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- Varios factores hacen del modelo de Amazon una amenaza para nuestras sociedades: las condiciones laborales de sus empleados, su posición monopolística en el mercado y sus prácticas fiscales
María Eugenia R. Palop @MEugeniaRPalop
20 de marzo de 2021 21:11 h
Entre 2009 y 2018, la expansión del comercio electrónico destruyó 43.000 puestos de trabajo en España, y se calcula que en 2028 esta cifra se habrá triplicado. La venta online ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década, tanto en volumen de mercado como en ingresos y en el tamaño de las empresas del sector. Un fenómeno que ha golpeado duramente al comercio minorista, pero que también está contribuyendo a la precarización del empleo. Estas son algunas de las conclusiones del estudio E-commerce. Hacia la destrucción del empleo (2021), un análisis sobre el impacto del comercio electrónico en el mercado de trabajo en Alemania, Francia y España impulsado por la eurodiputada Leïla Chaibi (The Left).
El informe concluye que el impacto será mayor en España por dos motivos: por su efecto en el empleo del sector turístico (alojamiento y viajes) y porque, hasta ahora, el comercio electrónico estaba menos extendido en nuestro país, algo que ha cambiado con la pandemia. La difícil situación de partida de nuestro mercado laboral es un problema añadido: España tiene un paro estructural muy por encima de la media europea (del 16 % frente al 7,5 %), la precariedad se ha generalizado y la tasa de temporalidad ronda el 30 %. Además, la terciarización de la economía nos ha hecho especialmente vulnerables a la crisis sanitaria y a las necesarias restricciones al ocio y al turismo.
En una Europa confinada, las compañías de venta online no solo no suspendieron su actividad, sino que la intensificaron por el súbito aumento de la demanda. En 2020, Amazon duplicó sus beneficios respecto a 2019. Al mismo tiempo, las pymes y los comercios de proximidad sufren grandes dificultades para seguir adelante. Las circunstancias de este año han acentuado varios factores que hacen del modelo de Amazon una amenaza para nuestras sociedades: las condiciones laborales de sus empleados, su posición monopolística en el mercado y sus prácticas fiscales.
Los titulares que celebran la creación de empleo por parte del gigante deben leerse con cautela. En marzo de 2020, Amazon anunció la contratación de 100.000 personas en Estados Unidos y Europa para hacer frente al incremento de pedidos durante la pandemia, 5.000 de ellas en España. Sin embargo, más allá del daño al comercio minorista, algunas prácticas de la compañía afectan a la calidad general del empleo. El año pasado, la Inspección de Trabajo determinó que, solo en Madrid y Barcelona, 4.000 de sus repartidores eran falsos autónomos. Este fraude es similar al de otras plataformas de reparto a domicilio (Glovo, Deliveroo, Uber Eats), y supone el escamoteo de las contribuciones a la Seguridad Social: en este caso, seis millones de euros de cuotas no abonadas por la compañía.
El derecho de sindicación tampoco es del gusto de Jeff Bezos. Durante la huelga del centro logístico de El Prat de Llobregat en 2019, Amazon espió a los sindicalistas y huelguistas que participaron en el paro. Hace unos meses, la filtración de documentos de la compañía reveló que, además de espiar a trabajadores y grupos sindicales, también seguía la actividad de grupos sociales y medioambientales. Conociendo sus ‘herramientas’ de control, no sorprende tanto que en la mayoría de sus centros de trabajo en España no haya comités de empresa.
La gestión de su actividad durante los primeros meses de la pandemia también fue problemática: Amazon se negó a cerrar temporalmente los centros de San Fernando y El Prat para implementar las medidas sanitarias necesarias (en cada almacén trabajan más de 3.000 personas). Los sindicatos denunciaron esta situación ante la Inspección de Trabajo señalando que la empresa anteponía el dinero a la salud de los trabajadores y también de los clientes, que recibían paquetes manipulados sin medidas de prevención suficientes.
Estos ejemplos ponen de manifiesto que la posición de monopolio de la compañía se asienta en la precariedad de sus trabajadores. En España, Amazon ofrece salarios base de entrada que van desde los 14.000 euros a los 25.000, según el territorio. Pese a las huelgas, la empresa ha recortado hasta un 10 % el salario de su plantilla desde 2018, y buena parte de sus puestos de trabajo son temporales.
La ‘comodidad’ de comprar barato y en un click tiene un precio, y no solo para sus trabajadores, sino para la ciudadanía en general. Pese a ser el líder del comercio digital en España, su factura fiscal ante Hacienda es ridícula, puesto que los márgenes de beneficio obtenidos en nuestro territorio se desvían a la sede de Luxemburgo, donde apenas se pagan impuestos por las rentas obtenidas en otros países. Una situación tan sangrante que instituciones como la OCDE reclaman el establecimiento de impuestos digitales como la ‘tasa Google’, que empezará a aplicarse en España en abril y que, con todas sus limitaciones, permitirá gravar con un 3 % adicional a empresas como Amazon.
La lista de amenazas del modelo Amazon es larga, pero destacamos otras dos: la huella ecológica de su actividad logística, en una carrera por ser cada vez más amplia, flexible y rápida; y la recolección masiva de datos que pueden ser utilizados con fines comerciales y políticos, dejando en manos de los gigantes tecnológicos un conocimiento exhaustivo del comportamiento digital y los hábitos de consumo de la población. En suma: los beneficios obtenidos por las grandes plataformas no redundan de forma positiva en la sociedad, y sus prácticas son y serán un peligro para nuestros derechos si no se organiza una adecuada respuesta social que les obligue a rendir cuentas.
Coautor: Juan Suárez Corujo, asistente parlamentario.
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