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Una familia recupera la casa de su abuela que «robó» un alcalde franquista en 1936

12 julio, 2021

Fuente: http://www.eldiario.es

Foco MEMORIA HISTÓRICA

Juan Miguel León Moriche y su hijo Miguel en la casa del Corralete
Juan Miguel León Moriche y su hijo Miguel en la casa del Corralete Cedida por la familia

Juan Miguel Baquero 2 de marzo de 2021 21:17 h @JuanmiBaquero

Verano de 1936: los golpistas rapiñan Andalucía, pueblo a pueblo. Castellar de la Frontera (Cádiz) no será excepción y en el botín entra una casa en el castillo que corona el pueblo. Su dueña, Ana Ruiz Moya, morirá guardando el secreto. Hasta que el azar desvela la historia. 84 años después: sus descendientes recuperan el inmueble que robaron los franquistas. Un relato velado hasta ahora y que cuenta en exclusiva elDiario.es Andalucía.

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«Hemos recuperado para nuestra familia la casa que el franquismo nos robó en 1936», es el titular que dejan los tres descendientes de Ana Ruiz que han recuperado la casa. «Hemos puesto fin al crimen y hemos reparado a nuestra familia, víctima del franquismo desde que un alcalde fascista ‘okupara’ la vivienda de nuestra abuela», explica Juan Miguel León Moriche, vecino de Algeciras, periodista y miembro del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar.

La familia había sido denunciada por una empresa inmobiliaria que alega ser la actual propietaria. Pero el juicio no ha llegado a celebrarse. Los Moriche Ruiz han presentado la escritura original de la casa y, con esta prueba en mano, la titular del Juzgado número 3 de San Roque ha notificado a las partes –con fecha 2 de marzo– que no hay materia penal contra los inculpados, Miguel León González y Paloma León Fernández, por lo que la acusación ha retirado la denuncia, según las fuentes consultadas por este medio.

La nueva Ley de Memoria Democrática pondrá sobre la mesa el saqueo continuado de los golpistas. Ellos no han esperado. Porque el expolio sigue vivo y el proceso para reconquistar el Pazo de Meirás (Sada, A Coruña, Galicia), que disfrutó durante décadas la familia Franco, es solo la punta de iceberg. En Andalucía, la región de España más castigada por la violencia rebelde, el robo a los derrotados afecta a unas 60.000 personas, según un trabajo coral que firman investigadores de las nueve universidades de la región.

La amenaza económica de los golpistas funcionó como una eficaz arma represiva. De ahí, quizás, el silencio eterno de «la abuela Ana» que rompió un trámite en el Registro de la Propiedad años después de que ella falleciera en 1997: La familia quiere vender su casa, piden una nota simple y aparecen dos inmuebles a nombre de Ana Ruiz Moya. De uno nunca habían tenido noticias. Y ya está «inscrita y aceptada como herencia» de sus descendientes. El apunte confirma que, legalmente, «la casa nunca dejó de pertenecer a la abuela Ana».

Paloma y Miguel han recuperado la casa de su abuela

El hogar robado por franquistas

Corralete, 9. En esa calle, ese número, hay una casa que ha ido cambiando de manos durante décadas. «El 24 de agosto de 2020 recuperamos para la familia de mi madre la vivienda propiedad de los hermanos Ana y Juan Ruiz Moya, madre y tío de ella», explica Juan Miguel León. La familia ha esperado estos meses antes de dar a conocer la historia –que conocía este medio desde entonces– «por la necesidad de terminar los trámites con el notario y así poder demostrar la justicia y la legalidad» de la recuperación del inmueble.

«Hicimos justicia. Hemos recuperado para la familia una casa que le fue robada por la violencia. El terror que sentían sus legítimos propietarios despojados, el miedo de sus hijos y la injusticia radical del orden jurídico vigente han perpetuado durante décadas este crimen que ahora nosotros reparamos», cuenta León Moriche. «La casa de Corralete 9 vuelve a estar habitada por los herederos legítimos de Juan Ruiz Pro, Salvador Ruiz Jiménez y Ana Ruiz Moya», sentencia.

