Esta vez perdió el cura pederasta

Fuente: diario EL PAÍS

ANDREU MANRESA Palma de Mallorca 30 MAR 2013 – 20:37

“Haz lo que quieras. En todo caso, ganaremos nosotros”. El vicario episcopal de Mallorca lanzó esta advertencia a un catequista de Can Picafort, de 18 años, el hoy periodista Mateu Ferrer, que en 1998 denunció a su cura párroco, Pere Barceló, ante la autoridad eclesiástica y en la Fiscalía por pederastia. Entonces, el asunto quedó en nada, fue tapado en la Iglesia y archivado en la justicia ordinaria, y el sacerdote siguió en activo. Pero 15 años más tarde, su historia negra ocupa una causa judicial canónica de 500 folios. El cura Barceló, de 60 años, ha sido sentenciado por el Tribunal Eclesiástico de Mallorca con la pena máxima, la expulsión del estado clerical y la prohibición total para ejercer de sacerdote por ser culpable de “gravísimos delitos”.

El clérigo expulsado tiene pendiente de resolver las imputaciones en la justicia ordinaria: tres causas penales por abusos sexuales de los que le acusan tres mujeres. Una de ellas, que tiene 24 años, es la menor que el catequista presenció, semidesnuda, cuando tenía nueve años con el cura reclinado sobre ella, en el sofá del salón parroquial. Las otras dos eran niñas cuando acudían a Cala Ratjada, un destino anterior del párroco. En el tribunal religioso, en los juzgados y en el cuartel de la Guardia Civil, las tres víctimas y el catequista han formulado sus alegatos. En dos años, el obispado ha sustanciado el sumario. En los juzgados se avanza con declaraciones y pruebas.

En la Iglesia existe ahora un “nuevo orden y concierto” para la pederastia desde el cambio de rumbo impuesto por el papa emérito Benedicto XVI, se reconoce ahora desde el tribunal.

El Promotor de Justicia del obispado de Mallorca, Nadal Bernat, de 42 años, ha sido el instructor del proceso al ser el vicario judicial de la diócesis, delegado del obispo, una especie de presidente del tribunal. Interrogó al acusado, testigos y peritos, junto al notario de actas y los abogados ante los jueces. Desempeñó al final el papel de acusador, en un rol parecido al de fiscal en un tribunal civil. Tres eclesiásticos, presbíteros de peso especialistas en Derecho Canónico (Gerard Villalonga, Bartomeu Vaquer y Gabriel Seguí) dictaron la sentencia, una condena unánime plasmada en 46 folios de hechos probados y argumentaciones.

El proceso se desarrolló en una humilde sala-celda del antiguo seminario de Palma. Un ejemplar de la Biblia, sin oropel, una pluma de ave en un tintero de escritorio antiguo y un ordenador son los únicos detalles que interrumpen el frío vacío, cierto aire lúgubre y la austeridad monacal del lugar. Un crucifijo preside la habitación, dos mesas de oficina corrientes y unas pocas sillas. No hay un decorado litúrgico especial.

“El de Barceló es un caso grave y excepcional”, narran en el obispado. La condena es inédita en España porque implica la expulsión de un cura aún antes de un pronunciamiento de la justicia ordinaria, que puede representar hasta 18 años de cárcel. Antes, los religiosos reos eran destinados a parroquias lejanas o enclaustrados. La Iglesia respondía al escándalo con silencio. En este caso “se dieron líneas muy claras para no ocultar nada”, dice un sacerdote conocedor del proceso.

El caso de Can Picafort, silenciado en 1998, renació en 2011 por las explicaciones del testigo en un documental sobre abusos a la infancia y su eco en la prensa local, lo que provocó que el Tribunal Eclesiástico investigara el olvido inicial. Desde el Vaticano se alentó la causa y se siguió muy de cerca. En Roma, en el Secretariado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, está Luis Ladaria, un arzobispo jesuita mallorquín, que avaló el juicio. La cúpula de la Iglesia resaltó su singularidad, ejemplaridad y novedad en España. La Conferencia Episcopal simplemente remite a “la competencia del obispado” mallorquín.

El anterior obispo de Mallorca, Jesús Murgui, apartó de manera cautelar de su parroquia hace dos años al cura Barceló. El actual prelado de Mallorca, Javier Salinas, defendió la condena dura, la explicó personalmente al expulsado y, en su blog en Internet, pidió públicamente perdón a las víctimas por el dolor e injusticia causados.

