Archive for the ‘Transición española’ Category

El espíritu de la Transición

19 junio, 2017

Fuente: http://www.elpais.com

Quienes más alaban sus virtudes son herederos de AP, partido que colaboró en dinamitar la UCD.

Julián Casanova, 10 de febrero de 2016.

La Transición española atrajo la atención de historiadores, científicos sociales y dirigentes políticos de otros países porque fue tomada como un modelo exitoso del que podían extraerse claras lecciones.

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Han pasado ya cuatro décadas desde que comenzó, forma parte de la historia, pero en los últimos años se ha convertido también en objeto de controversia política para examinar y enjuiciar los defectos de nuestra democracia. Hay lecturas para todos los gustos, desde las que plantean la necesidad de una “segunda Transición” a quienes, ante la crisis actual y las dificultades para formar gobierno, reivindican su supuesto “espíritu” de convivencia y reconciliación. Suelen ser lecturas sesgadas, alejadas del conocimiento histórico y puestas al servicio de los proyectos políticos del presente.

Vistas las cosas desde su fruto final, todo parece, efectivamente, feliz. Porque aunque hubo que superar numerosos conflictos y obstáculos como montañas, desde una larguísima dictadura se pasó en tan sólo unos años a una democracia plena. Nada que ver con la traumática historia de España hasta entonces. Pero, ¿fue ese milagro consecuencia del llamado “espíritu de la Transición”?.

Poco espíritu de convivencia y reconciliación tenía el presidente del primer Gobierno de la Monarquía, Carlos Arias Navarro, nombrado por Franco, ratificado por el nuevo Rey, enemigo de cualquier cambio que amenazara la perpetuación en el poder de la élite política de la dictadura. Y es verdad que otros ministros de ese Gobierno, viejos servidores de Franco, presentaban un perfil más reformista, pero prescindieron de la oposición para su proyecto de reforma política y basaron su autoridad en el control del aparato represivo y de la Administración del Estado franquistas. Ante el aluvión de protestas, conflictos y demandas de todo tipo, la política de orden público de Manuel Fraga Iribarne seguía basada en la represión, la cárcel, las sanciones administrativas, las multas y la censura.

Será difícil encontrar las virtudes de su supuesto espíritu de pacto, y de superación de los intereses partidistas, en los Gobiernos de Suárez.

Con esos protagonistas, la reforma no podía ir más lejos. El Rey exigió a Arias su dimisión el 1 de julio de 1976 y nombró a Adolfo Suárez, un joven falangista católico que había pasado por la secretaría general del Movimiento.

Suárez tomó la iniciativa y en menos de un año puso en marcha un proyecto de Ley para la Reforma Política, que sirvió de guía hasta las elecciones generales de junio de 1977, en un escenario sembrado de miedo, terrorismo, recuerdos constantes al pasado traumático y llamadas a la paz, al orden y a la estabilidad. La Unión de Centro Democrático (UCD) de Suárez, constituida cinco semanas antes por grupos de origen muy distinto, ganó las elecciones con el 34,4% de votos y 165 escaños, pero para gobernar no tuvo que pactar con la oposición, el PSOE, 29,3% de los votos y 119 diputados, sino que le bastó el apoyo de los 16 diputados de AP, 13 de los cuales habían sido ministros de Franco.

Y aunque Suárez volvió a ganar en las elecciones de marzo de 1979, las que siguieron a la aprobación de la Constitución, de nuevo sin mayoría absoluta, su figura se deterioró con la misma rapidez con la que había brillado y tuvo que dimitir menos de dos años después, el 29 de enero de 1981, en medio de una profunda división en su partido, de enfrentamientos personales y de presiones de sus principales dirigentes. Cuando se celebraron las siguientes elecciones, en octubre de 1982, UCD, ese conglomerado de facciones y dirigentes procedentes la mayoría del franquismo, apenas sobrevivió con un 7% de los votos y Suárez había creado un nuevo partido, de escasa y corta vida política.

Resulta curioso que quienes más apelan ahora a ese “espíritu de la Transición” sean los herederos directos de AP, el partido que ni siquiera votó unánimemente la Constitución —cinco de sus 16 diputados los hicieron en contra—, y que con la “mayoría natural” que reclamaba Fraga contribuyó a dinamitar a la UCD para recoger después los restos de su naufragio.

La Transición, conducida desde arriba por las élites políticas procedentes de la dictadura, empujada desde abajo por la oposición democrática y una amplia movilización social, puede ser modelo de muchas o pocas cosas, dependiendo del relato, pero será difícil encontrar las virtudes de su supuesto espíritu de pacto, y de superación de los intereses partidistas, en aquellos Gobiernos. A no ser que se defienda la leyenda rosa del pasado ejemplar.

