Martín Villa y la justicia argentina

Fuente: http://www.eldiario.es

• En España se ha rechazado cualquier posibilidad de investigación y reparación para las víctimas. La querella ante la justicia argentina está siendo la vía, por el momento.

Concentración en Pamplona contra la impunidad del franquismo y por un juicio a Martín Villa

Javier Pérez Royo

3 de septiembre de 2020 22:23 h 

La casualidad ha querido que el mismo día que está previsto que Rodolfo Martín Villa tenga que declarar ante la jueza María de Servini desde la Embajada de Argentina en España, “The Guardian» haya publicado un pequeño ensayo en su sección Longreads firmado por Giles Tremlett con el título «Operation Condor», en el que analiza en qué consistió dicha operación de liquidación de militantes de izquierda en diversos países latinoamericanos con la utilización de torturas, secuestros, asesinatos y desapariciones. Analiza las dificultades con que se han encontrado las víctimas o sus familiares para conseguir el procesamiento de los autores de dichas prácticas que conseguían identificar, ya que en todos los países implicados en la Operación Cóndor se dictaron leyes de amnistía, que hacían inicialmente imposible su persecución ante los tribunales de justicia. Y describe el proceso tan difícil a través del cual se consiguió derribar el muro de la amnistía e iniciar el procesamiento de los implicados en dicha operación, proceso en el que ocupan un lugar destacado un juez y un fiscal españoles, Baltasar Garzón y Carlos Castresana. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero el muro de la impunidad ha sido derribado. Excepto en Brasil.

Quien haya leído “El Holocausto Español” de Paul Preston, por mantenernos dentro del marco de referencia británico, y compare lo que en ese libro se desvela con la información que transmite Giles Tremlett en su pequeño ensayo en The Guardian, comprobará inmediatamente que la Operación Cóndor queda muy lejos del genocidio que se produjo en España como consecuencia de la rebelión militar liderada por el General Franco contra el Gobierno democráticamente constituido de la Segunda República, que conduciría a una guerra civil y a una dictadura de cerca de 40 años. La diferencia en magnitud de la Operación Cóndor respecto del holocausto español es enorme. Tanta que lo cuantitativo se convierte en cualitativo. No son comparables las dictaduras argentina o chilena con lo que fue el Régimen del General Franco.

Tanto es así, que en España el muro de la impunidad sigue en pie. No se ha residenciado ninguna conducta de los autores del genocidio ante los tribunales de justicia, porque en España la ley de amnistía sí les ha proporcionado protección efectiva. La justicia española se ha negado reiteradamente a considerar que podía iniciarse siquiera una investigación. Como subrayó el relator de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, la actitud omisiva de la justicia española carece de cualquier justificación objetiva y razonable. Pero en esas seguimos.

Parece que empiezan a abrirse grietas en ese muro. Y si la justicia española tuvo un papel clave en la quiebra del muro de la impunidad en Argentina y Chile fundamentalmente (la italiana en Uruguay), ahora es la justicia argentina la que puede ocupar ese lugar respecto de la impunidad en España.

Es obvio que no es esta la mejor manera de enfrentarse con un problema de la magnitud del holocausto franquista. Lo suyo hubiera sido que se hubiera hecho un ajuste de cuentas como el que se hizo en la República Federal de Alemania con el pasado nazi. Pero esto en España ha resultado inimaginable. En España se ha rechazado cualquier posibilidad de investigación y de reparación para las víctimas. El poder judicial en bloque se ha negado a contemplar siquiera esta posibilidad.

En tales circunstancias, la necesidad de buscar justicia y reparación se ha tenido que abrir camino como ha podido. La querella ante la justicia argentina está siendo, por el momento, la vía. Y en una querella hay que individualizar conductas y acumular pruebas sobre el carácter delictivo de dichas conductas. Es a través de «rendijas» como ha tenido que atacarse el muro, porque de frente ha resultado imposible hacerlo.

La consecuencia de ello es que la persona procesada puede no ser la que mejor ejemplificaría lo que fue la operación de genocidio que se activó en España con la rebelión militar de julio de 1936. Es verdad que la Transición no fue una operación de genocidio, pero también lo es que un componente importante de la Transición fue el encubrimiento y exención de responsabilidad de la operación de genocidio que practicó el Régimen del General Franco. Y en esa tarea de encubrimiento y exención de responsabilidad, Martín Villa sí tuvo un papel destacado. Si se hubiera seguido la senda indicada por Pablo de Greiff, posiblemente Martín Villa no tendría que declarar hoy ante la jueza María de Servini.

