El prestigioso hispanista señala que la pervivencia de la monarquía «depende ahora más de la Justicia que de la Casa Real”
El biógrafo de Juan Carlos I continúa defendiendo que «su contribución a la transición a la democracia es algo que no se puede manchar retrospectivamente»
Sir Paul Preston (Liverpool, 1946) es uno de los grandes hispanistas contemporáneos. Sus obras de estudio, centradas en la historia de España, han levantado en ocasiones ampollas en una sociedad nada acostumbrada a caminar sobre las huellas de su pasado. Durante más de cuatro décadas, ha documentado la Segunda República y los trágicos acontecimientos que llevaron a la Guerra Civil. Él, antifranquista, escribió una biografía sobre Franco que no gustó a sus nostálgicos. Él, juancarlista, escribió una biografía sobre Juan Carlos I que no gusta a los que ponen en duda que la monarquía tenga hoy utilidad. Ángel Viñas: «Es imprescindible que la Casa Real deje de refugiarse tras un velo de secretismo»
En 2003, tras décadas de estudio, publicó su esperado retrato del monarca. En Juan Carlos. El rey de un pueblo (Plaza & Janés), Preston repasaba a lo largo de más de 600 páginas la figura del rey, desde su nacimiento hasta la publicación del título. El libro relata cómo llegó al trono de la mano de Franco, su papel en el 23F –Preston le señala como máximo responsable «de las frenéticas operaciones para desmantelar el golpe»– y sobre todo, resalta su dedicación a la institución. «Al contrario de la imagen que dan las revistas del corazón, el rey ha tenido una vida bastante abnegada y sacrificada», escribía entonces el historiador, y añadía que para el Borbón, «vivir como un rey ha significado sacrificio y dedicación en un grado tal que ha dotado a la monarquía de una legitimidad impensable».
A lo largo de los años, Preston ha publicado sucesivas revisiones de su biografía. Los acontecimientos así lo demandaban: «Los elefantes y la princesa alemana se habían unido para romper un dique mediático que ya hacía agua», escribía en uno de los añadidos titulado Los peligros de la rutina o el auge del Fénix. Pero por mucho que se sumaran páginas al relato, el autor siempre ha defendido la importancia del papel de Juan Carlos en la democracia española. Y lo sigue haciendo hoy, cuando accede amablemente a responder desde Londres a las preguntas de elDiario.es sobre la huida del rey Juan Carlos, en plena investigación sobre sus finanzas, a un destino del que por ahora no ha sido informada la ciudadanía.
El hispanista considera que «es muy triste que una trayectoria tan importante para la historia de España termine así» y coincide con otros expertos en que, «en términos inmediatos», la marcha del emérito es «una medida desesperada para salvar la monarquía».
Aunque en su último libro, Un pueblo traicionado (Debate), ya recogía alguna de las últimas andanzas del exmonarca y los escándalos del final de su reinado que condujeron a su abdicación, se muestra «sorprendido» por la decisión de su marcha de España. Reconoce que ya pensaba que «difícilmente podría terminar bien el asunto»: Juan Carlos I había dejado de ser hace tiempo «un héroe nacional», según escribía en este volumen centrado en la historia de las corrupciones ‘made in Spain’.
Preguntado por si cree que los últimos acontecimientos hacen necesario revisar la historia de Juan Carlos I, el biógrafo del exmonarca sigue sosteniendo «que todo lo que hizo desde que asumió el trono en 1975 hasta la derrota del ‘Tejerazo’ como contribución a la transición a la democracia es algo que no se puede manchar retrospectivamente». Sin embargo, sí cree que «de los últimos veinte años habrá mucha revisión».
El experto en el pasado de España no se atreve a vaticinar si este gesto será suficiente para salvar la Corona. «Predecir el futuro no es mi fuerte», reconoce. Asegura que «algo ayuda a la situación de la monarquía el exilio de Juan Carlos», y considera que la pervivencia de la institución depende ahora más «de la Justicia que de la Casa Real» y lo que pueda hacer Felipe VI.
Preston señala que «es posible» que si Juan Carlos hubiera dado explicaciones o pedido perdón, algo que no ha hecho en ningún momento, «hubiera ayudado un poco a la situación de la monarquía», pero considera que el gesto «no habría resuelto las amenazas a las que está sujeta».
El prestigioso historiador ha reconocido en varias entrevistas que le cuesta entender qué motivó que Juan Carlos I tomase los senderos de las supuestas ilegalidades que ahora están bajo la lupa. Los escándalos conocidos en los últimos años, más allá de los ‘salseos’ protagonizados por ‘el campechano’, rompen definitivamente cualquier resquicio de esa imagen de rey sufridor y sacrificado. Su huida en plena investigación de su supuesto enriquecimiento multimillonario ilícito ha sido la puntilla a su imagen, cuya sombra cada vez era más grotesca.
Preston confía en que, aún así, el emérito pase a la Historia «como uno de los artífices de la democracia», aunque reconoce que dependerá «mucho» de esas «revisiones» que quedan pendientes de sus comportamientos. Las últimas páginas de esta historia todavía están por escribir, pero todo apunta a que es difícil que recojan un final feliz para Juan Carlos I.
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Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España).
Ha sido también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 48 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España.
Es uno de los investigadores españoles más citados en la literatura científica internacional en ciencias sociales
Vicenç Navarro Catedrático Emérito de Ciencias Poíticas y Políticas Públicas Universitat Pompeu Fabra
El discurso que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dio a raíz de la exhumación del dictador Franco del monumento al Valle de los Caídos refleja la enorme actitud acrítica (con vocación sesgadora y, en ocasiones, ocultadora) que el establishment político-mediático español ha mostrado durante todo el período democrático para definir el sistema de gobierno existente en este país. Desde el período de la Transición (presentada como modélica) de la dictadura a la democracia hasta la retirada de la tumba del dictador de su mausoleo (acto considerado como el fin de la Guerra Civil), tal establishment ha presentado la democracia española como un régimen ejemplar, homologable a cualquier otra democracia europea. En realidad, el mismo Pedro Sánchez llegó a definir el sistema democrático español como uno de los mejores que hoy existen en el mundo.
Tales hipérboles expresan un desconocimiento abrumador de lo que ha estado ocurriendo en este país durante su período democrático, o un cierto cinismo utilizado frecuentemente en períodos electorales por personas que confunden «patriotismo» con la expresión de un orgullo de pertenencia a un sistema político que perpetua una enorme injusticia, definiéndolo como lo opuesto de lo que es a fin de ocultar la denunciable realidad en que vivimos. Toda la evidencia existente (pero no siempre dada a conocer) muestra que ni la Guerra Civil fue un conflicto entre las dos mitades de España (las famosas dos Españas), ni la Transición fue modélica, ni la exhumación de los restos del dictador implican el fin del franquismo en las instituciones del Estado español ni en la sociedad en la que vivimos. La mejor prueba de lo último es que un artículo como el que firmo no se publicaría en ninguno de los principales medios de comunicación –prensa y televisión- de este país, rechazándolo como «extremista». Y ello a pesar de que la evidencia de la certeza de lo que estoy diciendo es abrumadora y bien conocida en muchos países en los que viví durante mi largo exilio (Suecia, Reino Unido y EEUU). Es más, mi avanzada edad, y proviniendo de una familia republicana, represaliada por el régimen conocido en España como franquista (pero conocido internacionalmente como fascista), sé de lo que hablo, pues conocí de primera mano la realidad que describo (ver Una breve historia personal de Catalunya y España: entrevista a Vicenç Navarro de Elvira de Miguel, 2017).
Primera falsedad: la mal llamada Guerra Civil no fue una guerra fratricida entre españoles
En primer lugar, la Guerra Civil fue el intento de interrumpir, por parte de las oligarquías del país, un proceso transformador de las estructuras económicas, políticas y culturales de España llevado a cabo por un gobierno progresista, democráticamente elegido durante la II República. Tal intento fue exitoso porque el golpe militar fascista tuvo el apoyo masivo de las fuerzas militares del Estado nazi (liderado por Hitler) y del régimen fascista italiano (liderado por Mussolini). La resistencia frente al golpe militar (golpe que sus promotores habían calculado que se habría impuesto en cuestión de semanas) por parte de las clases populares duró tres años, y ello a pesar de que la ayuda militar a la República fue muy limitada, proveída solo por la Unión Soviética y México. Fue, como bien indicó el embajador de EEUU en España en aquel entonces, una minoría que contaba con el apoyo del Ejército, de la Iglesia y de los poderes oligárquicos que dominaban la vida económica del país, en contra de la gran mayoría de la población. En realidad, la enorme crueldad de los golpistas (que se autodefinieron como los «nacionales») mostrada tanto en la realización del golpe militar como en el período de la dictadura que le siguió era resultado de que eran conscientes que tenían a la mayoría de la población en contra. El dictador fue muy explícito en el objetivo de la brutal represión, instruyendo que se eliminara a todo el que no pensara como él, dando lugar, como consecuencia, a lo que Paul Preston ha definido como genocidio. Según el profesor Malefakis, de la Universidad de Columbia (Nueva York), el mayor experto en fascismo europeo, «por cada asesinato político que cometió el régimen de Mussolini, el de Franco cometió 10.000″.
La segunda falsedad: la Transición no fue modélica
La segunda hipérbole del establishment político-mediático español fue definir la Transición como modélica (uno de cuyos promotores, Santos Juliá, de El País, falleció hace solo unos días, recibiendo un gran homenaje por sus servicios a la democracia española), cuando fue enormemente inmodélica, pues los franquistas controlaban los aparatos del Estado (así como la mayoría de medios de información), mientras que las fuerzas democráticas (lideradas por las izquierdas) estaban en la cárcel, en el exilio o en la clandestinidad. Es cierto que fueron las clases populares (y muy en especial las clases trabajadoras) las que, con sus huelgas políticas y movilizaciones, forzaron un cambio (España tuvo el mayor número de huelgas políticas en Europa desde 1974 a 1978, en términos proporcionales). Pero en las mesas de negociación y pacto, las ultraderechas dominaban todos los resortes del poder. Y como consecuencia, la democracia resultante fue muy limitada, dando lugar a un Estado del Bienestar muy insuficiente. Hay un dato que lo resume todo. Incluso hoy, España es uno de los países de la UE-15 que tiene más policías por cada 100.000 habitantes y, a la vez, menos adultos trabajando en los servicios públicos del Estado del bienestar (tales como sanidad, educación, servicios sociales, vivienda y un largo etcétera). Vean los datos (en mi libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país, Editorial Anagrama, 2002) y lo verán. La escasez de derechos políticos, laborales y sociales en un país siempre va acompañada de un gran desarrollo del aparato represivo del Estado. Y España es un claro ejemplo de ello.
Consecuencias del olvido histórico: la persistencia de la cultura franquista
El efecto de todo ello es que la cultura franquista continúa muy extendida. Casi el 80% de la población que vota al partido de las derechas españolistas, el PP (partido heredero de Alianza Popular, fundado por cinco ministros del gobierno dictatorial), por ejemplo, estaba en contra de la exhumación del dictador. Tal partido está claramente imbuido de la cultura franquista y ha sido uno de los dos partidos que han configurado la vida política del país. Y la Iglesia Católica, que fue, junto con el partido fascista, la Falange, el eje ideológico del régimen dictatorial, continúa teniendo un protagonismo y apoyo estatal inauditos en cualquier otro país democrático de la Unión Europea. Y a través del sistema escolar concertado, la Iglesia continúa teniendo un gran apoyo financiero del Estado, educando a través de tal sistema al sector de la población (alrededor del 30% de la juventud e infancia) proveniente de las clases más pudientes, con más recursos que las clases populares, educadas en el sistema público. Y desde el mundo universitario al mundo mediático, los hijos y nietos de los vencedores de la mal llamada Guerra Civil son la gran mayoría de los que dirigen tales instituciones. Miren los datos y lo verán.
La desmemoria de la memoria histórica
Otro de los indicadores de las grandes deficiencias y carencias de la democracia existente es que las leyes y sentencias del régimen dictatorial continúan vigentes. En este sentido, hay que subrayar que el aplauso al presidente Zapatero, hecho recientemente por varios comentaristas al aprobar este la Ley de Memoria Histórica, ignora la enorme timidez de sus reformas, pues tal ley se negó a derogar las sentencias y condenas del régimen fascista que afectó, entre miles de personas, a familiares míos. Como bien indicó en su día el magistrado emérito Martín Pallín, «la Ley de Memoria Histórica dejó sin alterar aquellas condenas». En realidad, dicha ley no incluyó la propuesta hecha por el diputado Llamazares, de Izquierda Unida, de que declararan nulas las sentencias y condenas emitidas por los consejos de guerra y por los tribunales de Franco, que habían violado sus derechos fundamentales. Los diputados del PSOE, liderados por el presidente Zapatero, respondieron indicando que «el gobierno no tiene intención de anular las sentencias de los juicios sumarísimos del franquismo, ya que supondría una ruptura del ordenamiento jurídico«. En este sentido, la comparación con lo ocurrido en Alemania e Italia (donde las sentencias dictadas bajo los regímenes de Mussolini y Hitler fueron inmediatamente y radicalmente anuladas) muestra la enorme debilidad de la mal llamada Memoria Histórica Española; mientras tanto los desaparecidos continúan desaparecidos, siendo España el país, después de Camboya, que tiene mayor porcentaje de desaparecidos por causas políticas en el mundo. En realidad, la ley 52/2007 fue una experiencia fallida. Las víctimas continúan ignoradas. En realidad, tal ley proponía «facilitar» la búsqueda de desaparecidos, cuando, como bien dice Juan Miguel Baquero en su excelente libro El país de la desmemoria, lo que se necesitaba era, más que facilitar, garantizar que se hiciera, algo que no ha sucedido.
Pero lo que es incluso peor que la falta de sensibilidad democrática hacia las víctimas del fascismo (que son millones y no miles si se incluye la diáspora republicana esparcida por el mundo incluyendo, de nuevo, familiares míos) es que no ha habido un intento del Estado, supuestamente democrático, de corregir las falsificaciones de la historia de España que todavía se enseñan en las instituciones educativas en el país. La cultura dominante continúa explicando la Guerra Civil como un conflicto entre dos partes iguales, entre miembros en muchas ocasiones de la misma familia, convirtiéndose en una lucha entre hermanos que llama a ser solucionada con una reconciliación como solución a las tensiones entre los dos bandos. Esta postura –que implica una supuesta neutralidad entre dos bandos opuestos– alcanzó un nivel máximo de obscenidad (no hay otra manera de decirlo) cuando el ministro de defensa del gobierno socialista Zapatero, José Bono, hizo desfilar, en el día de la Hispanidad, a luchadores derrotados en la defensa de la II República (pero vencedores en la II Guerra Mundial, que lucharon como parte de las fuerzas aliadas contra el nazismo) junto a personas que lucharon en el frente nazi europeo en contra de la URSS. No se ha enseñado en España lo que fue la II República (que continúa «demonizada» incluso por algunos sectores de las izquierdas), una de las épocas más creativas e innovadoras, convirtiendo a España en uno de los países más avanzados de Europa, aprobando legislación –como el derecho al aborto– mucho antes que Francia, Italia y otros países europeos. En realidad, muchas de sus reformas despertaron un gran interés en el resto de Europa (lo cual explica que los establishments políticos de tales países europeos no quisieran que sus gobiernos apoyaran a la II República, pues temían que tales medidas los «contaminaran» y aparecieran también en sus propios países). Esta fue una de las causas de que las democracias europeas no apoyaran militarmente a la II República.
¿Por qué las enormes deficiencias de la ley de memoria histórica?
Las limitaciones de la Ley de la Memoria Histórica son la mejor prueba de que la democracia continúa siendo muy limitada en España como consecuencia de la fortaleza de la cultura franquista en el país –que todavía persiste tras cuarenta y un años de régimen democrático–. Esta fortaleza explica también el comportamiento diferencial del Estado español en cuanto a la impunidad de los crímenes cometidos por los golpistas fascistas de 1936 y de la dictadura que se impuso, y en cuanto al desprecio del mismo Estado hacia sus víctimas. Pero entre ellas, las más olvidadas fueron las que murieron fuera de España o estuvieron en el exilio o encarceladas en las prisiones o campos de concentración nazis. Y, de nuevo, lo pude seguir de cerca, pues una tía mía, republicana, que luchó contra el golpe militar fascista en España, tuvo que dejar el país, derrotada, y una vez en Francia inició con otros españoles la resistencia antinazi, siendo deportada a un campo de concentración nazi. El gobierno francés del General De Gaulle la condecoró y recibió una pensión hasta el día de su muerte. Del Estado español, nada. Y cuando se pide que homenajee a los luchadores del lado republicano, se responde que es mejor no mirar al pasado, o que no hay que abrir las heridas, asumiendo erróneamente que están cerradas. El cinismo del poder no tiene límites.