Julián Casanova es, junto con Carlos Gil Andrés, autor de Historia de España en el siglo XX (Ariel).

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La Monarquía como freno al cambio político y social en España

5 abril, 2017

Fuente: http://www.vnavarro.org

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 5 de enero de 2017, y en catalán en la columna “Pensament Crític” en el diario PÚBLIC, 9 de enero de 2017.

Este artículo analiza el papel determinante que juega la Monarquía en la defensa del orden conservador que domina las instituciones del Estado español, dominio que es responsable del gran retraso social y político de este país.

Una de las percepciones que me sorprendió y preocupó más al integrarme de nuevo en la vida académica y política de España fue la que existía entre amplios sectores de las izquierdas gobernantes de que la Monarquía había sido un elemento determinante en el establecimiento de una democracia considerada como homologable al resto de las democracias en la Europa occidental, atribuyéndosele así una vocación democrática a tal institución y al que la dirigía, el Rey Juan Carlos, aun cuando su perpetuación en la gobernanza del país había sido impuesta por uno de los dictadores más crueles y represivos que hayan existido en la Europa occidental del siglo XX (según el profesor Malefakis, Catedrático de la Columbia University, en Nueva York, y experto en fascismo europeo, por cada asesinato que hizo Mussolini, el régimen dictador del General Franco asesinó a 10.000). Tal vocación democrática de la Monarquía parece –según aquellas izquierdas- haberse acentuado todavía más durante el mandato de su sucesor, el Rey Felipe VI, al cual se le considera ya aclimatado completamente a un régimen democrático, jugando un papel estabilizador del sistema.

¿Qué es lo que el Monarca estabiliza?

En esta percepción que acabo de describir se olvida, sin embargo, que la Monarquía ha jugado durante todo el periodo democrático un papel esencial en garantizar la perpetuación de las coordenadas de poder solidificadas durante la Transición, que han obstaculizado el progreso social, político e incluso económico del país. Aquellos que perpetúan la percepción de la Monarquía que describo en el párrafo anterior están ignorando que el hecho de que España, casi cuarenta años después de que se estableciera la democracia, continúe teniendo uno de los Estados del Bienestar menos desarrollados de la Unión Europea de los Quince (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo al español), con uno de los gastos públicos sociales (que incluye sanidad, educación, vivienda social, servicios de ayuda a las familias y pensiones, entre otros) per cápita más bajos de tal Unión (y una de las democracias más limitadas en la misma UE-15), se debe precisamente a una continuidad y perpetuación de la excesiva influencia que las fuerzas conservadoras han tenido sobre el Estado español, lo cual ha dificultado su desarrollo político y social. Y el estandarte de estas fuerzas conservadoras ha sido la Monarquía. Este orden monárquico ha estado basado en un régimen bipartidista en el que los cambios han sido siempre limitados, como consecuencia de una enorme estabilidad en las relaciones de poder dentro de las instituciones políticas. Resultado de esta enorme influencia, todas las instituciones del Estado, con notabilísimas excepciones, están controladas o están bajo el dominio de las fuerzas conservadoras. La evidencia de ello es abrumadora. Lo ocurrido en estas últimas elecciones al Congreso de los Diputados es un ejemplo de ello.

La perpetuación del subdesarrollo social de España

Ni que decir tiene que España ha vivido cambios muy importantes, muy en especial durante el periodo de gobiernos de izquierdas. El desarrollo (aunque subfinanciado) del Estado del Bienestar es uno de ellos. Ahora bien, las coordenadas de poder dentro del aparato del Estado han cambiado poco, con una enorme influencia de las fuerzas conservadoras (las mismas que dominaban el Estado dictatorial) sobre tal aparato. Cómo explicar, si no, que España, casi cuarenta años después de la llamada erróneamente “transición modélica” de una dictadura a una democracia (presentada con excesiva complacencia como homologable con cualquier otra en la UE-15), todavía sea el país de tal UE-15 con mayor número de policías por cada 100.000 habitantes (recordando su pasado histórico dictatorial) y, en cambio, con uno de los menores porcentajes de la población adulta trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar (tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia y servicios domiciliarios a personas con dependencia, entre otros). Los datos están ahí disponibles y son fácilmente accesibles. Según la oficina de estadística de la UE, Eurostat, España tiene 527 policías por cada 100.000 habitantes, el número más elevado de los países de la UE-15. En realidad, España tiene el mismo número de policías que Alemania, país que es mucho más grande que España (que tiene casi 36 millones menos de habitantes que Alemania).