También Iñaki Urdangarín ha sido el único miembro de la Casa Real procesado y condenado por corrupción. Por lo que se va sabiendo, incluso a través de Comunicados de la Casa Real, la conducta corrupta de Iñaki Urdangarín es incomparablemente menor que la presunta conducta corrupta de Juan Carlos I. Y sin embargo, el primero está condenado y respecto del segundo se está intentando levantar un muro de impunidad, que le exima de toda responsabilidad. Si respecto de la conducta del Rey Juan Carlos I los poderes públicos y los medios de comunicación se hubieran comportado de otra manera, Iñaki Urdangarín no estaría en la cárcel.

Si no se hubiera interpuesto el muro de la ley de amnistía, de manera, además, anticonstitucional, ya que con el «mandato interpretativo» del artículo 10.2 de la Constitución, no cabe la interpretación que se ha hecho de la misma por el poder judicial español, estaríamos en otro escenario.

Pero estamos en el que estamos. Con manifiestos a favor del Rey emérito y con cartas de los expresidentes del Gobierno (ahora entiendo por qué no han firmado el Manifiesto de exministros) a la jueza María de Servini en defensa de Martín Villa.

La Transición fue “»inmaculada». Esto tiene que mantenerse a toda costa, porque en dicho carácter inmaculado descansa la legitimidad del sistema político articulado mediante la Constitución de 1978. Que ello comporte extender la inviolabilidad a conductas presuntamente delictivas en la Jefatura del Estado, que no tienen nada que ver con la función constitucionalmente atribuida a la misma o convertir la ley de amnistía en una «ley de punto final», es una consecuencia insoslayable. El carácter inmaculado de la Transición no se puede poner en duda.

El riesgo de esa opción salta a la vista. En este país tan taurino, sería recomendable que se recordara la primera ley de la tauromaquia.

Sobre este blog

Los seres humanos hacemos la historia en condiciones independientes de nuestra voluntad.

• Javier Pérez Royo

Publicado el 3 de septiembre de 2020 – 22:23 h

Esto es lo que puede pasarte si denuncias a corruptos y ellos se enteran

Fuente: http://www.eldiario.es

Amenazas físicas, acoso laboral, despidos improcedentes o denuncias cruzadas son el pan de cada día de los whistleblowers españoles.

España es el único país de la OCDE que no protege a los denunciantes de corrupción a nivel estatal.

La negociación de la ley que aspira a hacerlo se reactivará en abril tras pasarse año y medio estancada en el Congreso.

Carlos del Castillo Follow @cdelcastillom

02/04/2018 – 20:37h

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Comparecencia de un testigo protegido, en una imagen de archivo.

MÁS INFO

• Ana Garrido, la mujer que destapó la Gürtel: «Los denunciantes no podemos esperar 10 años a que se haga justicia»
• Los denunciantes de corrupción piden protección contra el «acoso brutal» que sufren

En España señalar a los corruptos sale caro. Recibir presiones de la dirección de tu empresa para cometer actos ilícitos y ser despedida por negarte a ello es una represalia común. Es lo que le ocurrió a Azahara Peralta, jefa de Obra de Acuamed. El siguiente peldaño es sufrir acoso laboral, ser despedida, y que la cúpula política a la que denuncias ejerza su poder para que no puedas encontrar trabajo de nuevo. Así lo atestigua el caso de Ana Garrido, testigo de la Gürtel.

Ser denunciado a consecuencia de destapar la corrupción es el penúltimo escalón. Es lo que le pasó a Roberto Macías, para el que UGT pide cuatro años de cárcel por «revelación de secretos» tras hacer públicas las facturas falsas que el sindicato presuntamente usaba para lucrarse. Su caso es similar al de Cristobal Cantos, que lleva cinco años en los tribunales por las denuncias cruzadas de aquellos a los que él acusó de corrupción y para los que la Fiscalía pide cárcel.

Al final está la agresión física. Al exteniente del Ejército Luis Gonzalo Segura, que solo ha conseguido ser expulsado de las Fuerzas Armadas tras sacar a la luz prácticas fraudulentas del alto mando, le aconsejan  cambiar de acera si se cruza con uniformes militares. Cuando  Itziar González cargó contra la especulación inmobiliaria y los pisos turísticos del centro de Barcelona, empezó a recibir amenazas de muerte y alguien allanó su casa. Aunque años después los juzgados les dan la razón, los casos de los whistleblowers españoles sirven de ejemplo de la soledad del denunciante de corrupción en España.

