% del SMI en 2017  –de las más contundentes de los últimos años–, pero el incremento  se compaginó con una fuerte creación de empleo. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha reconocido que la literatura económica da cuenta de un “impacto mixto” de las subidas del SMI, con efectos negativos y positivos, pero que “a ella le gusta reflexionar sobre los hechos”.

Calviño ha subrayado además que “la creación de empleo no se resintió, sino que aceleró en los grupos de edad más bajos”, uno de los colectivos que según la teoría económica resultaría más afectado por la destrucción de empleo según los críticos a la subida del SMI. En los dos últimos años –con subidas del 8 y del 4% del salario mínimo– el crecimiento del número de asalariados menores de 25 años ha sido muy superior al del conjunto de empleados: por encima del 10% y en torno al 3%, respectivamente. Aun así la tasa de paro juvenil en España se mantiene muy elevada (33,6%), la segunda más alta de la UE solo por detrás de Grecia (39,1%).

Sin estudios concluyentes sobre los efectos negativos

“Con los estudios que tenemos de momento, dadas las evidencias del mercado laboral español, no podemos llegar a conclusiones muy contundentes, porque no se han dado circunstancias como las de ahora”, afirma a este medio Florentino Felgueroso, economista investigador de Fedea. En  un artículo junto a Marcel Jansen en el blog ‘Nada es Gratis’, los dos especialistas en el funcionamiento de los mercados de trabajo defienden aun así que el incremento del SMI acordado es “arriesgado, por no decir imprudente”.

Felgueroso y Jansen subrayan el “brusco” aumento, para el que no ven justificación posible “en que no existe evidencia suficientemente consistente de impactos negativos de las subidas recientes del SMI”. Felgueroso explica a este medio que la subida del 8% de 2017 se dio en circunstancias distintas: con varios años previos de congelación salarial y con una cobertura del SMI (o porcentaje de asalariados perceptores del salario mínimos sobre el total) muy baja.

Si se cumple el incremento hasta los 900 euros en 2019, apunta el investigador de Fedea, la cobertura aumentará notablemente: de entre un 3,2% y 3,8%, en 2018 (según el mes) hasta una tasa del 7,6 a 8,9% en 2019. Dentro de los trabajadores que perciben el SMI, además de los jóvenes y los empleados poco cualificados del sector servicios, destaca la mayor presencia de mujeres que de hombres. El 17% de los trabajadores en España tiene ganancias bajas, esto es, por debajo de 12.900 euros al año aproximadamente. De ellos, el 64% son mujeres, según la Encuesta de Estructura Salarial.

En cualquier caso la baja tasa empleados que perciben el sueldo mínimo ha limitado mucho hasta ahora los posibles efectos de esta medida. El Banco de España analizó la subida del 8% del pasado año con un modelo de “probabilidad de perder el empleo” en los siguientes doce meses tras la subida del SMI. El resultado apuntaba a “un impacto potencial relativamente reducido para la economía en su conjunto”: un descenso del empleo del 0,1% en el caso de la subida del SMI aprobada en 2017, que llegaría al 1,4% con una simulación de 950 euros mensuales en 2020.

Un aumento del 22% en un año

José Moisés Martín, miembro de Economistas Frente a la Crisis, sostiene que “los estudios que tenemos no permiten asegurar que una subida del SMI tenga un efecto negativo en el empleo”, aunque sí reconoce que existe un reto en comprobar qué ocurriría ante un incremento tan fuerte de golpe del salario mínimo: “No hay evidencias sobre qué es lo que pueda ocurrir, los estudios analizan subidas graduales”. El economista, así como Felgueroso, no encuentra un ejemplo a nivel internacional que pueda servir de referencia a España en este sentido.

El  World Economic Forum destacaba recientemente que Corea del Sur ha pasado de ser uno de los países del mundo que menor reducía la desigualdad a convertirse en uno de los mejores en este sentido. El organismo enumeraba tres medidas que ha tomado el país asiático en el último año, entre las que figura un aumento del salario mínimo del 16,4%.

Florentino Felgueroso precisa que lo que sí ha quedado probado empíricamente es que el aumento del SMI “no es mejor instrumento para reducir desigualdad” y recomienda abordar cuestiones como la baja intensidad del trabajo (trabajadores empleados durante menos tiempo del que están disponibles para trabajar). Expertos en desigualdad y precariedad laboral, como Raül Segarra y Luis Sanzo González, coinciden en esta idea y señalan la necesidad de abordar otras medidas complementarias más allá de incrementar los salarios.

José Moisés Martín indica como posible efecto positivo el aumento del consumo privado de los beneficiarios de la subida del SMI, aunque sea limitado por su pequeña proporción respecto al total de trabajadores, y subraya también que España tiene margen para incrementar su salario mínimo dada su productividad, en comparación con otros países europeos, como Países Bajos y Portugal.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)  señala que, aunque el debate sobre las consecuencias del SMI en el empleo es controvertido, “son cada vez más numerosos los autores que consideran que los efectos de los salarios mínimos en el empleo suelen ser reducidos o incluso insignificantes (y, en algunos casos, positivos)”. En un estudio de 2017 sobre las subidas del salario mínimo en varios países de América Latina, la OIT concluye que “no es posible anticipar efectos determinísticos sobre el empleo a partir de aumentos del salario mínimo”.

De cumplirse el aumento del 22%, España comprobará sus efectos en la práctica y los analistas deberán esperar para estudiar sus efectos. Flotentino Felgueroso destaca que “la preocupación está ahí” de cara a un “cambio tan brusco” en un momento en el que se aprecia el inicio de una cierta desaceleración económica, mientras que José Moisés Martín considera que por el momento “no se puede adelantar nada” y advierte que los que ahora anticipan una “hecatombe del empleo son los que hubieran dicho lo mismo con un subida del 5%”.

Los inversores sacan 3.000 millones de las sicav en tres años ante una posible subida de impuestos

24 diciembre, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

Sicav y socimis son los dos vehículos de inversión que han sido puestos en tela de juicio en los últimos meses por su escasa fiscalidad. Las primeras, tributan a un 1% del impuesto de Sociedades, y las segundas, al 0%. Por ello, Unidos Podemos ha propuesto recientemente subir los impuestos a ambas estructuras societarias, para destinarlo a políticas de vivienda.

Las sicav tienen más recorrido histórico en España. Creadas en los años ochenta, siempre han creado opiniones enfrentadas, por el uso que han dado algunos grandes patrimonios a sus ventajas fiscales. Sin embargo, en los últimos años se ha intensificado el debate político al respecto, lo que ha levantado incertidumbre entre los inversores, que ven peligrar los privilegios que aportan las sicav.

Tal es así, que los inversores han comenzado a dar salida a su dinero de estos vehículos y destinarlo a otras vías. Las cifras son claras. En los últimos tres años han salido 3.000 millones de euros de estas sociedades, han desaparecido 577 sicavs y hay 30.000 accionistas menos, según datos de Inverco, la organización que engloba a las instituciones de inversión colectiva.

Actualmente, existen algo más de 2.700 sicav en España con 431.000 accionistas que suman un patrimonio superior a los 31.000 millones de euros. Tras alcanzar el pico más alto en 2015, la tendencia a la baja ha sido constante. Solo en el último año el patrimonio se ha recortado en más de 700 millones de euros, han desaparecido 170 sociedades y casi 20.000 accionistas.

Carlos Magán, miembro de Analistas Financieros Internacionales (AFI), liga este declive a que hacia 2015 se empezó a poner sobre la mesa de manera seria en el debate político la idea de limitar o eliminar las sicav, “especialmente por partidos de izquierdas como Podemos”. “Desde entonces ha habido un goteo a la baja, gente que prefiere liquidar la sociedad o convertirla en un fondo de inversión”, apunta Magán.

En esta misma línea se ha situado Sebastián Albella, presidente de la CNMV, que esta semana apuntaba a la “incertidumbre sobre su futuro” como causa para la reducción de la inversión en estos vehículos. Sin embargo, el responsable del organismo supervisor aseguró que “no le consta que vaya a haber cambios” por parte del actual Gobierno, pese a la petición de Unidos Podemos.

Magán señala que la caída no ha sido importante, “en torno al 2%” al año. Sin embargo, considera que lo más significativo es que disminuye cuando el patrimonio de los fondos de inversión no deja de crecer. Entre agosto de 2015 y el octavo mes de este año, últimos datos disponibles en Inverco, los fondos españoles han incrementado su patrimonio en 55.000 millones de euros, un 25% más.

Las sicav son vehículos de inversión colectiva, es decir, gestionan, según marca la normativa, el patrimonio de varios inversores. La diferencia con un fondo de inversión es que se constituyen en sociedad, con su consejo de administración y su junta de accionistas, según explica Magán.

La regulación obliga a que estas sociedades tengan un mínimo de 2,4 millones de euros de patrimonio y 100 accionistas. Sin embargo, es común que las sicav tengan un accionista mayoritario y el resto con intereses menores, a los que se les conoce en jerga financiera como mariachis. De este modo, este mayor accionista tiene el control de la sociedad y toma las decisiones, desvirtuando el origen de estos vehículos. Ocurre algo similar en las socimis. La regulación también obliga a que haya varios socios y, en la práctica, ocurre que algunas de estas sociedades están controladas por un propietario con el 97 o el 98% de las acciones.

