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“Negrín es el representante de la élite cosmopolita abierta al mundo cuando predominaba el casticismo”

11 julio, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Valencia homenajea a Juan Negrín, ‘su’ presidente del Gobierno de la República. La Generalitat y les Corts valencianes han celebrado varios actos a lo largo de este miércoles de desagravio al último presidente del Gobierno de la Segunda República.

El historiador Ángel Viñas ha ofrecido una conferencia sobre el presidente en el Palau de la Generalitat, lleno a rebosar, en el que ha puesto en valor la figura de Negrín junto a Patricio Azcárate, hijo del embajador Pablo Azcárate, y uno de los pocos amigos del jefe de Gobierno que aún sobreviven.

Viñas comenzó a estudiar a Negrín en los setenta de forma indirecta. En 1976, siendo catedrático en la Universidad de Valencia, realizó su primera investigación sobre el oro de Moscú, una las supuestas traiciones que parte de la historiografía y que tanto la izquierda como la derecha no supo perdonar al presidente, pese a que “no está demostrada”. Desde ese primer trabajo “reconozco la obligación moral de hacer mi humilde aportación a contribuir a la recuperación del honor y de la verdad sobre un político vapuleado”, ha explicado el historiador.

Autor de múltiples libros sobre la segunda república española, ha introducido a un atento público algunos aspectos sobre la vida y trayectoria de Negrín: “era una figura atípica; no encajó ni por su educación, ni por su carrera profesional, ni por su posición política”, señalaba Viñas.

“La historiografía proanarquista, procomunista, prosindicalista y profranquista lo convirtieron en el hombre de Moscú sin tener pruebas”, explicaba el historiador, quién también ha incidido en los múltiples boicots que sufrió el presidente desde su Gobierno y la pésima coyuntura que le acompañó. “En el 36 la situación era devastadora: los soviéticos aún no habían echado una mano, la banca bloqueaba las divisas y la política de no intervención hacía estragos”, ha insistido Viñas. Sin embargo, Negrín “el hombre idóneo para dirigir la guerra con mano de hiserro”, es quien “ejemplifica la resistencia antifascista en España”.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”es”><p lang=”es” dir=”ltr”>Reconocer a <a href=”https://twitter.com/hashtag/JuanNegr%C3%ADn?src=hash”>#JuanNegrín</a&gt; es reconocernos a todos en ese espacio común. Debemos recordar para saber hacia donde queremos transitar <a href=”https://twitter.com/ximopuig”>@ximopuig</a&gt; <a href=”https://t.co/snXMAtI9Kr”>pic.twitter.com/snXMAtI9Kr</a></p>&mdash; Generalitat (@generalitat) <a href=”https://twitter.com/generalitat/status/864916456114356225″>17 de mayo de 2017</a></blockquote>
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Homenaje institucional

La Generalitat y el parlamento valenciano han homenajeado en sendos actos de desagravio al presidente del gobierno de la Segunda República Juan Negrín, en el 80 aniversario de su nombramiento precisamente cuando Valencia era capital de la República. En la actual sede de las Corts Valencianes fue donde Manuel Azaña, presidente de la República, otorgó a Negrín los poderes como jefe de Gobierno en 1937, tras la crisis que llevó a la dimisión de Largo Caballero.

Negrín, nacido en las Palmas de Gran Canaria en 1892, se afilió al PSOE en mayo de 1929 y desde la proclamación de la República se dedicó plenamente a la política, abandonando su profesión de médico, y su labor universitaria. Próximo al sector de Indalecio Prieto, fue elegido diputado en las tres legislaturas republicanas hasta constituir el primer Gobierno en Valencia.

El presidente de las Corts, Enric Morera, junto a representantes del PSPV-PSOE, Compromís y Podemos, ha recibido a la nieta del último jefe de Gobierno de la Segunda República, Carmen Negrín y al presidente de la Fundación Negrín, José Medina, en un acto al que no han acudido representantes del PP ni de Ciudadanos.

Morera ha reivindicado a Negrín como “un gran presidente” y símbolo de la democracia en España, cuya figura es fundamental recordar como parte de la memoria democrática para “evitar repetir errores pasados”. “Aquí hace 80 años, durante la noche fue nombrado primer ministro. Eran tiempos difíciles y ha sido el presidente más preparado que hemos tenido”, ha recordado Morera. “Este es un acto de reparación, justicia y dignidad; el pasado es el pasado y la memoria se ha de cultivar, pero no puede hacerse desde el olvido”, ha señalado el presidente de les Corts.