La familia ya ha certificado que el hogar forma parte de su herencia, que acepta la casa inscrita en «documento público registrado en 1919 por Juan Ruiz Pro«, abuelo a su vez de Ana Ruiz Moya, a la que cedía la propiedad junto a su hermano Juan. Esa nota simple del Registro de la Propiedad de San Roque es la prueba del saqueo.

De un hurto más. Los fascistas robaron al menudeo, desde un reloj a una máquina de coser. Y a lo grande, con fincas, dinero republicano, fortunas cimentadas en la dictadura, trabajo esclavo y premios a los mecenas que le pagaron la guerra y el golpe a Francisco Franco y el resto de personajes de la conspiración armada contra la democracia. Hasta Meirás o el cortijo de Gambogaz para el genocida Gonzalo Queipo de Llano. O la casa de la calle Corralete número 9, ahora rescatada por los descendientes de aquellas víctimas.

Un «ejemplo para las víctimas»

La familia Moriche Ruiz también quiere que Corralete, 9 sea otra punta de iceberg. Como el Pazo de Meirás. «Sabemos que el de nuestra familia no es el único caso existente en este país», manifiestan. «Nuestra casa es solo una parte pequeñísima de todo lo rapiñado en Andalucía por los sublevados contra el orden constitucional de 1936», explican. Y quieren que su caso pueda servir «como ejemplo» a otras víctimas del franquismo. Que vean quizás una camino abierto a recuperar los bienes robados «y se atrevan a dar el paso», dicen.

La historia de la casa y su actual recuperación arranca en el verano del 36. Muchos en el pueblo huyen en dirección a Málaga. Castellar va quedando medio vacío. Escapan del terror, como miles de refugiados andaluces. Entre los huidos está Salvador Ruiz Jiménez, padre de Ana. Y un golpista aprovecha el vacío: «el nombrado alcalde por los militares rebeldes, Francisco Ruiz Piña, ocupó y robó la casa», apunta León Moriche, que ahora ha emprendido el recobro del inmueble.

El franquista ‘okupa’ incluyó «una nota marginal en la escritura» que usó «para hacer una segunda inscripción registral con la que dar apariencia de legalidad a la posesión de un inmueble que había robado por la fuerza a sus legítimos propietarios». Desde entonces, «esta casa ha sido vendida y comprada basándose en aquella nota marginal ilegal que se hizo en 1945», precisa Juan Miguel León.

La vivienda llevaba años deshabitada. Y la «abuela Ana» murió en 1997 sin decir nunca a sus hijos que era copropietaria de Corralete 9. «Lo tenemos claro, nuestro propósito es quedarnos en la casa de nuestra familia el tiempo que haga falta para que todos los descendientes de Ana y Juan Ruiz Moya disfruten de ella», apuran.

«Hemos contratado la electricidad, el agua y el Internet, hemos saneado y pintado paredes y toda la familia espera que acaben las restricciones sanitarias para celebrar la recuperación de la casa. Lo haremos en el patio, junto a la torre almenada que vigila desde lo alto todo el Campo de Gibraltar», en el hogar del castillo de Castellar de la Frontera que fue arrebatado a su familia por los golpistas en 1936.

El documento clave para que el Estado pueda recuperar el Pazo de Meirás ha estado décadas en el centro de A Coruña

20 octubre, 2019

Fuente: http://www.eldiario.es

El Gobierno central ha presentado finalmente en los juzgados de A Coruña una demanda contra la familia Franco para exigirle la devolución del Pazo de Meirás. La acción, reclamada desde hace tiempo por investigadores, administraciones y asociaciones por la memoria histórica, se basa en una escritura de 1938 de la que se sabía su existencia pero que no se había encontrado hasta ahora. En ella, según la Abogacía del Estado, se confirma que la venta de las Torres al dictador fue «fraudulenta». Un escrito «clave» hallado hace tan sólo unas semanas y que llevaba años a muy pocos kilómetros de la parroquia sadense donde se localiza el inmueble, en pleno centro de A Coruña.

