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La culpa es de Rufián

11 febrero, 2019

Fuente: http://www.blogs.publico.es

 

La culpa de todo es de Rufián. Ese tipejo tuitero, este indeseable golpista indepe, que no tiene puta idea de política, que ha arruinado la economía del país, la convivencia entre españoles y el decoro entre parlamentarios.

Hasta que llegó Rufián todo andaba bien. En España no había golpistas, los políticos no tenían actitudes chulescas, ni despóticas, ni decían palabras gruesas. En España nadie mentía.

Además, Rufián tiene la insolencia de clamar esas mentiras a viva voz en el mismísimo Parlamento. Tiene la desfachatez de abrir los brazos en cruz y gritar que este país es una vergüenza.

El diputado de ERC Gabriel Rufian, en el Pleno del Congreso, cuando fue expulsado por la presidenta de la Cámara por la presidenta de la Cámara, Ana Pastor. REUTERS/Susana Vera
El diputado de ERC Gabriel Rufian, en el Pleno del Congreso, cuando fue expulsado por la presidenta de la Cámara por la presidenta de la Cámara, Ana Pastor. REUTERS/Susana Vera

 

 

 

 

 

 

 

 

A la puta calle. Bien hecho, señora Pastor, usted que viene de una familia y un entorno de demócratas ejemplares, sabe bien lo que hay que hacer.

Porque no se pueden permitir estas deslealtades dentro del hemiciclo, no debemos tolerar que insinúe tales calumnias y falsedades en la cara del resto de honrados diputados.

Es inaceptable que Rufián diga, por ejemplo, que en el Parlamento español manda el Ibex.

No se puede permitir que siga acusando al PP de haberse financiado ilegalmente, de haber robado, engañado y chantajeado a todos los españoles durante cuarenta años.

También es falso que el PSOE sea su amiguete de trastadas. Que entre los dos partidos se hayan repartido todos los poderes del estado bajo el amparo de la corona, financiándose ilegalmente, repartiéndose concesiones a dedo, rompiendo ordenadores, quemando pruebas cuando hacía falta, jugando sucio, traficando con jueces y usando puertas giratorias para seguir ostentando el poder en España.

Si le permitimos estas barbaridades, puede acabar diciendo que todos los parlamentarios mienten. Acabará diciendo que el rey es un ladrón, acabará diciendo que el PSOE montó su propio grupo terrorista, que el partido popular está repleto de criminales. Acabará diciendo que partidos tan demócratas como Ciudadanos y Vox son unos fachas. Con lo fácil y respetuoso que sería llamarles ultraderechistas a los fachas.

Acabará diciendo que en este país los banqueros y las grandes empresas que dan esos servicios a los que todos tenemos derecho especulan, malgastan, desvían fondos y arruinan deliberadamente a los españoles con la complicidad de diputados, senadores, caciques, alcaldes y ediles, sin ningún tipo de remordimiento, solo por enriquecerse y comprarse otro chalet y otro yate donde follarse a más putas (cuanto más jóvenes mejor).

Acabará diciendo que las fuerzas de seguridad del estado están repletas de altos mandos que adoran a Franco. Es más, acabará diciendo que Franco puso al rey en el trono, y que los hijos y nietos de sus ministros montaron los partidos que, aún hoy, manejan el cotarro. Acabará hasta cometiendo herejía contra la santa Iglesia Católica española. Este niñato maleducado no puede llamarles franquistas solo porque no condenan el franquismo. Es intolerable. Hay que echarlo a la puta calle. El resto de diputados y senadores tienen derecho a trabajar por España como hasta ahora. Con amor, mucho trabajo, sacrificio y dedicación, con buenas maneras y buenas palabras. Con orgullo y satisfacción.

Así no hay manera de trabajar por España, con un tío tocando los cojones en el escaño de al lado y comportándose como un machista, escupiendo a sus compañeros de hemiciclo, convirtiéndolo todo en un reallity show de mal gusto. Esto no se había visto jamás.

Es un loco, ve fantasmas, está poseído por el demonio, nada de lo que dice es cierto. No se puede permitir que confunda a los españoles hablándoles sobre políticos mafiosos y corruptos. Rufián tiene visiones propias de un demente.

Se le tiene que expulsar de la política porque si sigue así, acabará engañando a esos pobres ciudadanos, incultos, adoctrinados y descerebrados, que se creen todo lo que dice en la tele y en el Twiter. Acabará arrastrando a las gentes en su locura paranoica y maleducada. Y, Esto, sus señorías, no puede ser.

Se sienten, coño, y escuchen con atención:

– Mire usted…¡Los políticos somos buena gente!

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La impunidad del fascismo en España

9 febrero, 2019

Fuente: http://www.eldiario.es

Cuarenta y tres años después de muerto Franco, el general golpista y dictador por cuatro décadas más, su figura mantiene una fuerte presencia en nuestro país. Se celebran homenajes y misas en su aniversario. Varios medios continúan publicando sus esquelas y artículos lavando su imagen. En ningún otro lugar que haya padecido esta lacra sucede lo mismo. España parece tener, tiene, una repugnante permisividad con el fascismo. A la vista de todos, sin ningún complejo, sin ningún temor a ser coartada.

La familia Franco sienta sus reales y se permite exigencias. La Iglesia católica sigue manifestando en algunos de sus centros de culto similar concomitancia con el genocida que tuvo durante la dictadura. El Cabildo de la Basílica del Pilar de Zaragoza ha vestido con un manto de Falange a la Virgen del Pilar, capitana de la tropa, como dice la jota. A petición del partido ultra, según han confirmado ellos mismos. En El Pilar lo atribuyen “a un error”. Todo esto no ocurre por casualidad.

La Virgen del Pilar con un manto de Falange
La Virgen del Pilar con un manto de Falange

Se incomoda la ultraderecha española por la anunciada intención de exhumar los restos del dictador. Y crece, como venía creciendo ostensiblemente durante el gobierno del PP, amparada de alguna forma. Una  manifestación en Moncloa la otra noche. Aterradora. Se acerca a tomar fotos nuestro compañero Moha Gerehou de eldiario.es, un oscense de piel negra, casualmente, y la policía le pide la documentación a él porque “podía estar generando conflicto”, le dijeron. Él. En Valencia, los fascistas se suben al metro para anunciar las tinieblas.

Y así llegamos a la concentración de la plaza de Oriente, la de los grandes discursos del Caudillo, e irrumpen en protesta tres mujeres, activistas de FEMEN. Una panda de energúmenos salvajes, fascistas y machistas inequívocos,  las zarandea y agrede. Les pegan patadas mientras están en el suelo, les insultan y las quieren llevar a la hoguera. Las imágenes han dado la vuelta al mundo. Ya todos saben, vuelven a saber, qué pasa en España con el franquismo, con el fascismo. Con su impunidad.

¿Por qué? 43 años de gobiernos elegidos en las urnas y no se ha resuelto el problema. Una terrible anomalía democrática. No solo aquí, en Europa también como la califica el hispanista Paul Preston. Este 20 de noviembre era también el aniversario del primer juicio de Núremberg en 1945. Los fascismos fueron expulsados y castigados. En España nunca se fueron. Están en el fondo, según vamos viendo, de la putrefacción de las instituciones. Ocurre que nunca se dirimieron responsabilidades como se debió y como hacen los pueblos a los que cae semejante tragedia. Y que buena parte las familias del franquismo siguen siendo puntales de la España actual.

Ese sedimento forma parte de los bochornosos espectáculos a las que ya nos vamos acostumbrando. Con el PP, sus cajas B que ya llegan hasta la cocina, y su presumible mano en la justicia “desde atrás”. El jefe de la policía política que se montó Rajoy, así lo dijo en un ‘whatsapp’ Cosidó -que sigue en activo como portavoz del PP en Senado- se refería a la Sala II y a numerosos nombramientos. “Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS [dos tercios del Tribunal Supermo] y centenares de nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España”. Según  recoge Ignacio Escolar de unas palabras que explican, con diáfana claridad, el tinglado judicial.  Marchena se hace el digno y dimite de un nombramiento que aún no tenía pero le daba el bipartismo.