Con las innovaciones de Benedicto XVI, las denuncias podrán efectuarse hasta 20 años después de que la víctima alcance la mayoría de edad, los 18 años. Antes, la edad máxima para denunciar abusos en la infancia era 28 años. Ahora el posible límite está en los 38 años de edad, por lo que, en este aspecto, el derecho canónico es más contundente que el penal.

Mateu Ferrer, el testigo catequista, tuvo que contestar a unas 70 preguntas del defensor de Barceló durante su declaración. “A veces era hiriente hasta el extremo de que me llamó mentiroso”, recuerda. El tribunal amparó al testigo de cargo. Una monja que trabajó en los ochenta en Burundi junto a Barceló compareció ante el tribunal y en los juzgados para explicar los comentarios que recibió en África por supuestos abusos a menores. El cura condenado logró que le autorizaran ser defendido por un letrado penalista. Es una excepción a la regla, porque los que acuden al tribunal son canonistas acreditados ante el mismo. En Mallorca hay unos 13 y el 99% de su trabajo se centra en las nulidades matrimoniales.

Entre colegas párrocos del cura abusador se han expresado opiniones públicas de incomprensión ante la contundencia de la condena. Ese caldo de reacción se calentó al reabrirse el escándalo públicamente, en 2011, con la salida del cura de su parroquia. El obispo Murgui recibió reproches de religiosos en sesiones del Consejo Presbiterial, en especial por parte de párrocos de los pueblos.

Para romper el corporativismo y marcar la independencia del proceso, uno de los tres jueces designados en el tribunal eclesiástico provenía del obispado de Menorca, Gerard Villalonga. Se trata de evitar presiones, algo habitual en diócesis pequeñas e insulares en casos graves en los que están implicados curas populares entre sus compañeros. En la defensa del cura condenado se ha llegado, por parte de un párroco, a lanzar sospechas sobre la moralidad de una de las mujeres denunciantes.

Un párroco que ha salido repetidamente en defensa de Pere Barceló, mosén Miguel Mulet, llegó a replicar al obispo Javier Salinas en su propio blog. Y se puso como ejemplo. Mulet reveló que, hace 55 años, él mismo fue víctima de abusos. “Perdoné y sanseacabó”, escribió en un comentario. Cree que si Barceló “se rehabilita y pide perdón” puede seguir siendo sacerdote.

En la doble vía judicial del caso de este cura abusador, la canónica y la penal, ha ganado la primera. Los tres jueces de instrucción que indagan las tres denuncias penales a Pere Barceló reclamaron al tribunal eclesiástico que aportara las piezas del sumario instruido sobre los mismos hechos. El abogado de una de las víctimas, Carlos Nadal, entiende que no se ha correspondido desde la Iglesia a la reclamación pero que, en todo caso, se pedirá que la sentencia sea aportada a la justicia ordinaria. Los tres procesos, posiblemente, se subsumirán en uno solo.

Apoyo oficial tras una condena a 21 años

Edelmiro Rial, expárroco de Baredo (Pontevedra) fue defendido por la Iglesia hasta después de que el Supremo elevara en febrero de 2004 su condena de 15 a 21 años por abusar reiteradamente de seis niños e intentarlo con otros dos. El trato de favor que recibió de la Iglesia, incluso después de ser condenado, choca con la celeridad con la que acaba de ser sancionado Pere Barceló. “Nadie puede atribuir infalibilidad a la sentencia”, dijo tras conocer la decisión del alto tribunal el entonces obispo Tui-Vigo, José Diéguez Reboredo, que aseguró que, pese a la resolución, seguía creyendo en la inocencia de Rial.

El Supremo concluyó que el párroco se llevaba a los menores —alumnos del instituto en el que impartía religión y monaguillos— a la casa parroquial, donde aprovechándose de su superioridad abusaba de ellos. De los 21 años de condena cumplió cuatro. En 2008 obtuvo el tercer grado por “su conducta ejemplar”, según apreció el juez de vigilancia. Un portavoz de la diócesis de Tui-Vigo recuerda hoy que, solo cuando Rial estuvo a punto de entrar en prisión, el obispo y el párroco, “de mutuo acuerdo, pidieron la secularización a Roma”. Ahora, vive y trabaja en Vigo “como cualquier otro seglar”.