La demanda, adelantada por El País, fue presentada este miércoles y se centra en la tesis ya desarrollada en anteriores investigaciones y en el informe histórico-jurídico encargado por la Diputación de A Coruña. En este se advertía de que la transmisión del Pazo a la familia Franco se había hecho a través de un contrato simulado en 1941 para evitar que pasara a ser parte del patrimonio estatal y cuando ya llevaba tres años siendo utilizado por el dictador, a quien le había sido donado. Por tanto, las torres fueron vendidas dos veces y la última de ellas a través de un acuerdo «fraudulento», cuando el inmueble ya era residencia del Jefe del Estado tras un acuerdo anterior.

Los datos históricos y la hemeroteca aclaraban que la cesión del Pazo de Meirás al dictador –a través de coacciones y en un clima de represión en plena guerra civil– se concretó en el año 1938 con un documento privado de donación, que había sido aceptada por el propio Franco y anunciada en la prensa. La Junta Pro-Pazo, formada por figuras afines al régimen fascista, reunió más de 400.000 pesetas para pagarles a los herederos de Emilia Pardo Bazán. Lo hizo a través de amenazas, deducciones de las nóminas de funcionarios y de los presupuestos de ayuntamientos de la zona o recogidas con patrullas de falangistas por las casas, además de incautarse forzosamente de terrenos que ampliaron los dominios del inmueble.

Archivo Histórico de Protocolos del Colegio Notarial de Galicia, en A Coruña
Archivo Histórico de Protocolos del Colegio Notarial de Galicia, en A Coruña © ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE GALICIA

Se sabía de la existencia del documento por las múltiples referencias históricas y en las hemerotecas, incluso a través de actas de sesiones plenarias municipales, pero nunca se había dado con él. Sí con otra escritura, de tres años más tarde, con fecha de 24 de mayo de 1941, que celebra un nuevo contrato de compraventa entre Franco, representado por el dueño del Banco Pastor, Pedro Barrié de la Maza, y Manuela Esteban-Collantes, viuda del hijo de Pardo Bazán. Este documento sirvió para crear «artificiosamente la apariencia de que Francisco Franco adquiría ese mismo inmueble por un precio de 85.000 pesetas», dicen según El País los letrados, que califican de «irrisoria» la cantidad.

Las torres ya habían sido compradas antes, un dato que ahora queda demostrado al haberse encontrada el acta, firmada ante notario en el despacho del gobernador civil de la época, que indica que el inmueble fue adquirido un 3 de agosto de 1938 por la Junta Pro-Pazo y cedido al dictador. Desde entonces y hasta que se hizo ese otro contrato simulado en 1941, el Pazo ya era usado como residencia de jefe de Estado por parte de la familia Franco y sometido a obras de ampliación y reforma pagadas con dinero público.

A 15 kilómetros del Pazo

¿Dónde se encontraba ese protocolo notarial clave en la demanda presentada por el Estado? A solo 15 kilómetros del Pazo de Meirás, en A Coruña, en la parte trasera de la sede Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG). El documento fue encontrado por los abogados del Estado en el Archivo Histórico de Protocolos del Ilustre Colegio Notarial de Galicia, a un paso de la céntrica plaza de Galicia, donde llevaba décadas almacenado.

La implicación del Estado en la demanda contra los Franco y por la recuperación del Pazo de Meirás ha sido clave para dar con la escritura en un proceso que poco tiene que ver con el habitual en el resto de archivos históricos. En este caso, la Administración ha conseguido legitimarse ante los notarios y ha logrado aportar los precisos datos exigidos para poder acceder a un documento ahora esencial, tal y como explican a Praza.gal fuentes de la investigación impulsada por los letrados. Fue a dar allí en el momento en el que la notaría implicada cesó su actividad.