“El problema es la mala utilización que se puede hacer, por ello consideramos que tiene que contar con controles adicionales para evitar este un uso indebido”, añade el analista. Se refiere a que se utilice en ocasiones como un instrumento para invertir un único patrimonio, algo que la ley no permite.

Hacia otros vehículos o hacia Luxemburgo

El experto descarta que este “goteo” de salida de sicavs se esté produciendo por un tema de rentabilidades. “Son las mismas que un fondo de inversión”. En su opinión, hay distintos casos, como aquellas que se crearon en el boom previo a la crisis y que consideran que ya no les compensa o aquellos grandes patrimonios que ven mejores rentabilidades en volver al ladrillo que en los mercados financieros.

Pero hay un tercer caso, según Magán. El analista apunta que hay sicavs, especialmente los mayores patrimonios, que se desplazan a Luxemburgo. En el ducado centroeuropeo existe una legislación sobre las sicavs que sí permite que estén compuestas por un único patrimonio.

En este sentido, la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este jueves que se está estudiando la posibilidad de trasladar la supervisión de las sicav de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a la Agencia Tributaria. “Estamos viendo la posibilidad de que vuelvan a la Agencia Tributaria, y de meter mayores controles, mayores mecanismos de regulación, al objeto de que efectivamente destinen su trabajo a aquello para lo que se han diseñado y que no sirvan para ocultar rentas o para tener alguna actividad que sea opaca al fisco” aseguró en una entrevista en Antena 3.

La ministra apuntó que no está sobre la mesa la supresión de estas sociedades, al considerar que pueden jugar un papel en la economía española. Sin embargo, Montero advirtió que en ocasiones estos instrumentos se han convertido en vehículos para el fraude fiscal.

En la actualidad, el grupo Banco Santander es el líder destacado en la gestión de todas estas sociedades de inversión. Según datos de Inverco, hasta agosto contaba con 5.330 millones de euros de de patrimonio en sus 475 sicavs gestionadas. Le sigue el grupo Banca March, con 3.200 millones en 120 sociedades. Cierra el podio BBVA con algo más de 3.100 millones en 318 sicavs. Otros de los grandes grupos son Bankinter, Sabadell, Credit Suisse o UBS.

El ecologismo social, el feminismo radical y el antirracismo no son cuestiones periféricas de la izquierda

19 diciembre, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

En las últimas semanas se ha generado un necesario, aunque gratuitamente agrio, debate sobre algunas cuestiones nodales cara a construir un movimiento emancipador e incluyente.

Un artículo de Anguita, Monereo e Illueca sobre el Decreto Dignidad en Italia abría la caja de los truenos e hizo saltar todo un repertorio de contestaciones que, desbrozadas algunas de ellas de ironías, tergiversaciones y descalificaciones, van aportando las piezas necesarias para comprender la complejidad del contexto en el que se debe repensar “la izquierda”.

Quisiera aportar algunas circunstancias y datos que no deben faltar en los análisis y que aportan luz para comprender algunas de las grandes tensiones que cruzan los movimientos emancipadores.

La economía es un subsistema del medio natural en el que se inserta y no al revés. Tanto por el lado de la extracción como por el de los sumideros, nuestro planeta se encuentra en una situación de translimitación. Eso significa que el tamaño de la esfera material de la economía está condenado a disminuir. En consecuencia, el crecimiento económico, hasta el momento directamente acoplado al uso de materias primas y a la generación de residuos, se estanca y retrocede inevitablemente.

La  mejor información científica disponible apunta en esta dirección, pero, por el momento, la mayoría de la izquierda está viéndolas venir y  son los sectores más privilegiados los que se están preparando, con urgencia y en su propio beneficio, para seguir manteniendo su estatus en el contexto de crisis global que tenemos delante.

Parte de la izquierda obvia o reduce la dimensión de la crisis material por ignorancia, pereza, miedo a lo que supone o simplemente porque no se tiene ni idea de cómo meterle mano. Se siguen planteando las salidas a la crisis confiando en un crecimiento económico sostenido que, bajo la lógica productiva actual, no se va a dar. No encarar el debate con toda la crudeza no va a hacer que el problema desaparezca. Más bien supone perder tiempo y capacidades para diseñar políticas significativas que protejan a las mayorías sociales y, sobre todo, deja huecos vacíos que están ocupando deliberada y planificadamente, como bien se advertía en los artículos que desencadenaron el debate, sectores xenófobos de ultraderecha.

La mirada del ecologismo social permite reflexionar desde otro ángulo. Los movimientos migratorios emergentes, presentan diferencias con los del pasado. Hoy se está produciendo una acelerada pérdida de hábitat causada por la expropiación de la tierra, el envenenamiento de suelos, aire y del agua a causa de los extractivismos, la agricultura y ganadería intensiva, y la violencia extrema causada por guerras formales e informales, enormemente asimétrica. Sumado a lo anterior, el cambio climático, disminuye aún más el espacio habitable. Todo ello provoca expulsiones de comunidades enteras de los lugares que habitan. No hablamos ya, por tanto, solo de personas que migran buscando una vida mejor y que esperan enviar remesas a casa o de refugiados por persecución política, sino también de desplazamientos forzosos y masivos por pura supervivencia. Cuanto más inhabitables se tornan los territorios, más personas –también otras especies– se ven obligadas a salir de ellos. No se puede permanecer y no existe un espacio habitable y seguro al que se pueda volver.

Estos procesos no son nuevos en la historia del capitalismo. Sin embargo, la escala ha aumentado de forma exponencial. A partir de los ochenta, el capitalismo mundializado ha “perfeccionado” los mecanismos de apropiación de tierra, agua, energía, animales, minerales, urbanización masiva, privatizaciones y explotación de trabajo humano. Los instrumentos financieros, la deuda, las compañías aseguradoras, y toda una pléyade de leyes, tratados internacionales y acuerdos constituyen una verdadera arquitectura de la impunidad que allana el camino para que complejos entramados económicos transnacionales, apoyados en gobiernos a diferentes escalas, despojen a los pueblos, destruyan los territorios, desmantelen la red de protección pública y comunitaria que pudiese existir y criminalicen y repriman las resistencias que surjan.

Silencio socialdemócrata y de parte de la izquierda

Con el silencio y complicidad de las socialdemocracias y una parte significativa de la izquierda, todo  se convierte en una mercancía y se impone un derecho corporativo global, que vigilan férreamente organizaciones supranacionales como el FMI, en Banco Mundial, la OMC y, entre ellas, de forma especial la Unión Europea, un proyecto que desde sus inicios se articuló sobre el capital y la guerra.

En este contexto se produce un repunte significativo de opciones políticas de corte xenófobo, populistas y ultraderechistas. Trump, Le Pen, Salvini, Orban o Steve Bannon desarrollan un discurso antiglobalizador y crítico con el neoliberalismo de la Unión Europea y llaman a cerrar filas alrededor de una alternativa replegada en el estado-nación que, además, tiene que “defenderse” del capitalismo globalizado y del riesgo de “invasión” que se deriva de los procesos migratorios potencialmente crecientes.

Tal y como analizaban los artículos de Anguita, Illueca y Monereo, algunas de sus propuestas están peligrosamente próximas a discursos y reivindicaciones que históricamente ha hecho la izquierda y que en los últimos ciclos de movilizaciones estuvieron presentes en las calles: poner freno a las deslocalizaciones, trabas a los movimientos de empresas y capitales, rechazar con el techo de gasto impuesto por la UE y de la supremacía de no superación del déficit, rechazo a la deuda,  apuesta y protección a las economías locales, control nacional de la política monetaria, etc.

Estos discursos –y prácticas-, que tienen una pata social y crítica con la globalización neoliberal  y otra xenófoba y excluyente, están calando y seduce a masas cada vez más grandes de personas que sienten miedo e incertidumbre.

Cuando los discursos xenófobos dicen “aquí no cabemos todos”, aluden a la imposibilidad de que los estándares de consumo y estilos de vida materiales, políticos y simbólicos que se habían alcanzado solo para algunas partes minoritarias de la población sean viables para todos “los nacionales” si llegan muchas personas de fuera.

La realidad incómoda es que no es posible que quepamos todos si los estándares materiales deseados suponen vivir como si existiesen varios planetas en lugar de uno parcialmente agotado. El bienestar material desigual de los países enriquecidos no se sostiene sobre la base material de su territorio, sino que se satisface acaparando otros territorios y expulsando irreversiblemente a quienes  viven en ellos.

Sin transformar radicalmente el metabolismo económico, no son sólo las personas forzosamente desplazadas las que no caben, sino que según se profundiza la crisis material y el cambio climático, y a pesar de que su carnet de identidad diga que “son de los nuestros”, paulatinamente muchas personas quedarán también fuera. Cuando hablamos de exclusión, personas desempleadas de larga duración, jóvenes que no acceden al mercado de trabajo, desahucios o mujeres que sostienen la vida en un sistema que la ataca, estamos hablando de cómo la dinámica de expulsión del capital se expresa también en el supuesto mundo rico.

Ultraderechismos neofascistas

El decrecimiento material de la economía es simplemente un dato. Los ultraderechismos neofascistas abordan, sin nombrarla, esta situación, denigrando a la población desposeída, culpándola de la crisis civilizatoria y expulsándola. Prometen a los locales una vuelta a un pasado glorioso y próspero que nunca existió, sin decirles que muchos de ellos, o sus propios  hijos estarán también fuera del círculo de privilegio. Tratan de construir discursos sociales vinculados a un proyecto de nación que les incluye y desde el que defenderse contra la amenaza exterior.