«En general, los testimonios de las personas que han denunciado corrupción coinciden en resaltar la falta de amparo al que se ven expuestas tras comunicar la comisión de actos ilícitos o irregulares», explica el abogado de Transparencia Internacional, Daniel Moedo. Esa falta de protección, continúa el letrado, «desincentiva de manera acuciante la formulación de denuncias. El tortuoso camino que han tenido que transitar los denunciantes para seguir adelante con sus vidas después de denunciar, resulta totalmente desalentador».

España es el único de los 35 miembros de la OCDE que no ha regulado la protección a los  whistleblowers a nivel estatal, ni con una ley específica ni mediante el articulado de otras leyes, según el último informe de la organización. Un examen reciente de los mecanismos de apoyo a denunciantes de corrupción a nivel europeo puntuó a España con 0 puntos -de un máximo de 756- en base a nueve estándares comunitarios e internacionales.

A finales de 2016 los grupos de la oposición enarbolaron la bandera de la lucha contra la corrupción y, como parte de la estrategia del «gobierno desde el Congreso», quisieron llevar la protección de los denunciantes al foco mediático. Entonces , hasta The New York Times utilizó el caso de Ana Garrido, que ha ganado varios procesos judiciales al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) y hoy sobrevive con la venta online de bisutería artesanal, para destapar la paradoja española: es un país asolado por los casos de corrupción, denunciarla se puede convertir en «un calvario».

La denunciante de la rama de Gürtel en Boadilla del Monde (Madrid), en ‘The New York Times’.

Ciudadanos ganó la carrera política con la presentación de la proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes. No obstante, la vaga redacción del texto en algunos puntos hizo que fuera calificado de «trampa» por organizaciones de la sociedad civil que presionan para que la norma sea lo más completa posible.

«Sería incomprensible que en España se aprobara una ley menos ambiciosa que las que se están promoviendo en la UE», opina en conversación con eldiario.es Pedro Arancón, presidente de la Plataforma por la Honestidad, a la que pertenecen Garrido, Peralta o Macías, entre otros.  «Existen importantes elementos que deben mejorarse para que contemos con una ley que verdaderamente proteja a los denunciantes», coinciden desde la Fundación Hay Derecho y Transparencia Internacional.

Las quejas sobre el texto inicial de Ciudadanos se centran en tres aspectos principales: la prohibición de realizar denuncias anónimas, la extensión de la protección solo a trabajadores del sector público y el método de elección del organismo independiente que supervise el cumplimiento de la ley.

A un lado, el PP; al otro, todos los demás

Tras un año y medio de trámite legislativo en el Congreso, la ley de protección a denunciantes arrancará de nuevo en abril las negociaciones antes de ser votada en el Pleno. El periodo de enmiendas finalizó en diciembre y sirvió para que los grupos enseñaran sus cartas. Dentro del apoyo unánime a la necesidad de una legislación de protección para denunciantes, en la definición de su alcance se han perfilado dos posturas claras.

«Más que dos frentes, hay uno solo y luego el PP un poco a la suya, con una visión muy conservadora y recelosa de todo esto», explica el portavoz socialista Artemi Rallo. «Hay una posición que coincide en los elementos estructurales básicos por parte de tres partidos, C’s, Podemos y nosotros, con diferencias en matices que luego en la negociación se resuelven. Los más pequeños, como Esquerra y el PNV, también están coincidiendo bastante con nosotros», revela el diputado del PSOE.

PSOE, C’s y Podemos tienen posturas próximas en cuanto a permitir las denuncias anónimas, hacer extensible la protección a cualquier ciudadano -y no solo los trabajadores públicos y funcionarios- y dotar al regulador independiente de la máxima independencia posible. El PP, por su parte, llegó a presentar una enmienda que propone que sea el Gobierno quien controle la aplicación de la ley: pretende que el regulador dependa directamente del Ministerio de Hacienda y que su presidente no sea elegido por el Pleno del Congreso, sino por el Consejo de Ministros.

Aunque algunas comunidades autónomas han aprovechado el impás generado desde la presentación de la proposición de ley a finales de 2016 para aprobar sus propias legislaciones de protección a denunciantes, los expertos coinciden en que un marco nacional es necesario para «dar una respuesta legal específica para poder conformar un sistema de protección de denunciantes integral», expone Amoedo, de Transparencia Internacional. La primavera será una época definitiva para saber si España deja de ser uno de los países desarrollados que pero protege a sus denunciantes.