Fue a partir del mes de marzo cuando la Administración central compuso un equipo de abogados del Estado en A Coruña para profundizar en las pesquisas que ya habían iniciado a través de investigaciones como las impulsadas por la Diputación de A Coruña y la Xunta o por Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo en su investigación Meirás: un pazo, un caudillo, un espolio. Investigadores y letrados han colaborado en la aportación de documentación, certificación de datos sobre tierras e inmuebles o en la búsqueda de documentos que apoyaran una completa demanda de unos cien folios.

La clave, para los abogados del Estado, ha estado en los últimos meses en la búsqueda de esa escritura que demostraría que el Pazo había sido adquirido antes y que ratificaría la argumentación del informe encargado por la Diputación: que la venta se concretó en el año 1938, para aprobarse después en 1940 la ley del Patrimonio Nacional y en el 41, formalizarse «una compraventa ficticia» de las instalaciones. Era la manera de evitar que fuera incorporado como bien público, en virtud de esa ley, por lo que sería destinado para el uso de la jefatura de Estado y no para la familia del dictador Franco, tal y como ha sucedio tras su muerte y después de la recuperación de la democracia.

Publicación propagandística sobre la presencia de Franco en el Pazo de Meirás en 1938
Publicación propagandística sobre la presencia de Franco en el Pazo de Meirás en 1938

El documento es «clave» porque «demuestra que Franco falseó el título con el que inscribió el Pazo a su nombre». Según los abogados del Estado, esta simulación de la compraventa se usa para encubrir la donación anterior y permitir así una inscripción a título particular que había sido antes transmitida a la Jefatura del Estado. Son acciones que, ya entonces, estaban castigadas en el Código Penal como delitos de falsedad en documento público.

Lo que evitó el dictador fue que las torres pasaran a ser un bien de dominio público –como reivindica el Estado ahora– y, por tanto, «imprescriptible», lo cual convertiría en nulas las operaciones de partición llevadas a cabo despúes por los herederos. Además, como destaca el Gobierno central, la «compraventa ficticia» le permitió a Franco inscribir el inmueble a su nombre en el Registro de la Propiedad.

«Es evidente que nos encontramos ante un negocio sin causa (negocio simulado), dado que el inmueble objeto de este contrato de compraventa había sido vendido ya años antes» y «entregado al jefe del Estado» en un acto oficial en diciembre de 1938, defiende el Gobierno en la demanda. El proceso, impulsado en el Juzgado de Primera Instancia 1 de A Coruña, se presenta contra los nietos de Franco y la inmobiliaria Pristina, propiedad de Francisco Franco Martínez-Bordiú, quien había anunciado a la Xunta su intención de vender a esta sociedad la parte que le correspondió en herencia del Pazo de Meirás.

Ahora, el proceso en primera instancia debería finalizar en un plazo máximo de dos años, según fuentes judiciales, aunque habría posibilidad de recursos con posterioridad. Desde el pasado verano, el Pazo fue puesto a la venta en un portal inmobiliario por 8 millones de euros. Los abogados del Estado piden al juzgado una medida cautelar: que se anote la demanda en los registros correspondientes para evitar que un posible cambio dificulte la recuperación.

Cuando Meirás era anarquista

19 agosto, 2018

Fuente: http://www.publico.es

La aldea coruñesa que alberga el Pazo robado por Franco fue en los años 30 un ejemplo de la lucha agraria y del empoderamiento de las mujeres campesinas contra la opresión de la Iglesia y la oligarquía.

El Pazo de Meirás. EFE/Archivo

El Pazo de Meirás. EFE/Archivo

La localidad coruñesa de Meirás lleva décadas conviviendo con el estigma de ver su nombre indefectiblemente ligado a la etapa más negra de la historia reciente de España. Pero ochenta años antes de que Franco se hiciera con el Pazo y lo convirtiera en su residencia personal de verano y en el símbolo de su poder político y militar, la pequeña aldea del municipio de Sada, a unos quince kilómetros de A Coruña, representaba en Galicia todo lo contrario a la dictadura. Durante la década de los años 30, Meirás fue uno de los símbolos de la lucha agraria y del empoderamiento de las mujeres campesinas contra la explotación de la Iglesia, los oligarcas y los terratenientes.