A la luz de todo lo dicho, es sorprendente que algunas fuerzas políticas creyeran, por lo visto, que el Estado español era un Estado democrático (que lo es), homologable a cualquier otro país democrático (que no lo es). El hecho de que se escandalicen de la dureza de la sentencia del Tribunal Supremo parece transmitir una visión ingenua y falsa que tenían de lo que es el Estado español. Tal Estado no representó una ruptura, sino una apertura (sin duda muy importante, pero insuficiente en muchos aspectos) del Estado dictatorial anterior. Y los presos independentistas deberían haber sido plenamente conscientes de ello, pues algunos de ellos utilizaron el mismo Tribunal Supremo, dirigido también por el mismo juez que dictó esas duras sentencias, Manuel Marchena, para denunciar al movimiento 15-M por rodear el Parlament de Catalunya (forzando al entonces presidente de la Generalitat a llegar en helicóptero) el día que tenían que aprobarse los presupuestos de austeridad, consiguiendo que condenaran a 8 de sus dirigentes a 3 años de cárcel. El Sr. Homs, coordinador de las defensas de los líderes independentistas fue instrumental en conseguir tal pena.
Mi visión y mi experiencia es que tales fuerzas secesionistas están profundamente equivocadas y ello ha llevado al país a un desastre. Y lo que es peor es que ilusionaron a toda una juventud diciéndole que el cambio era posible ahora y unilatelalmente (y en contra de la mayoría de la ciudadanía de Catalunya). De ahí su enorme frustración. Aquel sueño se convirtió en una pesadilla, pesadilla para ellos y para todos los demás, que se podría haber evitado si se hubiera conocido la historia real del país. Han hecho un gran daño a las clases populares de Catalunya y del resto de España, pues han movilizado de nuevo a las derechas (que siempre han sido profundamente conservadoras, reaccionarias y represivas) dificultando así el progreso democrático, social y plurinacional de España. El hecho de que el Estado español sea el primer responsable de los problemas que existen en España, consecuencia de la persistencia del franquismo en amplios sectores del Estado y de la población, fruto de la desmemoria histórica, no diluye la responsabilidad de las fuerzas secesionistas en haber alcanzado la situación actual, donde el bienestar y calidad de vida de las clases populares de Catalunya y del resto de España ha alcanzado un deterioro sin precedentes.
Este viernes el Ayuntamiento de Madrid inaugura una placa en memoria de Arturo Ruiz, el joven de 19 años que fue asesinado por un comando ultraderechista un día antes de la matanza de Atocha en 1977. La familia Ruiz viajó la semana pasada a Argentina a prestar declaración ante la jueza María Servini, que instruye la única causa judicial que investiga los crímenes del franquismo y de la transición. El asesino de Arturo permanece en paradero desconocido.
Arturo Ruiz fue asesinado el el 23 de enero de 1977 por un comando ultraderechista.
Arturo Ruiz tenía 19 años. Estudiaba y trabajaba como albañil. Era el 23 de enero de 1977. En sus bolsillos llevaba una foto de carné de una mujer, un llavero de los hermanos Kennedy y 75 pesetas. Era activo políticamente. De izquierdas. Aquel día salió a las calles para participar en una manifestación que reclamaba una amnistía política total para los presos antifranquistas. Fue asesinado cruelmente. Por la espalda. José Ignacio Fernández Guaza, miembro de un comando ultraderechista de cuatro personas con vínculos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, acabó con su vida. Le disparó dos veces mientras Arturo trataba de huir. El asesino acertó con el segundo disparo. Antes, había gritado ‘Viva Cristo Rey’.
José Ignacio Fernández Guaza huiría rápidamente del país. Se sabe que pasó por Euskadi. Que desde allí llamó a su pareja y le pidió que mandara dinero a un amigo suyo. Después, se conoció que este amigo era Guardia Civil. De ahí pasó a Francia y nunca más se tuvo certeza de su paradero. El Ministerio de Justicia confirmó que en sus archivos no consta ninguna petición de extradición o de comisiones rogatorias a otro país. Pero Guaza no actuó solo. De hecho, la pistola con la que asesinó a Ruiz no era suya. La portaba el también ultraderechista Jorge Cesarsky. Este, según declaró ante la Justicia, había sacado la pistola de su bolsillo para disparar al aire con el objetivo de amedrentar a los manifestantes. Fue entonces cuando Fernández Guaza le arrebató el arma para disparar mortalmente contra Arturo. Era una pistola de calibre 7’65 x 17 mms, de cañón fijo, semiautomática. Sin guía de pertenencia ni licencia de uso.
El juicio en la Audiencia Nacional concluiría en 1978 y la sentencia condenaría únicamente a Jorge Cesarsky. La pena fue mucho menor que las reclamadas por Fiscalía y los representantes de la familia. Cesarsky fue condenado a cinco años y medio de prisión por un delito de terrorismo y otros seis meses de arresto mayor por un delito de tenencia ilícita de armas. La sentencia tuvo en cuenta, para rebajar la condena, que Cesarsky no se ocultó ni rehuyó de la acción de la Justicia. También que su acción, la de disparar al aire, no tuvo resultados dañosos. Según informó El País, Cesarsky sólo cumpliría un año de prisión. Mientras se resolvía su recurso ante el Tribunal Supremo, quedó en libertad provisional. Era febrero de 1979 y Cesarsky se habría beneficiado de la amnistía política que Arturo Ruiz reclamaba en las calles. Una nueva paradoja de la Transición. Una más.
José Ignacio Fernández Guaza. La investigación judicial le saló como autor de los disparon que acabaron con la vida de Arturo Ruiz.
Los padres de Arturo Ruiz no tomaron ninguna iniciativa judicial más. El dolor, como dice ahora Manuel Ruiz, hermano de la víctima, era demasiado intenso. Punzante. En 1997, una vez fallecidos los padres, los hermanos volvieron a acudir a la Justicia española. Sin embargo, tras llevar a cabo unas diligencias el juez Javier Gómez de Liaño volvió a archivar el caso. Tres años después, en el 2000, la Audiencia Nacional certificó la prescripción del asesinato. Sin embargo, los hermanos no han parado de reclamar verdad, justicia y reparación. En España y allá donde los han querido escuchar.
En 2015 se unieron a la conocida como Querella Argentina, única causa judicial que investiga los crímenes del franquismo y de la Transición. Su testimonio y el caso de Arturo es uno de los que ha servido de base para la imputación del exministro Rodolfo Martín Villa como máximo responsable de las Fuerzas del Orden Público entre julio de 1976 y abril de 1979. Y la semana pasada, de hecho, Manuel Ruiz, hermano de Arturo, estuvo en Buenos Aires prestando declaración. Lo hizo ante la jueza María Servini y, al día siguiente, ante el fiscal del caso. Allí contestó a todas las preguntas. Allí se sintió escuchado.
«Nos han escuchado. Nos han tratado con respeto. Han atendido pacientemente a todo lo que teníamos que decir y nos ha tomado declaración. El trato que hemos recibido de la Justicia de Argentina nos ha sentado bien. Es un poco de reparación, aunque sea en un país tan lejano al nuestro», explica a Público Manuel Ruiz.
Este viernes, además, el Ayuntamiento de Madrid instalará una placa en memoria de Arturo Ruiz en las inmediaciones de la Plaza de Santa María de Soledad Torres Acosta, más conocida como Plaza de la Luna, cercana a las calles Estrella y Silva donde Arturo fue asesinado. La instalación de la placa también supone un elemento «reparador» para la familia. Aunque también con una connotación agridulce. Cuenta Manuel Ruiz que dos comunidades de vecinos rechazaron instalar la placa en la fachada de su edificio, por lo que el Ayuntamiento tuvo que buscar un emplazamiento alternativo.
Cartel que informa del acto de inauguración de una placa en honor a Arturo Ruiz.-
«La placa llega en tiempo de descuento. Un día antes del cambio de gobierno, pero llega y eso es lo importante. Era una deuda que el Ayuntamiento tenía con nosotros y nosotros con mis padres, que sufrieron mucho con este asunto», prosigue el hermano de Arturo, un año mayor que él.
En este sentido, el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Mauricio Valiente, ha señalado a Público que es «un imperativo ético buscar la igualdad en la consideración social e institucional de las personas que sufrieron el acoso del fanatismo de extrema derecha y parapolicial en la época de la transición». «El caso de Arturo Ruiz es un ejemplo emblemático de cuanto digo. Un símbolo del precio en sangre que nuestra sociedad pagó por conseguir la democracia en España. Por eso, el acto de este viernes es un acto de memoria, pero también, y sobre todo, un acto de justicia», ha explicado Valiente.
Una lucha por la verdad
Manuel Ruiz reconoce el valor de este tipo de acciones y señala que tienen efectos de reparación. Pero que la lucha que mantiene es otra. Es una lucha por la justicia y, sobre todo, por la verdad. A día de hoy, 42 años después de la muerte de su hermano, hay muchos cabos sueltos. Demasiados. El primero ya se ha comentado. Se desconoce el paradero del asesino de Arturo Ruiz. Pero hay más. Fernández Guaza, por ejemplo, tenía en su casa un maletín con 400 cartuchos de nueve milímetros. ¿De dónde los había sacado? Otro. Tras asesinar a Arturo se desplazó a Euskadi, desde donde llamó a su pareja y pidió que le mandara dinero a un amigo, que era un guardia civil de Gernika. ¿Qué vínculos y de qué naturaleza tenían este comando ultraderechista con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?
La hermana de Guaza declaró que «realizaba funciones que la policía no podía hacer» y que iba con frecuencia a Euskadi «a ayudar a la Guardia Civil con los jaleos de ETA»
Un reportaje de El País, firmado por Iñigo Domínguez, recoge que la pareja de Fernández Guaza declaró ante el juez en 1977 que su compañero trabajaba para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Por su parte, la hermana de Guaza declaró que «realizaba funciones que la policía no podía hacer» y que iba con frecuencia a Euskadi «a ayudar a la Guardia Civil con los jaleos de ETA». Sin embargo, estas líneas de investigación no llegaron a ningún lado. Por los casi 800 folios de sumario desfilaron nombres de cubanos anticastristas exiliados en Estados Unidos que recalan en España y de fascistas italianos como Stefano Delle Chiaie. También el de Ángel Sierra, miembro de los Guerrilleros de Cristo Rey, amigo de Fernández Guaza y quien durante la agonía del dictador Franco estaba sentado en la sala de espera del hospital. Sierra, de hecho, fue detenido y puesto en libertad al cabo de una semana.
La «semana trágica» de la Transición
El asesinato de Arturo Ruiz abriría lo que se conoce como la semana trágica de la Transición. Él murió el 23 de enero de 1977. Al día siguiente, en una manifestación de protesta por el asesinato de Ruiz, moriría Mari Luz Nájera tras recibir el impacto de un bote de humo de la Policía en la cabeza. Y apenas unas horas después de la muerte de la joven, otro comando ultraderechista entraría en las oficinas de un despacho de abogados laboralistas en Atocha asesinando a cinco personas: Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez. Cuatro lograron salvar la vida: Luis Ramos, Miguel Sarabia, Dolores García y el propio Alejandro.
«No quiero que el nombre de mi hermano desaparezca de la historia. Las cosas que se olvidan no sirven para nada», sentencia Manuel Ruiz
«Arturo Ruiz fue la primera víctima de la semana trágica de la Transición. Fueron cuatro o cinco días de mucha violencia en las calles con la extrema derecha campando a sus anchas. La tensión fue in crescendo. Primero, Arturo. Después, Mari Luz y los abogados de Atocha. Madrid estaba lleno de manifestaciones contra el régimen y la extrema derecha y las fuerzas involucionistas trataron de mantener una estrategia de terror y tensión que propiciara una intervención militar. Sin embargo, consiguieron todo lo contrario. Reforzaron el camino hacia la democracia», explica a Público el periodista e investigador Mariano Sánchez Soler, autor de La Transición Sangrienta (Península).
Por la crueldad, por su simbolismo, la matanza de los abogados de Atocha centró la mayor parte de la atención mediática. A ellos fueron los grandes homenajes y el recuerdo y agradecimiento permanente de la España democrática. Sin embargo, a los familiares de Arturo Ruiz les ha quedado un sensación extraña. Sienten admiración por el trabajo de los abogados. Han participado en homenajes y reconocimientos, pero también les queda la sensación de que el nombre de su hermano ha ido desapareciendo de la historia. Quizá eclipsado por el de los abogados.
«Es un tema sensible para nosotros. La matanza de los abogados fue una auténtica barbaridad. Empezaron asesinando a mi hermano y continuaron con ellos. Sentimos toda la empatía del mundo con los supervivientes y familiares de las víctimas. Pero a veces uno piensa que también es injusto que el nombre de mi hermano siempre se nombre de pasada y en los últimos párrafos de un artículo que habla sobre la matanza de Atocha. Me da un poco de tristeza. No quiero que el nombre de mi hermano desaparezca de la historia. Las cosas que se olvidan no sirven para nada«, sentencia Manuel Ruiz.
“Habría que idear alguna fórmula para que las comunidades autónomas entraran en un proceso de reforma de la Constitución o de un nuevo proceso constituyente”, afirma el historiador.
“Cuando una fuerza social en movimiento se identifica con la nación y es solo cuantitativa y cualitativamente una parte de esa nación, la capacidad destructora no tiene límites”.
“Es una historia de irresponsables, de gente que va al precipicio y cantando porque después del precipicio está la aurora. En eso recuerdan a la CNT: después del abismo, después del incendio, viene la aurora”.
Santos Juliá (Ferrol, 1940) es un catedrático e historiador de reconocido prestigio con obras de referencia como Manuel Azaña. Una biografía política y Historias de las dos Españas, entre otras. La entrevista se celebra en su despacho, un apartamento invadido por los libros. Escribe en un ordenador último modelo. Al terminar la conversación, que se extendió más de la hora, hablamos de las críticas y de los déficits de la Transición. “Duró un año”, dice como defensa de aquel periodo, “el resto de los defectos del sistema político español son inherentes al desarrollo de la propia democracia”.
¿Estamos viviendo la peor crisis desde… 1979, 1981, la peor crisis territorial desde la Guerra Civil, desde el 98?
Bueno, territorial, sí, en cuanto a la unidad del Estado. Es lo más grave que ha ocurrido. Hay un momento. Indudablemente, la Guerra Civil está fuera de consideración aquí. No fue una crisis, fue la quiebra total de la posibilidad de convivir en paz. Habría que remontarse a la crisis de 1934 con Catalunya, que afectó a la otra democracia española del siglo XX, a la República.
¿Cómo le explicamos a un extranjero que Catalunya, que goza de una autonomía que tienen pocas regiones en Europa, quiere ser independiente? Hace unos días, el ex primer ministro de Francia, Manuel Valls, explicó en la televisión de su país que Catalunya tiene una policía propia, una televisión autonómica, el catalán se enseña en las escuelas y el castellano está casi al nivel del inglés o del francés.
Igual. No casi, igual.
¿Cómo teniendo el mayor grado de libertad y autonomía se plantea la independencia?
Hay un problema de fondo que se puede abordar desde distintos puntos de vista. El primero es que cuando un Estado tiene, en el sentido en el que lo utilizan los politólogos, fragmentos de Estado con un ámbito territorial específico, bien señalado y con la posibilidad reconocida en la Constitución de construir un poder de Estado dentro del Estado, la clase política que se forme dentro de ese fragmento tendrá siempre una presión, que vendrá de algunos sectores de la sociedad y de la misma clase política, a separarse y constituirse en Estado. A no ser que haya un pacto federal o confederal que obligue a la lealtad de cada uno de los fragmentos para no romper la unidad del Estado.