Para evitar a la fiscalía… hazte franquista, cura o policía

Fuente: http://www.eldiario.es

En nuestro país la Justicia ya no es ciega, es tuerta, y ve divinamente con su ojo derecho

Carlos Hernández 

15/03/2018 – 21:19h

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El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera / web de la Abadía

El titular de este artículo es una broma, ligeramente parafraseada, que circula desde hace años entre los sectores progresistas de toda España. Un chiste, un sarcasmo y una exageración que, sin embargo, ha dejado ya de tener gracia porque lo que nació comedia, ha terminado convertido en un drama inquietantemente realista.

Es verdad que esto viene de muy lejos, podríamos decir que de las propias raíces del sistema. Son pocos los ingenuos que alguna vez se han creído eso de que «la Justicia es igual para todos». Más allá del habitual trato de favor que el engranaje jurídico brinda porque sí al poderoso frente al robagallinas, ¿alguien puede o ha podido argumentar seriamente que, en un pleito, tiene las mismas oportunidades el reo defendido por un abogado de oficio, por brillante y trabajador que este sea, ante el ejército de letrados y bufetes que representa a un magnate, un político, un lobby o una gran empresa? Todos conocemos la respuesta a esa pregunta y nos la hemos tragado, a pesar de saber que suponía una flagrante violación del artículo 14 de nuestra Constitución. Tenemos tan asumida la desigualdad económica que, al fin y al cabo, ¿por qué iba ser diferente a la hora de sentarnos en el banquillo de los acusados?

Siendo grave esta normalización de la injusticia, aún lo es más que estemos tolerando que ese trato desigual, paso a paso, se vaya ampliando en función de criterios políticos, sociales e ideológicos. Basta repasar lo ocurrido en los últimos días para encontrarnos con algunos sangrantes ejemplos y poder visualizar aquellos perfiles y/o profesiones que te sitúan en una posición privilegiada a la hora de afrontar cualquier problema con la Justicia.

1.- POLICÍA. Este jueves conocíamos la noticia de que el policía que golpeó a varios fotoperiodistas en una manifestación, celebrada en 2014, no tendrá sanción alguna. La jueza, en un auto demencial, reconoce que el agente agredió al menos a dos fotógrafos, pero afirma que eso no supone una vulneración del derecho a la libertad de dar y recibir información porque no les confiscó sus equipos ni sus grabaciones. Les pegó hasta que cayeron al suelo, pero como no les robó las cámaras… ¡Claro que sí, señora jueza! ¡Si no siguieron informando desde el asfalto y con el cuerpo amoratado es porque no quisieron! Zanjado ese asunto por la magistrada, no existe delito, pero sí una falta de lesiones que, ¡oh sorpresa!, ha prescrito y, por tanto, no puede ser castigada. Lo que no dice la jueza en su fallo es que la demora temporal en el proceso que ha provocado la prescripción obedece a que el agente no llevaba visible su número de identificación y a que, posteriormente, sus superiores pusieron todo tipo de obstáculos para evitar que el tribunal conociera la identidad del agresor. En resumen, la estrategia de un presunto delincuente y de sus mandos, con la aquiescencia de la judicatura y de la Fiscalía, funcionó para que el hecho investigado quedara impune.

2.- SACERDOTE. El prior del Valle de los Caídos sigue hoy negándose a cumplir las sentencias judiciales que le obligan a facilitar varias exhumaciones en la mayor fosa común de España. Repito porque parece que no se ha entendido: «se niega a cumplir las sentencias judiciales…». ¿Ha pasado algo? ¿Ha actuado la Fiscalía? ¿Ha ido la policía a garantizar que se cumplan los dictados de los jueces? No, no y no. Una pasividad que resulta aún más grave después de que conociéramos este miércoles el descorazonador estado en que se encuentran las decenas de miles de cuerpos enterrados en el Valle. No se trata de enterramientos muy «cristianos» que digamos y, por ello, resulta tan incomprensible la actitud de nuestra Justicia como la indiferencia inhumana de la Conferencia Episcopal. La Iglesia española y El Vaticano se han convertido en cómplices y corresponsables de todo lo que ha hecho, haga y vaya a hacer este religioso cuya mayor preocupación es depositar cada mañana flores frescas en la tumba de Francisco Franco. Un religioso que no solo incumple sentencias, sino que se ha burlado del Parlamento al negarse a comparecer ante él y que viola sistemáticamente la Ley de Memoria Histórica al ensalzar el franquismo y humillar a sus víctimas.