Las tierras del Pazo de Meirás que los Franco expoliaron estuvieron en el epicentro de aquellas revueltas, que se iniciaron en 1933 cuando los herederos de Emilia Pardo Bazán, la primera propietaria del inmueble, vendieron algunas de las parcelas anexas al pazo que explotaban en arriendo desde hacía generaciones varias familias humildes de la zona.

Meirás era una zona pobre y atrasada, pero lejos de lo que se pueda pensar, aquellas campesinas y campesinos tenían conciencia de clase y estaban organizadas. La mayoría estaban afiliadas a asociaciones y organizaciones ligadas al Sindicato de Profesiones Varias, adscrito a la anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

Las tierras ajenas que trabajaban eran el único sustento de dos de aquellas familias, que explotaban algo menos de una hectárea de aquellas parcelas por las que los nuevos dueños querían cobrarles el doble de renta. Se negaron a pagarles. Y la Guardia Civil intentó desalojarlas. Pero tuvo que enfrentarse a toda la aldea, que acudió en ayuda de los desahuciados.

Lo cuentan Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo en MeirásUn pazo. Un caudillo. Un espolio, el libro que narra, a través de la mayor investigación historiográfica que se ha realizado hasta ahora sobre el tema, el proceso mediante el que Franco se hizo con el pazo y cómo lo convirtió en el centro de la trama clientelar y corrupta que le permitió hacerse rico y legar a sus herederos una verdadera fortuna que hoy siguen disfrutando. Los primeros capítulos están dedicados a explicar lo que era Meirás antes de que el dictador lo usurpara y etiquetara al pueblo durante decenios con su nombre y apellidos.

Aquella primera revuelta de abril de 1933 terminó con el procesamiento de medio centenar de campesinas y campesinos de Meirás y de otras aldeas de Sada. Incluida una niña de once años. Babío y Pérez Lorenzo destacan el relevante papel de las mujeres en aquella lucha, que prosiguió en los años siguientes y que incluyó actos como la resiembra de las tierras contra las órdenes de la Guardia Civil, burlando la vigilancia de los agentes o enfrentándose directamente con ellos, y la quema de las cosechas de las que se apropiaban los oligarcas con ayuda y mordida del cura de la parroquia. Como ejemplo, el contenido de un pasquín de la época que se conserva en al Archivo del Reino de Galicia y que Babío y Pérez Lorenzo recogen en su libro:

La ayuda que nos prestasteis, labriegos de la comarca, hace temblar hasta los huesos a nuestros explotadores todos. La decisión de nuestras valientes compañeros y sus pequeñuelos al labrar las tierras; la potente entereza de las mujeres de Meirás y Mondego al sembrarlas; la brutal acometida de los negros tricornios lanzándose a la carga sobre nuestras compañeras, todo esto servirá para estrechar más nuestras filas (…)

¡Mujeres trabajadoras, en guardia! ¡El cura pretende quemar la iglesia para después arrancaros pesetas con que hacerla de nuevo! Nada de quemar iglesias, quemad a los curas ladrones. Colonos del cura de Meirás: ese cerdo con sotana os da el cielo a cambio de lo que os roba. Uníos a nosotros y no paguéis ni un céntimo más a ese ladrón”.

Poco después de la primera revuelta, en diciembre de 1933, se celebró la segunda vuelta de las elecciones generales a las Cortes republicanas, los primeros comicios de la historia de España en la que las mujeres pudieron votar. Ganaron los partidos conservadores, la República se derechizó y la situación en Meirás se agravó aún más. En 1935 el conflicto registró su primera víctima mortal: Francisco Babío Portela, sindicalista, abuelo de Carlos Babío. Lo detuvieron, lo encarcelaron sin juicio, lo torturaron y lo devolvieron moribundo a casa. Falleció pocos días después por las heridas que le infligieron.