Señalar el carácter xenófobo y combatirlo sin tapujos no debe obviar, sin embargo, la necesidad de confrontar con el neoliberalismo globalizado e identificar con nitidez los elementos de insostenibilidad estructural. Cuando la resistencia política se centra más en reírse de la chabacanería de Trump o en resaltar la ignorancia de quienes le votan que en pensar cómo recomponer economías y políticas en las que quepamos todas las personas, se acrecientan los apoyos alrededor de estas figuras, que son las únicas que hablan de conflictos que en el fondo todo el mundo percibe. Cuando no hay valor para nombrar los problemas y se asume jugar en el terreno de lo establecido como única posibilidad terminamos aceptando la dictadura de los mercados y nos conformamos con la corrección política de los discursos aunque la práctica sea criminal.

Cuando Julio Anguita  dice que no quiere escoger entre fascismo y la dictadura de los mercados apunta con acierto que escoger entre lo uno y lo otro, desde el punto de vista de los sectores más vulnerables, no supone elegir entre opciones diferentes.

Los neofascismos criminalizan, estigmatizan, deshumanizan, abandonan y matan a personas “sobrantes” con un discurso  y escenografía que busca legitimar socialmente el exterminio. La Unión Europea criminaliza, estigmatiza, deshumaniza, abandona y mata a personas “sobrantes” dentro del discurso políticamente correcto de los derechos, a partir de la ingeniería social “racional” limpia y tecnócrata del capitalista mundializado que considera que las vidas y los territorios importan solo en función del “valor añadido” que produzcan.

Quienes están poniendo en marcha una estrategia autárquica son los sectores privilegiados. La arquitectura de la impunidad, la legislación laboral, las políticas de securitización de fronteras y las estrategias de los ejércitos blindan y protegen los intereses de los ricos de las incertidumbres de la crisis global. Los ricos se aseguran el flujo de energía, materiales, la disponibilidad de tierras y se aíslan de las posibles tensiones sociales mientras acrecientan los mecanismos de luchas entre pobres y hacen caja con el desastre.

Desde el ecologismo social ponemos encima de la mesa la necesaria relocalización de la economía, el ajuste a los límites físicos de los territorios y la producción y acceso, sobre todo de alimentos, energía y agua con base fundamentalmente local. Hablamos también de poner las vidas en el centro, de las asalariadas y las que trabajan sin salario. Paradójicamente, esta relocalización de la economía, aprender a vivir con los recursos cercanos es fundamental para frenar la expulsión de personas de sus territorios y garantizar su derecho a permanecer en ellos –teniendo en cuenta que una parte de los desplazamientos forzosos ya será inevitable y que tenemos la obligación de organizarnos para acoger a aquellos con los que hemos contraído una deuda ecológica y no tienen dónde volver. Adoptar principios de suficiencia, equitativos y justos, es condición necesaria para la solidaridad dentro y fuera de nuestras fronteras.

Hay que darle una buena vuelta a la cuestión del trabajo. La noción de democracia ha corrido paralela a la consolidación del empleo fijo como punto de apoyo. La estabilidad, la protección ante el despido o la negociación colectiva han sido una pilares fundantes del derecho del trabajo y de la democracia plena.

El capital ya no necesita el trabajo humano

El derecho del trabajo clásico está en crisis y no solo porque el estado-nación haya perdido centralidad o haya cambiado la correlación de fuerzas, sino porque las propias bases materiales que lo sostenían han quebrado y el poder económico ha construido formas de reproducir el capital en las que el trabajo humano es cada vez más prescindible.

Al explotar el modelo previo, y a falta de una reflexión ecológico-material profunda, el derecho del trabajo asumió lo que Luca Tamayo denominó derecho del trabajo de la emergencia, que aceptaba temporalmente la rebaja de las condiciones laborales y la reducción de las garantías para dar lugar a la creación de empleo. El derecho del trabajo de la emergencia acepta la subordinación de las condiciones laborales al crecimiento económico y la competitividad con la idea de que cuando se retomase la normalidad se regenerarían las condiciones anteriores. Pero la emergencia se ha convertido en la nueva normalidad. El tiempo de los Treinta Gloriosos no va a volver nunca más. Y el trabajo reducido a empleo, que dependía de que la reproducción cotidiana y generacional se hiciese bajo la lógica patriarcal y de la extracción de cantidades ingentes de materias primas de territorios colonizados y de la generación de cantidades ingentes de residuos, está llegando a su fin.

Esta realidad debe incorporarse también al debate sobre la centralidad del conflicto de clase. Es verdad que vestirse de progresía conformándose con un capitalismo verde, violeta y multicultural que no dispute la cuestión de clase, efectivamente esconde las tensiones estructurales y conduce a lo que Nancy Fraser ha llamado neoliberalismos progresistas. Pero no tener en cuenta que el capitalismo se construyó y se sostiene materialmente, además de sobre la explotación en el empleo, sobre el racismo, la explotación sin límites de la naturaleza y del trabajo no libre de las mujeres en los hogares, es realizar un análisis material incompleto que no permite entender la crisis civilizatoria. Por ello, el ecologismo social, el feminismo radical o la lucha de las personas racializadas no son cuestiones periféricas que despisten de lo importante, sino que están en el centro del conflicto.

Siguiendo a E.P. Thompsom en ‘La formación de la clase obrera’, el concepto de clase es dinámico e histórico y responde al conflicto en las relaciones de producción. Si asumimos que para que haya producción hacen falta materias primas, es decir naturaleza autoorganizada y finita, y mano de obra, es decir vida de personas que tiene que ser sostenida y cuidada, los elementos constituyentes del ecologismo, del feminismo y del racismo se encuentran claramente insertos en el conflicto de clase. No hay solo un conflicto estructural entre en capital y el trabajo reducido a empleo, sino entre el capital y la vida. Creo que alrededor del derecho a vivir vidas que merezcan la pena vivirse hay potencia para crear sentido y orgullo de pertenencia a un movimiento de clase, ecologista, feminista y antirracista que revierta la guerra contra la vida.

La cuestión del ámbito de actuación es también importante. Creo que, con la que está cayendo, la estrategia debe ser trans-escalar. Desde luego el estado-nación, pero también los municipalismos, las alianzas con movimientos emancipadores de otros países de Europa y del norte de África y la autoorganización ofrecen posibilidades diferentes pero complementarias que es preciso explorar.

¿Cómo hacer para garantizar las condiciones de vida para todas las personas? ¿Qué producciones y sectores son los socialmente necesarios? ¿Cómo afrontar la reducción del tamaño material de la economía de la forma menos dolorosa? ¿Qué modelo de producción y consumo es viable para no expulsar masivamente seres vivos? ¿Cómo abordar las transformaciones que el cambio climático va a causar en nuestros territorios? ¿Cómo mantener vínculos de solidaridad y apoyo mutuo que frenen las guerras entre pobres, vacunen de la xenofobia y del repliegue patriarcal? ¿Cuál es la escala adecuada de actuación? ¿Qué papel juega la autoorganización, el municipalismo, el estado-nación y las alianzas internacionales?  ¿Qué diálogo puede establecerse entre el trabajo socialmente garantizado y la renta básica?

Un debate urgente

Tenemos por delante un debate urgente y necesario que deberíamos abordar sin aplastar, tratar de humillar o descalificar,  a veces interpretando libremente o directamente modificando lo que el otro ha dicho. Siempre es más fácil oponerse a lo que nos gustaría que hubiese dicho el otro para no vernos obligados a salir del mundo de las certezas tranquilizadoras…

Santiago Alba Rico que recuperó en ‘Ser o Ser (un cuerpo)’ la sorpresa de Bateson al observar que los niños de una determinada cultura, cuando comenzaban a andar y tropezaban, se agarraban a su propio pene buscando seguridad. Las niñas, sin embargo, se agarraban a algún objeto externo que les pareciese firme. Supongo que niñas y niños terminaban aprendiendo a caminar, pero seguro que las niñas lo hacían con menos arañazos y golpes.

Nos esperan tiempos muy duros sobre todo si consideramos que para avanzar el apoyo más firme es nuestra individualidad, por más inteligente, leída y militante que sea. Tenemos todas las piezas del puzzle pero nadie lo tiene completo. Tampoco disponemos de muchas certezas inamovibles ante fenómenos cambiantes, acelerados y en algunos aspectos nuevos. Por ello, a falta de mayor seguridad, más vale que nos apoyemos unas en otras.

Toca agarrarse menos el pene y construir más con otras. Esta puede ser una versión libre de lo que llamamos feminización de la política.

¿A qué edad somos demasiado mayores para trabajar?

30 noviembre, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

Después de la paulatina subida prescrita por la reforma de pensiones de 2011, en el año 2027 la edad de jubilación se fijará en los 67 años. Con frecuencia se escuchan propuestas de los expertos o políticos para  aplicar las nuevas reglas antes o incluso se sugiere  seguir aumentando la edad de jubilación más allá de los 67 años. ¿Es una opción viable? Aunque una vida laboral más extensa es sin duda una medida favorable para las finanzas del sistema de pensiones, siguen existiendo dos obstáculos principalmente. El primer condicionante es si el estado de salud de las personas mayores les permitirá mantener su actividad económica. Siempre habrá trabajadores que sufran de algún problema físico o mental que les impida posponer su jubilación. Afortunadamente su proporción va disminuyendo. La segunda barrera es si la sociedad está dispuesta a adoptar el nuevo modelo del llamado “envejecimiento activo”. Como veremos en este post, el  edadismo aún sigue siendo un fenómeno muy extendido. La estereotipificación por motivos de edad se hace notar tanto en las decisiones de contratación de los empleadores como en las decisiones de jubilación de los propios trabajadores.