3.- GENERAL Y FRANQUISTA. Este lunes conocíamos  la carta en la que el general Juan Chicharro Ortega asumía la presidencia de la Fundación Nacional Francisco Franco. En un escrito con un insufrible tufillo golpista, el que fuera ayudante del rey Juan Carlos prometía «propagar las ideas» del dictador y, en definitiva, anunciaba su intención de violar la Ley de Memoria Histórica. La Ley de Memoria Histórica, sí, esa ley que hasta el presidente el Gobierno se jacta de incumplir.

4.- DELINCUENTES DE GUANTE BLANCO. El pasado domingo leíamos como el exalcalde de O Grove, condenado por blanqueo de capitales y absuelto de narcotráfico in extremis por el Tribunal Supremo, amenazaba de muerte a Nacho Carretero, el periodista que escribió Fariña. «Si yo no fuera creyente y tuviera un revólver buscaba al tipo y le pegaba un tiro en la cabeza», dijo en una entrevista publicada por El Mundo. No sé a ustedes, pero a mí me recordó mucho al momento en que el radiopredicador ultraderechista Federico Jiménez Losantos expresó públicamente su deseo de asesinar a varios dirigentes de Podemos. ¿Ha actuado la Fiscalía de oficio en alguno de los dos casos? ¿Entendemos, por tanto, que es legal decir, por ejemplo, «si yo no fuera creyente y tuviera un revólver buscaba a Bea Gondar y le pegaba un tiro en la cabeza»? ¿Damos por hecho que un periodista, mañana, puede decir en una radio: «si veo a Rajoy, o a la Cospedal o a la Soraya y llevo la escopeta, disparo»?

Es solo una breve muestra que se puede ampliar hasta el infinito y más allá, según retrocedamos en la hemeroteca. En ese recorrido inverso encontraríamos infantas y presidentes del Gobierno testificando bajo palio, partidos políticos a los que se avisa una docena de veces antes de proceder a registrar sus sedes, cargos públicos absueltos por «inevitables» prescripciones, empresarios corruptores sobre los que la Fiscalía nunca pone el foco….

Me he ahorrado las comparaciones para que cada uno elija el alter ego de cada caso según sus propias inquietudes. Tienen donde elegir: titiriteros que son detenidos en plena función y enviados a la cárcel fulminantemente, vecinos de Murcia que acumulan más de 40.000 euros en multas por manifestarse contra las vías del AVE, tuiteros, raperos, humoristas y, últimamente y sobre todo, independentistas perseguidos inmisericordemente. Este mismo jueves hasta una revista satírica como Mongolia era condenada por… hacer humor. En todos estos casos, y los que cada uno quiera añadir, no solo se aplica la ley con rigor, sino que se retuerce la legislación vigente hasta donde haga falta. Incluso llegado el caso, tal y como ocurrió con el asesinato en Iraq del reportero de Telecinco José Couso, si el juez no se doblega ante las presiones políticas y las maniobras del ministerio fiscal para dejar impune el crimen… se cambia la ley para que el magistrado se quede sin caso y a tomar por saco. ¡Sin complejos!

Alguien decía esta semana en Twitter que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no va a dar abasto ante la infinidad de recursos que le van a llegar desde España por las graves vulneraciones de derechos fundamentales cometidas en los juzgados a instancias de nuestros gobernantes. El fallo que ha dado la razón a los dos jóvenes que quemaron fotografías del Rey es solo el primero. Vendrán muchos más porque en nuestro país la Justicia ya no es ciega, es tuerta, y ve divinamente con su ojo derecho.

El fin del plan perfecto de la impunidad

Fuente: http://www.eldiario.es

No hay precedentes para la imputación de 16 guardias civiles por el caso de las muertes de Ceuta.

Durante 10 años, las muertes en la frontera han tenido la misma explicación oficial: ha sido Marruecos, ha sido «por apelotonamiento», no tiene que ver con nosotros.

Especial: Las muertes de Ceuta.

Juan Luis Sánchez, 11/02/2015 – 21:32h

Un protocolo regulará la actuación de fuerzas de seguridad en Ceuta y Melilla.

Nos dijeron que no había cámaras de seguridad en la zona. Nos dijeron que la guardia civil no había intervenido. Nos dijeron que los marroquíes se habían ocupado de todo.