El problema que tiene hoy el Estado español es que por la propia Constitución y su desarrollo ha atribuido poderes de Estado a unas comunidades sin garantizar al mismo tiempo la obligación de lealtad a ese Estado. Tenemos un Estado federal sin instituciones federales, débil para mantener la unidad si hay una política de uno de esos fragmentos de Estado dirigida a separarse del Estado.
Una de las diferencias que tenemos con otros Estados federales es que en ellos las partes participan en el todo.
Participan más en el todo.
Aquí es casi unidireccional, ¿no?
Sí, claro. Cuando se abren las Cortes y se trata de la constitución territorial que el Estado va a tener, se emplea tres veces más la palabra “autonomía” que “solidaridad”. Las regiones que así eran reconocidas en la Segunda República se convierten en comunidades autónomas, cada una con un Estatuto de autonomía. La argamasa que va a consolidar el conjunto se fía a la solidaridad. En el momento en que la solidaridad falla, la lealtad no tiene garantizada una vía jurídico política. No hay instituciones. El Senado no está diseñado para un Estado federal. Hace tiempo que necesitamos una reforma constitucional.
Lo que se está produciendo tiene su origen en el intento de los catalanes de ir hacia una especie de Estado confederal sin una reforma constitucional. El Estatuto de 2006 no es una reforma del primero, sino uno de nueva planta con cientos de artículos. Era la manera de forzar la Constitución sin reformarla. Fue un error garrafal del tripartito entre socialistas, Esquerra e Izquierda Unida, que seguimos pagando.
Estoy releyendo Historia de España, de Pierre Vilar. Habla de la importancia de la geografía en la creación de las distintas idiosincrasias, de cómo el centro no ha sabido pactar con unas periferias más abiertas a la modernización. ¿Nos falta cultura política para resolver el problema actual?
Bueno, podría aceptar eso hasta cierto punto, porque Catalunya no plantea en el siglo XIX ningún problema de conexión con el Estado, nunca. El problema empieza en torno a 1898, cuando arranca un catalanismo político que llevaba como uno de sus elementos fundamentales la reforma del Estado español. Lo que reivindica es lo que [Francisco] Cambó denomina “autonomía integral”, en el sentido de que las regiones tendrían autonomía en aquello que concernía a la vida de la propia región dentro de un Estado español más fuerte y consolidado.
Durante el periodo de la monarquía hasta la república, e incluso dentro de la república, el catalanismo político piensa que la fortaleza del Estado español depende de la autonomía regional. El juego está siempre dentro del Estado, aunque se consideren una nación singular, la nación catalana. Sobre el hecho diferencial se discutió mucho en el debate constituyente de la Segunda República. Ese debate nunca estuvo unido a una reclamación de separación o de independencia, sino de reforma del Estado con objeto de hacerlo más moderno, más democrático y, es curioso, más fuerte.
¿Jugó a lo mismo Jordi Pujol?
Jugó durante un tiempo. Ahí hay un debate en torno a la transformación del catalanismo en el tardofranquismo y durante la Transición. Hay quien sostiene que desde el principio el objetivo final, el objetivo estratégico era la independencia. En los discursos políticos explícitos, cuando Pujol viene a Madrid y habla en el Ateneo o en el Club Siglo XXI, o más importante, durante el debate constitucional, no aparece la separación y la independencia, o la autodeterminación como un derecho. Existe un discurso sobre la autodeterminación de las nacionalidades y las regiones. El PSOE y el PCE recurren a él a finales de los 60 y en los 70.
Si se tiene en cuenta el contexto en el que se está reivindicando se la puede denominar autodeterminación interna, no como separación e independencia. Es una autodeterminación que mira a la capacidad de cada uno de los llamados pueblos de España de participar en la construcción del nuevo Estado que ha de sustituir a la Dictadura, no hacer de esto un conjunto de 17 repúblicas. En ese sentido recuerda más a las palabras “autodeterminación” y “Estado” en los debates de la Primera República o de la Segunda República que a un derecho de autodeterminación por que hubiera una situación de colonialismo o de ocupación por un extranjero.
Parece que la élite política de Catalunya, por lo menos la independentista, ha renunciado a la modernización de España.
Sí, ha renunciado a jugar el papel propio que identificó al catalanismo durante un siglo. Lo que estamos viendo ahora es el fin del catalanismo político, porque el catalanismo político, tal como se entendió desde Prat de la Riba hasta Jordi Pujol, era el de crear una Catalunya libre, próspera, autónoma, que fuera una especie de ejemplo, de motor, una vanguardia en relación con el resto de lo que se llamaban los pueblos de España.
¿Cuántos pueblos?
Eso fue debatido, cada uno de estos debates tiene su interés, pero hay que situarlos en su momento. En los años 40, cuando la Dictadura está en su mayor uso del terror para someter a los ya vencidos, es decir, en los años peores que ha pasado España en siglos, porque hasta el triunfo de los aliados, y todavía después, aquí existía un estado de terror. En el exilio se piensa que el triunfo de los aliados va a suponer la caída de Franco. Se discute sobre el futuro Estado español.
La delegación del Consell en EEUU presenta el caso de Catalunya a la nueva ONU, con más o menos autorización de la delegación en Londres, en la que está Carles Pi i Sunyer. Quieren que el futuro del Estado se construya a partir de una confederación de cuatro naciones: Castilla, Galicia, Euskadi y los Países Catalanes. Envían un mapa de España a la ONU en el que están los llamados Países catalanes”, o sea, Catalunya, Valencia y Baleares. En ese mapa, Euskadi tiene buena parte de Navarra.
El exilio español de México responde que las naciones o nacionalidades españolas son por lo menos 12, porque están Galicia, Euskadi, Catalunya y Castilla, pero ¿es Andalucía Castilla? ¿Lo es Valencia? ¿O León? Aparecen primero los planos de Luis Carretero y después, de su hijo, Anselmo, en los que se contrapone el plano de las cuatro naciones al nuevo plano de 12, 13, 14 naciones.
De alguna forma, seguimos atrapados por ese juego de los mapas.
Esta es la cuestión. Los Carreteros, Luis y su hijo Anselmo, hablan de unión de nacionalidades ibéricas. La palabra “nacionalidad” es de uso corriente mucho antes de la Constitución del 78. Ellos leen la historia a partir de la formación de los reinos históricos, visigodos, etc. Por eso salen como nacionalidades Aragón y Navarra, que es la que sucumbe más tarde a la idea de imperio de los Habsburgo. Aquello estaba pensado desde una reconstrucción histórica que se realiza en función de lo que se quiere proyectar para el futuro, pero ahora tenemos a todas las comunidades autónomas que han impulsado políticas de construcción de identidad nacional. Tenemos los nuevos estatutos de 2006, 2008. Andalucía se define como una realidad nacional. Aragón se define como una comunidad o realidad nacional. Valencia, también.
¿Cómo salimos de esto si todas aspiran a ser o dicen ser realidades nacionales? La única manera de hacerlo en paz, si aún quedara un resto de aquella llamada solidaridad entre los pueblos de España, sería por un acuerdo de las comunidades autónomas. A lo mejor digo un disparate, pero habría que idear alguna fórmula para que las comunidades autónomas entraran, a través de alguna iniciativa, en un proceso de reforma de la Constitución o de un nuevo proceso constituyente.
Más allá de la posible responsabilidad del Govern, que carece de un mandato claro para la independencia unilateral ni va a tener reconocimientos internacionales, está la del Gobierno central y una parte importante del PSOE y Ciudadanos. Las leyes tienen que ser útiles, pero las leyes cambian. Si no, seguiríamos en la esclavitud.
Claro, las leyes cambian, pero en el momento en que hay un poder de Estado que se rebela contra el conjunto del Estado, el conjunto del Estado tiene que reaccionar ateniéndose a la fuente de su propia legalidad. Por eso creo que en el origen de esto hay una rebelión a la antigua usanza. No hay una insurrección armada, como la que se intentó en 1934. No hay un recurso a las armas para lograr la independencia. ¿Cómo lo llamamos? Lo he llamado ruptura, una quiebra, una parte del Estado decide por su cuenta. Esa quiebra de la solidaridad origina un problema constitucional. Recurrir a la Constitución y que el Poder Judicial actúe en función de la presunción del delito que se está cometiendo es de cajón. No hay otro recurso.
Pero a la vez se podría abrir alguna ventana.
Exactamente, pero las han cerrado todas. El otro día leí un artículo de Tomás de la Quadra que estaba muy bien, recordando a la Generalitat que tenía la oportunidad, a partir del artículo 166 de la Constitución, de presentar en el Congreso un proyecto de reforma de la Constitución. Pero no lo han hecho. Han vulnerando todas las leyes posibles, incluso las propias. Lo ocurrido el 6 y el 7 de septiembre [en el Parlament] es inconcebible en un Estado de derecho.
El historiador Santos Juliá. MARTA JARA
No sé si por falta de idiomas o de actores con prestigio de una parte, los soberanistas se han hecho con el relato exterior, sobre todo en las televisiones. El Gobierno ha sido incapaz de explicar que el referéndum del 1-O carecía de garantías, que no se parecía al escocés.
Claro. El 1 de octubre es clave. No estoy en el secreto del asunto, pero tengo la impresión de que el Gobierno llegó a creer que había desmantelado la posibilidad de que la gente acudiera a los colegios y que hubiera urnas y papeletas. En el momento en que por el comportamiento de los Mossos, de dejar hacer y dejar pasar, y que intervengan otros ya que han venido, el recurso de aporrear a gente que va a votar es lo peor que se le puede ocurrir a un gobernante. Si te han sorprendido, lo que tienes que hacer es mantener el orden, impedir si puedes que entren, pero nunca recurrir a la porra para quitarle una papeleta de voto a una mujer, a un hombre, a un niño, a quien fuera.
Es que esa es la imagen que ha quedado.
Claro, y seguro que no ha habido los 800 heridos. No hay una foto sola de ninguna autoridad catalana visitando a un herido en un hospital. Hubiera bastado que alguien quedara tan herido por la actuación policial para que fueran todos a hacerse la foto. En ese caso, el Gobierno habría acabado en la ruina más absoluta.
En un país normal el ministro del Interior tendría que haber dimitido inmediatamente por no parar el referéndum y por la actuación policial.
Por lo menos poner el cargo a disposición. Ese gesto hubiera sido digno de tener en cuenta. Un ministro tiene que ser leal al Gobierno y solo sale cuando el presidente decide que salga, pero poner el cargo a disposición del presidente del Gobierno, sí, desde luego.
¿Cree que todo el mundo es consciente de que estamos en un territorio muy peligroso?
Sí, lo que pasa que miden de distinta manera el peligro según en qué posición se encuentren, como siempre sucede en los enfrentamientos civiles. El peligro en el que incurre quien hace la cacerolada, sale a la calle o interrumpe el tráfico merece la pena si progresa el proceso de independencia, o si el sector que lo está organizando piensa que, en la relación de fuerzas que tiene con los otros sectores, le va a dar una posibilidad de presionar más, de tener una mayor capacidad de actuación.
Aparte del problema del choque entre el Estado constitucional y el conjunto de las fuerzas que pretenden romper al Estado, hay otro problema interno, que es el de la relación de fuerzas entre los independentistas. Hay un sector muy catalanista y nacionalista, pero hay otro sector al que el catalanismo y la nación catalana le han traído sin cuidado hasta ahora. Eran anticapitalistas, antiEstado, antieuro, antiEuropa, antipagar la deuda. No hablo de memoria, está en sus escritos. Llaman a este enfrentamiento “primer momento deconstituyente del Estado español”. La independencia de Catalunya, en este caso, está sobrevenida a la estrategia de “deconstituir el Estado”.
El segundo momento, que está argumentado en escritos publicados, es el de la demolición del Estado español. Eso no tiene que ver con lo que defienden el PDeCAT o Esquerra Republicana; ellos quieren que siga un Estado español, lo que quieren es independizarse de ese Estado. Estamos en un momento táctico, en el que coincide el objetivo estratégico: separación e independencia. Al final o en un momento del proceso va a tener duros choques.
A esto se suman los catalanes que no quieren independencia. Es lo que decía Joaquín Sabina, que el conflicto puede ser interno, entre catalanes, no tanto Estado contra Catalunya.
Claro, claro, pero forman parte de la defensa de la Constitución. Eso se refiere a una quiebra de la convivencia dentro de la sociedad catalana, pero no es porque los otros tengan un proyecto distinto al soberanista, sino porque forman parte del constitucionalismo español.
La profusión de banderas españolas, las agresiones de Valencia, discotecas que ponen el himno nacional y se escuchan gritos de “arriba España”.
No digo que sea buscado, pero en parte está previsto. Si la bandera española se vuelve a identificar con grupos de extrema derecha que recurren a la violencia, un motivo más para todo lo que se está diciendo en relación con “España, Estado opresor”, otra demostración de que es así. A los constitucionalistas o a quienes pensamos que todavía es posible una reforma de la Constitución, esta identificación nos lleva a momentos que se pensaron superados, pero eso forma parte de la estrategia política del independentismo.
Siempre se ha dicho que el PP asumía toda la derecha, que la extrema derecha se sentía representada, de hecho hay gente del PP que podrían ser del Frente Nacional en Francia. A cambio de tener esa extrema derecha domesticada, carecemos de un partido democrático europeo como la CDU alemana. Aquí no existe alguien como Angela Merkel.
Hombre, creo que el PP ha gobernado de acuerdo con la Constitución. No diría que no hay un partido conservador demócrata en España, no. Hay un partido conservador democrático que es el PP. Lo que ha habido es el fracaso de la formación de partidos de extrema derecha al estilo que han tenido los austriacos, los holandeses, los alemanes y los franceses. Cuando se han querido montar partidos de este tipo nunca han pasado del 5% del electorado, ni del 3%. Hay un sector dentro del PP que sí se sitúa dentro del extremo de la derecha, pero nunca han tenido hegemonía dentro del PP, nunca han impuesto sus políticas en el PP. Yo no veo que el PP haya tenido una política como la que propugna en Francia el Frente Nacional.
Pero es un partido que no ha roto claramente con el postfranquismo.
El problema del PP no viene de ahí del postfranquismo, viene de la corrupción, pero eso ha afectado también a los catalanes. Si el PP está atravesando una crisis en su electorado, en su capacidad de volver otra vez a conseguir una mayoría que le permita gobernar cómodamente, no procede de haber desarrollado políticas de extrema derecha, sino de no haber respondido con la rapidez, más que rapidez, urgencia, y la profundidad requerida a los casos de corrupción que han florecido como setas. Ese es el gran problema de la clase política española, no solo del PP, que en las comunidades autónomas se han montado redes clientelares que han servido como una colusión de intereses privados con intereses públicos que han salido a la luz en lo peor de la crisis económica. Esto destruye al partido mejor pintado del mundo.
Las instituciones más importantes del Estado, que debían tener ahora un papel decisivo, como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado o el Tribunal de Cuentas, están contaminados. Parecen tan ocupados como Televisión Española.
El Tribunal Constitucional pasó un mal momento, pero su peor momento no es este. Ha tenido sentencias ejemplares. Como aquella que permitía a la Generalitat presionar en cierto modo y ofrecía al Gobierno la posibilidad de que se organizara un referéndum. O por lo menos no cerraba el camino. Otra sentencia ejemplar es la de la lengua, favorable a la Generalitat. Creo que ha habido un momento complicado, porque no era solo esta política de los partidos de colonizar otras instituciones del Estado, que efectivamente se ha dado.
Lo ha hecho también el PSOE.
Evidente. El PSOE empezó. Es que era aquello del “Montesquieu ha muerto”, celebremos el enterramiento.
¿Hay una verdadera separación de poderes en España?
Si no hubiera separación de poderes, ningún tribunal hubiera procesado nunca a la hija del rey. No soy tan de blanco y negro. La Fiscalía, por su propia definición institucional, es un poder jerárquico dependiente del Estado; sería menester que el fiscal general pueda ser nombrado a través de un procedimiento algo más complejo y que refleje no solo la política del Gobierno sino del Estado. Que no haya un Poder Judicial independiente en España lo niega la práctica diaria de los casos de corrupción política que salen y son juzgados.
Los jueces que no dependen del poder político hacen su trabajo con libertad, el problema empieza cuando dependen de ese poder para ascender. Ahí empieza la contaminación.
