Teodoro Obiang, el amigo petrolero

Fuente: diario EL PAÍS

Ramón Lobo | @ramonlobo

Teodoro Obiang lleva atornillado 33 años en el poder, adonde llegó tras un golpe de Estado que acabó con el fusilamiento de su tío Francisco Macías, el primer presidente y sanguinario dictador de Guinea Ecuatorial. Obiang amasa una fortuna con el dinero del petróleo, confía en que le suceda su hijo Teodorín, investigado en Francia y EE UU.

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Gracias al oro negro —300.000 barriles de petróleo diarios— y a los contratos firmados con compañías estadounidenses (ExxonMobil, Chevron-Texaco, Amerada Hess y Marathon Oil, entre otras), Teodoro Obiang Nguema es un dictador presentable, uno de los nuestros, a quien la Unesco ha permitido apadrinar un premio científico con el dinero amasado gracias a la corrupción. El petróleo, unido a la insignificancia de Guinea Ecuatorial en el flujo informativo mundial, permite mirar hacia otro lado a Gobiernos que afirman regirse por la ética y los derechos humanos, como el de Barack Obama.

En Guinea Ecuatorial no hay democracia ni libertad ni elecciones limpias y justas. No existen los sindicatos ni las asociaciones profesionales, ni siquiera un colegio médico o de arquitectos. Cualquier gesto podría interpretarse como un desafío al régimen.

“El poder fomenta la corrupción. No tiene la voluntad de combatirla. El régimen vive de la corrupción, la necesita para comprar voluntades y jugar con ella. El Gobierno en sí es un sistema de reparto de las áreas de saqueo”, asegura por teléfono Plácido Micó, secretario general de la Convergencia para la Democracia Social (CPDS), formación que ha sobrevivido a la última táctica de Obiang, comprarse partidos de la oposición para quebrarlos. Ha tenido éxito con Unión Popular (UP): cuatro corrientes y su secretario general expulsado.

Celestino Bacale, amigo y compañero de lucha de Micó (llegó a ser candidato en 2002 a la presidencia por el CPDS), es hoy ministro de Economía con Obiang. Fue una de las deserciones más sonadas y traumáticas de la lucha contra la dictadura; la prueba de que el presidente lo puede todo. “No tengo relación con él”, dice Micó desde Malabo. “Fue una decepción importante. Ha hecho un gran daño al partido, pues transmite una imagen equivocada al exterior: que la oposición democrática no es seria”.

Con el dinero del maná negro y el apoyo discreto de Washington, el régimen ha evolucionado de una dictadura bananera a la ocupación bananera del poder por un clan, una casta que se retroalimenta y se sucede a sí misma. Mandan Obiang y su familia, pero son muchos los que se benefician de la cercanía al poder. En la última remodelación ministerial en 2012, se nombraron 247 directores generales. La mayoría son hijos de los prebostes del régimen que han estudiado en Estados Unidos y Europa. “En 1992 no había más de 40 ministros entre titulares y viceministros. Hoy son 79. Más que un Gobierno parece una asamblea”, dice Micó.

“Un miembro de la ejecutiva del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), el de Obiang, gana 20 veces más que toda la dirección de UP o CPDS. (…) Es difícil mantenerse honesto en un ambiente de corrupción tan generalizada. (…) Es un sistema incompatible con elecciones limpias”, asegura Adolfo Fernández Marugán, director de la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial.

En 1995, Guinea Ecuatorial celebró unas elecciones municipales en las que venció la POC (Plataforma de Oposición Conjunta): 18 de los 26 municipios. Obiang rechazó el resultado y ordenó detener el escrutinio. España negoció un fraude moderado, que permitiera la victoria opositora en al menos siete municipios. Nunca más hubo elecciones libres en Guinea. Un embajador español propuso a Obiang años después un Parlamento con 20 diputados de la oposición, un quinto de los 100 que lo forman. Obiang respondió: “Veinte son muchos”. En esta legislatura solo hay uno: Plácido Micó.

A diferencia de Gabón, Camerún, Benín y Senegal, Guinea Ecuatorial no cuenta con medios de comunicación independientes. El Gobierno de José María Aznar concedió al dictador un regalo: cerrar el programa de Rafi de la Torre en Radio Exterior, el más crítico y el más seguido en el país. Hay censura y orden y mando. Las primaveras árabes estuvieron prohibidas. No se informó de ellas en la televisión pública ni en la privada que controla Teodorín, su hijo y más que probable sucesor. A Obiang le preocupa lo que pueda soliviantar a su pueblo y lleve el sello de intervencionismo colonial.

Pese a la mano dura, uno de los problemas más graves es la inseguridad. “El incremento de la delincuencia está relacionado con los jóvenes que no encuentran empleo en las empresas extranjeras, tal vez por falta de formación, y se dedican a robar. Unos se enrolan en el Ejército; otros, siguen en la calle. Existe un nexo entre ambos pues los segundos tienen acceso a armas de fuego. (…) El número de militares encarcelados, acusados de crímenes, ha aumentado considerablemente en los últimos años”, afirma Fernández Marugán.

Wenceslao Mansogo acaba de salir del penal público de Bata. Es quizá el último preso político conocido de Guinea Ecuatorial. Los demás son detenidos sin nombres ni apellidos. “Vivimos una involución alarmante desde las presidenciales de 2009 [denunciadas por fraudulentas]”, dice por teléfono. “Si alguna vez hubo ensayo democrático, como le gustaba decir a Obiang, el retroceso es tremendo”. Mansogo cree que la corrupción es uno de los problemas capitales. “He podido ver de cerca la corrupción en la justicia. El primer cambio debería ser la reforma de la justicia. En mi caso, que era un montaje, estoy en la calle con un indulto debido a la presión internacional”.

Guinea Ecuatorial es un país pequeño: 28.051 kilómetros cuadrados repartidos entre la isla de Bioko, Anobón y el continente, una estrecha franja entre Camerún y Gabón. Es estadísticamente rico en petróleo y en pobres: produce 300.000 barriles diarios para 685.000 teóricos habitantes. Pero nada es seguro en Guinea. El Gobierno siempre ha tenido interés en hinchar la cifra de habitantes para reducir la renta per cápita y mantener la ayuda al desarrollo.

Obama apenas ha modificado la política con Malabo. Es cierto que ya no se escucha a una Condoleezza Rice proclamar en público su amistad con Obiang y que el nuevo embajador norteamericano parece genuinamente preocupado por los derechos humanos, pero Washington nunca corre riesgos cuando se trata de petróleo. La relación es ahora más compleja. Por un lado, sigue su curso en Estados Unidos una denuncia contra Teodorín por apropiación indebida. Hay otra en Francia, donde el juez ha emitido una orden de arresto. Por otro, el Departamento de Estado corteja al dictador, de 70 años. En su último viaje a Houston le organizó reuniones con varias ONG. “Eso significa”, dice Fernández Marugán, “que EE UU cree que el futuro aún pasa por Obiang”.

Teodorín, el heredero señalado, es un hombre imprevisible, con arranques de ira y siempre rodeado de un lujo desmesurado. Fernández Marugán sostiene que a Obiang no le convence del todo. Teme sus salidas de tono, su excesiva visibilidad y los procesos por corrupción en el extranjero. Pero, de momento, es su única opción. La fuerza de Teodorín procede de su madre Constanza, y de su abuela, la principal hechicera de Guinea, una mujer con grandes poderes que todos temen, incluido Obiang.

Micó no ve fisuras ni dudas. “Obiang está dando los pasos necesarios para dejar el poder a su hijo”. Mansogo tiene una opinión intermedia. “Es cierto que todo apunta a Teodorín, que se percibe que será el sucesor, pero hay otros análisis. Es evidente que a Obiang le desagradan los juicios contra su hijo, que una parte importante de su familia se opone a Teodorín, lo mismo que los inversores extranjeros. Lo que vaya a suceder es una incógnita”. Otro opositor recuerda una frase de Obiang el año pasado: “No dejaría el poder a un estúpido” y añade: “Quizá sea una señal sobre sus intenciones, pues en Guinea todos saben que su hijo lo es”.

El dinero del petróleo empieza a notarse pese a la corrupción y a que los contratos son muy ventajosos para las compañías. “Más capas de la sociedad tienen acceso al bienestar. Se ven más coches por las calles de Malabo. Hay dinero, pero la situación sigue siendo mala para la mayoría de la población que sobrevive al margen del petróleo”, asegura Fernández Marugán. “Se han inaugurado dos hospitales privados, uno en Malabo y otro en Bata. Detrás están los petrodólares de Obiang. Pese a su calidad, los altos miembros del régimen siguen viajando a Europa y EE UU ante cualquier dolencia grave. En Guinea nadie se fía de nadie, y menos Obiang, que no se fía ni de su hijo. Unos lo llaman desconfianza; otros astucia, la inteligencia de los que solo aspiran a sobrevivir.