Altas esferas que rezuman una intolerable podredumbre. Justicia, como vemos. Fuerzas de seguridad. Las  amistades del monarca y familia que van desde la Casa Real Saudí al compiyogui, Javier López Madrid, que no pierde ocasión de aparecer en escenarios comprometidos. Empresarios corruptores tampoco faltan. En negocios que se adivinan estupendos por los montos denunciados.

Y los medios. Se han cansado de llevar a sus tertulias a lo más florido de la ultraderecha. A sembrar odio a diario. Los términos que emplean son granadas incendiarias. “Ya no va a humillar al ejército” dice este martes mismo, 20 de Noviembre, ABC, a toda portada.  Por haber pensado que no estuviera con presencia propia en el salón de la Enseñanza de Barcelona. Los votantes de Vox no son los pobrecitos unos nazis, qué va. Nos los lavan y perfuman cada día. PP y Ciudadanos pugnan por ser más y más de extrema derecha para competir con el VOX inflado a conciencia. Hasta crear una costumbre que lleva a algún comunity manager a considerar “una ciudadana” a esta harpía franquista que golpea a la activista de FEMEN.

Fotografía EL PAÍS

@FotografiaPais

Fotos: La protesta de Femen en un acto de la Falange, en imágenes. Una activista es agredida por una ciudadana durante la protesta Foto @agarciacoronado http://bit.ly/2RYn29P 

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La mayoría de los ciudadanos son demócratas, no ultraderechistas, pero se van haciendo a la idea, normalizando el concepto. Los mensajes calan cuando son tantos, tan organizados y frecuentes. La gota malaya.

Y si hay algo positivo en este emplasto es que el escándalo se ha desbordado de tal forma que nos ha explotado en la cara. Los miembros de esa ralea siguen andando y sonrientes  aunque con los pies podridos.

Un Gobierno democrático, un parlamento democrático, una justicia plenamente democrática, tiene mecanismos para acabar con esta permisividad que nos ahoga como país. Hay que soltar mucho lastre, eso sí, dejar caer a mucho indeseable oculto.  Tal como piden las instituciones europeas, se trata de prohibir legalmente el fascismo y sus asociaciones. El Parlamento Europeo ha señalado a la Fundación Francisco Franco, Falange y Hogar Social. Con el voto en contra del PP, por cierto. Es hora de hacer cuentas con la iglesia que recibe nuestro dinero y muchas otras prebendas y propiedades, si empacho de mantener comportamientos tan dudosos. Sirve también para los medios. Cierren el grifo de una vez. Si van a multar el odio, que sea el odio verdadero, no las canciones y comparsas.

Salgan de la tibieza. Despréndanse del miedo. Este gobierno y este parlamento tiene la obligación de exhumar de una  vez el franquismo de España.

La anomalía de España con el fascismo: cuatro décadas de homenajes a la dictadura de Franco

3 febrero, 2019

Fuente: http://www.eldiario.es

Benito Mussolini murió colgado a manos de los partisanos. Adolf Hitler se suicidó en su búnker antes de que le pudiesen detener las tropas soviéticas. Pero Francisco Franco murió en la cama y fue enterrado en un mausoleo construido por mano de obra republicana y esclava. Y su sombra llega hasta hoy, 43 años después de su muerte, con una nueva celebración de su obra en el Valle de los Caídos.

En Portugal, se inaugurará en el próximo abril –no por casualidad, coincidiendo con el 45 aniversario de la Revolución de los Claveles–un museo en recuerdo a los que lucharon contra la dictadura de Salazar; Grecia tiene su símbolo de lucha contra la dictadura, el torpedero que simboliza la resistencia a los coroneles; Albania abrió un museo dedicado al espionaje de la dictadura de Enver  Hoxha; y el museo del genocidio camboyano es conocido en medio mundo… Pero España tiene el Valle de los Caídos y el 20N.

El historiador británico Paul Preston, hispanista y biógrafo de Franco califica la situación española como “anomalía en Europa”, al mantener un “lugar de peregrinaje para su dictador”. Preston calcula que de los más de 250.000 visitantes anuales del Valle, muchos son devotos de Franco y creen que “fue un benefactor para España. En Austria y Alemania no se encuentran monumentos a Hitler; ni en Italia, a Mussolini”.

No obstante, el cuerpo del dictador italiano yace en una cripta familiar en el cementerio de su localidad natal, Predappio, donde se congregan de tanto en tanto seguidores suyos.

El mausoleo del Valle contiene restos de casi 34.000 personas, de los bandos franquista y republicano. Franco calculó que el monumento estaría construido en cinco años, pero se tardó 18, y lo levantaron casi 20.000 trabajadores, muchos de ellos prisioneros políticos y de guerra.

Mientras el Valle de los Caídos se estaba construyendo, generales nazis afrontaban los juicios de Núremberg. Los lugartenientes de Hitler afrontaban la justicia, mientras que en España los torturadores franquistas aún están en la calle en virtud de la ley de amnistía. En Alemania no hubo seguimiento al régimen nazi, mientras que en España Franco legó en el rey Juan Carlos la jefatura del Estado. En Alemania existe un museo del Holocausto; en España, el Valle de los Caídos.

Spain's Foreign Minister Serrano Suner, left, the Spanish Head of State General Francisco Franco and Italy's Premier Benito Mussolini, right, photographed in Italy on March 5, 1941, during their recent meeting.
Spain’s Foreign Minister Serrano Suner, left, the Spanish Head of State General Francisco Franco and Italy’s Premier Benito Mussolini, right, photographed in Italy on March 5, 1941, during their recent meeting. AP PHOTO / GTRES

España nunca fue liberada, ni se constituyó, como otros muchos países europeos, sobre la victoria del fascismo. España no fue parte de esos ejes sobre los que se construyó Europa tras la Segunda Guerra Mundial: la lucha contra el fascismo y el Estado del Bienestar pactado entre socialdemócratas y democristianos frente al modelo soviético y estadounidense.

La evolución española fue opuesta: al margen de las cifras de muertes en la Guerra Civil –se calcula que las tropas franquistas ejecutaron a 200.000 personas, cuatro veces más que las republicanas–, Preston cifra en The Spanish Holocoust que unos 20.000 republicanos fueron asesinados tras la guerra, mientras miles morían en prisión o en campos de concentración.

La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, no obstante, calcula que hay 140.000 cuerpos de víctimas del franquismo en fosas comunes o sin identificar.

Jaime Alonso, vicepresidente de la Fundación Francisco Franco, explicaba a Politico: “Puedes compara a Franco con De Gaulle o Churchill. Puedes compararlo con Napoleón, sin ninguna duda. O con Cromwell en Inglaterra o Kemal Atatürk en Turquía, con todos aquellos que han preservado la nación de ser destruida”.

La anomalía española ha hecho que en lugar de perseguir los crímenes del franquismo, una ley de amnistía permite que torturadores como Billy el Niño se paseen por las calles; y que se facilite que la Fundación Franco, una organización dedicada a la loa y exaltación del dictador y su dictadura siga abierta en 2018.

La Fundación Francisco Franco, que incluso ha recibido dinero público, ha sido señalada recientemente en el Parlamento Europeo –a instancias de Podemos y BNG, a través del GUE y Verdes/EFA–, que ha pedido su prohibición –como la del resto de organizaciones profascistas– por extensión, al ser una entidad que exalta una dictadura.

La resolución del Parlamento Europeo sobre la violencia neofascista señala a organizaciones, partidos y asociaciones españolas, con el voto en contra del PP, que votaron a favor del texto consensuado, pero en contra de las enmiendas sobre la Fundación, el Valle y Hogar Social, que se han incorporado posteriormente. El Parlamento, en su texto, pedía al Gobierno español que acabe con la herencia simbólica del franquismo y que prohíba a entidades como la Fundación Francisco Franco por su exaltación del dictador.