A la vez que los aparatos de policía y seguridad del Estado están sobredimensionados, destaca el número muy bajo de personas adultas trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar. En realidad, el porcentaje de población adulta que trabaja en estos servicios (tales como sanidad y educación, entre otros) es solo del 10%, cuando en Suecia es el 21%; el promedio de la UE-15 es el 12%. Estos indicadores son una muestra del enorme poder que las fuerzas conservadoras tienen sobre el aparato del Estado.

Este enorme poder se reproduce, en parte, mediante la intervención llevada a cabo por los aparatos de policía y seguridad (sean del Estado central o autonómicos), cuya primera función es garantizar el “Respeto a la Ley”, principio central en un sistema en el que tal ley ha sido fruto, precisamente, de aquellas desiguales coordenadas de poder. Esta intervención tiene como función no tanto la eliminación de la delincuencia y la criminalidad común (que es de las más bajas de la UE-15), sino la defensa del orden político y jurídico que los favorece. La defensa de la ley es el punto central del sistema de poder institucional, caracterizado por favorecer sistemáticamente a grupos minoritarios que gozan de gran poder económico, financiero, político y mediático, a costa del poder de las clases populares que constituyen la mayoría de la población. La evidencia de ello es abrumadora (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. Anagrama, 2006).

Pero tal intervención policial no es suficiente. Está reforzada por un poder jurídico que garantiza la aplicación de tal ley, así como (y muy en particular) por los medios de información (que son predominantemente medios de persuasión), que constantemente se movilizan para garantizar lo que llaman la “estabilidad política”, que es, ni más ni menos, que la continuidad del orden establecido con las coordenadas de poder continuadas en la Transición definida como “modélica”.

La amenaza que supuso para el orden establecido el movimiento 15-M

Uno de los hechos más importantes ocurridos en los últimos años en España es la aparición y crecimiento de un movimiento democrático –el 15-M- que tuvo como característica denunciar la escasa representatividad y limitadísima democracia existente en las llamadas instituciones representativas del país. Su famoso eslogan “no nos representan” se hizo popular rápidamente hasta tal punto que las encuestas mostraban que la mayoría de la población estaba de acuerdo con el contenido de aquel eslogan. Otros eslóganes como “no hay pan para tanto chorizo” gozaron de igual popularidad. Tal movimiento alcanzó las dimensiones de un tsunami político, alarmando enormemente al establishment político-mediático del país. Y dicha alarma se acentuó cuando tal movimiento generó no solo una protesta, sino también un deseo de cambio profundo de las instituciones, apareciendo a lo largo del territorio español –tanto en el centro como en la periferia- fuerzas progresistas y movimientos político-sociales que consiguieron un apoyo electoral, a todas luces sorprendente y súper preocupante para tal establishment, representado en la figura del Monarca.

La respuesta represiva del establishment político-mediático frente a las nuevas fuerzas políticas surgidas del 15-M

De ahí que haya habido una enorme hostilidad hacia tales nuevas fuerzas políticas, encauzada por la práctica totalidad de los mayores medios de comunicación, claramente influenciados por las fuerzas financieras y económicas que constituyen el eje del establishment conservador que se opone por todos los medios al profundo cambio democrático que se requiere en este país para alcanzar niveles de calidad democrática homologables a los existentes en los países de la UE-15. Este establishment quiere eliminar a estos nuevos movimientos políticos, intentando recuperar el bipartidismo que les sirvió favorablemente durante la mayoría del periodo democrático. Es a esta movilización de los medios de información y persuasión en contra del cambio a la que el Monarca Felipe VI se refirió positivamente al destacar (y alabar) “el papel de la prensa en la estabilidad de un escenario político inédito” (declaración que aplaudió con orgullo El País, el rotativo que ha liderado dicha hostilidad hacia aquellas fuerzas democráticas). El Monarca, por cierto, mostró claramente su concepción de la prensa cuando, a raíz de un acto patrocinado por el diario ABC (que en el abanico mediático europeo correspondería a la extrema derecha), definió a este periódico como un diario dirigido por una “redacción dinámica, diversa y plural”, (el subrayado es mío), mostrando lo que entiende por pluralidad. El entendimiento con pluralidad incluye solo variaciones de la ultraderecha y derecha.