Otra crisis alimentaria, los mismos síntomas

Fuente: diario EL PAÍS

Tiziana Trotta | Madrid

Los graneros no están del todo vacíos. Algunas reservas incluso han alcanzado niveles récord este año, como en el caso del arroz. Pero el fantasma de la crisis alimentaria vuelve a presentarse. La reciente subida de precio de los alimentos, el mayor incremento desde 2009, y una demanda por parte de la población al alza, abren la veda a una nueva situación de emergencia, que sin una intervención rápida podría afectar a más de 1.000 millones de personas. Algunos analistas llegan a afirmar que si la demanda no se contrae, las existencias pueden agotarse antes de la cosecha de 2013. Sin embargo, no todas las responsabilidades pueden achacarse a la sequía que ha asolado la recolección de los principales países productores de cereales. Muchos de los lastres de la alimentación son errores que ya asomaron en la anterior crisis, y que nunca se atajaron.

La cotización internacional del trigo subió en julio un 19%, de acuerdo con la agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El maíz se incrementó en un 23% y alcanzó su máximo histórico en la Bolsa de Chicago, después de que se recortaran las previsiones de producción para este año en EE UU. El encarecimiento de los alimentos está ejerciendo presión sobre la inflación, puesto que los salarios no siguen la misma tendencia al alza. Esta situación pone a prueba sobre todo a los consumidores de los países más pobres, que pueden llegar a gastar un 75% de sus ingresos en bienes de primera necesidad.

La revisión a la baja del pronóstico de producción mundial de cereales en 2012 (2.396 millones de toneladas) ha obligado a recalcular la previsión de reservas relativas a la campaña agrícola que finalizará en 2013 (536 millones de toneladas, 12 millones menos de lo estimado en junio), según los cálculos de Naciones Unidas, que está en alerta. “En el conjunto de los cereales, el nivel de reservas no es muy alto, pero tampoco dramático, aunque no hay que minimizar el problema”, explica la experta de la FAO, Concepción Calpe.

EE UU ha vivido la peor sequía en 50 años. El primer productor mundial de azúcar, Brasil, se ha visto afectado por las lluvias fuera de temporada. El arroz y el azúcar de India sufren por el retraso de los monzones.

Pese a la delicada situación, los precios siguen por debajo de los niveles alcanzados en 2008 y la demanda global ha bajado en comparación con los niveles de hace cuatro años debido al estancamiento económico. El precio del petróleo también se ha reducido, hasta rondar los 110 dólares por barril.

Las lecciones de la otra crisis

Pero el encarecimiento de los alimentos es un fenómeno cíclico. Y peligroso. Tras alcanzar niveles récord en 2008, la recesión de 2009 causó una fuerte bajada, seguida por el repunte de 2011, que marcó nuevos máximos históricos. ¿No se ha aprendido nada de la crisis que hace cuatro años llevó a la calle a miles de personas en más de diez países, como Haití y Egipto? Se saben las causas pero no se han solucionado muchas de las deficiencias. “Entre 2007 y 2008 lo que agudizó la situación fue la reacción de los países, más que el efecto de las propias condiciones climáticas”, explica la experta de la FAO. “En aquel entonces, el error fue que cada país pensó en su situación interior, sin preocuparse por los demás».

El contagio de los ganaderos españoles

La subida de precio del cereal y, en consecuencia, de los piensos no ha tardado en repercutir en el panorama español. Un kilo de pienso actualmente se valora en torno a 0,37 euros (IVA excluido), mientras que el litro de leche en origen cuesta de media 0,28 euros (más IVA).

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) sostiene que con la crisis de 2007 más de 35.000 explotaciones en todo el territorio tuvieron que echar el cerrojo y que, desde entonces, la situación “ha ido empeorando”.

Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, lamenta “la situación límite” del sector y acusa a las grandes cadenas de distribución de no retribuir a los productores en consonancia con la tendencia al alza de los costes, lo que pone de rodillas al sector. El representante de los pequeños agricultores exigió más ayudas por parte del Gobierno y de la Unión Europea en el encuentro de la semana pasada con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y advirtió de que muchos ganaderos “no llegarán a terminar el verano” dado lo difícil de la situación.

Lourdes Benavides, responsable de Justicia Económica de Oxfam, insiste en que hay factores que se repiten ahora. “Las respuestas hasta ahora han sido tímidas, lentas o inexistentes”, subraya. Hoy como entonces, las existencias registran niveles bajos y sigue faltando inversión en agricultura, sobre todo a pequeña escala, mientras que el 80% de la producción está concentrada en tan solo cinco países. El dólar, además, se mantiene en una posición más fuerte que en el periodo de 2007 y 2008, lo que implica un mayor gasto para los países que importan comida. “Si los Estados empiezan a restringir las exportaciones o a importar como locos, la situación podría empeorar”, alerta Calpe. Rusia ha descartado recientemente la posibilidad de limitar sus exportaciones, aunque ha admitido que se considerarán “intervenciones puntuales”.

Lo que más preocupa a Christine Haigh, analista del World Development Movement, son las maniobras financieras. “En junio ya se manifestaron los primeros signos de especulación, incluso antes del anuncio de la reducción de las cosechas en EE UU. En respuesta a las previsiones de incremento de precios de los alimentos, los especuladores han inyectado más dinero en estos mercados. Esto hace que los precios suban mucho más de lo que deberían”, advierte.

“Parte de esta situación se podría haber evitado con una correcta regulación de los mercados derivados de materias primas y la eliminación de los biocombustibles. Hay que actuar también en contra del cambio climático, pero en ese ámbito las políticas tardan más en tener efecto, incluso si se ha hecho algún esfuerzo en este sentido desde la anterior crisis”, dice.

Haigh además, pone de nuevo el dedo en la llaga: la subida de los precios de los alimentos reabre el eterno debate sobre las porciones de cosechas destinadas a la producción de biocombustible. En EE UU, este porcentaje alcanza el 40%. Oxfam defiende una reducción de las ayudas al sector por parte de EE UU y Unión Europea para estos cultivos destinados a la energía, “para que no se quite la comida de las bocas para meterlas en los motores”, subraya Benavides. “Si se actúa ahora, todavía estamos a tiempo”, opina.

Paracuellos y quién escribe la Historia

Me resulta asqueroso que mucha gente le dé el mismo estatus a los políticos y quisiera creer que la gente no es gilipollas. Hace no mucho murió Manuel Fraga y toda la caverna le ensalzó a pesar de ser un fascista (ideología que él mismo no ocultaba). Si lo comparamos con cómo se han portado con Carrillo, la gente debe creer que Fraga era algo así como familia de Jesucristo y Carrillo de Satanás. Pero he aquí una revelación que puede que os aclare un poquito: Fraga era un fascista y defendió la dictadura, es decir, se encontraba en el bando ‘nacional’ de Franco, el que realizó un golpe de Estado a la legítima República. Carrillo era un comunista que defendió la República democrática, luchó contra el fascismo, se exilió y tuvo que ceder durante la Transición a muchas de las peticiones que los comunistas se propusieron. Un fascista y un demócrata demonializado por Paracuellos de manera injusta por los franquistas. Y claro, la juventud que es gilipollas, cree que Fraga era una hermanita de la caridad y Carrillo un demonio gracias a la desinformación. (Que me perdone la juventud que no es gilipollas).

A todo esto, en EL PAÍS, unos historiadores profesionales (y no los dinosaurios de la Academia), han realizado un gran trabajo para esclarecer qué pasó en realidad en Paracuellos y cuál fue el papel de Santiago Carrillo, si es que lo tuvo.

Fuente: diario EL PAÍS

Entre las numerosas necrológicas aparecidas inmediatamente tras el fallecimiento de Santiago Carrillo algunas siguen haciendo hincapié en Paracuellos. Los lectores de este periódico quizá estén interesados en conocer los resultados de nuestras investigaciones que nos permiten arrojar dudas acerca de la pervivencia del canon franquista en varias de entre ellas. Las categorizamos en tres rúbricas: contexto, chispazo para la acción y responsabilidades y supervisión.

1. A comienzos de noviembre de 1936 las columnas franquistas habían llegado a las puertas de Madrid, sembrando de cadáveres su camino. Los bombardeos causaban estragos en la población. Entre los presos en las cárceles había centenares de militares dispuestos a unirse a los rebeldes. Su liberación parecía inminente.