No necesariamente, porque la Audiencia Nacional ha tenido un papel fundamental en todo esto. Creo que ha dependido de dos cosas: de que la Guardia Civil y la Policía han actuado, y han actuado profesionalmente. No han tenido en cuenta mandatos políticos para sacar toda la corrupción a la superficie. Y en segundo lugar, el Poder Judicial ha funcionado. La crisis de la democracia representativa por la que hemos atravesado tiene que ver con cuestiones que pasan también en otras democracias. Los dos poderes que han mostrado una actuación más independiente y más autónoma han sido las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial. ¿Cuántos casos de corrupción hay ante los tribunales hoy? Es verdad que van lentos, bueno, pero eso es la propia máquina judicial.
¿Por qué decir aquí “referéndum pactado”, como el escocés o el québécois, es mencionar la bicha? ¿No sería una solución a corto o medio plazo?
Bueno, es que aquí la cuestión sobre los referéndum pactados en una parte del territorio no se refiere tanto al hecho del referéndum como a quiénes son los que tienen que votar cuando se va a cambiar una Constitución.
Hay un propuesta de Miquel Iceta: cambiar la Constitución, que se podría conseguir en poco tiempo si hay voluntad política, y hacer una votación en toda España; si en Catalunya sale no, convocar otro especifico en Catalunya.
Es una variante de una propuesta que hizo Santiago Muñoz Machado sobre la necesidad de proceder en un proceso, que sería mejor si fuera simultáneo, a una reforma constitucional, que, por tanto, habría una intervención catalana, como habría intervención de todos los diputados y senadores, y simultáneamente a una reforma del Estatuto de autonomía de Catalunya, y que se refrendaran a la vez. Esa sería la fórmula del posible referéndum pactado. El problema del referéndum pactado es que una parte del territorio pueda modificar toda la estructura del Estado en la que el resto de los ciudadanos son también sujetos de soberanía.
El historiador Santos Juliá. MARTA JARA
Pero sí se soluciona un problema para los próximos 50 años, reforzando la lealtad.
Tienes que reformar antes la Constitución. Lo que no se puede es poner los huevos en una sola cesta y decir, un referéndum pactado sin reforma constitucional. Podría haber una consulta, no vinculante, como aquella que propuso Francisco Rubio Llorente. El problema de la consulta no vinculante es que la gente se siente más libre de votar aquello que puede poner en mayor aprietos. Como no es vinculante, pues entonces… No vinculante pero que obligara a las partes a negociar para resolver el problema.
Las salidas de empresas ha supuesto un choque de realidad para mucha gente.
Un choque de proporciones colosales. Ha sido una política basada en mentiras. Cuando se enfrentan identidades nacionales construyes al otro con todo lo que lo hace odiable. Por eso les resultaba imposible pensar que las empresas se fueran con aquel al que odias tanto. Lo que se han encontrado es el desmentido radical a algo que habían garantizado que nunca pasaría. Lo decía [Artur] Mas, “le puedo garantizar que ninguna empresa saldrá del territorio de Catalunya”. Bueno, han salido. ¿Ha salido el vicepresidente económico Oriol Junqueras a dar una explicación a la gente de por qué está pasando esto?
Tampoco va a haber reconocimiento de ningún país de la UE, EEUU o Rusia.
No lo va a haber. No lo va a haber.
En el fondo hay un conflicto entre legalidad y legitimidad.
Una legitimidad de un gobierno que se siente sostenido por una opinión pública. Esa opinión es la que permitía al franquismo afirmar que tenía un poder legítimo en ese sentido, no en el democrático. Han arrasado la legitimidad democrática al cerrar el Parlamento. Como decía Anna Gabriel, no hemos venido aquí a perder el tiempo en parlamentarismo autonómico, el parlamentarismo autonómico se ha acabado.
En la CUP son los más honestos.
Porque lo dicen todo, pero cambian rápidamente. Porque el juego que se trajeron para prestar o no apoyo…
El famoso empate.
El famoso empate. Esa es la mentira más grande que hemos presenciado en política, es decir, no ha habido nada similar, y se lo tragaron y da igual. Que tres mil doscientas y pico personas voten de tal manera que haya un empate aritmético, 1.251 y 1.251, es imposible. Pero por arte de birlibirloque se convirtió en posible, y el que había dicho que el resultado de las elecciones no daba para legitimar el inicio del proceso a la independencia, Antonio Baños, le pegaron la patada. Era el cabeza de lista y desapareció.
La frase final del documento que firmaron en una sala aledaña del Parlamento dice “los representantes legítimos de Catalunya”. ¿Los demás?
No lo son para los que firman.
La diputada de la CUP Mireia Boya acusó a los Comuns de Ada Colau de ser traidores. Hay catalanes buenos y catalanes malos.
Aquí hay una tendencia a calificar todo de fascismo, pero cuando se estudia el repertorio de acción colectiva de los fascismos, que es amplio, que los fascistas no tomaron el poder de la noche a la mañana, Mussolini fue más rápido, pero a Hitler le costó años, hay un repertorio de acción colectiva. Cuando un sector se identifica a la nación y los demás son excluidos, no eres alemán si vas a casarte con una judía o un judío. ¿Qué es lo alemán? ¿Qué es lo catalán?. Si se identifica con un sector de la sociedad, eso forma parte del repertorio nazi de acción política porque a los que tenían connivencia con los excluidos se les excluía también.
Cuando los 72 diputados titulan su declaración, que la hacen además en un desprecio al Parlamento, porque la firman en una dependencia aparte, “declaració dels representants de Catalunya”, están excluyendo al resto de los diputados que no firman. El artículo “los” indica la totalidad: somos los representantes de Catalunya. ¿El que no firma no es representante de Catalunya? Pues si eso lo cree usted, está actuando como, no digo que sean nazis, pero recurren al repertorio de acción colectiva propio de los movimientos fascistas cuando identifican nación con lo que ellos son. Nosotros tenemos una historia trágica de esto, una historia de guerras, por haber identificado la nación con la religión católica, con la España verdadera. ¿Cuál fue la legitimidad de los que se levantaron contra la República? Creerse los únicos legítimos representantes de la nación española.
¿Cree que toda experiencia acumulada nos servirá para evitar un conflicto?
Pues no está sirviendo.
Más allá del conflicto político, ¿está descartada por completo cualquier solución balcánica?
Hombre, lo balcánico, más que solución, es la guerra. Tal y como hoy está planteado, esto va camino de un enfrentamiento grave. Los politólogos dicen que llegado a un nivel determinado de renta per cápita, una nación no entra en una guerra ni en rupturas violentas. Pues no es verdad. Puede ocurrir.
Alemania era una nación muy culta.
Alemania era la nación más culta de Europa, con permiso de Gran Bretaña y Francia, pero cuando una fuerza social en movimiento se identifica con la nación y es solo cuantitativa y cualitativamente una parte de esa nación, la capacidad destructora no tiene límites.
Para garantizar que no haya ningún conflicto armado es esencial que el Estado mantenga el control del monopolio de la violencia. En Catalunya tenemos a los Mossos y no parece que todos estén en el mismo equipo.
No parece. Aquí también hay otro precedente. En la Guerra Civil, en mayo de 1937, hubo una pequeña guerra civil en Catalunya, pero sobre todo en Barcelona. Son los famosos “hechos de mayo”: la Generalitat junto con los comunistas frente a CNT, más o menos unida con el POUM. Intervino el Gobierno de la República. Su intervención fue quitar el mando de los Mossos a la Generalitat. El orden público quedó en manos de las fuerzas de la República. Eso creó un conflicto entre la Generalitat y el Gobierno.
No estamos en eso. La ventaja del 155 es que es flexible, se pueden tomar medidas en función de cómo está la situación. La desventaja es que no es claro, que no te dice qué es lo que vamos a hacer o qué hay que hacer en función de la Constitución. Entonces dependerá mucho de la prudencia, de la proporcionalidad y de algo a lo que nunca se debe dejar jugar más allá de la cuenta: el azar. Es una historia de irresponsables, de gente que está jugando con fuego, de gente que va al precipicio y cantando porque después del precipicio está la aurora. En eso recuerdan a la CNT: después del abismo, después del incendio viene la aurora.
Ese es el juego de la CUP, que recibe esa herencia.
Parte de esa herencia, sí, parte.
Una última pregunta: ¿estuvo bien el rey en su discurso o le faltó algo?
Escuchándolo no me llamó la atención. Me pareció sorprendente por la firmeza, la seriedad, la rotundidad con que habló de la vulneración de la Constitución y de las leyes. Pero cuando terminó dije: “¿Ya está? ¿Es todo?”. Eso fue lo que me sorprendió. Y no porque no adoptara una posición política concreta que había que desarrollar, en absoluto, porque ese no es su papel.
Creo que hasta el momento y en la crisis que hemos atravesado, el rey ha cumplido con la función que la Constitución le señala. Pero dentro de una estructura discursiva que estuviera dirigida a todos, pudo haber prolongado algo más, no mucho más. La Constitución le atribuye un papel moderador, arbitral, que no está tampoco muy claro en qué consiste. Pensó que esa parte de su función sería mejor no tocarla, y cumplió la otra, que fue llamar la atención sobre la vulneración de la Constitución, en lo que estoy totalmente de acuerdo. Sin entrar en mecanismos de arbitraje o moderación, que es complicado, quizá un recuerdo de lo que ha significado el trabajo conjunto de Catalunya y del resto de los pueblos de España en la construcción de la democracia, el papel de los catalanes en la oposición al franquismo, una llamada a la reflexión, a la prudencia, que todo es posible dentro de la ley y de la Constitución, incluso la reforma de la Constitución. Eso podría haber completado la firmeza y la fortaleza del discurso. Sin menguarlo, todo lo contrario, completándolo.
Esta entrevista forma parte una serie de conversaciones con diferentes expertos, historiadores y académicos. El objetivo es ofrecer un panorama de las diferentes sensibilidades que existen en torno a la cuestión catalana.
«Los cambios que se han producido en la inteligencia de la izquierda en la Transición, que era entonces la izquierda más radical, hasta ahora, son de poder», afirma el periodista y escritor.
«Para gente como Carrillo, la Transición consiste en ver pasar el último vagón del último tren: o coges ese tren en las condiciones que fueran o no pasa otro».
«Hay un jalón definitivo en la situación de Catalunya que dispara los acontecimientos: cuando se comprueba que el president de la Generalitat Jordi Pujol es un chorizo».
El periodista y escritor Gregorio Morán. MARTA JARA
El escritor y periodista Gregorio Morán (Oviedo, 1947) presenta Miseria, grandeza y agonía del PCE (Akal). Un libro reeditado que cumple ahora tres décadas. La obra de Morán, como todas las suyas, es un reportaje largo, erudito, prolijo en detalles, del principal partido en la dictadura y de su crisis a partir de la Transición.
Morán desarrolla un retrato crítico de sus principales dirigentes, de los procesos históricos en los que vivieron –muchos de los cuales él vivió en primera fila–, y del contexto en el que se pactó una Transición, de 1978, cuya arquitectura institucional parece sufrir con su 40º cumpleaños.
Morán fue despedido a la vuelta del verano de La Vanguardia, donde publicaba un artículo semanal desde hacía 30 años, «víctima del procès», explica. Un procès con el que es muy crítico, y que le trae a la memoria un poema de Pier Paolo Pasolini de 1968, Il PCI ai giovani, sobre las protestas estudiantiles de aquel año en el que el autor empatiza con los policías más que con los estudiantes, porque los primeros «viven con un salario miserable» y los otros «están mantenidos».
¿Por qué la reedición del libro? ¿Qué está pasando en la actualidad para un libro que retrata de forma crítica el periodo de la Transición tenga interés?
En primer lugar, desempeña un papel importante la propia editorial, que estaba interesada en ese libro inencontrable que había tenido una vida si no azarosa, sí irregular. El libro es del año 1986, y fue creciendo en interés conforme se ocultaba. Ahora, los libros de viejo están a unos precios absolutamente hiperbólicos.
Yo creo que hay un interés por una parcela de la historia de la izquierda española tan capitidisminuida la pobre últimamente, y el libro viene a incidir en esa historia. Un pasado que parece de hace un siglo, pero que no es de tanto tiempo: del 86 hay poco más de 30 años. Pero lo más llamativo es que los protagonistas de esa historia han tenido una vida azarosa que les ha llevado desde la extrema izquierda, en algunos casos contra el revisionismo del PCE, hasta la extrema derecha del PP. No hay que olvidar que en España no existe una extrema derecha como partido porque está subsumida en ese partido de centro derecha que es el PP, que lo recoge todo siguiendo la norma que marcó la UCD de Adolfo Suárez. Es un retrato de época.
Retrato crítico.
Sí, claro, sí, eso ya va con uno.
Recordando los Mandarines, también, es esa forma periodística de reportajear una época en la que casi no queda títere con cabeza.
Es que los títeres eran muy títeres.
¿Por qué añade «agonía» al título del libro?
Cuando lo escribo en 1986 es miseria y grandeza, pero visto en perspectiva, en la parte última, es una agonía. Fue irrecuperable. Ya Izquierda Unida no tiene nada que ver con lo que era el PCE, y los restos del PCE pues es una cosa que está ahí como restos del naufragio, como un pecio. Yo creo que había que añadir lo de la agonía, porque en principio en 1986 no era obligatorio pronosticar el final, y ahora es una obviedad.
Es muy crítico también con el nivel intelectual de los líderes históricos del PCE, como Dolores Ibárruri, José Díaz, Santiago Carrillo… ¿Han faltado grandes teóricos marxistas al frente del PCE como sí hubo en otros partidos comunistas europeos?
La crisis del PCE es un antecedente de otras crisis de partidos comunistas europeos. La fragilidad intelectual del PCE, caracterizada por la propia fragilidad intelectual de Carrillo, de [Fernando] Claudín, es una imagen de marca, es una huella que está ahí. Hombres como [Manuel] Sacristán, que podrían haber introducido quizá elementos de racionalidad, o [Manuel] Vázquez Montalbán u otros, no muchos más, no tuvieron ningún peso.
El peso, no hay que olvidarlo, lo tenía Carrillo. Cuando saca un libro infumable, Eurocomunismo y Estado, absolutamente deleznable intelectual y políticamente, y los críticos dijeron que era una aportación al pensamiento de la izquierda mundial… Cuando pasa eso, uno piensa que nuestra base intelectual está ahí reflejada: no le vamos a pedir tampoco al PCE goyerías que están fuera de la realidad, porque el PSOE ha tenido un montón catedráticos de universidad, que, con todos mis respetos, la inmensa mayoría desempeñan cargos funcionariales: una inteligencia vicaria de quien les puso en la cátedra.
No creo que sea significativo solo del PCE, sino más general de una de las maldiciones de este país, que intelectualmente la izquierda es tan pobre como la derecha y, en ocasiones, más.
Y a menudo a gusto cerca del poder.
Intelectualidad y poder, ya lo he intentado explicar con El Cura y los Mandarines: el poder da relumbrón, todo lo que la sociedad no te da. Y más. En los cambios que se produjeron en la inteligencia de la izquierda en la Transición, que era entonces la izquierda más radical hasta ahora, son de poder. El poder que no les hizo caso y que sigue sin hacérselo, pero que sí les da privilegios o concesiones o beneficios de élites que hay que pagar. Y que se paga con la aceptación del «pensamiento dominante».
¿La crisis del PCE en la Transición tiene que ver con las concesiones programáticas o con que la imagen de que quien pilota el partido es de los años 30?
Yo creo que la parte segunda es la más adecuada. La gran paradoja del PCE es que es el partido más joven en la España del 77, tanto como que sería el que suministraría los cuadros políticos al PSOE en los años por venir. Ese partido se presenta en junio de 1977 con las candidaturas más viejas, arcaicas y putrefactas que uno se pueda imaginar. A partir de ahí, ese elemento no fue suficientemente analizado por nosotros. Para una parte de los analistas o militantes, se consideraba una paradoja, pero tenía una explicación: para gente como Carrillo, la Transición y las elecciones del 15 de junio de 1977, hasta que el PSOE domina en octubre de 1982, consiste en ver pasar el último vagón del último tren: o coges ese tren en las condiciones que fueran o no pasa otro.
Nosotros teníamos una vida por delante, ellos tenían vida por detrás. Esto se convierte en una radiografía del PCE. ¿Cuál es el gran éxito del PSOE? Que no tenía ningún pasado. ¿100 años? No tenía nada, el pasado eran Llopis y compañía, ellos estaban virginales en todos los sentidos.