Una vez comenzada la guerra, Meirás fue una de las comarcas gallegas que más sufrió la represión franquista. Y cuando Franco y su mujer, Carmen Polo, decidieron que el Pazo de Meirás tenía que ser suyo, los campesinos de la zona fueron incluidos en las listas de donantes obligados en la falsa cuestación popular para regalárselo. Y a quienes tenían fincas o casas en las lindes del pazo, los echaron de sus casas para ampliar la propiedad del dictador.

“Mi abuela fue víctima por partida doble. Primero asesinaron a su hombre, y luego le robaron la casa”, recuerda Carlos Babío. En la primavera de 1938, un grupo de falangistas ligados a la Junta Pro Pazo –la organización creada por las élites franquistas coruñesas para tramar y consumar el robo- la visitaron en su casa y le dieron 48 horas para abandonarla. Sus hijos, herederos del sindicalista asesinado y alistados a la fuerza en el bando golpista, recibieron la orden de volver a casa del frente para firmar, junto a su madre, los documentos por los que cedían la casa. Lo hicieron en la sede coruñesa del Banco Pastor, la entidad presidida por Pedro Barrié de la Maza, amigo de Franco, su testaferro y uno de los principales impulsores de la corrupta Junta Pro Pazo.

Josefa Portela tuvo que abandonar su casa y refugiarse con sus hijos –tenía otros dos, menores de edad- en la de un pariente de su marido. No recibieron nada a cambio hasta cuatro años después, cuando Barrié la convocó de nuevo en su despacho. Había que simular que el robo había sido en realidad una venta, y la obligó a firmar nuevos documentos que simulaban esa transacción. En los papeles dice que le pagaron 50.000 pesetas, pero ella sólo recibió 5000.

Como Josefa, varios otros vecinos de Meirás fueron víctimas de robos similares. Sus propiedades siguen hoy a nombre de la familia Franco. O de los nuevos propietarios a quienes éstos se las vendieron, obteniendo plusvalías millonarias mediante varios pelotazos urbanísticos para los que contaron con la ayuda del ex alcalde de Sada, Ramón Rodríguez Ares, del PP.

Ochenta años después, los herederos del dictador siguen siendo propietarios del Pazo, que se mantiene, con todas sus tierras robadas, como el símbolo de la incapacidad de un país para saldar cuentas con la etapa más negra de su historia reciente. Y que, hasta que no sea devuelto al pueblo, sigue manchando el nombre de una aldea cuyas mujeres fueron un ejemplo de la lucha por la justicia social.

El bombero que se negó a desahuciar de su piso a una anciana es juzgado este jueves

9 May, 2015

Fuente: http://www.infolibre.es

El funcionario coruñés, que es acusado de alteración del orden público, se convirtió en un símbolo de la lucha contra los desalojos.

INFOLIBRE. Actualizada 03/09/2014 a las 19:04

Stop Desahucios denuncia el suicidio de un activista de Granada “por su deuda con el Banco Mare Nostrum.

El bombero de A Coruña que el 18 de febrero de 2013 se negó a cortar la cadena que impedía el acceso al portal donde vivía la anciana Aurelia Rey, que iba a ser desahuciada por una orden judicial, será juzgado este jueves por alteración del orden público.

El bombero, que se convirtió en un símbolo de la lucha contra los desalojos, lució además un cartel con el logotipo Stop Desahucios, cuyos promotores han organizado una concentración a las 11.00 horas de apoyo al funcionario frente a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. La Subdelegación del Goberno interpreta su actuación como una falta por la que deberá pagar 600 euros de multa.

El gesto del funcionario generó una ola de solidaridad en parques de bomberos de todo el país, así como en otros colectivos como cerrajeros, que intervienen en este tipo de desalojos. A través de Change.org se recogieron más de 103.000 firmas para que no se adoptaran medidas contra el bombero.