2. El chispazo que condujo a Paracuellos provino de uno de los agentes de la NKVD llegado a Madrid mes y medio antes. La liquidación masiva de enemigos había sido una práctica habitual en la guerra civil rusa. Aplicada al caso de una ciudad al límite, la NKVD no dudó en recomendar la misma “profilaxis”. A finales de octubre de 1936 el embajador soviético ya sugirió recuperar a los presos dispuestos a servir a la República. Como se había hecho con los oficiales zaristas para que se unieran a los bolcheviques.

3. El agregado militar, coronel/general Goriev, informó crípticamente a Moscú de la labor desarrollada por la NKVD durante el asedio de Madrid en un despacho del 5 de abril de 1937 y mencionó un nombre, el de “Alexander Orlov”. Lo envió por la vía reglamentaria a su jefe, el director del servicio de inteligencia militar. Lo descubrió en Moscú antes de 2004 Frank Schauff. Hay un borrador en el archivo histórico del PCE, en la Universidad Complutense. No conocemos a ninguno de quienes mantienen enhiesto el canon franquista que lo haya consultado. Hoy se quedaría con un palmo de narices. Falta la página con la referencia a la NKVD. Una casualidad. Se nos ha dicho que cuando un investigador ruso quiso consultar el despacho en los archivos moscovitas el legajo había sido declarado inaccesible. Otra casualidad.

4. La recomendación de la NKVD la puso en marcha Pedro Fernández Checa, secretario de Organización del PCE. Fueron militantes comunistas y anarco-sindicalistas quienes se encargaron de los aspectos operativos. Los primeros actuaron a través de los órganos de la DGS. Los segundos, que controlaban la periferia madrileña libre de asedio, aseguraron la realización. Fuera o no por igual, todos colaboraron en la liquidación de la presunta quinta columna excitados por las bravatas del general Mola acerca del potencial de sus partidarios en la capital.

5. Las primeras “sacas” se examinaron en una de las periódicas reuniones de la Junta de Defensa de Madrid. Ninguno de sus componentes pudo alegar desconocimiento sobre lo ocurrido. Dado que la presidía el general Miaja, sería difícil exonerarle de responsabilidad. También a los demás componentes. Uno de ellos, el consejero de Orden Público, Santiago Carrillo, recibió instrucciones que no se transcribieron. Como otros jóvenes socialistas, acababa de solicitar el ingreso en el PCE. Las “sacas” se paralizaron por intervención del anarquista Melchor Rodríguez. Volvieron a reanudarse después de que este quedara desautorizado por el ministro de Justicia, el expistolero cenetista García Oliver.

6. La supervisión quedó en manos no de la DGS, relegada como brazo ejecutor, sino del miembro más prominente del Buró Político que permaneció en Madrid: Fernández Checa. Uno de los policías, Ramón Torrecilla Guijarro, declaró posteriormente que solía informar a Organización sobre cómo iba la operación. Esto respondía estrictamente al modus operandi comunista. El secretario de Organización era, en los diferentes partidos comunistas nacionales, el enlace con los servicios de inteligencia soviéticos. Lógico. En la concepción comunista de la lucha contra la reacción, la NKVD era al partido lo que el partido era a las masas: su vanguardia.

7. Fernández Checa era también el responsable de una sección consustancial a toda organización de corte leninista: el aparato secreto o ilegal, compuesto de “cuadros especiales” que se activaban según el contexto en que se desenvolviera el partido. Uno de los consejeros militares en España, Mansurov (Xanti), rememoró haber trabajado con él en la capacitación de tales cuadros. Algunos se formaron in situ; otros, como Santiago Álvarez Santiago (participante en las reuniones del consejo de la DGS en noviembre de 1936 y uno de quienes engranaban con los delegados en las prisiones para seleccionar a los presos que irían camino del matadero), se instruyeron en la sección especial político-militar de la Escuela Leninista de Moscú o en su seminario político. Fue el caso de Isidoro Diégez (responsable del PC madrileño). También los de Lucio Santiago (jefe de las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia, movilizadas para las “sacas”), Andrés Urrésola (policía encargado de efectuarlas en Porlier), Agapito Escanilla (secretario del Radio Oeste del PC) o Torrecilla (miembro del consejo de la DGS y enlace con el Buró Político). El aparato se incrustó en la DGS mucho antes de noviembre. Todos se habían ya curtido en la eliminación de falangistas.

8. El nombre y doble papel de Fernández Checa no han aparecido, que sepamos, en los centenares de páginas vertidas sobre Paracuellos por los autores profranquistas. Pero su responsabilidad tanto en el chispazo inicial como en la supervisión y vigilancia de la operación es innegable. La dualidad de cadenas de mando nunca existió para quienes la ejecutaron: su lealtad no la debían a la Junta de Defensa sino exclusivamente al partido, vanguardia consciente de la lucha antifascista. El operativo fue netamente comunista. Los anarquistas más bien auxiliares.

9. Tanto desde el punto de vista profranquista, como después para autores en busca de notoriedad, siempre fue más “productivo” centrar la atribución de responsabilidades en Santiago Carrillo. Fernández Checa murió en México en 1940. La mayoría de los “cuadros especiales” fueron ejecutados en España en 1941-42. Todos quedaron amortizados como elemento arrojadizo de la publicística antirepublicana. Sorprende un tanto la absolución otorgada a Miaja. Sin duda no cabía extraer mucho capital propagandístico poniéndole en solfa. No ocurre lo mismo con Carrillo, hasta el punto de desfigurar arteramente hace poco tiempo las referencias que a él hizo Felix Schlayer, cónsul honorario de Noruega y súbdito alemán que publicó sus memorias durante el cálido régimen del maestro Goebbels. Curioso es también que el número de citas a Carrillo sea más abundante en las glosas posteriores de la Causa General que en la propia documentación del procedimiento. No tuvo un expediente propio hasta su promoción como ministro en el gobierno Giral en el exilio en 1946. Un mero repaso a la hemeroteca digital de Abc llevará al lector a la conclusión de que su nombre aparece tanto más vinculado a Paracuellos cuanto más se aproximaba la transición. Una batalla del pasado que sigue librándose en tono presentista.

10. El énfasis que continúa poniéndose sobre Paracuellos cumple dos funciones esenciales. En primer lugar, sirve para epitomizar el “terror rojo”. Paracuellos aparece como norma en lugar de lo que realmente fue, una dramática excepción que continúa presentándose como algo de lo que fue responsable el Gobierno de la República. En segundo lugar, sirve de inmejorable tapadera para ocultar la represión franquista, mucho más sangrienta y duradera. Los “mini-Paracuellos” de que están esmaltadas las regiones en que triunfó la sublevación no cuentan. Su recuerdo hay que obliterarlo con humo e incienso.

Es molesto leer, particularmente en este periódico, cómo en las cunetas y fuera de los cementerios, a veces en modernas urbanizaciones, las “fosas del olvido” tienen la desagradable ocurrencia de emerger tan pronto se excava. España es en esto un caso único, y auténticamente vergonzoso, en la Europa occidental. Paracuellos se ha convertido en la contraseña taumatúrgica para oscurecer, de forma pavloviana, un terror mucho más brutal.

Fernando Hernández Sánchez, José Luis Ledesma, Paul Preston y Ángel Viñas son contribuidores en la obra En el combate por la historia (Pasado y presente, 2012).

El problema del alquiler en España

Javier Marías ha escrito en El País Semanal un artículo titulado ‘Con los pies’ que trata sobre los problemas que plantea el alquiler en España, contrastándolo con la obsesión que se tiene por tener una vivienda en propiedad. Pues a partir de ahora, las condiciones de la nueva ley del gobierno (propuesta por el Ministerio de Fomento a través de su titular Ana Pastor), empeorarán la ya nefasta situación del alquiler en el país. Como bien dice el autor, este gobierno va de ‘desmán en despropósito y de despropósito en tropelía, y son ya tantos que muchos pasan inadvertidos y se quedan sin respuesta.’

Aquí os dejo reflexiones interesantes del texto de Javier Marías:

‘La obsesión por la compra del piso es propia de país atrasado y supersticioso. Menos del 20% de los españoles viven en alquiler mientras que en Francia, Gran Bretaña o Alemania el porcentaje ronda o supera el 50%, si no estoy mal informado.’

‘con esta nueva ley bastará con que el inquilino se retrase diez días en el pago de una mensualidad para que la justicia apruebe su desahucio’

‘Otra alentadora medida de Pastor es que ‘tanto inquilino como arrendatario podrán pactar de mutuo acuerdo la actualización de las rentas, en lugar de la revisión automática acorde a la inflación’.  