Analizaremos datos de una encuesta online de abril de 2018 llevada a cabo en EEUU, Alemania y España entre personas con edades comprendidas entre los 18 y 70 años. A los encuestados les hicimos la siguiente pregunta: “¿A qué edad crees que un hombre/una mujer es generalmente demasiado mayor para trabajar al menos 20 horas a la semana?”. Es un método simple para detectar la edad a la que deja de ser socialmente aceptado seguir trabajando. El gráfico 1 muestra el promedio de edad a la que la población entrevistada en los tres países examinados considera que una persona es demasiado mayor para trabajar. Se ve que en Estados Unidos la gente piensa que nos hacemos demasiado mayores para trabajar a una edad más avanzada que en Europa. En cambio, tanto en España como en Alemania a la gente le parece más normal una jubilación temprana. Para la mayoría, con 65 años uno ya es demasiado mayor para seguir en activo. La misma diferencia se puede observar en las edades reales de salida del mercado laboral – la transición suele suceder más tarde en EEUU que en Alemania o España.

Además, en todos los países persisten unas normas de género sorprendentemente tradicionales. Según la opinión mayoritaria, las mujeres deberían jubilarse bastante antes de los hombres. Sobre todo en EEUU la brecha de género es muy pronunciada: en el promedio hay una diferencia de cuatro años entre la edad a la que un varón y una mujer, respectivamente, se consideran demasiado mayores para trabajar. Aún así, los estadounidenses piensan que una mujer se vuelve demasiado mayor para seguir trabajando aproximadamente dos años más tarde que los españoles o alemanes.

Son también llamativas las diferencias según la edad de los encuestados. En España, a los jóvenes adultos (entre 18 y 29 años) predominantemente les parece que los varones mayores de 62 años y medio ya no tienen sitio en el mercado laboral y para las mujeres el momento de retirarse ya llega con 61. Cuanto más mayor se hacen las personas, más alta la edad máxima aceptable para la jubilación. Es una regularidad conocida. Probablemente se trate de una racionalización de la necesidad de tener que trabajar más de lo que muchos querían. De jóvenes nos imaginamos que será posible retirarnos pronto, pero luego aprendemos que hay necesidades económicas que hacen esta opción poco realista.

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Como veremos en el siguiente gráfico, que desglosa las respuestas en función del sexo del encuestado, entra otro factor. Hasta ahora sólo hemos tenido en cuenta la distinción de género en cuanto a qué contestaciones dan los encuestados en su promedio si les preguntamos por “un varón” o “una mujer” respectivamente. En el siguiente paso incorporamos el sexo del propio encuestado al análisis.

El gráfico 2 demuestra (ninguna sorpresa aquí) que los hombres suelen ser más tradicionalistas que las mujeres en sus actitudes referidas a la jubilación femenina. En el caso americano, ellas piensan que pueden trabajar cinco años más, comparado con lo que piensan ellos sobre ellas. En España, esta diferencia es un año y medio. Sin embargo, en los tres países las mujeres siguen opinando que los hombres se hacen demasiado mayores a una edad más avanzada que ellas mismas. Es un caso claro de internalización de normas sociales. Este hecho es más evidente en Alemania donde las mujeres están completamente de acuerdo con los varones que, a los 62 años, ya llega el momento de retirarse. Por supuesto, no todas las mujeres están de acuerdo con los roles tradicionales de género. De hecho, en Alemania y España expresan actitudes menos sexistas que los varones. Sin embargo, los datos reflejan que todavía hay una mayoría de las mujeres que acepta un papel destacado de los varones en el mercado laboral. Curiosamente, vemos al mismo tiempo que las mujeres en los tres países piensan que los hombres pueden trabajar incluso algo más de lo que piensan los propios hombres. Dicho de otra forma, las mujeres se muestran menos edadistas que los hombres.

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La nueva encuesta confirma una vez más cuán profundamente están arraigadas las normas de género en nuestras sociedades. Estas normas tienen sus correspondencias en las prácticas de recursos humanos en las empresas y limitan las oportunidades vitales de muchas mujeres. Al mismo tiempo, resulta chocante hasta qué punto las propias mujeres hayan interiorizado la anticuada noción de que el mundo laboral sea una esfera masculina. Además, desafortunadamente, hay pocos indicios de que estas normas estén ablandándose con el cambio generacional. En EEUU incluso parece que la población joven es más conservadora que la población mayor, según los datos analizados en este post, y en España tampoco se observa una tendencia clara hacia mayor igualdad entre las generaciones jóvenes.

Las normas sociales son creencias compartidas en la sociedad sobre qué comportamientos son adecuados y para quién lo son. Como pudimos comprobar, en las actitudes dominantes sobre la edad de jubilación se refleja un bagaje socio-cultural que sigue empapado de edadismo y sexismo. Los estereotipos de edad son incompatibles con los imperativos del envejecimiento de la población y causan perjuicios diversos a las personas mayores marginadas. Además, el edadismo se convertirá en un problema económico cada vez más grave en un futuro no tan lejano, cuando a muchas empresas les falte mano de obra cualificada y muchas personas tengan la necesidad de seguir trabajando hasta sus sesenta y tantos para asegurar un nivel adecuado de ingresos en la vejez. Lo ideal sería llegar a erradicar el edadismo sin que ello conlleve, contrariamente, una presión social para seguir trabajando más allá del momento que cada persona ve como el óptimo para jubilarse. En muchos aspectos, España destaca por ser una sociedad muy tolerante. De cara al futuro es importante que una vida laboral extendida se convierta en un modelo vital socialmente aceptado con independencia de las diferencias de género.

Nota metodológica: Para medir las normas sociales vigentes en el terreno de la jubilación cabe mencionar que en esta encuesta se usó un sistema de “split ballot” de modo que cada encuestado solo contestó una de las dos preguntas (sobre varones o mujeres), y la asignación se hizo aleatoriamente con independencia del propio sexo. De esta forma mitigamos posibles sesgos debido a la deseabilidad social (que la gente conteste lo que piensa que los entrevistadores quieren oír).

La enorme crisis social creada por las políticas neoliberales de los gobiernos españoles y catalanes

29 noviembre, 2018

Fuente: http://www.publico.es

La aplicación de políticas neoliberales, como las reformas laborales que tenían como objetivo, en teoría, aumentar la flexibilidad laboral (lo cual consiguieron a costa de un enorme crecimiento de la precariedad, de la inestabilidad laboral y de la desprotección social), y como los recortes del gasto y empleo públicos que han afectado especialmente a las transferencias y servicios públicos del ya muy poco financiado Estado del Bienestar español, incluyendo el catalán (a fin de reducir el déficit público con la intención, en teoría, de tranquilizar a los mercados financieros), por parte de los gobiernos liderados en España por el Sr. Zapatero primero y por el Sr. Rajoy después (con el apoyo de Ciudadanos), y de los gobiernos del Sr. Mas y del Sr. Puigdemont –y ahora del Sr. Torra– (en alianza con Unió Democràtica y más tarde con ERC) en Catalunya, ha tenido un impacto devastador en la calidad de vida y el bienestar de las clases populares de España, incluyendo Catalunya. Nunca antes en el periodo democrático se había visto tal deterioro. Desde el inicio de la Gran Recesión –causada por la aplicación de tales políticas– en 2007 hasta el año pasado, 2017, la tasa de desempleo pasó de un 8,2% a un 17,2% (un crecimiento del 110%). En número de personas, significó pasar de tener 1.846.000 parados a tener 3.917.000 (2.071.000 personas más). Durante el mismo periodo de tiempo 2007-2017, el porcentaje de personas en paro de larga duración pasó de ser un 1,7% (377.000 personas) a un 7,7% (1.724.000 personas). El porcentaje de trabajadores que ganaron solo una tercera parte del salario medio pasó de ser el 21% a un 27% (en el caso de personas solteras sin hijos), y del 13% a un 14% en el caso de parejas con un salario y dos hijos. Y el porcentaje de trabajadores que ganaban menos del salario mínimo subió de un 8,8% a un 12%. Hoy España (incluyendo Catalunya) tiene una de las tasas de riesgo de pobreza más altas en la UE (un 22%), que es incluso mayor en el caso de los niños (32%).
La tasa de ocupación (porcentaje de la población que trabaja) entre la gente joven es hoy solo del 18% (en Catalunya el 25%), una situación dramática y que augura un futuro nivel de vida para los jóvenes que estará por debajo del de sus padres. Pero no solo los jóvenes están en una situación muy preocupante. Otro grupo etario con grandes dificultades es el trabajador “maduro” (por encima de 55 años), que representan el 14% del total de parados, habiendo crecido su desempleo un 293% durante el periodo 2007-2017. Esta situación tan deteriorada en el mundo del trabajo explica también el gran crecimiento de las desigualdades, siendo España (incluyendo Catalunya) el país que tiene unas desigualdades más acentuadas en la UE-15.El desmantelamiento del Estado del Bienestar.