Es frente a esta realidad que no entiendo cómo algunas voces de izquierdas, todavía hoy, consideran que no es un tema importante o prioritario para las izquierdas pedir un cambio en el régimen político español, pasando de una Monarquía a una República. Por lo visto no se han dado cuenta todavía de que hay una relación directa entre el enorme retraso social y político de España y la perpetuación del régimen conservador basado en la perpetuación de la Monarquía. La evidencia muestra que la Monarquía es el eje central del establishment político-mediático conservador español. Y de ahí que su defensa sea el elemento central del régimen bipartidista español, habiendo hecho de su permanencia uno de los objetivos más importantes ante una eventual reforma de la constitución por parte del PP y del PSOE.

¿Qué es lo que deberían proponer las fuerzas democráticas?

Se deriva de esta realidad (que se intenta ocultar en los medios) que debería ser un objetivo de las fuerzas auténticamente democráticas recuperar la memoria y la cultura republicanas, puesto que la cultura monárquica nos ha llevado a esta situación que configura un futuro donde España continuará con su enorme retraso social y democrático durante muchas décadas. Lo cual me lleva a comentar otro indicador del carácter profundamente conservador que la Monarquía transmite a la población en general –reproduciendo y promoviendo las ideas y narrativa de las derechas victoriosas del golpe militar–. En su discurso de fin de año el Monarca repitió, una vez más, la desaprobación de la recuperación de la memoria histórica, refiriéndose al tema de “la importancia de no abrir de nuevo las heridas”, que es el eslogan utilizado precisamente por las fuerzas conservadoras frente a recuperar la memoria histórica ocultada a la población asumiendo que el silencio –fruto de la represión- se traducirá en olvido. Detrás de la enorme resistencia a recuperar la memoria histórica existe el intento de no recuperar la historia real del país, tergiversada por las fuerzas conservadoras, pues tal recuperación es esencial para establecer una auténtica democracia, cuyas raíces deben basarse en la cultura republicana que significó un gran avance en el desarrollo de la democracia en España. En realidad las heridas nunca se cerraron, y el rechazo a la memoria histórica es precisamente el miedo a que se conozca la historia del país, todavía desconocida y, lo que es peor, ignorada en las escuelas de este país. Hoy todavía 130.000 personas están desaparecidas, siendo tal número la mayor cifra (en términos proporcionales) de desaparecidos en el mundo, después de Camboya. Sus restos están repartidos indignamente en fosas y cunetas a lo largo del territorio del país, gozando los perpetradores de tanta brutalidad de plena inmunidad por todos los daños y crueldades, silenciados, cuando no homenajeados, en el país. La petición del Rey de no abrir heridas se basa en su esperanza de que el silencio lleve al olvido, tal como siempre han querido las fuerzas conservadoras del país. Definir al Rey como representando a todos los españoles se está presentando cada día más difícil, pues en los momentos de redefinición de las realidades del poder dentro del Estado, su discurso y su práctica son –como siempre ha sido la Monarquía en este país- claramente opuestos al cambio democrático que el país necesita como el aire que respira.

El guardián del orden de Franco

14 marzo, 2017

Fuente: blogs.elpais.com/historias

Por: Julián Casanova | 19 de diciembre de 2013

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Luis Carrero Blanco saluda a Franco / EFE.

El día en que lo mataron, 20 de diciembre de 1973, el almirante Luis Carrero Blanco iba a presentar un documento en la reunión de ministros en el que mostraba su obsesión por los grandes demonios de la España franquista, el comunismo y la masonería. Eran, como se había repetido machaconamente desde la victoria en la guerra civil, los grandes enemigos de España, infiltrados ahora, tras el desarrollo y la modernización, en la Iglesia y en las universidades, en las clases trabajadoras y en los medios de información.

Frente a ellos, siempre quedaría “el espíritu de nuestro Movimiento, la virilidad, el patriotismo, el honor, la decencia….”. Y la receta que ofrecía para atajar la infiltración del comunismo en la enseñanza se parecía mucho a la que ya habían aplicado con tanto éxito los militares rebeldes y las autoridades franquistas durante la guerra y la posguerra: “Hay que borrar de los cuadros del profesorado de la Enseñanza General Básica y de la Universidad a todos los enemigos del régimen y hay que separar de la Universidad a todos los alumnos que son instrumento de subversión”.

España siempre fue, como le gustaba decir, la razón de ser de su vida política. Nacido el 4 de marzo de 1904 en Santoña (Cantabria), Carrero apenas había intervenido en la guerra civil, el bautismo de fuego de los militares de su generación, y no debió su ascenso hasta la cúspide de la dictadura a los méritos acumulados durante lo que él mismo llamó después “la primera victoria de Occidente contra el imperialismo soviético”. Era un militar sin condecoraciones de guerra, algo muy extraño en esa dictadura que se inauguró el 1 de abril de 1939 con la victoria ante el “cautivo y desarmado Ejército rojo”.