José Gallego cumpliendo la ley, un referente

Fuente: diario EL PAÍS

Natalia Junquera | Madrid

La policía le pilló in fraganti. Subido a una escalera que él mismo había llevado y con el bote de spray todavía en la mano. José Gallego, de 72 años, bajó y trató de explicarle al agente que no era un gamberro haciendo una pintada; que estaba tachando las placas franquistas que nadie había quitado de la iglesia de su pueblo, Aspe (Alicante). “El policía me dijo que lo que estaba haciendo era ilegal y yo le dije que ilegal era dejarlo como estaba porque la ley de Memoria Histórica obliga a retirar todos los símbolos franquistas”, explica. José Gallego está ahora imputado por un delito contra el patrimonio histórico y cultural.

La de las placas de la iglesia no era su primera acción. Cuenta con orgullo que también tachó la placa del general Moscardó de un colegio. “Lo hice porque me cansé de esperar. En julio de 2009 le pedí a la entonces alcaldesa, Nieves Martínez, del PP, que retirara los símbolos franquistas. Me contestó diciendo que desconocía que en el municipio los hubiera. Yo se los señalé y entonces dijo que los iba a quitar, pero pasó la legislatura y no hizo nada. Después empezaron a gobernar juntos PSOE e IU y tampoco hicieron nada. Hasta que me cansé”.

Ahora asegura que no se arrepiente, pero lo está pasando mal. Se enfrenta a una pena de uno a tres años de cárcel y quizá tenga que pagar los daños, ya que el juzgado de Novelda ha encargado un informe al respecto a un perito. “Todo esto me ha alterado mucho. Tengo delicado el corazón, no duermo. Voy por la calle y unos me gritan: ‘¡Ole tus cojones!’ y otros ‘¡Rojo!’. El pueblo está revolucionado por esto. Yo no soy ni un héroe ni un justiciero. Toda mi vida he sido un hombre discreto, un tanto gris. Pero me alegro de haber hecho lo que he hecho. Creo que he sentado un precedente. Me gustaría que otra gente en otros sitios hiciera lo mismo. Yo lo que pretendía era poner al Ayuntamiento entre la espada y la pared para que retirara de una vez los símbolos”.

José Gallego, mecánico jubilado, no tiene represaliados por el franquismo en su familia, pero cuenta que durante la dictadura le detuvieron varias veces por participar en manifestaciones contra el régimen. Es afiliado al PSOE desde 1974. “Me siento un poco traicionado. No entiendo que ahora el alcalde socialista no aplique una ley que aprobó el Gobierno socialista. Creo que le tienen miedo a la Iglesia. Yo respeté la cruz que rodeaba las placas porque no quería herir ningún sentimiento religioso. Pero esto, 36 años después de la muerte de Franco, no puede ser. Tú vas a Alemania y no hay ningún símbolo de Hitler. España está llena. ¿Por qué esa resistencia?”. Está muy preocupado por lo que le pueda pasar, pero el peor escenario que contempla es que le hagan borrar sus pintadas. “Eso sí que no lo voy a hacer. Antes prefiero ir a la cárcel”.

Vídeo del héroe de Aspe:

José Gallego, el héroe de la democracia española

 

En justicia, el desprestigio viene de arriba

Fuente: diario EL PAÍS | José Juan Toharia

El mal principal que aqueja a la Administración de Justicia es el amplio descrédito social que algunas malandanzas recientes de sus más altas instancias parecen haberle granjeado. Cuando una institución carece (o da la impresión de carecer) de un liderazgo confiable, ejemplificador y eficiente, su imagen pública se desploma, con independencia de cual sea la forma en que, en conjunto, esté desempeñando realmente sus funciones. Y eso es lo que a lo largo del curso recién concluido ha ocurrido con nuestra Justicia. O, en todo caso, así es como lo percibe la ciudadanía y por ello, al hacer balance de situación, una mayoría absoluta (69%) dictamina que la Justicia en nuestro país funciona mal. Este porcentaje resulta ser, con diferencia, el más elevado de los últimos 25 años: en 1987 daba esta misma respuesta un 28%; en 1992, un 38%; en 2000, un 46% y en 2005, un 44%. Sencillamente, para el ciudadano medio nuestro sistema judicial no solo no habría ido mejorando, sino que estaría yendo progresiva y aceleradamente a peor.

Fuente: Metroscopia. / EL PAÍS

No puede realmente decirse que estemos asistiendo a un colapso sin precedentes de nuestro sistema judicial, ya que no parece que la causa de esta actual masiva sensación de que «la Justicia funciona mal» deba buscarse en el quehacer cotidiano de nuestros casi 5.000 jueces. Con esta afirmación la ciudadanía estaría en realidad tratando de expresar (incurriendo en la sinécdoque -tan habitual cuando de la Justicia se trata- de confundir la parte con el todo) un intenso desagrado por comportamientos achacables en exclusiva a las máximas instancias judiciales, pero que destiñen sobre el entramado judicial todo. Los datos de opinión disponibles apuntan con claridad en este sentido. Entre el total de 35 instituciones y grupos sociales sometidos a evaluación ciudadana en el último Barómetro de Confianza Institucional de Metroscopia, los jueces obtienen un saldo evaluativo levemente negativo (es decir, quienes desaprueban el modo en que desempeñan sus funciones superan en 6 puntos a quienes lo aprueban), y quedan situados en la zona media de la tabla: un lugar si se quiere mediocre, pero no catastrófico. En cambio, la evaluación ciudadana del entramado jurisdiccional en su conjunto arroja ya un importante saldo crítico (24 puntos negativos), que se amplía en el caso del Tribunal Constitucional (que presenta un saldo de menos 37 puntos) y, sobre todo, en el del Tribunal Supremo (que registra un saldo negativo de menos 47 puntos y queda situado al final ya de la tabla, muy por debajo de los jueces). Además, en un sondeo también muy reciente de Metroscopia, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son señalados con idéntica intensidad y por la misma amplia proporción de españoles (tres de cada cuatro) como los directos culpables de lo que se considera un funcionamiento inadecuado de la Justicia.

De estas dos instituciones que son las que en definitiva encarnan y simbolizan en el imaginario colectivo a la Justicia, la de mayor solera, el Tribunal Supremo, tiene ahora una imagen pública particularmente dañada. De entrada esto puede sorprender dado que precisamente en estos últimos tiempos ha logrado ir quebrando su tópica fama de lentitud y parsimonia tras aumentar de forma significativa su eficacia resolutoria. Pero es que la más que probable causa de su descrédito se encuentra en otro lado, en algo aún no del todo olvidado: el caso Garzón. Porque -recuérdese-un 61% de los españoles concluyó que la condena a 11 años de inhabilitación fue por de una persecución personal. Eso dio lugar a que un 62% dijera que, tras este asunto, su opinión sobre el más alto tribunal había empeorado (solo mejoró para un 13%). Conviene advertir que la evaluación pública de la trayectoria del juez Garzón era y es claramente controvertida: son tantos los españoles que dicen haber estado, en general, de acuerdo, con sus actuaciones como los que dicen haber estado usualmente en desacuerdo con ellas (en torno al 40% en ambos casos). La negativa evaluación ciudadana de dicha sentencia condenatoria no puede así ser atribuida sin más a un impulso de generalizada simpatía popular hacia el condenado; más bien parece reflejar algo muy preocupante: la mayoritaria sensación ciudadana de haber asistido más a un ajuste personal de cuentas (perpetrado además por nuestra más alta instancia judicial) que a un acto de justicia desapasionado y objetivo.

En cuanto al Consejo General del Poder Judicial, lleva meses varado en un profundo descrédito social. El el 73% de los españoles cree que este órgano, constitucionalmente encargado de gestionar de forma independiente y objetiva la carrera profesional de los jueces, ha decidido en la práctica los nombramientos de cargos judiciales por criterios ideológicos o por puro amiguismo. Cuesta imaginar una descalificación de un órgano estatal más deletérea. Se entiende así que una similar mayoría absoluta ciudadana (el 72%) concluya que la forma en que está organizada la gestión de nuestra Justicia necesita una reforma urgente y profunda. Por añadidura, el triste estrambote que a la actual etapa del CGPJ ha supuesto el caso Dívar no ha contribuido precisamente a desembarrancar su pésima imagen pública.