Y todo era mentira. Creímos que este caso sería un caso más sobre derechos humanos y fuerzas de seguridad donde un gran manto de silencio, confusión, opacidad, cubre el empeño de periodistas o activistas por descubrir la verdad.

Hay que escarbar mucho en la hemeroteca para encontrar una imputación simultánea de 16 guardias civiles en España. Mucho. Y, desde luego, no hay precedentes relacionados con la frontera, con la violación de derechos humanos, con la inmigración. Y no será porque no hay episodios que son poco claros, que habrían merecido una investigación más seria. En todos se aplicó la misma plantilla, el mismo plan perfecto para la impunidad.

Como el caso de la patera de Lanzarote arrollada por una patrullera de la Guardia Civil, que hizo saltar por los aires a sus tripulantes. Cinco muertos y un único imputado: el inmigrante que conducía el motorcillo de la patera. Y eso que había un vídeo tan claro como los que vemos hoy sobre Ceuta.

La jueza concluyó que «la culpa exclusiva fue del patrón de la patera», que «interceptó la trayectoria de la patrullera».

O como aquella muerte en Melilla de un inmigrante hospitalizado por «graves problemas respiratorios». Minutos antes, la guardia civil había utilizado material antidisturbios en un intento de salto, pero la Delegación del Gobierno dijo que lo había investigado y que no había relación entre ambas cosas. Sin juicio. Circulen.

O como aquel terrible 2005 en el que murieron decenas de personas en las vallas. Un reguero de sangre inocente provocado en ocasiones por disparos de bala, de bala real, no de pelotas de goma. De aquello, de nuevo, solo se hizo responsable a Marruecos: las autopsias marroquíes dictaminaron por los orificios de bala que los disparos se realizaron desde su lado; el tipo de munición, se dijo, no se usa en las armas de las fuerzas españolas, etc. De los muertos aparecidos en la parte española, también siempre la misma explicación: apelotonamiento, asfixia, etc.

En España, desde luego, no ha ocurrido hasta ahora, pero jamás supimos si alguien pagó ante la justicia marroquí para depurar responsabilidades. Solo se recuerda una sentencia al respecto: un tribunal de Nador, en Marruecos, dictaminó que la muerte de un joven aparecido en el lado marroquí de la valla, apaleado con culatas de fusiles, era responsabilidad española, cuyos agentes habían luego abierto la puerta de la valla y arrojado al otro lado. Meses después, la justicia española decidió abrir un caso sobre esa muerte (no sobre el resto, por esa) y dictaminó que los responsables fueron los gendarmes marroquíes. Es uno de esos momentos donde se descontrola la coordinación entre España y Marruecos y por esas grietas se cuela la evidencia de una pasmosa omertà.

Obviamente no es lo mismo ser el autor material que no serlo, pero aunque todas las muertes producidas en la valla durante una década fueran cosa solo de Marruecos, eso no exime de responsabilidades a España: Marruecos está ‘defendiendo’ nuestra frontera –no la suya– para evitar que personas que ya viven en su país pasen al nuestro. Se quedan con ‘el problema’ a cambio de nuestra cooperación política en otros asuntos, y la coordinación entre policías y Gobiernos en esta materia es total. Marruecos nos hace el trabajo sucio y España participa del plan de impunidad.

Parte del plan es decir siempre que la culpa la tiene Marruecos. Y eso nos dijeron el 6 de febrero de 2014: fueron los marroquíes. No nos lo creímos. Hoy tenemos sobre la mesa la imputación de 16 guardias civiles y los goterones de sudor frío del ministro de Interior.

España da vergüenza

Fuente: http://www.attac.es 

5 julio 2013 | Categorías: Nacional

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España

Da vergüenza un país en donde justo cuando el gobierno se embarca en vender la que llama Marca España, como si fuera una simple mercancía (no puede ser casualidad), los medios de comunicación desvelan una escandalosa trama de corrupción en la que están envueltos la mayoría de sus dirigentes, personajes corruptos que han hecho del servicio público la fuente de su lucro personal a base de concederse sobresueldos con el dinero de todos los españoles o con el de las empresas a las que han hecho favores allí donde gobiernan.

Da vergüenza un país en donde nada más y nada menos que el responsable durante años de las finanzas del Partido Popular que nos gobierna acaba de entrar en la cárcel porque sus fechorías son ya indisimulables y que los dirigentes de su partido, justo a los que ha estado financiando generosamente durante años, no tengan nada que decir y se hagan los locos.