Franco y Hitler hacen el saludo fascista durante su reunión en Hendaya en 1940
Franco y Hitler hacen el saludo fascista durante su reunión en Hendaya en 1940 HEINRICH HOFFMANN / NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE

Los enormes costes sociales de las tensiones interterritoriales en España

24 enero, 2019

Fuente: http://www.publico.es

Vicenç Navarro
Autor del libro ‘Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante’. Anagrama, 2015

En Catalunya, el mayor conflicto político existente hoy es entre aquellos partidos políticos que se definen como soberanistas, y que desean la secesión de Catalunya del Estado español, y los unionistas que se oponen a tal secesión, y que defienden la continuidad del Estado español actual, cuya Constitución no permite tal secesión. Dicho conflicto ha creado una enorme tensión dentro de Catalunya entre los independentistas (que se definen como soberanistas, y así son presentados por los mayores medios de información) y los unionistas (que se definen a sí mismos como constitucionalistas). Fuera de Catalunya la tensión es entre el Estado español, gobernado durante todo el periodo democrático por partidos unionistas, y la Generalitat de Catalunya, que es gobernada por una coalición de partidos independentistas hegemonizada por un partido nacionalista (hoy independentista) conservador, el cual ha gobernado Catalunya durante la mayor parte del periodo democrático.

Estos conflictos y tensiones están teniendo unas consecuencias muy negativas para la calidad de vida y el bienestar de las clases populares de Catalunya y del resto de España, las cuales están padeciendo una de las mayores crisis sociales que España (incluyendo Catalunya) haya sufrido en su periodo democrático, y ello como consecuencia de las políticas públicas aprobadas por los partidos unionistas gobernantes en España y por el partido secesionista mayoritario (CDC, más tarde PDeCAT) que ha gobernado en Catalunya durante la mayor parte de los años desde el establecimiento de la democracia. Tales políticas han tenido un claro corte neoliberal, como por ejemplo las reformas del mercado laboral que han generalizado la precariedad entre los trabajadores, los bajos salarios y la desprotección social, y los recortes de los derechos laborales y sociales (con una descenso muy marcado del gasto público social en el que ya era, antes de la Gran Recesión, uno de los Estados de Bienestar de la Unión Europea –UE– menos financiados).

Estas políticas públicas han contribuido en gran medida a aumentar las desigualdades sociales, con un gran incremento de las rentas derivadas de la propiedad y de la gestión de los bienes y servicios privados a costa de un notable descenso de las rentas derivadas del trabajo (predominantemente salarios). Ello ha implicado un gran descenso del bienestar de las clases populares, que constituyen la mayoría de la población. Y aunque esta situación ha tenido lugar en la mayoría de los países europeos y norteamericanos que han aplicado tales políticas públicas neoliberales, creando un gran malestar popular, en España estas políticas han sido aplicadas con mayor dureza, siendo las consecuencias de su aplicación incluso más negativas en nuestro país.

La peculiaridad del caso español: los partidos que han aplicado las políticas públicas neoliberales en España y en Catalunya continúan gobernando

Ha habido, sin embargo, una diferencia entre lo ocurrido en aquellos países y lo que ha ocurrido en España, incluyendo Catalunya. Mientras que en los primeros países los partidos gobernantes que han impuesto tales políticas neoliberales (y digo impuestas porque no estaban anunciadas en sus programas electorales) han visto como su apoyo electoral disminuía marcadamente hasta el punto de ser expulsados del poder por el electorado, no ha sido así ni en España ni en Catalunya, donde los partidos neoliberales gobernantes (en España el PSOE, el PP y de nuevo el PSOE, y en Catalunya Convergència -redefinida como PDECat- en alianza primero con UDC y más tarde con ERC) continúan gobernando. Esta situación es única en Europa. Dos de los gobiernos más duros en la aplicación de sus políticas públicas neoliberales (el español y el catalán) han continuado en manos de los mismos partidos que siguieron aplicando dichas políticas (aun cuando el PSOE parece haberse distanciado algo como resultado de su alianza con Unidos Podemos y sus confluencias). ¿Por qué?

Sin lugar a dudas la causa de tal situación anómala es la tensión nacional a la que me refería al principio del artículo. Ambos bandos (los unionistas y los secesionistas) han estado dirigidos durante muchos años por partidos de derechas de clara vocación neoliberal. Por un lado el PP (apoyado por Ciudadanos, ambos partidos de derechas de clara orientación neoliberal), y por el otro Convergencia (cuyo equipo económico es también neoliberal). Ahora bien, esta realidad queda ocultada por el enorme espacio que ocupa el tema nacional, que absorbe toda la atención mediática. En realidad, las tensiones, interterritoriales, basadas en concepciones nacionalistas opuestas, juegan un papel clave en precisamente ocultar la responsabilidad de tales partidos en generar y reproducir la gran crisis social.

El tema nacional, que absorbe el debate político, oculta la crisis social creada por los dirigentes de ambos lados de la crisis nacional

En España sí que hubo un movimiento de protesta, el 15-M, que tuvo un impacto enorme en la vida política del país, y cuya dimensión política, Podemos (y sus confluencias En Comú Podem y En Marea), a la que se unió IU, ha tenido un mayor impacto en la vida política del país. Su denuncia del Estado era por la nula representatividad de la clase política dominante en aquel Estado. El eslogan “no nos representan” fue inmediatamente adoptado por millones de españoles (incluyendo catalanes), y fue el responsable del enorme éxito del movimiento político-social que generó (hoy Unidos Podemos), el cual ha provocado un cuestionamiento del Estado uninacional, cuestionamiento que ha ido expandiéndose, llegando a afectar el sistema monárquico, eje del Estado uninacional español.

Su demanda incluye una redefinición de la soberanía, es decir, del ejercicio del poder popular, y exige una democratización del Estado. El derecho a decidir es el derecho de la ciudadanía a escoger sobre cualquier dimensión de lo público que afecte a su bienestar y calidad de vida. De ahí que en esta visión de soberanía, lo social y lo nacional estén intensamente relacionados y sean parte del mismo concepto, tal como muy bien subraya Julio Rodríguez en su excelente libro Mi patria es la gente, de reciente publicación. La nación (vivida a nivel personal como la patria) es la gente. En la liga de patriotismo, el mejor patriota es el que lucha más para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población, de la que la mayoría son las clases populares. Bajo este criterio, los partidos de derechas españoles (que lideran a los unionistas) y catalanes (que lideran a los secesionistas), que se presentan como los “superpatriotas”, fallan estrepitosamente, pues han estado apoyando políticas públicas neoliberales que han dañado enormemente a la gente. Es sorprendente que nunca un periodista haya preguntado al Sr. Rajoy, al Sr. Mas, al Sr. Puigdemont o al Sr. Torra “¿cómo pueden ustedes presentarse como un grandes patriotas cuando está apoyando y aplicando políticas neoliberales, como los recortes, que han dañado a su pueblo?”.

La respuesta que darían tales dirigentes independentistas a tal pregunta es que ellos desean la independencia para precisamente tener más poder para atender a la población. Pero este argumento tiene escasa credibilidad, pues gran parte de sus creencias y posturas son de sensibilidad neoliberal. Es más que dudoso que en una Catalunya gobernada por tal pensamiento la gente viviera mejor, por muchos más recursos que el país tuviera. Estados Unidos, donde el pensamiento neoliberal domina el país, es muy rico y en cambio la mayoría de la gente no tiene ni siquiera derechos tan elementales como tener acceso al sistema sanitario.

¿Qué es soberanía?

Hay, pues, que recuperar una comprensión popular de lo que es la soberanía, es decir, el derecho a decidir a todos los niveles, incluyendo, naturalmente, el nivel de decisión que se desee compartir. El derecho a decidir es el derecho a escoger, y a nivel nacional, incluye, en el caso de Catalunya (o de cualquier otra nación o pueblo), escoger la relación que tiene con el resto de España, elección que debe incluir otras formas, además de la secesión. En realidad, hay poca conciencia de que el independentismo raramente ha sido mayoritario en Catalunya. El presidente Companys (uno de los presidentes de la Generalitat de Catalunya más populares en Catalunya y en España) no era independentistas. Sus banderas no eran ni la estelada (la bandera independentista) ni la borbónica. Eran la senyera (la bandera catalana) y la bandera española republicana.