En espera del urgente remedio para la carencia de crédito social de los dos pilares institucionales de la Justicia (su órgano de gobierno y su máximo tribunal), resulta llamativo constatar que los españoles sigan percibiendo luz al final del túnel. Ocurre algo admirable: ahora, y al igual que en los últimos veinte años, dos de cada tres españoles siguen pensando que con todos sus defectos, insuficiencias e imperfecciones la Justicia representa la instancia última que garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos. Sin duda, un claro reconocimiento a la labor cotidiana, con sus altibajos, de los cinco millares de jueces que son los que, aunque in extremis, salvan la cara a la Justicia. ¡Qué no pensaría de esta la ciudadanía si percibiera que quienes la simbolizan, representan y gestionan lo hacen con celo desinteresado, con independencia y con altura de miras!

El joven poder chino en España

Fuente: diario EL PAÍS | Luis Gómez

La comunidad china en España se ha multiplicado por seis en una década. Y entra en juego una nueva generación más poderosa e influyente que el tradicional dueño de una tienda.

Hacer un reportaje en agosto sobre la comunidad china en España no representa ningún problema: los chinos no toman vacaciones. Y así es, salvo muy contadas excepciones. La facturación de la empresa Don Pin es un fiel termómetro de ello: ingresa lo mismo en agosto que en cualquier otro mes del año. El dato no es despreciable teniendo en cuenta que Don Pin distribuye las mercaderías a 4.300 establecimientos de alimentación, mejor conocidos como tiendas de chinos, factura 50 millones de euros y crece casi al 20% en plena crisis. Si un estereotipo se cumple (los chinos no descansan en verano), la mayoría de las leyendas que rodean a la comunidad china en España se están quedando anticuadas. El chino laborioso, pacífico y temeroso que apenas habla castellano y vive en un entorno cerrado ha dado paso a una nueva generación que representa a un gigante económico. Los chinos de hoy son doblemente poderosos. Tienen dinero. E influencia. Y la utilizan. Son los ojos y los oídos de China en España.

La nueva generación pisa el terreno con seguridad, como lo hace Maodong Chen, uno de los propietarios de Don Pin, un joven de 32 años que llegó con 18 a España y convirtió un negocio minorista en otro mayorista. Maodong es, sobre todo, un chino sin complejos: habla sin tapujos y hace uso de un tremendo sentido del humor. Tanto es así que empieza a ser asiduo conferenciante en escuelas de negocio. Hace unos meses, en la sede del IESE en Madrid, ante ejecutivos de multinacionales, Maodong no pasó inadvertido. Supo provocar la atención. Primero, cuando afirmó que no quiere clientes españoles en su negocio. “Los españoles no pagan”, dijo, “no los quiero en mi negocio. Me quedo con los chinos, que son serios”. En otro momento ofreció algunas imágenes de lo que no debe hacer un chino en España: por ejemplo, vender un balón azulgrana con el escudo del Real Madrid. Así de rotundo es este nuevo empresario.

Su empresa no es un reducto chino. “Pongo en contacto a proveedores españoles con clientes chinos”, asegura. En Don Pin, el 60% de los trabajadores son españoles. Maodong trabaja para crear equipos que le permitan diversificar su negocio y expandirse. Su energía es contagiosa. Responde cualquier pregunta y no está dispuesto a perder el tiempo en ser políticamente correcto, actitud que echa por tierra el cliché del chino temeroso. Reconoce que las dos cosas que más le gustan a sus compatriotas son, además de trabajar, los artículos de lujo y el juego. Y reconoce más cosas.

Por ejemplo, cuando afirma que una de las actuales preocupaciones de muchos empresarios chinos de su generación, gente con alta capacidad adquisitiva, es la educación de sus hijos en España. “No queremos que nuestros hijos se conviertan en señoritos españoles”, sostiene con una sonrisa oriental. “Y estamos muy preocupados. Aquí no se desarrolla la cultura del trabajo y del esfuerzo”. Es crítico con la sanidad española (“He tenido que ir a China para arreglarme un problema de la rodilla”) y con las asociaciones chinas que pululan por España: “El chino es individualista y desconfiado. Muchos montan asociaciones para sus intereses. A mí me gusta tener amigos pero no hacer política. Soy un hombre de negocios, no un pijo”.

No es fácil que Maodong acepte entrevistas, pero va camino de convertirse en una voz autorizada del empresariado chino en España. A su éxito profesional se une su buena acogida en escuelas de negocio. Su estilo encaja con el de Juan Roig, propietario de Mercadona, el empresario que ha recomendado a los españoles trabajar como chinos y que tiene su escuela de empresarios (EDEM), donde se imparte un máster denominado 15 por 15 (15 empresarios para 15 alumnos). No sería extraño que algún día Maodong sea profesor. Pero que nadie se equivoque: tiene la humildad como para intentar durante un año que le acepten matricularse en un máster sobre finanzas. ¿Haría algo parecido un empresario español con éxito?

Maodong es de la misma generación que la abogada Lidan Qi, de 34 años, fundadora de un despacho en Barcelona junto a su hermana Lilin Qi, que es economista. Ambas se dedican a la consultoría tanto para las empresas españolas como para las multinacionales chinas, tanto públicas como privadas, que quieren conocer España. Lidan Qi lleva 22 años en España y sabe lo que es trabajar en el negocio familiar. Han progresado con su trabajo. Crearon una incubadora de 40 empresas en Badalona. Poseen un centro comercial. Lidan Qi se expresa en un perfecto castellano, sin casi rastro de acento oriental: “La imagen de España no es positiva”. Lo dice con tranquilidad, conocedora de los intereses de las grandes empresas chinas, para quienes no somos lo mejor de Europa.

Lidan Qi reconoce el problema generacional: “La emigración china en España es joven, pero ya estamos conociendo a la tercera generación. Mis sobrinos se sienten catalanes. Los jóvenes no quieren vivir como sus padres. Quieren vivir como españoles. Y asistimos a la lucha de los padres para que los hijos no se olviden de sus raíces. Hay un fenómeno hoy en día: el de empresarios que mandan a sus hijos a estudiar a China”.

Estos problemas son consecuencia de un colectivo que está en pleno crecimiento. En una década, la comunidad china en España se ha multiplicado por seis, un crecimiento superior a la media de otras nacionalidades, que se multiplicó por cuatro. Y su perfil ha cambiado: aunque un 70% procede de una misma región (Qingtian y Wenzhou), están comenzando a entrar profesionales procedentes de otras regiones y estudiantes (se calcula que habrá unos 6.000 haciendo cursos en las universidades españolas). De su carácter emprendedor no hay duda alguna: en los últimos tres años, el número de autónomos entre los chinos ha crecido el 55,9% para convertirse en la comunidad extranjera con más autónomos de España. Parte de su secreto, además del trabajo, reside en los préstamos entre familiares y amigos. “Hay un proverbio que dice: ‘Tú me das una gota de agua y yo te devuelvo una fuente”, explica Lidan Qi. “Es un código de honor: el dinero se presta sin interés y sin papeles”.

En una década, los chinos se han hecho mucho más visibles. Y su perfil se está modificando. “Hay nuevas generaciones”, explica el experto Joaquín Beltrán, de la Universidad Autónoma de Barcelona: “El 23% son menores de 15 años y están escolarizados, y el 13% de los 178.000 chinos censados ha nacido en España”. “En el tema de la segunda generación”, apunta la experta Gladys Nieto, de la Autónoma de Madrid, “se suele dar por sentado que están integrados, hablan bien español, conocen sus derechos y han completado la movilidad social respecto a sus padres. Tengo mis dudas de que este sea el cuadro general de los jóvenes chinos en España. Tenemos muy poca investigación sobre estos sectores, y lo que se detecta en otros países como Italia o Inglaterra es que muchos de estos chavales viven en un aislamiento que los vincula a los negocios de sus padres, sin posibilidad de salir de tales proyectos”.

Pero si el problema generacional interesa a los expertos, es su potencial económico lo que empieza a saltar a la vista. Los chinos ya no son solo los tenderos. Ahora están entre los mejores clientes.

Ejemplos los hay de todo tipo. Bankia organizó un “microevento” para 20 ciudadanos chinos el pasado 12 de julio, consistente en poner a su disposición una selección de activos inmobiliarios del banco. “Fue una primera experiencia”, afirmó un portavoz de Bankia, “porque los chinos tienen nuestra cultura: no les interesa el alquiler”. Una empleada china hizo la presentación. De la misma manera, El Corte Inglés ha contratado vendedores chinos para sus tiendas de artículos de lujo y se tiene noticia de una constructora que ofrece en Fuenlabrada 22 viviendas unifamiliares siguiendo el estilo feng shui. Es decir, especiales para chinos. Del éxito de esta iniciativa este periódico no pudo obtener información: la empresa es española y cerró en agosto por vacaciones.