Julio Anguita a veces lo comenta: que fue clave el dominio del partido del exterior, mientras en el PSOE fue el del interior.
Eso es evidente. Es un rasgo definitivo. Pensaban en la posibilidad de una egregia y brillante jubilación. Y la figura de Carrillo ahí es fundamental. Él es la esencia de ese fenómeno. Ellos se han dedicado a la política desde los 16 años ¿y no has sido ni ministro y te vas a morir?
El libro tiene tanto detalle que no es suficiente con el archivo del PCE. ¿Quién le ayudó?
Mi historia, la gente con la que viví, y el haber vivido en primera persona con una buena parte de los protagonistas de esta historia.
Dicen que Romero Marín le echó una mano.
No, imposible. Nadie que lo conociera, que no queda precisamente bien en el libro, puede imaginarse haciendo confidencias. Yo he trabajado con él, pero era un coronel de tanquistas.
El Tanque, le llamaban.
Era el Tanque.
El actual líder de IU, Alberto Garzón, también es crítico con Carrillo. ¿Cree que representa un mayor nivel intelectual que echaba en falta en la historia del PCE?
Yo no le conozco. Conozco lo que aparece, no lo sé. No sé tampoco su edad. Es muy joven.
¿Y el grupo de líderes de Unidos Podemos, además de Garzón, con Iglesias y otros, que vienen de la universidad? ¿Hay un salto teórico?
Yo creo que sí. Es verdad que hay mejor formación, pero la política también requiere una veteranía que esta gente no tiene. Cómo está administrando Podemos la crisis de Catalunya es una prueba inequívoca de inmadurez política, tanto de los dirigentes como de los cuadros. No entro en si aciertan o no aciertan, pero sí en la falta de unas orientaciones que producen la veteranía. Seamos sinceros. Rajoy gana porque ya es el único veterano que queda, los otros han ido cayendo.
Hasta el mismo Aznar cuando se queja de Rajoy, hay que recordarle que si llega a poner a los otros candidatos que tenía en su famoso cuaderno, no me quiero ni imaginar a Rato haciendo de Rajoy, entre otras cosas porque estaría en la cárcel.
La veteranía no es todo como creía Carrillo, que creía que con eso bastaba, pero sí es imprescindible en política. Y a esta izquierda le falta curtirse. El problema es que curtiéndote te puedes resquebrajar, es muy difícil la situación. No es eso de que vamos a simular, aquí te la vas a jugar.
También la situación de ahora es muy complicada.
Exige talento, sí, y veteranía. Y aquí es el arte de la improvisación. A lo mejor la política futura se caracterizará por esos rasgos, pero no lo veo. Lo cierto es que lo que significó el PCE se ha desparramado en los diferentes grupos. Simplemente la formación de las élites políticas debe todo al PCE, desde la derecha a la izquierda.
¿Deberían disolverlo?
¿No está disuelto ya?
Hay cuotas, militantes, el Mundo Obrero, la fiesta anual…
Eso es como un club, ¿no? Hay gente que juega al golf, que le gustan los caballos…
A veces surge el vértigo de que una svolta della Bolognina a la española acabe como en Italia, sin fuerza marxista organizada.
Italia en política merece un respeto. Y en medios de comunicación, también. Aquí nos hemos dado de bruces con situaciones impensables. El partido que ha representado mejor la modernización de la derecha ha sido el PSOE, que gana las elecciones de octubre de 1982 con un programa radical de izquierda, en muchos aspectos rupturista, que luego no cumple. Si hoy me preguntaran qué queda del PCE, y yo sigo los medios, no sabría qué queda como PCE organizado, como estructura partidaria.
Lo que está pasando ahora con Catalunya, ¿hasta qué punto tiene que ver con una crisis del régimen del 78?
Tiene mucho que ver con una crisis de régimen catalán, poco trasladable al resto. Hay un jalón definitivo en la situación de Catalunya que dispara los acontecimientos: cuando se comprueba que el president de la Generalitat es un chorizo. El descubrimiento de Pujol como chorizo, no por sabido por minorías, no dejó de conmocionar a la vida política catalana. Y ahí empieza todo. No hay que olvidar que una de las exigencias de los indepes más egregios de la antigua Convergència es que la independencia significa una amnistía, cosa aceptada hasta por la CUP.
Entre realidad y tapadera, la situación en Catalunya es muy diferente a como la estamos explicando.
El periodista y escritor Gregorio Morán. MARTA JARA
¿No tiene tanto que ver con un concepto de país España?
Acabará teniendo que ver, pero es más el agotamiento de la clase política catalana. Ellos han tenido que cambiar de nombre el partido, esto solamente ocurrió con el PCE.
Y con AP.
Sí, pero AP y los magníficos duraron poco. Ya se consolidó como PP. La clase política catalana tiene una responsabilidad histórica y el pujolismo, también. Y mientras no veamos eso, no veremos el trasfondo auténtico de la situación.
Y ahí está esa expresión insólita y hasta divertida si no fuera patética, de políticos catalanes: nos vamos porque no nos quieren. El elemento de que te quieran o no en política… He planteado que fleten tres barcos desde Buenos Aires con psiquiatras y psicoanalistas que allí sobran y aquí faltan, para dar dosis de tranquilidad, de eliminar ese complejo de inferioridad… ¿Que no nos quieren? ¿Pero qué tiene que ver eso con la política? Yo nunca me he planteado si quiero o no quiero a mi vecino, es mi vecino, y sería raro que me tocara el timbre en mi casa y me preguntara si le quiero. Llamaría a urgencias.
Es una insistencia en este momento acojonante: si no nos quieren, nos vamos. ¿Tienen que mandarnos flores? Si tú tomas las calles, no te van a quitar con claveles. A ver si nos aclaramos: ahora queremos las revoluciones con tranquilidad 2.0. Pero usted va a pelear. Los otros nos dan duro, dicen. Pero, ¿para qué está la Guardia Civil? ¿Para mandarte a casa con flores?
Esa especie de buenismo… La izquierda buenista es más estúpida que la derecha buenista. Porque la derecha buenista sabe cómo conservar el poder y el dinero. Pero la izquierda buenista no tiene nada que conservar más que su propia estupidez. Ser de izquierda buenista es una cosa… Niega la lucha de clases, niega todo. Una de las cosas más llamativas: en Catalunya ha desaparecido la lucha de clases, porque estamos todos, en palabras de Montilla: «Zapatero, te queremos mucho, pero queremos más a Catalunya». A mí me dice un tío eso de España y no le voto en la vida.
Se han transmutado los valores, todo esto se ha desparramado, no estamos pudiendo decir lo que debemos decir. No puede ser. No puede usted de pronto decidir que la lucha de clases no existe. Lo que ocurre es que hay clases abducidas por la hegemonía catalanista.
A mí los tuits me recuerdan a los váters públicos: «Tonto el que lo lea»; «me cago en tu madre»… Si me atuviera estrictamente a lo que dicen de mí, estaría deseando que me quisieran. Pero no es mi problema. No necesito que me quieran todos los días a todas las horas. Y si me dedicara a la política, sabría que tengo una base que me sustenta pero otra que tratará de machacarme.
¿Cómo se resuelve esto?
Los navajazos seguirán, las cuchilladas de uno y otro. Y yo a lo mejor escribo esta semana sobre el diálogo, pero qué manía. Me acuerdo de Gemma Nierga cuando lo de Lluch. ¿Parando a los tíos en el garaje para dialogar con unos tíos que te van a pegar un tiro en la nuca?
Usted quiere dialogar porque no quiere conflictos, porque no está involucrado en la pelea, porque quiere vivir en paz, y que maten a los demás… Pero dígalo todo. Usted no llega a esa situación para dialogar. ¿Sobre qué dialogamos? Uno con la Constitución y el otro con la independencia. ¿Está dispuesto a bajarse el burro? Está en una bici de piñón fijo, si no pedalea, se cae.
La cantidad de tópicos… ¿Dialogar? Usted dialoga con unos tipos que han considerado que quieren romper con el statu quo y están en su derecho, pero lo que no puede ser es que cuando vienen mal dadas y cuando el Estado reacciona, dices: vamos a dialogar. Pero, ¿sobre qué? Hay hechos consumados.
¿No podría haberse hecho algo distinto que el 155?
Sí, pero con tiempo. No ahora, ahora ya no. Porque ya la cosa está disparada, ahora es imposible. Porque Rajoy ha intentado por todos los medios no aplicar el 155: ha puesto más medios Rajoy para no aplicar el 155 que los otros para que lo apliquen. Pero una vez que venga la ola, hay mucha gente que no sabe nadar y que lo va a tener muy crudo. Y Rajoy no es el más duro de la cuadrilla, y que una situación política fuera de control significa que se va la sociedad capitalista que te está subvencionando a ti. El problema del PDeCAT, antigua CDC, es que ha matado la gallina de los huevos de oro, y que parece que va a disputar a ERC y la CUP las bases sociales.
Y eso que en España se han elegido siempre presidentes con 40 años, salvo Rajoy. Y a menudo también se estigmatiza el político profesional.
Primero, porque la política está mal considerada, y esto es una herencia del franquismo: haga como yo, no se meta en política. Pero los instrumentos pedagógicos de esta sociedad se limitan a las tertulias: tú discutes con un tío que es un analfabeto, tiene cultura visual. El tiempo que dedica la izquierda más radical a incidir en los medios visuales, yo no sé si a la larga eso será bueno para la sociedad, pero para ellos es malo.
¿Por qué?
Es una prueba de que todos somos lo mismo, que en un debate no gana el que tenga los argumentos más sólidos, sino el que sepa vender la moto con mayor eficacia. Los medios de comunicación han tendido a liquidar las hemerotecas, eso quiere decir que todos somos presentistas: no existe más que el presente.
El periodista y escritor Gregorio Morán. MARTA JARA
¿Qué papel desempeñan los medios a su juicio?
No muy feliz. Tenemos los medios más deleznables de Europa. En Catalunya queda la subvención y un magma que lo recubre todo, que es la opinión mayoritaria. Opinión mayoritaria según los sondeos, que están hechos para quien los paga, lo cual es un principio básico de la termodinámica social.
El desprestigio de los medios de comunicación en España es directamente proporcional a la actitud de los propios medios. Económicamente son de una fragilidad absoluta, viven de la subvención, y no puedes tener unos medios independientes si no te puedes subvencionar a ti mismo. Aquí tienen intereses los patronos que consideran cómo sacar dinero al Estado. En el caso de Catalunya es escandaloso porque la subvención abarca todo, y en el caso del resto, primero está la precariedad: significa que los salarios que se están pagando son de miseria y que no se hacen reportajes, no hay corresponsales, se depende de las grandes cadenas…
La situación de los medios de comunicación es de caída general, en un momento en el que la gente está feliz de haberse conocido con las redes. ¿Cuánto durarán las redes? Se cansarán, porque las redes tienen un límite. El poder decir las tonterías que quieras gratuitamente llegará un momento en el que eso no tenga más sentido que en su propio ombligo, pero eso no tiene ningún valor a la larga. Nadie contempla todavía la caída en picado de las redes, pero caerán como cae todo.
Además, las redes no pueden sustituir a los medios de comunicación convencionales. El poder está en el papel: el papel es caro y exige la lectura, lo otro exige la visualidad, que es otra cosa.
Volviendo a la historia del PCE y Catalunya. A menudo se compara a los comunes con el PSUC.
No tiene nada que ver. El PSUC era un partido, los comunes es una amalgama de personajes, de mayor o menor cuantía. No tiene nada que ver.
¿No heredan esa tradición?
No, no se hereda. Estamos viviendo una crisis del partido convencional, y manejar las amalgamas de grupos como los comunes o como Podemos, es una experiencia nueva, que exige talentos y una cosa que no gusta: personalismos muy fuertes, esa variante del populismo que son las personalidades fuertes que unen. Cuando se toman decisiones, no pueden convocar al soviet, no le sirve. La asamblea es cojonuda, pero, ¿quién ejecuta? ¿Siempre ejecuta la derecha? ¿Usted no gobierna, usted discute del gobierno? Eso ya lo teníamos aprendido del siglo XIX. Esos instrumentos políticos, que la gente piensa que por ahí está el futuro, el presente ya lo están teniendo difícil.
Tienen un momento de ascenso y éxito arrollador, pero esos instrumentos están hechos para sociedades como los verdes alemanes, sociedades institucionalizadas donde las sorpresas vienen de fuera. Pero aquí, ¿dónde hay que tomar decisiones?
Ese es el riesgo de las izquierdas con Catalunya, que hay que tomar una posición con validez como mínimo que dure algo más que unas horas.
Ellos están con el referéndum pactado, ¿no? Otra cosa es qué votarían cuando lo hubiera.
Sí, claro, pero es poco probable la primera parte, pero cuando tú has apoyado el referéndum no pactado, es muy difícil ese peso de tu verdad en el referéndum pactado. Porque tú has apoyado…
Lo llamaban movilización.
En eso el lenguaje da para todo. Llámalo como quieras, pero tú no has dicho que no al referéndum no pactado si no es con la boca pequeña. Es muy complicado. No son asambleas de la universidad. Seamos serios: yo no me imagino a la izquierda, incluido el señor Sánchez, abordando una situación como la de Catalunya.
No quiere decir que Rajoy lo esté haciendo mal, bien o regular. Pero se lo ha pensado. Otra cosa es que no piense lo que yo pienso. Pero me imagino a Sánchez en una situación así y me aterrorizo: no sabe ni cómo dirigir su propio partido. Y no digamos ya los comunes: lo de Colau no sé qué réditos electorales va a tener. Pero ese intento de que te quieran todos es muy difícil.
Vamos a unas elecciones en Catalunya, pero nada dice que vaya a cambiar la radiografía del voto. Las urnas las carga el diablo. Ya sé que esto está mal decirlo así brutalmente, pero mi confianza en el voto popular es muy relativa. He vivido situaciones en las cuales me recuerda mucho a esa gente que cuando detienen a un asesino dicen que le cuelguen, que me lo dejen a mí. No sé quién es peor, si el asesino o el asesino voluntario. La capacidad de linchamiento de la población.
Ahora los estudiosos más razonables están introduciendo una variante muy rica, que es la introducción del odio, que no existía hace 20 años. El odio ya es una categoría política en muchos países, y en sociedades como la catalana del buenismo, el odio está palpable e indiscutible. No hay empatía con lo que tú digas. Al contrario, si pueden, te machacan. Cuando dicen ‘somos pacíficos’, claro pero si no te pones en su camino.
¿Podemos hacerle escraches a la derecha con impunidad sólo porque tenemos razón? Nosotros tenemos razón y por tanto tenemos derecho: eso me recuerda viejas épocas. Si usted no quiere que saque una bandera, no me saque la suya. ¿Y cómo hacemos las protestas? Hay mil maneras, pero si usted quiere dominar la calle, está usted o la policía. La policía está para eso. Que no cumple la policía su finalidad, pues tendrá que cumplirla usted y habrá que detener a la policía. Usted sabrá lo que hace.
Por eso te digo que la veteranía es un grado, y no es que sea positivo, pero hay lecciones que ya las di y las aprendí hace muchos años. Una situación como la de Catalunya está sacando a flote odio en una sociedad que se jacta y se jactaba de ser pacífica, tranquila.
Yo soy una víctima colateral del procès. No olvides que el comité de empresa de La Vanguardia, que es indepe, mandó una carta al director pidiendo que mis artículos fueran censurados. Esto ni en el franquismo. Eso muy bestia, es haber cruzado una línea de fuego.
Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, y en catalán en la columna “Pensament Crític” en el diario PÚBLIC, 20 de septiembre de 2017.
Este artículo documenta la derechización que las instituciones políticas y mediáticas españolas han experimentado durante el gobierno Rajoy, señalando que las prácticas autoritarias de la dictadura se están reproduciendo, centradas ahora en la enorme represión masiva que está teniendo lugar en Catalunya estos días.