El independentismo en Catalunya es un producto de masas nuevo generado primordialmente por la enorme hostilidad del Estado central hacia el reconocimiento de la España plurinacional. Fue cuando el Estado central vetó elementos sensibles del Estatuto de Catalunya que el independentismo creció. Esta es la realidad ocultada en los medios españoles. Las tensiones interterritoriales han beneficiado predominantemente a las derechas a ambos lados del Ebro, y son los partidos más ultraderechistas (PP, Ciudadanos y Vox) los que son los más “patriotas”, los más “nacionalistas” y los más “neoliberales”. En este contexto, las condenas propuestas por la fiscalía del Estado incrementarán todavía más, sin lugar a dudas, estas tensiones y el independentismo.

Y un tanto igual ocurre en Catalunya. La más radical en su independentismo es la derecha conservadora, que sin la causa nacional habría desaparecido del espectro político. Se me dirá, con razón, que hay partidos radicales de izquierdas, que no son neoliberales, y que apoyan la independencia, los cuales asumen que tal causa es la mayor amenaza para el Estado borbónico español. No desmerezco la importancia de dicho argumento, pero lo creo equivocado, pues en realidad el independentismo que apoyan ha sido liderado en Catalunya por las derechas catalanas que han sido claramente antiespañolas (léanse los escritos del Sr. Torra, definiendo a los españoles con términos claramente ofensivos, o recuérdense las declaraciones del Sr. Pujol diciendo que los “charnegos” eran intelectualmente inferiores), las cuales han reforzado con su mensaje de que “España nos roba”, actitudes que han generado un sentimiento de apoyo entre las clases populares españolas hacia los partidos nacionalistas más extremos y hacia sus instituciones como la Monarquía.

Soberanía no es lo mismo que independencia

Es más, la monopolización del concepto de soberanía por parte de los independentistas (de manera tal que soberanismo ha pasado a ser homologable a independentismo) ha eliminado las posibilidades de que se discutan y debatan otras formas de soberanía (federal, confederal o lo que fuere), que es lo que el independentismo ha deseado: la eliminación de otras propuestas soberanistas. Y es ahí donde los mal llamados “soberanistas” de En Comú Podem (liderados por la que fue portavoz parlamentaria de tal coalición política) están haciendo gran daño al propio soberanismo. La vía independentista es solo una versión del soberanismo, pues hay otras formas de éste (tales como la defensa de la soberanía popular, la soberanía federal, la soberanía confederal y un largo etcétera) que quedan olvidadas, cuando no ocultadas, en esta monopolización del concepto de soberanismo.

Asumir que el independentismo es la única forma de soberanismo es profundamente erróneo, pues dicho independentismo limita la soberanía a la realización de un referéndum (que además defiende que sea unilateral) binario en el que se escoja sí o no a la independencia, limitando de esta manera la soberanía popular. Por otra parte, acercarse a la corriente independentista (que es lo que están pidiendo los autodefinidos “soberanistas” rebeldes en Catalunya en Comú) es apoyar su visión esencialista de carácter exclusivamente identitario, que antagoniza a las clases populares que se siente españolas, y que son la mayoría de la población en Catalunya y en España. Lo que es necesario es un soberanismo popular, construido a partir de una alianza con otras naciones y pueblos de España, para establecer no solo una cultura sino también un Estado republicano, en el que se pueda ejercer la soberanía dentro de una fraternidad y solidaridad interterritorial. Esta es la vía de las fuerzas derivadas del 15-M, que fueron un vendaval de aire fresco en un ambiente asfixiante y que hoy representan la esperanza de construir otra España, con su diversidad y plurinacionalidad basadas en la solidaridad y la fraternidad.

El alarmismo sobre los efectos en el empleo del aumento del salario mínimo no se sustenta en datos

14 enero, 2019

Fuente: http://www.eldiario.es

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) recogida en el acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos acaparó la mayoría de los titulares. No es para menos: el aumentoascendería al 22,3% en un año, el mayor de la democracia. El alza ha revitalizado un histórico debate entre economistas sobre los efectos en el empleo de las subidas del salario mínimo. También el alarmismo de algunos sectores conservadores que auguran la destrucción de puestos de trabajo. Varios expertos que advierten de las posibles consecuencias negativas reconocen, no obstante, que por el momento no hay evidencias empíricas contundentes sobre ellas en la práctica del mercado laboral en España.

Tras el anuncio de la subida pactada hasta los 900 euros mensuales en 14 pagas, las alarmas sobre la destrucción de puestos de trabajo saltaron desde la patronal y otros gabinetes de estudios liberales, como suele ser habitual en estos casos. El candidato a suceder a Joan Rosell al frente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que “puede llegar un momento en el que las empresas no puedan pagar ni contratar a la gente” y desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE, think tankde la patronal) han lanzado el mismo mensaje: “Ralentizará la creación de empleo a tiempo completo, fomentará la contratación temporal y la economía sumergida y elevará el paro estructural de los jóvenes y de los trabajadores menos cualificados”.

Esos mensajes ya se han difundido con anterioridad, con la subida del 8% del SMI en 2017  –de las más contundentes de los últimos años–, pero el incremento  se compaginó con una fuerte creación de empleo. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha reconocido que la literatura económica da cuenta de un “impacto mixto” de las subidas del SMI, con efectos negativos y positivos, pero que “a ella le gusta reflexionar sobre los hechos”.

Calviño ha subrayado además que “la creación de empleo no se resintió, sino que aceleró en los grupos de edad más bajos”, uno de los colectivos que según la teoría económica resultaría más afectado por la destrucción de empleo según los críticos a la subida del SMI. En los dos últimos años –con subidas del 8 y del 4% del salario mínimo– el crecimiento del número de asalariados menores de 25 años ha sido muy superior al del conjunto de empleados: por encima del 10% y en torno al 3%, respectivamente. Aun así la tasa de paro juvenil en España se mantiene muy elevada (33,6%), la segunda más alta de la UE solo por detrás de Grecia (39,1%).

Sin estudios concluyentes sobre los efectos negativos

“Con los estudios que tenemos de momento, dadas las evidencias del mercado laboral español, no podemos llegar a conclusiones muy contundentes, porque no se han dado circunstancias como las de ahora”, afirma a este medio Florentino Felgueroso, economista investigador de Fedea. En  un artículo junto a Marcel Jansen en el blog ‘Nada es Gratis’, los dos especialistas en el funcionamiento de los mercados de trabajo defienden aun así que el incremento del SMI acordado es “arriesgado, por no decir imprudente”.

Felgueroso y Jansen subrayan el “brusco” aumento, para el que no ven justificación posible “en que no existe evidencia suficientemente consistente de impactos negativos de las subidas recientes del SMI”. Felgueroso explica a este medio que la subida del 8% de 2017 se dio en circunstancias distintas: con varios años previos de congelación salarial y con una cobertura del SMI (o porcentaje de asalariados perceptores del salario mínimos sobre el total) muy baja.

Si se cumple el incremento hasta los 900 euros en 2019, apunta el investigador de Fedea, la cobertura aumentará notablemente: de entre un 3,2% y 3,8%, en 2018 (según el mes) hasta una tasa del 7,6 a 8,9% en 2019. Dentro de los trabajadores que perciben el SMI, además de los jóvenes y los empleados poco cualificados del sector servicios, destaca la mayor presencia de mujeres que de hombres. El 17% de los trabajadores en España tiene ganancias bajas, esto es, por debajo de 12.900 euros al año aproximadamente. De ellos, el 64% son mujeres, según la Encuesta de Estructura Salarial.

En cualquier caso la baja tasa empleados que perciben el sueldo mínimo ha limitado mucho hasta ahora los posibles efectos de esta medida. El Banco de España analizó la subida del 8% del pasado año con un modelo de “probabilidad de perder el empleo” en los siguientes doce meses tras la subida del SMI. El resultado apuntaba a “un impacto potencial relativamente reducido para la economía en su conjunto”: un descenso del empleo del 0,1% en el caso de la subida del SMI aprobada en 2017, que llegaría al 1,4% con una simulación de 950 euros mensuales en 2020.

Un aumento del 22% en un año

José Moisés Martín, miembro de Economistas Frente a la Crisis, sostiene que “los estudios que tenemos no permiten asegurar que una subida del SMI tenga un efecto negativo en el empleo”, aunque sí reconoce que existe un reto en comprobar qué ocurriría ante un incremento tan fuerte de golpe del salario mínimo: “No hay evidencias sobre qué es lo que pueda ocurrir, los estudios analizan subidas graduales”. El economista, así como Felgueroso, no encuentra un ejemplo a nivel internacional que pueda servir de referencia a España en este sentido.