Como consecuencia de los recortes, el porcentaje del PIB gastado en la sanidad pública bajó durante el periodo 2009-2015 de un 5,8% a un 5,4% en Catalunya, y de un 6,8% a un 6,5% en España, porcentajes de gasto sanitario público más bajos que en el promedio de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de la UE de mayor desarrollo económico, y mucho más bajos que en Suecia (donde subió durante el mismo periodo de un 7,3% a un 9,2%). Un tanto igual ocurrió con la educación, cuyo gasto bajó en Catalunya de un 4,21% a un 3,68% (durante el periodo 2009-2015), y en España de un 5,02% a un 4,16%, mucho más bajos que en la UE-15. Y así un largo y penoso descenso por cada uno de los capítulos del Estado del bienestar español, incluyendo el catalán.

Es importante destacar que las dimensiones más duras y antisociales de estas políticas neoliberales, tanto los recortes (como la ley de estabilidad presupuestaria de 2012 o el decreto de recortes del mismo año) como las reformas laborales y la amnistía fiscal, fueron aprobadas por los dos partidos gobernantes en España (el PP) y en Catalunya (CiU). CiU era una coalición de dos partidos: CDC, un partido liberal, y UDC, un partido cristianodemócrata. Más tarde CDC dejó de aliarse con UDC y pasó a gobernar con ERC, apoyado desde fuera del gobierno por la CUP. Tal partido (CDC, ahora PDeCAT) es un partido neoliberal que hasta hace unos días pertenecía a la misma familia política que Ciudadanos (otro partido político neoliberal), de la que fue expulsado por su historial de corrupción en su etapa pujolistaEste partido ha promocionado, como parte de su política neoliberal, la llamada declaración del Dia de l’Alliberament Fiscal, que expresa el deseo de establecer un límite en cuanto a la carga fiscal, distanciándose de garantizar los servicios básicos del Estado del Bienestar. Tal declaración es presentada en forma de moción de este partido en los ayuntamientos catalanes (inspirada por un movimiento semejante de la derecha en EEUU, conocido como Tax Freedom Day, que favorece la limitación de la carga fiscal junto con un cuestionamiento del compromiso estatal de garantizar el acceso a la sanidad y a la educación). En su día, Convergència fue responsable de los mayores recortes de gasto público sanitario conocidos en la UE-15 (promovidos por el conseller de Salud, Boi Ruiz, que había sido presidente de la patronal sanitaria privada antes de ser nombrado consejero, y que durante su mandato recomendó que la gente afectada por los recortes contratara un seguro sanitario privado).

Es también importante subrayar que tales partidos políticos neoliberales (PP, Ciudadanos y el PDeCAT) lideran los bloques nacionalistas –el españolista los dos primeros, y el catalanista, hoy independentista, el último (siendo partidos en polos opuestos en sus políticas nacionales)–. Todos ellos utilizan el nacionalismo para movilizar a sus bases a la vez que en los pasillos y despachos del poder –como en el Congreso de los Diputados– firman y apoyan las mismas políticas que han hecho un enorme daño a las clases populares a ambos lados del Ebro. Ni que decir tiene que detrás de su supuesto “amor a la patria y a la nación” hay un intento de ocultar el daño e impopularidad creada por la implementación forzosa (pues no estaban en sus programas electorales) de tales políticas neoliberales, las cuales han creado dicha enorme crisis social. Sin las movilizaciones de banderas –la borbónica por el lado españolista y la estelada por el lado independentista–, tales partidos habrían disminuido espectacularmente su apoyo electoral como ha ocurrido en la mayoría de países de la UE.

Gran parte de la población es consciente de la enorme crisis y atribuye a las políticas neoliberalres aplicadas su existencia

Como era de esperar, artículos publicados en revistas de signo neoliberal próximas a los nacionalistas de ambos lados han intentado convencer a la ciudadanía de que la situación se ha resuelto y que los recortes se han revertido alcanzando los niveles de gasto que España, incluyendo Catalunya, tenían antes de la crisis. Artículos titulados “La remisión de los recortes” o parecidos son comunes en tales medios. Pero los datos muestran la enorme falsedad de esos supuestos. En realidad, la gran mayoría de la ciudadanía es plenamente consciente de ello. En una encuesta reciente publicada en El País (11.11.18), la gran mayoría de españoles (82%), incluyendo los catalanes, no creen que España haya salido de la crisis. Y un porcentaje también muy elevado (66%) acusa a las políticas de la clase política (es decir, de los partidos gobernantes) de la crisis y de su continuidad como consecuencia de tales políticas. El 73,6% de los encuestados, que representan a la población española, creen (con razón) que España tiene mayor pobreza, un 77,9% que hay menor calidad en el empleo, el 67,4% que hay mayores desigualdades y el 58,5% que hay menor desarrollo económico. Las estadísticas muestran que tales percepciones responden claramente a una realidad. Casi un cuarto de la población sufre riesgo de pobreza y exclusión social, incluyendo gente asalariada. Y los ingresos y el nivel de vida de la mayoría de la población han disminuido. Es también importante señalar que además de responsabilizar a la clase política gobernante por la enorme crisis, también el 67,2% responsabiliza al Banco Central Europeo, al Fondo Monetario Internacional y a la Comisión Europea (comúnmente conocidos como la Troika) por haber promovido tales políticas.

Y hace solamente unos días el barómetro del CEO (Centro de Estudios de Opinión del la Generalitat de Catalunya) mostraba que los dos principales problemas (que están incluso por encima del desempleo) que la mayoría de la población catalana considera que hay en Catalunya son la insatisfacción con la política (que incluye las políticas públicas que se están aplicando) y las tensiones entre Catalunya y España (que en realidad quiere decir entre el bloque unionista y el separatista). En la misma encuesta, el 66% favorece la protesta social para lograr que “los políticos cambien de rumbo”, y la gran mayoría suspende con claridad la gestión de los gobiernos catalán y español.

La respuesta popular a la enorme crisis

Como era de esperar, apareció un movimiento de protesta, el 15-M, cuyo principal eslogan era una denuncia de tales políticas y de los partidos gobernantes que las impusieron, indicando que la clase política carecía de legitimidad pues no estaba sirviendo a la población. El “no nos representan” era su denuncia, y el “sí se puede” era el camino para encontrar una solución. Era fundamental que se cuestionara el argumento del establishment neoliberal que justificaba la aplicación de tales políticas indicando que eran las únicas posibles. Tal movimiento mostró con datos (ver Navarro, V. Torres, J. Garzón, A. Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España. Sequitur, 2011) que sí se podían seguir otras alternativas. Y se estableció un movimiento político-social, Podemos, que ha tenido un gran impacto político en el país. De nuevo, en la encuesta de El País, una mayoría de la población (alrededor del 66%) cree que la aparición de Podemos fue consecuencia del rechazo a tales políticas. Entre otros cambios, el fin del bipartidismo es un resultado de ello.

La respuesta del establishment neoliberal

Hay que subrayar que tal crisis fue fácil de predecir. Algunos lo hicimos: en el libro Neoliberalismo y Estado del Bienestar (Ariel Económica, 1997) ya avancé que las políticas iniciadas en la década de los años ochenta a los dos lados del Atlántico Norte crearían una enorme crisis. Y así ocurrió. Tales políticas favorecieron sistemáticamente a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo, creando unas enormes desigualdades que crearían una crisis económica y financiera, que a su vez originaría una gran crisis social y, por último, una gran crisis política que cuestionaría la legitimidad de las instituciones que sustentan la estructura de poder.

Por lo general, el establishment neoliberal está hoy a la defensiva, aun cuando el conflicto de banderas está en cierta medida alentado por los dos bandos, a fin de ocultar la crisis social y sus responsabilidades en su establecimiento. A mayor responsabilidad, mayor es el grito de las banderas. Por lo demás, su apoyo a tales políticas continúa.

Ahora bien, en el panorama político español ha habido cambios en gran parte como consecuencia de la movilización y protesta que ha aparecido en las calles. El PSOE ha sido sensible y ha sido receptivo a las propuestas de Unidos Podemos, siendo su resultado el establecimiento de una propuesta de presupuestos cuya aplicación sería el inicio del fin del neoliberalismo. Desde el incremento del salario mínimo (de los más bajos de la UE) hasta la regulación del precio del alquiler, hay toda una serie de propuestas que beneficiarían enormemente la calidad de vida y el bienestar de la población, y muy en particular de las clases populares de los distintos pueblos y naciones de España. Predeciblemente las derechas españolas (PP y Ciudadanos) se han opuesto a ello, aunque no ha sido la única oposición que está encontrando la propuesta de presupuestos.

Más sorprendente ha sido la oposición de las izquierdas independentistas, que han puesto la aprobación de los presupuestos como parte de una negociación con el gobierno socialista, subrayando que su apoyo a los presupuestos sería un favor al gobierno que no están dispuestos a realizar a no ser que este cambie en su política hacia los presos. Los presupuestos, que sin lugar a dudas beneficiarían a la mayoría de la población catalana, quedan, pues, supeditados a la resolución del tema de los presos.