Da vergüenza un país en donde su primera autoridad, Don Juan Carlos de Borbón, es también el primero en dar mal ejemplo a sus conciudadanos. Da vergüenza un país en donde no hay manera de conocer de dónde viene la fortuna que el Monarca ha amasado mientras representaba al Estado. Y da vergüenza contemplar cómo mueve Roma con Santiago para evitar que su hija haga frente a responsabilidades por las actividades en las que es materialmente impensable que no haya estado implicada o incluso que él no supiera que se  llevaban a cabo.

Da vergüenza un país en donde tantos jueces y fiscales se ponen en marcha, no para administrar justicia, sino para evitar que su peso caiga sobre los delincuentes de almidón, empezando como digo por los miembros de la Casa Real y terminando por banqueros, dirigentes políticos u otros magistrados que entre ellos se protegen abiertamente.

Da vergüenza un país en donde los partidos mayoritarios se ponen de acuerdo para tapar  a quienes han robado y destruido el patrimonio de millones de españoles. Da vergüenza que impidan que se investigue lo que ha pasado y que no haya banqueros juzgados y en la cárcel por las estafas que han orquestado en los últimos años y con las que han ganado miles de millones de euros, o políticos por las privatizaciones a favor de amigos que llevaron a cabo.

Da vergüenza un país en donde los partidos mayoritarios engañan sistemáticamente a sus votantes cuando llegan al gobierno, olvidándose de sus programas electorales, sin que pase nada.

Da vergüenza un país en el que los gobernantes y líderes políticos mayoritarios pueden traicionar al pueblo y a la Nación entregándola a intereses extranjeros o a los de grupos  minoritarios, sin someter sus decisiones a la voluntad popular. Da vergüenza un país gobernado por mentirosos y traidores que cambien la Constitución sin consultar al pueblo al que llaman soberano o que promulgan leyes electorales para impedir que todos los intereses sociales estén fielmente representados en las instituciones.

Da vergüenza un país en donde hay cientos de diputados que aceptan y votan cualquier cosa que les digan sus jefes de filas, que mantienen silencio y su culo pegado al sillón sin rechistar sea cual sea la decisión que les impongan.

Da vergüenza un país que consiente que los parlamentarios roben a los ciudadanos cobrando dietas por desplazarse o vivir en Madrid cuando residen siempre allí y allí es donde tienen sus viviendas habituales.

Da vergüenza un país donde los líderes de los partidos han pedido a los bancos créditos millonarios que no devuelven, haciendo que los paguen todos los españoles.

Da vergüenza un país en donde tantos munícipes que deben velar por el interés público y que cobran por ello jugosos sueldos han puesto en bandeja a los promotores los negocios millonarios de los últimos años, haciéndose ricos o financiando a sus partidos a base de cobrarles comisiones.

Da vergüenza un país en donde los políticos manipulan tan descaradamente los medios de comunicación o que reparten las licencias con arbitrariedad y sectarismo para favorecer a sus afines. Da vergüenza un país en donde la mayoría de los periodistas calla para obedecer a sus amos, o que se limita a reproducir la letanía de mentiras con las que justifican todo lo que está pasando. Y da vergüenza que la gente no proteste día a día cuando comprueba que las voces disidentes apenas si tienen presencia en los medios de comunicación para explicar lo que nos pasa de otro modo.

Da vergüenza un país en donde las más altas instituciones o tribunales del Estado, que se supone que deberían ser neutrales y controlar a los demás poderes, se componen por cuotas de partido, de modo que sus decisiones se toman con disciplina casi militar y en función exclusiva de los intereses de quienes nombran a sus miembros. Da vergüenza un Tribunal Constitucional en donde el voto de sus magistrados se sabe de antemano porque son conmilitones que votan las sentencias como por encargo. Y da vergüenza que el gobierno, con la excusa de la crisis, desmantele poco a poco los órganos de vigilancia y control de su actuación administrativa.

Da vergüenza un país en donde solo se sabe recurrir a mentiras, que se difunden gracias al enorme poder mediático de los grupos financieros y a la democracia tan imperfecta que tenemos, para justificar los recortes en las pensiones, la educación o la sanidad públicas. Da vergüenza un país en donde su universidad no estalla para denunciar lo que pasa y las mentiras y estafas que se vienen produciendo, y en donde la mayoría de sus intelectuales se acobardan o acomodan y se achantan.

Da vergüenza un país en donde el gobierno que está obligado a ser neutral frente a las confesiones religiosas se alía con la jerarquía de extrema derecha de una de ellas, imponiendo a la ciudadanía su adoctrinamiento y dándole financiación privilegiada. Y da vergüenza que sean tan escasos los fieles que rechazan ese trato, tan contrario a los valores que su Iglesia dice transmitir a la sociedad.