El  World Economic Forum destacaba recientemente que Corea del Sur ha pasado de ser uno de los países del mundo que menor reducía la desigualdad a convertirse en uno de los mejores en este sentido. El organismo enumeraba tres medidas que ha tomado el país asiático en el último año, entre las que figura un aumento del salario mínimo del 16,4%.

Florentino Felgueroso precisa que lo que sí ha quedado probado empíricamente es que el aumento del SMI “no es mejor instrumento para reducir desigualdad” y recomienda abordar cuestiones como la baja intensidad del trabajo (trabajadores empleados durante menos tiempo del que están disponibles para trabajar). Expertos en desigualdad y precariedad laboral, como Raül Segarra y Luis Sanzo González, coinciden en esta idea y señalan la necesidad de abordar otras medidas complementarias más allá de incrementar los salarios.

José Moisés Martín indica como posible efecto positivo el aumento del consumo privado de los beneficiarios de la subida del SMI, aunque sea limitado por su pequeña proporción respecto al total de trabajadores, y subraya también que España tiene margen para incrementar su salario mínimo dada su productividad, en comparación con otros países europeos, como Países Bajos y Portugal.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)  señala que, aunque el debate sobre las consecuencias del SMI en el empleo es controvertido, “son cada vez más numerosos los autores que consideran que los efectos de los salarios mínimos en el empleo suelen ser reducidos o incluso insignificantes (y, en algunos casos, positivos)”. En un estudio de 2017 sobre las subidas del salario mínimo en varios países de América Latina, la OIT concluye que “no es posible anticipar efectos determinísticos sobre el empleo a partir de aumentos del salario mínimo”.

De cumplirse el aumento del 22%, España comprobará sus efectos en la práctica y los analistas deberán esperar para estudiar sus efectos. Flotentino Felgueroso destaca que “la preocupación está ahí” de cara a un “cambio tan brusco” en un momento en el que se aprecia el inicio de una cierta desaceleración económica, mientras que José Moisés Martín considera que por el momento “no se puede adelantar nada” y advierte que los que ahora anticipan una “hecatombe del empleo son los que hubieran dicho lo mismo con un subida del 5%”.

Los okupas y los rabiosos

11 enero, 2019

Fuente: http://www.eldiario.es

Escribo en defensa del reino

del hombre y su justicia.

Pido la paz y la palabra.

Blas de Otero

Están rabiosos. Uno lo siente en las miradas torvas, en los cuchicheos e incluso en las invectivas fuera de todo límite educacional. Lo peor del desfile militar que oficialmente pretende conmemorar el día de toda una nación no reside en los vuelos rasantes sobre tu cabeza días antes ni en quedarte atrapado en una ratonera de tráfico –todo eso son incomodidades que un madrileño asume bien sea por esto, por la Cabalgata o por el desfile de Orgullo–, lo peor fueron esas miradas que pretendían hacerte sentir fuera de lugar en la que es tu casa. Lo que podría resultar una metáfora –España es amplia, diversa y tan plural como lo somos los españoles– se convierte en este día en una realidad tan ramplona como esas miradas que te reconocen y conocen y que, por tanto, se identifican contrarias a un pensamiento que tu expresas en libertad y pretenden hacerte sentirte mal, fuera de lugar y extranjero en aquel lugar que no sólo es tu patria también, sino que literalmente es tu propio hogar.

Están rabiosos y se envuelven en una bandera que pretenden común para gritarle okupa y golpista a aquel que gobierna con tu aquiescencia y tu apoyo bien sea directo o indirecto. Se ponen la enseña nacional por capa y hacen de su capa un sayo y de su visión de la vida un gálibo por el que no entra ninguna otra posición. Muestran su cara más inconstitucional cuando pretenden quitarle legitimidad a una de las formas constitucionales de llegar al poder en este país y cuando pretenden que no existe respaldo popular tras la formación de un gobierno que se sostiene gracias al voto de 11.574.044 personas cuyos representantes apoyaron la moción de censura que derribó al gobierno de Rajoy. Okupar el poder con el respaldo de once millones y medio de ciudadanos incorrectos, ciudadanos cuyos intereses, problemas y pensamientos no merecen llegar al poder porque no son los adecuados, no son los únicos, no son los verdaderos. Ese es el nivel del debate político en este país.

Están rabiosos y no van a parar en mientes para hacérnoslo saber. Ni siquiera la ciencia afirma que exista una sola solución para un problema dado, pero ellos sí. Machacan e insisten: o su visión de la sociedad o el caos. El caos para ellos y para sus intereses porque el caos social, el caos personal, ya lo han sembrado durante más de una década sin que les haya importado ni lo más mínimo. Están tan rabiosos por la pérdida de ese poder que creen les corresponde por mandato imperativo del orden de las cosas que ya han perdido el sentido del ridículo y de la mesura y nos hablan de hambrunas y de venezuelas como si hubieran olvidado que vivimos en el euro y que la ministra de Economía procede del núcleo de su sistema.

Y cuanto más sube su rabieta por la pérdida del poder –que de eso se trata ni más ni menos– y más garrotazos patrióticos quieren darnos a golpe de roja y gualda y de sacrosanta unidad y de blanqueamiento del dictador siquiera a golpe de inhibirse, más consiguen que persistamos en que esta España que muchos queremos está a años luz de su pacatismo y de su imposición y nos hace más consciente de que existe un camino de solidaridad, libertad, progreso y futuro que no hace caja en euros ni habita en sus mástiles.

Están rabiosos. Son patanes lanzándose al calcañar de un presidente porque, pobre plebeyo usurpador, no ha sabido encontrar su sitio en los salones del poder. No importa que sea incierto. Es la rabia y la espuma y la bilis de aquel que siente usurpado el armiño por el indigno, aunque sea que ellos mismos no pisarán ni en sueños ni esas alfombras ni esas alturas. Sea que ellos mismos sean unos parias de la tierra dejando el rastro del sudor en cada amanecer de lunes. El okupa es el otro porque el paraíso del poder es de los suyos, que les oprimen y les pagan salarios de mierda igual que a los demás, pero que les permiten soñarse dentro de una élite redentora de bienpensantes y bienhacientes. Dóciles con ese poder que se ríe de ellos con la misma fuerza que de los demás mientras se revuelca en otros mundos que ni siquiera pueden imaginar cuando les entregan su vida en las urnas. Porque esos que han sustentado durante años a los ladrones, a los tahures, a los infames son los que van a guardar por nosotros las esencias de este país en el que son ya tan inquilinos como el resto.

Están rabiosos y prefieren una sociedad hostil en la que el poder lo ostenten los que se arrogan ese derecho desde siempre. Dispuestos a emprenderla contra un mínimo salario de dignidad porque creen que nunca será el que a ellos se les adjudique o porque, incluso siendo el suyo, sienten que estarán más cerca de la fuente de la abundancia si renuncian a reivindicarlo como injusto.

Están tan rabiosos que sus líderes no tienen límites y están dispuestos a rugir su rabia incluso con el riesgo cierto de hacer el ridículo. Iremos a pasar hambre, dicen. Si esta España que reclamamos también nuestra tiene su límite entre el crecimiento y la hambruna en unos cientos de euros de salario digno ¡poco país y poca patria y poca justicia nos han construido!

Están rabiosos y lo sabemos. Lo sabe cada una de las personas que votó por sacarles del poder y también aquellas que fueron reticentes o que no dieron el paso. Están rabiosos, pero con su rabia sólo logran encender más nuestra ansía de justicia y de libertad. Las cosas han cambiado. Están rabiosos y van perdiendo.