Conscientes de que tal posición les podría suponer un coste electoral, algunas voces de tales izquierdas del bloque independentista han indicado que favorecen las medidas sociales que incluyen los presupuestos, ofreciéndose a apoyar tales cambios no como parte de unos presupuestos, sino como una suma de decretos-ley, cada uno de los cuales contendría una medida social. Según la Constitución, el gobierno está autorizado a establecer medidas presupuestarias excepcionales de apoyo a decretos-ley que el gobierno considere de especial interés. Y así lo ha propuesto el mismo gobierno Sánchez.

Los decretos-ley no son lo que se supone

El error de sustituir los presupuestos por decretos-ley es, sin embargo, creer que las medidas sociales de los presupuestos pueden sustituirse por una suma de tales decretos, lo cual es altamente cuestionable, tal como la experiencia demuestra. No hay duda de que las derechas neoliberales, el PP y Ciudadanos, llevarán esos decretos-ley al Tribunal Constitucional (TC), basándose en que una condición para su aprobación es su excepcionalidad. En otras palabras, los decretos-ley en los temas sociales enunciados tienen que responder a circunstancias de urgencia y excepcionalidad, categoría subjetiva que, sin lugar a dudas, dará pie a la intervención del TC, lo que llevará, además de a un gran retraso, a la posibilidad muy probable de que dichas medidas sean vetadas por tal tribunal. La judicialización de la política es una constante en la estrategia de las derechas en España, conscientes de que el poder judicial en este país está muy escorado a la derecha, como el juicio de los presos políticos está demostrando. De ahí que tal judicialización dificultará e incluso imposibilitará su aprobación. Así pasó con anteriores decretos-ley, como la declaración de inconstitucionalidad en el año 1997 de una reforma fiscal de 1992, o en el año 2016 de unos créditos extraordinarios aprobados en 2014. En ambos casos el TC indicó que unos cambios de tal naturaleza no podían seguir la vía extraordinaria, sino la ordinaria. Y así podría pasar, anulando la probabilidad de que tales medidas pudieran ser aprobadas.

La enorme responsabilidad de las izquierdas independentistas en perpetuar la enorme crisis social existente en Catalunya y en España

Es un gran error y una enorme incoherencia el ligar y relacionar la aprobación de los presupuestos (que significan un paso muy importante, ya que contienen medidas de gran calado que beneficiarían enormemente a las clases populares de Catalunya y de España) a cambios del gobierno español en el tema nacional. La continua supeditación de la resolución de la enorme crisis social a la resolución del tema nacional está convirtiendo a tales izquierdas en cómplices del enorme daño que los partidos neoliberales están imponiendo a la población.

Su comportamiento durante el “procés” está ahora alcanzando su máxima expresión en su oposición a la aprobación de tales medidas progresistas. Las clases populares están sufriendo y no pueden supeditarse las acciones encaminadas a eliminar o al menos disminuir tal dolor a acciones en otros ámbitos, anteponiendo el tema nacional (por muy noble que su causa les parezca) a la resolución de la brutal crisis social.

Hoy, la gran mayoría de la población catalana votaría a partidos de izquierdas. Según la última encuesta del CEO, la suma de los votos de ERC, PSC, Catalunya en Comú y la CUP sería mayoritaria entre la población (58,5%). Es lógico, pues, asumir que, conforme al principio de representatividad y solidaridad que debería guiar a las izquierdas, la mayoría de catalanes desea que estas medidas sean aprobadas. Ahora bien, las izquierdas independentistas (ERC y CUP) prefieren mantener la alianza con otros partidos independentistas (y por lo tanto con la derecha neoliberal del PDeCAT), una alianza que sería minoritaria (la suma de ERC, PDeCAT y CUP no alcanzaría el 50%, concretamente sería el 48,4%). Y la suma de las derechas (PDeCAT, Ciudadanos y PP) sería solo del 39,5%. Y, en cambio, los partidos neoliberales de derechas, claramente en minoría, serían los mayores beneficiarios del veto independentista a los presupuestos.

Las izquierdas independentistas deberían anteponer el deseo de las clases populares, en un momento de gran crisis social. Ignorar tal deseo (a favor de un futuro incierto) es un gran error que, por desgracia, se ha cometido durante un largo periodo de tiempo. Parecen no entender que la estrategia de tensión que están favoreciendo está llevando a una situación que está causando un enorme daño a la mayoría de la población, que no es para nada responsable ni de la situación, ni de los presos políticos, ni de la rigidez y represión del Estado central, ni de la torpeza del gobierno catalán. Así de claro.

Ideas para poner la economía al servicio de la vida

23 octubre, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

En la introducción a La economía rosquilla (Paidós, 2018), la economista británica Kate Raworth sostiene: “necesitamos una nueva historia económica, un relato de nuestro futuro económico común que sea apropiado para el siglo XXI. Pero hay algo que no debemos olvidar: los relatos más potentes de la historia han sido siempre los que se han narrado con imágenes”. De ahí el título y uno de los ejes del libro.

La sustancia de su rosquilla es el área (bidimensional) entre dos círculos concéntricos. El exterior marca el límite del techo ecológico, más allá del cual se pone en riesgo la sostenibilidad del planeta. El círculo interior contiene el conjunto de necesidades sociales que satisfacer mediante la actividad económica: las materiales, como el agua, la energía, el alimento, la vivienda; las vitales, como la educación o la salud, y también las sociales, como la paz, la justicia, la equidad social, la igualdad de género y la participación política. Traspasar este círculo hacia el interior implica privaciones sociales. La zona entre ambos círculos sería así “el espacio seguro y justo para la humanidad”, un espacio que la actividad económica debería contribuir a crear y sostener.

A partir de esta metáfora, el resto del libro desarrolla lo que promete en portada su subtítulo: ‘7 maneras de pensar la economía del siglo XXI’. Esta frase contiene a la vez tanto el principal atractivo como su principal carencia.

Empecemos por los aciertos. El primero de ellos es la elección de esos siete temas: (1) Dejar de considerar el PIB el primer objetivo de la actuación económica; (2) incardinar la economía en su contexto natural y social, lo que incluye desde el impacto medioambiental hasta el papel del mercado y del Estado, como también el rol de las familias y las actividades sin retribución; (3) centrarse en una visión integral de la naturaleza humana, abandonando la dañina metáfora del hombre económico racional; (4) tomar en cuenta la naturaleza sistémica del medio ambiente y de la propia sociedad implica que estén en equilibrio dinámico; (5) practicar un diseño económico en que el crecimiento va asociado a una distribución equitativa y (6) a la regeneración de recursos, en la línea de la economía circular, y (7) explorar cómo las economías que son financiera, política y socialmente adictas al crecimiento podrían aprender a vivir del mismo modo con o sin él.

Las propuestas se describen en un lenguaje claro y accesible sin necesidad de conocimientos previos. Pero el planteamiento tiene una carencia: se trata de propuestas para pensar la economía, no para cambiarla. Aborda de modo convincente el ¿para qué cambiar la economía? y ofrece pistas sobre ¿qué cambiar? Pero se detiene antes de abordar quién y cómo llevar estos cambios a la práctica. Un síntoma de esta carencia: el concepto de liderazgo, necesario para todo cambio, no aparece ni en el índice. ¿Recogerá alguien el reto?

[Este artículo ha sido publicado en el número de verano de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente conuna suscripción]

El futuro de la ocupación y la economía del bien común

9 octubre, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

La economía del bien común atiende la recuperación los valores que están en todas nuestras constituciones (dignidad humana, justicia social, solidaridad…) y que teóricamente son la base de la actividad económica. Propone las medidas para que realmente los valores sean las reglas de anclaje de la economía. De este modo, el beneficio pasa de ser considerado un fin en sí mismo a un simple medio para el bien común.

El trabajo es y será cada vez más un bien escaso. El cambio tecnológico y la globalización son los factores que se analizan habitualmente por su incidencia en la oferta de trabajo. La progresiva desaparición de las pymes y del comercio de barrio es un indicador de la pérdida de tejido empresarial. La economía del bien común es firme defensora de la empresa como unidad económica viable. En este caso apoyaría las medidas que tiendan a corregir los sobrecostes que suelen soportar los pequeños negocios y que las grandes empresas no asumen, bien porque los externalizan o bien porque por su tamaño consiguen otras ventajas.

Al hablar de medidas de apoyo a la pyme y al pequeño comercio podemos hablar de aquellas directamente referidas al mercado laboral y también de otras que se refieren a la infraestructura económica en la que desarrolla su actividad la empresa. Por su importancia nos referiremos al acceso a la vivienda y al alquiler, por tanto, al mercado inmobiliario.

El valor de la vivienda referido al tiempo de trabajo necesario para conseguirla nos da una medida del esfuerzo exigido al trabajador. Tanto o más directamente para la pyme está el precio del alquiler de los locales. ¡Cuántos pequeños negocios generan poco más que para el pago del alquiler! En este caso el protagonismo del alquiler está determinando el margen disponible para retribuir al principal elemento de la cadena de valor: el trabajador.

La economía del bien común apoya una discriminación fiscal positiva a favor de la pyme; y para la gran empresa, la realización obligatoria del balance del bien común, aportando transparencia sobre su gestión y obteniendo recompensas en su caso según su contribución al bien común.