Dos hechos que han ocurrido en las últimas semanas muestran el grado de derechización que se ha alcanzado en las instituciones políticas y mediáticas españolas en estos años de gobierno Rajoy. Uno de estos hechos, que ha pasado casi desapercibido, es el otorgamiento por la Editorial Espasa del premio que lleva su nombre a Stanley G. Payne por su libro En defensa de España: desmontando mitos y leyendas negras, que es una defensa del régimen dictatorial que existió en España desde 1939 hasta 1978, considerando al general Franco, que lo lideró, como (y lo cito textualmente) “el mayor modernizador de su país y el líder que alcanzó mayor éxito de todos los aspirantes a las dictaduras de desarrollo del siglo XX”. El libro es una defensa del golpe militar de 1936 y del régimen dictatorial español existente en este país.
Su autor, Stanley G. Payne, es profesor emérito de la Universidad de Wisconsin-Madison, en EEUU, donde dirige la Cátedra Vicens Vives, y pertenece a la categoría de hispanistas anglosajones próximos a las derechas españolas. Gran defensor de la manera cómo se hizo la transición en España de la dictadura a la democracia, considerándola como modélica, es contrario a la re-evaluación de tal proceso que están haciendo las nuevas izquierdas, como Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, a las que considera como nefastas, como define también a las fuerzas republicanas de los años treinta, cuyas acciones, según él, hicieron necesario el golpe militar de los “nacionales” (el entrecomillado es mío). En realidad, Stanley G. Payne ha alertado a la sociedad española de una posible alianza del PSOE con Unidos Podemos, que reproduciría el Frente Popular que él abomina. La última ocasión en la que repitió este comentario fue nada menos que en el Centro de Estudios de la Defensa Nacional del Ministerio de Defensa del Estado español.
Dicho personaje ha recibido múltiples galardones del establishment español, habiendo sido elegido miembro de la Real Academia de Historia y de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, receptor de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, y nombrado doctor Honoris Causa por la Universidad Rey Juan Carlos. Es un académico del establishment conservador, cuyas opiniones y discursos resuenan y son aplaudidos por las derechas españolas, que en el panorama europeo son equivalentes a las ultraderechas. No me imagino que un libro semejante que hablara positivamente (tal como Payne hace de Franco) de Hitler, de Mussolini o incluso del mariscal Pétain recibiera tal reconocimiento en Alemania, en Italia o en Francia respectivamente, países que sufrieron dictaduras fascistas o nazis semejantes a la que sufrió España.
Pero en España no solo es posible, sino que es frecuente. En este aspecto, es importante también conocer qué es la Editorial Planeta, creada por el Sr. José Manuel Lara Hernández, que luchó en la llamada Guerra Civil en el lado golpista como capitán de la Legión, a la que se pasó tras conocer al famoso (por su crueldad) general Yagüe. Participó activamente en la represión política franquista cuando los militares ocuparon Barcelona, y fue, más tarde, jefe del sindicato fascista vertical de Artes Gráficas. En 1949 fundó la Editorial Planeta, convirtiéndose, como resultado de su entramado con el Estado, en una de las casas editoriales más importantes de España. Fue más tarde nombrado Marqués del Pedroso de Lara. Su hijo, José Manuel Lara Bosch, heredero de una de las editoriales más grandes (con unos ingresos anuales de 1.600 millones de euros) de España (y del mundo), expandió sus negocios a los medios de información, llegando a presidir la corporación Atresmedia (a la que pertenecen, entre otras, Antena 3, La Sexta, Onda Cero, Europa FM y Melodía FM). El Grupo Planeta es también el mayor accionista del diario de ultraderecha La Razón. Su gran poder mediático explica la docilidad hacia tal figura por parte del establishment político, lo cual explica sus muchos honores recibidos de autoridades públicas, incluyendo la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura del Estado español, la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid de la Sra. Esperanza Aguirre, el título de hijo adoptivo de Sevilla, y la Cruz de Sant Jordi, máxima condecoración de la Generalitat de Catalunya, y un largo etcétera. Sus relaciones fueron siempre cordiales con los principales partidos políticos gobernantes, primordialmente con las derechas del PP y Convergència, pero también con el PSOE.
Pero la burguesía representada por el Sr. Lara ha estado muy inquieta con el surgimiento de la nueva izquierda, que parece más difícil de domar. De ahí el galardón a Payne, en un intento de reforzar “la cultura franquista” todavía hegemónica en las estructuras de poder en este país. Tal burguesía parece estar alarmada, pues en la promoción de la elección del libro de Payne, el jurado del Premio Espasa subraya que tal libro provoca y desmonta los mitos y leyendas negras existentes en España sobre la Guerra Civil y sobre Franco, como si dicha visión favorable a la dictadura fuera minoritaria (casi prohibida) en España, habiendo sido reemplazada por una visión republicana, “roja” y “separatista”, que supuestamente, y según Payne, domina el mundo intelectual del país. En realidad su visión de España y de su historia, lejos de ser prohibida, es la hegemónica en gran parte de los aparatos del Estado y del establishment político y mediático del país. La transición no significó una ruptura con el Estado franquista, sino una adaptación y una apertura de este para legitimarse como Estado democrático, pero conservando y reproduciendo grandes elementos de la cultura franquista que continúan siendo hegemónicos en el país. La España uninacional, centrada en un Estado radial, es la dominante en los aparatos del Estado, y lo que está ocurriendo en España estos días es un ejemplo de ello, lo cual me lleva al segundo hecho ocurrido esta semana.
Pero antes quisiera subrayar que la evidencia existente muestra claramente que Franco tuvo poco de modernizador. Una persona profundamente conservadora y reaccionaria, cruel en extremo (según el profesor Malefakis, de la Universidad de Columbia en Nueva York, experto en el fascismo europeo, por cada asesinato que cometió el régimen de Mussolini, el régimen de Franco cometió 10.000), responsable del enorme retraso político, cultural y económico del país, es lo opuesto a modernizador. Solo dos datos muestran la falacia de ese argumento. Cuando ocurrió el golpe militar, España e Italia tenían el mismo PIB per cápita. Cuando la dictadura terminó, el PIB per cápita en España era solo el 64% del PIB de Italia. Y el 68% de la población adulta tenía menos de seis años de educación.
La represión que está ocurriendo en Catalunya
El Estado central, cuyo Jefe de Estado nunca ha hecho una declaración en contra de tal general (ni la hará), ni en contra de la dictadura (que tampoco hará), y cuyo partido gobernante, fundado por un ministro de Franco, nunca ha denunciado explícitamente aquel régimen, está hoy reprimiendo por la fuerza, con una enorme agresividad y falta de sensibilidad democrática (característica del franquismo), reuniones, discursos, material escrito, revistas y muchos otros actos, lo cual sería impensable en cualquier país democrático. Aquí y ahora, en Catalunya, bajo este régimen considerado democrático, ha reaparecido una represión política que (para aquellos que vivimos aquel horror y luchamos contra él) recuerda la dictadura intentando crear miedo entre la población con campañas masivas de intimidación, y saltándose leyes del mismo Estado, como bien ha denunciado el fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, el Sr. José Antonio Martín Pallín. El hecho de que los partidos independentistas que gobiernan la Generalitat se hayan saltado las leyes, violando el propio Estatut de Catalunya (como he denunciado en otros artículos), no justifica que el Estado central también lo esté haciendo.
Tal represión es para defender una visión de España, repito, uninacional, jerárquica, escasamente democrática, con un escaso compromiso con los derechos políticos, sociales y culturales de los ciudadanos del país, oprimiéndose a aquellos que tienen una visión distinta de España, definiéndolos como anti-España, tal como aquella dictadura hizo, dirigida por los llamados “nacionales”. Ello exige, de todas las fuerzas democráticas, una movilización para denunciar la represión franquista y también para resolver las causas que están creando una enorme tensión entre los distintos pueblos y naciones de España, lo que dificulta, entre otros temas, la resolución del enorme problema social en el que vive el país, en el que la mayoría de los jóvenes que desean trabajar no pueden encontrarlo, y donde casi el 40% de las familias monoparentales apenas llegan a fin de mes. Este es el mayor problema que tiene el país, y que está siendo ignorado, cuando no ocultado, por aquellos que han sido responsables, a los dos lados del Ebro, de la enorme crisis social, escondiéndose ahora detrás de las banderas, como frecuentemente ha ocurrido en la historia de este país.
Los herederos del franquismo están ocupando Catalunya
Dicha represión es la máxima expresión del predominio de la cultura y prácticas franquistas que ha mostrado el gobierno Rajoy hacia las sucesivas demandas expresadas democráticamente por el gobierno catalán, pidiendo que se reconozca la personalidad e identidad de Catalunya dentro del Estado español, siendo el último caso el Estatut del año 2006 impulsado por el gobierno Maragall (una alianza de un partido socialista, un partido comunista, un partido verde y un partido independentista de izquierdas). Aquel Estatut no pidió la escisión, sino el reconocimiento de la identidad de Catalunya después de haber sido aprobado por el Parlament catalán, por las Cortes Españolas y por el pueblo catalán en un referéndum, el cual fue vetado (en algunos de sus elementos esenciales) por el Tribunal Constitucional, que ha sido en gran parte un instrumento conservador, hegemonizado por el PP.
Y es de ahí de donde se genera una movilización de miles de personas en Catalunya que se consideraban españolas, y que han dejado de sentirse como tales, haciéndose favorables a las tesis secesionistas. Es a partir de entonces que grandes multitudes de catalanes salen cada año el día de la Diada a la calle. La enorme rigidez del gobierno Rajoy ha sido el mayor factor para que el independentismo se haya doblado; y a no ser que haya cambios, pasará a ser mayoritario en Catalunya. Esta es la raíz del problema, que no puede resolverse a través de la represión, a la que debemos oponernos y debe ser denunciada, pues la victoria a través de la represión es lo peor que puede ocurrir, tanto en Catalunya como en España. Ni que decir tiene que parte del problema es que los partidos independentistas en Catalunya están intentando instrumentalizar este enfado popular actuando de una manera claramente denunciable (como he escrito en muchos artículos, tales como “Cómo el tema nacional y el tema social se relacionan en Catalunya”, Público, 15.09.17 y “La desunión de las izquierdas: un mayor obstáculo para resolver la gran crisis social en Catalunya”. Público, 06.09.17). Pero la mayor causa de las tensiones es el gobierno Rajoy.
Esto no puede continuar así: los partidos y movimientos democráticos deben movilizarse
Esta situación es intolerable, pues condena al país a estar batallando sobre temas nacionales, olvidando el mayor tema social, lo que se traduce en el aumento del deterioro de la calidad de vida y el bienestar. De ahí que algo debe hacerse, y rápido, y lo primero es terminar la represión que destruye los derechos de la ciudadanía en Catalunya y que provoca lo opuesto a lo deseado.
Hoy el conflicto, no solo en Catalunya, sino en toda España, no es sobre si habrá o no independencia, sino sobre si se violan las reglas de la democracia o no, primordialmente por parte del gobierno español (lo cual forma parte de su ADN político), gobierno que ha llegado a utilizar el Ministerio de Justicia, en alianza con periodistas basura, para dañar y eliminar a sus adversarios políticos. Este es el debate que adquiere especial relevancia hoy. Si el gobierno Rajoy consigue sus fines inmediatos, multiplicará todavía más la inestabilidad en España, recuperando, a su vez, el centralismo, que dificultará la resolución del problema nacional. De ahí la urgencia de que, además de parar la represión, se fuerce un diálogo y un debate entre todas las fuerzas democráticas para ver cómo rebajar tales tensiones. Y como parte de este objetivo, se debería permitir un referéndum pactado (que como varios constitucionalistas han afirmado es posible incluso en la presente Constitución) para posibilitar la libre expresión de la opinión de los catalanes sobre su conexión con el resto de España con garantías, garantías que no han sido respetadas por el gobierno Rajoy (ni tampoco por el gobierno Puigdemont). Entre estas garantías debería incluirse la elección entre varias alternativas, no limitándose a independencia SÍ o NO, pues dicha dicotomía en Catalunya está sesgada a favor del SÍ, pues el NO es claramente inaceptable para la gran mayoría de catalanes ya que significa continuar en la situación actual. Es el reto de las fuerzas democráticas no independentistas desarrollar alternativas (como lo fue en su día el Estatut propuesto por el gobierno Maragall) que compitan con la secesión como manera de resolver tales problemas que no fueron resueltos en la primera transición por imposición del Monarca y del Ejército. Ello requiere una reflexión sobre la necesidad de un proceso constituyente para redefinir España y el Estado español, haciéndolo más democrático, más justo, equitativo y plurinacional. Es imperativo que el problema nacional no continúe ocultando el enorme problema social tan agudo que persiste en el país, pues el problema nacional y social están causados por el enorme dominio que los herederos de la dictadura continúan teniendo sobre el Estado español. De ahí que aplauda la iniciativa de las nuevas izquierdas de convocar una Asamblea de autoridades parlamentarias y municipales, pertenecientes a partidos y movimientos sociales democráticos, para dialogar y proponer salidas a la situación actual.
Y en este proceso, hay que considerar que es urgente que el Partido Popular (causa de las mayores tensiones) deje de gobernar el país. Hoy, numéricamente, es posible sustituirlo, creando a nivel del Estado una alianza entre los partidos de izquierdas y los partidos nacionalistas. Y a nivel de Catalunya los números también muestran que podría establecerse un gobierno de izquierdas que sustituyera al gobierno actual dirigido por Convergència, que ha dominado la Generalitat durante la mayor parte del periodo democrático, y que con el PP ha sido corresponsable de la gran crisis social existente en Catalunya y en España. Esto podría ocurrir ya, pero los movimientos sociales deberían movilizarse y presionar para que ello ocurriera. Me temo que uno de los mayores obstáculos vendrá no solo del aparato central del Estado, sino también del PSOE, pues no ha aceptado todavía el plurinacionalismo que sus antecesores, durante la resistencia antifascista, habían apoyado. Su temor a que desaparezca el bipartidismo en España y la existencia de la resistencia del aparato que perdió en las elecciones a Secretario General (pero continúa siendo potente en su seno) está dificultando esta posibilidad. Espero que una movilización de sus bases pueda una vez más forzar los cambios que permitan hacer la segunda transición, resolviendo los grandes problemas que quedaron sin solventar en la primera. Así lo espero por el bien de Catalunya y de España.
Quienes más alaban sus virtudes son herederos de AP, partido que colaboró en dinamitar la UCD.
Julián Casanova, 10 de febrero de 2016.
La Transición española atrajo la atención de historiadores, científicos sociales y dirigentes políticos de otros países porque fue tomada como un modelo exitoso del que podían extraerse claras lecciones.
Han pasado ya cuatro décadas desde que comenzó, forma parte de la historia, pero en los últimos años se ha convertido también en objeto de controversia política para examinar y enjuiciar los defectos de nuestra democracia. Hay lecturas para todos los gustos, desde las que plantean la necesidad de una “segunda Transición” a quienes, ante la crisis actual y las dificultades para formar gobierno, reivindican su supuesto “espíritu” de convivencia y reconciliación. Suelen ser lecturas sesgadas, alejadas del conocimiento histórico y puestas al servicio de los proyectos políticos del presente.
Vistas las cosas desde su fruto final, todo parece, efectivamente, feliz. Porque aunque hubo que superar numerosos conflictos y obstáculos como montañas, desde una larguísima dictadura se pasó en tan sólo unos años a una democracia plena. Nada que ver con la traumática historia de España hasta entonces. Pero, ¿fue ese milagro consecuencia del llamado “espíritu de la Transición”?.
Poco espíritu de convivencia y reconciliación tenía el presidente del primer Gobierno de la Monarquía, Carlos Arias Navarro, nombrado por Franco, ratificado por el nuevo Rey, enemigo de cualquier cambio que amenazara la perpetuación en el poder de la élite política de la dictadura. Y es verdad que otros ministros de ese Gobierno, viejos servidores de Franco, presentaban un perfil más reformista, pero prescindieron de la oposición para su proyecto de reforma política y basaron su autoridad en el control del aparato represivo y de la Administración del Estado franquistas. Ante el aluvión de protestas, conflictos y demandas de todo tipo, la política de orden público de Manuel Fraga Iribarne seguía basada en la represión, la cárcel, las sanciones administrativas, las multas y la censura.
Será difícil encontrar las virtudes de su supuesto espíritu de pacto, y de superación de los intereses partidistas, en los Gobiernos de Suárez.
Con esos protagonistas, la reforma no podía ir más lejos. El Rey exigió a Arias su dimisión el 1 de julio de 1976 y nombró a Adolfo Suárez, un joven falangista católico que había pasado por la secretaría general del Movimiento.