Los expertos coinciden: la renta mínima vinculada al empleo reducirá la “cronificación” de la pobreza

29 diciembre, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

Todos los indicios apuntan a que a finales de 2018 o principios de 2019 se aprobará la nueva Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas, una de las más importantes de la legislatura y la que supone buena parte de la gestión de Podemos en el Ejecutivo de Emiliano García-Page. Es posible que se retrase si así lo hacen también los presupuestos regionales debido a la inestable situación a nivel estatal, pero, de momento, en el segundo borrador del anteproyecto ya se establecen las bases de la denominada ‘renta mínima’ y sus garantías complementarias, un grueso normativo en el que también han participado numerosos colectivos sociales ¿Qué opinan de este texto aquellas entidades y profesionales que trabajan día a día con las situaciones de mayor vulnerabilidad y pobreza?

“Todo lo que sea avanzar en el reconocimiento de estos derechos subjetivos es mejorar”, destaca a eldiarioclm.es Carlos Susías, recientemente elegido presidente de EAPN en Europa. Recuerda que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza siempre ha insistido en la necesidad de regular una renta mínima y que, precisamente debido a los esfuerzos que están realizando comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, debería también aprobarse una “estructura nacional de rentas mínimas”. Es unas de las demandas históricas de este colectivo.

Sobre el caso concreto de la ley castellano-manchega, explica que tiene un elemento “muy innovador”: la vinculación entre el empleo y las rentas mínimas. O lo que es lo mismo, la garantía de ingresos “se construye en base a una oportunidad de empleo y cuando esa circunstancia laboral no puede darse, se establece el ingreso mínimo”. “Esa es la forma de luchar contra la inclusión social y la pobreza”, subraya.

Argumenta Carlos Susías que la sinergia debe ser así, mediante un sistema de rentas mínimas tradicional conjugado con el sistema de acceso al empleo, “en este caso específicamente pensado para las personas más vulnerables”. De esta forma, la renta es mayor o menor en función de estar en un proceso de activación o no del empleo, y en paralelo, se establecen medidas complementarias en vivienda, educación y acompañamiento, un bloque “que tiene que ver con elementos que no son renta mínima pero ayudan a que los ingresos puedan ser optimizados: apoyos externos a la familia que durante la crisis se vieron muy menguados”.

“Hay que coordinar los instrumentos administrativos”

De cara al futuro, considera que cuando esta norma entre en vigor, será importante ver la capacidad de gestión, de llevarla a cabo, de “coordinar los instrumentos administrativos” para que esa complementariedad entre los sistemas de empleo y los servicios sociales se lleve a cabo. “Deben funcionar de manera sincronizada porque además coincide con lo que nos está reclamando la Unión Europea”. Es más, considera “muy inteligente” que esta normativa se vaya a vincular al 20% del Fondo Social Europeo destinado a este tipo de estrategias contra la pobreza.

El presidente de EAPN en Europa también propone que los recursos de la futura Ley de Garantía de Ingresos no funcionen en base a los planes de empleo temporales con fechas concretas, sino “en cualquier momento del año”. Esta apreciación está en sintonía con la petición de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza para que el Gobierno central lleve a cabo un “pequeño” plan de empleo “permanentemente abierto”, junto con ayuntamientos y entidades sociales, destinado a las personas más vulnerables. “Esto permitiría cumplir con el objetivo de gasto dentro del Fondo Social Europeo y también generar más empleo, que sirve además para la recuperación personal y emocional. Un sistema de rentas mínimas no saca a la gente de la pobreza, mitiga sus efectos negativos, pero una vez que se vincula al empleo, es un avance importante. Generar expectativas de mejora es un intangible muy valioso”.

La valoración también es positiva en el caso del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha. Su presidente, Florencio Alfaro, destaca que en una época en la que la brecha entre ricos y pobres ha aumentado y se ha instalado el “precariado” en unidades familiares con “infrasueldos” que tienen muy complicado cubrir necesidades básicas, “aunar y potenciar prestaciones de este tipo es bastante positivo”.

Una inversión en “prevención social”

“Es necesaria la atención integral a las familias, aumentando no solo la renta mínima garantizada con el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) como piedra angular, prestación que ya ha aumentado su cuantía y flexibilizado sus requisitos en esta legislatura; sino además coordinarlo con otra serie de prestaciones y recursos en los ámbitos educativos, laborales, formativos, sanitarios, de acceso a la vivienda, que eviten futuros problemas de exclusión”, argumenta. Además, deja claro que no hay que alarmarse por su supuesto coste, ya que “es una inversión en prevención social” que sale más barata, es más eficiente y que “dignifica a los individuos y a las familias”.

A este respecto, Florencio Alfaro opina que debe separarse este tipo de prestaciones de la intervención social. Subraya que esta última solo ha de ser necesaria cuando exista una problemática diagnosticada por los profesionales del trabajo social, y que en el resto de casos puede ser gestionada directamente por el Servicio de Empleo de Castilla-La Mancha (Sepecam), tal y como lo hace en el País Vasco el Lanbide.

Finalmente, en Cruz Roja, su presidente regional, Jesús Esteban, resalta que para esta entidad, que viene dando respuesta a más de 50.000 personas anualmente dentro de sus programas de atención a personas en situación de pobreza y exclusión social, “es bienvenida una iniciativa como la que representa esta norma”.

“Somos testigos a diario de la situación de vulnerabilidad de las personas y observamos con preocupación cómo la falta de recursos afecta a diferentes esferas de la vida de las personas, no sólo en el acceso a bienes y servicios sino también a la participación social”, señala. Debido a ello, refiere que contar con una norma que reconozca el derecho subjetivo a una renta permite “profundizar en los procesos de integración social y laboral, lo que ayudará a reducir la exclusión”. De igual forma valora la incorporación de otras garantías complementarias que “afectan a la educación de los niños y las niñas, así como la participación en programas de empleo”.

PP: patriotas a sobresueldo

27 diciembre, 2018

http://www.juantorreslopez.com

Publicado en Público.es el 30 de abril de 2013

Aznar lo dijo de sí mismo cuando presentó sus memorias (escritas “sin corsés, con franqueza y patriotismo“, según las notas de prensa que anunciaban su publicación): “He intentado ser en mi vida un patriota razonable, un buen español“. No en vano, y como prueba de ello, supongo, ordenó que ondeara en la plaza de Colón de Madrid la bandera de España más grande, de 294 metros cuadrados, sobre un mástil de 50 metros de altura y 19 toneladas de peso. Según dijo entonces su ministro de Defensa, Federico Trillo, para “honrar la bandera de todos los españoles en la capital del reino por medio de un mástil que pudiera enarbolarla a la máxima altura posible”. Lo dejó también muy claro en el congreso que su partido (“el único indispensable en este país” según afirmó en ese mismo acto) celebró poco después de ganar las últimas elecciones: “Tenemos la determinación de hacer lo que España necesita, hacer patriotismo, que es lo que toca en este momento“. O cuando recibió un premio algo después en un pueblo de Toledo: “Hagamos del patriotismo un compromiso diario y de la ambición por España una gran oportunidad”. Incluso es su fórmula (“Necesitamos un baño de trabajo y patriotismo“) para salir del fondo de la crisis en la que nos encontramos, o mejor dicho, a la que nos ha llevado  “tantas dosis de incapacidad, insolvencia, deseo de dividir e interés por estar en el poder, aunque sea a costa de los intereses de España”, es decir, justamente el antipatriotismo de los demás, de la anti España.

No le va a la zaga el nuevo presidente. Cuando hacía campaña electoral para llegar a serlo los medios reconocieron enseguida su oferta, así era de nítida: “Rajoy se niega a hablar de recortes y receta patriotismo contra la crisis“, titulaba uno de ellos. Y en su tierra natal dejó bien clara su fórmula magistral de gobierno para estos convulsos tiempos cuando señaló en un mitin que “el esfuerzo, el coraje, la determinación y el patriotismo”son “suficientes para sacar la situación económica adelante”. Y, como el buen español de bien que reconoció en él otro gran patriota, el malogrado Manuel Fraga, lo repite sin cesar allí por donde va: “no mentir ni engañar a la gente”, para sacar a España se necesitará, sobre todo,  “mucho patriotismo”.