Y a finales de noviembre se inaugurará en Madrid el flamante edificio Fénix. Será un centro comercial exclusivo para chinos, con supermercado, agencia de viajes, karaoke y sala de juegos. La fachada es de color dorado. Es el color predilecto de los chinos, un colectivo que no es homogéneo. Puede que su poder adquisitivo sea elevado, pero se aprecia una brecha social entre los empresarios de la primera hornada y los profesionales de la segunda generación. Aquellos abrieron camino. Los nuevos dominan.

Ese es el caso de Margaret Chen, algo así como la primera dama china en España. Se mueve en cualquier terreno con elegancia y no elude ningún tema de conversación, pese a que constantemente matiza que no habla en nombre de Telefónica, donde trabaja como uno de los principales ejecutivos de la compañía. Margaret es la viva encarnación de la generación china que ha asombrado al mundo: ingeniera informática formada en una de las mejores universidades de Estados Unidos. Debe su estancia en España al simple hecho de haberse casado con un español. De lo contrario, estaría en cualquier otra parte del mundo.

Cuando llegó a España, se quedó embarazada y montó una consultora, que terminó colaborando con Telefónica hace 16 años. “En 2004, Telefónica quería entrar en China”, recuerda, “y no sabían que tenían un chino en su empresa. Querían buscar un traductor de confianza. Alguien les avisó y me lo propusieron: ‘No quiero ser traductor, soy ingeniero”, les respondí, ‘porque en China un traductor es como un miembro del servicio. Si queréis uno, os lo busco’. Luego me dijeron que era para acompañar a Alierta [presidente de Telefónica]. ‘Bueno, si es ir con él, le acompaño’. Fue muy gracioso”.

Su discurso es tranquilo, su castellano casi perfecto, se expresa con una naturalidad pasmosa como si todos los argumentos cayeran por efecto de la ley de la gravedad. Habla de España con la expresión con la que uno se refiere a un pobre enfermo al que respeta: nuestra imagen no es buena. En síntesis: no hemos hecho las cosas bien, seguimos sin aprender, quieren ayudarnos, les caemos simpáticos, pero debemos trabajar mejor. Ese es su mensaje.

“En cuatro o cinco años esto ha cambiado”, explica Margaret. “Aquí la emigración china se ha hecho con gente que venía a la aventura, casi todos procedentes del mismo pueblo, gente que no tenía nada que perder. Gente que no habla español, pero tampoco mandarín, pero que son muy fieles entre ellos. No estaban integrados en la sociedad. Mi mundo es distinto”.

El mundo de Margaret es el de las relaciones. El del poder y la influencia. Por ello preside la asociación China Club Spain, que pretende relacionar a directivos chinos y españoles. “China ve a España como socio”, explica, “posiblemente seamos ahora más amigos que Francia, porque Sarkozy no nos trató bien. Pero la relación es frágil. Francia recuperaría el terreno rápidamente porque es mucha su penetración en China”.

La posición de España no es buena. Tampoco su imagen. Un occidental eludiría esta crítica, pero Margaret, no. Es otra forma de diplomacia: “Puede que exista una prepotencia mutua”, explica, “pero los chinos piensan que España está atrasada. Hace 15 años apenas se la conocía por el fútbol. Y ellos son líderes. El chino no dedica mucho tiempo para saber lo que está pasando en el mundo. Es como el americano”.

Margaret habla de España como un alumno que debe progresar. “El turismo”, dice, “España no ha hecho nada. Un turista chino gasta entre 3.000 y 4.000 euros por cabeza en cada viaje. El año pasado hubo 50 millones de turistas chinos, este año habrá 70. ¿No ha sido España capaz de capturar un millón? Los circuitos que se hacen por Europa visitan varios países excepto España. Y eso, entre otras cosas, por problemas de seguridad. En un viaje le dieron una paliza a un gobernador. Pasaba lo mismo con los japoneses, que ahora viajan con su propia seguridad”.

España va con retraso. Porque necesitamos que vengan más chinos. Lo reconocen expertos españoles, entre los que está el profesor Pedro Nueno, del IESE. Necesitamos turistas. Necesitamos ejecutivos. No hay vuelos diarios con Pekín y Shanghái. Se ha abusado de la promoción cutre de algunas autonomías, sin darse cuenta de que los chinos no distinguen entre Asturias o Cataluña. No hay una estrategia nacional. Se falla en pequeños detalles. “Aquí les ponemos todas las trabas del mundo para darles un visado de entrada”, dice otro experto.

China ha cambiado. Pero ha cambiado también dentro de España. Ya no es una minoría anecdótica. Es poderosa. En algún caso, selectiva. Y, desde luego, cada vez más influyente.

El último dictador de Europa: Alexandr Lukashenko

Fuente: diario EL PAÍS | Pilar Bonet

Sonríe despectivamente cuando escucha su título de último dictador de Europa. Alexandr Lukashenko, un antiguo dirigente agrícola en la URSS, se mantiene en el poder desde hace 18 años gracias a elecciones amañadas y rivales desaparecidos. Mientras el tirano piensa en formar una dinastía, el 54% de la población sueña con marcharse del país.

Si Alexandr Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, dirigiera algún país centroasiático, su imagen contrastaría de modo positivo con sátrapas locales, como el uzbeko Islam Karímov, y muy posiblemente sería considerado un interlocutor regional privilegiado por la Unión Europea y Estados Unidos. Sin embargo, este mandatario, en el poder desde 1994, no está en Asia Central, sino en Centroeuropa, y esta circunstancia geográfica, política y cultural condena al demagógico personaje de afilada lengua y primitivas ideas a ser una nota discordante en el continente.

Fuente: http://www.rebelion.org/imagenes/28344_1.png

Centenares de osos de peluche lanzados en paracaídas sobre Minsk a principios de julio han puesto de actualidad a Lukashenko, que, a resultas del incidente, ha destituido al jefe del Comité Estatal de los Guardafronteras y al general responsable de las fuerzas aéreas y las defensas antiaéreas. La gesta protagonizada por una avioneta ligera sueca, que burló el espacio aéreo bielorruso, ha provocado la expulsión del embajador de Suecia en Minsk y el encarcelamiento del periodista que alertó sobre la “invasión”. Otros reporteros, que se fotografiaron con peluches en solidaridad con sus colegas, han sido hostigados por la policía.

El líder bielorruso tiene poco sentido del humor cuando de su persona se trata, pero esboza una sonrisa despreciativa cuando le llaman el “último dictador de Europa”. Hijo de una campesina, Lukashenko se crio sin padre en la provincia oriental de Mogilev. Estudió historia y también economía en la Academia de Agricultura, fue miembro del Partido Comunista de la URSS y en 1987 llegó a ser director de un sovjós (explotación agrícola colectiva). Simultáneamente hizo carrera como diputado en el Sóviet Supremo de Bielorrusia (Parlamento), donde cobró fama de luchador contra la corrupción. Desbordados por las turbulencias históricas, los bielorrusos le eligieron presidente con más del 80% de los votos en 1994.

En los 18 años transcurridos, el astuto líder se libró primero del Parlamento democráticamente electo, en 1996, y consolidó su poder con una fórmula que combinaba la protección social, el orden y la retórica soviética de “fortaleza acosada” aplicada a escala bielorrusa. Varios políticos que podían haberle hecho sombra, entre ellos el exministro del Interior Yuri Zajarenko y el exvicepresidente del Parlamento Victor Gonchar, desaparecieron en misteriosas condiciones en 1999.

El apoyo del que gozó Lukashenko se ha ido diluyendo con el tiempo. Han crecido jóvenes que se han visto obligados a estudiar en Lituania o en Polonia y que comparten los valores de sus vecinos europeos. Esta juventud ve a Lukashenko como una figura anacrónica y colérica, anclado en la mentalidad de dirigente agrícola soviético. Según recientes encuestas, casi el 54% de los bielorrusos quieren irse a trabajar o a estudiar al extranjero, y más del 41%, para siempre.

Excepto en 1994, las elecciones en las que Lukashenko ha sido reelegido presidente han estado plagadas de irregularidades. Tras las últimas, en diciembre de 2010, el líder metió en la cárcel a siete de sus nueve contrincantes y a numerosos miembros de la oposición. Este año, desoyendo todas las peticiones que le hicieron, Lukashenko ha firmado dos sentencias de muerte que han sido aplicadas tras un apresurado proceso por el atentado en el metro de Minsk en 2011.