 

Carrero Blanco, alf+®rez de fragata

En julio de 1936 vivía en Madrid, destinado como profesor en la Escuela de Guerra Naval y, ante la incertidumbre de esos primeros días que siguieron a la sublevación militar, alegó enfermedad para no acudir a su destino y se refugió en la embajada de México, y después en la de Francia, antes de pasar al bando franquista. En un informe fechado el 5 de mayo de 1947 le explicó a Franco, sin embargo, que “en aquellos trágicos momentos”, con su hermano José fusilado y su familia expuesta a todos los peligros, “me hice a mí mismo el voto de dedicar el resto de mi vida al servicio de España, sin pensar para nada ni en mi porvenir ni en mis conveniencias particulares”.

A lo largo de su vida política, y en su relación con Franco, Carrero se inventó su personaje y es muy difícil discriminar entre la verdad y la falsedad, entre lo que ocultó o distorsionó y aquello que siempre subrayó en sus confesiones públicas o a su Caudillo. A los historiadores, en general, les ha preocupado poco ese tema, más interesados en el Carrero que consiguió ser el delfín o la mano derecha del dictador, gracias, se supone, a su habilidad, valentía y lealtad. Comenzó siendo monárquico por tradición familiar, no luchó ni conspiró contra la República y en su trayectoria política nunca pareció comprometerse con nada sin tener garantía de su éxito y rentabilidad.

Carrero no pertenecía al círculo de Franco, ni en lo profesional ni en lo personal, y terminada la guerra, inició un ascenso meteórico hacia el poder. Además de adjudicarse la autoría de informes en los que únicamente había colaborado –como el que el ministro de Marina, Salvador Moreno, presentó a Franco en noviembre de 1940 sobre la no intervención de España en la Segunda Guerra Mundial- y de conseguir destituciones de aquellos que entorpecían su ascenso –como la de Serrano Súñer tras en el enfrentamiento entre carlistas y falangistas en el santuario de Begoña en agosto de 1942-, se enorgulleció con frecuencia del impecable servicio que ofreció a España y a su máximo gobernante, al que le pertenecían “títulos de Caudillo, Monarca, Príncipe y Señor de los Ejércitos”. Sus muestras de desmesurada adulación hacia Franco fueron constantes y la que manifestó en las Cortes en 1957 las resumía todas: “Dios nos ha concedido la inmensa gracia de un Caudillo excepcional a quien solo podemos juzgar como uno de esos dones que, para un propósito realmente grande, la Providencia concede a las naciones cada tres o cuatro siglos”.

El orden y la unidad en torno al ejército fue la fórmula de Carrero para la supervivencia del régimen en los momentos difíciles. “Orden, unidad y aguantar” frente a los enemigos externos y “buena acción policial para prevenir cualquier subversión” interna. En un discurso ante el Estado Mayor en abril de 1968, advirtió “que nadie, ni desde fuera ni desde dentro, abrigue la más mínima esperanza de poder alterar en ningún aspecto el sistema institucional, porque aunque el pueblo no lo toleraría nunca, quedan en último extremo las fuerzas armadas”.

La advertencia no era baladí porque, justo en esos años, la aparición de altos niveles de conflictividad quebró la tan elogiada paz de Franco. Hasta su asesinato, Carrero desempeñó un papel crucial. En realidad, aunque convenció a Franco, que ya presentaba claros síntomas de envejecimiento, de que nombrara a Juan Carlos como su sucesor, al frente de una “Monarquía del Movimiento Nacional, continuadora perenne de sus principios e instituciones”, era él, y no tanto el Príncipe, quien aseguraba su continuidad. Sobre todo después del escándalo Matesa y de la formación de un nuevo Gobierno en octubre de 1969.

El asunto Matesa, las siglas de Maquinaria Textil, S.A., estalló de súbito en el verano de ese año y se convirtió en el mayor escándalo financiero de toda la dictadura. La empresa fabricaba maquinaria textil en Pamplona y tenía sucursales y compañías subsidiarias en América Latina. Su director, Juan Vilá Reyes, conectado con el Opus Dei y los grupos tecnocráticos, logró cuantiosos créditos oficiales de ayuda a la exportación, cerca de once mil millones de pesetas, justificados con pedidos que en la práctica no existían o estaban inflados. Las irregularidades fueron denunciadas y aireadas por la prensa del Movimiento, con la ayuda desde el Gobierno de Manuel Fraga Iribarne y José Solís Ruiz, para intentar desacreditar a los ministros del Opus Dei, un pulso más de la dura batalla por el poder que libraban esos dos grupos desde principios de los años sesenta.