Da vergüenza un país en donde los políticos pueden mentir, incumplir sus promesas o decir hoy una cosa y mañana la contraria sin que tengan que dar cuenta alguna por ello.

Da vergüenza un país en donde un partido llamado socialista es pieza fundamental del dominio de los grandes poderes financieros, a los que tan directamente sirve cuando gobierna. Y dan vergüenza sus militantes honrados que, a pesar de serlo, callan y no se levantan contra sus dirigentes vendidos.

Da vergüenza un país en donde la afiliación a los sindicatos es tan baja, haciendo que éstos tengan que luchar muy solos, pero da vergüenza también que tantas veces sucumban a intereses corporativos y de que sean esclavos de la financiación que reciben, o incapaces de combatir a sus dirigentes corruptos. Y da vergüenza también la patronal ideologizada, en donde han llegado a apoltronarse auténticos delincuentes, que defiende políticas que son una máquina de destruir empresas y empleos.

Da vergüenza un país en donde las fuerzas opuestas a la agresión política y a los recortes sociales que se están viviendo no logran ponerse de acuerdo porque se dedican a atacarse a veces sin piedad entre ellas, incapaces de entenderse y reconocerse diversas pero aliadas. Da vergüenza que los dirigentes de Izquierda Unida, como partido principal a la izquierda del PSOE, no hayan comparecido todavía con los demás movimientos y organizaciones para anunciar que se unen y que promueven candidaturas unitarias y abiertas a todos los sectores y sensibilidades sociales, y da vergüenza que, en lugar de eso, la mayoría de ellos se limiten a pedir que los demás se sumen a sus filas.

Da vergüenza un país en donde en medio de una agresión tan impresionante contra los derechos ciudadanos, la izquierda que se dice más transformadora y solidaria de algunas nacionalidades promueva como horizonte el independentismo, desentendiéndose de los trabajadores y pueblos del resto del Estado y prefiriendo unir sus destinos a las oligarquías locales que agreden al suyo.

Da vergüenza un país en donde la mayoría de la gente no ve a su patria más que en la camisa de una selección de fútbol y que solo la ve en peligro cuando pierde en los campos de juego, y no cuando se atacan su democracia o los derechos sociales de sus ciudadanos; que grita y se enrabia solo cuando se cuelan goles o cuando se falla un penalti pero que calla cuando le quitan servicios públicos esenciales, y que no sale en masa a la calle para denunciar y pedir que se enjuicie a los ladrones de dinero público que ocupan las instituciones.

Da vergüenza esta España corrupta y rota, de oligarcas y mercenarios que todavía huele demasiado a dictadura, y da vergüenza que la mayoría de la gente honrada no sea capaz todavía de levantarse y unirse, de reaccionar con inteligencia y valentía ante lo que está pasando para darle la vuelta y un buen limpiado.

Artículo publicado en Público.
www.juantorreslopez.com

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No habrá justicia para las víctimas

En los últimos 10 años, la justicia española ha puesto contra las cuerdas a genocidas, torturadores y criminales de guerra en todo el mundo.

Jueces y juezas de la Audiencia Nacional han conocido delitos tan graves como los bombardeos de Israel en Gaza en 2002, en los que varios niños perdieron la vida; las torturas en Guantánamo; el asesinato de más de 250.000 personas por los militares en Guatemala;  y el homicidio de seis religiosos y cuatro cooperantes españoles en Ruanda en la década de los años 90.

La intervención de la justicia española en esas causas ha sido posible gracias a la jurisdicción universal, es decir, la capacidad de la Audiencia Nacional para luchar contra la impunidad de los perpetradores de los crímenes más atroces en cualquier parte del mundo.

Desgraciadamente, el Senado español está a punto de aprobar una reforma de ley para limitar la actuación de la justicia más allá de nuestras fronteras.

No podemos hacer oídos sordos al clamor de las víctimas de crímenes atroces, estén donde estén.

Ayúdanos con tu firma a conseguir que el Senado rechace la reforma y anteponga el derecho de las víctimas a obtener justicia a los intereses y la aprobación de Gobiernos poderosos.

Si puedes, además únete a Amnistía Internacional para seguir trabajando con independencia e imparcialidad para que ninguna víctima se quede sin justicia.

Cuantos más seamos, más fuerte oirán nuestra voz los políticos.