Suárez tomó la iniciativa y en menos de un año puso en marcha un proyecto de Ley para la Reforma Política, que sirvió de guía hasta las elecciones generales de junio de 1977, en un escenario sembrado de miedo, terrorismo, recuerdos constantes al pasado traumático y llamadas a la paz, al orden y a la estabilidad. La Unión de Centro Democrático (UCD) de Suárez, constituida cinco semanas antes por grupos de origen muy distinto, ganó las elecciones con el 34,4% de votos y 165 escaños, pero para gobernar no tuvo que pactar con la oposición, el PSOE, 29,3% de los votos y 119 diputados, sino que le bastó el apoyo de los 16 diputados de AP, 13 de los cuales habían sido ministros de Franco.
Y aunque Suárez volvió a ganar en las elecciones de marzo de 1979, las que siguieron a la aprobación de la Constitución, de nuevo sin mayoría absoluta, su figura se deterioró con la misma rapidez con la que había brillado y tuvo que dimitir menos de dos años después, el 29 de enero de 1981, en medio de una profunda división en su partido, de enfrentamientos personales y de presiones de sus principales dirigentes. Cuando se celebraron las siguientes elecciones, en octubre de 1982, UCD, ese conglomerado de facciones y dirigentes procedentes la mayoría del franquismo, apenas sobrevivió con un 7% de los votos y Suárez había creado un nuevo partido, de escasa y corta vida política.
Resulta curioso que quienes más apelan ahora a ese “espíritu de la Transición” sean los herederos directos de AP, el partido que ni siquiera votó unánimemente la Constitución —cinco de sus 16 diputados los hicieron en contra—, y que con la “mayoría natural” que reclamaba Fraga contribuyó a dinamitar a la UCD para recoger después los restos de su naufragio.
La Transición, conducida desde arriba por las élites políticas procedentes de la dictadura, empujada desde abajo por la oposición democrática y una amplia movilización social, puede ser modelo de muchas o pocas cosas, dependiendo del relato, pero será difícil encontrar las virtudes de su supuesto espíritu de pacto, y de superación de los intereses partidistas, en aquellos Gobiernos. A no ser que se defienda la leyenda rosa del pasado ejemplar.
Julián Casanova es, junto con Carlos Gil Andrés, autor de Historia de España en el siglo XX (Ariel).
Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 5 de enero de 2017, y en catalán en la columna “Pensament Crític” en el diario PÚBLIC, 9 de enero de 2017.
Este artículo analiza el papel determinante que juega la Monarquía en la defensa del orden conservador que domina las instituciones del Estado español, dominio que es responsable del gran retraso social y político de este país.
Una de las percepciones que me sorprendió y preocupó más al integrarme de nuevo en la vida académica y política de España fue la que existía entre amplios sectores de las izquierdas gobernantes de que la Monarquía había sido un elemento determinante en el establecimiento de una democracia considerada como homologable al resto de las democracias en la Europa occidental, atribuyéndosele así una vocación democrática a tal institución y al que la dirigía, el Rey Juan Carlos, aun cuando su perpetuación en la gobernanza del país había sido impuesta por uno de los dictadores más crueles y represivos que hayan existido en la Europa occidental del siglo XX (según el profesor Malefakis, Catedrático de la Columbia University, en Nueva York, y experto en fascismo europeo, por cada asesinato que hizo Mussolini, el régimen dictador del General Franco asesinó a 10.000). Tal vocación democrática de la Monarquía parece –según aquellas izquierdas- haberse acentuado todavía más durante el mandato de su sucesor, el Rey Felipe VI, al cual se le considera ya aclimatado completamente a un régimen democrático, jugando un papel estabilizador del sistema.
¿Qué es lo que el Monarca estabiliza?
En esta percepción que acabo de describir se olvida, sin embargo, que la Monarquía ha jugado durante todo el periodo democrático un papel esencial en garantizar la perpetuación de las coordenadas de poder solidificadas durante la Transición, que han obstaculizado el progreso social, político e incluso económico del país. Aquellos que perpetúan la percepción de la Monarquía que describo en el párrafo anterior están ignorando que el hecho de que España, casi cuarenta años después de que se estableciera la democracia, continúe teniendo uno de los Estados del Bienestar menos desarrollados de la Unión Europea de los Quince (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo al español), con uno de los gastos públicos sociales (que incluye sanidad, educación, vivienda social, servicios de ayuda a las familias y pensiones, entre otros) per cápita más bajos de tal Unión (y una de las democracias más limitadas en la misma UE-15), se debe precisamente a una continuidad y perpetuación de la excesiva influencia que las fuerzas conservadoras han tenido sobre el Estado español, lo cual ha dificultado su desarrollo político y social. Y el estandarte de estas fuerzas conservadoras ha sido la Monarquía. Este orden monárquico ha estado basado en un régimen bipartidista en el que los cambios han sido siempre limitados, como consecuencia de una enorme estabilidad en las relaciones de poder dentro de las instituciones políticas. Resultado de esta enorme influencia, todas las instituciones del Estado, con notabilísimas excepciones, están controladas o están bajo el dominio de las fuerzas conservadoras. La evidencia de ello es abrumadora. Lo ocurrido en estas últimas elecciones al Congreso de los Diputados es un ejemplo de ello.
La perpetuación del subdesarrollo social de España
Ni que decir tiene que España ha vivido cambios muy importantes, muy en especial durante el periodo de gobiernos de izquierdas. El desarrollo (aunque subfinanciado) del Estado del Bienestar es uno de ellos. Ahora bien, las coordenadas de poder dentro del aparato del Estado han cambiado poco, con una enorme influencia de las fuerzas conservadoras (las mismas que dominaban el Estado dictatorial) sobre tal aparato. Cómo explicar, si no, que España, casi cuarenta años después de la llamada erróneamente “transición modélica” de una dictadura a una democracia (presentada con excesiva complacencia como homologable con cualquier otra en la UE-15), todavía sea el país de tal UE-15 con mayor número de policías por cada 100.000 habitantes (recordando su pasado histórico dictatorial) y, en cambio, con uno de los menores porcentajes de la población adulta trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar (tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia y servicios domiciliarios a personas con dependencia, entre otros). Los datos están ahí disponibles y son fácilmente accesibles. Según la oficina de estadística de la UE, Eurostat, España tiene 527 policías por cada 100.000 habitantes, el número más elevado de los países de la UE-15. En realidad, España tiene el mismo número de policías que Alemania, país que es mucho más grande que España (que tiene casi 36 millones menos de habitantes que Alemania).
A la vez que los aparatos de policía y seguridad del Estado están sobredimensionados, destaca el número muy bajo de personas adultas trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar. En realidad, el porcentaje de población adulta que trabaja en estos servicios (tales como sanidad y educación, entre otros) es solo del 10%, cuando en Suecia es el 21%; el promedio de la UE-15 es el 12%. Estos indicadores son una muestra del enorme poder que las fuerzas conservadoras tienen sobre el aparato del Estado.
Este enorme poder se reproduce, en parte, mediante la intervención llevada a cabo por los aparatos de policía y seguridad (sean del Estado central o autonómicos), cuya primera función es garantizar el “Respeto a la Ley”, principio central en un sistema en el que tal ley ha sido fruto, precisamente, de aquellas desiguales coordenadas de poder. Esta intervención tiene como función no tanto la eliminación de la delincuencia y la criminalidad común (que es de las más bajas de la UE-15), sino la defensa del orden político y jurídico que los favorece. La defensa de la ley es el punto central del sistema de poder institucional, caracterizado por favorecer sistemáticamente a grupos minoritarios que gozan de gran poder económico, financiero, político y mediático, a costa del poder de las clases populares que constituyen la mayoría de la población. La evidencia de ello es abrumadora (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. Anagrama, 2006).
Pero tal intervención policial no es suficiente. Está reforzada por un poder jurídico que garantiza la aplicación de tal ley, así como (y muy en particular) por los medios de información (que son predominantemente medios de persuasión), que constantemente se movilizan para garantizar lo que llaman la “estabilidad política”, que es, ni más ni menos, que la continuidad del orden establecido con las coordenadas de poder continuadas en la Transición definida como “modélica”.
La amenaza que supuso para el orden establecido el movimiento 15-M
Uno de los hechos más importantes ocurridos en los últimos años en España es la aparición y crecimiento de un movimiento democrático –el 15-M- que tuvo como característica denunciar la escasa representatividad y limitadísima democracia existente en las llamadas instituciones representativas del país. Su famoso eslogan “no nos representan” se hizo popular rápidamente hasta tal punto que las encuestas mostraban que la mayoría de la población estaba de acuerdo con el contenido de aquel eslogan. Otros eslóganes como “no hay pan para tanto chorizo” gozaron de igual popularidad. Tal movimiento alcanzó las dimensiones de un tsunami político, alarmando enormemente al establishment político-mediático del país. Y dicha alarma se acentuó cuando tal movimiento generó no solo una protesta, sino también un deseo de cambio profundo de las instituciones, apareciendo a lo largo del territorio español –tanto en el centro como en la periferia- fuerzas progresistas y movimientos político-sociales que consiguieron un apoyo electoral, a todas luces sorprendente y súper preocupante para tal establishment, representado en la figura del Monarca.
La respuesta represiva del establishment político-mediático frente a las nuevas fuerzas políticas surgidas del 15-M
De ahí que haya habido una enorme hostilidad hacia tales nuevas fuerzas políticas, encauzada por la práctica totalidad de los mayores medios de comunicación, claramente influenciados por las fuerzas financieras y económicas que constituyen el eje del establishment conservador que se opone por todos los medios al profundo cambio democrático que se requiere en este país para alcanzar niveles de calidad democrática homologables a los existentes en los países de la UE-15. Este establishment quiere eliminar a estos nuevos movimientos políticos, intentando recuperar el bipartidismo que les sirvió favorablemente durante la mayoría del periodo democrático. Es a esta movilización de los medios de información y persuasión en contra del cambio a la que el Monarca Felipe VI se refirió positivamente al destacar (y alabar) “el papel de la prensa en la estabilidad de un escenario político inédito” (declaración que aplaudió con orgullo El País, el rotativo que ha liderado dicha hostilidad hacia aquellas fuerzas democráticas). El Monarca, por cierto, mostró claramente su concepción de la prensa cuando, a raíz de un acto patrocinado por el diario ABC (que en el abanico mediático europeo correspondería a la extrema derecha), definió a este periódico como un diario dirigido por una “redacción dinámica, diversa y plural”, (el subrayado es mío), mostrando lo que entiende por pluralidad. El entendimiento con pluralidad incluye solo variaciones de la ultraderecha y derecha.
Es frente a esta realidad que no entiendo cómo algunas voces de izquierdas, todavía hoy, consideran que no es un tema importante o prioritario para las izquierdas pedir un cambio en el régimen político español, pasando de una Monarquía a una República. Por lo visto no se han dado cuenta todavía de que hay una relación directa entre el enorme retraso social y político de España y la perpetuación del régimen conservador basado en la perpetuación de la Monarquía. La evidencia muestra que la Monarquía es el eje central del establishment político-mediático conservador español. Y de ahí que su defensa sea el elemento central del régimen bipartidista español, habiendo hecho de su permanencia uno de los objetivos más importantes ante una eventual reforma de la constitución por parte del PP y del PSOE.
¿Qué es lo que deberían proponer las fuerzas democráticas?
Se deriva de esta realidad (que se intenta ocultar en los medios) que debería ser un objetivo de las fuerzas auténticamente democráticas recuperar la memoria y la cultura republicanas, puesto que la cultura monárquica nos ha llevado a esta situación que configura un futuro donde España continuará con su enorme retraso social y democrático durante muchas décadas. Lo cual me lleva a comentar otro indicador del carácter profundamente conservador que la Monarquía transmite a la población en general –reproduciendo y promoviendo las ideas y narrativa de las derechas victoriosas del golpe militar–. En su discurso de fin de año el Monarca repitió, una vez más, la desaprobación de la recuperación de la memoria histórica, refiriéndose al tema de “la importancia de no abrir de nuevo las heridas”, que es el eslogan utilizado precisamente por las fuerzas conservadoras frente a recuperar la memoria histórica ocultada a la población asumiendo que el silencio –fruto de la represión- se traducirá en olvido. Detrás de la enorme resistencia a recuperar la memoria histórica existe el intento de no recuperar la historia real del país, tergiversada por las fuerzas conservadoras, pues tal recuperación es esencial para establecer una auténtica democracia, cuyas raíces deben basarse en la cultura republicana que significó un gran avance en el desarrollo de la democracia en España. En realidad las heridas nunca se cerraron, y el rechazo a la memoria histórica es precisamente el miedo a que se conozca la historia del país, todavía desconocida y, lo que es peor, ignorada en las escuelas de este país. Hoy todavía 130.000 personas están desaparecidas, siendo tal número la mayor cifra (en términos proporcionales) de desaparecidos en el mundo, después de Camboya. Sus restos están repartidos indignamente en fosas y cunetas a lo largo del territorio del país, gozando los perpetradores de tanta brutalidad de plena inmunidad por todos los daños y crueldades, silenciados, cuando no homenajeados, en el país. La petición del Rey de no abrir heridas se basa en su esperanza de que el silencio lleve al olvido, tal como siempre han querido las fuerzas conservadoras del país. Definir al Rey como representando a todos los españoles se está presentando cada día más difícil, pues en los momentos de redefinición de las realidades del poder dentro del Estado, su discurso y su práctica son –como siempre ha sido la Monarquía en este país- claramente opuestos al cambio democrático que el país necesita como el aire que respira.
El día en que lo mataron, 20 de diciembre de 1973, el almirante Luis Carrero Blanco iba a presentar un documento en la reunión de ministros en el que mostraba su obsesión por los grandes demonios de la España franquista, el comunismo y la masonería. Eran, como se había repetido machaconamente desde la victoria en la guerra civil, los grandes enemigos de España, infiltrados ahora, tras el desarrollo y la modernización, en la Iglesia y en las universidades, en las clases trabajadoras y en los medios de información.
Frente a ellos, siempre quedaría “el espíritu de nuestro Movimiento, la virilidad, el patriotismo, el honor, la decencia….”. Y la receta que ofrecía para atajar la infiltración del comunismo en la enseñanza se parecía mucho a la que ya habían aplicado con tanto éxito los militares rebeldes y las autoridades franquistas durante la guerra y la posguerra: “Hay que borrar de los cuadros del profesorado de la Enseñanza General Básica y de la Universidad a todos los enemigos del régimen y hay que separar de la Universidad a todos los alumnos que son instrumento de subversión”.
España siempre fue, como le gustaba decir, la razón de ser de su vida política. Nacido el 4 de marzo de 1904 en Santoña (Cantabria), Carrero apenas había intervenido en la guerra civil, el bautismo de fuego de los militares de su generación, y no debió su ascenso hasta la cúspide de la dictadura a los méritos acumulados durante lo que él mismo llamó después “la primera victoria de Occidente contra el imperialismo soviético”. Era un militar sin condecoraciones de guerra, algo muy extraño en esa dictadura que se inauguró el 1 de abril de 1939 con la victoria ante el “cautivo y desarmado Ejército rojo”.
En julio de 1936 vivía en Madrid, destinado como profesor en la Escuela de Guerra Naval y, ante la incertidumbre de esos primeros días que siguieron a la sublevación militar, alegó enfermedad para no acudir a su destino y se refugió en la embajada de México, y después en la de Francia, antes de pasar al bando franquista. En un informe fechado el 5 de mayo de 1947 le explicó a Franco, sin embargo, que “en aquellos trágicos momentos”, con su hermano José fusilado y su familia expuesta a todos los peligros, “me hice a mí mismo el voto de dedicar el resto de mi vida al servicio de España, sin pensar para nada ni en mi porvenir ni en mis conveniencias particulares”.
A lo largo de su vida política, y en su relación con Franco, Carrero se inventó su personaje y es muy difícil discriminar entre la verdad y la falsedad, entre lo que ocultó o distorsionó y aquello que siempre subrayó en sus confesiones públicas o a su Caudillo. A los historiadores, en general, les ha preocupado poco ese tema, más interesados en el Carrero que consiguió ser el delfín o la mano derecha del dictador, gracias, se supone, a su habilidad, valentía y lealtad. Comenzó siendo monárquico por tradición familiar, no luchó ni conspiró contra la República y en su trayectoria política nunca pareció comprometerse con nada sin tener garantía de su éxito y rentabilidad.