La nieta del presidente ha agradecido que “finalmente puedan celebrarse estos actos con normalidad”, ya que la figura de su abuelo ha estado condenada al ostracismo desde la guerra (fue incluso expulsado en los años de posguerra por su partido, el PSOE, que no lo rehabilitó hasta 2008). “Hay quien prefiere homenajear a quién llevó al país a la ruina”, ha dicho en referencia a los símbolos franquistas que persisten en las calles, “pero es un honor este homenaje a mi abuelo. En España la transición ha sido muy lenta y con estos eventos vemos cambios fundamentales”, ha concluido la nieta del presidente republicano.

Medina, presidente de la fundación, ha entregado dos libros para la biblioteca de les Corts, uno sobre la faceta científica de Negrín y otro sobre su faceta humanista, un recopilatorio y resumen de los 15.000 documentos del presidente que fueron trasladados por Valencia, Madrid, Tolouse y Marsella para poder salvarse, hasta que finalmente volvieron a la familia en los cincuenta.

Morera, por su parte, ha entregado a la fundación una reproducción del azulejo del suelo en el que se realizó el nombramiento de Negrín, un ejemplar del diario El Mercantil Valenciano del 18 de mayo de 1937 que recogía su nombramiento y un libro sobre el Palau dels Borja, sede del parlamento valenciano.

Mariano Rajoy vuelve a ignorar la ley de memoria histórica en su legislatura de “consenso”

11 mayo, 2017

Fuente: http://www.eldiario.es

Los presupuestos de 2017 consolidan el ninguneo del Gobierno del PP a la exhumación de represaliados y la atención a víctimas del franquismo: la partida presupuestaria es cero.

Su socio principal, Ciudadanos, era partidario de las exhumaciones y el cambio de calles “sin campañas exageradas”.

Al llegar a Moncloa Rajoy quitó la Oficina de Víctimas, luego bajó a la mitad el presupuesto para exhumaciones, y un año después lo eliminó.

Raquel Ejerique

04/04/2017 – 21:17h

Trabajos en una fosa común
Trabajos en una fosa común

Rajoy ha dejado clara su postura ante la ley de memoria histórica desde que llegó a la Moncloa: desactivarla reduciendo primero su presupuesto y luego eliminándolo. En las cuentas de este 2017 incide en la misma línea, de modo que su anunciada legislatura de “consenso” ante la necesidad de acuerdos parlamentarios se estrena con cambios de posición en temas como educación o violencia de género, pero no van a alcanzar a las víctimas del franquismo, tal y como se puede comprobar en la decisión de negar la dotación presupuestaria en el primer año de su nueva legislatura. Es el cuarto año consecutivo que lo hace.

Su socio principal en las cuentas para este año, Ciudadanos, tampoco tenía como prioridad a los represaliados, aunque en su programa sí hablaba de facilitar exhumaciones (sin especificar si las debía financiar el Estado) y modificar los callejeros aunque advirtiendo de que “sin campañas exageradas”. Todo ello, sin dañar la “reconciliación entre españoles”, tomando parte por la hipótesis del PP de que la reparación de las víctimas puede ser peligrosa. Según el resultado final en los presupuestos 2017, la Memoria Histórica seguirá aparcada y no se ha tratado en las negociaciones entre ambos partidos.

Tras llegar a Moncloa en 2011, Rajoy tomó varias medidas que dejaban sin efecto la ley de Zapatero de 2007 y cualquier iniciativa de reparación. Primero, en marzo de 2012, suprimió la Oficina  de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, un organismo creado por el gobierno socialista que se encargaba de atender a los familiares y facilitaba información y procedimientos para las exhumaciones: se calcula que en España quedan 2.000 fosas sin abrir donde yacen sin nombre ni sepultura unos 100.000 españoles.

El Gobierno del PP la integró en una subsecretaría de Justicia que se encarga de indultos, condecoraciones y títulos nobiliarios. Su cuarto cometido es poner “medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. De momento no las hay.

Evolución del presupuesto a Memoria Histórica

pres.mem.histó

Su segunda medida fue recortar a menos de la mitad el presupuesto para la ley de Memoria Histórica, de 6,2 millones (en 2011) a 2,5 millones (en 2012). Con ese dinero se subvencionaban básicamente exhumaciones, a través de una Comisión Interministerial que dependía del Ministerio de Presidencia y que Rajoy borró de los presupuestos.