Y tras de ellos dos, todos los demás patriotas. El secretario general de cuando el patriotismo constitucional como principio básico de su partido, Javier Arenas; el citado Federico Trillo, posiblemente el ministro que más veces haya exaltado, jurado, besado, portado u homenajeado a la bandera; la señora Cospedal, que por patriotismo era por lo que nos decía que había que defender la reforma laboral; Montoro, que cuando sube los impuestos afirma que lo hace porque “lo más patriótico ahora mismo es pagarlos“; la vicesecretaria andaluza, Esperanza Oña, que aboga por fomentar el patriotismo “generoso y acogedor” en contra de quienes “desprestigian el cariño hacia España” y que aboga por el fomento del patriotismo en España para combatir políticas separatistas. Y así uno detrás de otro y de otra: Acebes, Mato, Lapuerta, Rodrigo Rato… ¡Luis Bárcenas!

Pero es muy singular el patriotismo de todos ellos. Airean banderas por doquier pero ponen en venta a media España y la hacen cada vez más desigual dando privilegios a unos españoles en perjuicio de otros; revientan de emoción cuando gana la selección española pero se alegran cuando nuestros jóvenes mejor preparados emigran porque, dicen, es bueno que sea fuera donde exploten sus talentos. Rezuman sentimientos de amor patrio por los cuatro costados pero desprecian y criminalizan a los compatriotas que no pensamos como ellos. Y, para colmo, resulta ahora que sus constantes expresiones de patriotismo no son ni mucho menos gratuitas ni generosas sino que se forran con ellas, porque los políticos mejor pagados de la Patria con el dinero de todos los españoles son patriotas a golpe de sobresueldos millonarios.

Patriotismo de puro teatro, un viaje a ninguna parte. No me extraña que cobren los sobresueldos en concepto de gastos de representación y de dietas.

Los inversores sacan 3.000 millones de las sicav en tres años ante una posible subida de impuestos

24 diciembre, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

Sicav y socimis son los dos vehículos de inversión que han sido puestos en tela de juicio en los últimos meses por su escasa fiscalidad. Las primeras, tributan a un 1% del impuesto de Sociedades, y las segundas, al 0%. Por ello, Unidos Podemos ha propuesto recientemente subir los impuestos a ambas estructuras societarias, para destinarlo a políticas de vivienda.

Las sicav tienen más recorrido histórico en España. Creadas en los años ochenta, siempre han creado opiniones enfrentadas, por el uso que han dado algunos grandes patrimonios a sus ventajas fiscales. Sin embargo, en los últimos años se ha intensificado el debate político al respecto, lo que ha levantado incertidumbre entre los inversores, que ven peligrar los privilegios que aportan las sicav.

Tal es así, que los inversores han comenzado a dar salida a su dinero de estos vehículos y destinarlo a otras vías. Las cifras son claras. En los últimos tres años han salido 3.000 millones de euros de estas sociedades, han desaparecido 577 sicavs y hay 30.000 accionistas menos, según datos de Inverco, la organización que engloba a las instituciones de inversión colectiva.

Actualmente, existen algo más de 2.700 sicav en España con 431.000 accionistas que suman un patrimonio superior a los 31.000 millones de euros. Tras alcanzar el pico más alto en 2015, la tendencia a la baja ha sido constante. Solo en el último año el patrimonio se ha recortado en más de 700 millones de euros, han desaparecido 170 sociedades y casi 20.000 accionistas.

Carlos Magán, miembro de Analistas Financieros Internacionales (AFI), liga este declive a que hacia 2015 se empezó a poner sobre la mesa de manera seria en el debate político la idea de limitar o eliminar las sicav, “especialmente por partidos de izquierdas como Podemos”. “Desde entonces ha habido un goteo a la baja, gente que prefiere liquidar la sociedad o convertirla en un fondo de inversión”, apunta Magán.

En esta misma línea se ha situado Sebastián Albella, presidente de la CNMV, que esta semana apuntaba a la “incertidumbre sobre su futuro” como causa para la reducción de la inversión en estos vehículos. Sin embargo, el responsable del organismo supervisor aseguró que “no le consta que vaya a haber cambios” por parte del actual Gobierno, pese a la petición de Unidos Podemos.

Magán señala que la caída no ha sido importante, “en torno al 2%” al año. Sin embargo, considera que lo más significativo es que disminuye cuando el patrimonio de los fondos de inversión no deja de crecer. Entre agosto de 2015 y el octavo mes de este año, últimos datos disponibles en Inverco, los fondos españoles han incrementado su patrimonio en 55.000 millones de euros, un 25% más.

Las sicav son vehículos de inversión colectiva, es decir, gestionan, según marca la normativa, el patrimonio de varios inversores. La diferencia con un fondo de inversión es que se constituyen en sociedad, con su consejo de administración y su junta de accionistas, según explica Magán.

La regulación obliga a que estas sociedades tengan un mínimo de 2,4 millones de euros de patrimonio y 100 accionistas. Sin embargo, es común que las sicav tengan un accionista mayoritario y el resto con intereses menores, a los que se les conoce en jerga financiera como mariachis. De este modo, este mayor accionista tiene el control de la sociedad y toma las decisiones, desvirtuando el origen de estos vehículos. Ocurre algo similar en las socimis. La regulación también obliga a que haya varios socios y, en la práctica, ocurre que algunas de estas sociedades están controladas por un propietario con el 97 o el 98% de las acciones.

“El problema es la mala utilización que se puede hacer, por ello consideramos que tiene que contar con controles adicionales para evitar este un uso indebido”, añade el analista. Se refiere a que se utilice en ocasiones como un instrumento para invertir un único patrimonio, algo que la ley no permite.

Hacia otros vehículos o hacia Luxemburgo

El experto descarta que este “goteo” de salida de sicavs se esté produciendo por un tema de rentabilidades. “Son las mismas que un fondo de inversión”. En su opinión, hay distintos casos, como aquellas que se crearon en el boom previo a la crisis y que consideran que ya no les compensa o aquellos grandes patrimonios que ven mejores rentabilidades en volver al ladrillo que en los mercados financieros.

Pero hay un tercer caso, según Magán. El analista apunta que hay sicavs, especialmente los mayores patrimonios, que se desplazan a Luxemburgo. En el ducado centroeuropeo existe una legislación sobre las sicavs que sí permite que estén compuestas por un único patrimonio.

En este sentido, la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este jueves que se está estudiando la posibilidad de trasladar la supervisión de las sicav de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a la Agencia Tributaria. “Estamos viendo la posibilidad de que vuelvan a la Agencia Tributaria, y de meter mayores controles, mayores mecanismos de regulación, al objeto de que efectivamente destinen su trabajo a aquello para lo que se han diseñado y que no sirvan para ocultar rentas o para tener alguna actividad que sea opaca al fisco” aseguró en una entrevista en Antena 3.

La ministra apuntó que no está sobre la mesa la supresión de estas sociedades, al considerar que pueden jugar un papel en la economía española. Sin embargo, Montero advirtió que en ocasiones estos instrumentos se han convertido en vehículos para el fraude fiscal.

En la actualidad, el grupo Banco Santander es el líder destacado en la gestión de todas estas sociedades de inversión. Según datos de Inverco, hasta agosto contaba con 5.330 millones de euros de de patrimonio en sus 475 sicavs gestionadas. Le sigue el grupo Banca March, con 3.200 millones en 120 sociedades. Cierra el podio BBVA con algo más de 3.100 millones en 318 sicavs. Otros de los grandes grupos son Bankinter, Sabadell, Credit Suisse o UBS.

Grupos católicos desafían a la Iglesia y piden que no se entierre a Franco en la catedral de La Almudena

23 diciembre, 2018

Fuente: http://www.eldiario.es

La decisión del cardenal Osoro de admitir la inhumación de los restos de Franco en la cripta de la catedral de La Almudena de Madrid no ha contentado a ninguno de los sectores católicos. La familia del dictador tiene allí, en el centro turístico de la ciudad y al lado del Palacio de Oriente, dos tumbas vacías y quiere que una sea para trasladar el cuerpo embalsamado del dictador cuando salga del Valle de los Caídos. La otra podría ser ocupada por su mujer, Carmen Polo, enterrada ahora en El Pardo. En la catedral de Madrid reposan ya los restos de la hija de ambos, Carmen Franco Polo, junto a su esposo, en otros dos enterramientos que tiene la familia del dictador.