El juicio a un predicador saudí por violar y matar a su hija desata la indignación

Fuente: diario EL PAÍS

Ángeles Espinosa | Dubái 9 FEB 2013 – 20:10

Nada va a devolverle la vida a Lama, una niña saudí de cinco años muerta como resultado de una brutal violación. Sin embargo, la campaña de las activistas saudíes y el escándalo internacional que ha desatado tal vez logren que el responsable sea castigado con una larga pena de prisión. Las sospechas recaen sobre el padre de la niña, un popular telepredicador que ha confesado haberla disciplinado ante su temor a que hubiera perdido la virginidad. Las promotoras de la movilización quieren evitar que el controvertido sistema judicial de Arabia Saudí le permita librarse de la cárcel con el pago de una mera compensación económica a la madre.

Solo el enunciado de lo ocurrido a Lama pone los pelos de punta. El 25 de diciembre de 2011, la niña ingresa en el hospital Rey Saud de Riad con el cráneo aplastado, el brazo izquierdo y varias costillas rotas y una uña arrancada. La madre, que está divorciada del padre y no tiene la custodia, ha declarado a la prensa local que el personal médico le dijo que su hija tenía el recto rasgado y que el causante había intentado cauterizárselo. Diez meses de agonía después, la pequeña Lama muere.

El rumor que se extendió a principios de esta semana, a raíz de la vista del caso que se celebró el pasado domingo, es que el padre fue excarcelado. Dada la falta de transparencia informativa que caracteriza al Reino del Desierto, varios medios anglosajones se hicieron eco de una noticia no contrastada según la cual el polémico clérigo, Fayhan al Ghamdi, había quedado en libertad tras pagar a su exesposa el equivalente a unos 35.000 euros en concepto de diyá, literalmente “dinero de sangre”, que es la compensación económica que la ley islámica (sharía) establece para los herederos de la víctima de una muerte violenta.

“No, no es en absoluto cierto”, desmiente Aziza al Yusef, una de las activistas saudíes que ha liderado la campaña para que se haga justicia con Lama. “Al Ghamdi sigue en prisión y el juicio continúa; la próxima vista será el miércoles”, asegura durante una conversación telefónica con esta corresponsal.

Gracias a la movilización de las activistas, la madre de la pequeña ha podido disponer de un abogado facilitado por la Organización de Derechos Humanos y el caso se ha conocido tanto dentro como fuera de Arabia Saudí. Eso ha sido suficiente para desatar la indignación generalizada, incluso en un país donde hay clérigos que para evitar el abuso infantil proponen que a las niñas se les tape la cara desde la cuna.

La policía detuvo a Al Ghamdi, un predicador que suele aparecer en las cadenas locales de televisión pontificando sobre moralidad. Según la filtración de su declaración ante las autoridades, sospechaba que su hija no era virgen y tras un examen ginecológico que no le dejó satisfecho, admitió haber usado un bastón y cables eléctricos con la niña.

De ser cierta, esa confesión sería suficiente para inculpar al perverso padre. Sin embargo, en Arabia Saudí no hay un código penal escrito y los jueces se basan en su particular entendimiento de la ley islámica, un laberinto de dichos y tradiciones, a menudo contradictorios y que se han probado gravemente misóginos. Según una de esas provisiones, a un padre no se le puede responsabilizar de la muerte de sus hijos porque su pérdida es ya suficiente castigo. De ahí, que haya surgido el temor de que un hombre con tanta labia como Al Ghamdi pueda librarse de la cárcel tras compensar a la madre.

La mujer, cuya identidad no se ha revelado, ha rechazado esa posibilidad. Al Yusef, que está en contacto permanente tanto con ella como con su abogado, recuerda que esta insiste en pedir la máxima pena posible, sea la condena a muerte o cadena perpetua. Sin embargo, las activistas quieren ir más allá y utilizar este caso como palanca para que se suprima el fundamento que permite semejante despropósito.

El hecho de que el caso de Lama haya salido a la luz y se esté debatiendo en los medios locales pone de relieve que, junto al horror del abuso infantil y la violencia doméstica, en Arabia Saudí empieza a existir conciencia del problema frente a un pasado no tan lejano en que esos asuntos se consideraban privados. De hecho, su caso llegó a las autoridades gracias a la denuncia del centro de protección infantil del hospital en que la niña fue ingresada. Ese centro es fruto de un Programa de Seguridad Nacional que se puso en marcha en 2005. Las mujeres que están detrás de ese esfuerzo, incluidas varias princesas, tuvieron que convencer al muftí para que declarara que la violencia doméstica era un crimen. Pero no lograron que emitiera una fétua.