Mercado laboral

Un segundo bloque de análisis cuando hablamos del futuro de la ocupación es el que se refiere a la propia rigidez del mercado de trabajo, tanto en los sistemas de contratación como en la reducción salarial como mecanismo de ajuste al que se ha recurrido en los últimos años. En este sentido la economía del bien común se suma a todos aquellos que piden una amplia reforma del mercado laboral que ponga como centro a la persona. Hablemos de instrumentos contractuales que tengan en cuenta la diversidad de personas, de edades, el envejecimiento progresivo de nuestra población… La excesiva uniformidad y rigidez en la que nos encontramos determina también unas culturas empresariales uniformes que resultan, por tanto, muy excluyentes. Hay un enorme campo por recorrer tanto en sistemas de contratación como en políticas internas, para aprovechar el potencial de las personas añadiendo más indicadores de rendimiento laboral a la productividad, que seguramente acabarían redundando también en un incremento de la misma.

La economía del bien común propone una medida singular: el año sabático. Cada décimo año en la profesión será un año sabático financiado a través de un salario mínimo incondicional. Las personas pueden hacer en este tiempo lo que quieran. Esta medida descarga el mercado de trabajo en un 10%, lo que equivale a la actual tasa de desempleo en la Unión Europea.

El futuro de la ocupación va a marcar el futuro de la desigualdad social. Gracias a su visión holística, la economía del bien común se convierte en una alternativa válida porque regula y no destruye, limita los excesos e incluye medidas de espectro amplio, macro y micro, para armonizar la ocupación y los factores que le afectan.

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Las falsedades de la supuesta recuperación económica promovida por el pensamiento neoliberal dominante

9 septiembre, 2018

Fuente: http://www.vnavarro.org

Vicenç Navarro, 16 de agosto de 2018.

Vicenç Navarro
Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pomepu Fabra

Se está creando la percepción en los países del capitalismo desarrollado de que la Gran Recesión -que ha causado un deterioro muy acentuado del bienestar y calidad de vida de la mayoría de sus poblaciones- es un hecho del pasado, consecuencia del supuesto éxito de las políticas neoliberales que los gobiernos de estos países han ido aplicando durante este período. Estas políticas han consistido en reformas laborales (supuestamente encaminadas a favorecer la flexibilidad de los mercados laborales) y recortes del gasto público, incluyendo del gasto público social (en servicios públicos como la sanidad, la educación, la vivienda social, los servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios, y otros; y en transferencias públicas, como las pensiones) que se aplicaron para reducir el supuestamente excesivo déficit público que estaba “ahogando” a la economía, como consecuencia de una “excesiva generosidad de los derechos sociales” que tenía que corregirse y revertirse mediante la imposición de políticas de austeridad.

El “supuesto éxito” de las políticas públicas neoliberales

Según los establishments político-mediáticos que promueven la sabiduría convencional en cada país, estas medidas han tenido un gran éxito habiendo recuperado el rigor y la eficiencia de sus economías. Como prueba de ello, presentan indicadores que -según afirman- reflejan tal recuperación como, por ejemplo, el aumento del crecimiento económico y la disminución del paro. Esta promoción de las políticas neoliberales va acompañada, por lo general, de referencias al “supuesto gran éxito” de la economía estadounidense -máximo referente del pensamiento neoliberal-, que se atribuye a la gran flexibilidad de su mercado de trabajo y a su escaso gasto público (el más bajo, una vez descontado su gasto militar), muy acentuado en el caso del gasto público social (responsable de que EE.UU. sea el país capitalista desarrollado con menor protección social). Según explica la sabiduría convencional -de clara sensibilidad neoliberal- este país, después del colapso de su economía (de 2007 a 2009 su PIB bajó un 4%), recuperó, a partir del 2009, su tasa de crecimiento (un promedio de 2,1% anual), lo que provocó un gran descenso del paro, que de ser del 10% pasó a ser el más bajo del mundo capitalista desarrollado, con un 3,8%.

Lo que esconden los indicadores del “supuesto éxito”: el deterioro muy notable del bienestar y calidad de vida de las clases populares

Lo que tales argumentos ocultan o desconocen es que, en gran parte de los países capitalistas desarrollados, las cifras del paro tienen un valor muy relativo para medir el grado de eficiencia del mercado laboral, pues excluyen a grandes sectores de la población que sufren las consecuencias del gran deterioro del mercado laboral (causado por tales políticas neoliberales), y que no quedan reflejados en la tasa de paro. Este indicador de paro no incluye, por ejemplo, la población que trabaja en situación parcial y temporal que querrían hacerlo a tiempo completo (la población empleada subocupada), un problema grave creado por las reformas laborales. Este sector ha sufrido un notable aumento, alcanzando su máxima expresión en el trabajo precario, muy generalizado hoy en la gran mayoría de países capitalistas desarrollados. En España se habla mucho (con razón) del elevadísimo paro, pero no se habla tanto del elevadísimo nivel de precariedad entre la población empleada. Los contratos más frecuentes en España son los que duran 15 días y una cuarta parte del total tiene una duración de 7 días, siendo este el tipo de contrato que ha aumentado más desde el inicio de la crisis en 2007. Desde que se inició la crisis, casi el 60% del empleo creado ha sido -precisamente- de carácter temporal y parcial.

Otro sector de la población que no se incluye en la tasa final del paro es la gente que ha abandonado la búsqueda de puestos de trabajo por no encontrarlo. En EE. UU., en caso de incluirse este sector de la población, la tasa de paro ascendería a un 7,6%. En realidad, si se sumaran los desempleados, los empleados subocupados y los que se han desanimado en su búsqueda de puestos de trabajo, la cifra de paro ascendería a un 10,9% (17,6 millones de personas). Esta trágica (y no hay otra manera realista de definirla) situación, muestra las limitaciones de utilizar la tasa de paro como el indicador principal de eficiencia del mercado de trabajo. El “éxito” en la reducción de la tasa de paro, se ha conseguido a costa de un enorme crecimiento del paro oculto, de la precariedad y del desánimo en el que se encuentran grandes sectores de las clases trabajadores en estos países, que representan la mayoría de las clases populares.

En el país modelo neoliberal, EE.UU., a estos datos debe sumarse otro factor raramente mencionado cuando se analiza el tema del paro: el elevadísimo porcentaje de la población que está encarcelada. Los presos de aquel país son 2,2 millones de personas, tres veces superior al promedio de los países de semejante nivel de desarrollo económico. Sin lugar a dudas, si el porcentaje de la población encarcelada fuera semejante a la existente en la mayoría de países de la UE, el número de personas sin trabajo y que lo están buscando (así como las tasas del paro oficial) sería incluso mucho mayor que el enunciado en las cifras oficiales de paro. En realidad, la elevada encarcelación es una de las causas de que el paro aparente ser tan bajo en EE.UU.

Los elevados costes de las reformas laborales y otras medidas neoliberales

En España, la aplicación de las políticas neoliberales creó un enorme deterioro del mercado laboral español. Todavía hoy, cuando se asume que la economía se ha recuperado, solo la mitad de los puestos de trabajo perdidos (3,8 millones) durante el inicio de la crisis (2008-2013) se han recuperado. Pero como en el caso de EE.UU., si sumamos a las personas que están en paro (17%) las personas que están subocupadas (personas que trabajan a tiempo parcial involuntario) y las que han abandonado la búsqueda de trabajo, desanimados en encontrarlo, la cifra de paro real aumentaría a un 28%, es decir, casi el doble.

Repito pues, una observación que, a pesar de su gran importancia, apenas es visible en los fórums mediáticos y políticos del país: el descenso del paro oculta el gran crecimiento del paro oculto, de la precariedad y del desánimo. Esta es la realidad que se desconoce e ignora, y que ha causado grandes protestas populares en todos los países, canalizadas por los movimientos antiestablishment.

¿Por qué los salarios no suben -e incluso continúan bajando- cuando el desempleo supuestamente se está reduciendo?

Estas cifras reales de personas desocupadas -que no quedan reflejadas en los indicadores de paro- explican que haya una enorme reserva de personas en necesidad de trabajo. Es más, a las personas que constituyen esta gran reserva de gente buscando trabajo hay que añadir los millones de trabajadores que existen en reserva en países menos desarrollados, cuyos trabajadores aceptan salarios mucho más bajos y las condiciones de trabajo mucho peores que en los países capitalistas desarrollados. De ahí que la desregulación del mercado de trabajo (una de las mayores medidas neoliberales) haya ido acompañada de otra gran medida neoliberal: la desregulación de la movilidad de capitales (con la globalización de las llamadas multinacionales) que está empoderando al mundo empresarial frente al mundo del trabajo. La amenaza del desplazamiento de empresas a países con salarios bajos es una de las medidas disciplinarias más comunes hoy en los países capitalistas desarrollados, en contra de los trabajadores.

Como parte de esta desregulación del movimiento de capitales se ha promovido la otra cara de la moneda, es decir, la promoción de la movilidad de los trabajadores, favoreciendo la inmigración como medida para garantizar la disponibilidad de trabajadores que, por la vulnerabilidad asociada a la condición de inmigrantes aceptan salarios más bajos y peores condiciones de trabajo.

Estos datos explican que, a pesar del descenso del nivel de paro oficial, los salarios no suban. Si tal cifra de paro fuera real, la clase trabajadora estaría más empoderada en su negociación con el mundo empresarial, a fin de obtener salarios más altos. El hecho de que ello no ocurra se debe al enorme debilitamiento de la case trabajadora y del mundo del trabajo, incluyendo sus sindicatos, que se traduce en la enorme disponibilidad de trabajadores potenciales, estén estos dentro o fuera del país. 