El año siguiente, en 2013, Rajoy inició la senda del cero. Cero euros para las víctimas, una decisión que le han afeado organismos internacionales como la ONU, que criticó en un duro informe que fueran los familiares quienes costean la recuperación de los cuerpos o los forenses y voluntarios en sus ratos libres sin remuneración. Pese a la reprimenda y a que España está en la senda opuesta de países como Chile, Italia, Alemania o Argentina, el Gobierno ha mantenido su postura hasta hoy.

Es más, el presidente se ha jactado en público de haber desactivado la ley quitándole el presupuesto [vídeo abajo]. Preguntado en un acto por qué no la había derogado, aclaraba que había hecho otra cosa que significaba en términos pragmáticos lo mismo: “Bueno, la dotación presupuestaria ha sido cero. La media es cero y fue cero todos los años”. Es decir, hay una ley pero no se puede cumplir porque el Gobierno la ha vaciado presupuestariamente.

En cuestión de dinero lo ha dejado claro, pero también con otras actuaciones que no requieren un desembolso. Por ejemplo, dilatar más de un año el cumplimiento de la sentencia que obliga al Gobierno a exhumar dos cuerpos del Valle de los Caídos o boicotear la querella argentina que investiga los crímenes del franquismo.

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El franquismo que se resistía a morir

29 marzo, 2017

Fuente: http://www.infolibre.es

Julián Casanova, 24 de enero de 2017.

Han pasado cuarenta años de aquellos trágicos días entre el 23 y 28 de enero de 1977. España viajaba hacia un lugar desconocido, aunque muchos insistan ahora en que todo a partir de la muerte de Franco tenía un guión escrito.

La salida de la dictadura, como sabemos, resultó espinosa. Más de una generación de españoles había crecido y vivido sin ninguna experiencia directa de derechos o procesos democráticos. Al Ejército de Franco, unido en torno a él y que no había sufrido una derrota militar, como ocurrió en otras dictaduras, le costó asimilar los cambios. Los gobernantes, primero con Arias Navarro y después con Suárez, conservaban casi intacto el aparato político y represivo del Estado. Las amenazas de golpe por arriba y de terrorismo por abajo llenaron de dificultades aquellos primeros años tras la muerte del dictador. El armazón del régimen franquista que controlaba el poder no contenía el embrión de la democracia y tampoco el nuevo jefe del Estado ofrecía las mejores garantías.

Prescindamos de las dos lecturas básicas que se hacen desde el presente –transición feliz desde una dictadura a una democracia plena; o democracia impura legitimada por el régimen de 1978– y saquemos a la luz algunas de las tensiones de aquella época.

En 1976 había todavía en España más de un millar de presos políticos, los miembros de la Brigada de Investigación Político-Social actuaban de forma impune, el Tribunal de Orden Público (TOP), la jurisdicción especial creada en diciembre de 1963, abrió en ese año casi cinco mil causas con penas de cárcel, sanciones administrativas y elevadas multas, y la censura se recrudeció a través de las suspensiones gubernativas, las incautaciones de periódicos y los expedientes de la Dirección General de Prensa.

En realidad, desde los últimos años de la dictadura, el orden público fue una preocupación constante de sus dirigentes frente al comunismo y la masonería. Eran, como se había repetido machaconamente desde la victoria en la Guerra Civil, los grandes enemigos de España, infiltrados en los años setenta, tras el desarrollo y la modernización, en la Iglesia y en las universidades, en las clases trabajadoras y en los medios de información.

La conflictividad laboral se disparó a partir diciembre de 1975 no sólo por el número de huelgas y de obreros implicados sino también por la extensión de las protestas hacia todos los sectores productivos a lo largo y ancho del territorio nacional. Una movilización social desconocida desde hacia cuarenta años, vertebrada fundamentalmente en torno a Comisiones Obreras, la organización de combate más influyente, con bases sólidas dentro del sindicalismo vertical del régimen y una amplia red de enlaces y jurados en las grandes empresas.