El poder de Lukashenko se ha basado en varios pilares: uno de ellos es la lealtad de los siloviki (miembros de los ministerios con fuerzas armadas), que es asegurada por su hijo Víctor, el controlador y coordinador de los cuerpos de seguridad, la policía y el Ejército. Estos siloviki tienen sueldos y condiciones privilegiadas en relación con otros sectores de la sociedad. Otro pilar es la precariedad organizativa de la oposición, lastrada por personalismos, falta de estrategia común y de una figura capaz de unir a todos sus integrantes. En la oposición están hoy muchos de los que ayudaron a Lukashenko a encumbrarse o trabajaron con él en los primeros años de su presidencia. Sin embargo, el verdadero héroe de Bielorrusia, según el periodista exiliado Pavel Sheremet, son los “chicos y chicas” que “salen a las barricadas”.

Fuente: http://humanrightshouse.org/files/thumbnails/7390-pavel-sheremet-200×203.jpg

La supervivencia de Lukashenko se debe en gran parte al apoyo que le presta Rusia, su principal aliado militar y económico, que actúa en nombre de sus propios intereses geoestratégicos en Europa. Lukashenko es un aliado incómodo, que se resiste a perder el trato de favor que le ha dispensado Rusia. Pero al Kremlin parece no importarle ya que el bielorruso (cuando quiere algo para la “pobre Bielorrusia”) desbarre y llegue incluso a insultar a los dirigentes rusos, siempre y cuando cumpla con sus compromisos en el marco de la Unión Aduanera (Rusia, Bielorrusia y Kazajistán) y en el marco de su alianza militar con Moscú.

Rusia vendió caro su apoyo a Lukashenko en vísperas de las elecciones presidenciales de 2010. En la cadena televisiva NTV (perteneciente a Gazprom, el monopolio exportador de gas) se emitió una serie de reportajes que presentaba al bielorruso como un pérfido y desequilibrado dictador implicado en las desapariciones de políticos que le hicieron sombra. Dmitri Medvédev, a la sazón presidente de Rusia, llegó a decir que Lukashenko iba más allá de la “más elemental decencia humana”. Con aquella campaña de intimidación, Moscú logró disminuir sus subvenciones de miles de millones de dólares a un régimen sostenido gracias a la reventa de derivados de los hidrocarburos rusos.

Sobre el papel, Bielorrusia y Rusia construyen un Estado común, pero el proyecto está estancado. A cambio de financiar a Lukashenko, Rusia se ha ido apoderando de las propiedades más suculentas de Bielorrusia. Gazprom controla Beltransgaz y, con ello, la red de transporte de combustible por territorio bielorruso. A Bielorrusia le quedan la empresa de abonos Belaruskali, dos refinerías y varias compañías de Defensa, según el economista Konstantín Símonov. Pero Lukashenko burla los acuerdos de aranceles con Moscú con “fórmulas imaginativas” como la rentable exportación de disolventes a partir de los hidrocarburos rusos.

Lukashenko supo aprovechar hábilmente las contradicciones y rivalidades del Este y el Oeste para obtener el máximo beneficio de ambos. Pero su margen de maniobra es cada vez más reducido, a medida que se ve forzado a entregar a Rusia el control de los activos económicos más suculentos. Tras la represión posterior a las elecciones presidenciales de 2010, la UE le ha dado la espalda y le ha incluido a él y a decenas de funcionarios y empresas vinculadas con el régimen en una lista negra. Esto aparentemente ha impedido a Lukashenko acudir a los Juegos Olímpicos en Londres tal como deseaba. Amigo del venezolano Hugo Chávez y de los dirigentes de Irán, China y los países postsoviéticos, Lukashenko aparenta ser indiferente al veto de Occidente. Si lo fuera, no contrataría, como hace, a expertos en relaciones públicas para que mejoren su imagen.

Las próximas elecciones presidenciales en Bielorrusia son en 2015. Lukashenko espera ganarlas. Más aún, parece acariciar la idea de una dinastía, personalizada en su inseparable hijo menor, Kolia, de siete años. La madre de Kolia, que no aparece nunca en público, fue la médica personal de Lukashenko, según informaciones no confirmadas por el régimen. Oficialmente, el presidente sigue casado con Galina, que vive apartada en provincias y que es la madre de sus dos hijos mayores, Víctor y Dmitri, este último responsable de las loterías. Puede que Kolia sea la esperanza de su padre, pero ese niño con pistola al cinto, que estudia en casa por no adaptarse a la escuela, más bien augura problemas.

 

El Schindler portugués

Fuente: diario EL PAÍS | Antonio Jiménez Barca

Corría junio de 1940. Los alemanes habían ocupado París el 14 de ese mes tras arrollar a las tropas francesas, provocando a la vez un éxodo de miedo y turbación en toda Europa. Las carreteras galas que apuntaban al sur se llenaron de desesperados que trataban de huir del terror nazi. En Burdeos confluyeron miles de desplazados en busca de una salida a la ratonera mortal en la que se estaba convirtiendo esa parte del mundo. Un portugués miraba las calles atestadas de miserables desde su ventana. Lo que vio —lo que supuso que le iba a pasar a esa gente— le desató una crisis ético-depresiva que le ató a la cama dos días y de la que despertó convertido en un héroe. Se llamaba Aristides de Sousa Mendes, era cónsul de Portugal en Burdeos y salvó a 30.000 personas, entre ellos 10.000 judíos, al expedir visados a mansalva y sin permiso que se convirtieron en salvoconductos hacia la vida. Posteriormente fue expulsado del cuerpo diplomático portugués y murió en la miseria y en el olvido. Sus hijos tuvieron que emigrar, y sus nietos, ya sesentones, se esfuerzan ahora por rehabilitar en Portugal y en el resto del mundo la figura del abuelo. Ahora, una película luso-española, El cónsul de Burdeos, que se ha estrenado ya en algunos festivales y que en otoño llegará a las salas portuguesas, recuerda la vida de esta suerte de Schindler portugués.

Aristides de Sousa Mendes nació en julio de 1885 en Cabanas de Viriato, un pequeño pueblo del centro del país, en el seno de una acomodada familia católica de la aristocracia portuguesa. Junto a su hermano gemelo, César (que llegó a ser ministro de Asuntos Exteriores), estudió derecho y se enroló en la carrera diplomática. Fue cónsul en Tanzania, San Francisco y Vigo, entre otros destinos, antes de llegar a Burdeos. Se casó en 1908 con una prima, representante también de las buenas familias lusas de la época, y tuvo con ella 14 hijos. Hasta junio de 1940, todo en la vida de Sousa Mendes discurrió como estaba previsto en un miembro de su clase social. Hasta la mañana de junio de 1940, con París ocupado, en que se agolparon debajo de la ventana de su consulado de Burdeos el aluvión de refugiados en busca de visado portugués.

El cónsul llegó a viajar hasta Hendaya para firmar visados en la calle. Unos 10.000 judíos escaparon con su ayuda

António de Oliveira Salazar, el hábil y astuto dictador portugués empeñado en mantener a su país en una neutralidad interesada, había sido claro al respecto: quedaba prohibido inmiscuirse, quedaba prohibido dar visados, quedaba prohibido intervenir.

Sin embargo, después de la citada crisis de conciencia y atormentado por las dudas morales sobre cómo proceder en ese tiempo convulso, Sousa Mendes bajó hasta el vestíbulo principal del edificio, reunió a su personal y les transmitió una orden terminante para la que no había vuelta atrás. El diplomático sabía mejor que nadie lo que significaba desobedecer a alguien como Salazar, que jamás olvidaba un desplante. Temió por su futuro y el de sus hijos. A pesar de eso, dijo:—Daremos visado a todo el que lo pida, sin importarnos de dónde venga, quién sea y la raza a la que pertenezca.

Durante dos días y sus noches, el consulado de Portugal en Burdeos se convirtió en una fábrica delirante de emitir pasaportes. Con ellos en el bolsillo, todo un ejército de atormentados partió, a través de España, hacia Lisboa, desde donde se desperdigó por el resto del mundo libre.

“Normalmente, los héroes van armados de una espada. Pero el último héroe portugués solo iba armado con su bolígrafo. Con él salvó a la gente”, recuerda José Mazeda, productor de la película.

Tras esos dos días frenéticos en los que, incluso, Sousa Mendes viajó hasta Hendaya (Francia) para firmar visados en la calle, la noticia de la pequeña rebelión del consulado francés llega a oídos del todopoderoso Salazar, que ordena invalidar los pasaportes con la firma de Sousa Mendes (afortunadamente, demasiado tarde), destituir de inmediato al infractor y obligarlo a regresar a Lisboa a toda prisa.