La Conferencia Episcopal (órgano de gobierno de los obispos) y el cardenal Osoro, aunque temen que su templo se convierta en lugar de peregrinación franquista, han justificado en reiteradas ocasiones que no pueden hacer nada. “La Conferencia Episcopal no tiene competencias, ni un departamento de defunciones. La Iglesia no puede negarle ese derecho a un cristiano si la familia tiene un derecho adquirido” ha dicho esta semana el portavoz de los obisposFranco “es un bautizado, un cristiano, y tengo la obligación de acogerlo donde digan ellos”, decía también el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.

Los obispos, por un lado, entienden que la Iglesia “no es competente” al tiempo que lamentan que la polémica contribuya a agrandar el estigma colaboracionista que, desde la Guerra Civil, lleva arrastrando la jerarquía católica española.

Los grupos ultracatólicos, por su parte, han tildado al cardenal Osoro de “cobarde” y “traidor” por no oponerse a la salida de la momia del dictador del Valle de los Caídos, y acusan a la jerarquía católica de no recordar que “gracias a Franco la Iglesia católica se salvó de la desaparición y el exterminio”. Se refieren a que Osoro ha tomado postura desde el inicio por no interferir en la exhumación que llevará a cabo el Gobierno en el Valle, un lugar de titularidad pública. Incluso ha mediado para que el prior del Valle, Santiago Cantera, cejara en su empeño de boicotear la medida memorialista.

Unas 1.500 personas yacen en la cripta de la Almudena. ¿Franco sería uno más?
Unas 1.500 personas yacen en la cripta de la Almudena. ¿Franco sería uno más? EFE

Si a los ultras no les ha gustado el nuevo emplazamiento, a los cristianos progresistas, menos, y por razones opuestas. Son quienes han mostrado con mayor vehemencia su oposición al enterramiento de Franco en la cripta de la catedral madrileña. En un comunicado, Redes Cristianas denuncia que “los restos de un dictador no deben estar ni en un templo ni en una cripta”.

Este colectivo lamenta las “desacertadas declaraciones” de Osoro en las que justifica la inacción de la Iglesia, al tiempo que afirman que Franco no puede ser enterrado en un templo “no solo por violar las propias leyes vaticanas interpretando torticeramente el Derecho Canónico, sino por el grave valor simbólico de enterrar a quien causó tanto dolor y violó los derechos humanos más elementales, en connivencia con gran parte de una Iglesia y un régimen nacionalcatólico”.

Para Redes Cristianas, el cardenal de Madrid podría rechazar este enterramiento “para favorecer la reconciliación entre españoles y españolas así como para desvincular, de una vez por todas, a la Iglesia Católica del franquismo y del funesto nacionalcatolicismo anterior”.

“Un dictador como Franco no es un bautizado más, y la inhumación de sus restos en un templo católico generaría más división y escándalo que en el mismo lugar del que ahora se aprueba su exhumación”, constatan los cristianos progresistas, quienes auguran que, al estar en el centro de Madrid, la cripta “se convertirá en un lugar de visita y homenaje que, además de fomentar el odio y la división en la ciudadanía, sería ilegal por ir contra el espíritu y la norma de la ley de Memoria Histórica”.

“No nos gusta una Iglesia que sigue apostando y en connivencia con una forma de hacer política que no solo no es entendida por muchísima gente, sino que se vincula a una ideología neoconservadora y a una ultraderecha antisocial que está muy lejos del evangelio y de la orientación más progresista del Papa Francisco”, culmina la nota, que afirma, tajante, que “ni el Evangelio ni las víctimas admiten complicidades con el dictador”.

Por su parte, desde las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía han pedido al cardenal de Madrid que “no acceda a la inhumación de los restos del ex general golpista y dictador Francisco Franco en la catedral de la Almudena de Madrid”.

“Franco fue el dictador que causó millares de víctimas, que instauró en nuestra patria un régimen dictatorial fascista, contrario a toda dignidad humana y leyes internacionales”, apuntan, y sostienen que por ello “no puede ser honrado con una sepultura eclesiástica en una Iglesia católica”, a no ser que “el Sr. Arzobispo quiera continuar con la unión anticristiana y antidemocrática de la Iglesia y el estado fascista, que estuvo vigente durante la dictadura”.

Además, este colectivo asegura que la inhumación “incumpliría manifiestamente el canon 1242 del Código de Derecho Canónico”, y que Osoro “no puede ampararse en el subterfugio de que la Iglesia acoge a todas las personas”.

Finalmente, las Comunidades de Cristianos de Base han apuntado, en otro comunicado, que admitir a Franco bajo sagrado “vendría a denigrar aún más a una Iglesia que asignó en su día el título de Cruzada a la guerra y la represión que generó el golpe militar fascista. Con los numerosos casos de pedofilia y las inmatriculaciones ya hay bastante porquería en las cloacas de la Iglesia. No echemos más aún”. “¿Va a convertirse la catedral de todos los católicos madrileños en un lugar donde se celebre la victoria y la represión de unos españoles sobre otros?”, se preguntan.

Una de las mayores preocupaciones para el Arzobispado de Madrid es que la llegada de Franco a la cripta vuelva a golpear los cimientos de una institución lleva décadas intentando sacudirse el estigma de colaboracionismo con el régimen dictatorial. Una acusación que, por otra parte, está más que demostrada. Los obispos españoles -que no reconocieron la República hasta 1934-, fueron los primeros en considerar el golpe de Estado de 1936 como una “cruzada” contra el enemigo comunista y anticristiano, que había provocado miles de mártires “por Dios y por España”.

En una ‘Carta Colectiva’ firmada en 1937 por todos los obispos -a excepción de dos-, la Iglesia española ordenaba a los fieles ponerse del lado de los insurgentes. Nada más terminar la Guerra, llegó el matrimonio Iglesia-Franco: el Vaticano fue uno de los primeros estados en reconocer a la España franquista, apoyo que se mantuvo pese al aislamiento tras la Segunda Guerra Mundial.

Durante cuarenta años, Franco entraba y salía bajo palio de las iglesias y catedrales, consagrando el nacionalcatolicismo como religión oficial. A cambio, el régimen concedió a la Iglesia pingües beneficios fiscales, educativos y propietarios, que hoy se mantienen (y que han provocado las polémicas por las inmatriculaciones, la vigencia de los Acuerdos Iglesia-Estado, la financiación de la Iglesia o las clases de Religión). En 1953, el Vaticano y España suscribieron un Concordato que dejaba bien atada la relación entre Roma y Madrid.

Tuvieron que ser Pablo VI y el Concilio Vaticano II quienes hicieran surgir las primeras brechas en las relaciones Iglesia-Estado. Tras el Concilio, los obispos españoles, “no sin dificultades” (como aseguraba este miércoles el cardenal Fernando Sebastián), comenzaron a aplicar la apertura que supuso la asamblea conciliar. En 1965, llegó la primera ruptura, y Franco denegó el permiso a Pablo VI para convertirse en el primer Papa de la edad moderna en visitar España.

Un Pablo VI que tuvo en sus manos la carta de excomunión del dictador cuando se quiso expulsar al obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, por criticar veladamente al régimen y que, pocos meses antes de la muerte de Franco, intentó en vano frenar las últimas penas de muerte del franquismo. Pero Franco no quiso cogerle el teléfono al Papa.

En 1973, los obispos se adelantaron a los estertores del régimen, y -como explicó el cardenal Sebastián- “renunciaron a sus privilegios jurídicos, como el confesionalismo, reclamando el reconocimiento pleno de la libertad religiosa”.

A algunos obispos, como a Tarancón, la historia les recordará como artífices de la transición política. Sin embargo, el 21 de noviembre de 1975, en las misas que se dieron en toda España tras la muerte del dictador, todos ellos (salvo Setién -auxiliar de San Sebastián- y Buxarrais -Málaga-), glosaron la figura del dictador hasta casi ‘canonizarle’ corpore in sepulto. “Ha sido un hombre de Estado, cristiano, y católico, cién por cién. Para encontrar otro de su talla, hay que remontarse a los Reyes Católicos, a Carlos I, o a Felipe II”, se llegó a decir entonces. Hoy, la catedral de la capital del España parece que acogerá el cuerpo del dictador.