A las autoridades políticas, los gobernadores civiles y los mandos policiales les preocupaba especialmente que, junto a las demandas laborales y las protestas por la carestía de la vida, aparecieran otras reivindicaciones de carácter claramente político como la reclamación de libertad sindical, los derechos de reunión y asociación, las peticiones de readmisión de despedidos o de libertad para los encarcelados, las huelgas de solidaridad, los paros simbólicos como protesta por acontecimientos de carácter nacional, las huelgas de hambre y los encierros en iglesias y polideportivos y la difusión de los métodos asamblearios, un caldo de cultivo para el surgimiento de líderes sindicales y para el ensayo de la cultura política democrática.

Desde julio de 1976, desde el nombramiento de Adolfo Suárez como jefe de Gobierno, las elites políticas procedentes del franquismo estaban llevando adelante una reforma legal de las instituciones de la dictadura, empujadas desde abajo por las fuerzas de la oposición democrática y por una amplia movilización social de muy diverso signo. El día 18 de noviembre 435 de los 531 procuradores votaron a favor de la Ley para la Reforma, aprobada después en referéndum el 15 de diciembre. Pero las cosas se complicaron, y mucho, en el mes que siguió a esa consulta popular y especialmente en los días que transcurrieron entre el 23 y el 28 de enero de 1977.

Los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), el brazo armado de una escisión comunista, que ya habían secuestrado al presidente del Consejo de Estado, Antonio de Oriol,  el 11 de diciembre, secuestraron también, el 24 de enero, al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el teniente general Emilio Villaescusa, y asesinaron a tres policías. En las calles de Madrid se vivió la muerte de un estudiante a manos de un grupo de ultras, el fallecimiento posterior de una joven golpeada por un bote de humo en una manifestación de protesta y la irrupción de unos pistoleros de ultraderecha en un despacho de abogados laboralistas ligados a CCOO con el resultado de cinco muertos y cuatro heridos graves.

Aunque esos secuestros y los asesinatos en el despacho laboralista, perseguían una reacción violenta de las fuerzas armadas, no hubo movimientos en los cuarteles pidiendo el estado de excepción. El Gobierno mantuvo la calma y el Partido Comunista de España, todavía ilegal, recibió innumerables muestras de solidaridad por el orden y la disciplina que sus dirigentes y militantes exhibieron en la impresionante manifestación de duelo por los cinco asesinados, celebrada dos días después, el 26 de enero, en la que cientos de miles de asistentes recorrieron en silencio las calles de Madrid con claveles rojos y puños cerrados en alto.

El proceso de reforma legal continuó adelante y desembocó en la celebración de elecciones generales en junio de ese año, algo que contribuyó a la legitimación de la élite política y del monarca procedentes de la dictadura. En esos meses fue disuelto el TOP, y se desmantelaron las instituciones básicas de la dictadura. Entre abril y junio los 20.000 funcionarios de la Organización Sindical y los 7.000 adscritos a los organismos del Movimiento fueron absorbidos por la Administración conservando todos sus derechos, sin que se mencionara, en ningún momento, la posibilidad de purgas o de depuraciones.

Suele señalarse como una peculiaridad de la política actual en España, comparada con la de otros países europeos, la inexistencia de un partido/movimiento de ultraderecha potente, influyente en la sociedad. La forma en que se produjo la transición en aquellos años explica muchas cosas. Todo ese proyecto de reforma política, de transición de la dictadura a la democracia, tuvo que premiar con prebendas y cargos públicos a un sector de la elite franquista. Muchos procuradores franquistas que votaron la reforma en las Cortes volvieron después a la política activa, ya legitimados democráticamente, elegidos por sus provincias de origen en junio de 1977, beneficiados por el apoyo gubernamental o como senadores de designación real. Habían pasado más de cuatro décadas desde las últimas elecciones generales, las de febrero de 1936.

El cuarenta aniversario de los asesinatos en el despacho del número 55 de la calle Atocha de Madrid es un buen momento para  recordar, al margen de lecturas políticas actuales, cómo y bajo qué circunstancias el largo pasado autoritario iba quedando atrás, borrando sus huellas  más incómodas, pese a que el bunker y la ultraderecha seguían resistiendo.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, autor, junto a Carlos Gil Andrés, de ‘Historia de España en el siglo XX’ (Ariel)

Memoria Prehistórica

26 abril, 2015

Fuente: http://www.arinoconsultores.blogspot.com.es

Un 28 de diciembre de 2007, festividad de los Santos Inocentes y día proclive a las bromas, entró en vigencia la “Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. Una vez leída ésta sentí un acusado malestar y cierta indignación a causa de la cobardía de aquellos que la redactaron. El titulo de la Ley ya es en si un eufemismo cobarde.”…medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia”, cuando en realidad se trata de asesinatos en masa, encarcelamientos esclavistas, exilios de por vida y represión generalizada. “Se reconocen y amplían derechos…” ¿Esos derechos no están ya ampliamente reconocidos en la Constitución del 78 (Arts.10, 14, 18, 24)? Digamos mejor que se dotan los medios jurídicos y materiales necesarios para que esos derechos fundamentales puedan ser ejercidos sin cortapisas.