Los efectos políticos de ese escándalo fueron inmediatos. Carrero pidió a Franco una remodelación total del gobierno y el 29 de octubre formó lo que ha pasado a la historia como el “gobierno monocolor”. Carrero continuaba de vicepresidente, con más poder que nunca, y casi todos los ministros en puestos clave eran miembros del Opus Dei, de la ACNP, o se identificaban con la línea tecnocrática-reaccionaria que compartía con Laureano López Rodó. Manuel Fraga Iribarne y Solís Ruiz fueron cesados y aunque Carrero no asumió todavía la presidencia del Gobierno, era él quien dirigió la política gubernamental.

Esa pugna por el control del proceso político entre Carrero y el Opus Dei por un lado y el sector azul del Movimiento por otro, abrió definitivamente la crisis en el interior del franquismo, aunque no fueron solo conflictos internos por el poder los que complicaron la vida a la dictadura en sus últimos años. La conflictividad alcanzó en 1970 el nivel más alto de la dictadura, con casi medio millón de trabajadores metidos en reivindicaciones y nueve millones de horas perdidas. Muchas de esas huelgas derivaban en enfrentamientos con la policía y con muchos huelguistas torturados y en la cárcel. La represión fue especialmente dura en el País Vasco, donde ETA había empezado a desafiar a las fuerzas armadas de la dictadura con asesinatos y atracos a bancos y empresas. La mezcla de agitación laboral, universitaria y terrorista provocó una dura reacción de militares y políticos ultraderechistas que convencieron a Franco para que respondiera con un juicio ejemplar contra dieciséis prisioneros vascos, entre ellos dos sacerdotes. El proceso comenzó en diciembre en Burgos, sede de la región militar a la que pertenecía el País Vasco, y concluyó con la condena a muerte a seis de los acusados y con 519 años de prisión para los demás, aunque unos días después, en su mensaje de fin de año transmitido por televisión, Franco anunció su magnánima decisión de conmutar las penas de muerte por años de cárcel.

Carrero con Kissinger, el d+¡a antes del atentado

Pese al perdón, todo ese proceso tuvo consecuencias muy negativas para el régimen, que vio cómo un sector de la sociedad respondía con huelgas y manifestaciones, los obispos vascos pedían clemencia y en el exterior se protestaba contra Franco como no se recordaba desde los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial.

Los años que siguieron fueron los más agitados de la dictadura. Algunos miembros de la jerarquía eclesiástica, muy renovada tras la desaparición de los principales exponentes de la cruzada y del nacionalcatolicismo, empezaron a romper el matrimonio con la dictadura, presionados también por muchos sacerdotes y comunidades cristianas que, especialmente en Cataluña, el País Vasco y las grandes ciudades, reclamaban una Iglesia más abierta, comprometida con la justicia social y los derechos humanos.

Curas y católicos que hablaban de democracia y socialismo y criticaban a la dictadura y a sus manifestaciones más represivas. Todo eso era nuevo, muy nuevo, en España y parece lógico que provocara una reacción en amplios sectores franquistas, acostumbrados a una Iglesia servil y entusiasta con la dictadura. Un documento confidencial de la Dirección General de Seguridad, fechado en 1966, ya advertía que de los tres pilares de la dictadura, “el Catolicismo, el Ejército y la Falange”, únicamente el segundo aparecía “firme, unido como realidad y esperanza de continuidad”, mientras que el catolicismo mostraba signos de división en torno a tres problemas: “el clero separatista; la lucha interna entre sacerdotes conservadores y sacerdotes avanzados; y la actitud de cierta parte del clero frente a las altas jerarquías eclesiásticas”.

Carrero Blanco llamó a esa disidencia de una parte de la Iglesia católica “la traición de los clérigos”, porque el manto protector que la dictadura había dado a la Iglesia no se merecía eso. Y para demostrar los servicios prestados, “aunque sólo sea en el orden material”, prueba de cómo Franco “quiso servir a Dios sirviendo a su Iglesia”, Carrero daba cifras: “desde 1939, el Estado ha gastado unos 300.000 millones de pesetas en construcción de templos, seminarios, centros de caridad y enseñanza, sostenimiento del culto”.

Agujero de la bomba contra Carrero Blanco

Cráter en la calle madrileña de Claudio Coello tras el atentado contra Carrero Blanco.