La gran debilidad del mundo del trabajo: el objetivo de las políticas neoliberales

Hemos visto así que uno de los principios del pensamiento económico dominante -el subrayar que el descenso del paro crea un aumento de los salarios– no se ha realizado: los salarios no han estado subiendo durante la recuperación. Antes al contrario, han estado descendiendo. De nuevo, mirando el modelo estadounidense vemos que el trabajador (no supervisor) de EE.UU. recibe hoy un salario que es un 4% más bajo que en el año 1972 -hace 46 años- y ello a pesar de que la productividad de este tipo de trabajador se ha más que doblado durante este período. La riqueza creada por este aumento de la productividad no ha beneficiado, sin embargo, al trabajador, sino a todos los demás que están por encima de él, desde sus supervisores, empresarios y equipos de dirección, así como a los financieros que manipulan el crédito y especulan con los beneficios empresariales conseguidos por el descenso de los salarios.

Esta situación se ha dado también en las economías europeas, incluida la española. En la gran mayoría de países europeos, el crecimiento de la productividad ha sido mayor que el crecimiento de los salarios, realidad que ha estado ocurriendo desde el inicio de período neoliberal, a finales de la década de los años setenta del pasado siglo, hasta ahora. En otras palabras, esta situación ha contribuido a que el PIB de tales países haya subido más rápidamente que los salarios (que en muchos países, como EE.UU., han incluso bajado) (ver: P. Dolack, Flat Wages ZCommunications, 2018).

Lo mismo o peor está ocurriendo en España

En España los salarios han bajado también. Ha sido un descenso del 10% durante el período de aplicación máximo de las políticas neoliberales (2008-2014) (afectando primordialmente a las mujeres y a los jóvenes), permaneciendo estables (o bajando en el sector privado), perdiendo así capacidad adquisitiva al crecer en menor grado que la inflación. En realidad, los salarios para los mismos puestos de trabajo, desde 2008 a 2015 descendieron un 12%. Ello ha estado ocurriendo a la vez que la productividad del trabajador (productividad real por hora trabajada) ha ido aumentando mucho más rápidamente que los salarios. El excedente se ha destinado a incrementar los beneficios empresariales, a las rentas superiores, aumentando con ello las desigualdades, siendo estas últimas de las más acentuadas en la Unión Europea.

Como resultado de ello, las rentas del trabajo han ido descendiendo en todos los países a la vez que las rentas del capital han ido subiendo. En España, este cambio en la distribución de las rentas ha sido uno de los más marcados. Como bien dijo en su día el magnate empresarial Warren Buffet, hay “una lucha de clases y la hemos estado ganando”. Y esta victoria se extiende a todos los niveles, de tal manera que la ideología del gran mundo empresarial -el neoliberalismo- continúa siendo hegemónica en las instituciones políticas y mediáticas, a pesar del enorme fracaso de lo que han significado en el quehacer económico del país. Ahora bien, la expresión “desastre” es relativa, pues para el mundo del capital y de sus gestores, la economía ha ido muy bien. Y lo que deseaban, es decir, la disminución de los salarios, de las expectativas de los trabajadores y el descenso (y, en ocasiones, el desmantelamiento) de la protección social, ha sido su gran “éxito”.

¿Cómo se ha conseguido la victoria neoliberal?

Lo que hemos visto es cómo la aplicación de las políticas públicas neoliberales ha debilitado los instrumentos creados por el mundo del trabajo para defender sus intereses, como los sindicatos. Las reformas laborales, por ejemplo, estaban encaminadas a “flexibilizar” el mundo del trabajo. El término flexibilizar quiere decir eliminar los derechos laborales y sociales conseguidos por los trabajadores durante la época dorada del capitalismo (1945-1980), donde un pacto social se había conseguido entre el mundo del capital y el mundo del trabajo. De ahí que la solución exigiría un cambio político, observación especialmente importante, pues las causas políticas del deterioro del mercado de trabajo se ignoran constantemente, atribuyendo tal deterioro a la automatización, a la robotización o a cualquier otro elemento, sin tener en cuenta que, a su vez, tales variantes técnicas son determinadas por el contexto político.

Parte de este debilitamiento del mundo del trabajo han sido los cambios en los partidos políticos que habían sido creados por este y que se han ido distanciando de su base electoral, haciendo suyas muchas de las medidas neoliberales que han contribuido a tal distanciamiento. El creciente control de estos partidos políticos (la mayoría de tradición socialdemócrata) por la clase media ilustrada (profesionales de formación universitaria que desarrollan intereses de clase propios, distintos a los que había sido su base electoral) explica su renuncia a políticas redistributivas y su conversión al neoliberalismo, tal y como ha ocurrido con los gobiernos Clinton, Obama, Blair, Schröder, Hollande, Zapatero, entre otros.  El colapso de la socialdemocracia y otras izquierdas es un indicador de ello.

Es lógico y predecible que los movimientos antiestablishment de base obrera hayan ido apareciendo como respuesta

Esta situación explica el surgimiento de los movimientos antiestablishmentque protestan por la pérdida de la calidad de vida de las clases populares, causada por las reformas laborales, por las políticas de austeridad y por la globalizaciónEl abandono por parte de las fuerzas gobernantes de izquierdas de las políticas redistributivas que las caracterizaron en el pasado (aduciendo que eran “anticuadas” o “imposibles de realizar”), y su compromiso con el neoliberalismo, fue el responsable del surgimiento de tales movimientos. El establishment político-mediático neoliberal atribuye tales movimientos a un crecimiento del nacionalismo, racismo, chovinismo, o cualquier ismo que esté de moda en estos centros.

Y cada una de las características de estos movimientos es respuesta directa al ataque neoliberal. El nacionalismo, por ejemplo, es una protesta frente a la globalización. Su antiinmigración es un indicador de rechazo a la globalización del mundo del trabajo, en respuesta a su ansiedad y temor a la pérdida su empleo o a la dificultad en encontrarlo. Y su antiestablishment es consecuencia de verlo como responsable de las políticas que les perjudicaronEn EE.UU., por ejemplo, no hay evidencia de que el racismo se haya incrementado. En realidad, los votantes que hicieron posible la elección de Trump en el Colegio Electoral de EE.UU. procedían de barrios obreros en áreas desindustrializadas que habían votado a un negro, el candidato Obama, para la presidencia en las elecciones anteriores. Y en 2016, Trump ganó por que Clinton representaba al establishment, al ser Ministra de Asuntos Exteriores y máxima promotora de la globalización, responsable de las políticas públicas que habían estado dañando a la clase trabajadora.

La demonización de las protestas populares antiestablishment

Es característico del establishment político-mediático definir como “retrógrados” y “basura social” -como hizo la Sra. Clinton- estas protestas de los que se han opuesto a las medidas neoliberales que han dañado enormemente la calidad de vida de las clases populares. En realidad, era fácilmente predecible que Trump ganaría las elecciones (y así lo anunciamos algunos pocos cuando se iniciaron las primarias del Partido Republicano y más tarde cuando se eligió el Presidente). Las clases trabajadoras, dañadas por tales políticas, están mostrando su rechazo a los establishments político-mediáticos. La única alternativa que hubiera podido ganar a Trump era el candidato socialista Bernie Sanders, que pedía una revolución democrática, y así lo mostraban las encuestas. La destrucción de la candidatura Sanders por parte del partido demócrata, controlado por la candidata Clinton, fue un elemento clave en la victoria de Trump. Ni que decir tiene que las clases trabajadoras no son el único sector que presenta tal rechazo, aunque si que son las más movilizadas por ser también las más perjudicadas. Y lo mismo ha ocurrido en casi cada país europeo. Desde el Brexit en el Reino Unido, al surgimiento de la ultraderecha a lo largo del territorio europeo son síntomas de ello. El abandono del proyecto auténticamente transformador por parte de los partidos de izquierda explica la canalización del enfado popular por parte de partidos radicales de ultraderecha.

En España, la aplicación de las políticas neoliberales de los gobiernos Zapatero primero y Rajoy después, afectaron muy negativamente al bienestar de las clases populares, que generó el movimiento de protesta y rechazo llamado 15-M, un soplo de aire fresco en el clima neoliberal promovido por los establishments político-mediáticos del país, y que cristalizó más tarde en Podemos. Este partido en poco tiempo se convirtió en una de las mayores fuerzas políticas del país, con un enorme impacto canalizando el enorme enfado y rechazo hacia las políticas neoliberales. Ello previno la movilización de la ultraderecha como instrumento de protesta, debido en gran parte a que esta estaba ya en el partido gobernante -el Partido Popular-, mayor impulsor del neoliberalismo (junto con Ciudadanos). De ahí que, el compromiso de tal partido con el neoliberalismo sea uno de los mayores obstáculos para que capitalice el enfado de las clases populares, por muy nacionalista y antiinmigración que se presente, como intenta su nuevo dirigente, Pablo Casado. Un tanto parecido ocurrirá con Ciudadanos, que está hoy utilizando su nacionalismo para ocultar su neoliberalismo.

La única salida a esta situación es que exista una amplia alianza de movimientos sociales y fuerzas políticas que rechacen el neoliberalismo, la globalización y la desregulación de los mercados laborales, así como de la movilidad de capitales y trabajadores a nivel internacional, que ha estado creando un enorme dolor a las clases populares. A no ser que exista este rechazo a las políticas neoliberales actuales, no veo posibilidades de cambio. Así de claro.