Aquí termina la película. Con la imagen de un hombre apartado de su trabajo, pero aún entero, seguro, consciente de que ha obrado bien. La vida de Sousa Mendes, sin embargo, continuó, para su desgracia.

A la izquierda, el nieto de Aristides de Sousa y el primo de este, junto al busto de su abuelo. / F. Seco

Salazar le despojó de su cargo, de su sueldo y de su salida profesional. Por medio de una artimaña legal, el cónsul de Burdeos fue obligado a jubilarse sin pensión. Sousa Mendes, por entonces de 54 años, regresó a su vieja casa solariega de Cabanas de Viriato, donde se recluyó a tratar de sobrevivir con los hijos que aún dependían de él. Dos de ellos, nacidos en EE UU cuando era cónsul en San Francisco, saltaron a Londres y se alistaron en el ejército estadounidense. Participaron en el desembarco de Normandía. El resto de la prole asistió al progresivo e irrecuperable declive económico de la familia.

“Fueron malvendiendo cosas: las tierras, el piano, los muebles. Un pariente mío encontró en una taberna algunas de las sillas que utilizaba la familia en el comedor de gala. Las compró. A mi abuelo solo le ayudó un fondo de caridad israelí que no daba mucho. Comía porque tenía una cuenta abierta en una tienda de alimentos donde le fiaban”, recuerda António de Sousa Mendes, nieto del excónsul. António, junto a su primo Álvaro de Sousa Mendes, también nieto de Aristides, son el alma de una fundación, Aristides de Sousa Mendes, dedicada a la memoria de su abuelo. En la sede, en un pequeño piso de la Alfama lisboeta atiborrado de carteles y fotos de su antepasado ilustre, los dos primos señalan que el primer objetivo de su asociación es el de rehabilitar la casa señorial en la que nació y murió Aristides, ahora casi derruida por los efectos del paso del tiempo y la dejadez. La historia reciente de la mansión, relatada por Álvaro, también es significativa y resume bien todo el recorrido del diplomático: “A la muerte de mi abuelo, se presentó en el juzgado el dueño de la tienda de alimentos con la hoja donde llevaba anotadas todas las cantidades que le adeudaba nuestra familia. Así que la casa se subastó, y se la quedó el tendero, dejando a los Sousa Mendes sin nada. Los hijos emigraron, a África, a EE UU, a Lisboa… En 2001, la memoria de mi abuelo fue rehabilitada, y también su estatus. Y nos pagaron los meses de sueldo o de pensión que Salazar le quitó. Con ese dinero, la fundación adquirió la casa en ruinas. Ahora queremos convertirla en museo. Sabemos que es difícil, porque el país está como está, pero no vamos a dejar de intentarlo”.

La dictadura portuguesa le despojó del cargo y le jubiló sin pensión. A su muerte, el tendero que le fiaba se quedó con la casa.

Gallardón, deja a las mujeres en paz, no eres la iglesia

Fuente: diario EL PAÍS

Vera Gutiérrez Calvo | Madrid

Las declaraciones públicas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, han hecho pensar a muchos que prepara la ley del aborto más restrictiva de la democracia. Las declaraciones privadas de los responsables del ministerio que están ultimando el borrador auguran, por el contrario, una ley que podría estar entre las menos restrictivas de Europa. Las claves para resolver esta contradicción están escondidas en lo que se dice, y en lo que no.

Manifestación frente al Congreso contra la reforma de la ley

Lo primero que Gallardón ha dicho es que el feto volverá a tener derechos durante todo el embarazo —porque eso es, sostiene, lo que el Tribunal Constitucional dictó en 1985: que tanto la madre como el feto los tienen—. “Son dos sujetos con derechos; si esos derechos entran en colisión, hay que determinar qué sucede. Pero lo que no se puede es eliminar el derecho de uno de los dos”, afirma el ministro. En la práctica, esto quiere decir que se acabó la ley de plazos actual, que rige en España desde 2010 —y en la mayoría de países de la UE desde antes— y que crea un plazo (14 semanas) en el que la madre puede abortar sin alegar ningún motivo, simplemente porque es su derecho. Eso desaparecerá. Se volvería entonces a una ley de supuestos despenalizados, y para acogerse a ellos habría que alegar un motivo.

Los precedentes

• La ley de 1985, aprobada por el Gobierno de Felipe González —tras pasar por el Constitucional—, permitía abortar en tres supuestos: por violación, en las primeras 12 semanas; por malformación del feto, hasta la semana 22; y por riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer (previo informe médico), en cualquier momento.

• La ley de 2010, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, establece el derecho de la mujer a abortar libremente en las primeras 14 semanas; después permite abortar hasta la semana 22 por “grave riesgo para la vida o la salud de la madre o el feto”; a partir de entonces, solo si el feto sufre “enfermedad extremadamente grave o incurable” o anomalías “incompatibles con la vida”.

Lo segundo que ha dicho Ruiz-Gallardón es que las chicas de 16 y 17 años, que desde 2010 pueden abortar sin consentimiento paterno, volverán a necesitarlo (no lo necesitan, por cierto, para otras cosas, como operarse o renunciar a tratamiento médico, según la Ley de Autonomía del Paciente que aprobó el PP en 2002).

Y lo tercero —y más polémico— que ha anunciado el ministro es que la malformación o minusvalía del feto ya no será considerado un supuesto para abortar, porque eso, afirma él, es discriminar a las personas discapacitadas.

Hasta aquí, lo que Ruiz-Gallardón ha dicho en público. Luego está lo que él no ha dicho pero ha salido publicado —citando fuentes de Justicia, y nunca desmentido— en varios medios, incluido EL PAÍS: que la ley que prepara el ministro podría reducir todos los supuestos de 1985 a uno solo, el daño psicológico a la madre; y que sería la madre la que tendría la última palabra para decidir si aborta (aunque después de hablar con médicos, ser informada de las alternativas y pasar un periodo de reflexión). Es decir, que, por ejemplo, aunque la malformación del feto desapareciera como supuesto legal, la mujer embarazada podría alegar que tener ese hijo le afecta psicológicamente, y someterse a un aborto.

Esa fórmula permitiría a Ruiz-Gallardón conciliar en la ley los dos derechos que el PP aboga por defender: el del feto y el de la madre. La mujer no tendría un derecho puro, unilateral, legal, a interrumpir su embarazo, ni en las primeras 14 semanas ni en ningún momento; pero, en última instancia, la realidad es que su decisión primaría. Habría, sobre el papel, un conflicto reconocido de derechos —y de ahí la obligación de someterse al informe de los médicos, reflexionar sobre las alternativas, etcétera—, pero resuelto en la práctica a favor de la madre.

Si esa es realmente la ley que prepara Ruiz-Gallardón se trataría, en cierto sentido, de una norma más permisiva que la actual. Porque la ley de plazos en vigor establece el aborto como un derecho de la madre en las primeras 14 semanas, pero luego ya solo permite interrumpir el embarazo por malformación del feto hasta la semana 22, y a partir de ahí ya no permite abortar (salvo por riesgo de muerte o enfermedad gravísima del feto). La nueva ley también tendría un plazo máximo, pero probablemente superior a 14 semanas (ya que muchos problemas fetales se detectan después), y la última palabra la tendría siempre la mujer. Sería casi como una ley de plazos pero con un plazo más amplio y, eso sí, con obstáculos teóricos, formales, a la libertad de la madre (la necesidad de someterse a la opinión, no vinculante, de los médicos).

Con este modelo del único supuesto, solo en un caso podría resultar la nueva ley más restrictiva que la actual: si el plazo máximo para abortar que se estableciese fuera tan corto (de 14 semanas o menos) que dejara a la mujer sin derechos durante gran parte del embarazo: porque entonces ya no habría ningún otro supuesto (ni el de daño fetal ni ninguno) al que acogerse. En España, el 90% de los abortos se produce en las primeras 12 semanas (con la ley de supuestos y con la de plazos), según datos oficiales del INE.

Gallardón ha dicho que el anteproyecto de ley estará listo en septiembre. Después deberá someterse a la opinión del Consejo de Ministros y, sobre todo, a la del presidente Mariano Rajoy. Entonces se sabrá hacia dónde se inclina la ley: si restringe al máximo el derecho de las mujeres o abre una nueva vía con dos sujetos de derechos (la madre y el feto) y uno solo de decisión (la mujer); hasta que eso se aclare, el proyecto de ley del aborto seguirá sumido en la polémica y la confusión.