En 1973, el último año de su vida, el aumento de los conflictos fue espectacular, con la provincia de Barcelona a la cabeza de las huelgas, como en casi todo ese período. En realidad, desde 1970 hasta la muerte de Franco, los conflictos se extendieron por todas las grandes ciudades y se radicalizaron por la intervención represiva de los cuerpos policiales, cuyos disparos dejaban a menudo muertos y heridos en las huelgas y manifestaciones. La violencia policial llegaba también a las Universidades donde crecían las protestas y se multiplicaban las minúsculas organizaciones de extrema izquierda. La respuesta de las autoridades franquistas, con Carrero a la cabeza, fue siempre mano dura, represión y una confianza inquebrantable en las fuerzas armadas para controlar la situación.

El asesinato de Carrero, presidente del Gobierno desde junio de ese año de 1973, aceleró la crisis interna del régimen. Cuando Franco murió, su dictadura se desmoronaba. La desbandada de los llamados reformistas o “aperturistas” en busca de una nueva identidad política era ya general. Muchos franquista de siempre, poderosos o no, se convirtieron de la noche a la mañana en demócratas de toda la vida. Era improbable que el franquismo continuara sin Franco, pero el gobierno de Carlos Arias Navarro mantenía intacto el aparato represivo y tenía a su disposición ese ejército salido de la guerra, educado en la dictadura y fiel a Franco.

Hay quienes creen que con Carrero todo se hubiera prolongado y otros que consideran que su lealtad a la Monarquía de Juan Carlos le hubiera impedido oponerse al proceso de transición. Pero eso pertenece al terreno de la historia contrafactual. Mientras estuvo vivo, fue uno de los principales instigadores de que el ejército defendiera siempre su victoria en la guerra por medio del terror institucionalizado y de la legislación represiva del Estado. Y así forjó su carrera, con alegatos en defensa del orden y construyendo e inventando un personaje austero, listo, sin ambiciones y siempre dispuesto a trabajar por España y por su Caudillo.

Javier Cercas, el PCE y la Transición: anatomía de un distante

3 febrero, 2017

Fuente: http://www.comiendotierra.es

Publicado el por Juan Carlos Monedero

He de reconocer que disfruto leyendo a Cercas, cuando estoy de acuerdo y cuando no. Le debemos haber hecho parte de la tarea que no quiso hacer la academia, destripando parte de lo que pasó el 23F (en Anatomía de un instante), y nos trajo a pasear a héroes olvidados, eso sí, reconciliados. Pero es verdad que, afable como es, siempre opta por la amabilidad propia de quien no quiere estar seguro. Cercas nunca habría escrito el Cándido, porque si tomas mucho partido molestas en la corte y te mandan más allá de Salamina. Es verdad que Cercas no tiene la culpa de los titulares que le escogen, pero confunde. Puedes estar a favor y en contra todo el rato, algo intelectualmente rico, pero políticamente impracticable pues no puedes estar con los que desahucian y los desahuciados. Ya le ha pasado con la Unión Europea (esa que subcontrata a Turquía para que dispare a refugiados) cuando escribió: “Yo entiendo que haya gente escarmentada que piense que la UE es un engañabobos, un trasto frío, distante e inservible. A esa gente hay que recordarle la historia, los beneficios sin disputa que la unidad ha aportado, la ambición y la nobleza del proyecto”. Cercas siempre entiende las dificultades –vive de manejar con pericia los pronombres y el desnivel de las mayúsculas-, pero siempre se queda en la puerta. Le alabo la prudencia. Por eso, la memoria y la transición le convocan. Y dice “La transición fue en parte una gran impostura”, y “la memoria, justa e imprescindible, ha fracasado”, y “El problema de la memoria histórica es que se convirtió en un negocio”, y “Lo que hizo Marco –el impostor de Mathausen- lo hizo todo el país”, y “Todos somos como Enric Marco, incapaces de mirarnos al espejo”, y más recientemente, en uno de esos artículos donde la amabilidad se enfría con el hielo, “uno de los errores fundamentales de la izquierda española consiste en haberle entregado el mérito de la Transición a la derecha”. Olvida que fue el propio PCE el que revisó su papel durante la Transición. ¿No será que la derecha está más contenta con ese mito de la transición que le sirve para justificar la gran coalición, vaciar la hucha de las pensiones, luchar contra los moros en Lepanto, subordinarse provincianamente a Europa y callar cuando ha muerto Marcos Ana, preso 23 años en las cárceles de Franco?