En su exposición de motivos se dice que “…se hace una proclamación general del carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal producidas, por motivos inequívocamente políticos o ideológicos, durante la Guerra Civil, así como las que, por las mismas razones, tuvieron lugar en la Dictadura posterior”. Se proclama la injusticia de las condenas pero no se anulan los procesos, se condenan los asesinatos pero no se ajusticia a sus responsables. Un placebo para las víctimas y una reiteración de la impunidad generalizada para los autores de los crímenes obligada por la ley de amnistía de 1977, una ley pre-constitucional que es el origen de la impunidad de los criminales a costa de la ausencia de la justicia a la que las victimas tienen derecho.

Tuvieron que pasar casi 30 años desde la redacción de la Constitución para que se abriese el camino hacia la verdad de lo sucedido, 30 años para que se vislumbrase la posibilidad de hacer justicia, 30 años para que las victimas rozaran la esperanza de una mínima reparación. Los archivos documentales se abrían al publico, se creaba el Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil, se reconocía la labor de las asociaciones memorialistas, se establecían medidas para la localización de fosas comunes y para la exhumación de los restos, se decide sobre el futuro del Valle de los Caídos, se dispone la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, así como la retirada de subvenciones o ayudas públicas a organizaciones relacionadas con el franquismo… Pero no se condena el franquismo, no se da carácter institucional a la condena explicita del golpe de Estado, ni de la invasión de España por un ejercito sublevado, ni a la asociación de éste con potencias extranjeras gobernadas desde el fascismo y el nacionalsocialismo. Hoy ya han pasado seis años desde la entrada en vigor de la Ley y esta sigue sin cumplirse tanto por activa como por pasiva.

Con la llegada al gobierno en 2011 del Partido Popular la dotación presupuestaría para la Ley, aprobada por aproximadamente seis millones de euros, un 0,0006 % del PIB, sufrió un recorte para 2012 del 59,7 %, la cantidad total quedó en 2,5 millones de euros. En 2013 la dotación dejó de existir. Un golpe económico que pone fin a las subvenciones que recibían las asociaciones de víctimas del franquismo para localizar las fosas comunes y cunetas donde fueron arrojados sus familiares. La crisis económica es la excusa perfecta para eliminar las subvenciones sin apenas coste político, pero el motivo, no obstante, no es económico sino ideológico. La búsqueda y exhumación de los más de 80.000 cadáveres que quedan en las cunetas de España pasan desde 2012 a ser costeadas con los ahorros de los familiares. Un golpe económico que además impide el funcionamiento de los organismos oficiales creados para la aplicación de la Ley. Rajoy cierra la Oficina de Víctimas como prometió en el 2008 estando en la oposición: “Ni un solo euro para recuperar el pasado”. Lydia Vicente, perteneciente a la ONG Rights Watch Internacional Spain, declaraba a la prensa española: “si quitas la oficina de Atención a las Víctimas y se acaban las subvenciones ¿qué queda de esa Ley de Memoria Histórica cuando además no hay acceso a la Justicia”. Para la jurista internacional “esto es indicativo de la postura del Estado español en cuanto a las víctimas del franquismo. No hay justicia ni reparación, ni siquiera el mínimo acompañamiento para responder a sus dudas. Se evidencia que en España las víctimas del franquismo importan muy poco, que el Gobierno no está dispuesto a atenderlas como establece el derecho internacional.”

En relación con la legislación española el incumplimiento de la Ley por parte del Partido Popular es claro, ya que según ésta: La Administración General del Estado elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones para sufragar gastos derivados de las actividades de localización e identificación de víctimas.