Carrero no pertenecía al círculo de Franco, ni en lo profesional ni en lo personal, y terminada la guerra, inició un ascenso meteórico hacia el poder. Además de adjudicarse la autoría de informes en los que únicamente había colaborado –como el que el ministro de Marina, Salvador Moreno, presentó a Franco en noviembre de 1940 sobre la no intervención de España en la Segunda Guerra Mundial- y de conseguir destituciones de aquellos que entorpecían su ascenso –como la de Serrano Súñer tras en el enfrentamiento entre carlistas y falangistas en el santuario de Begoña en agosto de 1942-, se enorgulleció con frecuencia del impecable servicio que ofreció a España y a su máximo gobernante, al que le pertenecían “títulos de Caudillo, Monarca, Príncipe y Señor de los Ejércitos”. Sus muestras de desmesurada adulación hacia Franco fueron constantes y la que manifestó en las Cortes en 1957 las resumía todas: “Dios nos ha concedido la inmensa gracia de un Caudillo excepcional a quien solo podemos juzgar como uno de esos dones que, para un propósito realmente grande, la Providencia concede a las naciones cada tres o cuatro siglos”.
El orden y la unidad en torno al ejército fue la fórmula de Carrero para la supervivencia del régimen en los momentos difíciles. “Orden, unidad y aguantar” frente a los enemigos externos y “buena acción policial para prevenir cualquier subversión» interna. En un discurso ante el Estado Mayor en abril de 1968, advirtió “que nadie, ni desde fuera ni desde dentro, abrigue la más mínima esperanza de poder alterar en ningún aspecto el sistema institucional, porque aunque el pueblo no lo toleraría nunca, quedan en último extremo las fuerzas armadas”.
La advertencia no era baladí porque, justo en esos años, la aparición de altos niveles de conflictividad quebró la tan elogiada paz de Franco. Hasta su asesinato, Carrero desempeñó un papel crucial. En realidad, aunque convenció a Franco, que ya presentaba claros síntomas de envejecimiento, de que nombrara a Juan Carlos como su sucesor, al frente de una “Monarquía del Movimiento Nacional, continuadora perenne de sus principios e instituciones”, era él, y no tanto el Príncipe, quien aseguraba su continuidad. Sobre todo después del escándalo Matesa y de la formación de un nuevo Gobierno en octubre de 1969.
El asunto Matesa, las siglas de Maquinaria Textil, S.A., estalló de súbito en el verano de ese año y se convirtió en el mayor escándalo financiero de toda la dictadura. La empresa fabricaba maquinaria textil en Pamplona y tenía sucursales y compañías subsidiarias en América Latina. Su director, Juan Vilá Reyes, conectado con el Opus Dei y los grupos tecnocráticos, logró cuantiosos créditos oficiales de ayuda a la exportación, cerca de once mil millones de pesetas, justificados con pedidos que en la práctica no existían o estaban inflados. Las irregularidades fueron denunciadas y aireadas por la prensa del Movimiento, con la ayuda desde el Gobierno de Manuel Fraga Iribarne y José Solís Ruiz, para intentar desacreditar a los ministros del Opus Dei, un pulso más de la dura batalla por el poder que libraban esos dos grupos desde principios de los años sesenta.
Los efectos políticos de ese escándalo fueron inmediatos. Carrero pidió a Franco una remodelación total del gobierno y el 29 de octubre formó lo que ha pasado a la historia como el “gobierno monocolor”. Carrero continuaba de vicepresidente, con más poder que nunca, y casi todos los ministros en puestos clave eran miembros del Opus Dei, de la ACNP, o se identificaban con la línea tecnocrática-reaccionaria que compartía con Laureano López Rodó. Manuel Fraga Iribarne y Solís Ruiz fueron cesados y aunque Carrero no asumió todavía la presidencia del Gobierno, era él quien dirigió la política gubernamental.
Esa pugna por el control del proceso político entre Carrero y el Opus Dei por un lado y el sector azul del Movimiento por otro, abrió definitivamente la crisis en el interior del franquismo, aunque no fueron solo conflictos internos por el poder los que complicaron la vida a la dictadura en sus últimos años. La conflictividad alcanzó en 1970 el nivel más alto de la dictadura, con casi medio millón de trabajadores metidos en reivindicaciones y nueve millones de horas perdidas. Muchas de esas huelgas derivaban en enfrentamientos con la policía y con muchos huelguistas torturados y en la cárcel. La represión fue especialmente dura en el País Vasco, donde ETA había empezado a desafiar a las fuerzas armadas de la dictadura con asesinatos y atracos a bancos y empresas. La mezcla de agitación laboral, universitaria y terrorista provocó una dura reacción de militares y políticos ultraderechistas que convencieron a Franco para que respondiera con un juicio ejemplar contra dieciséis prisioneros vascos, entre ellos dos sacerdotes. El proceso comenzó en diciembre en Burgos, sede de la región militar a la que pertenecía el País Vasco, y concluyó con la condena a muerte a seis de los acusados y con 519 años de prisión para los demás, aunque unos días después, en su mensaje de fin de año transmitido por televisión, Franco anunció su magnánima decisión de conmutar las penas de muerte por años de cárcel.
Pese al perdón, todo ese proceso tuvo consecuencias muy negativas para el régimen, que vio cómo un sector de la sociedad respondía con huelgas y manifestaciones, los obispos vascos pedían clemencia y en el exterior se protestaba contra Franco como no se recordaba desde los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial.
Los años que siguieron fueron los más agitados de la dictadura. Algunos miembros de la jerarquía eclesiástica, muy renovada tras la desaparición de los principales exponentes de la cruzada y del nacionalcatolicismo, empezaron a romper el matrimonio con la dictadura, presionados también por muchos sacerdotes y comunidades cristianas que, especialmente en Cataluña, el País Vasco y las grandes ciudades, reclamaban una Iglesia más abierta, comprometida con la justicia social y los derechos humanos.
Curas y católicos que hablaban de democracia y socialismo y criticaban a la dictadura y a sus manifestaciones más represivas. Todo eso era nuevo, muy nuevo, en España y parece lógico que provocara una reacción en amplios sectores franquistas, acostumbrados a una Iglesia servil y entusiasta con la dictadura. Un documento confidencial de la Dirección General de Seguridad, fechado en 1966, ya advertía que de los tres pilares de la dictadura, “el Catolicismo, el Ejército y la Falange”, únicamente el segundo aparecía “firme, unido como realidad y esperanza de continuidad”, mientras que el catolicismo mostraba signos de división en torno a tres problemas: “el clero separatista; la lucha interna entre sacerdotes conservadores y sacerdotes avanzados; y la actitud de cierta parte del clero frente a las altas jerarquías eclesiásticas”.
Carrero Blanco llamó a esa disidencia de una parte de la Iglesia católica “la traición de los clérigos”, porque el manto protector que la dictadura había dado a la Iglesia no se merecía eso. Y para demostrar los servicios prestados, “aunque sólo sea en el orden material”, prueba de cómo Franco “quiso servir a Dios sirviendo a su Iglesia”, Carrero daba cifras: “desde 1939, el Estado ha gastado unos 300.000 millones de pesetas en construcción de templos, seminarios, centros de caridad y enseñanza, sostenimiento del culto”.
Cráter en la calle madrileña de Claudio Coello tras el atentado contra Carrero Blanco.
En 1973, el último año de su vida, el aumento de los conflictos fue espectacular, con la provincia de Barcelona a la cabeza de las huelgas, como en casi todo ese período. En realidad, desde 1970 hasta la muerte de Franco, los conflictos se extendieron por todas las grandes ciudades y se radicalizaron por la intervención represiva de los cuerpos policiales, cuyos disparos dejaban a menudo muertos y heridos en las huelgas y manifestaciones. La violencia policial llegaba también a las Universidades donde crecían las protestas y se multiplicaban las minúsculas organizaciones de extrema izquierda. La respuesta de las autoridades franquistas, con Carrero a la cabeza, fue siempre mano dura, represión y una confianza inquebrantable en las fuerzas armadas para controlar la situación.
El asesinato de Carrero, presidente del Gobierno desde junio de ese año de 1973, aceleró la crisis interna del régimen. Cuando Franco murió, su dictadura se desmoronaba. La desbandada de los llamados reformistas o “aperturistas” en busca de una nueva identidad política era ya general. Muchos franquista de siempre, poderosos o no, se convirtieron de la noche a la mañana en demócratas de toda la vida. Era improbable que el franquismo continuara sin Franco, pero el gobierno de Carlos Arias Navarro mantenía intacto el aparato represivo y tenía a su disposición ese ejército salido de la guerra, educado en la dictadura y fiel a Franco.
Hay quienes creen que con Carrero todo se hubiera prolongado y otros que consideran que su lealtad a la Monarquía de Juan Carlos le hubiera impedido oponerse al proceso de transición. Pero eso pertenece al terreno de la historia contrafactual. Mientras estuvo vivo, fue uno de los principales instigadores de que el ejército defendiera siempre su victoria en la guerra por medio del terror institucionalizado y de la legislación represiva del Estado. Y así forjó su carrera, con alegatos en defensa del orden y construyendo e inventando un personaje austero, listo, sin ambiciones y siempre dispuesto a trabajar por España y por su Caudillo.
He de reconocer que disfruto leyendo a Cercas, cuando estoy de acuerdo y cuando no. Le debemos haber hecho parte de la tarea que no quiso hacer la academia, destripando parte de lo que pasó el 23F (en Anatomía de un instante), y nos trajo a pasear a héroes olvidados, eso sí, reconciliados. Pero es verdad que, afable como es, siempre opta por la amabilidad propia de quien no quiere estar seguro. Cercas nunca habría escrito el Cándido, porque si tomas mucho partido molestas en la corte y te mandan más allá de Salamina. Es verdad que Cercas no tiene la culpa de los titulares que le escogen, pero confunde. Puedes estar a favor y en contra todo el rato, algo intelectualmente rico, pero políticamente impracticable pues no puedes estar con los que desahucian y los desahuciados. Ya le ha pasado con la Unión Europea (esa que subcontrata a Turquía para que dispare a refugiados) cuando escribió: “Yo entiendo que haya gente escarmentada que piense que la UE es un engañabobos, un trasto frío, distante e inservible. A esa gente hay que recordarle la historia, los beneficios sin disputa que la unidad ha aportado, la ambición y la nobleza del proyecto”. Cercas siempre entiende las dificultades –vive de manejar con pericia los pronombres y el desnivel de las mayúsculas-, pero siempre se queda en la puerta. Le alabo la prudencia. Por eso, la memoria y la transición le convocan. Y dice “La transición fue en parte una gran impostura”, y “la memoria, justa e imprescindible, ha fracasado”, y “El problema de la memoria histórica es que se convirtió en un negocio”, y “Lo que hizo Marco –el impostor de Mathausen- lo hizo todo el país”, y “Todos somos como Enric Marco, incapaces de mirarnos al espejo”, y más recientemente, en uno de esos artículos donde la amabilidad se enfría con el hielo, “uno de los errores fundamentales de la izquierda española consiste en haberle entregado el mérito de la Transición a la derecha”. Olvida que fue el propio PCE el que revisó su papel durante la Transición. ¿No será que la derecha está más contenta con ese mito de la transición que le sirve para justificar la gran coalición, vaciar la hucha de las pensiones, luchar contra los moros en Lepanto, subordinarse provincianamente a Europa y callar cuando ha muerto Marcos Ana, preso 23 años en las cárceles de Franco?
La caricatura de la crítica a la transición es la penúltima consecuencia de las mentiras de la transición. Decir que hubo violencia, que nos reconciliaron a fuego y sangre, que fascistas de toda la vida pasan hoy como demócratas de toda la vida extendiendo la idea de impunidad en nuestra sociedad, lejos de enturbiar la paz social sirven para adecentar nuestra democracia. Hay algunas claves para entender dónde está el desencuentro. Para que si alguien hace caricaturas quede como un caricaturista y si alguien frivoliza quede como un frívolo.
El problema no es tanto con la transición en sí, sino con su relato. En la versión “oficial” de la transición, desaparece la calle, la protesta y, por supuesto, toda la gente que puso el pecho para evitar el continuismo de Arias Navarro y el rey Juan Carlos. El último Presidente de la dictadura fue el primero de la democracia. Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle, como escribieron Sartorius y Sabio. Con sangre. Los cuerpos de seguridad y las bandas de extrema derecha mataron a casi 300 personas entre 1975 y 1983. La calle se inventó la democracia y, en los momentos difíciles, la calle es esencial hoy para que siga habiendo Parlamento.
El PCE se equivocó queriendo sacar a la gente de la calle con los pactos de la Moncloa. Lo hizo para obtener algún beneficio del gobierno de Suárez después del descalabro de las elecciones de 1977 (ya había pactado la república, la bandera y la plurinacionalidad de España). No iba a tener ni un puesto en la ponencia constitucional. El PCE parecía más fuerte antes de pesarse. Sólo le quedaba a Carrillo el recurso de CCOO para ofrecer algo a cambio de reconocimiento. Lo usó y se brindó para desactivar la calle, pero 1979 fue, pese a todo, el año de mayor conflictividad laboral de la historia de España. El PCE se alejó de los trabajadores y a partir de ese momento la Transición la iban a dirigir las clases medias ligadas al PSOE (cuando las clases medias estudiaban en el Pilar con los ricos. Por eso, uno de cada cuatro alumnos estudia hoy en colegios concertados y no en la escuela pública). Ha escrito Joaquín Estefanía que los Pactos de la Moncloa fueron un ejercicio de responsabilidad, porque, de lo contrario, hubiéramos regresado al franquismo. Es decir, que si no te rebajabas el sueldo y perdías derechos laborales, volvía el franquismo. Es decir, que el franquismo era una dictadura de clase y que la reconciliación en la transición no parece que fuera tan voluntaria.
El PCE rechazó al leninismo para compensar la cultura anticomunista sembrada por el franquismo (igual que el PSOE hizo otro tanto un año después con el marxismo). El eurocomunismo, como dijo Vázquez Montalbán, estaba hueco desde un principio. Lo que tenía que haber hecho el PCE era buscar otro líder que no fuera alguien ligado a la guerra civil. Aunque el terrible Paracuellos fue un recurso propagandístico tardío del último franquismo, afectaba a la credibilidad de todo el partido. Pero Carrillo nunca tuvo la generosidad de permitir que no fuera él quien mandase. Su ambición estaba muy por encima de cualquier partido.
La Transición tuvo lugar entre dos hechos clave de la penúltima guerra fría: el golpe de estado de Pinochet contra Allende y la invasión de Afganistán. No creo que las cosas hubieran podido ser muy diferentes, pero si el PSOE no hubiera entregado el debate constitucional al secretismo y hubiera habido una discusión de fondo en España, seguramente hubiéramos ganado una generación para la profundización democrática.
Tan cierto es que se trata de una guerra de relatos que al tiempo que hombres como Juan Carlos de Borbón parecen héroes en vez de personas interesadas exclusivamente en sus asuntos, las mujeres han desaparecido del relato de la Transición. En 1977, en la última amnistía, salieron incluso condenados con delitos de sangre. Pero se quedaron en la cárcel abortistas, adúlteras, prostitutas. En ese relato, la lucha de las mujeres era un problema social, no político. Sólo la izquierda radical se acordó de ellas. El PCE, igual que había hecho con el maquis, con la República, con los muertos en las cunetas, lo sacrificó, diría Cercas, por responsabilidad histórica.
Tiene toda la razón Gregorio Morán, que estuvo en el PCE y le tomó bien el pulso, cuando mira el apoyo del PSOE al partido más corrupto de la historia de España: “Ahora entiendo aquellos elogios de banquero según el cual hemos hecho la transición más profunda sin tocar nada de lo que había que derribar. ¡Y la izquierda lo consideró un éxito! ¡Qué carácter! Quizá por eso se pueda decir que una época ha terminado. Aquello que se llamó proceso de transición ha saltado por los aires y estamos viviendo un Gobierno de coalición que es como un perchero”.
Y tiene toda la razón también Cercas: “quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va”.
Cada taula, un Vietnam 