La caricatura de la crítica a la transición es la penúltima consecuencia de las mentiras de la transición. Decir que hubo violencia, que nos reconciliaron a fuego y sangre, que fascistas de toda la vida pasan hoy como demócratas de toda la vida extendiendo la idea de impunidad en nuestra sociedad, lejos de enturbiar la paz social sirven para adecentar nuestra democracia. Hay algunas claves para entender dónde está el desencuentro. Para que si alguien hace caricaturas quede como un caricaturista y si alguien frivoliza quede como un frívolo.

  1. El problema no es tanto con la transición en sí, sino con su relato. En la versión “oficial” de la transición, desaparece la calle, la protesta y, por supuesto, toda la gente que puso el pecho para evitar el continuismo de Arias Navarro y el rey Juan Carlos. El último Presidente de la dictadura fue el primero de la democracia. Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle, como escribieron Sartorius y Sabio. Con sangre. Los cuerpos de seguridad y las bandas de extrema derecha mataron a casi 300 personas entre 1975 y 1983. La calle se inventó la democracia y, en los momentos difíciles, la calle es esencial hoy para que siga habiendo Parlamento.
  2. El PCE se equivocó queriendo sacar a la gente de la calle con los pactos de la Moncloa. Lo hizo para obtener algún beneficio del gobierno de Suárez después del descalabro de las elecciones de 1977 (ya había pactado la república, la bandera y la plurinacionalidad de España). No iba a tener ni un puesto en la ponencia constitucional. El PCE parecía más fuerte antes de pesarse. Sólo le quedaba a Carrillo el recurso de CCOO para ofrecer algo a cambio de reconocimiento. Lo usó y se brindó para desactivar la calle, pero 1979 fue, pese a todo, el año de mayor conflictividad laboral de la historia de España. El PCE se alejó de los trabajadores y a partir de ese momento la Transición la iban a dirigir las clases medias ligadas al PSOE (cuando las clases medias estudiaban en el Pilar con los ricos. Por eso, uno de cada cuatro alumnos estudia hoy en colegios concertados y no en la escuela pública). Ha escrito Joaquín Estefanía que los Pactos de la Moncloa fueron un ejercicio de responsabilidad, porque, de lo contrario, hubiéramos regresado al franquismo. Es decir, que si no te rebajabas el sueldo y perdías derechos laborales, volvía el franquismo. Es decir, que el franquismo era una dictadura de clase y que la reconciliación en la transición no parece que fuera tan voluntaria.
  3. El PCE rechazó al leninismo para compensar la cultura anticomunista sembrada por el franquismo (igual que el PSOE hizo otro tanto un año después con el marxismo). El eurocomunismo, como dijo Vázquez Montalbán, estaba hueco desde un principio. Lo que tenía que haber hecho el PCE era buscar otro líder que no fuera alguien ligado a la guerra civil. Aunque el terrible Paracuellos fue un recurso propagandístico tardío del último franquismo, afectaba a la credibilidad de todo el partido. Pero Carrillo nunca tuvo la generosidad de permitir que no fuera él quien mandase. Su ambición estaba muy por encima de cualquier partido.
  4. La Transición tuvo lugar entre dos hechos clave de la penúltima guerra fría: el golpe de estado de Pinochet contra Allende y la invasión de Afganistán. No creo que las cosas hubieran podido ser muy diferentes, pero si el PSOE no hubiera entregado el debate constitucional al secretismo y hubiera habido una discusión de fondo en España, seguramente hubiéramos ganado una generación para la profundización democrática.
  5. Tan cierto es que se trata de una guerra de relatos que al tiempo que hombres como Juan Carlos de Borbón parecen héroes en vez de personas interesadas exclusivamente en sus asuntos, las mujeres han desaparecido del relato de la Transición. En 1977, en la última amnistía, salieron incluso condenados con delitos de sangre. Pero se quedaron en la cárcel abortistas, adúlteras, prostitutas. En ese relato, la lucha de las mujeres era un problema social, no político. Sólo la izquierda radical se acordó de ellas. El PCE, igual que había hecho con el maquis, con la República, con los muertos en las cunetas, lo sacrificó, diría Cercas, por responsabilidad histórica.

Tiene toda la razón Gregorio Morán, que estuvo en el PCE y le tomó bien el pulso, cuando mira el apoyo del PSOE al partido más corrupto de la historia de España: “Ahora entiendo aquellos elogios de banquero según el cual hemos hecho la transición más profunda sin tocar nada de lo que había que derribar. ¡Y la izquierda lo consideró un éxito! ¡Qué carácter! Quizá por eso se pueda decir que una época ha terminado. Aquello que se llamó proceso de transición ha saltado por los aires y estamos viviendo un Gobierno de coalición que es como un perchero”.

Y tiene toda la razón también Cercas: “quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va”.