En relación con la retirada de símbolos franquistas que la Ley contempla de forma expresa y general, en el mes de noviembre de 2008, el Ministerio de Cultura interviene y deja la puerta abierta al incumplimiento de lo obligado por la Ley. Se aprueba en Consejo de Ministros una Orden del Ministerio de Cultura (CUL/3190/2008) en la que se establecen excepciones, todas ellas de carácter subjetivo:

2.º Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior aquellos símbolos que se encuentren en un bien calificado como Bien de Interés Cultural siempre que se den los siguientes supuestos:
· Significado histórico: Sólo se conservarán aquellos símbolos con significado histórico y arquitectónico y que estuvieran previstos en el proyecto original de construcción del inmueble, siempre y cuando estén incluidos en la propia declaración de Bien de Interés Cultural.
· Valor artístico o artístico-religioso: Se conservarán aquellos símbolos con alto valor artístico o artístico-religioso y que formen parte del Bien de Interés Cultural y así haya sido reconocido en su declaración.
· Criterios técnicos: Que el símbolo constituya un elemento fundamental de la estructura del inmueble cuya retirada pudiera poner en peligro la estabilidad del mismo o cualquier otro aspecto relativo a su adecuada conservación.

¿Cómo se puede caer en la desfachatez de considerar un símbolo franquista como bien de interés cultural o artístico o religioso? ¿Cómo puede una comisión de expertos llegar a estas conclusiones, más aun si cabe si tenemos en cuenta que el franquismo instauró la contra-cultura en España, prohibiendo todo aquellos que no cumplía con los rígidos postulados del nacionalcatolicismo? Asociar franquismo y cultura es desde todos los puntos de vista una simple fantasía.

Parece claro que el Gobierno incumple la Ley y permite que otras administraciones públicas también lo hagan. Vergüenza debería darle al Partido Popular que tengan que venir la ONU a instarle al cumplimiento de la legislación vigente, a decirle que está violando los derechos humanos, pero no les da ninguna, en el fondo todos son franquistas, pertenecientes a un partido politico fundado por ministros franquistas y defensores a ultranza de una monarquía establecida por una Ley franquista.

Oiremos alguna vez a algún miembro destacado del Partido Popular afirmar que Franco fue un general golpista y traidor que se alzó en armas contra el estado español democrática y legalmente constituido, provocando una guerra entre españoles que causó centenares de miles de muertos. Que fue un dictador implacable que ejerció una represión extrema en España durante 40 años. No creo que estas declaraciones salgan nunca de la boca de un militante del Partido Popular, aún sabiendo que son la expresión de una realidad que nadie pone en duda salvo ellos mismos. No obstante las deberíamos oír algún día, pero no a nivel particular, deberíamos escucharlas en el Congreso formando parte de un texto institucional, aprobado por la totalidad de los diputados y con obligación de ser incluido en su totalidad en todos los libros de texto y enciclopedias. Deberíamos oírlo y deberíamos leerlo en los libros de historia contemporánea, esta es la verdad que la Ley de la Memoria Histórica contempla y la que las victimas reclaman y deberíamos hacerlo antes de que se convierta en un texto prehistórico.

Absolutamente desamparadas por el Estado, las asociaciones memorialistas siguen día a día con su trabajo, haciendo posible la recuperación de restos humanos y la dignificación de las víctimas, luchando para que los símbolos franquistas desaparezcan, exponiendo públicamente la verdad de lo que sucedió, pidiendo justicia y reparación. Toda la geografía española está plagada de estas asociaciones, la falta de medios o subvenciones no les parará hasta que consigan el último de sus objetivos. Las aportaciones voluntarias de victimas y simpatizantes son su única fuente de ingresos.

Únicamente la Junta de Andalucía ha iniciado recientemente políticas activas de apoyo a la LMH, por supuesto con la crítica negativa y unánime del Partido Popular, una crítica aberrante cuando lo que hace la Junta es simple y llanamente cumplir la Ley: “Las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore. Lo previsto en el párrafo anterior podrá aplicarse respecto de las entidades que, constituidas antes de 1 de junio de 2004, incluyan el desarrollo de tales actividades entre sus fines”.

Nada de lo anterior sustituye a la cuestión de la impunidad de los crímenes franquistas desde la perspectiva de los Derechos Humanos, esa es otra historia, su negacionismo no puede prevalecer y por tanto conviene sacarla a la palestra en cada ocasión que se presente, al menos hoy dejando este enlace, en el que el Equipo Nizkor efectúa un esmerado análisis junto con un plan de acción detallado para acabar con esa impunidad que solo beneficia a los franquistas y a sus colaboradores al mismo tiempo que supone un agravio sin medida para las victimas.

Benito Sacaluga